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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00079-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
48 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00079-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la accionante en contra de la sentencia del 18 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la señora Nohemí Rojas Murcia contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, conforme a la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente ordinario al juzgado de origen y ARCHIVAR las presentes diligencias, previas las anotaciones 23 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 17 de noviembre de 2016, radicado 05001-23-33-000-00091-01 (823-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter. 17 Nº Interno: 0354-2017 Demandante: Nohemí Rojas Murcia Demandado: Casur que fueren menester. Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00079-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017)
Demandante : Nohemí Rojas Murcia
Demandado : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(Casur)
Medio de control : Recurso extraordinario de revisión
Tema : Reajuste de asignación de retiro con inclusión de la
prima de actividad
Decisión : Sentencia de única instancia

Procede la Sala a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
demandante en contra de la sentencia del 18 de febrero de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante la cual confirmó el fallo del 22 de enero de 2015 del Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

1.1 El medio de control (ff. 17 a 34 del expediente ordinario). La señora Nohemí
Rojas Murcia, mediante apoderado, acudió ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (Casur), con el cual pretendió la nulidad del oficio 1048 del 1º de
marzo de 2012, a través del cual se negó el reajuste de la sustitución de la
asignación de retiro, «incluyendo el porcentaje que legalmente le corresponde en
virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007, que
modificó el artículo 32 del Decreto 1515, normas éstas que discriminan sin razón
alguna al personal de agentes de la Policía Nacional».

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se ordenara a la demandada (i) reliquidar y pagar la pensión en el porcentaje

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

del 45%, por concepto de variación en el cómputo del factor salarial denominado
“Prima de Actividad”, en atención a las disposiciones de los artículos 30 del
Decreto 1213 de 1990 y 2 y 4 del Decreto 1863 de 2007, desde el 1º de julio de
2007; y (ii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del inciso segundo del
artículo 192 del CCA, intereses de acuerdo con el inciso tercero del mismo artículo
y actualización de las sumas reclamadas conforme al 187 ibidem.

1.2 Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte demandante. Narró la
señora Nohemí Rojas Murcia que, el señor Jaime Tapiero Tique (q.e.p.d.) prestó sus
servicios a la Policía Nacional como Agente, razón por la que el 17 de marzo de
1984 esa institución le reconoció la asignación de retiro y el 15 de mayo de 2010
esta le fue sustituida a causa de su fallecimiento.

Añade que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1213 de 1990, cuyo artículo 30
estipuló el pago de una prima de actividad equivalente al 30% del sueldo básico, que
se aumentaría en un 5% por cada 5 años de servicios, igualmente, dictó el Decreto
1515 de 2007, que fijó el salario para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, posteriormente fue modificado por el 2863 de esa
anualidad, cuyo artículo 4º ordenó el ajuste de las asignaciones de retiro, en virtud
del principio de oscilación, no obstante, excluyó a los agentes de la Policía Nacional,
con lo que se incurrió en omisión legislativa relativa que conlleva la violación de
normas superiores, toda vez que ello genera una desigualdad injustificada.

Señala que, el policía del que proviene el derecho en juicio, al momento de retirarse
por cumplir los 20 años de servicios, devengaba el factor salarial denominado prima
de actividad en un porcentaje del 50%, del cual solo tuvieron en cuenta el 20% para
la liquidación de la asignación, contrario a lo estipulado por el citado Decreto 2863,
así las cosas, que, al no ser ajustada la asignación conforme a lo establecido en los
artículos 2 y 4 del aludido Decreto, en armonía con el 30 del Decreto 1213 de 1990,
quedó en desigualdad con quienes se retiran en vigencia del 2863.

II. PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 18 de febrero de 20161, confirmó el fallo del 22 de enero de 2015 del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá2, que negó las súplicas de
la demanda, al considerar que el artículo 2º del Decreto 2863 de 2007, fue
1
Folios 162 a 167 del expediente ordinario.
2
Folios 100 a 109 del expediente ordinario.
2

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

examinado «[…] por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la
sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente No. 11001-03-25-000-2009-00029-
00 (0656-2009), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Corporación que lo declaró
ajustado a la Constitución y a la Ley, precisando, que la regulación del régimen
prestacional de la fuerza pública se realiza de manera concurrente por el
legislador, quien fija las pautas generales a través de leyes cuadro, y el Gobierno
Nacional que los desarrolla mediante decretos reglamentarios, y concluyó, que la
expedición del Decreto 2863 de 2007 se profirió en atención a esa concurrencia de
competencias, y siguiendo los postulados constitucionales previstos para tal fin».

Así mismo, mencionó que la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha decantado que
la norma censurada no vulnera el derecho a la igualdad del personal de Agentes
de la Policía Nacional, puesto que no se puede predicar lo mismo entre grupos
que no están en igual rango.

Por consiguiente, concluyó que, al no configurarse la violación del principio a la
igualdad y el de oscilación, ni ser constitucionalmente obligatorio que el Decreto
2863 de 2007 se extienda a los Agentes retirados de la Policía, no es dable
determinar que el legislador incurrió en omisión legislativa que «haga procedente
la inaplicación del citado decreto por inconstitucionalidad, para poder acceder a las
pretensiones de la demanda», además, precisó que tampoco le es aplicable la Ley
923 de 2004, con base en la cual se expidió el Decreto en cuestión, puesto que
solo le es dado a los que adquirieron la pensión a partir del 1º de julio de 2007.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión,
el 17 de agosto de 2016 (ff.1 a 12 c. ppal.), contra el anterior fallo, con fundamento
en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, «Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación», toda vez que es violatorio de los artículos 29, 31,
228 y 230 de la Constitución, de manera genérica, de las Leyes 4ª de 1992 y 923
de 2004 y los artículos 170 y 171 del CPACA, por cuanto no hubo
pronunciamiento sobre la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad y
por agravar la situación del apelante único al condenar en costas en segunda
instancia, circunstancia que trasgrede el principio de la non reformatio in pejus,
motivo por el cual, se genera una nulidad insaneable de orden constitucional, que
hace ineficaz el fallo reprochado.
3

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

También indica que, dicha providencia al guardar silencio, violentó los derechos de
defensa, debido proceso, prevalencia del derecho sustancial e imperio de la ley,
esto es, el marco constitucional y legal, pues así lo ha señalado el Consejo de
Estado, en varias oportunidades, como en la sentencia del 28 de octubre de 2010
(expediente 05001-23-31-000-2004-00658-01), que estableció que la solicitud de
suspensión del proceso debe ser resuelta mediante providencia contra la cual
procede recurso de apelación.

Que, «La razón u origen de la nulidad está insita en la Sentencia, al no existir
pronunciamiento alguno antes de proferir el Fallo de Segunda Instancia, en
relación con la suspensión del proceso por prejudicialidad, por parte de los H.
Magistrados de la Subsección "D" de la Sección Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, y además los Honorables Juristas
condenaron en costas al Demandante sin tener en cuenta que obraba en calidad
de único apelante».

Por ende, solicitó (i) la suspensión del proceso por prejuducialidad y hasta que el
Consejo de Estado emita decisión sobre la simple nulidad del artículo 2 del
Decreto 2863 de 2007, pleito que se encuentra pendiente; (ii) se dicte sentencia
de reemplazo, ajustada a derecho y a la jurisprudencia; y (iii) se abstenga el
Tribunal de condenar en costas, al ser apelante única.

IV. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 31 de mayo de 2023 (f. 27 c. ppal.), se admitió el recurso y se
ordenó la notificación a los señores directores generales de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional y de la Agencia Nacional Defensa Jurídica del
Estado, y procurador delegado ante esta Corporación.

La Caja de Sueldos de la Policía Nacional3, a través de apoderada, arguye que
la prima de actividad se tuvo en cuenta como una prestación para los miembros
activos de las Fuerzas Militares y posteriormente, se convirtió en un factor para
liquidar las asignaciones de retiro. En cuanto a las pretensiones del recurso,
expresa que no esta llamada a prosperar la causal endilgada con el propósito de
declarar la nulidad del fallo de segunda instancia, habida cuenta, que la
demandante pasa por alto lo fijado en los artículos 2, 4 y 7 del Decreto 2863 de

3
Visible a índice 22 de la herramienta electrónica Samai.
4

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

2007, los cuales demuestran que, «[…] el aumento en la prima de actividad se
realizó únicamente para el personal de oficiales y suboficiales y en ningún aparte
de la norma en comento se hizo alusión a que las disposiciones también les serían
aplicables al personal de AGENTES retirados que estuvieren percibiendo la
asignación de retiro, contrario sensu, se advierte una exclusión taxativa a dicho
personal. Por lo tanto, no puede CASUR, dar aplicación a normas que no regulan
lo pretendido por la demandante, pues la entidad carece de facultad legislativa
para expedir normas que reglamentan aumentos de sueldo del personal de la
Policía Nacional o reajustes de las asignaciones mensuales de retiro».

Período probatorio. A través de proveído del 29 de febrero de 2024 (f. 29 c.
ppal.), se tuvieron como pruebas los documentos allegados por la parte actora y el
expediente original del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-
33-35-007-2012-00037-00.

V. CONSIDERACIONES

5.1 Cuestión previa. Antes de decidir si en el presente asunto se configura la
causal de revisión invocada, resulta menester precisar el régimen jurídico
aplicable, toda vez que el recurso extraordinario de revisión fue presentado el 17
de agosto de 2016 (f. 1 c. ppal.) contra la sentencia de segunda instancia proferida
el 18 de febrero de esa anualidad (ff. 162 a 167 del expediente ordinario),
notificada personalmente por correo electrónico el 23 de los mismos mes y año (ff.
170 y 171 del expediente ordinario).

Sobre la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, consideró la sala de lo
contencioso-administrativo de esta Corporación4 que no comporta una tercera
instancia, sino una «[…] nueva acción con un objeto de impugnación diferente,
cual es una sentencia que ostenta la condición de inmutabilidad en virtud de la
cosa juzgada y que por la vía del Recurso Extraordinario de Revisión busca ser
invalidada», es decir, un proceso nuevo, autónomo, independiente con trámite
propio (etapas procesales) y fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada, como medio excepcional de impugnación.

Al respecto, el CPACA se aplica «[…] a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se

4
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, auto de 12
de agosto de 2014, exp.110010315000201302110 00; actor: Jairo Luis Polanía Carrizosa, recurso extraordinario de
revisión-impedimento.
5

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

instauren con posterioridad a la entrada en vigencia»5 (2 de julio de 2012).

Así las cosas, comoquiera que el recurso extraordinario de revisión no comporta
una tercera instancia u otra adicional, sino un nuevo proceso o mecanismo de
control, este se rige bajo la norma que esté en vigor al momento de su
presentación.

En similares términos lo estimó esta subsección, en proveído de 28 de septiembre
de 20166, al advertir que «[…] el recurso extraordinario de revisión procede contra
sentencias ejecutoriadas que se profirieron en procesos que ya están culminados.
En este mismo sentido como la revisión no es una tercera instancia, sino un
procedimiento nuevo7, al citado recurso se aplica, en principio, la normatividad
vigente al momento de su interposición».

Por lo tanto, como este recurso extraordinario de revisión se presentó el 17 de
agosto de 2016 (f. 12 c. ppal.), el régimen jurídico aplicable es el contenido en el
CPACA.

5.2 Competencia. En relación con la competencia de esta Colegiatura para
conocer del medio extraordinario de impugnación que se analiza, el artículo 249
del CPACA prevé:

De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que
profirió la decisión8.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales
Administrativos.

De la precitada norma se colige que la competencia para decidir el recurso

5
Artículo 308 del CPACA.
6
Sección segunda, subsección B, C. P. César Palomino Cortés, providencia de 28 de septiembre de 2016, expediente
11001-03-25-000-2013-00023-00 (0068-2013).
7
“(…) El Recurso Extraordinario de Revisión no constituye una instancia adicional (…) con la demanda de revisión se inicia
una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Auto de 12 de agosto de 2014. Expediente.
No. 110010315000201302110-00. Actor. Jairo Luis Polanía Carrizosa.
8
El aparte «sin exclusión de la sección que profirió la decisión» fue declarado exequible por la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
6

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia proferida por un
tribunal administrativo, corresponde a las secciones y subsecciones de esta
Corporación, según la materia.
Analizado el asunto sometido a consideración, a la luz de la precitada disposición,
se observa que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue
dictada, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, el 18 de febrero de 2016, y el tema abordado fue
el reajuste de la asignación de retiro con inclusión de la prima de actividad,
conforme a lo previsto en los artículos 2.º y 4.º del Decreto 2863 de 2007.

Dichos presupuestos permiten concluir que la competencia para conocer del
presente recurso recae en esta sección, no solo por cuanto fue interpuesto contra
una providencia dictada por un tribunal administrativo, sino además porque su
materia es de carácter laboral.

Por consiguiente, en este caso resulta procedente el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la accionante contra la sentencia del 18 de febrero de
2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, mediante la cual confirmó el fallo del 22 de enero de 2015 del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó las súplicas de
la demanda.

5.3 Término para su interposición. Comoquiera que la sentencia objeto del
presente recurso extraordinario de revisión, alcanzó su ejecutoria el 26 de febrero
de 2016, es decir, en vigor del CPACA, que prevé el término de un (1) año
siguiente a la ejecutoria del respectivo fallo, se tendrá como oportunamente
presentado, toda vez que se incoó el 17 de agosto de 2016.

5.4 Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión9. El recurso de
revisión, que, en materia de lo contencioso-administrativo, se encuentra regulado
por el capítulo I del título VI del CPACA, reviste una connotación extraordinaria no
solo porque con su ejercicio se pretenden desvirtuar las presunciones de legalidad

9 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, sala
plena de lo contencioso administrativo, sentencias de 27 de febrero de 2017 (11001-03-15-000-2016-01440-00 REV), 20 de
junio de 2016 (expediente 11001-03-15-000-2007-00958-00, 2 de marzo de 2010 (expediente REV-2001-00091), 6 de abril
de 2010 (expediente REV-2003-00678), 20 de octubre de 2009 (expediente Rad. REV-2003-00133), 12 de julio de 2005
(expediente REV-1997-00143-02), 14 de marzo de 1995 (expediente REV-078), 16 de febrero de 1995 (expediente REV-
070), 20 de abril de 1993 (expediente REV-045) y 11 de febrero de 1993 (REV-037); sección segunda, subsección A,
sentencias de 27 de julio de 2017 (expedientes 05001-23-31-000-2002-01628-01 [0379-12] y 05001-23-31-000-2002-01080-
02 [1829-12]) y de 27 de abril de 2017 (expediente 05001-23-31-000-2002-00574-01 [0557-12]) y subsección B, sentencia
de 26 de mayo de 2010 (expediente: 15001-23-31-000-2001-06339-01 [0702-01]); sección tercera, sentencias de 2 de
marzo de 2017 (73001-23-31-000-2004-00818-02 [35392]), 22 de abril de 2009 (expediente: 35995) y sección quinta, auto
de 25 de mayo de 2017, expediente: 11001-03-28-000-2017-00013-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.
7

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

y certeza que amparan una sentencia, sino porque procede únicamente contra las
providencias relacionadas en el artículo 249 ibidem, y, además, las causales de
procedencia las consagró de manera taxativa el legislador en el artículo 250 idem,
lo cual implica que las facultades del juez que conoce del recurso extraordinario se
reducen al estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente, que deben
estar dirigidos a configurar la causal alegada como sustento de la pretensión de
revisión, sin que sea posible incluir argumentos distintos ni revivir la controversia
jurídica y fáctica propia del proceso en el que se profirió la sentencia objeto del
recurso extraordinario.

En este orden de ideas, para que este recurso prospere no solo resulta imperativo
que se demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que de manera
inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino
que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas en
forma restringida en la ley como causales de revisión en el artículo 250 del
CPACA.

5.5 La causal invocada. En el presente caso se invocó la causal 5ª. contenida en
el artículo 250 del CPACA, consistente en «Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

Esta causal se refiere a que, en el momento de dictar sentencia que no es
susceptible de recurso de apelación, el juzgador puede incurrir en irregularidades
que pueden constituir nulidad. Al respecto, con el fin de que el fallador de revisión
no se convierta en juez de instancia, la sala plena de lo contencioso-
administrativo, en sentencia de 5 de abril de 201610, precisó las circunstancias que
pueden conformar la causal así:

9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio
grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de
nulidad en la sentencia11:

9.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso
legalmente concluido.

10
Sala catorce especial de decisión del Consejo de Estado, radicación: 110010315000 2008 00320 00, actor: José Joaquín
Palma Vengoechea, demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth
11
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso- administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; de 18
de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de
2015, rad. 2013-02724-00(REV), consejero ponente. Jorge Octavio Ramírez; sección segunda, Subsección B, sentencia de
11 de junio de 2009, rad. 836-06; y sección primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
8

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Demandado: Casur

9.2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

9.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por
la firma de más o menos jueces de los requeridos legalmente.

9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada)
o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue
vinculado al proceso.

9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.

9.6. Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con
violación del debido proceso”.

10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado
que únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las
razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión,
es motivo de revisión bajo la causal sexta. De manera que es
improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo,
de la estimación errada de las pruebas o de los hechos por parte del
juez; de la indebida interpretación de las normas jurídicas aplicadas; o
del desconocimiento del precedente judicial (…).12

Por otra parte, también se han aceptado las situaciones que devienen de la
vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, aunque no se encuentren
establecidas en los estatutos procesales como causales de nulidad; pero con la
advertencia de que al juez le corresponde establecer si el hecho que se afirma es
irregular y tiene la entidad de afectar la inmutabilidad de la sentencia que puso fin
al proceso; y, por ende, configurar la mentada causal de revisión.

Por ello, la sala especial de decisión 26 de esta Corporación así lo infirió al señalar
que «las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto
procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se
originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional,
contemplado en el artículo 29»13.

5.6 Caso concreto. Mediante sentencia del 18 de febrero de 2016, proferida por

12
Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene plena vigencia en
relación con la invocada por los recurrentes que se encuentra contemplada actualmente en el numeral 5.º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia.
13
Consejo de estado, sala especial 26, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2011-01639-00
(REV), demandante: Vehivalle S.A., consejera ponente: Olga Mélida Valle de De la Hoz.
9

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se
confirmó el fallo del 22 de enero de 2015 del Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Bogotá, que negó las súplicas de la demanda. Contra esta decisión, la
actora interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal
5ª. consagrada en el artículo 250 del CPACA.

El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia más del proceso
ordinario, sino que tiene la particularidad de presentarse como una excepción al
principio de la cosa juzgada, pues tiende a invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, y, por ello, la ley ha establecido unas
causales taxativas para su procedencia, las cuales se hallan plasmadas en la
actualidad en el artículo 250 del CPACA (antes en el 188 del Código Contencioso
Administrativo [CCA]); de ahí que estas deben encontrarse debidamente
acreditadas para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia de la
etapa procesal anterior.

Para que se configure esta causal, como se dijo, es indispensable que se trate de
irregularidades «[…] en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de
recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de
constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o condenar
en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta
estando suspendido el proceso»14.

Dentro de este contexto, la sala plena de lo contencioso-administrativo de esta
Corporación, en sentencia de 2 de marzo de 201015, al referirse a las causales
preceptuadas en el artículo 188 del CCA, y, en especial, a la 6ª., expresó:

[…] ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del
mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad analítica del
juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino
que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal
(numeral 6°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada),
o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los
elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión
(numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°).
[…]

14
Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia de 18 de julio de 1974 (recurso extraordinario de revisión),
magistrado ponente: Humberto Murcia Ballén, demandantes: Gonzalo Prieto y Jesús Barrera, demandado: Automotores R.
A. Pérez e Hijos Limitada. Gaceta Judicial CXLVIII, pp. 184-185.
15
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación 11001-03-15-
000-2001-00091-01 (REV), actor: Pedro Antonio Durán, demandado: Contraloría General de la República.
10

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

Cuando la norma se refiere a la “nulidad originada en la sentencia” exige
que el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se
profiere la sentencia, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de esa actuación. Dichas restricciones se
explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, en
cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la infirmación de
una sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa
juzgada.

No será posible, entonces, alegar como causal del recurso extraordinario
de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia,
máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se
encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas
en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio del
deber que el artículo 145, íbídem, impone al juez de declarar de oficio las
nulidades insaneables que observe “antes de dictar sentencia”.

No obstante, la jurisprudencia de esta Sala ha aceptado la posibilidad de
alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque
ocurrida en momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no
apelable, no pudo ser advertida por el recurrente durante el curso del
proceso16.

Así las cosas, en el presente asunto, la recurrente para sustentar la causal 5ª. del
artículo 250 del CPACA esgrime el argumento de que no se emitió
pronunciamiento alguno sobre la solicitud de prejudicialidad con anterioridad a la
sentencia de segunda instancia, por lo que se incurrió en la causal de nulidad 3ª.
del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), al igual que en violación al
debido proceso y defensa.

En principio, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 133 del CGP, comporta
causal de nulidad «Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda
antes de la oportunidad debida».

Acerca de la suspensión del proceso, en el artículo 161 del CGP, en su numeral 1,
prevé tal posibilidad «Cuando la sentencia que deba dictarse dependa
necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre
cuestión que sea imposible de ventilar en aquél como excepción o mediante
demanda de reconvención. El proceso ejecutivo […]» (prejudicialidad).

Respecto del trámite de suspensión, el artículo 162 de la mencionada obra
normativa preceptúa:

16
Sentencia del 20 de abril de 2004, expediente REV-00132.
11

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la
procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente
solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que
la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se
encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única
instancia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la
interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decrete.

El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae
únicamente sobre el trámite principal.

De la precitada normativa se colige que la prejudicialidad constituye una causal de
suspensión del proceso, esto es, cuando la resolución de un asunto depende de
otro, respecto del cual resulta necesario que sea decidido primero, por ende, el
proceso se suspenderá ante la existencia de tal asunto y cuando se encuentre en
estado de proferir sentencia.

Ahora bien, comoquiera que la petición de suspensión del proceso por
prejudicialidad formulada por la demandante se presentó durante el trámite de
segunda instancia, en particular en el escrito de alegatos de conclusión (ff. 149 a
152 del expediente ordinario)17, bien pudo el Tribunal decidirla mediante auto con
antelación al fallo objeto de revisión o dentro de esa providencia, máxime cuando,
de conformidad con el artículo 243 del CPACA, tal decisión no comporta
naturaleza apelable, por lo que no procedería recurso de súplica, en los términos
del artículo 246 ibidem.

Sin perjuicio de lo anterior, sobre el tema de la prejudicialidad el Consejo de
Estado, en auto de 15 de julio de 201018, expresó:

Se hace necesario para la procedencia de la prejudicialidad, la
existencia de dos procesos judiciales ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, uno de nulidad contra el acto de carácter general que
incida en la decisión que ha de tomarse en los procesos de nulidad y
restablecimiento de derecho contra los actos de carácter particular, los
cuales deben encontrarse para dictar sentencia.
[...]

Por otro lado, la circunstancia de que el acto de carácter general esté

17
En el que pidió «[…] la suspensión del Proceso de la referencia ‘POR PREJUDICIALIDAD’, hasta tanto no se resuelva y
quede en firme el Proceso de Nulidad Simple distinguido con el número 11001032500020100013600 […] que versa sobre la
Nulidad Simple del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 […]», al considerar que «El Proceso de la referencia, depende
necesariamente de las resultas de la nulidad impetrada dentro del Proceso de Simple Nulidad que cursa en el Honorable
Consejo de Estado […]».
18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, consejero ponente Alfonso
Vargas Rincón, expediente 11001-03-25-000-2009-00070-00(1063-09).
12

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

demandado ante esta jurisdicción, no significa, necesariamente, que
por ese sólo hecho pierda su fuerza ejecutoria, por cuanto goza de
presunción de legalidad, es decir, se estima ha sido proferido dentro
del marco de la ley y que tiene plena vigencia mientras la autoridad
judicial no lo declare contrario a derecho, o al menos lo suspenda
provisionalmente, como medida cautelar dentro del respectivo proceso
en donde se controvierta la legalidad de los mismos.

De lo anterior se colige que es la suspensión provisional el mecanismo
idóneo para que los actos demandados pierdan su eficacia durante el
tiempo que dure el proceso [...].

De conformidad con lo anteriormente citado, de todas maneras, resultaba
improcedente la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad de la
accionante, puesto que la presunción de legalidad del artículo 2 del Decreto 2863
de 2007, demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado
(expediente 11001-03-25-000-2010-00136-00), no se encontraba desvirtuada para
esa fecha, toda vez que la presentación de la demanda contra dicho acto no
implicaba su ilegalidad, asimismo, no había sido objeto de suspensión provisional.

Igualmente, cabe anotar que con sentencia de 21 de junio de 201819 fue decidida
la acción de simple nulidad referida en el párrafo precedente, en la que se
determinó estarse «[…] a lo resuelto en la sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 27 de marzo de 2014 [20], en la acción de
nulidad promovida por Carlos Arturo Arzuanga Guerrero contra el Gobierno
Nacional, con radicación 11001-03-25-000-2009-00029-00 (0656-2009), por los
aspectos que fueron objeto de pronunciamiento en aquella oportunidad, respecto
de los cuales denegó la nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 […]», por
configurarse el fenómeno de la cosa juzgada.

En la mencionada sentencia de 27 de marzo de 2014, se negó otra acción de
nulidad interpuesta contra el mismo artículo 2°. del Decreto 2863 de 2007,
respecto de la posible vulneración del derecho a la igualdad de los agentes de
Policía y del personal del nivel ejecutivo de esta misma institución y de los
soldados profesionales, por cuanto no se les incrementó el porcentaje de prima de
actividad, al considerar:

Como fundamento de la pretensión de nulidad contra el artículo 2 del
Decreto 2863 de 2007 expone el actor que se viola el derecho a la
igualdad de los agentes de policía, del personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional y de los soldados profesionales, porque el incremento
del 50% del porcentaje de la prima de actividad previsto en la norma en

19
Consejero ponente: William Hernández Gómez.
20
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
13

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

comento solamente se concede a los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, de la Policía Nacional, y a los empleados públicos del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.

El accionante sostiene que se desconoce el artículo 216 de la
Constitución Política porque la fuerza pública está integrada por las
fuerzas militares y la Policía Nacional, igualmente señala que no existe
una razón objetiva y razonable que justifique la exclusión de los
agentes, personal del nivel ejecutivo y soldados profesionales, cuando
en su criterio éstos son los que más riesgo asumen en la prestación del
servicio y “dentro de la jerarquía de la fuerza pública somos los más
débiles, en cuanto grado y económicamente se refiere” (fl. 5).

[…]
[…] la Sala precisa que la regulación del régimen prestacional de la
fuerza pública se realiza de manera concurrente entre el legislador
quien fija las pautas generales, a través de leyes cuadro y el Gobierno
Nacional mediante decretos reglamentarios lo desarrolla. En efecto la
Ley 4 de 1992 señaló en el artículo 2 los lineamientos que debe acatar
el Gobierno:

“i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto
es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;”
De la lectura de estos literales se observa que la remuneración de los
miembros de la fuerza pública debe obedecer al nivel de los cargos, las
funciones, responsabilidades y calidades, por lo que es claro que todos
no pueden tener la misma remuneración y prestaciones.

En efecto el actor estima que la Constitución Política al establecer en el
artículo 216 que la fuerza pública está integrada por las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional, establece un criterio de paridad entre
quienes las integran, esto es, que todos los integrantes de la fuerza
pública deben tener la misma remuneración por su trabajo. Esta
interpretación a la que acude el accionante desconoce justamente el
artículo 53 de la Constitución, según el cual “la remuneración mínima
es vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”; así al
tratarse de un cuerpo jerarquizado, donde hay diferentes funciones y
responsabilidades, el mandato constitucional impone que la retribución
por el trabajo sea proporcional a las funciones.

Así, en el presente caso no se está frente a sujetos que se encuentren
en las mismas condiciones y que desempeñen las mismas funciones,
supuestos necesarios para que se predique la violación del derecho a
la igualdad.

Insiste la Sala que el Gobierno Nacional al incrementar la prima de
actividad debe seguir el mandato constitucional por el cual se señala
que al mismo trabajo corresponde el mismo salario; e igualmente debe
sujetarse a la racionalización y disponibilidad de los recursos públicos,
y la naturaleza de los cargos y las funciones, como lo señala la
Ley 4 de 1992.

En suma, se destaca que para demostrar la violación del derecho a
la igualdad a partir de la comparación entre supuestos de hechos
14

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

diferentes y entre personas cobijadas por regímenes distintos,
como lo plantea el actor en este proceso, se “exige un análisis
constitucional encaminado a justificar que los que son diferentes
deben ser tratados igual, lo cual sólo esta constitucionalmente
ordenado en circunstancias extraordinarias de manifiesta
desproporcionalidad no compensada por otros beneficios21
[subrayado y negrilla de la Sala].

Como se advierte a partir del contenido trascrito, los artículos 2 y 4 del Decreto
2863 de 2007 no adolecen de vicio de inconstitucionalidad, dado que los agentes
no se encuentran en una situación asimilable a la de los oficiales y suboficiales de
la Policía Nacional, dado que se trata de servidores públicos diferentes en relación
con los niveles, grados, tareas, responsabilidades, régimen de ingreso, ascenso,
retiro, remuneración y prestaciones. De igual modo, resulta constitucionalmente
válido que se confieran tratamientos desiguales en materia salarial y prestacional
para los servidores públicos, lo cual no desconoce el derecho a la igualdad.

Así las cosas, no se evidencia, en consecuencia, causal alguna de nulidad de la
sentencia impugnada, y la Sala se percata de que la alegación de la parte
recurrente pretende un examen de la decisión como si se tratara de una tercera
instancia, lo cual escapa del ámbito de competencia del juez del recurso, por lo
que este resulta infundado.

De la condena en costas. Al respecto, refiere la accionante que la sentencia
cuestionada «[…] está viciada de nulidad, de acuerdo con lo estipulado en los
artículos 29 y 31 de nuestra Carta Política, toda vez, que agravó aún más la
situación del único apelante, al ordenar en el fallo, condenar en costas al
Demandante violando con ello sendos derechos fundamentales como la no
reformatio in pejus y el debido proceso. Así mismo se violó lo dispuesto en el
numeral primero del Art. 133 y del Artículo 138 del C.G.P., debido que al no
respetar la condición de único apelante y al agravar más la situación del
Demandante lo hizo sin tener competencia, por el factor funcional para ello, es
decir, los H. Magistrados no tenían competencia funcional para revocar
parcialmente la sentencia de primera instancia, debido a que el Demandante actúo
como apelante único».

Sobre ese punto, encuentra la Sala que la imposición de las costas no da a lugar a
la declaratoria de nulidad de la sentencia del 18 de febrero de 2016, puesto que es
un elemento propio de las actuaciones judiciales, que queda a discrecionalidad del

21
Sentencia C-980 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
15

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

juez instructor del proceso, si bien, esta Sala ha sostenido en sus providencias,
que para la aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, es dable estudiar aspectos como la
temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir la parte vencida, lo cierto, es que
no conlleva per se una circunstancia debatible mediante el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, pues para tales efectos, el ordenamiento ha diseñado
otros mecanismos procesales como son los recursos de reposición y apelación
contra la providencia que aprueba su liquidación según el artículo 366 de la Ley
1564 de 2012 o CGP.

Ahora, en cuanto al principio de la no reformatio in pejus, el cual se trata de un
derecho fundamental contenido en el artículo 31 de la Constitución, como garantía
sobre la potestad punitiva de las autoridades judiciales, que se traduce en una
limitante para el juzgador de instancia para decidir solo en lo desfavorable al
apelante único, no se vislumbra su violación al no cumplir los parámetros
establecidos en la jurisprudencia, señalados con anterioridad22, pues, en el
presente asunto la condena en costas se tasó en cuantía del 3% de las
pretensiones de demanda, en atención a lo establecido en los artículos 361 del
CGP y 3.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.

Además, la vulneración de esta garantía no se materializa por la imposición de la
condena en costas pues este pronunciamiento obedece al del cumplimiento del
deber impuesto por el art. 188 del CPACA según el cual << la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas>>. Ahora el criterio para su imposición es un aspecto
propio de la labor de interpretación jurídica del juez, respecto del cual no se puede
reclamar una mejor valoración a través del recurso extraordinario de revisión.

De conformidad con el análisis efectuado sobre los elementos de juicio allegados
al expediente y en conjunto con la jurisprudencia y el marco normativo que
enmarca el asunto, esta Sala declarará impróspero el recurso extraordinario de
revisión, formulado por la accionante en virtud de la causal 5ª del artículo 250 del
CPACA, al no encontrarse las razones de nulidad de la sentencia del 18 de
febrero de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D.

22
«9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la
non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero
que no fue vinculado al proceso».
16

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

Por otra parte, conforme al criterio adoptado por esta Sala en sentencia de 17 de
noviembre de 2016, no se impondrán costas a la parte vencida, por cuanto, «[…] a
diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y
agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo
365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes,
previa imposición de la medida, circunstancia que limita el arbitrio judicial o
discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma»23 (artículo
188 del CPACA).

DECISIÓN

Por consiguiente, frente al resultado adverso a los intereses del recurrente, se tiene
que el derecho de acción fue ejercido en forma legítima y no se observa que haya
empleado maniobras temerarias o dilatorias en la defensa de sus intereses; de igual
modo, la Sala infiere que el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto con la
posibilidad de que el superior funcional revisara soluciones probables diferentes a las
que arribó el tribunal de instancia, por lo que no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la accionante en contra de la sentencia del 18 de febrero de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la señora
Nohemí Rojas Murcia contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional,
conforme a la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente ordinario al
juzgado de origen y ARCHIVAR las presentes diligencias, previas las anotaciones

23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 17 de noviembre
de 2016, radicado 05001-23-33-000-00091-01 (823-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17

Nº Interno: 0354-2017
Demandante: Nohemí Rojas Murcia
Demandado: Casur

que fueren menester.

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

18

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