Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00930-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00930-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00930-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
Demandante: Gustavo Adolfo Arcila Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
Providencia Sentencia del 5 de diciembre de 2019 proferida por el
recurrida: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: Causal 5.° de revisión del artículo 250 del CPACA. Nulidad
originada en la sentencia. Principio de congruencia.
SENTENCIA DE REVISIÓN
ASUNTO
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Gustavo
Alonso Arcila Gutiérrez contra la sentencia del 30 de agosto de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares1.
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3, Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad de los Oficios 31864 del 15 de
mayo y 37041 del 3 de junio, ambos de 2015, mediante los cuales Cremil le negó
el reajuste de su asignación de retiro.
1 En adelante Cremil.
2 Samai, índice 1. Expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
760013333007201500454 00.
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su
asignación de retiro con el adecuado cálculo de la prima de antigüedad en los
términos del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, teniendo en cuenta el 60% del
salario mínimo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 1794 de
2000, y con la inclusión del subsidio familiar.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. El 15 de julio de 1990 ingresó al Ejército Nacional como soldado voluntario,
cargo que ostentaba para el año 2000.
3.2. A partir del 1 de noviembre de 2003 todos los soldados voluntarios fueron
incorporados como soldados profesionales y se sometieron a las disposiciones
de los decretos 1793 y 1794 de 2000 y, posteriormente, por el 4433 de 2004.
3.3. Mediante la Resolución 171 del 10 de febrero de 2009, la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares le reconoció la asignación de retiro luego de permanecer en
servicio por más de 20 años.
3.4. En la liquidación prestacional se dio una incorrecta aplicación del artículo 16
del Decreto 4433 de 2004, toda vez que se descontó doblemente la prima de
antigüedad. Tampoco se incrementó el valor de la prestación en los términos del
artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, pues solo se tuvo en cuenta el salario
mínimo incrementado en un 40%, cuando el aumento correspondía al 60%. A lo
que se suma que no se incluyó el subsidio familiar como partida computable,
pese a que así lo ordenaba el artículo 13 del primer decreto aludido.
1.2. Sentencia de primera instancia
4. Mediante sentencia proferida el 30 de junio de 2017, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Cali (Valle del Cauca) declaró probada la falta de legitimación
en la causa por pasiva de Cremil, respecto de la pretensión del incremento
salarial del 20% en la liquidación de la asignación de retiro, la nulidad de los actos
administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho, condenó
a la demandada a reajustar la prestación en los términos del artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 1794
de 2000, con el cómputo del 70% del salario básico mensual, adicionado en un
38.5% de la prima de antigüedad, con inclusión del subsidio familiar como partida
computable.
5. Asimismo, ordenó el pago de la diferencia que resultara entre la nueva
liquidación y lo que se pagaba, con prescripción cuatrienal por las sumas
causadas con anterioridad al 6 de mayo de 2011 y negó las demás pretensiones
de la demanda. Lo anterior con base en el siguiente razonamiento:
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
5.1. En atención a que lo pretendido consistió en el reajuste de la asignación de
retiro con el incremento salarial del 20%, dejado de percibir como consecuencia
de la incorporación como soldado profesional, el reclamo estuvo referido a la
adición de la partida de salario, aspecto que escapaba a la órbita de competencia
de Cremil, razón por la cual carecía de legitimación en la causa frente a la petición
de reajuste salarial.
5.2. De igual manera, Cremil liquidó de manera incorrecta la asignación de retiro
prevista en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, por cuanto según la norma
el monto de la asignación correspondía al 70% del salario mensual adicionado
con el 38.5% de la prima de antigüedad, pero la entidad calculaba ese porcentaje
sobre el total de la suma del salario y la prima, con lo cual hacía un descuento
indebido sobre esta.
5.3. Elsubsidio familiar debía ser tenido como partida de computable de la
asignación de retiro. En este sentido, era preciso inaplicar por inconstitucional el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, puesto que al otorgarle a este factor tales
efectos solo a los oficiales y suboficiales y no a los soldados profesionales
desconoció el principio de igualdad.
5.4. Enel presente asunto operó el fenómeno jurídico de la prescripción de
mesadas regulado por el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, puesto que se
interrumpió con la petición presentada el 6 de mayo de 2015.
1.3. Los recursos de apelación
1.3.1. Parte demandante
6. Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez interpuso recurso de apelación en el que
solicitó la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia en cuanto
declaró probada la falta de legitimación en la causa de Cremil y negó el reajuste
del 20% en el salario base de liquidación. En su lugar, se debía tener en cuenta
el salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, de conformidad con el
inciso 2.° del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000. Para el efecto, lo sustentó en
los siguientes términos:
6.1. La norma referida se debía aplicar porque en la liquidación de la asignación
de retiro se tomó como base el salario mínimo incrementado en un 40%, pese a
que, para los soldados voluntarios vinculados al 31 de diciembre de 2000, como
era su caso, debía regir ese salario aumentado en un 60%. Ello, porque (i) se
vinculó en vigencia de la Ley 31 de 1985; (ii) aunque desde el 2003 pasó a ser
soldado profesional, las funciones que cumplía eran iguales a las que
desempañaba como voluntario; (iii) su situación comenzó a regirse por los
decretos 1793 y 1794 de 2000 y; (iv) esta última norma en su artículo 1 especificó
que los soldados que ingresaron en vigor de la Ley 131 de 1985 debían recibir la
asignación salarial antes referida.
6.2. El desconocimiento de lo anterior repercutió en la liquidación de la asignación
de retiro porque se reconoció con un salario mínimo incrementado en un 40% y
no en el 60%, y, a aquel valor se le aplicó el 70% previsto en el artículo 16 del
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
Decreto 4433 de 2004. Todo lo cual carecía de justificación y vulneró los artículos
13, 53 y 58 de la Constitución Política y la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016 con radicado CE-SUJ2 85001333300220130006001.
1.3.2. Parte demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
7. La entidad en el recurso de apelación pidió que se revocara la sentencia y en
su lugar se negaran las pretensiones de la demanda. Como argumentos
manifestó los siguientes:
7.1. En cuanto al reajuste de la asignación de retiro, el numeral 13.2.1. del artículo
13 del Decreto 4433 de 2004 estableció se debía tener en cuenta lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 que ordenó incluir solo
el 40% del salario mensual.
7.2. De acuerdo con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para la liquidación
de la asignación de retiro de los soldados profesionales se debía tener en cuenta
un valor equivalente al 70% del salario básico (que resulta de la suma del 100%
del salario y el 40% adicional) incrementado en un 38.5% por concepto de prima
de antigüedad «[…] tal como [lo] ha estado aplicando esta entidad […]».
7.3. La actuación de la entidad se ajustó a la normativa vigente y no incurrió en
falsa motivación al expedir los actos administrativos demandados.
7.4. En este caso se debía tener en cuenta el término de prescripción de las
mesadas preceptuado en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 30 de agosto de
2019 revocó el numeral primero de la de primera instancia para, en su lugar,
inhibirse frente a la legalidad del Oficio 37041 del 3 de junio de 2015 que negó el
reajuste de la asignación de retiro y modificó el numeral cuarto para ordenar que
se liquidara la prestación en los términos de los artículos 13, numeral 13.2.1. del
Decreto 4433 de 2004 y 1.°, inciso 2.° del Decreto 1794 de 2000, es decir,
teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en el 60%
y computar la prima de antigüedad en el 70% del salario básico mensual que devengaba
aquel en actividad adicionado en el 38,5%, calculado a partir del 100% de la asignación
salarial. Confirmó en lo demás la sentencia recurrida. Para el efecto, sostuvo:
8.1. La liquidación de la asignación de retiro debía efectuarse con el 70% del
salario mensual adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad, de acuerdo
con lo reglado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
8.2. En incremento del 60% sobre el salario recibido por los soldados
profesionales se prescribió por la Ley 131 de 1985 para los soldados voluntarios.
De igual manera, el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, aunque regló que para
los soldados profesionales el salario sería un mínimo más un 40%, estableció un
régimen transicional en favor de los soldados voluntarios vinculados al 31 de
diciembre de 2000 a quienes se les conservó el derecho a recibir el 60%
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
adicional. De este modo, la norma que regía la liquidación de la asignación de
retiro era la prevista en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en armonía con
lo establecido en la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 del 25 de abril
de 2019.
8.3. El subsidio familiar no era partida computable en el caso del demandante,
puesto que se causó antes del mes de julio de 2014, de conformidad con lo
definido por la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 del 25 de abril de
2019.
8.4. En cuanto a la prescripción, no era procedente aplicar el término trienal
previsto en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, tal y como lo ha considerado
la jurisprudencia del Consejo de Estado4, puesto fue expedido con exceso de la
facultad reglamentaria del gobierno nacional. Por lo tanto, el término que debía
atenderse era el cuatrienal, señalado por el artículo 174 del Decreto 1211 de
1990.
1.3. Recurso extraordinario de revisión
9. Gustavo Alonso Arcila López interpuso el recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 30 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior con fundamento en la causal
establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»
y solicitó infirmar la sentencia del tribunal y dictar otra nueva. Así lo sustentó:
9.1. El tribunal incurrió en la causal de revisión citada al decidir aspectos que no
le correspondían con lo cual desconoció el principio de congruencia. Ello por
cuanto revocó la decisión de incluir el subsidio familiar como partida computable
en la asignación de retiro del solicitante, asunto resuelto por la sentencia de
primera instancia y respecto del cual ninguna de las partes presentó
inconformidad alguna en sus recursos de apelación.
9.2. En efecto, el recurso de apelación se circunscribió a controvertir lo relacionado
con la prima de antigüedad en los términos del artículo 16 del Decreto 4433 de
2004 y el término de prescripción que se aplicó. En este sentido, de acuerdo con
los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, al juez de segunda
instancia debe limitarse a decidir los reparos esgrimidos en el recurso de
apelación presentado las partes.
1.4. Contestación del recurso extraordinario de revisión
10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares fue notificada del auto admisorio de
la demanda por estado del 6 de agosto de 2021, lo cual se le informó mediante
correo electrónico del 3 de agosto del mismo año5 y no contestó la demanda.
4 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de septiembre de 2008, radicado
interno 0628-2008, reiterada por la Subsección B, sentencia del 2 de febrero de 2012, radicado:
11001-03-15-000-2011-01498-00
5 Samai. Índices 9 y 10. Expediente electrónico 11001032500020200093000.
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
11. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado6, expedido por la Sala
Plena de esta corporación que estableció que le corresponde resolver «[l]os
recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según
la materia».
2.2. Oportunidad
12. El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del
CPACA. En efecto, la sentencia del 30 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca fue notificada a las partes por correo
electrónico del 24 de septiembre de 2019, quedó ejecutoriada el 29 de los mismos
mes y año7 y el recurso fue radicado el 11 de septiembre de 20208.
2.3. Legitimación en la causa
13. En el asunto objeto de estudio, Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez está
legitimado para actuar como demandante, comoquiera que actuó también en tal
calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia pretende
controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
14. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada9. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada10 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
15. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
6 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
7 Samai. Índice 18, expediente digital radicado: 76001-33-33-007-2015-00454-00.
8 Samai, índice 1.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
16. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
17. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al revocar la sentencia de primera
instancia que había ordenado la inclusión del subsidio familiar como partida
computable en la asignación de retiro del demandante?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
18. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en
los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso11 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades12 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas13. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
11 En adelante CGP.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley […]».14
19. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso15.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso16.
• Se profiere sin motivación17.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente18.
• Se desconoce el principio de congruencia19.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»20.
14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
15 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
19 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
20 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
20. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso. En este caso, su alegación debió darse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP21. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del
proceso, circunstancia que le corresponde probar22.
21. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. El principio de congruencia en la sentencia
22. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]»
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
23. En sentencia del 26 de octubre de 201723, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que
las partes hayan expuesto en el decurso procesal.
24. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201824, señaló:
«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la
sentencia, según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se
decide por el Juez y lo que constituye la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado:
“(…) El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum
elevado sino además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien
entabla la demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester señalar que el
quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el
concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el
Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es
rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las pautas
fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”25.(Resaltado fuera del texto
original).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
ocurrido incluso después de haberse presentado la demanda y siempre que
se alegue a más tardar en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo
que no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra
petita), excepto en los casos autorizados expresamente por el legislador,
como en los asuntos de familia y de protección de los derechos
fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno
a las peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano
Jurisdiccional, solicitando del mismo una actuación en un sentido
determinado. Así “la pretensión acota el contenido del proceso, fija sus
límites concretos, condiciona su tramitación y resultado y delimita el ámbito
en el que necesariamente ha de moverse el juzgador” […]». (Resaltado fuera
del texto original).
25. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de
confundir la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente
a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso
extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando para
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
24 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
25 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
mimetizar tesis o razones propias de los recursos ordinarios o de las
discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza especial se
requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]».26
26. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido
como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto
puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas
aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita27, como regla general.
27. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo dos
ámbitos o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre
lo pedido y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia
entre lo dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos
expuestos en la parte motiva de la providencia28. Al respecto, es importante
destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que
pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no
proceda solución diferente a su nulidad.
2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
28. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
28.1. En sentencia proferida el 8 de marzo de 2018, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Cali (Valle del Cauca) declaró probada la falta de legitimación
en la causa de Cremil «respecto de la pretensión de incremento del 20% salarial en la
asignación de retiro» la nulidad de los actos administrativos demandados y dispuso
la reliquidación de la asignación de retiro del demandante en el equivalente al
70% de su salario básico mensual más lo recibido por la prima de antigüedad y
la inclusión del subsidio familiar, así lo indicó en el numeral cuarto de la parte
resolutiva:
«CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la CAJA DE LAS FUERZAS
MILITARES CREMIL, a efectuar el reajuste de la asignación de retiro del Soldado
Profesional (r) GUSTAVO ALONSO ARCILA GUTIERREZ reconocida mediante
Resolución No. 171 del 10 de febrero de 2009, dando aplicación estricta al
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, en concordancia con los artículos 1 y 2 del
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una
providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando
se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o
deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una
de las pretensiones.»
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21
de noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
Decreto 1794 de 2000, esto es, aplicando el 70% del salario mensual, adicionado
con el 38.5% de la prima de antigüedad, incluyendo como partida computable
el subsidio familiar» (sic) (se destaca)
28.2. También declaró la prescripción cuatrienal de las mesadas causadas antes
del 6 de mayo de 2011.
28.3. Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez interpuso el recurso de apelación contra la
decisión aludida, en el que solicitó revocar la providencia solo en lo que se refería
al salario que debía ser tenido en cuenta para calcular la liquidación, es decir,
pidió nuevamente que se dispusiera que correspondía al salario mínimo
incrementado en un 60% y no en un 40% de conformidad con el inciso segundo
del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.
28.4. Cremil también radicó el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y pidió lo siguiente:
«Que con base en las razones jurídicas que a continuación se exponen solicito
se REVOQUE la sentencia de primera instancia, proferida dentro del proceso de
la referencia en el cual se condena a CREMIL
“… reajustar la asignación de retiro del señor Gustavo A Arcila Gutiérrez
teniendo la prima de antigüedad en el porcentaje establecido en el artículo 16
del Decreto 4433 de 2004 y la prescripción cuatrienal”» (sic)
28.5. Las razones jurídicas que expuso la entidad demandada para la revocatoria
de la sentencia estuvieron dirigidas a controvertir: i) la fórmula del cómputo de la
prima de antigüedad; ii) a norma que se aplicó para efectos de valorar el término
de prescripción, pues el caso se regía por el artículo 43 del Decreto 4433 de
2004; y iii) la condena en costas (aunque en primera instancia no se le impuso).
Finalmente indicó: «Con fundamento en lo expuesto, solicito con todo respeto al
Despacho, se REVOQUE la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de la
referencia y en su lugar se NIEGUEN todas las pretensiones de la demanda» (sic).
28.6. En efecto, en la sentencia del 30 de agosto de 2019 que puso fin a la segunda
instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sintetizó el recurso de
apelación de la parte demandada en los siguientes términos:
«La apoderada judicial de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
– CREMIL, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, para en su
lugar se nieguen parcialmente las pretensiones de la demanda, pues insiste en
que el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 es claro al establecer que el salario
básico del actor debe sumarse al 38,5% de la prima de antigüedad, para al valor
resultante aplicarle una tasa de reemplazo del 70% y así obtener el monto final
a cancelar mensualmente por concepto de la referida prestación.
De otra parte señala que, el demandante al habérsele reconocido su asignación
de retiro en vigencia del Decreto 4433 de 2004, la prescripción es trienal y no
cuatrienal como lo estableció la Juez de primera instancia.
Finalmente solicita no sea condenada en costas en caso que prosperen las
pretensiones de la demanda.»
29. Sin embargo, en sus consideraciones se refirió al subsidio familiar en la
liquidación de la asignación de retiro del recurrente y concluyó:
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«[…] independientemente de que el actor en actividad haya devengado el
subsidio familiar, no se le puede incluir como partida computable en la asignación
de retiro, pues su derecho se causó con anterioridad al mes de julio de 2014 y
por lo tanto, dicha inclusión no estaba definida en la ley.
Conforme a lo anterior, se revocará es este aspecto la sentencia apelada.» (sic)
30. Por lo anterior, en la parte resolutiva dispuso que el numeral cuarto de la
decisión quedaría así:
«[…] Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES- CREMIL, reconocer y reliquidar la
asignación de retiro […] de la siguiente manera:
i.- Tomando como base la asignación básica mensual que debió ser liquidada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, numeral 13.2.1. del Decreto 4433 de
2004, remitiéndose a lo señalado en el artículo 1.°, inciso 2.° del Decreto 1794 de
2000, es decir, aplicar el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en el
60%.
ii.- Conforme lo establece el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esto es,
tomando el 70% del salario básico mensual que devengaba aquel en actividad y al
valor que resulte se le debe adicionar el 38,5% de la prima de antigüedad,
calculado a partir del 100% de la asignación salarial mensual básica que devengue
el demandante al momento de adquirir el derecho a obtener la asignación de retiro.
[…]» (sic)
2.9. Análisis de la Sala
31. En el presente asunto, Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez invocó la causal
establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por considerar que, el
tribunal incurrió en incongruencia externa de la sentencia al revocar la decisión
del a quo que ordenó incluir el subsidio familiar en la liquidación de la asignación
de retiro. Ello por cuanto este aspecto no fue objeto de apelación de las partes.
32. De las actuaciones desplegadas dentro del proceso originario se advierte que,
en efecto, Cremil interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, pero no desarrolló argumentos frente a la orden de inclusión del
subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro del demandante. Sin
embargo, en el acápite denominado «PETICIÓN» fue enfático en la solicitud de
revocatoria de total de la providencia.
33. En ese orden de ideas, era razonable que la decisión adoptada por el tribunal
de segunda instancia se ocupara de analizar los aspectos por los cuales le fue
desfavorable la decisión del juez administrativo, máxime cuando para para la
época se había proferido la sentencia SUJ-015-CE-S2-2019 del 25 de abril de
201929, por la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado había unificado lo
relacionado con la liquidación de la asignación de retiro de los soldados
profesionales.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 85001-33-
33-002-2013-00237-01 (1701-2016) SUJ-015-CE-S2-2019
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34. Por lo anterior, no puede considerarse que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en incongruencia externa, puesto que
el propósito del recurso de apelación de Cremil era que se negaran todas las
pretensiones de la demanda, lo cual incluía la inclusión del subsidio familiar en la
liquidación de la prestación del demandante.
35. En este punto, no se pasa por alto el hecho de que, al referirse a los
argumentos presentados por la entidad en los antecedentes de la providencia,
indicó que la petición era que se negaran «parcialmente» las súplicas del escrito
inicial. No obstante, este aspecto no afecta la congruencia de la sentencia, pues
lo relevante es que Cremil pretendía que toda la decisión fuera favorable a sus
intereses. De igual forma pareció entenderlo la parte actora, si se tiene en cuenta
que en los alegatos de conclusión de segunda instancia sostuvo:
«[…]
Analizado el Decreto 4433 de 2004 y las demás normas que resultan aplicables
a los miembros de las fueras militares y a los civiles vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional, se encuentra a absolutamente a todos se les incluye el
subsidio familiar para la liquidación de su asignación de retiro, excepto a los
soldados profesionales, generando una clara y abierta violación a sus derechos
fundamentales, en especial al Derecho Constitucional a la igualdad, razón por
la cual se solicita la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad […]»
(sic)
36. Tampoco se configuró una incongruencia interna de la sentencia objeto de
revisión, teniendo en cuenta que existió coherencia entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y los argumentos expuestos en la parte motiva de la providencia. Al
respecto, la motivación del tribunal estuvo dirigida a señalar que se revocaría la
decisión de incluir el subsidio familiar en el cálculo de la prestación, lo cual
corresponde con la modificación del numeral cuarto que decreto la sentencia del
30 de agosto de 2019.
37. Todo lo expuesto lleva a concluir que en el presente asunto no se configuró la
causal de que trata el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por cuanto quedó
acreditado que no se estructuró la nulidad invocada por falta congruencia de la
sentencia del 30 de agosto de 2019 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. En cambio, se probó que el ad quem resolvió todos los cuestionamientos
que las partes expusieron en contra de la sentencia de primera instancia.
38. En este sentido es importante reiterar que el recurso extraordinario de revisión
no se instituyó como una nueva oportunidad para reabrir el debate jurídico y
probatorio propio de las instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión no prospera.
2.10. Costas
39. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
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3. Conclusión
40. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en la providencia del 30 de
agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se
configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, puesto
que la sentencia no está afectada por falta de congruencia. En virtud de lo
anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez en contra de la sentencia proferida el 30 de
agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Gustavo Alonso Arcila
Gutiérrez contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Cremil.
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmada electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con excusa
LMMO
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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