República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00178-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-0017800 (2799-2024)
Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema: recurso extraordinario de revisión. Subtema 1: causal del numeral 1 del
artículo 250 del CPACA. Subtema 2: prueba encontrada o recobrada después de
la sentencia. Reiteración de jurisprudencia.
Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Lifare Yeison
Bonilla Santos contra la sentencia del 24 de marzo de 2023 proferida por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que revocó la providencia dictada el 22 de noviembre de 2021 por el Juzgado
Veintinueve Administrativo de Bogotá que había accedido a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que fue demandada la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, y en su lugar las negó.
1. Antecedentes
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, y las recaudadas en el
curso de este trámite, la Sala sintetiza a continuación, los hechos y actuaciones
relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con
el número de radicación 11001-33-35-029-2019-00222-00/01:
1.1.1. La demanda
2. El señor Lifare Yeison Bonilla Santos radicó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución
Radicado: 11001-03-25-000-2024-0017800 (2799-2024)
Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
núm. 02334 del 9 de mayo de 2018 que lo retiró del servicio activo por disminución
de la capacidad sicofísica y de las actas proferidas por las juntas médico-laborales
núms. 7268 y TML-18-2-084.
3. Como restablecimiento del derecho, pidió su reintegro en el cargo y grado en
el que se encontraba, sin solución de continuidad. Igualmente, que se le ordenara
el pago de todos los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones y demás conceptos
a que hubiera lugar desde cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente
fuera reintegrado, así como todas las sumas que demostrara haber pagado por
servicios médicos. Finalmente, reclamó daños morales.
4. En sustento, refirió que ingresó a laborar en la Policía Nacional el 4 de mayo
de 2009, en buenas condiciones de salud y que fue dado de alta como patrullero el
30 de noviembre siguiente. Además, relató en el hecho tercero que a lo largo de su
carrera policial ha desarrollado varias capacitaciones. Igualmente, que fue objeto de
persecución y que le fueron prescritas incapacidades. No obstante, la entidad
demandada lo retiró del servicio por disminución de la capacidad sicofísica.
5. En este sentido, considera que tiene derecho al reintegro porque ejerció su
cargo eficientemente, sus lesiones se produjeron en actos del servicio y demostró
su capacidad para desempeñar labores administrativas, como el cargo logístico en
el que laboraba previo a su retiro. Bajo este entendido, de conformidad con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional en esta clase de escenarios el retiro
del servicio por disminución de la capacidad sicofísica solo procede cuando el
concepto de reubicación de la junta médico laboral es desfavorable y las
capacidades del policía no puedan aprovecharse en actividades de instrucción,
docencia o administrativas.
6. Como pruebas, el demandante aportó varios documentos y solicitó que el
director de la Policía Nacional remitiera copia auténtica de la hoja de servicios, de
sus formularios de evaluación y clasificación correspondientes a los años de 2012
a 2017 y de los antecedentes disciplinarios1.
1.1.2. Contestaciones de la demanda
7. La apoderada de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional se opuso a todas
las pretensiones de la demanda y refirió que los hechos alegados no le constaban
y que debían probarse. En igual sentido, destacó que la entidad expidió el acto en
satisfacción de todas las garantías constitucionales y legales, lo que impedía tener
por configurada la desviación de poder. Al respecto, pidió que se tuvieran como
pruebas los documentos que reposaban en el expediente y los que de oficio el juez
considerara necesarios2.
1 Samai, índice 31, 35_MemorialWeb_Respuesta-RemiteExpediente(.pdf) NroActua 31, 11001-33-35-029-
00222-00, C1PrimeraInstancia.pdf, 02DemandayAnexosPtde2.pdf, páginas 215 a 253 del archivo digital.
2 Samai, índice 31, 35_MemorialWeb_Respuesta-RemiteExpediente(.pdf) NroActua 31, 11001-33-35-029-
00222-00, C1PrimeraInstancia.pdf, 09ContestaciónDemandaMinDefensa.pdf.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-0017800 (2799-2024)
Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
8. Por otro lado, la abogada de la Nación, Policía Nacional remitió memorial de
contestación en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones ya que el retiro
del servicio respondió a un acto de ejecución no susceptible de control judicial y los
actos se expidieron con apego a la normativa y al precedente aplicable. En igual
sentido, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, por ser el asunto
competencia del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que, si pese a ello, el trámite
se seguía en su contra, se materializaba una indebida representación.
9. A su vez, en lo que respecta a los fundamentos fácticos mencionó que
«relacionado con el ingreso del demandante a las filas de la Policía Nacional, la
fecha de alta como patrullero y las capacitaciones, se puede corroborar la
información; sin embargo, aclaró que es únicamente respecto a lo que se encuentra
escrito en el mencionado documento, porque las narraciones e interpretaciones que
hace el accionante, son del resorte subjetivo, personal y unilateral de lo que a bien
considera la parte activa»3.
1.1.3. Decreto de pruebas en audiencia inicial
10. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C,
Sección Segunda, celebró audiencia inicial el 4 de febrero de 20214 en la que ordenó
incorporar y tener como pruebas los documentos aportados con la demanda y con
los escritos de contestación. Por su parte, negó expresamente la solicitud del actor
relativa a pedirle al director de la Policía Nacional allegar la copia auténtica de la
hoja de servicios, de los formularios de evaluación y clasificación para los años 2012
a 2017 y de los antecedentes disciplinarios, de conformidad con el artículo 173 del
Código General del Proceso (CGP), según el cual el juez se abstendrá de ordenar
la práctica de pruebas que se hubieran podido conseguir mediante escrito de
petición.
11. En tal sentido, como la parte demandante no demostró al menos
sumariamente que radicó petición para obtener los documentos y que esta no fue
atendida, procedía negar la solicitud. En atención a ello, se prescindió del período
probatorio.
1.1.4. Sentencia de primera instancia
12. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C,
Sección Segunda, profirió sentencia el 22 de noviembre de 20215 en la que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución 03455 del 05 de julio de
2018 “Por la cual se retira del servicio activo por disminución de la capacidad
3 Samai, índice 31, 35_MemorialWeb_Respuesta-RemiteExpediente(.pdf) NroActua 31, 11001-33-35-029-
00222-00, C1PrimeraInstancia.pdf, 10ContestaciónDemandaPoliciaN.pdf, páginas 1 a 11 del archivo digital.
4 Samai, índice 31, 35_MemorialWeb_Respuesta-RemiteExpediente(.pdf) NroActua 31, 11001-33-35-029-
00222-00, C1PrimeraInstancia.pdf, 17ActaAudienciaInicial.pdf.
5 Samai, índice 31, 35_MemorialWeb_Respuesta-RemiteExpediente(.pdf) NroActua 31, 11001-33-35-029-
00222-00, C1PrimeraInstancia.pdf, 20SentenciaPrimeraInstancia.pdf.
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sicofísica a un patrullero de la Policía Nacional”; expedida por el Director General de
la Policía Nacional, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA NACIONAL, a REINTEGRAR al señor LIFARE YEISON BONILLA
SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía 1.075.222.176 al cargo que venía
ejerciendo al momento de su retiro o en su defecto, REUBICARLO en un cargo en
donde puedan aprovecharse sus capacidades para contribuir de esa forma a su
reintegración, teniendo en cuenta sus conocimientos, habilidades y destrezas; así
como RECONOCER y PAGAR todos los salarios y acreencias laborales dejados de
percibir desde la fecha de su retiro hasta que se haga efectivo su reintegro,
entendiendo que no existió solución de continuidad, por lo que además se deberá
actualizar su hoja de servicios; de conformidad con la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]
13. En sustento, se refirió al contenido del acta TML 18-2-084 MDNSG-TML-41.1
expedida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y destacó
que en esta se llevó a cabo el examen médico para revisar lo consignado por la
junta médico laboral el 17 de agosto de 2017. En este orden, se precisó que se tuvo
en cuenta no solo la documentación obrante en el expediente médico laboral del
demandante, sino conceptos de especialistas, resultados de exámenes paraclínicos
y demás aportados por el paciente, así como el examen médico practicado el día
de su asistencia a dicha instancia.
14. Es más, en esta prueba se puso de presente que el demandante no podía
desarrollar la labor para la cual fue vinculado porque sufría una patología de control
de impulsos y de personalidad que estaba en seguimiento y requería control a través
de medicamentos. Por ende, no podía permanecer en instituciones como la Policía
Nacional porque podría existir un riesgo de agravación de su estado de salud, así
como la puesta en peligro de sus compañeros y la comunidad que es la llamada a
proteger. En consecuencia, el Tribunal concluye que médicamente el actor no
estaba apto para la vida militar.
15. Pero, lo cierto es que de una revisión de este documento se observa que no
consideró la posibilidad de reubicar al demandante, en atención a que se trataría de
un acto irresponsable a partir de reacciones sorpresivas que son propias de la
enfermedad y porque el evaluado no estaba lo suficientemente preparado en áreas
de apoyo a la actividad operacional, toda vez que lo que presentó en la convocatoria
no tenía la suficiente intensidad horaria de conformidad con los decretos 2888 de
2007 y 4909 de 2009.
16. Asimismo, el policía no contaba con el suficiente tiempo de vinculación en la
entidad que le permitiera satisfacer la exigencia de cumplir con los procesos y
procedimientos, ni las habilidades o destrezas para ejercer otra labor en el ámbito
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militar. Finalmente, su permanencia en la institución podría empeorar y agravar su
estado de salud. En razón a ello, el acta estaba debidamente motivada.
17. Ahora bien, en lo que respecta a la Resolución núm. 02334 del 9 de mayo de
2018 la parte considerativa únicamente menciona el acta del Tribunal Médico
Laboral con la transcripción de lo allí contenido. Sin embargo, de conformidad con
la jurisprudencia y la interpretación constitucional la Policía Nacional tiene una carga
adicional en materia argumentativa al momento de retirar al personal distinta a la
que emana de las decisiones de la junta, para aprovechar al trabajador en
actividades administrativas, docentes o de instrucción del patrullero. Lo anterior
implica que debe motivar la decisión de retiro del servicio y sustentar los
fundamentos que imposibilitan la reubicación.
18. Al respecto, como se extrae del contenido del acto administrativo referido
este no valoró las habilidades, destrezas ni la capacidad del actor para establecer
si existían actividades en las que pudiera desempeñarse en la institución. Desde
este visto de vista, no se analizó suficientemente la posibilidad de reubicación en
abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado relativa a la protección de las personas en situación de discapacidad y el
derecho a la estabilidad laboral reforzada.
19. Por ese motivo, anuló exclusivamente la Resolución núm. 02334 del 9 de
mayo de 2018 y a título de restablecimiento del derecho le ordenó a la entidad
demandada reintegrar al señor Lifare Yeison Bonilla Santos al cargo que venía
ejerciendo al momento de su retiro o reubicarlo en uno donde pudieran
aprovecharse sus capacidades y contribuir de esta forma a su reintegración, a partir
de sus conocimientos, habilidades y destrezas. Igualmente, le ordenó a la Policía
Nacional reconocer y pagar todos los salarios y acreencias laborales dejadas de
percibir desde la fecha del retiro y hasta que se hiciera efectivo el reintegro, lo cual
se basaba en el entendimiento de que no existió solución de continuidad, lo que
daba lugar a que se tuviera que actualizar su hoja de servicios.
20. Finalmente, el Juzgado estableció que como el retiro tuvo lugar el 9 de mayo
de 2018 y la demanda se presentó el 31 de octubre de ese año, no operó la
prescripción frente al pago de las acreencias laborales reconocidas. En igual
sentido, se negó la pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de los
daños morales porque no se demostró su ocurrencia.
1.1.5. Recurso de apelación de la parte demandada
21. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional apeló la sentencia de
primera instancia y puso de presente que dentro del estudio realizado por la junta
del Tribunal Médico Laboral se hizo un recuento de los eventos por los cuales el hoy
demandante tuvo episodios que requirieron atención especializada de psicología.
Por ende, era claro que se trató de una persona no apta para desarrollar cargos al
interior de la Policía Nacional porque los antecedentes de su historia clínica reflejan
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que presenta un grave problema con la autoridad a tal punto que ha acusado a sus
superiores jerárquicos de acoso laboral. En razón a esto, es contraproducente tener
una persona como el demandante en la institución.
22. Igualmente, destacó que la entidad ha reducido los cargos administrativos
que existen sin que el demandante pueda cumplir con la función constitucional que
se le encomendó, al no estar habilitado para portar armas de fuego. En igual sentido,
existen riesgos de contar con una persona como el demandante en la institución
castrense, toda vez que podría ocasionar un desarme de los uniformados y atentar
contra sus compañeros, superiores jerárquicos o contra la propia comunidad, como
ocurrió en un caso similar en el año 2014. Bajo este entendido, se consideraba
necesario salvaguardar la vida y la integridad de la ciudadanía.
23. Adicionalmente, en la sentencia de primera instancia el Juzgado declaró la
nulidad de la Resolución núm. 03455 del 05 de julio de 2018, acto administrativo
que no tiene nada que ver con el litigio estudiado en el proceso.
24. Finalmente, la apelante refirió que el ex uniformado no cuenta con la
instrucción ni los conocimientos que se requieren para desempeñar un cargo
administrativo en la Policía Nacional, puesto que para ello se exigía ser profesional
en las distintas áreas del saber con su pregrado y posgrados y existía una política
de reducción de estos cargos, como se expuso, lo que impedía su reintegro al no
ser conveniente por su perfil y las condiciones de salud que presenta. Por estos
motivos, le pidió al Tribunal revocar la sentencia de primer grado y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda6.
1.1.6. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
25. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dictó sentencia el 24 de marzo de 20237 en la que revocó la decisión
proferida por el Juzgado el 22 de noviembre de 2021 que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas. Condenó en costas en
ambas instancias a la parte actora.
26. Sostuvo que la Junta Médico Laboral, al proferir el acta núm. 7268 del 17 de
agosto de 2017 se abstuvo de reubicar al demandante porque su patología impedía
el desarrollo de actividades administrativas. Por su parte, el acta núm. TML-18-2-
084 del 7 de febrero de 2018 consideró que según registros de antecedentes
laborales el señor Lifare Yeison Bonilla Santos no tenía habilidades ni destrezas
para desempeñar cargos administrativos, de docencia o instrucción.
27. Por lo visto, era evidente que la administración evaluó integralmente y de
forma conjunta las circunstancias de salud del demandante a partir de las escasas
6 Samai, índice 31, 35_MemorialWeb_Respuesta-RemiteExpediente(.pdf) NroActua 31, 11001-33-35-029-
00222-00, C1PrimeraInstancia.pdf, 22RecursoApelación.pdf.
7 Samai, índice 31, 35_MemorialWeb_Respuesta-RemiteExpediente(.pdf) NroActua 31, 11001-33-35-029-
00222-00, C1PrimeraInstancia.pdf, 26SentenciaSegundaInstancia.pdf.
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destrezas, aptitudes y capacidades, sin que el señor Lifare Yeison Bonilla Santos
aportara algún documento que demostrara que realizó capacitaciones adicionales
como se dejó consignado en el texto del acta.
28. Frente a esto, el Tribunal destacó que el 20 de diciembre de 2017, cuando el
actor requirió la revisión del acta núm. 7268, así como en la demanda, manifestó
que desarrolló determinadas capacitaciones. No obstante, no aportó al plenario los
soportes ni las constancias de su realización, razón por la cual correspondía dar
aplicación al artículo 167 del CGP según el cual las partes debían probar los
supuestos de hecho que alegaban y de los cuales pretendían obtener efectos
jurídicos.
29. En concreto, frente al desempeño eficiente de funciones administrativas no
se allegaron al proceso los formularios de seguimiento y calificación ni la constancia
de las funciones que realizó. En punto a ello, la constancia del 5 de diciembre de
2018, emitida por el responsable de historias laborales del Área de Talento Humano
del Departamento de Policía de Cundinamarca se limitó a describir el cargo, la
unidad y el período en el cual laboró el señor Lifare Yeison Bonilla Santos sin que
se pueda desprender que tenía funciones de naturaleza administrativa.
30. Del mismo modo, se advierte que existen varios momentos que se refieren a
“recién trasladado” o “excusado total del servicio” a partir del 1 de agosto de 2017,
lo que impone considerar que no existía certeza de si en tales períodos se
desempeñó activamente en la institución, en tanto al actor se le concedieron
incapacidades seguidas por varios días en el año 2015.
31. Seguidamente, está demostrado que el demandante estaba incapacitado
cuando se produjo su retiro como consecuencia de su diagnóstico, pero esta
situación no desvirtúa la procedencia de la causal invocada. Por ende, se evidencia
que los actos demandados que retiraron del servicio al señor Lifare Yeison Bonilla
Santos se ajustan a la normativa aplicable y estuvieron debidamente motivados, ya
que se soportaron en el estado de salud, la pérdida de la capacidad y analizaron las
capacitaciones, habilidades, conocimientos y destrezas del actor.
32. Bajo este entendido, aunque el demandante refirió que actualmente goza de
un óptimo estado de salud, que ha evolucionado positivamente y que ha realizado
estudios académicos y profesionales, estas afirmaciones no son suficientes para
desvirtuar el estudio llevado a cabo por la administración en las actas médicas y, en
todo caso, se tratan de situaciones materializadas con posterioridad al retiro.
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1.2. Recurso extraordinario de revisión. Memorial original y subsanación8
33. El señor Lifare Yeison Bonilla Santos interpuso recurso extraordinario de revisión
el 15 de abril de 2024 contra la sentencia proferida por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 24 de marzo de 2023, al
considerar que esta incurrió en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA, relativa a «haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria».
34. En sustento, relató que luego de proferirse la sentencia de segunda instancia
«se localizaron documentos que se encuentran ubicados en el sistema de gestión
documental de la Policía Nacional», preexistentes al pronunciamiento judicial que
hubieran permitido la adopción de una decisión ajustada a derecho. En particular, las
constancias de capacitaciones y de intensidad horaria durante los 11 años, 4 meses
y 1 día que prestó sus servicios en la entidad con la trascendencia suficiente para
variar el sentido de lo resuelto, precisamente porque el Tribunal negó las súplicas de
la demanda con fundamento en que no podía ser reubicado al no tener habilidades
ni destrezas para el desempeño en un cargo administrativo, docente o de instrucción.
35. Por consiguiente, el Tribunal adoptó la sentencia enjuiciada a partir de las
actas médicas y del concepto de salud ocupacional y concluyó que pese a que el
actor reconoció haber realizado capacitaciones no allegó al expediente algún
documento en ese sentido. De ahí que aplicó el artículo 167 del CGP sobre la carga
de probar. Bajo este entendido, el recurrente delimitó los siguientes requisitos, que
debían concurrir para la configuración de la causal alegada:
(I) Nuevos documentos
36. El recurrente adujo que los documentos nuevos relativos a las capacitaciones
ya existían al momento de interposición de la demanda, como se desprende del
hecho tercero en el que narró el desarrollo de estas. Además, del contenido de la
contestación de la demanda se extrae que la entidad se pronunció, pero sin cumplir
con los presupuestos del numeral 2 del artículo 96 del CGP y del artículo 306 del
CPACA. En consecuencia, se generó una presunción de derecho – artículo 66 del
Código Civil– que permitía tener por cierto que sí desarrolló estudios en la institución
policial ante la ausencia de manifestación expresa en contrario.
37. Estaba capacitado para el ejercicio de cargos administrativos, docentes o de
instrucción y esa información debía reposar en los archivos de la entidad como se
infiere de las reglas de la experiencia y de la lógica jurídica. Por esa razón, se cumplía
con el presupuesto de existencia de nuevos documentos aceptados desde la
demanda y la contestación que solo pudieron ubicarse después de fallo ejecutoriado
8 En este acápite se sintetizan los reparos que hicieron parte del recurso extraordinario de revisión con la
referencia a la causal invocada que incluyó en el memorial de subsanación.
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y que se adjuntan a este recurso extraordinario por ser eficaces para que prospere
el presente mecanismo.
(II) Importancia de los documentos «hallados»
38. Los documentos nuevos que se aportan en esta instancia tienen la capacidad
de variar la decisión adoptada por el Tribunal porque el fundamento de la negativa
fue la ausencia de soportes de constancias o comunicaciones. Al respecto, expresó
que «con estos documentos ubicados y hallados», los cuales obran en poder de la
Nación, Policía Nacional «no solo en la actualidad sino en la etapa procesal» el
sentido de la decisión no sería la misma, pues existirían insumos para analizar las
destrezas del demandante que lo habilitan para el desempeño de cargos de
instrucción, docentes o administrativos al interior de la institución.
(III) Imposibilidad de aportar los nuevos documentos al proceso
39. Los documentos nuevos no se aportaron al proceso ordinario, pero sí se hizo
referencia a las capacitaciones en el hecho tercero de la demanda. Igualmente, en
la contestación de la demanda la entidad no negó lo afirmado, lo que permitía tenerlo
por cierto.
40. En este sentido, comoquiera que los archivos deben reposar en la gestión
documental de la entidad demandada, y estos no se aportaron al proceso, era factible
entender que la Policía Nacional los ocultó por temeridad y mala fe, lo que dificultaba
su recolección y aporte al proceso ordinario al tratarse de un sistema con reserva
sumaria. En este orden, al quedar en su órbita era imposible aportarlos al proceso
por obra de la parte contraria, máxime porque esta no desvirtuó lo manifestado al
respecto en los supuestos fácticos de la demanda.
41. Agregó que revisado el contenido de la demanda en sus folios 37 y 38 se
desprendía que le pidió al juez de primera instancia que el director de la Policía
Nacional expidiera la copia auténtica de la hoja de servicios y de los formularios de
evaluación y clasificación para los años de 2012 a 2017. Ello permite establecer que
le solicitó al juez que hiciera uso de sus poderes de ordenación para exigir la
consecución de los documentos necesarios para los fines del proceso como lo exigen
los numerales 4 de los artículos 42 y 43 del CGP y el artículo 169 ibidem. Empero,
el Juzgado y el Tribunal guardaron silencio.
42. Refirió que era tanta la imposibilidad para aportar los documentos al proceso
que radicó escrito de petición el 8 de abril de 2024 a través de la página web de la
entidad en el cual pidió la remisión de las citadas, esto es que se le allegaran las
constancias y la intensidad horaria de cada capacitación, así como el certificado de las
funciones que realizó en la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).
43. No obstante, no se le ha resuelto su solicitud motivo por el cual era necesario
que el juez en esta instancia hiciera uso de sus poderes de conformidad con el numeral
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4 del artículo 43 del CGP y el artículo 254 del CPACA para recuperarlos, a partir del
decreto de las pruebas de oficio para la solución del asunto y la materialización de la
justicia. Más allá de las documentales aportadas en esta sede judicial, le pidió a la
corporación exigirle a la Policía Nacional allegar las constancias de estudio y su
intensidad horaria requeridas a través del escrito de petición.
44. Por los motivos anteriormente expuestos, le solicitó al Consejo de Estado
declarar fundado el recurso extraordinario de revisión y dejar sin efectos la sentencia
del 24 de marzo de 2023, declarar la nulidad de la Resolución núm. 03455 del 5 de
junio de 2018 y conceder el restablecimiento del derecho consistente en ordenar su
reintegro al cargo que venía ejerciendo con el pago de todos los salarios y acreencias
laborales dejadas de percibir sin solución de continuidad. Asimismo, solicitó que se le
reconociera personería jurídica a su abogado para actuar en representación de sus
intereses al interior del presente trámite judicial.
45. Lo anterior, lo motivó en que está preparado y cuenta con los conocimientos
necesarios para realizar actividades de instrucción, docencia y administrativas en la
Policía Nacional, lo que le permitía ser reubicado sin que se contrariara la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional frente a la protección
de las personas en situación de discapacidad y el derecho a la estabilidad laboral
reforzada9.
1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
46. Luego de la interposición del presente recurso extraordinario de revisión, el
señor Lifare Yeison Bonilla Santos allegó memorial en el que puso de presente que
los documentos solicitados en el escrito de petición ya los tiene en su poder conforme
a una orden dictada en sede de tutela. Por consiguiente, indicó que no se hacía
necesaria la solicitud probatoria como la formuló, pero, en todo caso, pidió que estos
se decretaran y practicaran como pruebas al interior del trámite de la referencia10.
47. Seguidamente, el 28 de agosto de 202411 el magistrado en encargo profirió
auto en el que inadmitió el recurso de la referencia porque este no indicó
razonablemente la causal invocada en el escrito de demanda, por lo cual le confirió
al demandante un término de 5 días para que lo hiciera. Además, le advirtió a este
que debía allegar las constancias de envío del escrito de subsanación y le reconoció
personería al abogado que actuó en representación de sus intereses. Por ende, la
parte actora allegó memorial de subsanación que integró en un solo escrito con la
demanda y en el cual precisó que la causal invocada era la establecida en el numeral
1 del artículo 250 del CPACA12.
9 Samai, índice 2, 7ED_RECURSOYPODERpdf(.pdf) NroActua 2, páginas 1 a 20 del archivo digital, Samai,
índice 13, 15_MemorialWeb_Otro-RECURSOSUBSANADOpd(.pdf) NroActua 13, páginas 1 a 22 del archivo
digital y Samai, índice 14.
10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 8.
12 Samai, índices 13 y 14.
10
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Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
48. Después, el 7 de noviembre de 202513 la magistrada ponente admitió el
recurso, ordenó notificar personalmente a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y al procurador delegado ante esta corporación y les concedió a estos un
término de 10 días hábiles para contestarlo y solicitar las pruebas que consideraran
necesarias.
49. El apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional contestó
el recurso y manifestó que se advertía una conducta temeraria del demandante que
fue negligente en su actuar en el proceso ordinario. Por eso las constancias sobre
las cuales estructura el presente mecanismo no son pruebas sobrevinientes, ya que
desde la interposición de la demanda tenía conocimiento de las capacitaciones
ejecutadas en la institución policial.
50. A tal efecto, era posible que la parte interpusiera petición ante la entidad con
el fin de conseguir los documentos y al interior del proceso podía instar al juez a que
decretara estas pruebas de oficio, lo que no solicitó. Por ende, no pidió en sede
ordinaria las pruebas que ahora utiliza para desvirtuar el análisis del Tribunal.
51. Bajo este entendido, la entidad se opuso a todas las pretensiones al
considerar, entre otras, que la sentencia fue emitida en derecho, que la causal de
revisión no estaba debidamente sustentada, lo que impedía declarar la nulidad y que
esta vía no es una tercera instancia para cuestionar la valoración probatoria del
proceso ordinario. En este contexto pidió que se declarara infundado el recurso y
que se impusieran las sanciones y condenas a que hubiera lugar14.
52. Aunque el expediente ingresó al despacho para fallo el 9 de diciembre de
202515, el 22 de enero de 202616 se profirió auto en el que se decretaron y tuvieron
como pruebas los documentos aportados con el recurso y el memorial del 19 de junio
de 2024.
53. En el mencionado auto se ordenó librar oficio al Juzgado Veintinueve
Administrativo de Bogotá para que remitiera en medio digital el expediente ordinario,
se le reconoció personería al abogado de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y se dispuso que, allegado en debida forma y sin necesidad de providencia
que lo ordenara, se entendería cerrada la etapa probatoria e ingresaría el expediente
al despacho para fallo. El Juzgado cumplió con esta orden17 y el 16 de febrero de
2026 el expediente ingresó al despacho para fallo18.
13 Samai, índice 18.
14 Samai, índice 24, 25_MemorialWeb_ContestacionDemanda-Contestacionrecurso(.pdf) NroActua 24.
15 Samai, índice 25.
16 Samai, índice 26.
17 Samai, índice 31.
18 Samai, índice 32.
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
54. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Lifare Yeison Bonilla Santos contra la sentencia del 24 de
marzo de 2023 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 249 del CPACA19.
2.2. Oportunidad
55. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 24 de marzo de 2023, se
notificó por medios electrónicos el 11 de abril siguiente y quedó ejecutoriada el 18 de
ese mes y año. Así las cosas, como el recurrente interpuso recurso extraordinario de
revisión el 15 de abril de 2024, su radicación fue oportuna, esto es, dentro del término
dispuesto por el artículo 251 del CPACA20, de la forma en que se definió en el auto
admisorio proferido al interior de este trámite.
2.3. Legitimación en la causa
56. El señor Lifare Yeison Bonilla Santos y la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional están legitimados en la causa para ser partes en este trámite, toda
vez que fueron respectivamente demandante y demandada en el proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4. Problema jurídico
57. En los términos del recurso extraordinario de revisión, corresponde a la Sala
definir si es procedente infirmar la sentencia proferida el 24 de marzo de 2023 por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Para ello, deberá dar respuesta al siguiente problema jurídico:
58. ¿Se configura la causal de revisión dispuesta en el numeral 1 del artículo 250
del CPACA, relativa a haberse encontrado o recobrado documento decisivo con
posterioridad a la sentencia y que no se pudo aportar al proceso de origen por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria?
59. Para resolver este problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el
alcance de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA atinente a
la prueba encontrada o recobrada después de la sentencia; y, en tercer lugar,
resolverá el caso concreto.
19 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
20 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
12
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2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
60. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA21.
61. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 22, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
decisión […]», entre otros23.
62. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»24.
63. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
64. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»25. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el
amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…]
explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que
sirven de fundamento para su configuración»26.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
26 Ibidem.
13
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2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA:
Prueba encontrada o recobrada después de la sentencia
65. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 1, establece como causal:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
66. El alcance de esta causal ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta
corporación, en los siguientes términos:
Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el
alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto,
existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA sólo
refería a las pruebas recobradas.
Semánticamente, el término “encontrar” significa una cosa o persona que se
encuentra, por una actividad consciente dirigida a buscarla o no […]. Al tiempo que
“recobrar” es una búsqueda consciente de algo que se tuvo, pero que se perdió […].
En las dos acepciones, la cosa o la persona no están dentro del dominio o percepción
de quien la busca, pero quien la encuentra puede estar consciente o no de su
existencia y pérdida, a su vez quien recobra siempre es consciente de su existencia
y de su pérdida. Así, la diferencia entre ambos vocablos descansa en la conciencia
de la existencia de la cosa o la persona y de la búsqueda. En consecuencia, son
vocablos complementarios, en tanto encontrar sin conciencia de la existencia de la
cosa o la persona y de su búsqueda nunca supondrá recobrar, mientras que encontrar
con conciencia de la existencia de la cosa o la persona y de su búsqueda siempre
supondrá recobrar.
Una vez verificado que la prueba es encontraba o recobrada es clave establecer si
existía al momento de dictar sentencia y que el hallazgo en cualquiera de sus dos
modalidades (encontrada o recobrada) se produjo después de dictada esa sentencia.
En línea con lo expuesto, la jurisprudencia había estructurado unos requisitos para la
procedencia de la causal, que actualmente resultan plenamente aplicables y que
adecuadas a la actual normatividad, quedarían así: (i) que se encuentren o recobren
pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las pruebas encontradas
o recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la revisión.
Esta es una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas
que no existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido
aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que
sean trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso hubieran cambiado la
decisión […]27.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018, radicación:
11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV), MP. Ramiro Pazos Guerrero.
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67. A partir de lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado28 sistematizó los presupuestos que deben concurrir para la
configuración de la causal de revisión, los cuales resumió de la siguiente manera:
1. Que el medio de prueba sea documental, lo cual está determinado por el carácter
restrictivo de la causal que excluye a otros medios de prueba29.
2. Que la prueba se haya encontrado o recobrado luego de que se profirió la
sentencia objeto del recurso de revisión, de manera que «no se admiten documentos
generados con posterioridad al fallo, y tampoco aquellos que, aun cuando tengan
preexistencia material al tiempo de dictarse la sentencia, estaban en poder del
impugnante y no fueron aportados o, en su defecto, solicitados en las respectivas
oportunidades procesales, pues, se itera, el recurso no está previsto para remediar
la inactividad o falta de diligencia de las partes […], pues se trata de corregir la causa
insuperable que le impidió al recurrente hacer valer la prueba dentro del proceso30».
3. Que esté demostrado que los documentos que revisten del calificativo de ser
preexistentes no hayan podido aportarse al proceso por razones de imposibilidad
objetiva y externas al recurrente, esto es, por caso fortuito, por fuerza mayor o por
obra de la contraparte, esto último que ocurre en el escenario de retención u
ocultamiento del documento con el fin de que este no pudiera ser considerado como
prueba. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo expresamente
desarrolló, al punto de este requisito lo que sigue:
También se ha precisado por la jurisprudencia, y así se reitera, que es carga del
accionante acreditar la configuración de alguno de los motivos calificados en la ley
para que prospere la causal, «pues no existe presunción legal de su acaecimiento ni
podría el juez interpretar en su favor la ocurrencia de los mismos, en el escrito del
recurso debe obrar justificación clara y convincente de que le fue imposible aportar
los documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte»[…]31.
4. Que el documento recobrado o encontrado sea decisivo de forma tal que con este
se pueda adoptar una decisión contraria a la recurrida. «En otras palabras, una
prueba cuyo valor persuasivo sea suficiente para influir en el sentido de la decisión
[…] o que arroje convicción distinta al juzgador sobre hechos que tuvo por
acreditados dentro del proceso»32.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013,
radicación: 11001-03-15-000-2008-00638-00 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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2.7. Caso concreto
68. El señor Lifare Yeison Bonilla Santos interpuso recurso extraordinario de
revisión con el objeto de que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 24 de
marzo de 2023, al considerar que esta incurrió en la causal prevista en el numeral
1 del artículo 250 del CPACA, relativa a haberse encontrado o recobrado documento
decisivo con posterioridad a la sentencia y que no se pudo aportar al proceso de
origen por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
69. En particular, relató que luego de que se profirió la sentencia de segunda
instancia localizó las capacitaciones realizadas durante los 11 años, 4 meses y 1
día que prestó sus servicios en la Policía Nacional con su respectiva intensidad
horaria, que existían antes del pronunciamiento judicial, como se desprendía del
hecho tercero de la demanda y de la contestación, esta última que generó una
presunción de derecho porque la entidad aceptó que desarrolló estudios en la
institución.
70. Por añadidura, los citados documentos hubieran permitido que se adoptara
una decisión ajustada a derecho, precisamente porque el Tribunal sustentó la
negativa de las pretensiones en que el actor no podía ser reubicado al no tener
habilidades ni destrezas para el desempeño en un cargo administrativo, docente o
de instrucción, lo cual le permitió aplicar el artículo 167 del CGP al considerar que
no se probó.
71. Finalmente, manifestó que no los pudo aportar al proceso porque estos
reposaban en la gestión documental de la entidad, de suerte que el no haber sido
allegados permitía suponer que la Policía Nacional los ocultó por temeridad o mala
fe. En este orden, su imposibilidad de aportarlos al plenario se derivaba de que no
reposaban en su órbita de competencia, sumado al hecho de que la demandada no
desvirtuó lo manifestado en la demanda cuando rindió su contestación.
72. En línea con esto, expresó que en su demanda pidió como pruebas que el
director de la Policía Nacional remitiera copia auténtica de la hoja de servicios y de
los formularios de evaluación y clasificación para los años de 2012 a 2017, pero
frente a estas se guardó silencio. Por consiguiente, era tanta la imposibilidad de
conseguir los documentos que tuvo que radicar escrito de petición el 8 de abril de
2024 a través de la página web de la entidad en el que pidió su remisión, solicitud
que no se había resuelto para la fecha de presentación de la demanda, lo que
facultaba al juez del recurso extraordinario de revisión para hacer uso de sus
poderes a partir del decreto de pruebas de oficio que permitieran su consecución y
la adopción de una decisión justa.
73. Al respecto, la Sala advierte que el demandante se amparó en la causal de
revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, esto es una de las
dispuestas taxativamente en la ley.
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74. No obstante, los supuestos fácticos que invoca dan cuenta de que para el
momento de interposición del recurso el señor Lifare Yeison Bonilla Santos no
contaba con las pruebas decisivas sobre las cuales se sustenta el mecanismo,
porque aduce que pidió los documentos mediante escrito de petición del 8 de abril
de 2024 y no había recibido respuesta, por tal motivo requería de los poderes del
juez del recurso de revisión de conformidad con el numeral 4 del artículo 43 del CGP
y el artículo 254 del CPACA para recuperarlos, a partir del decreto de pruebas de
oficio. Por lo anterior, fue que al acudir al trámite de la referencia el demandante
realizó la siguiente solicitud de prueba de oficio:
A tenor de lo dispuesto en el artículo 42 y 43 numeral 4, le solicito a los honorables
consejeros de estado exigir a la Policía Nacional, se allegue las constancias de
estudio y su intensidad horaria solicitadas por el aquí́ recurrente mediante derecho
de petición identificado con incidente No. 497290-20240408, ya que estas
constancias a la fecha no han sido suministrados por la Policía Nacional, y los fines
son relevantes para los fines de este proceso acorde a las razones expuestas en el
acápite de la Causal Invocada.
75. Sin embargo, como lo definió la magistrada ponente al proferir el auto del 22
de enero de 2026 en el que se pronunció sobre las solicitudes probatorias al interior
de este trámite, el señor Lifare Yeison Bonilla Santos radicó memorial el 19 de junio
de 2024 en el que puso de presente que la Dirección de Educación Policial
respondió lo pedido, por lo cual se hacía innecesaria la solicitud formulada en este
recurso. Por ende, comoquiera que al actor se le entregó lo requerido, en
cumplimiento de una orden de tutela, y esto se aportó al presente asunto, se resolvió
únicamente tener estas documentales como pruebas.
76. De lo visto, se advierte que el demandante pretendió utilizar este recurso para
que el juez consiguiera la copia de los documentos solicitados mediante petición del
8 de abril de 2024, esto es, como una forma de impulsar la actuación administrativa,
lo que de entrada impide ubicar el asunto en el escenario de prueba encontrada o
recobrada.
77. En particular, de conformidad con las pruebas debidamente allegadas a este
proceso, el señor Lifare Yeison Bonilla Santos radicó escrito de petición el 8 de abril
de 202433 ante la Policía Nacional en el que pidió que se le allegara constancia de
cada una de las capacitaciones realizadas durante los 11 años, 4 meses y 1 día que
laboró en la entidad.
78. Además, que se expidiera certificado o constancias de las funciones
desempeñadas en la Seccional de Inteligencia Policial (SIJIN) en los siguientes
grados, cargos y extremos temporales: (i) PT, investigador criminal, del 26 de mayo
de 2010 al 15 de noviembre de 2011; y (ii) PT, investigador criminal, del 7 de julio
de 2014 al 3 de mayo de 2015. También requirió que se le aportara el formulario de
seguimiento y calificación de los cargos ya relacionados, así como de la función
33 Samai, índice 2, 7ED_RECURSOYPODERpdf(.pdf) NroActua 2, páginas 1 a 7 del archivo digital.
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administrativa que ejerció en el Área de Archivo de la SIJIN para los años que van
de 2015 a 2016.
79. Así, en cumplimiento de una orden de tutela emitida por el Juzgado Treinta y
Dos Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, quien amparó el derecho fundamental
de petición del accionante y le ordenó a la Nación, Policía Nacional que diera una
respuesta de fondo, el Grupo de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Educación
Policial de la entidad emitió el Oficio núm. GS-2024-008881 /DIEPO-ASJUD-1.5 del
14 de junio de 202434 en el que precisó lo que sigue:
El día 23 de mayo de 2024, se hizo entrega del acta del programa de formación inicial
técnico profesional en servicio de policía, […] dicho procedimiento quedó registrado
en el libro Nro. 1 consecutivo Nro. 219, de fecha 23 de mayo de 2024, que reposa en
la Secretaría Académica de la Dirección de Educación Policial.
Mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-008717-DIEPO del 12 de junio de 2024,
la señora […] jefe del Grupo de la Secretaría Académica emitió respuesta de fondo
frente a la entrega de documentos académicos solicitados por el señor Lifare Yeison
Bonilla Santos anexando el certificado de la intensidad horaria de los eventos
académicos tales como: talleres, seminarios y demás cursos realizados por el
accionante, así mismo, se hizo entrega del duplicado del diploma del programa de
formación inicial Técnico Profesional en Servicio de Policía, y el certificado donde se
relacionan los eventos académicos de acuerdo a los registros que aparecen en la
Ficha Académica del Empleado en el Sistema de Información para la Gestión
Académica (SIGAC) de la Dirección de Educación Policial.
80. En igual sentido, emitió el Oficio núm. GS-2024 / VIACA-SECAD-29.2535 en
el que le entregó al demandante un duplicado del diploma del programa de
formación inicial Técnico Profesional en Servicio de Policía y un certificado de 2
folios en el que se relacionaron los eventos académicos en los que participó36.
81. Entonces, se desprende que una cosa es que las capacitaciones como hecho
en el plano material existieran al momento de dictarse la sentencia objeto de este
recurso de revisión, y, por supuesto, cuando se presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues allí se hizo referencia a estas, y otra distinta que
las constancias y certificaciones que sobre estas se emiten, con la connotación de
pruebas, tengan el mismo carácter de preexistentes desde el punto de vista
procesal, ya que estas se expiden con posterioridad, de conformidad con la solicitud
en la cual se requirieron.
82. Por tanto, se advierte la intención del recurrente de introducir como pruebas
documentos generados con posterioridad al fallo, como sería el caso de la
34
Samai, índice 5, RECIBE MEMORIAL_MEMORIALAPORTEDOCUME(.pdf) NroActua 5, páginas 13 a 14 del
archivo digital.
35 Samai, índice 5, RECIBE MEMORIAL_MEMORIALAPORTEDOCUME(.pdf) NroActua 5, páginas 15 a 16 del
archivo digital.
36 Puntualmente, el certificado de los cursos académicos lo suscribió la Secretaría Académica de la Dirección
de Educación Policial de la Dirección Nacional de Escuelas el 12 de junio de 2024. Samai, índice 5, RECIBE
MEMORIAL_MEMORIALAPORTEDOCUME(.pdf) NroActua 5, páginas 17 y 18 del archivo digital.
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Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
certificación emitida el 12 de junio de 2024 en la que se consignó que realizó
diferentes eventos académicos, y que ciertamente le daría valor a lo afirmado en el
hecho tercero de la demanda. No obstante, esto desborda por completo el alcance
de la causal invocada.
83. Es más, no puede considerarse, como lo afirma el recurrente, que por el
hecho de que la entidad demandada hubiera aceptado en su contestación que se
podía corroborar que el actor realizó capacitaciones, esto avalaba la preexistencia
del documento, porque se reitera que una cosa es el hecho relatado en demanda y
otra distinta la prueba mediante la cual se acredita la veracidad de lo allí afirmado.
Más aún, no es válida la confesión de los representantes de las entidades públicas37
y la carga de la prueba, en el caso concreto, no recaía en la Policía Nacional en su
condición de entidad demandada, sino en el demandante, quien debía demostrar el
supuesto fáctico invocado en su demanda.
84. De suerte que no resulta jurídicamente admisible que el demandante
pretenda justificar su imposibilidad para aportar las constancias, bajo el supuesto
de que la contraparte no las trajo al proceso pese a que reposaban en su gestión
documental, porque esto implicaría trasladarle a esta la carga probatoria. Bajo este
entendido, debe diferenciarse el requerimiento que el Juzgado le hizo a la entidad
demandada en el auto admisorio proferido el 19 de julio de 2019, relativo a que
allegara el expediente administrativo en los términos del artículo 175 del CPACA y
todas las pruebas que tuviera en su poder y pretendiera hacer valer, con la inversión
de la carga probatoria.
85. Con todo, si se asumiera no solo que materialmente se realizaron los cursos,
sino que existía un documento que así lo demostraba, preexistente a la sentencia
judicial, lo cierto es que el demandante no acreditó que no lo pudo aportar al proceso
por obra de la contraparte, puesto que esto solo ocurre, como se delimitó en el
marco normativo de la presente providencia, por la retención u ocultamiento con el
fin de que no se pudiera tener como prueba.
86. En cambio, lo que se extrae del proceso ordinario es que el demandante
únicamente pidió que el director de la Policía Nacional allegara copia auténtica de
la hoja de servicios, de los formularios de evaluación y clasificación de los años
2012 a 2017 y de los antecedentes disciplinarios. De ahí se desprende que no
solicitó concretamente la constancia de las capacitaciones realizadas durante todo
el período en que se desempeñó en la entidad demandada, con su intensidad
horaria, lo que da cuenta de que utiliza este mecanismo para revivir una etapa
procesal y zanjar su negligencia no solo para pedir administrativamente lo que debió
hacer con antelación, sino para aportar en sede judicial las pruebas que, a su juicio,
resultan determinantes para la decisión.
37 Artículo 195 del CGP.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-0017800 (2799-2024)
Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
87. Ahora bien, aunque en sede de revisión el actor planteó que frente a los
documentos que se citaron y que sí se pidieron como prueba el juez guardó silencio,
esto contraría la realidad procesal porque del recuento realizado se enfatiza que el
Juzgado en la audiencia inicial negó expresamente la solicitud de la hoja de
servicios y los formularios de evaluación en aplicación del artículo 173 del CGP. En
otras palabras, porque el demandante no demostró al menos sumariamente que
radicó una solicitud encaminada a obtener los documentos y que esta se negó, por
lo que procedía rechazar el decreto probatorio.
88. De lo anterior es factible establecer que el demandante no aportó ni pidió
expresamente la constancia de la realización de las capacitaciones que afirmó
haber realizado en el hecho tercero de su demanda y que constituyó el sustento por
el cual el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones
de la demanda ante la ausencia de elementos que advirtieran que el actor contaba
con las capacidades para desempeñar un cargo administrativo, docente o de
instrucción.
89. En consecuencia, resulta notorio que el señor Lifare Yeison Bonilla Santos
desea utilizar el recurso extraordinario de revisión como si se tratara de una tercera
instancia judicial del proceso ordinario en el que puede revivir oportunidades
procesales y probatorias e introducir documentos decisivos con el fin de remediar el
incumplimiento de la carga probatoria de que trata el artículo 167 del CGP, lo cual
está proscrito en el mecanismo de la referencia que salvaguarda el instituto procesal
de la cosa juzgada.
90. Con ocasión a lo expuesto, se advierte es que el demandante se acercó a la
administración, como correspondía para hacer surgir una nueva prueba que
demostrara la constancia e intensidad horaria de cada una de las capacitaciones,
esto es, después de que ya había finalizado el proceso ordinario, con lo cual pasó
por alto que es en dicho escenario natural en el que deben pedirse y aportarse los
medios de prueba correspondientes. Por su parte, pretendió insistir en las pruebas
de los formularios de seguimiento y calificación que, aunque pidió en sede ordinaria,
fueron negadas por el Juzgado porque no se demostró la solicitud correspondiente
ante la entidad.
91. La Sala considera que el señor Lifare Yeison Bonilla Santos pretende valerse
del recurso para introducir una nueva prueba frente a las capacitaciones y además
subsanar la falencia de no haber radicado oportunamente petición ante la
administración con el fin de obtener la copia de los formularios de seguimiento y
calificación que avalaran el desempeño eficiente de funciones administrativas. A
partir de todo esto se evidencia la inconformidad del demandante con lo decidido
por el Tribunal, al considerar que cuenta con los conocimientos necesarios para
realizar actividades de instrucción, docencia y administrativas, lo que le concedía el
derecho a ser reubicado.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-0017800 (2799-2024)
Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
92. Por las razones consignadas, la respuesta al problema jurídico formulado será
negativa, porque no se configura la causal de revisión dispuesta en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA relativa a haberse encontrado o recobrado documento
decisivo con posterioridad a la sentencia y que no se pudo aportar al proceso de
origen por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Por tanto, el
recurso de la referencia se declarará infundado.
2.8. Costas
93. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario38 de la Subsección
sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe39. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
advierte que la parte recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante
el trámite del presente asunto.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Lifare Yeison Bonilla Santos, contra la sentencia proferida el 24 de marzo de 2023,
de conformidad con las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
38 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
39 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-
00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-0017800 (2799-2024)
Demandante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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