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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07157-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07157-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07157-01 Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07157-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07157-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ
EL AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR NO CUMPLIR EL
REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD, TODA VEZ QUE
CONTRA LA PROVIDENCIA JUDICIAL CENSURADA PROCEDE EL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, POR LA CAUSAL DE
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 21 de enero de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07157-01
Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

I.1.- La Solicitud

La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.2, actuando a través de

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA3, al haber

proferido la providencia de 24 de octubre de 2025 dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 05001-33-33-014-2023-00492-01.

I.2.- Hechos

Indicó que el 1o. de marzo de 2023, la señora MILE JOANNA VIDAL

RUÍZ solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales,

las cuales le fueron reconocidas por la SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA mediante

Resolución de 29 de mayo de 2023 y puestas a su disposición el 28

2
En adelanta FIDUPREVISORA S.A.
3
En adelante TRIBUNAL.

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3

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Actora: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

de julio de ese mismo año por el FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG4).

Afirmó que la señora VIDAL RUÍZ solicitó el pago de la sanción

moratoria, debido a que la entidad territorial no expidió el acto

administrativo dentro de los 15 días exigidos por la Ley 1071 de 31

de julio de 20065 y el FOMAG no canceló la prestación dentro de los

45 días establecidos para su pago, la cual le fue negada el 24 de julio

de 2023.

Precisó que, como consecuencia de lo anterior, la señora MILE

JOANNA VIDAL RUÍZ presentó demanda en ejercicio del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL6, el FOMAG y el

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA7, con el fin de que se declarara

la nulidad del acto administrativo de 24 de julio de 2023 y, a título

de restablecimiento del derecho, se reconociera, liquidara y pagara

4
En adelante FOMAG.
5
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.
6
En adelante MINISTERIO.
7
En adelante DEPARTAMENTO.

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4

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la sanción moratoria.

Manifestó que la demanda fue identificada con el número único de

radicación 2023-00492-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE MEDELLÍN8 que, mediante sentencia de 13 de

diciembre de 2024, denegó las pretensiones.

Adujo que inconforme con lo anterior, la allí demandante interpuso

recurso de apelación, el cual le correspondió al TRIBUNAL que,

mediante providencia de 24 de octubre de 2025, revocó la decisión

del a quo y, en su lugar, la condenó junto con el DEPARTAMENTO a

pagar, de manera solidaria, la indemnización correspondiente a 42

días de mora a favor de la señora VIDAL RUÍZ.

Señaló que, como fundamento de su decisión, el TRIBUNAL expuso

que como no se probó cuándo se recibió el acto administrativo y la

solicitud de cesantías se radicó después de la entrada en vigencia de

8
En adelante JUZGADO.

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la Ley 1955 de 25 de mayo de 20199, era responsable del pago de la

sanción moratoria pero no con los recursos del FOMAG, debido a la

prohibición establecida en el artículo 57 de la citada norma, pues le

era atribuible la extemporaneidad.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto procedimental absoluto, pues no fue vinculada ni

notificada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho cuestionado, por lo que no ejerció el derecho de defensa y

el principio de contradicción, ni tuvo la oportunidad de interponer

recurso alguno, lo cual genera la nulidad de todo lo actuado frente a

ella.

Sostuvo que el TRIBUNAL vulneró el principio de congruencia al

imponerle la condena solidaria, pese a que no fue vinculada como

parte procesal dentro del proceso ordinario, profiriendo una decisión

9
“Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la
equidad”.

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ultra petita y extra petita que carece de motivación suficiente y

coherente, lo cual vulnera sus derechos fundamentales al debido

proceso, defensa y contradicción.

Aseguró que también se incurrió en un defecto sustantivo, por

cuanto la Ley 91 de 29 de diciembre de 198910 y el Estatuto Orgánico

del Sistema Financiero, disponen que ella se limita a administrar los

recursos del FOMAG, sin asumir obligaciones laborales frente a los

beneficiarios, por lo que no puede ser condenada en nombre propio

por las obligaciones que competen al patrimonio autónomo o al

fideicomitente.

Finalmente, resaltó que la autoridad judicial accionada incurrió en

violación directa de la Constitución, pues vulneró sus derechos

fundamentales al debido proceso y defensa, al comprometer

indebidamente recursos públicos sin observancia del principio de

legalidad del gasto.

I.4.- Pretensiones

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“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

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La actora solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido

proceso y, en consecuencia:

“[…] 1. REVOCAR y dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Cuarta, el 24 de octubre de 2025, dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el número
05001-33-33-014-2023-00492-00, mediante la cual se condenó a
la Fiduciaria La Previsora S.A. al pago de una sanción moratoria por
presunto retardo en el pago de cesantías a favor de la señora Mile
Joanna Vidal Ruiz.

2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta
que, en su lugar, profiera una nueva decisión ajustada a derecho,
con estricto respeto de los principios de debido proceso,
congruencia, motivación, precedente judicial y legalidad, valorando
adecuadamente la naturaleza jurídica de la Fiduciaria La Previsora
S.A. y el marco normativo que regula su actuación como vocera y
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG.

3. PROTEGER los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia y legalidad de la
Fiduciaria La Previsora S.A., los cuales fueron desconocidos por las
providencias judiciales cuestionadas. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que la presente acción de tutela es

improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora es

reabrir el debate jurídico que ya se surtió por el juez natural, pues

los argumentos expuestos no constituyen, por sí solos, un defecto

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predicable de la providencia judicial cuestionada y el hecho de que la

actora no esté de acuerdo con la decisión por resultarle desfavorable

no configura las causales específicas de procedibilidad de la acción

constitucional.

Señaló en la sentencia cuestionada se encontró que se había causado

la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de la allí

demandante, por lo que se limitó a declarar la responsabilidad

solidaria de la actora como vocera y administradora del FOMAG, y

del DEPARTAMENTO, con fundamento en la prohibición expresa

contenida en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, que dispone el

destino de los recursos del FOMAG a “prestaciones económicas,

sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y

beneficiarios” y prohíbe que se paguen indemnizaciones económicas

a cargo de dichos recursos.

Afirmó que, contrario a lo asegurado por la actora, del expediente se

puede advertir que el JUZGADO admitió el medio de control

mediante auto de 3 de septiembre de 2024, el cual fue notificado,

entre otros, al correo electrónico notjudicial@fiduprevisora.com.co,

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el cual es el destinado para notificaciones judiciales de la actora,

quien contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión, es

decir, compareció al proceso y tuvo la oportunidad de pronunciarse

a través de las oportunidades procesales que prevé el ordenamiento

jurídico, lo que demuestra que no se vulneró el derecho fundamental

al debido proceso invocado.

Resaltó que, en todo caso, según lo dispuesto en los artículos 134

del Código General del Proceso y 250 de la Ley 1437 de 2011, cuando

alguna de las partes o intervinientes considere que se configura la

causal de nulidad por falta de notificación, o la misma se origine en

la sentencia contra la cual no procede recurso alguno, el mecanismo

idóneo para alegarla es la “diligencia de entrega”, como excepción a

la ejecución de la sentencia o a través del recurso extraordinario de

revisión, por lo que la actora cuenta con otro medio de defensa

judicial.

En escrito posterior, aclaró que la actora es la encargada de la

representación judicial y extrajudicial del FOMAG, en los asuntos

relacionados con el pago de derechos reconocidos, como sucedió en

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el caso objeto de estudio, razón por la que su vinculación al proceso

se efectuó en calidad de fiduciaria y como vocera y administradora

del patrimonio autónomo del aquel.

I.5.2.- El JUZGADO se remitió a los argumentos expuestos en la

sentencia de primera instancia proferida dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento objeto de estudio, en la cual, a su

juicio, se evidencia que no vulneró los derechos fundamentales

invocados por la parte actora.

I.5.3.- El DEPARTAMENTO manifestó que coadyuvaba las

pretensiones de la parte actora, por cuanto no se encuentra

justificada la decisión del TRIBUNAL de reformar la decisión de

primera instancia que había resultado favorable para las dos

entidades.

Aseguró que no es el responsable directo, pues es un “MERO

TRAMITADOR del FOMAG” y, además, que se debe tener en cuenta

que en el presente caso la actora no sobrepasó el tiempo de los 70

días hábiles en su conjunto que generara la supuesta mora de

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acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte

Constitucional, por cuanto la docente no podía alegar que no fue

notificada de todas las actuaciones debido a que al contar con usuario

y contraseña para ingresar al “SISTEMA HUMANO EN LINEA”, tenía

acceso a toda la información y se debe entender notificada por

conducta concluyente.

I.5.4.- El MINISTERIO solicitó ser desvinculado del presente

tramite constitucional, por considerar que no es el llamado a

responder por las pretensiones del actor que están dirigidas a

cuestionar una providencia judicial.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 21 de enero de 2026,

denegó el amparo solicitado, por considerar que el TRIBUNAL

accionado no vulneró los derechos fundamentales de la actora ni

incurrió en los defectos invocados.

Afirmó que del material probatorio obrante en el expediente se pudo

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evidenciar que la actora contestó la demanda y presentó alegatos de

conclusión, en nombre y representación del MINISTERIO y el

FOMAG, por lo que resulta claro que tuvo pleno conocimiento del

medio de control presentado por la señora VIDAL RUÍZ para el

reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus

cesantías, e intervino en todas las etapas del referido proceso, sin

que se advierta vulnerado el principio de congruencia en la decisión

cuestionada.

Destacó que aunque la parte actora en la demanda de tutela afirmó

que la omisión de vinculación alegada “vicia de nulidad todo lo

actuado respecto de la entidad y torna ilegítima la decisión

adoptada”, no solicitó la nulidad dentro del proceso ordinario.

Precisó que la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto

sustantivo alegado, toda vez que aplicó de forma adecuada el artículo

57 de la Ley 1955 de 2019, que dispone que los recursos del FOMAG

únicamente pueden destinarse para garantizar el pago de las

prestaciones económicas, sociales y asistenciales de sus afiliados

docentes, pensionados y beneficiarios, y que “no podrá decretarse el

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pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa

con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

del Magisterio”.

Frente al presunto desconocimiento del precedente judicial invocado

por la actora, indicó que en la demanda de tutela no especificó las

providencias que invoca como desconocidas, por lo que no había

lugar a realizar el estudio de este defecto.

Finalmente, denegó la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva elevada por el MINISTERIO.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA y solicitó que se revoque la decisión del a quo, por cuanto,

a su juicio, se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso

por incongruencia subjetiva, existió una indebida calidad procesal, se

desconoció la separación patrimonial del fiduciario y se confundieron

los conceptos de representación y vinculación personal.

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Insistió en que el TRIBUNAL accionado al proferir la decisión

cuestionada, sin suficiente motivación alteró sustancialmente los

límites subjetivos del litigio al imponerle una condena solidaria en

nombre propio, desconociendo la calidad procesal bajo la cual actuó

durante todo el proceso, esto es, como vocera y administradora del

patrimonio autónomo del FOMAG, lo que configura una

incongruencia subjetiva, en tanto existe una ruptura entre la

condición en la que la entidad fue vinculada e intervino y aquella en

la que finalmente fue condenada.

Recalcó que “[…] la providencia judicial cuestionada desconoció de

manera grave y manifiesta los límites subjetivos del proceso, alteró

indebidamente la calidad procesal de la Fiduciaria La Previsora S.A.,

ignoró la separación patrimonial propia del negocio fiduciario y

desatendió la jurisprudencia reiterada sobre la comparecencia del

fiduciario en juicio. Tales yerros no constituyen simples discrepancias

interpretativas, sino verdaderas vulneraciones al debido proceso que

habilitan de manera excepcional la intervención del juez

constitucional […]”.

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Por último, sostuvo que sí existen precedentes judiciales relevantes,

proferidos por distintos tribunales y juzgados administrativos del

país, en los cuales se ha reconocido de manera expresa la diferencia

entre la comparecencia de la entidad en nombre propio y su

actuación en calidad de vocera y administradora del patrimonio

autónomo del FOMAG, así como las consecuencias jurídicas

derivadas de cada una de dichas calidades procesales, para lo cual

relacionó varios radicados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

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distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones

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inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si

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todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance

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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 24 de octubre de 2025, proferida

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00492-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho

fundamental al debido proceso, pues, a juicio de la actora, la

autoridad judicial accionada incurrió en el defecto procedimental

absoluto, por no ser vinculada en debida forma dentro del proceso

de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio y en

violación al principio de congruencia por haber proferido una

decisión ultra petita y extra petita que carece de motivación

suficiente y coherente.

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Igualmente, sostuvo que el TRIBUNAL accionado incurrió en

defecto sustantivo, por cuanto la Ley 91 de 29 de diciembre de

198911 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, disponen que

ella limita a administrar los recursos del FOMAG, sin asumir

obligaciones laborales frente a los beneficiarios, por lo que no podía

ser condenada en nombre propio y violación directa de la

Constitución, pues vulneró sus derechos fundamentales al debido

proceso y defensa, al comprometer indebidamente recursos públicos

sin observancia del principio de legalidad del gasto.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 21 de enero de

2026, denegó el amparo solicitado por considerar que la autoridad

judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de la

actora ni incurrió en los defectos invocados.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, para lo cual insistió en que la

sentencia cuestionada vulneró el principio de congruencia, pues el

11
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

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TRIBUNAL alteró sustancialmente los límites subjetivos del litigio al

imponerle una condena solidaria en nombre propio, desconociendo

la calidad procesal bajo la cual actuó durante todo el proceso, esto

es, como vocera y administradora del patrimonio autónomo del

FOMAG, sin que insistiera en la presunta indebida notificación al

proceso cuestionado, por lo que no se hará pronunciamiento alguno

frente a esta última situación.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la subsidiariedad.

• Del requisito de subsidiariedad

Al respecto, cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991

prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos

o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se

encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»12 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que,

contrario a lo considerado por el a quo, del escrito de tutela se logra

12
Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

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evidenciar que no se cumple en este caso el requisito general de

procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

consistente en la subsidiariedad de la acción, pues contra la

providencia judicial censurada procede el recurso extraordinario de

revisión.

Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos

en la solicitud de tutela y reiterados en la impugnación, los cuales se

circunscriben a que se vulneró el principio de congruencia y se

profirió una decisión sin motivación ultra y extra petita, la actora

tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión de

conformidad con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250

de la Ley 1437 de 18 de enero de 201113, esto es, por presuntamente

existir una nulidad en la sentencia acusada.

En efecto, respecto al recurso extraordinario de revisión y,

particularmente, frente a la causal establecida en la causal 5 de la

aludida norma, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de

13
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

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esta Corporación14 ha señalado diferentes circunstancias que pueden

conllevar la configuración de una nulidad en la sentencia que pone

fin a un proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los

siguientes términos:

“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación.

Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación, pues
si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no
tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se
trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a
esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente que
solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a permitir
que el mencionado recurso se convierta en una oportunidad para
subsanar la incuria o desidia en que las partes incurrieron en el
trámite del proceso ordinario al no proponer las nulidades del caso
de acuerdo con las reglas de oportunidad previstas en el artículo 142
del C.P.C, o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 144 ib.

Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los siguientes:

a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso
por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se
revive un proceso legalmente concluido.

b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra
suspendido.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.

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c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la
decisión, por la firma de más, o menos jueces de los
requeridos legalmente.

d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una
sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la
non reformatio in pejus [como cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda o por causa distinta a la
invocada].

e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción
o competencia del juez.

En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el
compuesto por las irregularidades originadas en vicios que
constituyen causal de nulidad del proceso y solo pudieron ser
advertidos en la sentencia y, las relativas a los vicios que
contiene la sentencia.

Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente
[…]”. (Resaltado fuera del texto).

De igual forma, es pertinente precisar que la Sección Tercera del

Consejo de Estado, en sentencia de 20 de octubre de 201415, reiterada

en fallo de 14 de junio de 201916, señaló que el recurso extraordinario

de revisión procede por la causal de revisión de nulidad originada en

la sentencia por violación del artículo 29 de la Constitución Política, en

15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, rad. 2003-00944-01(34612), C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 11001-33-31-033-2010-00054-00(50330),
C.P. María Adriana Marín.

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aquellos eventos en que la providencia judicial carece de motivación o

ésta es insuficiente17, supuesto éste que también constituye

fundamento de la presente solicitud de tutela.

Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que la

incongruencia de una sentencia, por no guardar consonancia con los

argumentos, las pruebas y la normativa expuesta en el debate

sometido a consideración del TRIBUNAL conllevaría que tal situación

sea sujeta a control judicial mediante el ejercicio del recurso

extraordinario de revisión, en los términos aludidos.

En el caso bajo estudio, la accionante no ha agotado el recurso

extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para que

sea discutida la presunta falta de congruencia y las inconformidades

que predica frente a la providencia acusada.

Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia

contencioso-administrativa como el medio de defensa idóneo y eficaz

17
Posición que fue acogida por esta Sección, con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo López en
sentencia de 11 de julio de 2019 dentro del radicado número 11001 03 15 000 2018 04255 01.

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en el presente asunto, teniendo en cuenta que la vulneración de los

derechos deprecados tiene origen en un fallo judicial que se

encuentra ejecutoriado.

Asimismo, resulta oportuno mencionar que la Sala Plena de la Corte

Constitucional mediante sentencia SU-026 de 202118 precisó que la

acción de tutela desplazará el recurso extraordinario de revisión

siempre que (i) el derecho fundamental cuya protección se solicita

no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del

trámite del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren

dentro de los hechos denunciados por la accionante, situaciones que

no se vislumbran en el presente caso.

Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional19:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes
18
Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar
la consumación de un daño antijurídico irreparable. […]”

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que no

fue alegado y, además, de los elementos de juicio obrantes en el

expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

Ahora frente al presunto desconocimiento del precedente judicial

invocado por la actora en la impugnación, la Sala advierte que no

hará pronunciamiento alguno por cuanto las sentencias traídas a

colación como desconocidas no fueron puestas de presente en el

escrito inicial, por lo que mal haría el juez de segundo grado de

estudiar argumentos nuevos en esta instancia.

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Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del a quo

que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará

improcedente la solicitud por incumplimiento del requisito general de

la subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

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eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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