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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00605-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00605-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.

Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Arturo Iván
Morillo Calpa contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que revocó la decisión de primera instancia, y en
su lugar declaró probada la excepción de falta de requisitos sustanciales del título,
dentro del proceso ejecutivo que promovió contra la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional (Casur).

1. Antecedentes

1.1. Proceso ejecutivo

1. A partir de las pruebas aportadas por la parte demandante a este trámite, las
cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código
General del Proceso (CGP), y el expediente del proceso ejecutivo allegado por el
Juzgado Primero Administrativo de Pasto, identificado con el número de radicación
52001-33-33-001-2013-00306-01 (13737), la Sala sintetiza, a continuación, los
siguientes hechos relevantes del citado trámite:

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

1.1.1. La demanda

2. El señor Arturo Iván Morillo Calpa acudió al Juzgado Primero Administrativo
de Pasto para solicitarle adelantar proceso ejecutivo a continuación del asunto
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho que propuso contra Casur, en el
cual se profirió sentencia condenatoria el 17 de septiembre de 2015. Adujo que pese
a que la entidad expidió la Resolución núm. 707 del 23 de febrero de 20161
incumplió lo ordenado en punto a la reliquidación de su asignación de retiro que
debía hacerse en aplicación de los artículos 104 y 100 del Decreto 1213 de 1990
con el grado de intendente.

3. En consecuencia, pidió que se libre mandamiento ejecutivo a su favor y en
contra de Casur con el fin de que esta proceda al pago de las diferencias dinerarias
dejadas de cancelar. Asimismo, que se disponga la indexación de las sumas
mensuales comprendidas desde el 22 de noviembre de 2012, fecha de
reconocimiento del derecho y hasta la ejecutoria de la sentencia, el interés liquidado
a la tasa equivalente al DTF, desde el 8 de octubre de 2015 al 8 de agosto de 2016,
sobre el capital indexado, y los respectivos intereses moratorios. Finalmente, que
se condene a la entidad al pago de las costas del presente proceso2.

1.1.2. Auto que libró mandamiento ejecutivo

4. El Juzgado Primero Administrativo de Pasto, mediante proveído del 11 de
diciembre de 2020, precisó que el cobro ejecutivo versaba sobre el título contenido
en la sentencia del 17 de septiembre de 2015 que quedó ejecutoriada el 7 de octubre
de ese año, en la cual se ordenó reliquidar la asignación de retiro del actor de
acuerdo con lo previsto en los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990, efectiva
a partir del 22 de noviembre de 2012, en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la
Resolución No 19348 de 13 de noviembre de 2012 “Por la cual se reconoce y ordena
el pago de asignación mensual de retiro, en cuantía equivalente al 79% al señor IT
(R) Morillo Calpa Arturo Iván con C.C No 12998511, expedida por el Director General
de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

SEGUNDO: CONDENAR a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL a reconocer y pagar al Intendente Arturo Iván Morillo Calpa una
asignación mensual de retiro, reliquidada de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990, efectiva a partir del 22 de noviembre
de 2012.

1 Por medio de la cual Casur dio cumplimiento a la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2015 por el

Juzgado Primero Administrativo de Pasto por concepto de la reliquidación de la asignación mensual de retiro
del señor Arturo Iván Morillo Calpa.
2 Samai, índice 18, 019LibraMandamientoEjecutivo.pdf.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

TERCERO: la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL le
deberá pagar al Intendente Arturo Iván Morillo Calpa las diferencias económicas
causadas como consecuencia de no haber liquidado la asignación de retiro de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990.
[…]

5. En este orden, se trató de un título ejecutivo complejo compuesto por la
sentencia, su constancia de ejecutoria y los documentos que hacían parte del
expediente ordinario, de los cuales se desprendía una obligación clara, expresa y
exigible. Analizó el caso concreto y determinó que la sentencia no contenía una
obligación de pagar una suma líquida de dinero, en aplicación del artículo 433 del
CGP, sino una de hacer consistente en liquidar la asignación de retiro en los
términos de los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990 en el grado de
intendente, así como en definir las sumas adeudadas respecto de las diferencias en
las mesadas.

6. Por consiguiente, libró mandamiento ejecutivo en los estrictos términos
dispuestos en la parte resolutiva, al reunir los requisitos para considerarse un título
ejecutivo. Le ordenó a la ejecutada que lo cumpliera dentro de los 5 días siguientes
al vencimiento de los 25 días contados a partir de la última notificación, en los
términos del artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 612 del CGP3.

1.1.3. Recurso de reposición de la ejecutada

7. Casur interpuso recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento
ejecutivo y propuso la falta de requisitos formales y sustanciales del título al precisar
que la sentencia ordenó el reconocimiento de una asignación de retiro al amparo de
los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990, pero no a partir de lo que pretende
el demandante, para que se le reliquide su asignación de retiro con el sueldo básico
de un intendente del nivel ejecutivo de la Policía Nacional (Decreto 4433 de 2004)
y las partidas computables para los agentes de la Policía Nacional (Decreto 1213
de 1990).

8. Por tanto, se tiene que el Juzgado libró mandamiento sobre una condena que
no se impuso en la sentencia base de recaudo con lo cual se creó una mixtura de
regímenes normativos entre los que pertenecen al nivel ejecutivo y los agentes de
la Policía Nacional. Esta situación vulnera el ordenamiento jurídico – régimen
especial de las asignaciones de retiro– y el principio de inescendibilidad.

9. En concreto, se tiene que Casur dio cumplimiento a lo ordenado mediante la
Resolución núm. 707 porque se estableció que la prestación periódica del
demandante sufrió una desmejora sustancial, en atención a que la asignación de
retiro de un agente es inferior a la devengada por un intendente de la misma

3 Samai, índice 18, 015SolicitudEjecución.pdf.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

institución. Bajo este entendido, mantuvo incólume la prestación devengada por el
ejecutante, en aras de proteger sus derechos laborales, máxime cuando la condena
impuesta en la sentencia no obligó a la entidad a reliquidar la asignación de retiro
con el sueldo de un intendente y las partidas del Decreto 1213 de 1990, como se
pretendió hacer ver en este proceso.

10. En línea con esto, planteó que el título no reunió las exigencias de que trata
el artículo 422 del CGP lo que hacía improcedente realizar una liquidación de una
condena a partir de una operación aritmética que no fue ordenada en la sentencia
base de recaudo. Igualmente, sostuvo que hay falta de objeto y causa lícita ya que
el Juzgado desconoció el grado de intendente al que pertenecía el demandante y
su escalafón en el nivel ejecutivo, nulidad absoluta por vicios de consentimiento por
error y la inexistencia del derecho.

11. De acuerdo con estos argumentos, adujo que el hecho de no haber
interpuesto en término apelación contra la sentencia dictada en el proceso
declarativo no facultaba a reclamar lo pertinente ante el juez de la ejecución, puesto
que se trató de una obligación inexistente viciada de objeto y causa ilícita, en tanto
se pretendió una mixtura de dos regímenes excluyentes entre sí. Pidió que se
revocara en su integridad el auto que libró mandamiento ejecutivo4.

1.1.4. Auto resuelve reposición

12. El Juzgado Primero Administrativo de Pasto dictó proveído el 14 de mayo de
2021 en el que no repuso el auto del 11 de diciembre de 2020, al considerar que los
requisitos formales del título quedaron debidamente acreditados en el proceso. Del
mismo modo, la parte resolutiva de la sentencia objeto de ejecución fue clara en
ordenarle a Casur una obligación de hacer y lo relativo al régimen prestacional se
zanjó en la sentencia proferida al interior del asunto de nulidad y restablecimiento
del derecho, decisión que no es objeto de revisión en esta oportunidad al haber
quedado debidamente ejecutoriada5.

1.1.5. Contestación de la demanda, auto que ordenó seguir adelante con la
ejecución y trámite procesal relevante

13. El apoderado de Casur se opuso a todas las pretensiones del ejecutante toda
vez que la entidad dio cumplimiento a la sentencia del 17 de septiembre de 2015 a
través de la Resolución núm. 707 del 23 de febrero de 2016. Destacó que la decisión
judicial no ordenó el reconocimiento de la asignación de retiro con la partida del
sueldo básico de un intendente, sino que estableció que esto se debía reconocer de
conformidad con los artículos 100 y 104 del Decreto 1213, dentro de los que se
encuentra el sueldo básico del escalafón de agentes de la Policía Nacional.

4 Samai, índice 18, 022Recurso.pdf.
5 Samai, índice 18, 026AutoResuelvereposición.pdf.

4

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Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

14. Por ende, indicó que el ejecutante a través de este asunto pretendió que el
Juzgado le ordene a Casur reconocer la prestación con el sueldo básico de un
intendente, lo cual además de que no fue ordenado en la sentencia base del
recaudo constituye una mixtura de regímenes normativos en dos escalafones. De
suerte que la pretensión del actor no está llamada a prosperar porque de
modificarse se violaría el principio de inescindibilidad normativa. Además, refirió que
existió abuso del derecho y planteó como excepciones el pago, la falta de objeto y
causa lícita, la nulidad absoluta por vicios del consentimiento por error y la
inexistencia del derecho6.

15. El Juzgado, el 18 de enero de 2022 en los términos del artículo 440 del CGP,
ordenó seguir adelante con la ejecución al establecerse la existencia de una
obligación clara, expresa y exigible en los términos del auto que libró mandamiento
ejecutivo y luego de que determinó que la contestación de la demanda aludida se
interpuso extemporáneamente. Igualmente, condenó en costas a la parte
ejecutada7.

16. Contra este proveído, el abogado de Casur interpuso apelación para reparar
en los términos de traslado y de la contestación de la demanda8, que fue decidido
en proveído del 22 de abril de 2022 bajo el trámite del recurso de reposición. En esa
oportunidad se ordenó reponer el auto del 18 de enero de 2022 y correr traslado de
las excepciones de fondo propuestas por la ejecutada en la contestación de la
demanda9.

17. Mediante providencia del 26 de mayo de 202310, el Juzgado Primero
Administrativo de Pasto convocó a la realización de audiencia inicial e incorporó las
pruebas aportadas por las partes. Igualmente ordenó que de oficio se incorporaran
todas las pruebas que hacían parte del expediente ordinario. En este orden, el 29
de agosto de 2023 se celebró diligencia en la que se modificó el auto que libró
mandamiento ejecutivo en el sentido de que, en adelante, la ejecución se realizaría
por una obligación de pagar una suma líquida de dinero.

18. Lo anterior, dado que la realidad procesal y sustancial del expediente permitía
establecer que se trató de una obligación de cobro perfectamente liquidable a partir
de las mesadas devengadas por el actor de 2012 a 2020 en el grado de intendente,
así como su hoja de servicios. Seguidamente, el Juzgado fijó el litigio a partir del
planteamiento de determinados problemas jurídicos11. Finalmente, incorporó las

6 Samai, índice 18, 030ContestaciónDemanda.pdf.
7 Samai, índice 18, 033AutoSigueAdelanteEjecución.pdf.
8 Samai, índice 18, 038RecursoApelaciónContraAuto.pdf.
9 Samai, índice 18, 041AutoNoconcedeApelaciónResuelveReposición(2).pdf.
10
Samai, índice 18, 047AutoFijaFechayRequierePruebas.pdf.
11
«Cuáles son los requisitos de fondo y forma que deben reunir las sentencias judiciales cuándo son
presentados como base del recaudo ejecutivo?¿De los documentos aportados se puede establecer la existencia
de una obligación clara, expresa y exigible? ¿Cuáles son las excepciones que puede proponer la entidad
demandada cuando el título ejecutivo lo constituye una sentencia? ¿Es posible desconocer dentro de un proceso
ejecutivo las obligaciones emanadas de una sentencia debidamente ejecutoriada y que presta mérito ejecutivo?
¿Se debe seguir adelante la ejecución por las sumas resultantes de la reliquidación de la asignación de retiro
del actor, teniendo en cuenta como base de liquidación su salario de Intendente de la Policía Nacional y los
5

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

pruebas, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y dictó
sentencia de primera instancia12.

1.1.6. Sentencia de primera instancia

19. El Juzgado Primero Administrativo de Pasto resolvió:

PRIMERO: Declarar no probada la excepción de pago por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Seguir adelante con la ejecución a favor de: ARTURO IVÁN MORILLO
CALPA y en contra de CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL- CASUR por las siguientes sumas:
(i) Ciento sesenta y dos millones cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis
pesos ($162.059.766), correspondiente al capital resultante de las diferencias
pensionales, causadas por la reliquidación de la asignación de retiro del actor,
ordenada en sentencia de 17 de septiembre de 2015, las cuales se causaron desde
el 22 de noviembre de 2012, hasta la fecha de radicación de la presente demanda
ejecutiva.
(ii) Las sumas que resulten del cálculo de las diferencias pensionales que se causen
desde la fecha de radicación de la demanda ejecutiva y en adelante, hasta la fecha
de inclusión en nómina de pensionados de la reliquidación ordenada en la precitada
sentencia.
(iii) El valor de la indexación y los intereses moratorios causados sobre la suma
anterior, valores que se calcularan como se señaló expresamente en la parte motiva
de esta providencia.
Dichas sumas podrán ser objeto de control de legalidad por el Despacho, y a la
misma se le realizarán los descuentos de ley a los que haya lugar.

TERCERO: Se practicará la liquidación de crédito conforme a lo establecido en el
artículo 440 del C.G.P. [..]

20. Consideró que se reunían los requisitos de forma porque se trató de una
sentencia proferida el 17 de septiembre de 2017, debidamente ejecutoriada y que
contenía una condena en contra de Casur. Seguidamente, se acreditaron los
presupuestos de fondo porque, aunque la sentencia no indicó cuál era la suma que
se le debía pagar al demandante, precisó las normas que se tenían que considerar
para la liquidación. Por ende, el plazo se encontraba vencido ya que la obligación
debía cumplirse superados 10 meses desde la ejecutoria de la sentencia, por lo que
a partir del 8 de agosto de 2016 la providencia era exigible ejecutivamente.
Asimismo, la demanda se presentó dentro del término de 5 años previsto en el
artículo 164 del CPACA.

factores salariales y las disposiciones establecidas en los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990? ¿En
el presente caso, es posible realizar el cobro de indexación e intereses moratorios?».
12 Samai, índice 18, 055ActaAudienciaInicialydeInstyJuzgamientoSentencia.pdf y
055AudioyVideoAudiencia.mp4.
6

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Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

21. En este contexto, frente a la excepción de pago propuesta por la demandada
refirió que ya se definió que la obligación era de dar una suma de dinero y el efecto
de cosa juzgada predicable de la sentencia impedía discutir la normativa aplicable
dentro del proceso ejecutivo. En igual sentido, advirtió la intención de la ejecutada
de reabrir un debate sobre lo debatido. Así, al juez del ejecutivo le estaba vedado
pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones del proceso ordinario, lo que
permitía establecer que en la Resolución núm. 707 no se dio cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia al no reliquidar la asignación de retiro del actor según los
parámetros señalados.

22. De este modo, no se configuró la excepción de pago frente a la referida
obligación y el hecho de que haya variado la postura jurisprudencial que rige en
torno a la reliquidación de los agentes de la Policía Nacional no puede alterar lo
ordenado.

23. Seguidamente, dispuso que no había lugar a estudiar el objeto y causa lícita
porque estas no eran excepciones de mérito dentro de un proceso ejecutivo, sino
que se propusieron como causales de nulidad. Por último, determinó el valor de la
obligación objeto de cobro a partir de la hoja de servicios del actor que permitía
establecer las sumas que el ejecutante debía recibir como asignación de retiro
desde que adquirió el estatus pensional, el 22 de noviembre de 2012, hasta cuando
presentó la demanda ejecutiva el 6 de julio de 2020 y, por tanto, las diferencias que
se le adeudan y que son objeto de cobro dentro del presente asunto13.

1.1.7. Recurso de apelación de la ejecutada

24. El apoderado de la entidad ejecutada verbalmente anunció que apelaba la
sentencia y ahí mismo sustentó sus reparos en el siguiente sentido:

25. Se apartó de lo decidido porque la sentencia base de recaudo no contiene
una obligación clara, expresa y exigible, ya que allí no se ordenó que la reliquidación
se hiciera con un sueldo de intendente y con las partidas de los agentes.

26. Tampoco está de acuerdo con que inicialmente se hubiera librado
mandamiento de pago por una obligación de hacer, y después se hubiera
modificado lo pertinente para establecer que se trató de una obligación de dar, pero
sin especificar cuáles eran las sumas de dinero. En este orden, no hay conformidad
entre el auto que modificó el mandamiento de pago y la sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución.

27. Finalmente, en la contestación de la demanda se planteó la configuración de
varias excepciones y era obligación del Juzgado pronunciarse al respecto en su
decisión. De acuerdo con el título que se aduce como base de la ejecución se
configuró una ausencia de obligación clara, expresa y exigible lo cual está ligado al

13 Ibidem.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
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planteamiento de la parte demandante, porque no se logró dilucidar que la orden
fue liquidar conforme al sueldo básico de un intendente y las partidas que
corresponden a los agentes. En consecuencia, debían declararse probadas estas
excepciones porque aún las sentencias se debían cumplir a partir de su literalidad,
sin que se habilitaran interpretaciones. Por último, abordó lo relativo a la imposición
de costas procesales. El Juzgado consideró que el recurso fue presentado y
sustentado a tiempo por lo cual lo concedió ante el Tribunal14.

28. El 1 de septiembre de 2023 la parte ejecutada presentó por escrito los
reparos contra la sentencia de primera instancia y los sustentó, de la siguiente
forma15:

i. El título base de la ejecución no contuvo una obligación clara, expresa y
exigible, porque en ninguno de los apartes se ordenó lo resuelto por el Juzgado.
Por oposición, lo que se resolvió fue que debía reliquidarse la asignación de retiro
de conformidad con los artículos 100 y 104 del Decreto 1213 de 1990, que versan
respectivamente sobre las partidas computables y las condiciones de retiro y el
tiempo de servicio. En concreto, el sueldo base es el aplicable al grado de agentes
de la Policía Nacional mas no para los intendentes de esta institución.

Sin embargo, el demandante interpreta que la orden iba dirigida a que la ejecución
se realizara con la prima de actividad, de antigüedad, una duodécima parte de la
prima de navidad y el subsidio familiar para el grado de agente, pero con el sueldo
básico del intendente. De ahí se extrae que la orden como fue dada está abierta a
dos interpretaciones, por lo que no es expresa ni clara. En consecuencia, le pidió
al Tribunal analizar nuevamente el cumplimiento de los requisitos previstos en el
artículo 422 del CGP.
ii. Está demostrada la excepción de pago. En particular, la sentencia base de
la ejecución no ordenó la reliquidación con el sueldo básico del intendente y las
demás partidas del agente. De suerte que la Resolución núm. 707 acreditó el
cumplimiento de la obligación contenida en la sentencia base del recaudo y se
profirió para proteger al afiliado de la desmejora de sus condiciones laborales.

iii. No es posible que se liquide el crédito en la sentencia que ordena seguir
adelante con la ejecución. Al respecto, la etapa de liquidación del crédito procede
de forma posterior a la orden de seguir adelante con la ejecución en los términos
del artículo 446 del CGP. De ahí que el Tribunal debía corregir esta situación.

iv. Finalmente, debe aplicarse el criterio subjetivo en materia de costas y
absolver a la entidad en caso de confirmarse la sentencia de primera instancia,
porque no actuó con temeridad o mala fe. Por estos motivos, pidió que se revoque

14 Ibidem.
15 Samai, índice 18, 056RecursoDeApelacion.pdf.

8

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
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la decisión de primer grado y en su lugar se ordene no seguir adelante con la
ejecución.

29. El Tribunal admitió este recurso en auto del 13 de octubre de 2023 16 y le
concedió a la ejecutada un término de 5 días para que lo sustentara. Sin embargo,
esta decisión fue objeto de recursos por el ejecutante quien reparó en el plazo
otorgado porque el recurso fue sustentado en su momento ante el juez de primera
instancia, quien le impartió el trámite correspondiente17. A pesar de ello, el Juzgado
dictó proveído el 9 de noviembre siguiente en el que precisó que el recurso de
apelación en los asuntos ejecutivos se regía por el CGP salvo en lo expresamente
regulado por el CPACA, razón por la cual el recurso tenía que interponerse y sus
reparos debían sustentarse en la audiencia en la que se dictara sentencia.

30. Por ende, repuso parcialmente la decisión en el sentido de que debía
aplicarse el parágrafo segundo del artículo 243 del CPACA, según el cual la
sustentación del recurso de apelación debía efectuarse ante el Juzgado de primera
instancia. De este modo, solo había lugar a correr traslado por 5 días a la
contraparte e impartir el trámite correspondiente para dictar sentencia de segunda
instancia18.

31. En esta oportunidad el señor Arturo Iván Morillo Calpa adujo que los reparos
eran ineficientes para atacar la sentencia porque fueron los mismos que se
plantearon en la contestación de la demanda del proceso declarativo, que no se
apeló. Además, se pretendió justificar el incumplimiento como un pago. Por último,
es común que los estrados judiciales dispongan la liquidación del crédito en etapas
anteriores y no es procedente la apelación frente a la condena en costas. Así, pidió
desechar los cargos y confirmar la sentencia19.

1.1.8. Sentencia de segunda instancia

32. El Tribunal Administrativo de Nariño, el 24 de noviembre de 2023, revocó la
sentencia proferida el 29 de agosto de 2023, declaró probada de oficio la excepción
de ausencia de los requisitos sustanciales del título ejecutivo y se abstuvo de seguir
adelante la ejecución. También condenó en costas en primera y en segunda
instancia a la parte demandante a favor de la ejecutada, ante la prosperidad del
recurso de apelación.

33. Precisó que la oportunidad y los requisitos del recurso de apelación están
previstos en el artículo 322 del CGP en concordancia con lo dispuesto en el artículo
243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. En virtud de esto, determinó
que la competencia del superior estaba limitada a los argumentos expuestos por el
apelante en los términos del artículo 328 del CGP, esto es, para revocar, modificar

16 Samai, índice 18, 058TramiteYSentenciaSegundaInstancia.pdf, páginas 38 a 40 del archivo digital.
17 Samai, índice 18, 058TramiteYSentenciaSegundaInstancia.pdf, páginas 52 a 60 del archivo digital.
18 Samai, índice 18, 058TramiteYSentenciaSegundaInstancia.pdf, páginas 62 a 75 del archivo digital.
19 Samai, índice 18, 058TramiteYSentenciaSegundaInstancia.pdf, páginas 84 a 87 del archivo digital.

9

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
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o confirmar la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de las decisiones que se
deban adoptar de oficio.

34. En este contexto, precisó que el mandamiento de pago se convierte en una
situación inamovible para el juez salvo la variación del monto de las sumas
adeudadas, situación que era distinta frente a lo ocurrido en el presente asunto
porque el Juzgado inicialmente resolvió que este se libró por una obligación de
hacer, y luego lo entendió como una de dar una suma líquida de dinero. En este
orden, el Juzgado cambió por completo la obligación que dijo contenía el título para
cuando libró mandamiento de pago.

35. Por ende, no resulta admisible que se hubiera adoptado esta medida de
saneamiento porque ello desconocía el debido proceso de la parte ejecutada, que
para ese momento ya había propuesto excepciones. En otras palabras, el Juzgado
violó la congruencia cuando libró mandamiento de pago por una obligación y
después resolvió en la sentencia seguir adelante con la ejecución respecto de una
distinta. No obstante, lo cierto es que la parte ejecutada guardó silencio en la
audiencia de instrucción y juzgamiento, lo que condicionaba al Tribunal a resolver
los reparos formulados en la apelación contra la sentencia.

36. Al respecto, sostuvo, con relación a los requisitos sustanciales del título, que
la sentencia del 17 de septiembre de 2015 admitía dos interpretaciones: la primera,
de la ejecutante, atinente a que se tengan en cuenta las partidas computables
dispuestas en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y la base de liquidación del
artículo 100 ibidem, pero sobre el sueldo básico del grado de intendente. De modo
que solo para ese concepto se aplique el régimen del nivel ejecutivo, mientras que
para las partidas computables y la base de liquidación el régimen de los agentes.

37. Por su parte, la segunda, relativa a la forma en la cual Casur efectuó la
liquidación en la Resolución núm. 707, con el sueldo básico mensual y las partidas
computables para el grado de agente, a partir de una plena aplicación del Decreto
1213 de 1990.

38. Bajo este entendido, como lo ha considerado en otros asuntos similares, la
obligación contenida en la sentencia base carece de los requisitos sustanciales
predicables del título ejecutivo – obligación expresa y clara– toda vez que la
reliquidación de la asignación de retiro puede efectuarse bajo una u otra
interpretación.

39. Así las cosas, ante la necesidad de adelantar un juicio interpretativo para
determinar cómo y cuál es la prestación que se debe cumplir, la obligación deja de
ser clara y expresa. En este orden, dispuso que procedía revocar la sentencia del
Juzgado y abstenerse de seguir adelante con la ejecución. En vista de ello, no
efectuó consideración sobre los demás motivos de inconformidad del apelante20.

20 Samai, índice 18, 058TramiteYSentenciaSegundaInstancia.pdf, páginas 138 a 169 del archivo digital.

10

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Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

1.2. Recurso extraordinario de revisión

40. El señor Arturo Iván Morillo Calpa, el 6 de diciembre de 2024, interpuso
recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 24 de
noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, al considerar que esta
incurrió en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, con
fundamento en los siguientes motivos:

41. Existió incongruencia entre el recurso de apelación y la sentencia, porque en
el primero la entidad demandada volvió a plantear las excepciones que propuso en
su recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago y que replicó
en sus alegatos de conclusión. Esto resulta improcedente porque el proceso
ejecutivo tiene unas etapas preclusivas.

42. En este orden, la entidad no propuso argumentos contra la sentencia de
primera instancia que permitieran plantear el problema jurídico a resolver. Por
consiguiente, la decisión procedente debió haber sido confirmar la providencia de
primer grado ante la indeterminación del marco de competencia que se debía
resolver, en vez de revocarla. Así, se presentó la figura de la apelación fallida pero
aun pese a esto el Tribunal adoptó una decisión con motivación contradictoria y
excluyente, que no permitía la existencia de una unidad lógica y jurídica que pudiera
producir efectos.

43. Bajo este entendido, comoquiera que no se pueden extractar motivos de
inconformidad en el recurso de apelación, se violó el debido proceso lo que hace
que la decisión esté incursa en la causal de revisión invocada, ligada íntimamente
al supuesto de nulidad procesal establecido en el numeral 1 del artículo 133 del
CGP, aplicable por remisión expresa.

44. Asimismo, existió incongruencia entre la sentencia que constituye el título
ejecutivo y la decisión enjuiciada. Mientras que en la primera se estableció que el
IBL para tener en cuenta debía ser el correspondiente al último grado obtenido en
el servicio activo, esto es, como intendente, en la segunda se consideró que la
reliquidación podía ejecutarse bajo una u otra interpretación, lo que hacía que la
obligación contenida en la sentencia base de ejecución careciera de los requisitos
o condiciones sustanciales predicables del título ejecutivo. En otras palabras, para
el Tribunal, si debía adelantarse un juicio interpretativo, la obligación no era expresa
ni clara.

45. Al respecto, el demandante sustentó que el IBL que se debía tener en cuenta
para el pago de las mesadas debía corresponder con el del último grado obtenido
en el servicio activo por mandato constitucional, legal y jurisprudencial, porque así
lo consignó la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2015. En consecuencia,
existía plena claridad sobre el particular, con la siguiente salvedad, relacionada con

11

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

un reconocimiento implícito dentro de la decisión adoptada, así no hubiera quedado
consignado en la parte resolutiva:

Ahora bien, aunque en la sentencia no se hubiera manifestado explícitamente el grado de Intendente
como partida básica a tener en cuenta, por mandato constitucional (artículos 53 y 220), legal (artículo
54 del Decreto 1791 de 2000) y jurisprudencial reiterado y pacífico de la Sección Segunda del Consejo
de Estado sobre este punto de derecho, tendría que haberse considerado como el IBL del último grado
al momento del retiro.

46. De este modo, se advierte que se materializó el supuesto de incongruencia
porque la interpretación que el Tribunal Administrativo de Nariño le otorgó al fallo
es contraria al grado de intendente que quedó establecido en la parte resolutiva del
título y, además, se fundamentó en argumentaciones decantadas en decisiones
anteriores que acogió irregularmente el Tribunal. En estos términos, la sentencia
en la cual declaró probada oficiosamente la ausencia de requisitos sustanciales del
título ejecutivo vulneró el debido proceso y quedó incursa en la causal de revisión
alegada.

47. En atención a lo expuesto, pidió que se declare fundado el recurso
extraordinario de la referencia, se anule la sentencia de segunda instancia, se
desestime la alzada presentada por la entidad demandada y se confirme la decisión
de primera instancia del 29 de agosto de 2023. Subsidiariamente reclamó que se
devuelva el expediente al Tribunal para que emita una nueva providencia conforme
a las directrices impartidas21.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

48. La magistrada ponente, mediante auto del 24 de abril de 202522, inadmitió
el recurso extraordinario de la referencia y le concedió al demandante un término
de 5 días para que allegara la constancia de ejecutoria de la sentencia enjuiciada,
En cumplimiento de ello, la parte actora adjuntó lo solicitado23.

49. Por lo tanto, mediante auto del 10 de noviembre de 202524 se admitió el
recurso de revisión, se ordenó notificar personalmente a Casur y al procurador
delegado ante esta corporación y se requirió al Juzgado Primero Administrativo de
Pasto para que remitiera en medio digital el expediente ordinario, con garantía de
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. El Juzgado atendió el
requerimiento y remitió el enlace de consulta25.

50. La apoderada de Casur allegó memorial de contestación en el que se opuso
a las pretensiones del recurso al considerar que el fallo dictado en el proceso
ejecutivo no incurrió en la causal de revisión invocada. En este orden, el recurrente

21 Samai, índice 3.
22 Samai, índice 6.
23 Samai, índice 10.
24 Samai, índice 12.
25 Samai, índice 18.

12

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
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pretendió dar paso a una tercera instancia judicial al pretender que se desestime el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada y se revoque la decisión
emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

51. En particular, sostuvo que la providencia de segundo grado respetó el
principio de congruencia al desatar la alzada, lo que le permitió concluir que el fallo
base de la ejecución incumplió las exigencias del artículo 422 del CGP, a partir de
un análisis razonado y ajustado a derecho. Por consiguiente, pidió despachar de
forma desfavorable las pretensiones de este mecanismo en procura de la seguridad
jurídica, el principio de inescindibilidad normativa y la consolidación pensional junto
al principio de legalidad, puesto que no se advierten los supuestos que estructuran
la causal de revisión.26

52. Seguidamente, se dictó proveído el 23 de febrero de 202627 en el que se
incorporaron como pruebas los documentos aportados con el recurso de revisión y
el expediente del proceso ordinario. Por su parte, se le reconoció personería a la
abogada de Casur y se entendió cerrada la etapa probatoria, por lo que se dispuso
que el expediente ingresaría al despacho para proferir la respectiva sentencia. El
expediente pasó al despacho para sentencia el 6 de marzo de 202628.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

53. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Arturo Iván Morillo Calpa contra la sentencia del 24 de
noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de acuerdo
con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA29.

2.2. Oportunidad

54. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 24 de noviembre de 2023 y
quedó ejecutoriada el 17 de enero de 2024. En consecuencia, como el recurso de
la referencia se interpuso el 6 de diciembre de ese año, su radicación fue oportuna,
dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA30.

26
Samai, índice 20.
27
Samai, índice 22.
28 Samai, índice 26.
29 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos

conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
30 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». Lo relativo

a la oportunidad para interponer el recurso fue analizado y definido en los términos expuestos por la magistrada
ponente al proferir el auto admisorio dictado en el curso del presente trámite.
13

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2.3. Legitimación en la causa

55. El señor Arturo Iván Morillo Calpa y Casur están legitimados en la causa para
ser partes en este trámite, toda vez que fueron respectivamente ejecutante y
ejecutada en el proceso en cuyo curso se profirió la sentencia enjuiciada.

2.4. Problemas jurídicos

56. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si:

57. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño, al proferir la sentencia del 24 de
noviembre de 2023, incurrió en la causal de revisión del numeral 5 del artículo 250
del CPACA, por violación al principio de congruencia?

58. Para alcanzar tal propósito deberá dar respuesta a los siguientes problemas
jurídicos derivados:

59. ¿En el caso particular existió incongruencia entre el recurso de apelación y
la sentencia enjuiciada?

60. ¿Es posible advertir incongruencia entre la sentencia que constituye el título
ejecutivo y la decisión objeto del presente recurso extraordinario?

61. La Sala, para dar respuesta a los problemas jurídicos propuestos, se referirá,
en primer lugar, a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo
lugar, abordará el alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, atinente a que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se
pronunciará en torno al principio de congruencia; en cuarto lugar, resolverá el caso
concreto; y, por último, decidirá sobre la condena en costas.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

62. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la
jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al
mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones
judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna
de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA31.

63. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 32, para casos en los que

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
14

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la decisión contenga algún vicio procesal o se pretendan cuestionar «[…] aspectos
que atañen a la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión»33.

64. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni
la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»34.

65. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en
la causal de nulidad invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias
que reabran la decisión adoptada como si se tratara de una nueva instancia judicial.

66. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»35. De este modo, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo
el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de
«[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos
que sirven de fundamento para su configuración»36.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

67. El artículo 250 del CPACA, regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.

68. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en
la sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado
no proceda recurso de apelación»37.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7de

febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
15

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
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69. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

70. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.

71. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado, en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)» 38.

72. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión,
no puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia,
salvo el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión,
«[…] no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar
la nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta
en una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»39.

73. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados
eventos supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al
debido proceso.

74. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto
genéricamente en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los
escenarios que expresamente ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede
ocurrir, entre otras, por las siguientes circunstancias excepcionales40:

38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del

3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del

13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,

exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
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-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso41.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación42.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus43.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia44.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso45; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado46.

75. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la
decisión por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
[…]. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular,
si el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la
justicia material de manera que tenga la entidad suficiente para permear la
inmutabilidad de la cosa juzgada»47.

76. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»48, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250
del CPACA, procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

2.7. Principio de congruencia

77. El artículo 281 del CGP, que regula las congruencias, establece que:

41 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-

15-000-2015-02493-00 (REV).
42 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-

03-15-000-2009-00494-00 (REV).
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010,

radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
44 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación:

11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
45
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.

11001-03-15-000-1998-00153-01.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.

78. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o
que omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes
(infra petita). Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en
términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional49.

79. Ahora bien, en cuanto a las facetas en que puede materializarse el principio
de congruencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
identificado dos escenarios:

Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto
en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva
de la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad50.

80. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los
reparos puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de
primera instancia sea revocada o reformada.

49 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

20 de junio de 2024, exp. 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
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2.8. Caso concreto

81. El señor Arturo Iván Morillo Calpa acudió en sede del recurso extraordinario
de revisión para solicitarle a esta corporación que infirme la sentencia de segunda
instancia dictada en el proceso ejecutivo, desestime la alzada presentada por la
entidad demandada y confirme la decisión de primera instancia. En sustento,
consideró que se incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, por violación al principio de congruencia, que encontró
íntimamente ligada al supuesto de nulidad procesal establecido en el numeral 1 del
artículo 133 del CGP, aplicable por remisión expresa.

82. Al respecto, la Sala considera que el recurrente se amparó en una de las
causales de revisión previstas en la ley, relativa a la nulidad originada en la
sentencia contra la cual no procede el recurso de apelación y la sustentó en el
principio de congruencia, que encuadra en la taxatividad de esta. Sin embargo, cabe
aclarar que el escenario propuesto no está relacionado con la nulidad procesal de
que trata el numeral 1 del artículo 133 del CGP, puesto que este se refiere al hecho
de que el juez actúe en el proceso luego de que declaró la falta de jurisdicción o de
competencia.

83. Por lo tanto, de la forma en que se definió al proferir el auto admisorio dictado
al interior de este trámite, el asunto de la referencia se estudiará exclusivamente
bajo el amparo de la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250
del CPACA.

84. Delimitado lo anterior, el señor Arturo Iván Morillo Calpa sostuvo que la
decisión del 24 de noviembre de 2023 violó la congruencia de cara al recurso de
apelación, ya que en este se volvieron a plantear las excepciones propuestas en
sede de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago y que se replicaron
en sede de alegatos de conclusión. No obstante, esta situación resultaba
improcedente porque el proceso ejecutivo tiene unas etapas preclusivas, de suerte
que la entidad no planteó argumentos contra la sentencia de primera instancia.

85. Por consiguiente, a juicio del actor se debió confirmar la decisión de primer
grado ya que existía una indeterminación en el marco de la competencia que
habilitaba la procedencia de la figura de la apelación fallida. Vistas así las cosas, el
Tribunal motivó el fallo en consideraciones contradictorias y excluyentes que no
permitían la existencia de una unidad lógica y jurídica capaz de producir efectos,
motivo por el cual se le violó el debido proceso.

86. De acuerdo con esto, la Sala considera que Casur en el recurso de reposición
que interpuso contra el auto que libró mandamiento ejecutivo se refirió a la falta de
requisitos sustanciales del título, al considerar que no se reunieron las exigencias
del artículo 422 del CGP, excepción que no podía alegarse en los términos del

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numeral 2 del artículo 442 del CGP51. En torno a esta situación insistió en su recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia. Sin embargo, lo cierto es que
esta excepción la podía declarar oficiosamente el juez de segunda instancia a partir
de una interpretación de los artículos 187 del CPACA, inciso segundo, y 282 del
CGP y la jurisprudencia del Consejo de Estado que así lo ha reconocido:
En este orden de ideas, se debe señalar, como lo consideró el Tribunal a quo, que
el artículo 430 del CGP establece claramente que “[l]os requisitos formales del título
ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo”; además, “[n]o se admitirá ninguna controversia sobre los
requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En
consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o
declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la
ejecución, según fuere el caso” (se destaca).

Sin embargo, la citada norma no prohíbe al juez revisar la existencia del título, ya
sea por tratarse de una excepción alegada por la parte ejecutada -como ocurre en
el sub lite- o incluso de oficio, pues constituye una potestad – deber del juzgador el
revisar tanto los aspectos formales como los sustanciales del título […]

En igual sentido, conviene traer a colación los pronunciamientos de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, relacionados con la “potestad deber”
que le asiste al juez de revisar, incluso de manera oficiosa, los títulos ejecutivos, a
saber: En repetidas ocasiones, esta Corte ha insistido en la pertinencia y necesidad
de examinar los títulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, pues,
se memora, los jueces tienen dentro de sus deberes, escrutar los presupuestos de
los documentos ejecutivos, ‘potestad-deber’ que se extrae no sólo del antiguo
Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en el actual Código General del
Proceso. […] De esta manera, aún en segunda instancia, es deber de los jueces,
inclusive de manera oficiosa, estudiar los requisitos formales o sustanciales de los
documentos base de recaudo, y determinar si estos consisten en títulos ejecutivos
complejos o singulares 52.

87. Puntualmente, en la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2016 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se estudió en
apelación un proceso ejecutivo iniciado para reclamar el pago de unas sumas
derivadas de unas sentencias judiciales dictadas al interior de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, y el acto administrativo a través del cual la entidad
demandada dio cumplimiento, se precisó lo que sigue53:
Entonces, aunque en materia de títulos complejos integrados por la sentencia y el
respectivo acto de cumplimiento, el juzgador conserva el poder de interpretación del
título en orden a librar la ejecución de pago con estricta sujeción a la sentencia, todo

51 «2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción

aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la
respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la
de pérdida de la cosa debida».
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8

de junio de 2022, exp. 25000-23-36-000-2015-01521-01(56907).
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8

de septiembre de 2016, exp. 41001-23-33-000-2013-00112-01(52779).
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ello para favorecer el principio de la salvaguarda del interés general y de la cosa
juzgada. Lo anterior no obsta que el Juez de la ejecución conserve su plena facultad
para examinar las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad, y por supuesto,
legalidad del título ejecutivo esgrimido contra la administración. […]

En los procesos ejecutivos, por regla general y a diferencia de lo que ocurre en los
procesos de conocimiento, el juez de oficio no puede declarar probadas las
excepciones de fondo.

En efecto, si bien el artículo 164 del C. C. A. le ordena al juez que reconozca de
oficio las excepciones de mérito, lo cierto es que en los procesos de ejecución tal
potestad no opera porque en esta clase de asuntos se parte, de un lado, de la
certeza del derecho consignada en el título ejecutivo, y, de otro, del mandato
contenido en el artículo 507 que le impone al juez el deber de ordenar proseguir con
la ejecución si no se presentan excepciones, de donde se infiere entonces que el
ejecutado debe proponerlas.

Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C. prevé que si el título ejecutivo
consiste en una sentencia de condena o cualquier otra providencia que lleve consigo
ejecución, “sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia…, la de “pérdida de la cosa debida…”
y las nulidades originadas en la indebida representación de las partes o la falta de
notificación a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los
hechos constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no
pueden proponerse “….ni aún por la vía de reposición.” […]

Sin embargo, lo que se acaba de expresarse no es óbice para que el juez se
pronuncie, ex officio, si al analizar el título ejecutivo encuentra que éste no reúne las
exigencias o elementos del artículo 488 del C.P.C., esto es, que el documento
allegado como título ejecutivo no contiene un derecho u obligación expresa, clara y
exigible, caso en el cual, así debe declararlo en la decisión que ponga fin al proceso
y, en consecuencia, se entenderán imprósperas las pretensiones de pago.

De manera que el juez debe pronunciarse sobre el título ejecutivo si al momento de
decidir sobre la continuidad de la ejecución hay inquietud sobre su existencia o se
percata de la inexistencia o insuficiencia de él, pues el rigor del entendimiento del
artículo 507 y del numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., no puede conducir al
absurdo de proseguir un proceso de ejecución sin título de recaudo. […].

88. Por lo visto, aunque la regla general desde el Código de Procedimiento Civil
(CPC) es que en los procesos ejecutivos el juez no puede declarar de oficio las
excepciones de fondo que encuentre probadas, en tanto existe una limitación para
alegar solo ciertas de estas cuando el título ejecutivo consiste en una sentencia
judicial, la jurisprudencia se ha encargado de reconocer que esto no le impide
pronunciarse de oficio sobre si el documento contiene una obligación clara, expresa
y exigible, lo que imposibilita proseguir la ejecución. En este escenario, es deber del
juez declarar esta situación en la decisión que le ponga fin al proceso.

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89. Trasladado lo anterior al marco normativo actual, a pesar de que el artículo
430 del CGP le prohíbe al juez declarar en la sentencia los defectos formales del
título ejecutivo, el artículo 298 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021
dispuso en su parágrafo que «los defectos formales del título ejecutivo podrán
declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir
adelante la ejecución, según fuere el caso.». Por ende, en el actual CGP y en el
CPACA no existe una prohibición expresa de que se declare probada en la sentencia
la ausencia de defectos sustanciales del título. Es más, con la modificación al
CPACA se amplió la competencia frente a los defectos formales, lo que advierte el
tránsito hacia un mayor margen de oficiosidad por parte del juez.

90. En atención a lo expuesto, el Tribunal delimitó su competencia a partir del
artículo 328 del CGP, que lo habilitaba para confirmar, revocar o modificar la
sentencia de primera instancia, sin perjuicio de las decisiones que debía adoptar de
oficio, como la relativa al estudio de los presupuestos sustanciales del título. De lo
visto, al margen de las etapas preclusivas del proceso ejecutivo, existen normas
procesales que facultaban al Tribunal Administrativo de Nariño para declarar
probada la referida excepción, ante la ausencia de los requisitos sustanciales que
daban lugar a abstenerse de seguir adelante con la ejecución.

91. Ahora bien, en lo que respecta a la incongruencia derivada de la falta de
sustentación de la apelación, esta Sala considera que Casur planteó varios reparos
en la alzada, entre estos que la sentencia base del recaudo no contenía una
obligación clara, expresa y exigible, que no era procedente haber modificado el auto
que libró mandamiento de pago para considerar que se trató de una obligación de
dar y no de hacer y que se demostró la excepción de pago porque la Resolución
núm. 707 cumplió con la obligación impuesta y protegió al afiliado de la desmejora
de sus condiciones laborales. Esto último, se deriva de la decisión expresa del
Juzgado de declarar no probada la citada excepción.

92. Por ende, no hay lugar a considerar, como lo propone el recurrente, que se
trató de una apelación fallida que exigía confirmar la decisión de primer grado,
porque está más que demostrado que la alzada se sustentó en debida forma como
lo aceptó el propio demandante al descorrer el traslado del recurso. Además, volver
a insistir en la configuración de las excepciones resulta válido y no necesariamente
implica que la alzada careció de cargos, porque en últimas lo relevante es que se
pueda extraer un reparo contra lo decidido en primera instancia, como ocurrió en el
caso particular.

93. Cuestión distinta es que lo propuesto como inconformidad, a juicio del actor,
no tuviera la vocación de prosperar, escenario que de haberse materializado habría
conducido al Tribunal a despachar favorablemente los cargos, lo cual no equivale a
declarar la apelación fallida.

94. En consecuencia, la respuesta al primer problema jurídico es negativa porque
no existió incongruencia entre el recurso de apelación y la sentencia enjuiciada, ya
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que en el primero se plantearon argumentos que ameritaban un estudio y el Tribunal
podía declarar de oficio la excepción de ausencia de los requisitos sustanciales al
provenir esta situación, además, de los problemas jurídicos propuestos en la fijación
del litigio54. Así las cosas, la intención del señor Arturo Iván Morillo Calpa es la de
utilizar este recurso extraordinario para cuestionar el fondo de la decisión que
terminó el proceso ejecutivo, escenario para el cual no está previsto este
mecanismo.

95. Seguidamente, el demandante estructuró como un segundo eje de su recurso
que existió incongruencia entre la sentencia base de la ejecución y la decisión
proferida por el Tribunal en el marco del trámite ejecutivo. Puntualmente, porque
mientras que en la primera se estableció que el IBL debía ser el del último grado
obtenido en el servicio activo, como intendente, la segunda consideró que para la
reliquidación existieron dos interpretaciones, lo que dio lugar a que el título careciera
de los requisitos sustanciales.

96. A juicio del demandante la sentencia que constituía el título contenía un
reconocimiento claro e implícito, así no hubiera quedado consignado en la parte
resolutiva, al sustentarse en decisiones que decantaron el tema. En estos términos,
la providencia enjuiciada vulneró el debido proceso.

97. Frente a esto, la Sala considera que la incongruencia debe revisarse a partir
de los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que hacen parte del proceso ejecutivo. Bajo este postulado, es claro
que el principio rige en función del asunto que se discute, ya que allí es donde se
enmarcaría un eventual escenario extra petita, ultra petita o infra petita. Aplicado lo
anterior al caso en estudio, solo podría hablarse de incongruencia en lo que
respecta a las materias medulares del proceso ejecutivo, de conformidad con las
etapas procesales que lo componen, dentro de las cuales está la fijación del litigio.

98. Debido a lo anterior, toda vez que el proceso ejecutivo es autónomo respecto
del declarativo, la incongruencia debe verificarse a partir de lo que se pidió y
excepcionó en dicho trámite, de suerte que se logre advertir que la decisión judicial
definitiva satistizo lo pretendido inicialmente. Al respecto, si se verifica la decisión
del 24 de noviembre de 2023, se observa que esta declaró probada de oficio la
excepción de ausencia de los requisitos sustanciales del título ejecutivo al abordar
el carácter expreso y claro de la sentencia del 17 de septiembre de 2015.

99. De esta forma, atendió lo relativo a la imposibilidad de que se ordene el pago
de las diferencias dinerarias dejadas de cancelar conforme a la solicitud presentada
por el señor Arturo Iván Morillo Calpa, a partir de la lectura de la orden contenida en

54 «En dicha oportunidad, como se extrae de los antecedentes, el Juzgado propuso el siguiente planteamiento:
¿De los documentos aportados se puede establecer la existencia de una obligación clara, expresa y exigible?
».

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la decisión judicial objeto de la ejecución, que para la autoridad suscitaba dos
formas de interpretación. Esto último fue ampliamente abordado en el proceso ya
que comprendió las posturas contrapuestas de ambas partes.

100. Por un lado, el ejecutante defendió que la providencia ordenó la reliquidación
de su asignación de retiro con fundamento en los artículos 100 y 104 del Decreto
1213 de 1990 y a partir del grado de intendente. Por otro lado, la ejecutada sostuvo
que la decisión judicial estableció que la prestación periódica del demandante debía
responder íntegramente al escalafón de un agente de la Policía Nacional. De suerte
que como este resultado era inferior al devengado por un intendente, mantuvo la
asignación de retiro del actor como una medida para proteger sus derechos.

101. Además, es claro que la sentencia proferida en el proceso declarativo no es
objeto de este recurso extraordinario de revisión y a partir de los antecedentes se
tiene que esta tampoco fue apelada en sede ordinaria. Por ende, no es labor de la
Sala reabrir la discusión interpretativa frente a la orden dictada en la providencia
objeto de la ejecución para determinar si esta fue clara y expresa, porque si lo hiciere
convertiría este trámite en una tercera instancia judicial del ejecutivo, aunado a que
terminaría estudiando una decisión judicial contra la cual no se interpuso este
mecanismo extraordinario.

102. En particular, como se expuso, el análisis frente a la acreditación de los
requisitos sustanciales del título ejecutivo quedó definido en la sentencia
ejecutoriada contra la cual se interpuso este recurso, al tratarse de un aspecto que
el Tribunal naturalmente estaba llamado a resolver. Por ende, que en el ejecutivo
se haya advertido la dualidad interpretativa que motivó que se hubiera declarado la
excepción de ausencia de acreditación de los requisitos sustanciales del título base,
no permite trasladar ese escenario a este mecanismo excepcional, porque los
aspectos sustanciales de la decisión escapan el alcance de la causal de revisión
alegada.

103. Por consiguiente, la respuesta al segundo problema jurídico es igualmente
negativa porque no es posible advertir incongruencia entre la sentencia que
constituye el título base de la ejecución y la decisión enjuiciada, cuando, por las
particularidades del asunto, precisamente era en esta última en la que se debía
revisar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible. Por los motivos
consignados, la Sala declarará infundado el presente recurso.

2.9. Costas

104. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario55 de la Subsección

55 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
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sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe56. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
advierte que el recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante el
trámite del presente asunto.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la
parte motiva de esta sentencia.

Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y Cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
56 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-

00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00605-00 (6773-2024)
Demandante: Arturo Iván Morillo Calpa
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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