Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03731-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-03731-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03731-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
30 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-00
Demandante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda pretende reabrir el debate judicial
que ya se efectuó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Cuarta de esta Corporación y constituir una tercera instancia adicional al proceso
ordinario para subsanar un yerro propio que no es atribuible a las autoridades
demandadas.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la Fiduciaria La Previsora S.A.
contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 19 de julio de la presente anualidad1, la Fiduciaria La Previsora S.A. presentó
acción de tutela contra la Sección Cuarta de esta Corporación y la Subsección B
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el objeto
de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de las
sentencias de primera y segunda instancia, proferidas, en su orden, el 11 de octubre
de 2022 y el 25 de abril de 2024, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-37-000-2020-00386-01. Formuló las siguientes
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Se advierte que, el 5 de agosto de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-00
Demandante: Fiduciaria La Previsora S.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
pretensiones (se transcriben textualmente):
PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de Fiduciaria la Previsora S.A. –Como vocera del
PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento Administrativo
de Seguridad –DAS- y su Fondo Rotatorio y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior se deje sin efectos la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de octubre de
2022, así como la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril
de 2024, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tramitada
bajo radicado 25000-23-37-000-2020-00386-01.
TERCERO: Se ordene a los aquí accionados proferir sentencia,
pronunciándose frente al fondo del asunto planteado en la demanda
presentada.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
La Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera del PAP Fiduprevisora S.A.
Defensa Jurídica Extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y su
Fondo Rotatorio, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el fin de ejercer control de
legalidad del artículo 9° de la Resolución 44179 del 16 de noviembre de 2018, de la
Resolución 00396 del 9 de enero de 2019 y de la Resolución RDP 2852 del 30 de
enero de 2020.
El proceso se tramitó bajo el radicado 25000-23-37-000-2020-00386-01 y
correspondió, por reparto, a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la que, mediante sentencia del 11 de octubre de
2022, declaró de oficio la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Argumentó que la Resolución RDP 2852 del 30 de
enero de 2019, en virtud de la que se resolvió el recurso de apelación en contra de
la Resolución RDP 2852 de 2019, fue notificada, por aviso, el 21 de febrero de 2019.
Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación. Por lo
que, el 25 de abril de 2024, la Sección Cuarta de esta Corporación confirmó la
sentencia de primera instancia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-00
Demandante: Fiduciaria La Previsora S.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
La accionante estima que con las providencias cuestionadas se vulneraron sus
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto,
a su juicio, las autoridades judiciales demandadas omitieron analizar las pruebas
que acreditan que la notificación por aviso de la Resolución RDP 2852 del 30 de
enero de 2019 no se surtió el 21 de febrero de 2019, como erróneamente se
determinó, sino hasta el 3 de febrero de 2020.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 25 de julio de 20242, el Despacho sustanciador admitió la solicitud
de amparo y vinculó a los magistrados que integran la Sección Cuarta del Consejo
de Estado y la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como parte demandada, y, en calidad de terceros con interés,
director general de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP. Así
mismo, ordenó que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado - ANDJE.
2.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ponente de la
providencia del 11 de octubre de 2022, solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela 3 , dado que, en su criterio, a través de la presente acción
constitucional, la accionante pretende reabrir un debate que ya fue puesto a
consideración de los jueces naturales en primera y segunda instancia, quienes,
además coincidieron en el análisis sobre la caducidad del medio de control.
Sostuvo que las providencias cuestionadas presentaron los argumentos fácticos y
jurídicos que fundamentaban la decisión de declarar la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, de modo que, contrastando los
argumentos presentados por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto
contra la providencia del 11 de octubre de 2022 y los expuestos en la presente
petición de amparo, se evidencia la clara intención de la accionante de continuar la
discusión que ya fue zanjada en el proceso ordinario.
2.2. El consejero ponente de la sentencia del 25 de abril de 2024 también solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela4. Sostuvo que la misma
carece del requisito de relevancia constitucional, resaltó que los argumentos
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SAMAI, índice 5.
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SAMAI, índice 9.
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SAMAI, índice 10.
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Demandante: Fiduciaria La Previsora S.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
presentados como los presuntos defectos de que adolece la decisión cuestionada
son exactamente los mismos que la parte actora propuso en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de octubre de
2009.
Por otra parte, adujo que, si en gracia de discusión se estudiaran de fondo los
defectos alegados, lo cierto es que la petición de amparo tampoco está llamada a
prosperar, pues, como se indicó suficientemente en la providencia cuestionada, la
Resolución RDP 2852 de 2019, que resolvió el recurso de apelación y puso fin al
procedimiento administrativo, se notificó por aviso el 21 de febrero de 2019, luego
la caducidad empezó a contar desde el 22 de febrero de 2019 hasta el 22 de junio
del mismo año; sin embargo, como los días 22, 23 y 24 de junio no fueron hábiles,
la demanda debió presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el 25 de junio
de 2019, habiéndose radicado el 12 de agosto de 2020, es decir, por fuera del
término.
2.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adujo que la parte actora pretende constituir la
acción de tutela en una tercera instancia adicional al proceso ordinario, en el que,
los jueces de la causa, en primera y segunda instancia, ya se pronunciaron sobre
el asunto y coincidieron en el análisis a cerca de la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho5.
I. CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se
abordará el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron
los defectos atribuidos a las sentencias del 11 de octubre de 2022 y del 25 de abril
de 2024 proferidas, en su orden, por la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-37-000-2020-00386-01.
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SAMAI, índice 11.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20146, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 7 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
6
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque no
supera el requisito de relevancia constitucional, habida consideración de que no
cumplió con la carga argumentativa mínima que se requiere para cuestionar
providencias judiciales a través de la acción de tutela.
En efecto, si bien la parte actora manifestó su desacuerdo con la decisión proferida
el 11 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
providencia del 25 de abril de 2024 que la confirmó, lo cierto es que se limitó a
indicar que la controversia planteada tiene relevancia constitucional, porque no
involucra una mera discusión legal o de contenido económico, sino que, por el
contrario, las decisiones cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Ciertamente, la accionante identificó los defectos de los que, considera, adolecen
las providencias cuestionadas, a saber: i) decisión sin motivación, por cuanto el
fallador de segunda instancia omitió su deber de exponer las razones en virtud de
las cuales consideró que la caducidad debía contabilizarse desde el 22 de febrero
de 2019 y no desde el 3 de febrero de 2020, ii) defecto sustancial por errónea
interpretación y aplicación de la normatividad relacionada con la notificación de
actos administrativos y iii) defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas.
Las autoridades judiciales demandadas y la UGPP, en sus escritos de contestación
e intervención, coincidieron en solicitar que se declarara la improcedencia de la
petición de amparo, por considerar que la accionante pretende convertir la acción
de tutela en una tercera instancia adicional al proceso ordinario, para reabrir un
debate que ya se surtió ante los jueces de la causa.
Al respecto, la Sala considera que, tal como lo anotó la parte demandada, la
presente acción de tutela carece de relevancia constitucional, porque la accionante
pretende continuar un debate que ya fue zanjado por los jueces naturales en primera
y segunda instancia e introducir un punto de derecho que no alegó oportunamente
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
en el trámite del proceso ordinario, con la intención de que el juez del amparo se
pronuncie respecto de un asunto que no es de su competencia.
De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de apelación
y las propuestas en la solicitud de amparo, se evidencia que los argumentos
alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya
fue decidido por las autoridades judiciales demandadas, consistente en que desde
la óptica particular de la parte accionante se debió dar trámite a la demanda por
haberse interpuesto en tiempo, esto es, dentro del término de caducidad.
En el siguiente cuadro se cotejan los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de
ilustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como
instancia adicional:
Argumentos de apelación Argumentos de la demanda de tutela
(transcripción textual) (transcripción textual)
Como primera medida debe advertirse QUINTO: Considera la suscrita, en
que es la parte demandante quien define defensa de los intereses de mi
cuál o cuáles son los actos que pretende representado, que las decisiones de los
demandar, por lo que el juez al momento
entes judiciales en cita, no se acogen a
de estudiar la caducidad del medio de
control ejercido, debe hacerlo respecto de derecho y existe como tal, una
dichos actos administrativos, que para el valoración irregular y arbitraria de las
caso que nos ocupa son los contenidos en pruebas aportadas, por cuanto para
las resoluciones SUB 199010 del 24 de efectos de la caducidad, se debe tener
agosto de 2021, SUB 285976 del 28 de en cuenta las resoluciones SUB 199010
octubre de 2021 y DEP 9481 del 29 de del 24 de agosto de 2021, SUB 285976
julio de 2022.
del 28 de octubre de 2021 y DEP 9481
No es cierto, como lo afirma el juzgado en del 29 de julio de 2022.
su auto que los recursos y solicitudes
fueron elevados con el fin de revivir SEXTO. Conforme lo narran los hechos
términos. Pues del análisis fel expediente de la demanda, con Resolución No.
es claro que, de manera legítima nos 4204 del 25 de julio de 2011, el Instituto
encontrábamos a la espera de que la de Seguros Sociales ISS dispuso, entre
demandada Colpensiones resolviera otros, reconocer retroactivo pensional a
acerca del recurso de reposición y en
mi mandante por valor de (…)
subsidio apelación que fue interpuesto en
contra de la resolución SUB 199010 del $32.595.945.oo, los cuales se dejaron
24 de agosto de 2021 en la que ordenó el en suspenso de pago hasta tanto se
pago a favor de mi poderdante del determinara la persona o personas a
retroactivo por $4.149.572 y negó la quienes correspondiera el derecho.
entrega del retroactivo $32.595.942.
SEPTIMO. Sin embargo, Colpensiones
(…) mediante la Resolución SUB 199010 del
De la lectura del auto que dispuso el 24 de agosto de 2021, negó la nueva
rechazo de la demanda por presunta solicitud de reliquidación de la pensión y
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Demandante: Fiduciaria La Previsora S.A
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
caducidad, es notorio que el Juzgado de respecto del pago del retroactivo en
primera instancia confunde los dos suspenso, señaló que en atención a los
retroactivos mencionados en los actos recursos en su contra, se expidieron las
administrativos, siendo necesario
Resoluciones SUB 285976 del 28 de
entonces aclarar al Tribunal
Administrativo que el retroactivo octubre de 2021, por la que se dispuso
reconocido en la resolución SUB257485 no reponer la decisión, y DEP 9481 del
del 27 de noviembre de 2020 a favor de la 29 de julio de 2022. en donde se revocó
UGPP y a que hace referencia la señora el acto de 24 de agosto de 2021,
juez, es totalmente diferente al que se únicamente frente a la reliquidación de la
viene reclamando por parte del pensión, y se confirmó la negativa del
demandante. Es importante mencionar
retroactivo pensional.
que sobre el valor del retroactivo
ordenado en esta resolución no existe OCTAVO. Como puede observarse
controversia alguna a la fecha pues honorables magistrados, con la
mediante resolución SUB219203 del 8 de
Resolución SUB 199010 del 24 de
septiembre de 2021, la demandada
Colpensiones resolvió ordenar su pago a agosto de 2021, se ratifica la decisión de
favor de mi poderdante. negativa de pago del retroactivo
pensional a que hace referencia la
Precisamente la controversia suscitada
Resolución 4204 del 25 de julio de 2011,
con la entidad demandada consistió en
que la Resolución del 27 de noviembre de por lo tanto, es a partir de la notificación
2020, no resolvió lo atinente al retroactivo de la DEP 9481 del 29 de julio de 2022.,
pensional que se encontraba en suspenso que empieza a correr el término de
desde el año 2011. Y dicho asunto solo caducidad.
vino a ser resuelto con la resolución
SUB199010 de agosto 24 de 2021 (…)
confirmada mediante Resoluciones
SUB285976 del 27 de octubre de 2021 y DECIMO, además señala el juzgado de
revocada parcialmente con la Resolución la primera instancia accionado que no se
DPE 9481 del 29 de julio de 2022. Esta tendrá como parámetro los actos
última resolución fue expedida en demandados, Resoluciones Nos. SUB
cumplimiento a un fallo de tutela que tuvo 199010 del 24 de agosto de 2021, SUB
que ejercerse en contra de la entidad 285976 del 28 de octubre de 2021 y DEP
demandada para que resolviera el recurso
9481 del 29 de julio de 2022, por cuanto
de apelación concedido desde el 28 de
octubre de 2021. a través de ellos se pretendió revivir los
términos procesales, lo cual no es cierto,
En ese orden de ideas no comparte la pues si ello fuera así, Colpensiones no
suscrita los argumentos usados por la
había decidido de fondo las peticiones y
juez de primera instancia, quien de una
manera equivocada arriba a una se limitaría a estarse a lo resuelto
conclusión que no guarda relación con lo anteriormente, sin embargo, decidió de
peticionado a la administración de justicia, fondo, ratificando la negativa de pago
pues no puede el juez interpretar la del retroactivo pensional, por tanto, a
demanda y cambiar el objeto de la misma partir de esta última resolución corren
para concluir que la misma se encuentra los términos de caducidad.
caducada, pues a su juicio los actos
administrativos a demandar eran otros.
Estando claro entonces que los actos
administrativos a demandar en el
presente caso son SUB 199010 del 24 de
agosto de 2021, SUB 285976 del 28 de
octubre de 2021 y DEP 9481 del 29 de
julio de 2022, se tiene que el medio de
control fue ejercido dentro del término
contemplado en el artículo 164 CPACA.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-00
Demandante: Fiduciaria La Previsora S.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
De la lectura de la acción de tutela se establece, sin esfuerzo alguno, que lo que
existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte actora con las
providencias demandadas, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón
suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga.
La Sala observa con claridad que tanto en el proceso ordinario como en la acción
de la referencia, la sociedad accionante insiste en que el término de caducidad se
debe contar a partir de la notificación por aviso que se surtió el 3 de febrero de 2020,
frente a lo cual las autoridades judiciales accionadas, al efectuar la valoración
probatoria de rigor, concluyeron razonablemente que, en realidad, la notificación de
la Resolución RDP 2852 del 30 de enero de 2019 se surtió mediante el aviso
desfijado el 21 de febrero de 2019, lo que, a no dudarlo, enerva la tesis sostenida
por la Fiduciaria La Previsora S.A. sobre la notificación efectuada en 2020.
Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso ordinario,
en torno a si se debió o no tramitar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho por haber sido interpuesta dentro del término legal, lo cual fue analizado y
decidido razonablemente en las providencias cuestionadas.
Ahora bien, es cierto que en el escrito de la acción de tutela el accionante presentó
un argumento que no fue esgrimido en el recurso de apelación y sobre el cual
estructura el defecto sustancial del que, en su criterio, adolecen las providencias
atacadas. No obstante, la Sala advierte que, en cuanto a este punto, la acción de
tutela tampoco resulta procedente, como se pasa a explicar.
En efecto, la Fiduprevisora cuestionó la forma de notificación de la Resolución 2852
del 30 de enero de 2019, para lo cual sostuvo que por tratarse de un acto
administrativo particular y concreto aquel debía notificarse personalmente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 del CPACA y no conforme
a lo previsto en el artículo 66 ibidem, que regula la notificación por aviso propia de
los actos administrativos de carácter general, como erróneamente parecieron
entenderlo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en las decisiones atacadas.
En relación con lo anterior, la Subsección considera que con el argumento anterior
el accionante también pretende convertir la acción de tutela en una instancia
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Demandante: Fiduciaria La Previsora S.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
adicional al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, habida
cuenta de que aquel debió haber sido puesto de presente en el recurso de apelación
justamente para desvirtuar el razonamiento del juez a quo en relación con la fecha
en que entendió surtida la notificación por aviso y a partir de la cual contabilizó el
término de caducidad.
No obstante, ello no ocurrió; por el contrario, en el recurso de alzada la demandante
se limitó a señalar que la Resolución 2852 del 30 de enero de 2019 fue notificada el
3 de febrero de 2020, sin cuestionar, en modo alguno, la forma de notificación del
acto administrativo demandado ni explicar los motivos por los cuales la notificación
por aviso que tuvo en cuenta el a quo para tomar la decisión de declarar la
caducidad del medio de control carecía de validez.
Lo natural y, por supuesto, lo esperable era que la accionante cuestionara, en la
oportunidad pertinente, es decir, en el recurso se apelación, la forma de notificación
de la Resolución 2852 del 30 de enero de 2019, lo que, sin duda alguna hubiera
provocado un pronunciamiento del juez ad quem al respecto, cuya razonabilidad y
validez hubiera podido examinar el juez de tutela. Manifestación que ahora echa de
menos, sin reparar en que aquello obedeció a su pasividad en el proceso ordinario,
situación que no puede atribuirse a las autoridades judiciales accionadas.
En aplicación el principio de justicia rogada, y al tenor de lo dispuesto en los artículos
3068 del CPACA y 3289 del CGP, al juez de lo contencioso administrativo le está
vedado ejercer un control oficioso de la providencia apelada, su competencia se
circunscribe a resolver los asuntos que fueron planteados por las partes en el
recurse de alzada, lo que, como ya se explicó, ocurrió en el caso de estudio.
En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, porque no acredita la
exigencia de relevancia constitucional, toda vez que la demandante pretende usar
la acción de tutela para: i) reabrir el debate judicial que ya se efectuó ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta de esta Corporación y ii)
8
ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código
se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
9
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
[…]
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03731-00
Demandante: Fiduciaria La Previsora S.A
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
constituir una instancia adicional al proceso ordinario para subsanar un yerro propio
que no es atribuible a las autoridades demandadas y, que, valga decir, de ninguna
manera faculta al juez constitucional para enmendarlo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la Fiduciaria La
Previsora S.A., de conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, envíese el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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