RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03731-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03731-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03731-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-03731-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES
EXPUESTAS EN LA PRESENTE PROVIDENCIA. NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD, TODA VEZ QUE CONTRA LA
PROVIDENCIA JUDICIAL CENSURADA PROCEDE EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, POR LA CAUSAL DE NULIDAD ORIGINADA
EN LA SENTENCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 30 de agosto de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera del PAP

Fiduprevisora S.A. defensa jurídica del extinto DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS- y su FONDO

ROTATORIO, actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio

de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales

estima vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA -SECCIÓN CUARTA- SUBSECCIÓN “B”-2 y la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO3 al haber proferido

las providencias de 11 de octubre de 2022 y 25 de abril de 2024,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 25000-23-37-000-2020-00386-00.

2
En adelante el Tribunal.
3
En adelante la Sección Cuarta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

I.2.- Hechos

Señaló que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP-4, en cumplimiento de un fallo

judicial, expidió la Resolución núm. RDP 044179 de 16 de noviembre

de 2018, mediante la cual reliquidó la pensión de vejez del señor

Hermenegildo Eudoro Garavito León y, además, le ordenó a la

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. pagar la suma de $ 91.415.119 por

concepto de aporte patronal.

Indicó que dicho acto administrativo fue objeto de los recursos de

reposición y apelación, los cuales fueron resueltos

desfavorablemente por la UGPP mediante las resoluciones núms.

RDP 000396 de 9 de enero de 2019 y RDP 002852 de 30 de enero

de 2019.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, radicó demanda en

4
En adelante la UGPP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento contra la

UGPP, con el fin de que se declare que no está obligada a pagar los

aportes de carácter patronal.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 25000-23-37-000-2020-00386-00 y le correspondió por

reparto en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia

de 11 de octubre de 2022, declaró probada de oficio la excepción de

caducidad del medio de control y se inhibió de resolver de fondo el

asunto.

Advirtió que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación ante la SECCIÓN CUARTA que, mediante providencia de

25 de abril de 2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en el defecto material o sustantivo, al interpretar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

erróneamente la normatividad relacionada con la notificación de los

actos administrativos.

Señaló que de acuerdo a los parámetros establecidos en los artículos

67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 20115, la notificación de un acto

administrativo debe efectuarse, en primer lugar, de manera personal

y, en caso de no lograrse, se procederá a la notificación por aviso la

cual consiste en el envío del aviso a la dirección, fax o correo

electrónico acompañado del acto administrativo, solo hasta que este

procedimiento se concrete se considerará concluido el acto de

notificación y, es a partir de este momento, que producirá efectos

legales la decisión.

Aseguró que en el asunto no se tuvo en cuenta que la notificación del

último acto administrativo se efectuó por aviso a través de la

comunicación que se recibió el 3 de febrero de 2020 y, por lo tanto,

no había lugar a declarar la caducidad del medio de control.

5
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Igualmente, sostuvo que las decisiones cuestionadas incurrieron en

el defecto fáctico, al desconocer el material probatorio obrante en

el expediente administrativo, mediante el cual se lograba inferir que

la UGPP envió la citación para la notificación personal de la

Resolución núm. RDP 2852 de 30 de enero de 2019 el 15 de enero

de 2020 y, posteriormente, mediante oficio de 29 de enero de 2020

envió la comunicación de la notificación por aviso, la cual fue

debidamente notificada el 3 de febrero de 2020.

Indicó que las sentencias cuestionadas vulneraron sus derechos

fundamentales pues, a su juicio, de haberse valorado la totalidad de

los documentos aportados se hubiese proferido una decisión de fondo

y no se hubiera denegado el acceso a la administración de justicia.

Asimismo, señaló que las decisiones judiciales cuestionadas fueron

proferidas sin motivación, ya que, sin efectuar una justificación

razonada, infirieron que el cómputo de la caducidad debió realizarse

a partir del 21 de febrero de 2019, aun cuando obraba la prueba

documental que evidenciaba la notificación por aviso se concretó el

3 de febrero de 2020.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de Fiduciaria la
Previsora S.A. –Como vocera del PAP Fiduprevisora S.A. Defensa
Jurídica Extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-
y su Fondo Rotatorio y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior se deje sin efectos la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 11 de octubre de 2022, así como la sentencia proferida por el
Consejo de Estado el 25 de abril de 2024, dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho tramitada bajo radicado
25000-23-37-000-2020-00386-01.

TERCERO: Se ordene a los aquí accionados proferir sentencia,
pronunciándose frente al fondo del asunto planteado en la
demanda presentada […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA advirtió que la solicitud de amparo no

cumple el requisito de la relevancia constitucional, ya que los

argumentos en los que se sustentan los defectos alegados son los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

mismos que propuso como oposición en el recurso de apelación que

ejerció contra la decisión de primera instancia, los cuales fueron

ampliamente desarrollados en las decisiones cuestionadas por los

jueces naturales de conocimiento.

I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la acción de

tutela de la referencia, al considerar que la actora pretende utilizar

la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir la

discusión de un asunto que fue desatado ante las autoridades

judiciales competentes.

Asimismo, sostuvo que las decisiones cuestionadas se sustentaron

en la normatividad y la jurisprudencia vigente, por lo que los

argumentos de la solicitud de amparo están encaminados a convertir

el mecanismo constitucional en una tercera instancia, con el objeto

de obtener la revisión de las actuaciones proferidas con sujeción

estricta a los preceptos que rigen la materia.

I.5.3.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo

en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la acción

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

de tutela, por cuanto las decisiones judiciales cuestionadas no

incurrieron en los defectos alegados por la actora, sino que, por el

contrario, se ajustaron al ordenamiento legal y al precedente

jurisprudencial.

Recalcó que, la solicitud de amparo se utiliza como una tercera

instancia del trámite ordinario, máxime cuando se efectuó un

pronunciamiento del juez natural de la causa y el mismo hizo tránsito

a cosa juzgada.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 30 de agosto de

2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

no se cumplió con el presupuesto general de la relevancia

constitucional.

Afirmó que la actora busca revivir la discusión del proceso ordinario

en lo que respecta a la declaratoria de la excepción de caducidad del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

circunstancia que fue analizada y decidida razonablemente en las

providencias cuestionadas.

Finalmente, indicó que “[…] la solicitud de amparo deviene en

improcedente, porque no acredita la exigencia de relevancia

constitucional, toda vez que la demandante pretende usar la acción

de tutela para: i) reabrir el debate judicial que ya se efectuó ante el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta de esta

Corporación y ii) constituir una instancia adicional al proceso

ordinario para subsanar un yerro propio que no es atribuible a las

autoridades demandadas y, que, valga decir, de ninguna manera

faculta al juez constitucional para enmendarlo […]”

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, señalando que la solicitud de amparo goza de relevancia

constitucional, toda vez que se le ha negado el acceso a la

administración de justicia, pues las autoridades judiciales han

proferido una decisión inhibitoria sin tener en cuenta las pruebas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

aportadas al proceso y sin exponer los motivos por los cuales decide

no acoger los argumentos expuestos.

Recalcó que “[…] no se trata de una mera inconformidad con la

decisión adoptada por el Juez natural, la inconformidad va más allá

de esto, pues se reclama una debida motivación de la decisión

adoptada, conocer las razones por las cuales se descartó de plano las

pruebas y argumentos expuestas por mi representada, con los cuales

se demostraba que si se había acudido a la administración de justicia

en el término previsto […]”

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 11 de octubre de 2022 y 25

de abril de 2024, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

CUARTA, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2020-00386-00.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, pues, a juicio de la actora, las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en el defecto material o

sustantivo, al interpretar erróneamente la normatividad relacionada

con la notificación de los actos administrativos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Igualmente, sostuvo que las decisiones cuestionadas incurrieron en

el defecto fáctico, por cuanto desconocieron el material probatorio

obrante en el expediente administrativo mediante el cual se lograba

inferir que la notificación del último acto administrativo, esto es, la

Resolución núm. RDP 2852 de 30 de enero de 2019, se efectuó por

aviso el cual fue recibido en las instalaciones de la entidad el 3 de

febrero de 2020 y, por lo tanto, no había lugar a declarar la caducidad

del medio de control en tanto se radicó dentro de la oportunidad

legal.

Asimismo, señaló que las decisiones cuestionadas fueron proferidas

sin motivación, ya que sin efectuar una justificación razonada

infirieron que el cómputo de la caducidad debió realizarse a partir del

21 de febrero de 2019, aun cuando obraba la prueba documental que

evidenciaba la notificación por aviso se concretó el 3 de febrero de

2020.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 30 de agosto de

2024, declaró improcedente el amparo por no cumplirse con el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

requisito general de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, para lo cual adujo que la solicitud de

amparo goza de relevancia constitucional, toda vez que se le ha

negado el acceso a la administración de justicia, pues las autoridades

judiciales han proferido una decisión inhibitoria sin tener en cuenta

las pruebas aportadas al proceso y sin exponer los motivos por los

cuales decide no acoger los argumentos expuestos.

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos tanto la providencia de 11 de octubre de 2022 proferida

por el TRIBUNAL, como la dictada el 25 de abril de 2024 por la

SECCIÓN CUARTA, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta

la que dio por terminado el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la subsidiariedad.

• Del requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se

encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los

fundamentos de la solicitud de tutela y de la revisión de la actuación,

se logra evidenciar que no se cumple en este caso el requisito general

de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

consistente en la subsidiariedad de la acción, pues contra la

providencia judicial censurada procede el recurso extraordinario de

revisión, por la causal de nulidad originada en la sentencia.

Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos

en la solicitud de tutela, la actora tiene a su disposición el recurso

extraordinario de revisión de conformidad con la causal prevista en

el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117,

6
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

esto es, por presuntamente existir una nulidad en la sentencia

acusada.

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8

de mayo de 20188, señaló que el citado recurso extraordinario

procede por la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia

por violación del artículo 29 constitucional, cuando se expide un fallo

inhibitorio injustificado, como el que, según se alega por la

accionante, terminó profiriéndose en este asunto.

En la citada providencia esta Corporación precisó lo siguiente:

“[…] 6.2.1 El derecho al acceso a la administración de
justicia y a una tutela judicial efectiva materializan la
causal de revisión por violación del artículo 29
constitucional

[…] En ese contexto, y en el marco de los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, ha de entenderse que los fallos
inhibitorios, que se funden en argumentos falsos, deben estar
proscritos, pues la protección de estos derechos desde los
ámbitos subjetivo y objetivo obligan al Estado a la creación de
los mecanismos necesarios no solo para garantizar que el acceso
al aparato judicial sea real y efectivo, sino permitir a las personas
que acuden a él, lograr la satisfacción cierta de sus derechos, lo
que se materializa cuando se resuelven de fondo las pretensiones
de las demandas presentadas ante ellos, independiente si lo es

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad. 1998-00153-01, C.P. Alberto
Yepes Barreiro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

en forma favorable o no a los intereses de quienes acuden a ella
[…]

Sin embargo, […] es imperioso indicar que en nuestro
ordenamiento, bien porque así se entienda del artículo 229 de la
Constitución o por la remisión que el articulo 93 hace a los
instrumentos internacionales que hacen parte del derecho
internacional de los derechos humanos e internacional
humanitario, toda persona tiene como mínimo derecho a: i) la
posibilidad de acceder a la jurisdicción sin más cortapisas que las
que resulten razonadas para su adecuada activación; ii) contar
con las acciones y mecanismos procesales para la garantía de los
derechos e intereses en discusión; iii) una resolución rápida y
pronta de la controversia, lo que excluye los fallos inhibitorios
que se fundamenten en motivos falsos, es decir, aduciendo
justificaciones que no se corresponden con la realidad; iv) la
imposibilidad de argumentar cuestiones de forma que impidan la
resolución del caso y, iv) el cumplimiento efectivo del fallo
judicial, nada se logra si la decisión no se puede materializar. […]

Lo expuesto permite concluir, que los derechos al acceso a la
administración de justicia y a una tutela judicial efectiva generan
la configuración de la causal de revisión por violación del artículo
29 constitucional por haberse visto comprometidos ante la
existencia de una decisión inhibitoria fundada en motivos
contraevidentes.

6.2.2 El derecho al debido proceso […]

Ello significa que la función de administrar justicia no se realiza
con el mero desarrollo procesal, sino que exige, ante todo, que
el juez garantice los derechos amenazados o vulnerados,
mediante providencias que resuelvan de forma clara, cierta,
motivada y jurídica los asuntos que generaron su expedición. […]

En consecuencia, es claro que toda persona tiene derecho al
debido proceso y, por tal razón, a que los procesos judiciales
sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento de los
presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, se
iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del
derecho de acceso a una real y efectiva administración de
justicia, dado que la no resolución de las controversias judiciales,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de tutela
judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido
proceso.

Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial
dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia
inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación
de justicia.

6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en
la sentencia.

Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos
definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos.

Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras
de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial
efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los
litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que
significa que la violación a tales preceptos cuando se
expide un fallo inhibitorio injustificado también configura
la causal de revisión alegada […]” (Resaltado fuera del
texto).

De igual forma, es pertinente precisar que la Sección Tercera del

Consejo de Estado, en sentencia de 20 de octubre de 20149, reiterada

en fallo de 14 de junio de 201910, señaló que el recurso extraordinario

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rad. 2003-00944-01(34612), C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 11001-33-31-033-2010-00054-00(50330),
C.P. María Adriana Marín.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

de revisión procede por la causal de revisión de nulidad originada en

la sentencia por violación del artículo 29 de la Constitución Política, en

aquellos eventos en que la providencia judicial carece de motivación o

ésta es insuficiente11, supuesto éste que también constituye

fundamento de la presente solicitud de tutela.

Al respecto, acudiendo al criterio expuesto por la Corte Suprema de

Justicia sobre la materia, la Sección Tercera precisó en la primera de

las sentencias citadas, lo siguiente:

“[…] La Corte Suprema de Justicia en algunas decisiones y tal
como se expuso en líneas anteriores referentes a la
jurisprudencia de esta Corporación, ha considerado que la falta
de motivación de la sentencia constituye una causal de
nulidad de la misma, pero dicha falta de motivación requiere:
“(…) que aquella sea total o radical. Por mejor decirlo, es posible
que en un caso dado a los razonamientos del juzgador les quepa
el calificativo de escasos o incompletos, sin que por tal razón sea
dable concluir que la sentencia adolece de carencia de motivación
(…)”12.

Pese a lo anterior, en posterior decisión de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil13 (recurso
extraordinario de revisión), consideró que la motivación
debe ser precisa, completa, adecuada y debe tener

11
Posición que fue acogida por esta Sección, con ponencia del Consejero Oswaldo Giraldo López en
sentencia de 11 de julio de 2019 dentro del radicado número 11001 03 15 000 2018 04255 01.
12
“Corte Suprema de Justicia de 29 de abril de 1988. Inversiones inmobiliarios Movifoto Ltda., contra
Banco de Comercio”. (cita original)
13
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 2008, expediente:
1100-0203-000-2004-00729-01. Recurso de revisión. M.P Edgardo Villamil Portilla”. (cita original)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

conexidad con la decisión adoptada y, de otro lado, de
aceptarse que cualquier consideración incorporada en la
sentencia tenga el alcance de colmar la exigencia de
motivación, así sea ésta escueta o parca, pero al fin y al
cabo motivación, sería bastante difícil encontrar una
sentencia huérfana de argumentos cuya validez pudiese
ser enjuiciada14. Adicionalmente, dicha sentencia sostuvo que
la falta de motivación de la sentencia constituía un defecto
generador de nulidad de la providencia. (…).

Y es que motivar la sentencia implica que se justifique la decisión
conforme a la ley existente para el momento de los hechos objeto
de debate, por cuanto no es de recibo que el juez, argumente o
sustente su fallo empleando normas inexistentes, o incluso
normas que estando en plena vigencia no sean aplicables al caso,
sobre todo cuando se encuentra de por medio aspectos
sustanciales y no procesales […]” (Negrillas ajenas al texto
original).

Así las cosas, para la Sala el recurso extraordinario de revisión resulta

idóneo para la protección de los derechos invocados por la parte

accionante y en la medida en que en el presente asunto no se acreditó

la existencia de un perjuicio irremediable que permita de manera

excepcional proceder al análisis de la acción formulada, no se cumple

el requisito general de la subsidiariedad.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora, pero

14
“SANABRIA SANTOS, Henry. Nulidades en el proceso civil. Universidad Externado de Colombia.
Segunda edición. Abril de 2011. Página 145 y 146”. (cita original)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

por las razones expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.