Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02392-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02392-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02392-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
5 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el
señor Lifare Yeison Bonilla Santos contra la sentencia del 5 de marzo de 2026,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión por no acreditarse la causal prevista
en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA. Se declara improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 25 de marzo de 2026, el señor Lifare Yeison Bonilla Santos, por medio de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, con ocasión de la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida dentro del
recurso extraordinario de revisión con radicado núm. 11001-03-25-000-2024-00178-
00. En dicha providencia, la autoridad judicial declaró infundado el recurso
interpuesto contra la sentencia del 24 de marzo de 2023, dictada por la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por no
configurarse la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, relativa
al hallazgo o recobro de documentos decisivos con posterioridad a la sentencia.
2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
1
Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Demanda de tutela contra providencia
judicial / Recurso extraordinario de revisión / Improcedente / Relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
“(…) Con relación en los anteriores fundamentos fácticos y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez AMPARAR a favor del señor
LIFARE YEISON BONILLA SANTOS, mis numerosos derechos constitucionales
fundamentales invocados ordenado.
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales, al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA/REUBICACIÓN o cualquier otro del mismo rango que se determine
como violado.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de fecha 13 (sic) de marzo de
2026 proferida por el Consejo de Estado que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión radicado 11001032500020240017800 fechado 13-04-2024,
por incurrir defecto fáctico por omisión de valoración probatoria de pasado 22-01-
2026.
TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado que, en un término perentorio, emita un
nuevo fallo valorando la prueba sobreviviente (sic) allegada con memorial del 19-06-
2024 (capacitaciones administrativas con la intensidad horaria), obtenida mediante
tutela con radicación 110013105032200241007400, el cual el tribunal administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección E sistema oral había revocado.
CUARTO: SUBSIDIARIAMENTE, ordenar el reintegro inmediato al cargo o
reubicación laboral, dada la comprobada omisión de la entidad en valorar mi perfil
administrativo al momento del retiro por salud.
3. Hechos
3. El señor Lifare Yeison Bonilla Santos presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución núm. 02334 del 9 de mayo de 2018 que lo retiró del servicio activo por
disminución de la capacidad sicofísica y de las actas proferidas por las juntas
médico-laborales núms. 7268 y TML-18-2-084.
4. Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2021, el Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, declaró la nulidad
del acto de retiro y ordenó el reintegro del señor Lifare Yeison Bonilla Santos o, en
su defecto, su reubicación en un cargo acorde con sus capacidades, junto con el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
5. Contra la anterior decisión, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional interpuso recurso de apelación para que se revocara la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda, pues
las condiciones de salud del demandante impedían su permanencia en la institución
y su reubicación en labores administrativas.
6. Mediante sentencia del 24 de marzo de 2023, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por cuanto
los actos demandados se encontraban debidamente motivados y no obraban en el
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
expediente pruebas que acreditaran que el accionante contaba con las habilidades,
destrezas o capacitaciones necesarias para su reubicación en labores
administrativas, docentes o de instrucción.
7. El 13 de abril de 2024, el señor Lifare Yeison Bonilla Santos interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 24 de marzo de 2023, proferida
por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo
250 del CPACA, relativa al hallazgo o recobro de documentos decisivos con
posterioridad a la sentencia.
8. Como sustento del recurso extraordinario de revisión, el accionante afirmó que,
con posterioridad a la sentencia del 24 de marzo de 2023, obtuvo certificaciones y
constancias relacionadas con las capacitaciones realizadas durante su
permanencia en la Policía Nacional, las cuales, a su juicio, acreditaban las
habilidades y competencias necesarias para desempeñar funciones administrativas,
docentes o de instrucción. Asimismo, señaló que dichos documentos no fueron
aportados al proceso ordinario porque reposaban en los archivos de la entidad y
solo pudieron ser obtenidos con posterioridad a esa decisión de segunda instancia.
9. Mediante auto del 7 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió el recurso extraordinario de revisión.
Posteriormente, por auto del 22 de enero de 2026, decretó como pruebas los
documentos allegados por el recurrente y ordenó la incorporación del expediente
del proceso ordinario. El accionante afirma que, pese a haberse decretado dichas
pruebas, la autoridad judicial “no ordenó su práctica”.
10. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el accionante, por no encontrarse acreditada la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, dado que los documentos
allegados no tenían la condición de pruebas encontradas o recobradas con
posterioridad a la sentencia y podían ser incorporados al proceso ordinario.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante sostuvo que la providencia judicial cuestionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al incurrir en las siguientes irregularidades:
11.1. Defecto fáctico por omisión probatoria, pues la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado decretó mediante auto del 22 de enero de 2026 las
pruebas relacionadas con las certificaciones de las capacitaciones realizadas
durante su permanencia en la Policía Nacional y su respectiva intensidad horaria,
pero no ordenó su práctica ni las valoró al momento de proferir la sentencia que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
11.2. Desconocimiento del precedente judicial, toda vez que la autoridad judicial
accionada omitió aplicar la regla fijada por la sentencia T-499 de 2020, conforme a
la cual la Policía Nacional debe evaluar la reubicación laboral de los uniformados
con disminución de la capacidad laboral cuando existan funciones acordes con sus
condiciones y capacidades, en lugar de disponer o avalar su retiro del servicio de
manera automática
11.3. Exceso de formalismo en la medida en que la autoridad judicial accionada
otorgó prevalencia a aspectos formales sobre el análisis material de las pruebas
allegadas al recurso extraordinario de revisión, pese a que estas, en su criterio,
subsanaban la ausencia de información sobre la intensidad horaria de las
capacitaciones que motivó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
D. Trámite procesal
12. Mediante auto del 27 de marzo de 2026, se admitió la demanda de tutela2, se
ordenó la notificación al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y la
vinculación como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, al Juzgado Veintinueve Administrativo de Bogotá
y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para que rindieran
informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
13. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B3 solicitó negar el amparo
solicitado, por cuanto no incurrió en la omisión probatoria alegada por el accionante,
toda vez que mediante auto del 22 de enero de 2026 decretó y tuvo como pruebas
los documentos aportados con el escrito inicial del recurso extraordinario de revisión
y con el memorial del 19 de junio de 2024. Asimismo, señaló que contra ese auto
procedía el recurso de reposición, sin que el actor lo hubiera interpuesto.
Finalmente, indicó que el accionante no desvirtuó el análisis efectuado por la Sala
dentro del recurso extraordinario de revisión, pues sus planteamientos se limitan a
expresar su inconformidad con la decisión que lo declaró infundado.
14. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional4 solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, porque: (i) no se evidenció vulneración alguna
de los derechos fundamentales invocados por el accionante, quien contó con
acceso a la administración de justicia y con las garantías propias del debido proceso
durante las actuaciones surtidas en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el recurso extraordinario de revisión; (ii) la
sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
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Índice 4 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
Segunda, Subsección B, se encontraba debidamente motivada y valoró el material
probatorio obrante en el expediente, concluyendo que el actor pretendía incorporar
documentos que no fueron aportados oportunamente dentro del proceso ordinario
para subsanar su falta de diligencia probatoria; (iii) el retiro del servicio activo
obedeció a la disminución de la capacidad psicofísica determinada por las
autoridades médico-laborales competentes, decisión que fue avalada por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; y (iv) la acción de tutela resulta
improcedente, toda vez que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
y el asunto ya fue objeto de debate a través de los mecanismos judiciales previstos
por el ordenamiento jurídico.
15. El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Bogotá D.C., Sección Segunda 5,
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto no se
satisfacen los requisitos generales ni las causales específicas de procedibilidad
exigidos para controvertir providencias judiciales. Señaló que la alegada falta de
valoración de los documentos relacionados con la intensidad horaria de los cursos
realizados por el accionante no configuró el defecto fáctico invocado, pues este
atribuye a dicha prueba un carácter determinante que no le corresponde, dado que
las decisiones judiciales cuestionadas se fundamentaron en la valoración conjunta
del material probatorio obrante en el expediente. Agregó que tampoco se acreditó
el desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado por el actor.
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
no rindió informe dentro del trámite de la presente acción de tutela.
17. Mediante escrito del 23 de abril de 20266, el accionante allegó documentación
relacionada con un derecho de petición presentado ante el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, mediante el cual solicitó información sobre la
trazabilidad del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-25-000-
2024-00178-00. Asimismo, informó que, a esa fecha, no había obtenido respuesta
a dicha solicitud y adicionó nuevas pretensiones a la demanda de tutela en los
siguientes términos:
“ADICIÓN DE NUEVAS PRETENSIONES.
1.) PRETENSIÓN PRINCIPAL: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, vulnerados por la parte accionada.
2.) PRETENSIÓN DE NULIDAD: muy respetuosamente me permito solicitar dejar
sin efecto el auto del pasado 07-04-2026 que ordenó el archivo del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001032500020240017800, a no ser que su
digno despacho lo haya ordenado.
3.) PRETENSIÓN DE REVALORACIÓN: de manera cordial solicito
respetuosamente ordene a la parte accionada que dentro de las 48 horas siguientes
proceda a emitir un nuevo auto de avoque y trámite del recurso extraordinario de
revisión, valorando en su integridad las 7 capacitaciones administrativas y la
intensidad horaria aportada
4.) PRETENSIÓN SUBSIDIARIA (si aplica): ORDENAR la nulidad de todo lo actuado
desde la providencia del 06-04-2026 por omisión de valoración probatoria por defecto
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
factico DIMENSION NEGATIVA omisión de valoración probatoria (7 capacitaciones
administrativas intensidad horaria)”.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por el señor Lifare Yeison Bonilla
Santos contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).
G. Cuestión previa
19. La Sala precisa que las pretensiones adicionadas mediante escrito del 23 de abril
de 2026 no serán objeto de pronunciamiento en esta providencia, toda vez que
fueron formuladas con posterioridad a la integración del contradictorio y respecto de
ellas no se garantizó el derecho de defensa y contradicción de la autoridad
accionada y demás intervinientes.
20. De las pretensiones de la demanda se advierte que la providencia objeto de
cuestionamiento es la sentencia del 5 de marzo de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión promovido por el accionante. En consecuencia,
el estudio de la presente acción de tutela recaerá sobre dicha decisión.
H. Sentido de la decisión
21. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante pretende
convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional para cuestionar el
análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada dentro del recurso
extraordinario de revisión. En consecuencia, y por razones metodológicas, la Sala
se abstendrá de efectuar el estudio de los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales7.
7
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y
extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y
f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
I. El requisito de relevancia constitucional
22. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra
providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger
los derechos fundamentales8. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la decisión cuestionada9, con el fin de impedir “que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional
para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que
dieron origen a la controversia judicial”.
23. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra
providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir
el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte
Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente
relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones10.
24. En la sentencia SU-215 de 2022 11 , la Corte Constitucional identificó los
siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia
constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política
o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela
como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente
legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-
210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de
2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
25. Para la Corte Constitucional12, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
26. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”13.
J. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
27. La Sala advierte que la demanda de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues su finalidad es reiterar los argumentos planteados
dentro del recurso extraordinario de revisión e insistir en que la autoridad judicial
accionada debió tener por configurada la causal de revisión invocada, con
fundamento en las certificaciones relacionadas con las capacitaciones
administrativas realizadas por el accionante y su intensidad horaria.
28. En efecto, el accionante atribuye a la providencia cuestionada un defecto fáctico
por omisión probatoria, el desconocimiento del precedente judicial y un exceso de
formalismo. Sin embargo, tales planteamientos parten de la consideración que los
documentos aportados sí acreditaban la configuración de la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA y, en consecuencia, eran suficientes para
que se declarara fundado el recurso extraordinario de revisión.
29. En cuanto al alegado desconocimiento del precedente judicial, el accionante
sostiene que los documentos aportados acreditaban que contaba con las aptitudes
necesarias para desempeñar funciones administrativas y que, por tanto, procedía
su reubicación laboral en los términos de la sentencia T-499 de 2020. No obstante,
ese planteamiento depende igualmente de que se concluya que dichos documentos
satisfacían los presupuestos previstos en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA
para la configuración de la causal de revisión invocada.
30. Del examen del expediente se advierte que el accionante promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de controvertir
la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales fue retirado del servicio
12
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
activo por disminución de la capacidad sicofísica y obtener su reintegro a la
institución.
31. Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2021, el Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Sin embargo, al resolver el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E revocó dicha decisión y negó las pretensiones, al
concluir que no se encontraba acreditado que el demandante reuniera las
condiciones necesarias para ser reubicado en labores administrativas, docentes o
de instrucción dentro de la Policía Nacional.
32. Inconforme con esa decisión, el señor Lifare Yeison Bonilla Santos interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 24 de marzo de 2023, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA,
consistente en haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que no pudieron aportarse oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
33. Con fundamento en dicha causal, sostuvo que, con posterioridad al fallo, fueron
localizados en el sistema documental de la Policía Nacional varios documentos
relacionados con las capacitaciones realizadas durante su permanencia en la
institución y su respectiva intensidad horaria, los cuales, a su juicio, acreditaban que
contaba con las aptitudes necesarias para desempeñar funciones administrativas y
que, de haber sido valorados, habrían conducido a una decisión distinta dentro del
proceso ordinario. Sobre el particular, expuso lo siguiente:
“(…) 5. CAUSAL INVOCADA.
5.1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una desición
diferente, y que el recurrente no pudo aportarlas al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria:
(…)
Siendo así, se acude a este recurso extraordinario de Revisión estandarizado en el
artículo 248 y subsiguiente de la Ley 1437 de 2011 como una excepción al principio
de la inmutabilidad de la Sentencia Nº. 028 de Segunda Instancia proferida el día 24
de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-
Subsección E, en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
identificado con radicado de referencia Nº. 110013335029-2019-00222-02, pues en
este caso se abre paso a la posibilidad de controvertir dicho fallo ejecutoriado, al
encontrarse razones sobrevivientes sobre las pruebas, en relación a que se
localizaron documentos que se encuentran ubicados en el sistema de gestión
documental de la Policía Nacional, que existen desde antes del pronunciamiento
judicial objeto de este recurso y que por su importancia y relevancia conlleva a proferir
una decisión judicial ajustada a la Ley.
En este caso, los documentos sobrevivientes con posterioridad a la Sentencia Nº. 028
de Segunda Instancia proferida el día 24 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-Subsección E, son las
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
constancias de las capacitaciones y su intensidad horaria que recibió el señor Bonilla
Santos durante los 11 años, 4 meses y 1 día que estuvo al servicio activo de la Policía
Nacional, y que tienen trascendencia tal que, por su virtud, puede variar el contenido
del fallo judicial que se impugna.
(…)
c). Imposibilidad para aportar los nuevos documentos:
En este caso, estos documentos nuevos que representan las constancias de estudio
que desarrolló el aquí recurrente, no fueron aportados al proceso pero si se indicaron
en el escrito de la demanda presentada por el señor Bonilla Santos en el acápite de
hechos, y en la contestación de la demanda la Policía Nacional no cuestiono ni negó
los estudios desarrollados por el recurrente en la Policía Nacional, es decir, dio por
cierto ese hecho, y al ser la Policía Nacional el empleador del señor Bonilla Santos, a
través de una Política de Gestión documental, estas constancias de estudio reposan
en la base de datos de la Institución Policial, en donde al no ser aportados al proceso,
facilmente da a entender que dichos documentos fueron ocultados, escondidos o
refundidos por la Propia Policía Nacional bajo los postulados de la temeridad y mala
fe, lo que conlleva a que difícilmente pueden ser aportados por mi poderdante durante
el trámite del proceso, ya que es un sistema que la Policía Nacional tiene bajo reserva
sumaria.
(…)
Dichos documentos solicitados en esa primera instancia procesal son de tan
importancia relevancia para conseguir la realización de la justicia, que finalmente se
quedaron en poder de la Policía Nacional, y por ende, fue imposible aportar a ese
proceso por hechos atribuidos a la parte contraria, quien a pesar de todo, ni admite,
ni niega y ni le consto que el señor Bonilla Santos haya realizado dichos estudios
dentro de la institución, es decir, guardó silencio, y por ende, se da entender como un
hecho legalmente presumido como cierto de que el aquí recurrente si realizo esas
capacitaciones, lo que se acreditará con las constancias de estudio y su intensidad
horaria que la Policía Nacional tiene en su poder y bajo custodia, de ahí la importancia
de los poderes del Juez de esta Instancia para recuperarlos. (…)”.
34. Asimismo, se observa que, mediante auto del 22 de enero de 2026, la autoridad
judicial accionada decretó como pruebas documentales las certificaciones de
capacitación, cursos y demás documentos aportados por el recurrente para
acreditar la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, los cuales
fueron incorporados al trámite del recurso extraordinario de revisión.
35. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2026, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, resolvió el recurso extraordinario de revisión y lo declaró
infundado. Para tal efecto, examinó los documentos aportados por el recurrente y
concluyó que estos no satisfacían los presupuestos exigidos por la causal prevista
en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, por cuanto no correspondían a
documentos encontrados o recobrados después de dictada la sentencia en los
términos exigidos por la ley, sino a elementos probatorios que pudieron ser
solicitados y allegados oportunamente durante el trámite del proceso ordinario. En
consecuencia, determinó que no se configuraba la causal extraordinaria invocada y
mantuvo incólume la sentencia objeto de revisión.
“(…) 84. De suerte que no resulta jurídicamente admisible que el demandante
pretenda justificar su imposibilidad para aportar las constancias, bajo el
supuesto de que la contraparte no las trajo al proceso pese a que reposaban
en su gestión documental, porque esto implicaría trasladarle a esta la carga
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
probatoria. Bajo este entendido, debe diferenciarse el requerimiento que el
Juzgado le hizo a la entidad demandada en el auto admisorio proferido el 19
de julio de 2019, relativo a que allegara el expediente administrativo en los
términos del artículo 175 del CPACA y todas las pruebas que tuviera en su
poder y pretendiera hacer valer, con la inversión de la carga probatoria.
85. Con todo, si se asumiera no solo que materialmente se realizaron los
cursos, sino que existía un documento que así lo demostraba, preexistente a
la sentencia judicial, lo cierto es que el demandante no acreditó que no lo pudo
aportar al proceso por obra de la contraparte, puesto que esto solo ocurre,
como se delimitó en el marco normativo de la presente providencia, por la
retención u ocultamiento con el fin de que no se pudiera tener como prueba.
86. En cambio, lo que se extrae del proceso ordinario es que el demandante
únicamente pidió que el director de la Policía Nacional allegara copia auténtica
de la hoja de servicios, de los formularios de evaluación y clasificación de los
años 2012 a 2017 y de los antecedentes disciplinarios. De ahí se desprende
que no solicitó concretamente la constancia de las capacitaciones realizadas
durante todo el período en que se desempeñó en la entidad demandada, con
su intensidad horaria, lo que da cuenta de que utiliza este mecanismo para
revivir una etapa procesal y zanjar su negligencia no solo para pedir
administrativamente lo que debió hacer con antelación, sino para aportar en
sede judicial las pruebas que, a su juicio, resultan determinantes para la
decisión.
87. Ahora bien, aunque en sede de revisión el actor planteó que frente a los
documentos que se citaron y que sí se pidieron como prueba el juez guardó
silencio, esto contraría la realidad procesal porque del recuento realizado se
enfatiza que el Juzgado en la audiencia inicial negó expresamente la solicitud
de la hoja de servicios y los formularios de evaluación en aplicación del artículo
173 del CGP. En otras palabras, porque el demandante no demostró al menos
sumariamente que radicó una solicitud encaminada a obtener los documentos
y que esta se negó, por lo que procedía rechazar el decreto probatorio.
88. De lo anterior es factible establecer que el demandante no aportó ni pidió
expresamente la constancia de la realización de las capacitaciones que afirmó
haber realizado en el hecho tercero de su demanda y que constituyó el
sustento por el cual el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda ante la ausencia de elementos que advirtieran
que el actor contaba con las capacidades para desempeñar un cargo
administrativo, docente o de instrucción.
89. En consecuencia, resulta notorio que el señor Lifare Yeison Bonilla Santos
desea utilizar el recurso extraordinario de revisión como si se tratara de una
tercera instancia judicial del proceso ordinario en el que puede revivir
oportunidades procesales y probatorias e introducir documentos decisivos con
el fin de remediar el incumplimiento de la carga probatoria de que trata el
artículo 167 del CGP, lo cual está proscrito en el mecanismo de la referencia
que salvaguarda el instituto procesal de la cosa juzgada. (…)”-
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02392-00
Accionante: Lifare Yeison Bonilla Santos
Se declara la improcedencia
36. De lo expuesto se advierte que los planteamientos formulados por el accionante
recaen sobre aspectos que fueron expresamente examinados por la autoridad
judicial accionada al resolver el recurso extraordinario de revisión. En efecto, la
providencia cuestionada analizó los documentos aportados por el recurrente y las
razones por las cuales estos, a juicio del actor, permitían tener por configurada la
causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, para concluir que no
satisfacían los presupuestos exigidos por dicha disposición.
37. Así las cosas, es claro que la controversia planteada en la presente acción de
tutela carece de relevancia constitucional, pues se limita a cuestionar la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada al resolver el recurso extraordinario de
revisión, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los presupuestos
previstos en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA para la configuración de la
causal invocada, asunto que fue objeto de estudio y decisión dentro del trámite
judicial correspondiente.
38. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
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