Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00176-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00176-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00176-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
13 de febrero de 2025
Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-00176-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00176-00
Demandante: GUSTAVO ALONSO ARCILA GUTIÉRREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente el
mecanismo por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el amparo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
Con escrito radicado el 16 de enero de 2025, el señor Gustavo Alonso Arcila
Gutiérrez, actuando por intermedio de su apoderado judicial, promovió acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la que
pretende la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al derecho adquirido y a la seguridad jurídica.
Para el actor, la trasgresión de sus garantías constitucionales tuvo lugar con ocasión
de la providencia del 20 de junio de 2024, mediante la cual se declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión2 instaurando en contra de la sentencia de
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Radicado 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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segunda instancia del 30 de agosto de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca3.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió dejar sin «efecto la providencia
de fecha 20 de junio de 2024» proferida por la autoridad accionada y que, en su lugar,
se ordene dictar «una decisión en la que se declare fundado el recurso extraordinario de
revisión»
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez, por intermedio de apoderado judicial,
promovió demanda en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en
adelante CREMIL, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que pretendió la reliquidación de asignación de retiro, con el
ajuste del 20% de la asignación básica, el debido cómputo de la prima de antigüedad
y la inclusión del subsidio familiar.
Mediante decisión del 08 de marzo de 2018 el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Cali accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó, entre
otros aspectos, la inclusión del subsidio familiar.
Tanto la parte demandante como la parte demandada interpusieron recurso de
apelación, en los cuales, el actor insistió en su derecho al reajuste del 20%, y el
demandado alegó que se debía revocar la decisión adoptada por el a quo, para en
su lugar, negar todas las pretensiones incoadas.
En sentencia del 30 de agosto de 2019, el Tribunal administrativo del Valle del
Cauca modificó la decisión de primera instancia y resolvió negar la inclusión del
subsidio familiar en la reliquidación del solicitante, a pesar de que no fue objeto en
los argumentos expuestos a discusión en los recursos de alzada.
Seguidamente, el actor adelantó el recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA, por considerar que el tribunal
carecía de competencia para pronunciarse sobre la inclusión del subsidio familiar.
3 Nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-007-2015-00454-01.
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El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo del 20 de
junio de 2024, declaró infundado el recurso interpuesto, al considerar que no se
estructuró la nulidad invocada por falta de congruencia de la sentencia del 30 de
agosto de 2019 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Al respecto,
consignó lo siguiente:
34. Por lo anterior, no puede considerarse que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en incongruencia externa, puesto que el
propósito del recurso de apelación de CREMIL era que se negaran todas las
pretensiones de la demanda, lo cual incluía la inclusión del subsidio familiar en la
liquidación de la prestación del demandante.
35. En este punto, no se pasa por alto el hecho de que, al referirse a los argumentos
presentados por la entidad en los antecedentes de la providencia, indicó que la
petición era que se negaran «parcialmente» las súplicas del escrito inicial. No
obstante, este aspecto no afecta la congruencia de la sentencia, pues lo relevante
es que CREMIL pretendía que toda la decisión fuera favorable a sus intereses.
[…]
36. Tampoco se configuró una incongruencia interna de la sentencia objeto de
revisión, teniendo en cuenta que existió coherencia entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y los argumentos expuestos en la parte motiva de la providencia. Al
respecto, la motivación del tribunal estuvo dirigida a señalar que se revocaría la
decisión de incluir el subsidio familiar en el cálculo de la prestación, lo cual
corresponde con la modificación del numeral cuarto que decreto la sentencia del 30
de agosto de 2019.
La anterior decisión fue notificada el 17 de julio de 20244 a las partes e intervinientes
mediante correo electrónico.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El actor explicó que la providencia del 20 de junio de 2024 proferida por la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por cuanto «[…] al resolver el recurso
extraordinario de revisión valoró inadecuadamente las documentales aportadas y que
fueron debidamente decretadas, que permiten dar cuenta que la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares no desarrolló en su recurso de apelación argumento alguno tendiente a
la revocatoria de la pretensión de inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro
del accionante concedida en primera instancia, lo que conlleva a determinar que la
competencia estaba limitada de conformidad con los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso […]»
Igualmente, indicó que se configuró un defecto sustantivo, debido a que, no se tuvo
en cuenta el marco normativo que regula el recurso de apelación y su trámite.
4 Índice 32 de Samai del recurso extraordinario de revisión radicado 11001-03-25-000-2020-00930-
00 (2784-2020)
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 24 de enero de 20255, la Magistrada ponente admitió la solicitud de
amparo, ordenó la notificación del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y vinculó como terceros con interés al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y a CREMIL.
1.6. Intervenciones6
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B7
Solicitó que se desestimen los argumentos del peticionario, en atención a que no se
configuraron los defectos alegados, dado que, examinó todas las actuaciones
procesales relevantes y necesarias para decidir sobre la pretensión de nulidad de
la sentencia bajo revisión.
Insistió en que la consideración del accionante según la cual, el recurso de CREMIL
impedía un pronunciamiento sobre el subsidio familiar, es una simple interpretación
subjetiva que deriva de su propio examen probatorio, y no significaba que se debía
llegar a la misma. Por el contrario, resaltó que la decisión tuvo como soporte además
de las pruebas obrantes en el proceso ordinario, los elementos normativos que
componen la causal de revisión reglada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
que exigen que la nulidad que se alega debe tener su génesis, indefectiblemente,
en el fallo.
Así mismo reiteró, que al momento de proferir la providencia que se controvierte, la
Subsección tuvo en cuenta como prueba principal y definitiva el expediente del
proceso ordinario en el que constan todas las actuaciones que justificaron el recurso
extraordinario de revisión. Manifestó que dicha prueba era suficiente para dirimir el
litigio, pues la discusión giraba en torno a sí la postura del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca era nula por haber incurrido en falta de congruencia externa al
definir una situación que no fue objeto de inconformidad por la parte demandada,
situación en la que se concluyó que era razonable lo resuelto, en atención a lo
solicitado en el recurso de alzada de CREMIL.
5 Índice 4 de Samai.
6 Índice 7 de Samai. Mediante Oficios No. 8019 a 8023 del 29 de enero de 2025 se notificó a las
partes a los correos electrónicos: clgomezl@hotmail.co, notifjbedoya@consejodeestado.gov.co;
tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co; notifebecerra@consejodeestado.gov.co;
javilas@consejodeestado.gov.co; sjaimesv@consejodeestado.gov.co.
notificacionesjudiciales@cremil.gov.co; atenusuario@cremil.gov.co,
adm07cali@cendoj.ramajudicial.gov.co, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7 Índice 10 de Samai.
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Finalmente, arguyó que no se estructuró un defecto sustantivo, puesto que no se
dejó de atender el marco normativo que regula el recurso de apelación y su trámite,
toda vez que, «la valoración de las pruebas estuvo dirigida a verificar si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconoció el principio de congruencia en su faceta
externa. Ello ameritaba el estudio de la decisión de segunda instancia de cara a los
planteamientos de las partes en sus recursos de apelación».
1.6.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL8
Alegó que no existe vulneración alguna, por cuanto el demandante ha tenido a su
disposición los medios prejudiciales y judiciales de defensa, en lo que se benefició
de todas las etapas procesales.
Señaló que no es competencia del juez de tutela examinar las actuaciones
procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de ellos la
decisión definitiva fue ajustada a la ley.
Manifestó que en el presente caso no se cumple con los requisitos generales de
este mecanismo constitucional, por cuanto, en el fondo lo que pretende la parte
accionante es que se determine que el recurso extraordinario de revisión presentado
en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, sea declarado fundado y se continúe con el
mismo, con el fin de que sea revocado el fallo de segunda instancia dictado por el
citado tribunal.
Resaltó que no se logró probar la existencia de algún tipo de fraude dentro del
trámite del recurso extraordinario de revisión, así como tampoco dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente, expresó que lo que pretende el actor con la acción constitucional es el
reconocimiento de unas peticiones que ya fueron debatidas y sobre las cuales ya
existen pronunciamientos judiciales de fondo, «a través del recurso extraordinario
presentado por el accionante a través de su apoderada y que fuera estudiado, analizado y
decidido por el Honorable Consejo de Estado».
Por lo anterior, requirió declarar improcedente la acción de tutela promovida por el
señor Arcila Gutiérrez.
1.6.3. A través de memoriales del 30 de enero y 4 de febrero del 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Cali respectivamente, allegaron copia integra digital del expediente de nulidad y
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restablecimiento del derecho 76001-33-33-007-2015-00454-00-00/01, omitiendo
pronunciarse sobre el fondo de la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, vulneró los
derechos fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia del 20 de
junio de 2024, dictada al interior del recurso extraordinario de revisión 11001-
03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020)?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial; y iii) el caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
constitucional ante la falta de relevancia constitucional, puesto que no cumple con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
202212.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal13 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional15.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal16”. En este orden, se reitera que el examen de
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
8
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relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales17”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal19. (Resaltado de
la Sala)
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.
2.5. Caso concreto
En el presente asunto se tiene que el señor Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra CREMIL, pretendiendo la nulidad de los actos administrativos
«No. 31864 del 15 de mayo de 2015, en virtud del cual se negó el reajuste de la asignación
de retiro y No. 37041 del 3 de junio de 2015, mediante el cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra de la decisión inicial».
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali declaró:
(i) probada la excepción de falta de legitimación en la causa respecto a la pretensión
del incremento del 20% salarial en la asignación de retiro; (ii) nulidad parcial de los
actos administrativos acusados; y (iii) condenó a CREMIL a reajustar la asignación
de retiro del accionante aplicando correctamente la liquidación de la prima de
antigüedad e incluyendo como partida computable el subsidio familiar.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.
9
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No obstante, y en virtud de dirimir los recursos de alzada presentados tanto por la
parte demandante como demandada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
resolvió revocar el numeral primero y modificar los numerales segundo y cuarto de
la sentencia proferida por el a quo, para en su lugar ordenar lo siguiente:
Inconforme con la modificación realizada por el ad quem, el actor a los medios
judiciales procedentes, adelantó recurso extraordinario de revisión, el cual se
declaró infundado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por
cuanto no observó la configuración de la causal 5° del artículo 250 del CPACA, dado
que quedó acreditado que no se estructuró la nulidad invocada por falta congruencia
de la providencia objeto de revisión.
Los reparos de la parte actora apuntan a probar la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la prevalencia del derecho sustancial, al derecho adquirido y a la
seguridad jurídica, porque, en su sentir, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, al no valor
adecuadamente los documentos aportados como pruebas en el proceso ordinario
y, por desconocer el marco normativo que regulaba el recurso de apelación y su
trámite.
Por su parte el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al momento
de resolver el recurso extraordinario de revisión analizó cada uno de los elementos
y circunstancias de nulidad, para verificar si se configuraba la causal estipulada en
el numeral 5° del artículo 250 del CPACA invocada por el actor, para concluir que:
[…] era razonable que la decisión adoptada por el tribunal de segunda instancia se
ocupara de analizar los aspectos por los cuales le fue desfavorable la decisión del
juez administrativo, máxime cuando para para la época se había proferido la
sentencia SUJ-015-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201929, por la cual la Sección
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Segunda del Consejo de Estado había unificado lo relacionado con la liquidación de
la asignación de retiro de los soldados profesionales.
34. Por lo anterior, no puede considerarse que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en incongruencia externa, puesto que el
propósito del recurso de apelación de Cremil era que se negaran todas las
pretensiones de la demanda, lo cual incluía la inclusión del subsidio familiar en la
liquidación de la prestación del demandante.
El señor Arcila Gutiérrez, para argumentar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, centró su tesis tanto en la falta de valoración del material probatorio
como en la indebida interpretación de la norma aplicable al caso, lo que permite
concluir una inconformidad con lo dirimido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que no resultó favorable y/o acorde a lo pretendido.
Conforme a lo anterior, no se evidencia un argumento sólido que demuestre, de
entrada, la vulneración de garantías constitucionales que permitan superar el
requisito de relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra
providencia judicial; ello comoquiera, que pretende reabrir un debate ya zanjado en
el proceso de ordinario.
Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de lenguaje
de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso que
justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se evidencia
prima facie la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la identidad o
trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, toda
vez que la discusión planteada por la parte accionante pone en evidencia un
desacuerdo con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada.
Por tanto, se hace evidente que el objetivo que busca el actor es imponer su criterio,
el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un
desconcierto respecto al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte
que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de
autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela.
Aunado lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.
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Demandante: Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2025-00176-00
La Sala concluye que la discusión planteada en la acción constitucional no superó
el requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone declarar la
improcedencia de este mecanismo.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Gustavo Alonso Arcila Gutiérrez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no se impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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