Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00201-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00201-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00201-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00201-00 (2973-2024)
Demandantes: Consuelo del Rosario Chaves Bolaños
Demandado: Municipio de Pasto y ESE Pasto Salud
Providencia Sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Nariño
Tema: Causales 5 y 8 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Consuelo del
Rosario Chaves Bolaños contra la sentencia del 21 de julio de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en contra del Municipio de Pasto y la ESE
Pasto Salud.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Consuelo del Rosario Chaves Bolaños
presentó demanda en orden a que se declarara la nulidad de los oficios
1540./0039-2016 del 5 de febrero de 2016, 510-01638 del 16 de febrero de 2016
y 510-05142 del 5 de mayo de 2016, por medio de los cuales la secretaria de
salud del municipio de Pasto y el gerente de la ESE Pasto Salud,
respectivamente, le negaron el reconocimiento de una relación laboral y el pago
de las prestaciones sociales que se derivaban de ella por sus servicios como
auxiliar de enfermería entre el 4 de noviembre de 2003 y el 25 de julio de 2015.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de la
existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo reclamado; (ii) el
pago de las prestaciones sociales, legales y extralegales que devengaban los
1 En adelante CPACA.
2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_52001333300620160015(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_52001333300620160015_20240521111918», archivo
«01CuadernoPrincipal.PDF».
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empleados de planta que desarrollaban sus funciones, así como de las
indemnizaciones a las que tiene derecho; (iii) la devolución de las sumas pagadas
por concepto de seguridad social, garantías, impuestos y retención en la fuente;
(vi) la actualización de las sumas que resulten de lo que se resuelva; (v) el
reconocimiento de los intereses a que haya lugar; (vi) el cumplimiento de la
sentencia de conformidad con lo previsto en el CPACA; y (vii) la condena en
costas a la entidad demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Consuelo del Rosario Chaves Bolaños ingresó al cargo de auxiliar de
enfermería en la Secretaría de Salud del municipio de Pasto el 4 de noviembre de
2003 y, posteriormente, estuvo vinculada de manera interrumpida a la ESE Pasto
Salud hasta el 25 de julio de 2015.
3.2. La vinculación se efectuó inicialmente mediante órdenes de prestación de
servicios de servicios y, luego, a través de las empresas Servicios Multiactivos de
Colombia SAS y Dinamak SAS, sin solución de continuidad, para lo cual se
suscribieron varios contratos.
3.3. Prestó sus servicios en diferentes centros asistenciales del municipio de Pasto
y de la ESE Pasto Salud, como lo eran el Centro de Salud Morasurco, el Hospital
Civil, el Centro de Salud Pandiaco y el Centro de Salud Primero de Mayo.
3.4. Desarrolló actividades de atención a la población en los centros de salud de
manera personal y permanente, con cumplimiento de un horario establecido por
sus superiores y bajo la subordinación de la Secretaría de Salud del municipio de
Pasto y de la ESE Pasto Salud, pues recibió órdenes e instrucciones de los
empleados vinculados a estas entidades, principalmente de las enfermeras de
turno.
3.5. Como contraprestación por sus labores recibió pagos mensuales sin que se le
reconocieran prestaciones sociales. Asimismo, registró el cumplimiento de sus
actividades y horarios en las bitácoras dispuestas en los respectivos centros de
salud.
3.6. Ejerció labores como auxiliar de enfermería y desempeñó iguales labores a las
asignadas a los empleados de planta de las entidades. Además, asumió el pago
de los aportes al sistema de seguridad y de la retención en la fuente.
3.7. Solicitó a la Secretaría de Salud del municipio de Pasto y la ESE Pasto Salud
el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales
que se derivaban de ella por sus servicios como auxiliar de enfermería entre el 4
de noviembre de 2003 y el 25 de julio de 2015; no obstante, fue negada a través
de los actos administrativos acusados.
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Demandante: Consuelo del Rosario Chaves Bolaños
1.2. Sentencia de primera instancia3
4. Mediante sentencia proferida el 30 de junio de 2020 el Juzgado 6 Administrativo
de Pasto declaró probada la excepción de «cobro de lo no debido por inexistencia del
derecho reclamado» formulada por las entidades demandadas y, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
Para el efecto, consideró:
4.1. El vínculo contractual entre la demandante y el municipio de Pasto finalizó el
15 de agosto de 2006 y la reclamación administrativa se presentó el 19 de enero
de 2016, por lo que frente al municipio operó el fenómeno jurídico de la
prescripción de los derechos reclamados.
4.2. No obstante, debía analizarse si se presentaron los elementos propios de la
relación laboral con el objeto de determinar si a la demandante le asistían
derechos de tipo pensional.
4.3. Entre la actora y el municipio de Pasto se celebraron contratos de prestación
de servicios entre el 4 de noviembre de 2003 y el 15 de agosto de 2006, cuyo
objeto consistió principalmente en la prestación de servicios como auxiliar de
enfermería extramural en actividades de vacunación y promoción y prevención en
salud.
4.4. Se encontraba probada la prestación del servicio y la remuneración, pero no
el elemento de la subordinación, pues las pruebas testimoniales indicaban que la
demandante acudía al centro de salud para recoger y devolver material biológico
y desarrollaba sus actividades principalmente por fuera de las instalaciones, sin
demostrarse el cumplimiento de un horario específico ni la existencia de órdenes
permanentes impartidas por los empleados del municipio.
4.5. Los testimonios presentaban contradicciones sobre la forma en que se
efectuaba el control de horarios, por lo que no se acreditó el cumplimiento de una
jornada laboral bajo subordinación. Además, la enfermera jefe únicamente ejercía
labores de supervisión y coordinación del contrato, mas no funciones propias de
un superior jerárquico.
4.6. En relación con la ESE Pasto Salud, los contratos de prestación de servicios
celebrados entre el 16 de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2012 generaron
una vinculación relativamente permanente, aunque con algunas interrupciones.
4.7. Las pruebas acreditaban que la entidad no contaba con personal de planta
suficiente para atender las actividades contratadas, circunstancia que justificaba
la celebración de contratos de prestación de servicios en los términos del artículo
32 de la Ley 80 de 1993.
3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_52001333300620160015(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_52001333300620160015_20240521111918», archivo
«20Sentencia.pdf».
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4.8. Estaba demostrado que la demandante desarrolló actividades de apoyo en
promoción y prevención en salud y jornadas de vacunación mediante trabajo de
campo, conforme con las metas definidas en los contratos suscritos con la ESE
Pasto Salud. Asimismo, que acudió a las instalaciones de la entidad únicamente
para recoger insumos, vacunas y formatos necesarios para ejecutar las
actividades contratadas y que posteriormente retornaba para reportar y facturar
las labores realizadas.
4.9. Los testimonios permitían establecer que las labores de la demandante
requerían coordinación con la entidad contratante, mas no subordinación, y que
la programación de las actividades era elaborada directamente por los
contratistas.
4.10. Eneste sentido, tampoco se acreditó el elemento de la subordinación
respecto de la ESE Pasto Salud.
4.11. Respectode la vinculación con las empresas Servicios Multiactivos de
Colombia SAS y Dynamik SAS, estaba acreditado que la actora estuvo vinculada
mediante contratos laborales a término fijo entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
marzo de 2015.
4.12. Sin embargo, no se demostró que la subordinación proviniera de la ESE
Pasto Salud, pues los testimonios indicaban que la demandante debía rendir
cuentas a los coordinadores designados por las sociedades contratistas y no a
funcionarios de la ESE.
4.13. La actora no acreditó de manera suficiente el elemento de la subordinación
respecto de ninguno de los vínculos alegados y, por lo tanto, no logró demostrar
la existencia de una relación laboral encubierta bajo contratos de prestación de
servicios o esquemas de intermediación laboral.
1.3. El recurso de apelación4
5. Consuelo del Rosario Chaves Bolaños interpuso recurso de apelación, en el
cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
accediera a las súplicas de la demanda, con sustento en los argumentos que se
sintetizan a continuación:
5.1. La sentencia de primera instancia incurrió en defectos fácticos y sustantivos al
desconocer el principio de la realidad sobre las formas, pese a que estaba
acreditado que la demandante laboró de manera continua e interrumpida por más
de 11 años como auxiliar de enfermería al servicio del municipio de Pasto y de la
ESE Pasto Salud, en igualdad de condiciones que el personal de planta, esto es,
con el cumplimiento de horario, de órdenes y de funciones permanentes bajo
subordinación de médicos y enfermeras jefe.
4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_52001333300620160015(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_52001333300620160015_20240521111918», archivo
«21RecursoApelacionContraSentencia.pdf».
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5.2. Los contratos de prestación de servicios y las vinculaciones mediante terceros
e intermediarios laborales constituyeron una simulación para encubrir una
verdadera relación laboral permanente.
5.3. El juez de primera instancia omitió valorar íntegramente los testimonios y
demás pruebas que demostraban la prestación personal del servicio, la
subordinación y la remuneración, así como la continuidad de la relación laboral.
No se ordenó e insistió suficientemente en el recaudo de las bitácoras de control
de ingreso, salida y actividades del personal asistencial, pese a que estos
documentos eran relevantes para demostrar la subordinación y las condiciones
en la que se prestaban los servicios, lo que vulneró el debido proceso, el derecho
de defensa y el principio de contradicción.
5.4. Las funciones desempeñadas por la demandante correspondían actividades
permanentes y misionales de la entidad, incompatibles con la contratación por
prestación de servicios prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Cumplía
iguales funciones, horarios y directrices que el personal de planta, utilizaba los
elementos suministrados por la entidad y debía solicitar permisos y atender
llamados de atención de sus superiores.
5.5. La sentencia desconoció precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado
sobre el «contrato realidad» y la contratación estatal y regular.
5.6. Así entonces, se debía revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y ordenar el reconocimiento de la
relación laboral, junto con el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes,
sanciones e indemnizaciones reclamadas.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5
6. El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia del 21 de julio de 2023
«revoc(ó) parcialmente» la sentencia de primera instancia, pues dejó sin efectos la
condena en costas impuesta en esa decisión y se abstuvo de hacerlo en segunda
instancia.
7. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
7.1. La actora pretendía el reconocimiento de una relación laboral entre el 4 de
noviembre de 2003 y el 25 de julio de 2015 frente al municipio Pasto y la ESE
Pasto Salud, bajo el argumento de que el vínculo se mantuvo inalterable pese a
los cambios de entidad. No obstante, el municipio y la ESE son entidades
jurídicamente distintas, pues esta última es una empresa social del estado
descentralizada, con autonomía administrativa y patrimonio propio, razón por la
5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_52001333300620160015(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_52001333300620160015_20240521111918», archivo «38 SENTENCIA
DE SEGUNDA INSTANCIA 10503 AUX ENFERM EXTRA MURAL OPERADORES SERVICIOS
DIFERENTES EMPLEADORES OKS.pdf».
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cual no podía afirmarse la existencia de un vínculo laboral continuo entre ambas
y, en consecuencia, el análisis debía efectuarse separadamente de cada una.
7.2. En relación con el vínculo entre la demandante y el municipio de Pasto, del
análisis de las pruebas documentales como testimoniales, estaba acreditado la
prestación del servicio y la remuneración; sin embargo, no se probó el elemento
de la subordinación, pues, aunque existía el cumplimiento de horarios,
programación de actividades y metas de vacunación, ello obedeció a necesidades
propias de la coordinación del servicio y no al ejercicio de un poder subordinante.
Además, no se acreditó que existieran funcionarios de planta que desarrollaran
funciones equivalentes a las que ella desarrolló.
7.3. En relación con la ESE Pasto Salud, igualmente se demostraron la prestación
personal del servicio y la remuneración, pero no la subordinación necesaria para
la configuración de una relación laboral. Aunque las actividades desarrolladas por
la actora hacían parte de la actividad misional de la entidad, las pruebas solo
evidenciaban labores de coordinación para el cumplimiento de las metas y la
ejecución de las actividades de vacunación, sin que se acreditaran órdenes
permanentes, controles disciplinarios o imposición estricta de un horario propios
de una relación laboral subordinada.
7.4. En cuanto a los periodos laborados con las empresas Servicios Multiactivos
de Colombia SAS y Dynamik SAS, existieron contratos laborales directos con
estas y no contratos de prestación de servicios con la ESE Pasto Salud. Estas
sociedades actuaron como operadores externos y no como simples
intermediarios laborales, por lo que no podía afirmarse la existencia de una
relación laboral encubierta entre la demandante y la ESE.
7.5. En este sentido, no se acreditaron los elementos para que se configurara una
relación laboral entre la actora y alguna de las 2 entidades, razón por la cual debía
confirmarse la decisión apelada en este aspecto.
7.6. No obstante, procedía la revocatoria de la condena en costas impuesta a la
demandante, pues a ella se le había concedido amparo de pobreza, circunstancia
que impedía su imposición en cualquiera de las instancias.
1.5. Recurso extraordinario de revisión6
8. Consuelo del Rosario Cháves Bolaños interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia del 21 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño. Lo anterior con fundamento en las causales
establecidas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, esto es, «[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación» y «(s)er la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá
lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_52001333300620160015(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_52001333300620160015_20240521111918», archivo «42 Recurso
extraordinario de revisión segunda parte.pdf».
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rechazada», respectivamente.
9. La recurrente solicitó declarar la nulidad de las sentencias proferidas dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como de los actos
administrativos demandados. Como consecuencia de lo anterior, pidió declarar la
existencia de una relación laboral entre ella, el municipio de Pasto y la ESE Pasto
Salud; ordenar el reintegro laboral sin solución de continuidad y con reubicación
laboral; reconocer y pagar salarios, prestaciones sociales, cesantías, intereses,
sanciones moratorias, aportes al sistema de seguridad social, indemnizaciones y
demás acreencias laborales reclamadas; así como adoptar las demás medidas
de restablecimiento y protección de sus derechos.
10. En síntesis, las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
10.1. Las decisiones de primera y segunda instancia incurrieron en defectos
procesales y sustanciales constitutivos de nulidad originada en la sentencia, al
haber omitido la valoración integral del material probatorio y apartarse
injustificadamente de los precedentes jurisprudenciales aplicables en materia de
«contrato realidad», primacía de la realidad sobre las formas y la prohibición de
utilizar los contratos de prestación de servicios para atender funciones
permanentes de la administración.
10.2. Los testimonios practicados demostraban que la demandante cumplía
horarios, ejecutaba funciones idénticas a las del personal de planta, utilizaba
elementos suministrados por las entidades y estaba sometida a subordinación
permanente, circunstancias que desvirtuaban la naturaleza de los contratos de
prestación de servicios durante más de 11 años.
10.3. Durante el trámite del proceso solicitó de forma reiterada el recaudo de las
bitácoras de registro de actividades, entradas y salidas del personal de
enfermería, las cuales permitían acreditar aún más la subordinación y continuidad
laboral. La omisión en el decreto y recaudo de dichas pruebas vulneró el debido
proceso, el derecho de defensa, la igualdad de oportunidades y la contradicción
probatoria.
10.4. La prolongada vinculación contractual a través de órdenes de prestación de
servicios, cooperativas y otras formas de intermediación laboral constituyó una
simulación destinada a ocultar una verdadera relación laboral, en contravía de la
Ley 80 de 1993 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional sobre la prohibición de utilizar contratos de prestación de servicios
para atender funciones permanentes de la administración.
10.5. Las providencias cuestionadas desconocieron el principio de igualdad y el
valor vinculante del precedente judicial, pues existían decisiones anteriores en
casos similares sobre «contrato realidad» y vinculación de auxiliares de enfermería
por medio de contratos de prestación de servicios que reconocían derechos
laborales en supuestos fácticos semejantes, de las cuales se apartaron
injustificadamente las autoridades judiciales. En particular:
(i) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 28 de
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Demandante: Consuelo del Rosario Chaves Bolaños
septiembre de 2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00316-01 (4444-2014).
(ii) Sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca del 16 de noviembre de 2017,
radicado 19001-33-31-006-2011-00247-01.
(iii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 1 de
marzo de 2018, radicado 23001-23-33-000-2013-00117-01 (3730-2014).
(iv) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 26 de
julio de 2018, radicado 68001-23-31-000-2010-00799-01 (2778-2013).
10.6. La renuncia presentada por la demandante estuvo viciada por las condiciones
de salud, la falta de pago oportuno y la afectación de su mínimo vital, razón por la
cual era procedente declarar su ineficacia, reconocer la estabilidad laboral
reforzada y ordenar el reintegro laboral junto con el pago de todas las acreencias
laborales y prestacionales reclamadas.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión
11. El municipio de Pasto y la ESE Pasto Salud no se pronunciaron en la instancia
procesal7.
1.7. Intervención del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado8, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
14. En este caso, la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, fue notificada el 15 de noviembre de 2023 y quedó
7 Así se estableció en el auto de pruebas proferido el 30 de abril de 2025. Samai, índice 17,
actuación «Auto que decreta pruebas», documento
«25Autoquedecret_29732024RERseabreapr(.pdf) NroActua 17», archivo
«25_Autoquedecret_29732024RERseabreapr_0_20250618121717484».
8 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
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ejecutoriada el 22 de igual mes y año9. Por su parte, el recurso extraordinario de
revisión fue radicado el 19 de abril de 202410.
15. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo
prevé el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
16. En el asunto objeto de estudio, Consuelo del Rosario Cháves Bolaños, el
municipio de Pasto y la ESE Pasto Salud están legitimadas para actuar como
demandante (la primera) y como demandadas (las últimas), comoquiera que
actuaron con igual calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda
instancia se pretende controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada11. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada12 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:
18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
9 Así se estableció en el auto de inadmisión de la demanda proferido del 29 de junio de 2024.
Samai, índice 4, actuación «Auto que inadmite recurso extraordinario de revisión», documento
«6Autoqueinadmi_29732024InadmiteRERR(.pdf) NroActua 4», archivo
«6_Autoqueinadmi_29732024InadmiteRERR_0_20240828172116461».
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«4ED_52001333300620160015(.zip) NroActua 2», carpeta
«4_EXPEDIENTEDIGI_52001333300620160015_20240521111918», archivo «42 Recurso
extraordinario de revisión segunda parte.pdf».
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
20. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿si se configuraron las causales previstas en los numerales 5 y 8 del
artículo 250 del CPACA en la sentencia del 21 de julio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración del
debido proceso, la falta de valoración integral del material probatorio y el
desconocimiento del precedente judicial sobre relaciones laborales
encubiertas y garantías de estabilidad laboral reforzada; así como por ser
presuntamente contraria a decisiones anteriores que constituían cosa
juzgada en asuntos similares?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
21. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…)»
es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los
que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso13 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades14 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas15. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«(…) 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción
o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
13 En adelante CGP.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley (…)»16.
22. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso17.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso18.
• Se profiere sin motivación19.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente20.
• Se desconoce el principio de congruencia21.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»22.
23. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP23. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
16Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
17 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
21 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
22 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
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que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del
proceso, circunstancia que le corresponde probar24.
24. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. La causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA
25. El numeral 8 del artículo 250 del CPACA previó como causal de revisión de las
sentencias ejecutoriadas «[s]er la sentencia contraria a otra anterior que constituya
cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada […]». Con esta causal se busca el respeto por el principio de la
seguridad jurídica, toda vez que se garantiza la existencia de un solo
pronunciamiento cuando se debaten iguales pretensiones entre idénticas
personas y por similar causa en otro proceso. De esta manera, se evita que,
respecto de un mismo asunto litigioso ya definido por una sentencia ejecutoriada,
se adelante un nuevo debate y se profiera otra sentencia que puede ser contraria
a la anterior.
26. Para la estructuración de esta causal de revisión se deben tener en cuenta la
concurrencia de los elementos que configuran la cosa juzgada previstos en el
artículo 303 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. Tal
norma señala que «[l]a sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes […]». En consecuencia, la sentencia recurrida debe contener identidad
en los 3 elementos antedichos con la sentencia ejecutoriada.
27. De este modo, para que se configure la causal de revisión examinada es
necesario (i) que existan 2 sentencias contradictorias, la ejecutoriada y la
recurrida; (ii) que la sentencia anterior se haya dictado en un proceso en el que
hubo identidad de objeto, de partes y de causa petendi respecto de la segunda
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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sentencia y que de aquella se predique la cosa juzgada; y (iii) que la cosa juzgada
no se haya alegado como medio exceptivo en el segundo proceso25.
2.8. La configuración de las causales 5 y 8 de revisión en el caso concreto
28. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
28.1. Consuelo del Rosario Chaves Bolaños interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por el Juzgado 6 Administrativo de
Pasto, mediante la cual se declaró probada la excepción «de cobro de lo no debido
por inexistencia del derecho reclamado», propuesta por las entidades demandadas
y, en consecuencia, se denegaron las pretensiones de la demanda presentada en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
municipio de Pasto y la ESE Pasto Salud, con condena en costas a la parte actora.
28.2. En su escrito manifestó que la decisión de primera instancia desconoció las
pruebas que, a su juicio, acreditaban la existencia de una verdadera relación
laboral, pues durante más de 11 años desempeñó funciones permanentes y bajo
subordinación como auxiliar de enfermería al servicio de las entidades
demandadas.
28.3. El juzgado omitió valorar integralmente los testimonios y demás medios de
prueba, y no agotó las gestiones necesarias para recaudar las bitácoras de
ingreso, salida y actividades del personal asistencial, con lo cual se vulneró el
debido proceso y el derecho de defensa.
28.4. La sentencia apelada desconoció precedentes jurisprudenciales relacionados
con la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios y el
reconocimiento de relaciones laborales en casos de vinculación prolongada para
el ejercicio de funciones permanentes de la administración.
28.5. El Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia del 21 de julio de 2023,
resolvió el caso concreto con los argumentos resumidos en el acápite 1.4. de esta
providencia. En suma, concluyó que no se acreditó la existencia de una relación
laboral entre la demandante y el municipio de Pasto o la ESE Pasto Salud, porque
no se probó el elemento de la subordinación necesario para su configuración,
razón por la cual confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. No
obstante, revocó la condena en costas impuesta en primera instancia, en atención
al amparo de pobreza reconocido a la actora.
28.6. El municipio de Pasto y la ESE Pasto Salud eran entidades jurídicamente
distintas, por lo que no podía afirmarse la existencia de un vínculo laboral continuo
entre ambas. Aunque se acreditaron la prestación personal del servicio y la
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2024, radicado
11001-03-26-000-2021-00101-00 (66.980). Sobre el desarrollo de esta causal se puede consultar
también: Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2014-01044-00 (3189-2014).
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remuneración, las pruebas únicamente evidenciaban actividades de coordinación
y cumplimiento de metas propias del servicio, sin que se demostrara
subordinación laboral. Las sociedades de Servicios Multiactivos de Colombia SAS
y Dynamik SAS actuaron como operadores externos y no como simples
intermediarios laborales.
28.7. Para sustentar la decisión el ad quem tuvo en cuenta y valoró las pruebas
documentales obrantes en el expediente, entre otras, peticiones y reclamaciones
administrativas presentadas por la demandante; los oficios por medio de los
cuales el municipio de Pasto y la ESE Pasto Salud negaron la existencia de una
relación laboral; los contratos de prestación de servicios suscritos por esas
entidades; el Acuerdo 004 de 2006 relacionado con la creación de la ESE;
certificaciones sobre insuficiencia de personal y actividades desarrolladas por la
actora; contratos laborales, certificaciones, desprendibles de nómina y
liquidaciones expedidas por Servicios Multiactivos de Colombia SAS y Dynamik
SAS; así como el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones y demás
documentos relacionados con la vinculación de la demandante y el pago de las
acreencias laborales y prestacionales.
28.8. Asimismo, se valoraron los testimonios rendidos por Miriam Esperanza
Guerrero Guerrero, Rosa Sixta Botina Botina, María Fernanda Espitia Corrales,
Natalia Raquel Enríquez Gómez, Hernán Javier Guerrero Burbano, Claudia
Mercedes Lucero Buchely y David Cruz Riascos, así como el interrogatorio de
parte practicado a la demandante.
2.9. Análisis de la Sala
29. En el presente asunto, Consuelo del Rosario Chaves Bolaños invocó las
causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, al
considerar que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el
21 de julio de 2023 incurrió en nulidad originada en la providencia por presuntas
irregularidades relacionadas con la valoración probatoria, la vulneración del
debido proceso y el desconocimiento del precedente judicial aplicable en materia
de relación laboral encubierta, así como por estimar que dicha decisión resultaba
contraria a providencias anteriores que, en su criterio, resolvieron supuestos
fácticos y jurídicos similares.
30. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario puso
fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió en
segunda instancia el juicio promovido por el recurrente. Este presupuesto habilita
el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.
31. En relación con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
como se expuso en el marco normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha precisado que la nulidad originada en la sentencia corresponde a vicios de
carácter estrictamente procesal que afectan su validez, ya sea por la
configuración de alguna de las causales taxativas de nulidad previstas en el
ordenamiento o por la vulneración del debido proceso.
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32. En este último evento, la jurisprudencia ha señalado que no cualquier
inconformidad con la decisión configura la causal, pues esta no habilita un nuevo
examen de la motivación, la valoración probatoria o la interpretación jurídica
efectuada por el juez, sino que exige la acreditación de un defecto estructural,
como ocurre, entre otros casos, cuando la sentencia carece de motivación o se
desconoce el principio de congruencia. En esa medida, la invocación de la
vulneración del debido proceso, por sí sola, no es suficiente para estructurar la
causal de revisión, sino que debe acreditarse su configuración en los supuestos
reconocidos por la jurisprudencia, esto es, aquellos vicios procesales de entidad
que comprometen de manera directa la validez de la sentencia y no simples
discrepancias con su contenido.
33. Ahora, como se señaló en el marco normativo, la causal prevista en el numeral
8 del artículo 250 del CPACA se configura cuando la sentencia objeto de revisión
resulta contraria a otra providencia ejecutoriada que hace tránsito a cosa juzgada
entre idénticas partes, respecto de igual objeto y con fundamento en la misma
causa petendi, sin que en el segundo proceso se hubiera propuesto y rechazado
la excepción de cosa juzgada. Así las cosas, no basta con la existencia de
decisiones diferentes frente a situaciones semejantes, sino que es necesario
acreditar la identidad jurídica de partes, objeto y causa entre ambos procesos, así
como la contradicción entre las providencias confrontadas.
34. En relación con los cargos formulados por la recurrente frente a la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la Sala advierte que estos
se concretan en cuestionar la valoración probatoria efectuada por el tribunal, la
supuesta omisión en el recaudo de algunas pruebas documentales, el
desconocimiento del precedente judicial en materia de relación laboral encubierta
y la presunta vulneración del debido proceso derivada de estas circunstancias.
35. En particular, la recurrente sostuvo que las pruebas testimoniales y
documentales demostraban la existencia de subordinación, continuidad en la
prestación del servicio y el desarrollo de funciones permanentes en condiciones
equivalentes a las del personal de planta. Además, el tribunal omitió valorar
íntegramente el material probatorio y no insistió suficientemente en el recaudo de
las bitácoras de ingreso, salida y actividades del personal asistencial, las cuales,
en su criterio, permitían acreditar con mayor claridad la existencia de una relación
laboral entre las partes.
36. Sin embargo, del examen de la sentencia objeto de revisión se advierte que el
tribunal efectuó un análisis expreso de los elementos estructurales de la relación
alegada, particularmente respecto de la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación, tanto frente al municipio de Pasto como
respecto de la ESE Pasto Salud.
37. En efecto, la providencia desarrolló un estudio diferenciado de los vínculos que
la demandante sostuvo con cada entidad y concluyó que, aunque estaban
demostradas la prestación personal del servicio y la remuneración, no se probó el
elemento de subordinación necesario para declarar la existencia de una relación
laboral.
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38. Así, en relación con el municipio de Pasto, el ad quem precisó que las
actividades desarrolladas por la demandante obedecían a labores de vacunación
y cumplimiento de metas institucionales, sin que ello evidenciara el ejercicio de
un poder subordinante. Asimismo, que no se acreditó que existieran funcionarios
de planta que desempeñaran funciones equivalentes a las desarrolladas por
aquella.
39. De igual manera, respecto de la ESE Pasto Salud, estableció que las pruebas
allegadas solo demostraban actividades de coordinación y seguimiento propias
de la prestación del servicio de salud, pero no la existencia de órdenes
permanentes, controles disciplinarios o imposición de un horario en los términos
exigidos para configurar una relación laboral subordinada.
40. La sentencia recurrida también abordó la situación correspondiente a los
periodos en los cuales la demandante estuvo vinculada con las sociedades de
Servicios Multiactivos de Colombia SAS y Dynamik SAS, respecto de las cuales
estableció que existieron contratos laborales directos con estas empresas y no
contratos de prestación de servicios con la ESE Pasto Salud, razón por la cual no
era posible afirmar la existencia de intermediación laboral irregular o de una
relación laboral encubierta con la entidad demandada.
41. Para arribar a esas conclusiones, el tribunal valoró las distintas pruebas
documentales y testimoniales que reposaban en el expediente, entre ellas, los
contratos de prestación de servicios suscritos con el municipio de Pasto y la ESE
Pasto Salud, los contratos laborales celebrados con las sociedades Servicios
Multiactivos de Colombia SAS y Dynamik SAS, certificaciones laborales,
desprendibles de pago, así como los 7 testimonios practicados dentro del
proceso.
42. Asimismo, la Sala advierte que la providencia recurrida no se limitó a efectuar
una valoración probatoria de los vínculos contractuales examinados, sino que
además desarrolló el marco normativo y jurisprudencial aplicable a las
controversias relacionadas con la configuración de relaciones laborales
encubiertas en el ámbito de la contratación estatal.
43. En particular, el tribunal hizo referencia a la sentencia de unificación del
Consejo de Estado CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 201626, relativa a los
elementos estructurales de la relación laboral y a la aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas, así como a la sentencia de unificación
CESUJ2-025-21 del 9 de septiembre de 202127, en la que se precisaron criterios
relacionados con la continuidad contractual, la prescripción y los efectos
derivados de la declaratoria de una relación laboral encubierta.
44. Igualmente, la providencia objeto de revisión desarrolló consideraciones sobre
los criterios funcional, temporal, de igualdad y excepcionalidad empleados por la
26 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-
23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
27 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CESUJ2-025-21.
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jurisprudencia constitucional28 y contencioso-administrativa29 para diferenciar los
contratos de prestación de servicios de las relaciones laborales subordinadas,
particularmente en aquellos eventos relacionados con actividades permanentes o
misionales de las entidades públicas.
45. En ese contexto, se evidencia que el tribunal efectuó un estudio jurídico y
jurisprudencial del asunto sometido a su consideración, por lo que los reparos
formulados por la recurrente se orientan, en realidad, a controvertir las
conclusiones probatorias y jurídicas adoptadas en la sentencia, mas no a
demostrar la existencia de un vicio procesal estructural que comprometa su
validez.
46. Ahora bien, los cuestionamientos de la recurrente relacionados con la forma
en que el tribunal apreció las pruebas, el alcance otorgado a los testimonios o la
suficiencia del material probatorio recaudado constituyen discrepancias frente al
criterio jurídico y probatorio adoptado por el juez natural del proceso, mas no
evidencian la configuración de una nulidad originada en la sentencia en los
términos exigidos por el numeral 5 del artículo 250 del CPACA. En efecto, la
causal invocada no habilita el juez de revisión para sustituir la valoración
probatoria efectuada por el fallador natural ni para determinar cuál interpretación
del acervo probatorio resultaba más acertada en el caso concreto.
47. Igualocurre con el argumento de la recurrente respecto del presunto
desconocimiento del precedente judicial en materia de relación laboral encubierta,
invocado como sustento de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. En efecto, esta causal no habilita un nuevo examen sobre la corrección
de la interpretación jurídica efectuada por el juez ni sobre la aplicación de
determinados precedentes jurisprudenciales, pues ello supondría reabrir el
debate propio de las instancias ordinarias. Por consiguiente, aun cuando la
recurrente discrepe de las conclusiones alcanzadas por el tribunal en torno a la
configuración de la subordinación y en relación con la valoración de determinados
medios de prueba, ello no permite estructurar un vicio procesal capaz de
comprometer la validez de la sentencia recurrida.
48. Asimismo, no se advierte una ausencia de motivación, una contradicción
sustancial en la providencia ni un desconocimiento del principio de congruencia
que permitan concluir la existencia de un vicio procesal con entidad suficiente para
afectar la validez de la sentencia recurrida.
49. Así las cosas, no se acredita la existencia de un defecto estructural en la
sentencia que comprometa su validez ni una afectación al debido proceso en los
términos exigidos por la causal invocada y los supuestos reconocidos por la
jurisprudencia. Por el contrario, se evidencia que la providencia contiene un
pronunciamiento de fondo sustentado en el análisis de las pruebas y de los
criterios jurídicos que el tribunal consideró aplicables al caso.
28 Sentencia C-614 de 2009.
29«Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2152-06. Consejero
Ponente: Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente 4798-02. Consejero Ponente Jaime Moreno
García, expediente 2776-05. Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, expediente
3530-2001» (sic).
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50. Admitir que mediante el recurso extraordinario de revisión puede reabrirse el
debate sobre la suficiencia de las pruebas, el alcance de los testimonios o la
interpretación del precedente judicial implicaría desnaturalizar su carácter
excepcional y convertirlo en una instancia adicional para controvertir el criterio
jurídico del fallador, finalidad ajena a los estrictos supuestos previstos en el
artículo 250 del CPACA.
51. En relación con las decisiones judiciales citadas por la recurrente como
fundamento de la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, la
Sala procede a contrastarlas con la decisión objeto de revisión, con la finalidad de
establecer si concurren los presupuestos para la configuración de la cosa juzgada:
Elemento de Sentencia objeto Providencias invocadas Verificación
comparación de revisión por la recurrente
52001233300020130031601
(4444-2014): Aida Isabel
Calvache contra ESE Pasto
Salud
2300123330002130011701
(3730-2014): Zuly Fátima
Núñez Pacheco contra
Consuelo del Indeportes Córdoba No existe identidad de
Partes Rosario Chaves 68001-23-31-000-2010- partes
Bolaños contra 00799-01 (2278-2013) Pablo
municipio de Pasto y Emilio Torres Garrido contra
ESE Pasto Salud ESE Centro Salud Santa
Bárbara y municipio de Santa
Bárbara (Santader)
19001333100620110024701:
Sofía Chamorro Hernández
contra ESE Antonio Nariño
Aunque las
controversias guardan
similitud al involucrar la
Declarar la nulidad En los procesos se posible existencia de
de los actos discutieron pretensiones relaciones laborales
administrativos que relacionadas con el encubiertas, el objeto
negaron el reconocimiento de relaciones del litigio no es
Objeto reconocimiento de laborales y acreencias idéntico, pues cada
una relación laboral derivadas de contratos de proceso recayó sobre
y junto con el pago prestación de servicios actos administrativos,
de acreencias vínculos contractuales,
derivadas de esta periodos de prestación
del servicio y
situaciones
particulares diferentes,
examinadas a partir de
su propio contexto
fáctico y probatorio
La demandante No existe identidad de
sostuvo que prestó causa petendi, porque
sus servicios las decisiones
personales bajo invocadas se
Causa subordinación Cada providencia invocada sustentaron en
petendi continúa durante se fundamentó en hechos, vínculos
distintos periodos circunstancias fácticas y contractuales,
para el municipio de probatorias particulares condiciones de
Pasto y la de ESE relativas a los vínculos prestación del servicio
Pasto Salud, por contractuales analizados en y acervos probatorios
medio de contratos esos procesos propios de cada
de prestación de proceso cuya
servicios y otras valoración dependió
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formas de de las particularidades
vinculación de cada caso concreto
La divergencia en las
conclusiones judiciales
obedece a las
particularidades
El Tribunal fácticas y probatorias
Administrativo de analizadas en cada
Nariño concluyó que Las providencias citadas por proceso y no a la
no se acreditó el la recurrente llegaron a coexistencia de
Decisión elemento de conclusiones distintas en decisiones
judicial subordinación torno a la existencia de contradictorias con
necesario para relaciones laborales autoridad de cosa
declarar la encubiertas juzgada entre las
existencia de una partes intervinientes
relación laboral en este asunto,
supuesto exigido para
la configuración de la
causal prevista en el
numeral 8 del artículo
250 del CPACA
52. Del anterior contraste se advierte que las providencias invocadas por la
recurrente corresponden a procesos promovidos por personas distintas, frente a
entidades diferentes y con fundamento en situaciones fácticas particulares
relacionadas con sus propios vínculos contractuales, razón por la cual no existe
identidad jurídica de partes.
53. Tampoco se acredita identidad de objeto ni de causa petendi, pues cada uno
de los procesos citados tuvo origen en circunstancias particulares relativas a las
condiciones de prestación del servicio, la prueba de la subordinación y los
vínculos contractuales analizados en cada caso concreto.
54. En ese sentido, las decisiones judiciales referidas por la recurrente constituyen
antecedentes jurisprudenciales o criterios de interpretación sobre asuntos
relacionados con la configuración de relaciones laborales encubiertas, mas no
decisiones que hagan tránsito a cosa juzgada entre las partes que intervinieron
en este proceso.
55. Así las cosas, la inconformidad planteada por la recurrente no evidencia la
existencia de sentencias contradictorias proferidas entre idénticas partes,
respecto de igual objeto y con fundamento en la misma causa petendi, sino una
discrepancia frente a las conclusiones jurídicas y probatorias adoptadas por el
tribunal en el proceso ordinario.
56. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado30, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un
instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a
situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías
esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
30 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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57. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
58. La Sala concluye que no se configuraron las causales previstas en los
numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la existencia de
una nulidad originada en la sentencia proferida el 21 de julio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Nariño ni la concurrencia de los presupuestos
necesarios para configurar la existencia de cosa juzgada en los términos exigidos
por la causal prevista en el numeral 8 ibidem.
59. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión será declarado
infundado.
2.10. Costas
60. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
3. Conclusión
61. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 21 de
julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, no se configuraron
las causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, puesto
que no se acreditó la existencia de una nulidad originada en la sentencia ni la
concurrencia de los presupuestos necesarios para configurar la cosa juzgada
frente a las providencias invocadas por el recurrente. Por el contrario, se advierte
que los cuestionamientos formulados se orientan a controvertir la valoración
probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas por el tribunal, aspectos ajenos
al ámbito excepcional y restrictivo del recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Consuelo del Rosario Chaves Bolaños en contra de la sentencia proferida el 21
de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado: 52001-33-33-001-2016-00154-00
(01)
Segundo: No condenar en costas.
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Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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