República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00024-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-20241)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba Evelia Martínez de
Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: recurso extraordinario de revisión. Causales de los numerales 5 y 8 del
artículo 250 del CPACA. Subtema 1: nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso. Subtema 2: sentencia contraria a una anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes. Reiteración de jurisprudencia.
Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por las señoras
Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba Evelia Martínez de Contreras y Leydi
Yanitza Contreras Martínez contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2023, por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que revocó la decisión de primera
instancia dictada el 17 de abril de 2018 por el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Cúcuta.
1. Antecedentes
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas a este trámite, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso
(CGP), y el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicación 54001-33-33-008-2012-00014-02, la Sala
sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes del citado trámite:
1 Expediente digital.
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
1.1.1. La demanda
2. El señor Jaime Contreras Valero, el 9 de julio de 20122, pidió que se declare
la nulidad de la Resolución núm. 010113 del 22 de septiembre de 2011 que le
reconoció el pago de una suma de dinero por concepto de salarios, prestaciones
sociales y emolumentos dejados de percibir como consecuencia de la sentencia
proferida el 18 de diciembre de 2009 por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Cúcuta en el marco del proceso radicado al núm. 2005-00913, que
confirmó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander3 el 18 de noviembre de
2010.
3. Igualmente reclamó que se anule la Resolución núm. 012266 del 24 de
noviembre de 2011 por medio de la cual se adicionó la Resolución núm. 010113 del
22 de septiembre de 2011. En consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho, pidió que se le paguen los valores de conformidad con la sentencia del 18
de diciembre de 2009 en el proceso tramitado al número de radicado 2005-00913 y
que se le ordene a la DIAN pagar los siguientes rubros indemnizatorios:
• Perjuicios materiales: el dinero dejado de pagar por aportes en salud por el
período comprendido del 4 de abril de 2005 al 30 de abril de 2011; por aportes en
pensión, por parafiscales y por retención en la fuente.
• Perjuicios inmateriales: daño a la vida en relación, por la expedición irregular
de la Resolución núm. 012266 del 24 de noviembre de 2011 y de la Resolución núm.
010113 del 22 de septiembre de 2011. Igualmente pidió el pago de los intereses
moratorios, que se cumpla la sentencia y que se actualicen las condenas4.
1.1.2. Contestación de la demanda
4. La DIAN se opuso a todas las pretensiones de la demanda al considerar que
los descuentos que efectuó son únicamente en beneficio del actor, de suerte que
los aportes a los sistemas de seguridad social en pensiones y en salud y los
descuentos parafiscales son los ordenados por la ley. Igualmente, destacó que la
oposición del demandante frente a la Resolución núm. 012266 del 24 de noviembre
de 2011 carecía de fundamento, porque allí se le ordenó pagar un dinero sin que
ello afectara su patrimonio.
5. Por estos motivos, consideró que no se violaron los artículos 2, 29, 123 y
125 de la Constitución Política, porque la DIAN cumplió con lo ordenado en la
sentencia judicial y ese fue el fundamento de los actos administrativos
2 Samai, índice 21, 29RECIBEMEMORIAL_54001333300420120001(.zip) NroActua 21, cuadernoprincipal,
006ExpedienteDigitalizado, página 31 del archivo digital.
3 En Sala integrada por los magistrados Édgar Enrique Bernal Jáuregui, María Josefina Ibarra Rodríguez y
Jaime Alberto Galeano Garzón.
4 Samai, índice 21, 29RECIBEMEMORIAL_54001333300420120001(.zip) NroActua 21, cuadernoprincipal,
006ExpedienteDigitalizado, páginas 3 a 31 del archivo digital.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
demandados. Bajo este entendido, al actor no se le desconoció el derecho a percibir
una suma dejada de devengar durante el tiempo en que se retiró del servicio, por
oposición, la liquidación realizada se respaldó en la normativa vigente sobre los
aportes5. Pidió que se absuelva a la entidad y que se condene en costas al
demandante.
1.1.3. Sentencia de primera instancia
6. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, mediante
sentencia del 17 de abril de 2018, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la resolución núm. 010113 del
22 de septiembre de 2011, por medio del cual se reconoce el pago de la suma de
dinero por concepto de salario, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir a favor del señor JAIME CONTRERAS VALERO.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES- DIAN a pagar al accionante las sumas indebidamente descontadas
con destino al CONSORCIO FOPEP, debidamente indexadas conforme a lo
dispuesto en el artículo 192 del CPACA, según la fórmula señalada en la parte
motiva.
7. En sustento, puso de presente que la DIAN emitió las resoluciones núms.
010113 del 22 de septiembre de 2011 y 012266 del 24 de noviembre de 2011 en
cumplimiento de las sentencias proferidas el 18 de diciembre de 2009 y el 18 de
noviembre de 2010 por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 2005-00913, mediante las cuales se
declaró la nulidad del acto de destitución de Jaime Contreras Valero y se ordenó el
pago de salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el día en que se
desvinculó y hasta cuando se materializó el reintegro.
8. Afirmó que al actor no se le debieron descontar sumas percibidas por el
desempeño como servidor público toda vez que la tesis vigente sostiene que el
pago ordenado en el acto de retiro tiene un carácter indemnizatorio, lo que implica
que el restablecimiento del derecho se traduce en una compensación de perjuicios.
Así las cosas, una vez cobró ejecutoria la sentencia de condena, la DIAN debía
observar lo dispuesto en los artículos 174 y 176 del Código Contencioso-
Administrativo (CCA), con el fin de cumplir el fallo de conformidad con las
condiciones y los términos adoptados por el Juzgado Quinto Administrativo de
Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
9. Bajo este entendido, el Juzgado dispuso que no procedía reducir suma
alguna, más aún porque en la sentencia dictada en el proceso radicado al núm.
5 Samai, índice 21, 29RECIBEMEMORIAL_54001333300420120001(.zip) NroActua 21, cuadernoprincipal,
006ExpedienteDigitalizado, páginas 315 a 333 del archivo digital.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
2005-00913 se dispuso de manera expresa que no se ordenarían los descuentos
de las sumas percibidas por el actor derivadas de la relación legal y reglamentaria
que hubiera tenido con el Estado6.
1.1.4. Recurso de apelación de la entidad demandada
10. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la entidad reprochó que
se hubiera considerado que incumplió lo ordenado en la sentencia judicial, ya que
en la Resolución núm. 10113 del 22 de septiembre de 2011, aunque se liquidaron
los salarios y demás emolumentos dejados de percibir, se le informó al demandante
que la liquidación de los aportes se realizaría en un acto separado, una vez la
Coordinación de Sentencias y Devoluciones de la entidad efectuara la reliquidación
de esos valores.
11. Igualmente destacó que, pese a que los aportes a seguridad social hacen
parte de la liquidación integral, estos emolumentos no entran al patrimonio del
empleado, ya que las cotizaciones contribuyen en un porcentaje indicado y se
calculan con base en el salario del trabajador, el cual es asumido y pagado de forma
directa por el empleador. En este orden, consideró que no era procedente la
solicitud de reintegro de los aportes legales a cargo de la DIAN.
12. Asimismo, la entidad demandada expidió dos actos administrativos
diferentes con el fin de cumplir la sentencia. En ese sentido, la primera resolución
reconoció, ordenó y liquidó el pago que se ordenó a favor del trabajador; mientras
que, la segunda, indicó que la anterior contenía lo relativo a los aportes, valor que
no se le descontaba al trabajador sino que era asumido por la DIAN. Por ende,
determinó que no procedía la solicitud de reintegro de los aportes legales a cargo
de esta última entidad.
13. Por consiguiente, adujo que las decisiones cuestionadas se dictaron
conforme a derecho y en cumplimiento de las sentencias judiciales que sirvieron de
base; por tanto, que no se le desconoció al actor el derecho a percibir las sumas
que dejó de devengar por el tiempo en el cual fue retirado del servicio 7.
1.1.5. Sentencia de segunda instancia
14. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander8, mediante sentencia del
13 de abril de 2023, revocó la providencia del 17 de abril de 2018 y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.
6 Samai, índice 21, 29RECIBEMEMORIAL_54001333300420120001(.zip) NroActua 21, cuaderno principal,
006ExpedienteDigitalizado, páginas 867 a 885 del archivo digital.
7 Samai, índice 21, 29RECIBEMEMORIAL_54001333300420120001(.zip) NroActua 21, cuaderno principal,
006ExpedienteDigitalizado, páginas 903 a 913 del archivo digital.
8 En Sala integrada por los magistrados Carlos Marío Peña Díaz, Robiel Amed Vargas González y Hernando
Ayala Peñaranda.
4
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
15. Fundamentó su decisión en que el señor Jaime Contreras Valero pretendió
que se anularan las resoluciones núms. 010113 de septiembre de 2011 y 012266
del 24 de noviembre de 2011 las cuales materializaron el cumplimiento de una
decisión judicial dictada el 18 de diciembre de 2009, por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cúcuta, que reconoció unas sumas de dinero por
concepto de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de recibir. Sin
embargo, a juicio de la entidad, actuó de conformidad con los lineamientos
ordenados en la sentencia del 24 de noviembre de 2011 por lo que los actos están
ajustados a la Constitución Política y a la ley.
16. En este orden de ideas, para el Tribunal la controversia se contrajo a
determinar si la entidad demandada debió deducir oficiosamente de los valores
ordinarios en la sentencia del 18 de diciembre de 2009 el porcentaje de cotizaciones
que le correspondía realizar al servidor público como aportes a seguridad social.
Por lo anterior, consideró que la normativa les permite a los trabajadores deducir
de oficio el porcentaje correspondiente de las cotizaciones al sistema de seguridad
social y la orden emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, relativa a
no efectuar descuentos sobre la condena, tenía por finalidad inaplicar lo dispuesto
en el artículo 128 de la Constitución Política, es decir que no se descontaran
emolumentos generados por la actividad en otra entidad pública.
17. En otras palabras, en la sentencia de base se reconoció la naturaleza
indemnizatoria de la condena y no se le equiparó a una doble asignación. En esa
medida era válido efectuar descuento a favor del trabajador y la entidad demandada
demostró que cumplió la orden judicial, por lo que resultan válidas las deducciones
efectuadas para pagar los aportes al sistema de seguridad social. Por ende, no se
logró desvirtuar la legalidad de los actos administrativos9.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
18. Las señoras Melba Evelia Martínez de Contreras, Isabel Yajaira Contreras
Martínez y Leydi Yanitza Contreras Martínez, en su condición de esposa e hijas del
señor Jaime Contreras Valero, interpusieron recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, el 13 de abril de 2023, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 54001-33-33-008-2012-00014-02. En
sustento, afirmaron que la decisión incurrió en las causales previstas en los
numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, por los siguientes motivos:
19. La decisión violó el principio de buena fe que orienta las relaciones entre los
particulares y entre estos y la administración, porque en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 2005-00913 se estableció que al
señor Jaime Contreras Valero se le debían pagar los sueldos y prestaciones
9 Samai, índice 21, 29RECIBEMEMORIAL_54001333300420120001(.zip) NroActua 21, cuaderno principal,
006ExpedienteDigitalizado, páginas 1490 a 1503 del archivo digital.
5
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
sociales dejadas de percibir desde cuando fue desvinculado del cargo que ostentó
en la DIAN, hasta su posterior reintegro en un cargo de igual o mayor jerarquía al
que tenía, valores que se debían reconocer en su totalidad a título de indemnización
por los daños y perjuicios ocasionados con su desvinculación ilegal.
20. De manera que, aunque es claro que se ordenaron a favor del actor aportes
a salud, pensión y los descuentos parafiscales, con ocasión de su retiro ilegal debió
haber recibido una indemnización por los agravios sufridos como consecuencia de
su desvinculación de la DIAN. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado ordenó que
los pagos se hicieran a título indemnizatorio, para de esa forma compensar los
daños y perjuicios derivados de la conducta irregular de la administración.
21. Adicionalmente, expresó que, pese a que un juez cuenta con la posibilidad
de innovar en las interpretaciones en derecho, debe hacerlo con especial cuidado
para no afectar los derechos fundamentales del demandante. Por ende, deben
establecerse medidas para salvaguardar las expectativas legítimas, de suerte que
los cambios jurisprudenciales no pueden ir en detrimento de las garantías
constitucionales de los administrados como la cosa juzgada, la confianza legítima,
la seguridad jurídica y los derechos adquiridos.
22. Así las cosas, como el señor Jaime Contreras Valero adquirió un derecho en
el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, que
ratificó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el proceso radicado al
núm. 2005-00913, lo cual demuestra que cumplió los requisitos de ley, ante un
cambio abrupto en la legislación se debieron proteger las garantías ya concedidas
Esta situación se desprende del artículo 58 de la Constitución Política y de la
sentencia C-606 de 1992 de la Corte Constitucional.
23. Al respecto, adujo que la DIAN violó los referidos derechos al emitir las
resoluciones núms. 10113 del 22 de septiembre de 2011 y 012266 del 24 de
noviembre de 2011, porque pese a lo ordenado por los jueces frente a un
reconocimiento total, la entidad descontó los montos correspondientes a los aportes
a pensión, salud y parafiscales. Por tal motivo, el señor Jaime Contreras Valero se
vio en la necesidad de interponer nuevamente medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, puesto que, al cumplir los requisitos de ley, esos
valores debieron entrar definitivamente a su patrimonio, sin que se viera afectado
por algún cambio de regulación.
24. De este modo, la transgresión de prerrogativas fundamentales se materializó
en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el
marco del proceso iniciado con el consecutivo número 2012 – 00014 – 02, porque
allí se revocó la decisión de primera instancia adoptada por el Juzgado Octavo Oral
de Cúcuta. En consecuencia, no se podía desconocer una decisión que hizo tránsito
a cosa juzgada constitucional porque ello atenta contra la seguridad jurídica; de ahí
6
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
se desprende que no cabe un pronunciamiento futuro sobre lo ya decidido, salvo
que, por circunstancias excepcionales, el ordenamiento jurídico lo permita.
25. Asimismo, la DIAN debió conocer el régimen de responsabilidad que lo
obligaba a indemnizar y a reparar los daños que se le causaron al señor Jaime
Contreras Valero, con ocasión a la violación del principio de confianza legítima. Por
los anteriores motivos pidieron que se declare la prosperidad de este recurso y que
se infirme la sentencia enjuiciada, en tanto esta incurrió en las causales de revisión
alegadas10.
1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
26. El magistrado sustanciador, mediante auto del 27 de agosto de 2024 11,
inadmitió el recurso de la referencia porque no se allegó la constancia de ejecutoria
de la sentencia objeto de revisión, ni copia legible de las decisiones de primera y
de segunda instancia. Tampoco se indicó la dirección de notificación electrónica y
física de la parte demandada, ni se anexó la constancia de envío a la demandada.
En consecuencia, se le otorgó a la parte recurrente un término de cinco (5) días,
contados a partir de la notificación de la providencia, para que subsane los defectos
anotados, so pena del rechazo. Igualmente, le reconoció personería al apoderado
de los demandantes.
27. En virtud de lo anterior, el apoderado de la parte actora allegó memorial de
subsanación en el que informó lo requerido y aportó las copias solicitadas 12. Por
consiguiente, el 15 de septiembre de 2025 se admitió el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por las señoras Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba Evelia
Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez. Se ordenó notificar
personalmente a la DIAN y al procurador delegado ante esta corporación, quienes
tenían un término de 10 días hábiles para contestar el recurso y solicitar las pruebas
que pretendieran hacer valer.
28. Asimismo, se requirió al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Cúcuta para que remita, en medio digital, el expediente ordinario en el que es
demandante el señor Jaime Contreras Valerio en contra de la DIAN, con garantía
de autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta13.
29. Con ocasión de lo anterior, el Juzgado adjuntó enlace contentivo del
expediente digital14. En igual sentido, dentro del término de traslado el procurador
delegado de intervención tercero ante el Consejo de Estado rindió concepto núm.
586-202515 en el que pidió que se declare infundado el recurso extraordinario. En
10 Samai, índice 2, ED_RECURSOEXTRAORDINAR(.pdf) NroActua 2.
11 Samai, índice 5.
12 Samai, índice 9.
13 Samai, índice 16.
14 Samai, índice 21.
15 Samai, índice 22.
7
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
particular, sostuvo que el mecanismo no se sustentó en las razones que permiten
tener por configuradas las causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo
250 del CPACA.
30. Frente a la nulidad originada en la sentencia, esta debe sustentarse en los
supuestos consignados en el artículo 133 del CGP o en las causales desarrolladas
por la jurisprudencia, lo que no ocurrió en el caso concreto, por lo que el recurso no
podía utilizarse como una tercera instancia para debatir el fundamento del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En igual sentido, la cosa
juzgada no se configura entre el proceso núm. 54-001-23-31-000-2005-00913-00 y
el radicado al núm. 54001-33-33-008-2012-00014-02, que sustenta el presente
recurso, porque pese a existir identidad de partes, no hay identidad de causa ni de
objeto.
31. Concretamente, aun cuando en ambos asuntos intervinieron, como
demandante, el señor Jaime Contreras Valero y, como demandada, la DIAN, el
objeto del proceso núm. 54-001-23-31-000-2005-00913-00 consistió en que se
declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: Resolución núm. 01635
del 2 de marzo de 2005 y Resolución núm. 02083 del 18 de marzo de 2005. En ese
contexto, se pretendió el reintegro al cargo que el actor ejercía, con el consecuente
pago de los salarios y prestaciones sociales.
32. No obstante lo expuesto, en la sentencia emitida en el proceso radicado al
núm. 54001-3333-008-2012-00014-02, en virtud del cual se dictó la sentencia
objeto del recurso extraordinario de revisión, se demandó la legalidad de la
Resolución núm. 010113 del 22 de septiembre de 2011, que la DIAN profirió en
cumplimiento de las órdenes dictadas en el anterior asunto. En particular, el citado
acto administrativo liquidó la obligación a cargo del señor Jaime Contreras Valero,
desde el 5 de abril de 2005 al 8 de marzo de 2011 e indicó las sumas que serían
pagadas por concepto de aportes del empleado.
33. También se cuestionó la Resolución núm. 01226 del 24 de noviembre de
2011 que adicionó la Resolución núm. 010113 del 22 de septiembre de 2011 y el
objeto consistió en que se pagara lo ordenado en la sentencia de base, sin efectuar
deducción alguna a favor de la DIAN. Por ende, resulta evidente que no existe cosa
juzgada entre ambos asuntos, dado que el primero se basó en los actos
administrativos que sancionaron disciplinariamente al señor Jaime Contreras
Valero, mientras que el segundo se interpuso como consecuencia de la liquidación
realizada por la DIAN, en cumplimiento del fallo, con ocasión de unas deducciones
monetarias que se consideraban contrarias al ordenamiento jurídico. Por estos
motivos, se pretende convertir el recurso de revisión en una tercera instancia
judicial en la que se insiste que proceda el pago legal sin alguna deducción.
8
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
34. Por su parte, el apoderado de la DIAN16 se opuso a las pretensiones de este
recurso extraordinario de revisión, al considerar que este resultaba improcedente,
ya que no se configuraba ninguna de las causales previstas taxativamente en el
artículo 250 del CPACA. En cambio, se buscó utilizar este mecanismo como una
tercera instancia judicial, para reabrir un debate de fondo concluido, lo que es propio
del proceso ordinario y no de este trámite excepcional.
35. Así las cosas, la parte recurrente no demuestra al menos sumariamente la
existencia de la nulidad procesal, pues su argumento no se dirige a vicios de
procedimiento en la expedición del fallo, sino a un desacuerdo fundamental con la
interpretación jurídica y la valoración de fondo que efectuó el Tribunal. No obstante,
es claro que una inconformidad con lo decidido no constituye causal de nulidad
procesal.
36. La decisión no desconoce la cosa juzgada respecto de la sentencia del 18
de noviembre de 2010, por oposición, la interpreta y la ejecuta, ya que se dio
cumplimiento a lo allí dispuesto, comoquiera que los descuentos se realizaron
conforme a la ley y bajo el concepto de pensiones, porque la sentencia hizo
referencia al empleado y no al pensionado. De ahí se desprende que el recurso se
basa en una tergiversación del contenido de la sentencia del 18 de noviembre de
2010, ya que no se pueden confundir los conceptos de sueldos con las demás
prestaciones sociales y la condena se impuso por conceptos salariales, lo que hizo
que la DIAN actuara en cumplimiento del deber legal al efectuar las deducciones
que le correspondía realizar, con destino al sistema de seguridad social y
parafiscales.
37. Asimismo, la parte actora hace una explicación indebida de los principios y
derechos adquiridos, que no se configuró, a tal punto que la sentencia proferida en
el año 2010 no otorgó un derecho a recibir una indemnización sin descuentos. De
este modo, se desnaturaliza el recurso extraordinario de revisión, sin concurrir las
causales dispuestas en el artículo 250 del CPACA. Por ende, pidió declarar
infundado el recurso.
38. Seguidamente, se dictó proveído el 11 de diciembre de 202517 en el que se
puso de presente que la DIAN allegó dos escritos de contestación a este trámite,
sin embargo, solo se tendría en cuenta el radicado por el último apoderado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 76 del CGP. Además, dispuso tener como
pruebas todos los documentos aportados con el recurso, que se refieren a la copia
de las decisiones de primera y de segunda instancia, proferidas en los procesos
radicados a los núms. 2012-00913-00 y 2012-00014-00, las cuales se valorarán
como pruebas trasladadas, y de las resoluciones núms. 010113 del 22 de
septiembre de 2011 y 012266 del 24 de noviembre de 2011.
16 En el segundo memorial de intervención, que el despacho sustanciador dispuso que sería el llamado a ser
considerado. Samai, índice 25, páginas 1 a 10 del archivo digital.
17 Samai, índice 27.
9
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
39. Igualmente, precisó que tendría como prueba la Escritura Pública núm. 2807-
2023 a través de la cual se realizó la liquidación sucesoral de los derechos litigiosos
en el marco del proceso, porque acreditaba la legitimación en la causa por activa de
la parte recurrente. Asimismo, la copia del expediente judicial en el marco del cual
se dictó el fallo enjuiciado, radicado con el número 54001-33-33-008-2012-00014-
02.
40. Dispuso que no se requería surtir trámite de contradicción en esta sede
judicial, frente a la prueba trasladada, por cuanto las partes son las sucesoras
procesales del señor Jaime Contreras Valero, quien actuó como demandante, y la
DIAN fue demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por tanto, ejecutoriada esa providencia el expediente ingresaría al
despacho para dictar sentencia. También se le reconoció personería al abogado de
la DIAN.
41. El apoderado de la DIAN radicó memorial en el que solicitó aclarar el auto
anterior18, lo cual fue resuelto mediante providencia del 3 de febrero de 202619, en
la que se corrigió el ordinal quinto de la parte resolutiva del proveído del 11
diciembre de 2025 frente al reconocimiento de personería. En lo demás, se hizo la
salvedad de que se mantenía incólume lo ordenado en el auto. En consecuencia, el
expediente ingresó al despacho para sentencia del 16 de febrero de 2026 20. El
apoderado de la DIAN allegó renuncia al poder conferido21 y se confirió un nuevo
mandato22.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
42. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de
revisión interpuesto por las señoras Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba Evelia
Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez, contra la sentencia del
13 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA23.
2.2. Oportunidad
43. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 13 de abril de 2023, se
notificó el 18 de abril de 2023 y quedó ejecutoriada el 21 de abril de ese año 24. En
18 Samai, índice 31.
19 Samai, índice 33.
20 Samai, índice 37.
21 Samai, índice 38.
22 Samai, índice 39.
23 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
24 Samai, índice 9, 12_MemorialWeb_Anexos-3CONSTANCIADEEJE(.pdf) NroActua 9.
10
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
consecuencia, como el recurso de la referencia se interpuso el 1 de diciembre de
2023, su radicación fue oportuna, dentro del término dispuesto por el artículo 251
del CPACA25.
2.3. Legitimación en la causa
44. Frente a la legitimación en la causa por activa para interponer el recurso
extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA,
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha determinado que
está en cabeza de quien «[…] hubiera sido parte del proceso ordinario o de un
tercero con interés legítimo en la decisión»26.
45. En razón de lo anterior, se tiene que están legitimados para interponer el
recurso extraordinario de revisión quienes hubieran sido partes en el proceso objeto
del mecanismo. De allí se desprende la posibilidad de extender la legitimación a
quienes se hayan visto perjudicados con la decisión, o tengan una relación que
habilite su interés para acudir al proceso. Así, por ejemplo, lo dispuso la Corte
Suprema de Justicia al abordar la figura de la legitimación en la causa por activa en
punto a la demanda se revisión. En concreto, destacó lo siguiente:
Se atribuye, en línea de principio, a quien hubiera sido parte perjudicada por la
sentencia en firme atacada, o haya intervenido en el proceso en el cual ésta se
dictó. Mas se dice que principalmente, porque, cuando se alega la causal séptima
de revisión, como ocurre en el sublite, están también legitimados todos aquellos que
por estar interesados directamente en la relación objeto del litigio debieron ser
llamados al proceso y no lo fueron, viéndose, luego, afectados por el resultado del
mismo27.
46. Aplicado lo anterior al caso puntual, se tiene que en el trámite de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 54001-33-33-004-2012-00014-00
fue parte demandante el señor Jaime Contreras Valero. Sin embargo, con el
presente asunto se aportó la Escritura Pública número 2807 del 16 de agosto de
202328 en la cual la Notaría Quinta del Círculo de Cúcuta efectuó el trámite notarial
de liquidación sucesoral del causante.
47. En el citado documento se tuvo como interesadas de la sucesión intestada a
la señora Melba Evelia Martínez de Contreras, en su condición de cónyuge
sobreviviente y a las señoras Isabel Yajaira Contreras Martínez y Leydi Yanitza
25
«El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». Lo relativo
a la oportunidad para interponer el recurso fue analizado y definido en los términos expuestos por la magistrada
ponente al proferir el auto admisorio dictado en el curso del presente trámite.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
13 de febrero de 2018, exp. 110010325000201600281 00 (1623-2016). Esta postura fue reiterada por la Sala
Décima Especial de Decisión de la corporación en sentencia del 2 de julio de 2019, dentro del expediente con
número de radicado 11001-03-15-000-2010-00651-00(REV).
27 Corte Suprema de Justicia, sentencia AC639-2020.
28 Samai, índice 9, 13_MemorialWeb_Anexos-4GmailRECURSOE(.pdf) NroActua 9, enlace de anexos, páginas
121 a 130 del archivo digital.
11
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
Contreras Martínez como hijas, quienes acreditaron su condición. Además, se
precisó que el señor Jaime Contreras Valero falleció el 1 de julio de 2019, y que se
elevó a escritura pública el trabajo de partición y adjudicación de sus bienes, llevado
a cabo mediante la sucesión intestada que se registró en notaría mediante el acta
núm. 181 del 18 de julio de 2023.
48. En este contexto, la Escritura Pública consignó que elevaba a ese grado el
trabajo de adjudicación de bienes; en particular, los derechos litigiosos existentes
sobre el recurso extraordinario de revisión, con el número de radicación 54001-33-
33-004-2012-00014-00, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Así lo consignó expresamente la escritura pública:
RELACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS
1. ACTIVO
PARTIDA ÚNICA: los derechos litigiosos que existen sobre el recurso
extraordinario de revisión consignado en Código Contenciosos administrativo y
de procedimiento administrativo en el artículo 248 y ss. con numeración única y
descrito de la siguiente manera:
Radicado N° 540013333004-2012-00014-00 primera instancia
Radicado N° 540013333004-2012-00014-02 segunda instancia
Accionante: Jaime Contreras Valero
Accionada: DIAN
Clase de proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho
49. A partir de lo expuesto, hay lugar a establecer que de la Escritura Pública se
desprende que están demostradas las calidades de las aquí recurrentes, como
cónyuge e hijas del causante. Además, que el señor Jaime Contreras Valero falleció
el 1 de julio de 2019, esto es, antes de que se profiriera la sentencia enjuiciada en
sede de revisión, el 13 de abril de 2023. Finalmente, que con ocasión de esta
situación resultaron adjudicatarias de los derechos litigiosos que existieran sobre el
eventual recurso extraordinario de revisión que se interpusiera con ocasión del
trámite judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que se materializó en
la Escritura Pública número 2807 del 16 de agosto de 2023.
50. Por consiguiente, en los términos del artículo 68 del CGP y a partir de la
información consignada en la Escritura Púbica núm. 2807, era posible que el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho hubiera seguido su
curso natural con la intervención de las herederas a las que se ha hecho mención.
Además, es claro que, en virtud de la aludida Escritura Pública, el causante cedió
los derechos litigiosos a favor de las demandantes.
51. De modo que, señoras Melba Evelia Martínez de Contreras, Isabel Yajaira
Contreras Martínez y Leydi Yanitza Contreras Martínez pese a que no fueron partes
12
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, son terceras con
interés legítimo en la decisión judicial, toda vez que lo decidido les impacta
directamente. Bajo este entendido, se les tendrá por legitimadas en la causa por
activa para acudir en sede judicial.
52. Igualmente, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la
DIAN, en tanto fue la demandada en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.4. Problemas jurídicos
53. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si:
54. ¿El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al proferir la sentencia
del 13 de abril de 2023, incurrió en las causales de revisión previstas en los
numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA?
55. Para alcanzar tal propósito, la Sala deberá dar respuesta a los siguientes
problemas jurídicos derivados:
56. ¿En el caso particular, la parte demandante cumplió la carga argumentativa
que se exige en sede del recurso extraordinario de revisión para tener por
acreditadas las causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del
CPACA?
57. ¿Aducir que la sentencia enjuiciada desconoció el pronunciamiento previo
que hizo tránsito a cosa juzgada es suficiente para tener por configurada la causal
prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA?
58. Para resolver los problemas jurídicos propuestos, la Sala se referirá, en
primer lugar, a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo
lugar, abordará el alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA; en tercer lugar, se pronunciará en torno a la causal dispuesta en el numeral
8 del artículo ibidem; en cuarto lugar, resolverá el caso concreto; y, por último,
decidirá sobre la condena en costas.
2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
59. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la
jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al
mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones
13
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna
de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA29.
60. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 30, para casos en los que
la decisión contenga algún vicio procesal, o se pretendan cuestionar «[…] aspectos
que atañen a la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión»31.
61. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni
la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»32.
62. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en
la causal de nulidad invocada, sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias,
que reabran la decisión adoptada, como si se tratara de una nueva instancia
judicial.
63. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»33. De este modo, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión, bajo
el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de
«[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos
que sirven de fundamento para su configuración»34.
2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
64. El artículo 250 del CPACA, regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
14
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
65. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo, en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la
sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda
recurso de apelación»35.
66. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
67. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.
68. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado, en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que, habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen
las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que debieron
proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo 142 CPC) o
para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo 136 ib. (antes
144 CPC)»36.
69. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión,
no puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia,
salvo el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión,
«[…] no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar
la nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta
en una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»37.
70. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados
eventos supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al
debido proceso.
71. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto
genéricamente en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del
13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
15
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los
escenarios que expresamente ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede
ocurrir, entre otras, por las siguientes circunstancias excepcionales38:
-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso39.
-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
-Cuando la providencia carezca por completo de motivación40.
-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus41.
-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia42.
-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso43; y
-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado 44.
72. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29
constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por
afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»45.
73. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»46, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA, procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
39 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-
15-000-2015-02493-00 (REV).
40 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-
03-15-000-2009-00494-00 (REV).
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010,
radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
42
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación:
11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
43 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
16
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
2.7. Causal de revisión contenida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA:
ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes
74. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 8, establece como causal:
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
75. De esta normativa emana que la ocurrencia de este supuesto, previsto como
causal de revisión, encuentra su génesis en el instituto procesal de la cosa juzgada
que se nutre del contenido del artículo 29 de la Constitución Política, de modo que,
la cosa juzgada tiene por finalidad garantizar, «[…] la inmutabilidad, inimpugnabilidad y
obligatoriedad del fallo frente a todo eventual proceso futuro que pueda iniciarse sobre el
mismo objeto»47.
76. Bajo este entendido, el instituto procesal de la cosa juzgada propende por la
salvaguarda de la seguridad jurídica, ligada al derecho fundamental a la sentencia
en firme, sin que esté proscrito, en todos los escenarios, reabrir el debate judicial que
ha terminado, porque esto puede ocurrir con el surgimiento de hechos nuevos
presentados luego de que la decisión ha adquirido un carácter definitivo y vinculante.
77. Para nutrir de contenido el alcance de esta causal de revisión, es preciso
remontarse al artículo 189 del CPACA, relativo a los efectos de la sentencia, pues en
este se evocó la cosa juzgada en los siguientes términos:
[…] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con
la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen
en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo
237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada
constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia
del 5 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
17
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de
partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad
del registro de acuerdo con la ley. […].
78. De esta forma, a partir del contenido de esta norma citada, se hace evidente
que una de las características de la sentencia judicial es que hace tránsito a cosa
juzgada, figura que está amparada en la presunción de veracidad de la decisión, su
carácter definitivo, y la separación entre el juzgador y su sentencia, en la medida en
que de esta es posible predicar la irrevocabilidad.
79. Ahora bien, comoquiera que el CGP funge como norma supletiva para los
asuntos en los que el legislador no previó una disposición expresa en el CPACA48,
es preciso reforzar lo anterior con el contenido del artículo 303 del CGP que
explícitamente alude a la cosa juzgada como sigue:
[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con
todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.
80. Esto implica que, para que en el marco de una controversia exista cosa
juzgada, es necesario que exista identidad de objeto, de causa y de partes entre
ambos asuntos sobre los cuales se pretende establecer una coincidencia.
81. El alcance de esta hipótesis de revisión ha sido desarrollado por la
jurisprudencia de esta corporación, al considerar que la causal octava del artículo
250 del CPACA tiene lugar cuando concurren los siguientes supuestos:
48 Artículo 306 del CPACA.
18
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
[…]
1. Que existan dos sentencias contradictorias.
2. Que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que fue dictada.
3. Que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada.
El último de los requisitos señalados tiene un ingrediente adicional al exigírsele al
recurrente demostrar la imposibilidad de haber propuesto al interior del proceso
ordinario, la cosa juzgada como excepción, bien sea porque estuvo representado por
curador ad-litem, o porque ignoraba la existencia del proceso anterior, puesto que no
puede premiarse la inactividad o negligencia de quien pudiendo alegar este hecho
exceptivo oportunamente no lo hace, y pretende, luego de concluido el proceso de
manera desfavorable a sus intereses, corregir su inactividad a través de este recurso
extraordinario, pasando por alto que los términos procesales son preclusivos y deben
cumplirse en aras de un correcto desarrollo de los principios constitucionales del
debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción, aunado a la buena fe y
lealtad procesal que orientan las actuaciones de las partes procesales.
Además de lo anterior, para los efectos de esta causal, ha de entenderse que la alusión
a un término nuevo o segundo proceso deben analizarse lógicamente en relación con
un primer o anterior proceso, pues solamente cuando se inicia un proceso entre las
mismas partes y sobre el mismo asunto, luego de haberse proferido sentencia en otro
anterior, podría argumentarse que este segundo pretende revivir lo ya decidido en
contravía del propósito de la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones
contradictorias sobre un mismo asunto y entre las mismas partes. […]49.
82. Por tanto, la jurisprudencia de esta corporación, que ha analizado la aplicación
de esta causal a casos concretos, ha sistematizado los requisitos para su
configuración de la siguiente manera, y ha hecho la salvedad de que todos deben
concurrir, de suerte que la falta de alguno de estos impide que la causal se
estructure50:
-La existencia de una sentencia ejecutoriada, en firme y que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en el que esta se profirió.
-Adelantar un segundo proceso judicial luego de que la sentencia proferida en el
primero cobró ejecutoria.
-La existencia de triple identidad entre ambos procesos judiciales, esto es: i)
identidad de partes - «[…] sujetos procesales obligatorios (sujetos activo y pasivo, y
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente
11001-03-15-000-2001-00118-01.
(REV), MP. Gerardo Arenas Monsalve.
50 Al efecto, se consultó la sentencia proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado el 5 de julio de 2024, dentro del exp. 11001-03-15-000-2022-
03940-00. En esta providencia se sistematizaron los requisitos necesarios para la configuración de la causal de
revisión del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, haciendo alusión a la siguiente providencia: «[…] sentencia
de 29 de octubre de 2020, radicado11001-03-25-000-2016-00065-00, Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado […]».
19
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
litisconsortes necesarios); es decir, que sean los mismos en ambos procesos»51; ii)
identidad de objeto, o lo que se pretende con la demanda; e iii) identidad de causa,
vinculada a la razón o la motivación que dio lugar a la demanda.
-La ausencia de proposición de la excepción de cosa juzgada, porque en caso de
que esta se hubiere planteado y negado, no habría lugar a predicar la causal de
revisión del numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
-La sentencia emitida en el segundo proceso judicial debe contrariar aquella dictada
en el primero, siempre que en estos concurra la triple identidad mencionada.
2.8. Caso concreto
83. Las señoras Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba Evelia Martínez de
Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez acudieron en sede de este recurso
extraordinario de revisión para solicitarle a esta corporación que infirme la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 13 de abril de 2023,
al considerar que esta incurrió en las causales previstas en los numerales 5 y 8 del
artículo 250 del CPACA. De ahí se tiene que las recurrentes se ampararon en dos
de las causales de revisión previstas en la ley, relativas a la nulidad originada en la
sentencia y la configuración de la cosa juzgada.
84. No obstante, la Sala advierte que el fundamento del recurso no se encuadra
en uno de los supuestos previstos taxativamente para la configuración de la causal
quinta del artículo 250 del CPACA, porque las demandantes no indicaron ni
sustentaron uno de los escenarios de nulidad previstos en el artículo 133 del CGP,
ni en la jurisprudencia de esta corporación.
85. En cambio, proponen un examen a la luz de principios como la confianza
legítima, la buena fe y, en general, los derechos adquiridos y de índole fundamental
como consecuencia de las órdenes previamente dictadas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado al núm. 2005-00913, aspectos que no se
encuadran en la taxatividad del numeral 5 del artículo ibidem.
86. Por ende, el planteamiento efectuado bajo la óptica de una violación de los
derechos y principios de orden legal y constitucional no tiene la virtud de suplir la
carga argumentativa requerida para acudir en sede del recurso extraordinario de
revisión y plantear que se incurrió en la aludida causal. Tampoco se podría, con ese
solo fundamento, argumentar la configuración de la causal del numeral 8 del artículo
250 del CPACA.
87. En el marco de lo anterior, la parte actora afirmó que el señor Jaime
Contreras Valero adquirió un derecho en virtud del fallo dictado por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Cúcuta, que el Tribunal Administrativo de Norte
51 Ibidem.
20
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
de Santander confirmó en sede del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado al núm. 2005-00913. Consideró que ese motivo conducía a que
se protegieran las situaciones jurídicas consolidadas, lo cual llevó al señor
Contreras a iniciar un segundo trámite judicial para cuestionar el descuento que la
DIAN efectuó frente a sus aportes a pensión, a salud y a parafiscales. No obstante,
este culminó con una decisión que materializó la afectación, que es la cuestionada
en este asunto, en la cual se revocó lo ordenado por el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta.
88. Así las cosas, para el extremo recurrente, la providencia del 13 de abril de
2023, enjuiciada en este recurso extraordinario, desconoció una decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada y ello atentaba contra la seguridad jurídica. Por ende, no
podía avalarse un pronunciamiento futuro frente a aspectos que ya fueron decididos,
salvo que el ordenamiento jurídico lo reconociera expresamente.
89. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que las demandantes
utilizaron este recurso extraordinario como si se tratara de una tercera instancia, en
la que pretenden cuestionar los descuentos que la DIAN efectuó. Así, reviven lo
discutido y resuelto en el proceso radicado al núm. 54001-3333-008-2012-00014-
02, con la simple afirmación de que no era posible pronunciarse sobre un punto ya
decidido, cuando en este último trámite el Juzgado dispuso que no era procedente
descontar las sumas percibidas porque lo ordenado en el acto de retiro tenía un
carácter indemnizatorio. Por su parte, el Tribunal consideró que la orden emitida por
el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, relativa a no efectuar descuentos sobre
la condena, tenía por finalidad que no se dedujeran emolumentos que se generaron
por la actividad en otra entidad pública.
90. En consecuencia, los cargos de este recurso vuelven sobre el debate
interpretativo en torno al alcance de las órdenes dictadas en el proceso radicado al
núm. 2005-00913, que le sirvieron de base y fundamento al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho tramitado al consecutivo núm. 54001-3333-
008-2012-00014-02 y que se definió con la expedición de la sentencia del 13 de
abril de 2023. De suerte que se trata de un aspecto que escapa la finalidad por la
cual fue previsto este mecanismo extraordinario.
91. Dicho en otras palabras, en el asunto ordinario objeto del debate de la
referencia se estudió si, con las resoluciones demandadas, las núms. 010113 del
22 de septiembre de 2011 y 012266 del 24 de noviembre de 2011, se le dio o no
cumplimiento a la sentencia judicial proferida en el marco del primer proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Jaime Contreras Valero,
identificado con el número 2005-0091352. Por tal razón, el análisis no podría
extenderse a este recurso extraordinario de revisión.
52 Si bien en el asunto objeto de este trámite inicialmente se consideró que el demandante debió acudir al
proceso ejecutivo, en tanto pretendía controvertir las resoluciones que le dieron cumplimiento a la sentencia del
19 de diciembre de 2009 confirmada el 18 de noviembre de 2010, se dispuso que los actos administrativos
ordenaron efectuar unos descuentos y esto constituye una situación jurídica nueva sobre la cual es factible
21
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
92. Asimismo, cabe aclarar que, en punto a la configuración de la causal de
revisión de que trata el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, la parte demandante
no estudió los presupuestos que hacen procedente la demostración del instituto
procesal de la cosa juzgada, de manera que, al margen de la afirmación genérica
relativa a que se reabrió el debate legalmente concluido, esta dejó de sustentar que
se acreditaron los requisitos dispuestos en el artículo 303 del CGP, en particular la
demostración de la triple identidad: de partes, de objeto y de causa.
93. Esto implica que el extremo accionante obvió desarrollar en su carga
argumentativa que la cosa juzgada tiene unos presupuestos de orden legal sobre
los cuales debe enmarcarse su identificación y estudio, de manera que se logre
advertir una coincidencia frente al objeto, la causa y las partes que integran ambos
asuntos, algo que no ocurrió en el presente caso.
94. Por tanto, los argumentos de las recurrentes se reducen a traer a colación un
escenario de contradicción entre dos decisiones judiciales, cuestión que quedó
comprendida en el examen del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio curso a este mecanismo excepcional, como era natural, dadas las
razones por las cuales se promovió. En vista de lo anterior, no es posible tener por
configurada la causal de revisión del numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
95. Inclusive, si se efectuara un estudio de los presupuestos procesales que
habilitarían tener por demostrada la citada causal, lo que se observa a simple vista
es que en ambos asuntos fue demandante el señor Jaime Contreras Valero y
demandada la DIAN.
96. No obstante, el proceso radicado al núm. 2005-000913-00 se inició para
obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 01635 del 2 de marzo
de 2005, 02083 del 18 de marzo de 2005 y 02252 del 31 de marzo de 2005 53, con
la consecuente orden de reintegro y la indemnización de perjuicios. Por su parte, en
el trámite núm. 54001-33-33-008-2012-00014-02 se demandó la legalidad de las
resoluciones núms. 010113 del 22 de septiembre de 2011 y 012266 del 24 de
noviembre de 2011 y se reclamó el pago de los valores con ocasión a las órdenes
proferidas en el asunto núm. 2005-00913; asimismo, a título indemnizatorio, se
pidieron los perjuicios causados respecto a lo dejado de pagar por aportes en
pensión, en salud, parafiscales y retención en la fuente.
97. De ahí se desprende que, pese a existir coincidencia entre las partes en
ambos trámites judiciales, se incumple el presupuesto de identidad de objeto, como
lo propuso el procurador delegado de intervención tercero ante el Consejo de
Estado, en el asunto de la referencia. Esto impediría tener por configurada una
controvertir su legalidad. Por ende, bajo ese entendido se hacía viable darle trámite al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
53 Que declararon la responsabilidad disciplinaria del actor, le impusieron a título de sanciones, como principal,
la destitución y como accesoria la inhabilidad y las hicieron efectivas.
22
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
eventual cosa juzgada, en caso de que esta se hubiere propuesto y argumentado
en debida forma.
98. Por consiguiente, la Sala concluye que, en el caso particular, la parte
demandante incumplió la carga argumentativa que se exige en sede del recurso
extraordinario de revisión, para tener por acreditadas las causales previstas en los
numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA. Seguidamente, aducir que la sentencia
enjuiciada desconoció el pronunciamiento previo que hizo tránsito a cosa juzgada
no es suficiente para tener por configurada la causal establecida en el numeral 8 del
artículo ibidem. En cambio, como quedó visto, debe realizarse un estudio detenido
de los presupuestos legales que admiten su configuración.
99. Por los motivos expuestos, la Sala considera que el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, al proferir la sentencia del 13 de abril de 2023, no incurrió
en las causales de revisión previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del
CPACA. En consecuencia, este recurso se declarará infundado.
2.9. Costas
100. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario54 de la Subsección
sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe55. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
advierte que el recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante el
trámite del presente asunto.
3. Decisión
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
54 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
55 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-
00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
23
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00024-00 (0275-2024)
Demandante: Isabel Yajaira Contreras Martínez, Melba
Evelia Martínez de Contreras y Leydi Yanitza Contreras Martínez
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)
Falla
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la
parte motiva de esta sentencia.
Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
Cuarto: Aceptar la renuncia al poder presentada por el apoderado de la DIAN, Juan
Carlos Becerra Ruíz, en los términos del memorial que obra a índice 38 de Samai.
Quinto: Reconocer personería a la abogada Clara Cecilia Suárez Peralta,
identificada con cédula de ciudadanía número 51.855.510 de Bogotá y portadora
de la tarjeta profesional número 63.369 del Consejo Superior de la Judicatura, para
actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los efectos del poder
conferido que obra a índice 39 de Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
24
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.