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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00386-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2020-00386-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia. 2. Reconocer personería para actuar como apoderada de la UGPP a la señora Rudy Vanezza Medina Muñoz, en los términos del poder que obra en el aplicativo SAMAI, índice 16. 3. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2020-00386-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

25 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2020-00386-01 (27388)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Fallo.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2020-00386-01 (27388)
Demandante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Demandado: UGPP

Temas: Caducidad del medio de control.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de 11 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que, de oficio, declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control y, en consecuencia, se inhibió para
pronunciarse de fondo.

ANTECEDENTES

Por sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 7 de junio de 2018, se ordenó a la UGPP la reliquidación pensional del
señor Hermenegildo Eudoro Garavito.

El 16 de noviembre de 2018, mediante Resolución RDP 044179, la UGPP dio
cumplimiento a la orden judicial. En el numeral noveno de ese acto dispuso enviar copia
de la resolución al área competente para iniciar los trámites de cobro de lo adeudado por
concepto de aporte patronal a cargo de la Fiduciaria la Previsora S.A. (en adelante La
Previsora).

El 11 de diciembre de 2018, La Previsora interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra la Resolución RDP 044179 de 16 de noviembre de 2018.

El 9 de enero de 2019, mediante Resolución RDP 00396, la UGPP resolvió el recurso de
reposición en el sentido de confirmar la decisión inicial.

El 30 de enero de 2019, la demandada profirió la Resolución RDP 002852, que resolvió
el recurso de apelación confirmando la resolución recurrida.

El 27 de marzo de 2020, la UGPP expidió la Resolución RDP 7979, que modificó el
artículo noveno de la Resolución RDP 044179 de 16 de noviembre de 2018, en el sentido
de aplicar la supresión de trámites y procedimientos de cobro prevista en el artículo 40
del Decreto 2106 de 2019 y dispuso que contra esa decisión no procedía recurso alguno.
Este acto fue notificado a la demandante el 30 de abril de 2020.

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Radicado: 25000-23-37-000-2020-00386-01 (27388)
Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Fallo.
DEMANDA

La Previsora, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló las siguientes
pretensiones:

“Primera. Que se declare la nulidad del artículo noveno de la Resolución RDP
44179 de 16 de noviembre de 2018 (…), por medio de la cual se reliquida una
pensión de vejez en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, resolviendo iniciar los trámites pertinentes al cobro de
lo adeudado por concepto de aporte patronal del señor Hermenegildo Eudoro
Garavito León, por un monto de NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
QUINCE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($91.415.119 m/cte).

Segunda. Que se declare la nulidad de la Resolución No. RDP- 00396 de 9 de
enero de 2019 (…), por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución RDP 44179 de 16 de noviembre de 2018,
confirmando la misma.

Tercera: Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 2852 de 30 de enero de
2020 (sic) (…) , por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución 44179 de 16 de noviembre de 2018, confirmando la misma.

Cuarta: Que, en consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se declare
que el PATRIMONIO AUTÓNOMO PAP FIDUPREVISORA S.A DEFENSA
JURÍDICA DEL EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD -DAS- Y SU FONDO no está obligada a pagar los aportes de
carácter patronal por descuentos sobre aportes a seguridad social de factores de
salario no cotizados por el tiempo laborado por el señor Hermenegildo Eudoro
Garavito en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

Sexta (sic): Que, también en consecuencia y así mismo a título de restablecimiento
del derecho se condene a la (…) UGPP a DEVOLVER al PATRIMONIO
AUTÓNOMO PAP FIDUPREVISORA S.A DEFENSA JURÍDICA DEL EXTINTO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- Y SU FONDO, el
valor de los montos sí llegare a pagar como aportes patronales, en estricto
cumplimiento de las resoluciones acusadas, ajustada en los términos del último
inciso del artículo 187 del CPACA más los intereses a que haya lugar.

Séptima: Que se condene en costas a la entidad demandada.”

La actora invocó como normas violadas las siguientes:

• Artículos 42, 45, 67, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
• Artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993.
• Ley 1066 de 2006.
• Artículos 2 y 5 del Decreto 2633 de 1995.
• Artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.

El concepto de la violación se sintetiza de la siguiente forma:

Expedición irregular – Falsa motivación de la Resolución RDP 44179 de 16 de
noviembre de 2018. La Resolución RDP 44179 de 2018 no fue debidamente motivada,
pues en la parte considerativa no se encuentra argumento alguno que permita inferir por
qué se decide realizar el cobro por aporte patronal del causante Hermenegildo Eudoro

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Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Fallo.
Garavito León al que fue su empleador, en este caso, el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS).

Es más, la parte considerativa del acto se limita a indicar que se está dando cumplimiento
a lo ordenado en una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
No obstante, en ese fallo no se encuentra orden o autorización alguna dirigida a la UGPP
para que realice cobro por aportes patronales.

El referido acto administrativo tampoco explica la información que sirvió de soporte para
realizar la reliquidación efectuada a la pensión del causante. Solamente en el artículo
noveno indicó que se adeudaba la suma de $91.415.119.

Expedición irregular – Falsa motivación de la Resolución RDP 00396 de 9 de enero
de 2019. A través de la Resolución RDP 00396 de 9 de enero de 2019, la UGPP resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución RDP 44179 de 16 de noviembre
de 2018. Sin embargo, no se pronunció respecto a todos los argumentos expuestos en el
recurso.

Expedición irregular – Falsa motivación de la Resolución RDP 002852 de 30 de
enero de 2019 – indebida interpretación del Decreto 108 del 2016. La Resolución RDP
002852 de 2019, que resolvió el recurso de apelación contra la Resolución RDP 44179
de 16 de noviembre de 2018, manifiesta que de acuerdo con el Decreto 108 de 2016 y
en virtud de la supresión del DAS, los aportes de carácter patronal por descuentos sobre
factores de salario que no se realizaron a los pensionados deben ser asumidos por el
PAP Fiduprevisora.

No obstante, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 1573 de 2015, a través del cual
se autorizó la creación del patrimonio autónomo, el PAP se encarga de la atención de los
procesos judiciales, reclamaciones administrativas, laborales o contractuales en los
cuales sea parte el extinto DAS o su Fondo Rotatorio. De modo que se desconocieron
las competencias que le fueron asignadas al PAP, al imponer el pago de una suma de
dinero de forma unilateral.

Violación al derecho al debido proceso. La UGPP no notificó o informó la existencia
de las sentencias de 5 de diciembre de 2017, proferida por el Juzgado Diecisiete
Administrativo de Bogotá, y de 7 de junio de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Solo se tuvo conocimiento de esas decisiones judiciales a partir de la
información reportada en los actos administrativos demandados. De modo que se vulneró
su derecho de defensa y contradicción.

Además, la UGPP debió hacer un llamamiento en garantía cuando se encontraba el
proceso judicial vigente y no como se pretende en el presente caso que, de manera
unilateral y arbitraria, impone una carga en cabeza de la demandante.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La UGPP contestó la demanda y solicitó que se nieguen las pretensiones, con
fundamento en los siguientes argumentos:

De los artículos 17,18, 20, 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797
de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005 se concluye que dentro de las obligaciones
especiales que les asigna la ley a las administradoras de pensiones está la de cobrar a

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Fallo.
los empleadores las aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente,
porque a dichas administradoras les corresponde garantizar la efectividad de los
derechos de los afiliados mediante acciones de cobro.

Por ello, si bien es cierto que no se vinculó a la demandante al proceso que culminó con
la sentencia de 7 de junio de 2018, lo ordenado allí goza de presunción de legalidad y al
disponer la inclusión de factores salariales que en su momento no constituyeron salario,
es necesario cobrar los correspondientes aportes tanto al trabajador como al empleador,
toda vez que la entidad no puede asumir un gasto que no le corresponde pues solamente
es administradora y no cotizante nominador.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2008 de 2019 y artículo 40 del
Decreto 2106 de 2019 que ordenaron que “ Las entidades públicas del orden nacional
que formen parte del Presupuesto General de la Nación, Colpensiones y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), suprimirán las obligaciones patronales por concepto de
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, originadas en reliquidaciones y
reajustes pensionales derivados de fallos ejecutoriados, que hayan ordenado u ordenen,
la inclusión de factores salariales no contemplados en el ingreso base de cotización
previsto en la normativa vigente (…)”.

Finalmente, se proponen como excepciones las de “prescripción de la devolución de los
aportes patronales” e “innominada”.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal declaró, de oficio, la caducidad del medio de control, por las siguientes
razones:

La Resolución RDP 002852 de 30 de enero de 2019, mediante la cual la UGPP resolvió
el recurso apelación contra la Resolución RDP 044179 de 16 de noviembre de 2018, fue
notificada por aviso desfijado el 21 de febrero de 2019. De modo que el término de
caducidad de cuatro meses previsto en el literal d) del artículo 164 del CPACA, vencía el
25 de junio de 2019.

Como la Previsora radicó la demanda en la Oficina de Apoyo de los Juzgados
Administrativos de Bogotá el 12 de agosto de 2020, esta fue extemporánea.

De igual forma, para la fecha en que se expidió la Resolución 7979 de 2020, por la cual
se modificó el artículo noveno de la Resolución RDP 044179 de 16 de noviembre de 2018,
en cuanto a la supresión de trámites contemplados en el artículo 40 del Decreto 2106 de
2019, ya habían transcurrido los 4 meses que contempla la norma, desde que f ue
notificada la resolución que desató la apelación contra la citada Resolución RDP 044179,
razón por la cual la Resolución 7979 de 2020 no puede revivir los términos que se
encontraban vencidos, máxime si se tiene en cuenta que corresponde a un acto de trámite
que no afectó el fondo de la contienda, no tiene que ver con el agotamiento de la sede
administrativa y no se encuentra incluido en de las pretensiones de la demanda.

No se pronunció respecto a las costas.

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Fallo.
RECURSO DE APELACIÓN

La demandante apeló el fallo con fundamento en los siguientes argumentos:

Contrario a lo indicado en la sentencia de primera instancia, no se configuró la caducidad
de la acción, puesto que está demostrado que la Resolución RDP 002852 de 30 de enero
de 2019, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, fue notificada por aviso
el 3 de febrero de 2020.

Aunado a lo anterior, es necesario advertir que, durante el año 2020, debido a la
pandemia ocasionada por el COVID 19, se presentó suspensión de términos desde el 16
de marzo hasta el 30 de junio de 2020.

Por ello, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta el “6 de agosto
de 2020” se presentó dentro del término previsto en el artículo 164 del CPACA.

En consecuencia, se solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se efectúe pronunciamiento de fondo y se acceda a las pretensiones de la
demanda.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada no se pronunció.

El Ministerio Público guardó silencio en la oportunidad prevista en el artículo 247 del
numeral 6 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos de la apelación interpuesta por la demandante, la Sala estudia si se
configuró la caducidad del medio de control. En caso negativo, se analizan de fondo los
cargos expuestos en la demanda.

La Sala confirma la sentencia apelada, de conformidad con el siguiente análisis:

Respecto a la oportunidad para presentar la demanda, el artículo 164 numeral 2. literal c.
del CPACA dispone que cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho,
ésta debe interponerse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo
acusado.

En el caso en estudio, el 7 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió fallo en el que ordenó la reliquidación de la pensión del señor Hermenegildo
Eudoro Garavito León. En el artículo quinto ordenó a la UGPP “efectuar el descuento de
los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre
los cuales no se haya efectuado la deducción legal, en el porcentaje que corresponda al
trabajador, cuando realice la reliquidación pensional”.

El 16 de noviembre de 2018, la UGPP profirió la Resolución RDP 044179 en la que dio
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y dispuso en el artículo noveno enviar copia
de esa decisión al área competente para efectuar los trámites pertinentes al cobro d e lo

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Fallo.
adeudado por concepto de aporte patronal por la Fiduciaria La Previsora S.A, que fijó en
$91.415.119.

El 11 de diciembre de 2018, la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio,
apelación contra la decisión del artículo noveno de la mencionada resolución. Por
Resoluciones RDP 00396 y RDP 002852, ambas de 2019, la UGPP resolvió, en su orden,
los recursos interpuestos, en el sentido confirmar la decisión.

La Resolución RDP 002852 de 2019, que resolvió el recurso de apelación, se notificó por
aviso desfijado el 21 de febrero de 2019. No es cierto, entonces, que este acto se notificó
el 3 de febrero de 2020, como alega la apelante. En efecto, la constancia de notificación
de la resolución que puso fin a la vía administrativa (artículo 76 inciso 4 del CPACA) dice
lo siguiente:

1

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó el 12 de agosto de
20202, ante la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá.

Así las cosas, la caducidad del presente medio de control debe contabilizarse desde el
22 de febrero de 2019 hasta el 22 de junio del mismo año. Como los días 22, 23 y 24 de
junio no eran hábiles, la demanda debió presentarse hasta el primer día hábil siguiente,
esto es, el 25 de junio de 2019. Sin embargo, se radicó el 12 de agosto de 2020, es
decir, por fuera del término legal, por lo que operó el fenómeno de caducidad.

Respecto a la suspensión de términos judiciales a causa del COVID-19, de conformidad
con los Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura 3, tales términos
fueron suspendidos desde del 16 de marzo hasta el 1 de julio de 2020. De modo que la
suspensión se produjo en un lapso posterior al plazo legal con el que contaba la actora
para interponer la demanda.

En consecuencia, al estar demostrado que operó la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, se confirma la sentencia apelada.

1
Fl. 418, Expediente administrativo.
2
Información consultada en el aplicativo de consulta de procesos de la Rama Judicial.
3 Acuerdos PCSJA-11517, PCSJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA-11521, PCSJA20-11526, PCSJA-11527, PCSJA-

11528, PCSJA-11529, PCSJA-11532, PCSJA-11546, PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567 y PCSJA-
11581, todos de 2020.

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Demandante: Fiduciaria la Previsora S.A.
Fallo.
Condena en costas. No se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del
CPACA 4, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el
artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas previstas en
el artículo 365 del Código General del Proceso, y una de estas reglas es la del nu meral
1, según la cual están a cargo de la parte vencida. Sin embargo, en los fallos inhibitorios
no existe parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia.

2. Reconocer personería para actuar como apoderada de la UGPP a la señora Rudy
Vanezza Medina Muñoz, en los términos del poder que obra en el aplicativo SAMAI,
índice 16.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

4 CPACA. Art. 188. Condena en costas. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

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