República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00547-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-20221)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.
Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Yeison Dubán
Balanta Velasco contra la sentencia del 15 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que confirmó la decisión emitida el 29 de septiembre de
2021 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, en el marco de
la demanda que interpuso con el objeto de reclamar el reajuste salarial del 20% y el
pago de la prima de actividad, en la que fue demandada la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional.
1. Antecedentes
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por la parte recurrente a este trámite, las
cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código
General del Proceso, en adelante CGP, y el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho allegado por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Mocoa, identificado con el número de radicación 86001-33-31-001-2020-
1 Expediente digital.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
00070 (11259), la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes
del citado trámite ordinario:
1.1.1. La demanda
2. El señor Yeison Dubán Balanta el 10 de julio de 2020, radicó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional en la que pidió declarar la existencia del acto ficto que le negó el
derecho a percibir el 20% de la diferencia salarial y la prima de actividad, y que este
se anulara. Subsidiariamente, reclamó la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad o de convencionalidad.
3. A título de restablecimiento del derecho, exigió que se declarara que ha
realizado las mismas funciones que un soldado profesional que fue voluntario y que,
por tanto, está el mismo supuesto de hecho que prevé la norma para el
reconocimiento y pago de la prima de actividad. En consecuencia, solicitó que se
condene a la demandada al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20%
según la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 del 2000 y la prima de actividad a partir
de las normas vigentes. En estos términos, debían reliquidarse todas las
prestaciones sociales y factores salariales.
4. Como fundamento de sus pretensiones, relató que se vinculó a la Nación,
Ejército Nacional como soldado profesional a partir de lo dispuesto en el Decreto
1793 del 2000, sin haber sido soldado voluntario. Sin embargo, pese a esto tiene
asignadas las mismas funciones lo que justifica que es víctima de discriminación al
no recibir el incremento adicional del 20% en el salario mínimo mensual vigente ni
la prima de actividad2.
1.1.2. Contestación de la demanda
5. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que ha actuado conforme a la ley y ha
aplicado correctamente las disposiciones legales vigentes. En particular, destacó
que, como el propio accionante lo sostuvo en su demanda, se vinculó en calidad de
profesional sin haber sido voluntario, de ahí que no sea posible el reconocimiento
de la diferencia salarial del 20%. La misma situación se predica frente a la prima de
actividad, que no puede ser reconocida, en atención a que esta es otorgada al
personal de oficiales y suboficiales.
6. Destacó que no era posible aplicar el principio de igualdad porque la
normativa diferencia las funciones específicas; en consecuencia, no se presenta
una situación de discriminación. En este contexto, planteó como excepciones la
carencia del derecho y la inexistencia de la obligación frente al reconocimiento de
2 Samai, índice 19, 19RECIBEMEMORIAL_86001333300120200007(.zip) NroActua 19, 8600133330012020-
00070-00, 01. DEMANDA.pdf.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
la diferencia salarial del 20%, por cuanto el Consejo de Estado ya resolvió este
aspecto en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 20163, en la que
descartó la existencia de vulneración de la igualdad. Por su parte, tampoco resulta
procedente el reconocimiento y pago de la prima de actividad en atención a las
disposiciones vigentes y la referida sentencia de unificación4.
1.1.3. Sentencia anticipada de primera instancia
7. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa profirió sentencia
anticipada5 el 29 de septiembre de 2021 en la que declaró configurado el acto ficto
negativo y negó las restantes prestaciones de la demanda.
8. Analizó el caso concreto y determinó que en punto al incremento del 20%
del salario que emana del artículo 1 del Decreto 1794 del 2000, se le confirió un
tratamiento distinto a quienes ingresaron por primera vez a la Nación, Ejército
Nacional como soldados profesionales, a partir del 1 de enero de 2001, y aquellos
que aun cuando tenían una vinculación anterior como voluntarios, esto es, antes
del 31 de diciembre de 2000, se incorporaron en la condición de profesionales con
el fin de respetar los derechos adquiridos.
9. Bajo este entendido, aunque no desconoce que el régimen salarial de los
soldados voluntarios resulta más favorable, esto no resulta criterio válido para
considerar que quienes se vincularon después del 31 de diciembre del 2000 tienen
derecho a que se les reconozca el 20% del salario dejado de cancelar, ya que este
surge no a partir de la comparativa de ambos regímenes sino con la lectura del
inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 2000.
10. En razón a lo expuesto, el Juzgado consideró que el demandante pretendió
beneficiarse de las bondades de dos regímenes distintos, cuando lo cierto es que
únicamente los soldados voluntarios que tenían vínculo y luego pasaron a ser
soldados profesionales no perdieron su derecho a percibir el incremento de que
trata el artículo 4 de la Ley 131 de 1985, consistente en un 60% del salario mínimo
legal mensual vigente.
11. Pero, no podría reconocerse que los soldados profesionales vinculados
después del 31 de diciembre de 2000 tienen el mismo derecho que los citados por
ejercer las mismas funciones, ya que ello implicaría igualar supuestos de hecho y
de derecho diferentes, y a partir de allí se desconocería la finalidad de la transición
normativa. En este panorama, por la fecha de vinculación del demandante este no
es sujeto del régimen de transición y por tanto no está en la misma situación de los
soldados que gozan de tal beneficio. Por lo consignado, se negó esta pretensión.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de septiembre
de 2016, exp. 85001-33-33-002-2013-00060-1.
4 Samai, índice 19, 19RECIBEMEMORIAL_86001333300120200007(.zip) NroActua 19, 8600133330012020-
00070-00, 23. Contestación 2020-00070 Yeison Duban Balanta Velasco 20 folios.pdf.
5 El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa profirió auto el 8 de julio de 2021 en el que dispuso
dar aplicación a la figura procesal de la sentencia anticipada prevista en el artículo 182 del CPACA.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
12. Por su parte, no procedía conceder el reconocimiento y pago de la prima de
actividad a favor de los soldados profesionales, sustentada en una violación del
derecho a la igualdad, porque el régimen de estos es el previsto en el Decreto 1794
del 2000, que no la prevé expresamente.
13. De este modo, existe una distinción frente a los restantes funcionarios de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional que obedece a razones de jerarquía
organizacional de la fuerza pública y a criterios de razonabilidad, objetividad y
disponibilidad de recursos públicos, así a como la naturaleza y funciones de cada
cargo en los términos de la Ley 4ª de 1992. Estas circunstancias legitiman un trato
diferenciado, objetivo y razonable que responde a los fines perseguidos por la
autoridad y que el demandante conoció al pretender que se inaplicara por
inconstitucional el Decreto 1794 del 2000 para privilegiar la aplicación del Decreto
1211 de 1990 o 1214 del mismo año.
14. De acuerdo con estos lineamientos, a partir de la postura fijada por la Corte
Constitucional está justificado un tratamiento diferenciado a favor de los sujetos
igualmente disímiles y que parte de la base de razones objetivas. Por ende, no
existe una vulneración de prerrogativas constitucionales que conlleva al juez a
desconocer una norma como el Decreto 1794 del 2000. Finalmente, se pronunció
frente al subsidio familiar y consideró que el acto que lo negó se amparó en el
Decreto 1161 de 2014. Por ende, este se ajustó a la legalidad. Esta providencia se
les notificó a las partes el 30 de septiembre de 20216.
1.1.4. Solicitud de adición y aclaración de la sentencia
15. El señor Yeison Dubán Balanta Velasco, el 7 de octubre de 2021 radicó
solicitud de adición y aclaración de la sentencia de primera instancia, que sustentó
en los artículos 55 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (LEAJ) y
280 y siguientes del CGP, relativos a la congruencia y al contenido de la sentencia.
16. Refirió que el Juzgado omitió pronunciarse sobre las tesis que hicieron parte
de la demanda, sin que esto implicara acoger lo allí dispuesto. De ahí que hizo
referencia a los planteamientos invocados en el libelo inicial frente al pago del
reajuste del 20% y los fundamentos jurídicos, en los que se hicieron varias
acusaciones en torno al acto administrativo cuestionado; entre estas la violación del
derecho a la igualdad en la modalidad de igualdad salarial y la falta de sustento
frente al principio del salario justo y proporcional en la modalidad de enriquecimiento
sin justa causa.
6
Samai, índice 19, 19RECIBEMEMORIAL_86001333300120200007(.zip) NroActua 19, 8600133330012020-
00070-00, 39. 2020-00070 SENTENCIA SOLDADO PROFESIONAL PIDE 20% Y SUBSIDIO FLIAR
NEGADA.pdf.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
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17. De esta forma, destacó que nada se dijo frente a la injusticia que le
representaba realizar funciones iguales a otros soldados, pero recibir un pago
inferior al de estos. Es más, manifestó que existía sentencia de unificación sobre la
premisa de “a trabajo igual, salario igual” la cual dejó de analizarse con
exhaustividad. Así, el actor pidió que se emitiera pronunciamiento frente al
cumplimiento de las condiciones previstas en esa providencia y, en caso de no ser
así, motivar la debida justificación.
18. Bajo este entendido, no tenía certeza de si el Juzgado encontró probadas las
hipótesis fácticas previstas en la demanda aunado a que no se dijo nada frente al
tema de la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral. Igualmente,
desconoció cómo se aceptó la desigualdad evidente en el régimen de carrera
administrativa.
19. En línea con esto advirtió una omisión en el análisis de los hechos propuestos
en la demanda y en los medios exceptivos planteados en la contestación, así como
frente a la carga probatoria de la entidad para demostrar que la desigualdad está
justificada. En atención a lo expuesto, el Juzgado incurrió en omisiones que le
impidieron acceder a una decisión motivada. Por ende, pidió que se declarara la
nulidad de la sentencia.
20. Adicionalmente, refirió que frente al reconocimiento de la prima de actividad
acusó al acto administrativo de violar la igualdad por la premisa de tratarse de
miembros de las fuerzas armadas de Colombia, pese a no tener jerarquía de mando.
No obstante, la sentencia no hizo ningún análisis sobre el particular. Advirtió que
como punto en común frente a ambas reclamaciones se hizo referencia a que el
acto violó la igualdad en la modalidad de no discriminación, sin embargo, existió una
falta de argumentación al respecto.
21. Finalmente, invocó que se dejaron de resolver las pretensiones declarativas
y las subsidiarias. Por tanto, dados los motivos consignados, pidió la adición de la
sentencia y también reclamó que esta se aclarara en punto a si se tuvo por probada
la igualdad en sus funciones frente a las de un soldado voluntario y si se demostró
alguna situación que justificara el trato desigual en materia salarial7.
1.1.5. Providencia que resuelve solicitud de adición y aclaración de sentencia
22. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Moca, en providencia del
23 de noviembre de 2021, aclaró la providencia y adicionó las consideraciones y la
parte resolutiva. Esta última quedó consignada en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLARAR constituido el acto ficto presunto negativo por falta de
contestación del derecho de petición radicado 9UGPGZVCC2.
7 Samai, índice 19, 19RECIBEMEMORIAL_86001333300120200007(.zip) NroActua 19, 8600133330012020-
00070-00, 41. rdo 7-10-21 - 2020 00070 Solicitud Adición sentencia.pdf.
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SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones principales de la demanda respecto de la
declaración de nulidad del acto administrativo ficto o presunto respecto de la petición
presentada con el radicado 9UGPGZVCC2 instauradas por el actor, en contra de la
NACIÓN –MINISTERO DE DEFENSA –EJERCITO NACIONAL, de conformidad con
la parte considerativa del presente fallo.
TERCERO: Por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos y en tanto los actos
administrativos demandados se encuentran ajustados a derecho, despachar
desfavorablemente las pretensiones de aplicación de excepción de
inconstitucionalidad y de convencionalidad reclamadas como pretensiones
subsidiarias de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la sentencia y de su aclaración.
23. En particular, destacó que la parte demandante pidió adicionar la sentencia
en determinados puntos8. Frente a lo pedido en los numerales 1 a 3 y 7, la sentencia
consignó que el derecho a devengar el 20% es fruto de la transición normativa frente
al régimen salarial y prestacional, con el fin de amparar los derechos adquiridos de
8 «1. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho entendió́ que el acto administrativo que negó́ el reajuste
salarial del 20% no eran violatorios del principio de igualdad en la modalidad “trabajo igual, salario igual” y
realidad sobre las formas.
2. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho no le dio aplicación, o se apartó de la Sentencia SU-
519/97, donde se unificó los criterios que se consideran indispensables para que haya violación al principio de
igualdad en la modalidad “trabajo igual, salario igual”
3. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho entendió́ que el acto administrativo que negó el reajuste
salarial del 20% no eran violatorios del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas y la
igualdad salarial.
4. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho entendió́ que el acto administrativo que negó el reajuste
salarial del 20% no eran violatorios de los principios constitucionales de la carrera administrativa, tales como el
mérito y la igualdad de oportunidades, invocados en la demanda, entre otros.
5. La motivación jurídica de los hechos de la demanda y de la contestación de la demanda como fue explicado
en la parte superior de este escrito. Cuales hechos dio por probados y cuáles no, y cuál fue el análisis
razonamiento probatorio utilizado por el Despacho.
6. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho entendió que el acto administrativo que negó el
reconocimiento de la prima de actividad no era violatorio de la Constitución por los cargos presentados en la
demanda. O, en otras palabras, los argumentos por los cuales considera el Despacho que lo dicho en la
demanda con relación a la prima de actividad debe ser desechado.
7. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho entendió que la entidad demandada probó una causal
objetiva, y cuál es esa causal, que determine la justificación al trato diferente que recibe mi poderdante, tanto
en materia salarial del 20%, como en materia de prestaciones salariales de la prima de actividad, tal como lo
establece la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.
8. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho negó la pretensión declarativa solicitada en la demanda
en los siguientes términos: “Se declare que mi poderdante ha realizado las mismas funciones de un soldado
profesional que fue voluntario”
9. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho negó la pretensión declarativa solicitada en la demanda
en los siguientes términos: “Se declare que mi poderdante, al igual que los Oficiales y Suboficiales del Ejército
Nacional, se encuentran en el mismo supuesto de hecho, que contempla la norma para el reconocimiento y
pago de la prima de actividad.”
10. La argumentación jurídica, por la cual el Despacho encontró que la entidad demandada desvirtuó la
presunción de inconstitucionalidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago del subsidio de
familia al demandante.
11. La argumentación jurídica relacionada con el cargo de nulidad o excepción de inconstitucionalidad referida
al reconocimiento del subsidio de familia, en lo que tiene que ver con la violación directa al decreto 1794 articulo
11 y el Derecho fundamental a la igualdad con relación a los soldados que tienen dicho subsidio de familia en
las mismas condiciones del demandante, esto es el test de igualdad.
12. Se presente la argumentación necesaria y suficiente por la cual no procede la excepción de
inconvencionalidad y de inconstitucionalidad propuesta.
13. Argumente como el Despacho encontró probada la proporcionalidad del pago del salario del demandante
con respecto a la calidad y cantidad de trabajo, y esto en relación con los demás soldados profesionales que
fueron voluntarios, tal como fue pedido en la demanda».
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
los soldados activos. Así, el actor no estaba en los mismos supuestos de hecho toda
vez que, aunque se vinculó después del 31 de diciembre del 2000 y desarrolló
iguales funciones que los soldados voluntarios que ingresaron con anterioridad, el
trato diferenciado está justificado por el cambio del régimen salarial y normativo.
24. En consecuencia, agregó que no existió vulneración del principio de “trabajo
igual, salario igual”, de la primacía de la realidad sobre las formas ni del salario justo
y proporcional a la calidad y cantidad del trabajo, porque el tratamiento diferenciado
no se genera por virtud de la denominación de las funciones, sino del cambio del
régimen salarial.
25. Seguidamente, frente a la sentencia SU-519 de 1997, el demandante precisó
que el despacho se apartó de la misma. No obstante, en la referida providencia se
resolvió sobre la discriminación a la que se sometió a una trabajadora por la negativa
a acogerse al nuevo régimen salarial durante la transición normativa. En este orden,
dicho precedente era inaplicable porque el aquí demandante no tiene derechos
adquiridos al haberse vinculado al Ejército Nacional en vigencia del Decreto 1794
del 2000.
26. Además, expresó que según se consignó el tratamiento diferenciado
contenido en el inciso segundo del artículo 1 no vulnera el principio de igualdad, en
atención a que, pese a que se trata de soldados profesionales, el escenario es
distinto frente a los voluntarios. Por consiguiente, en los términos de la Corte
Constitucional, sus condiciones difieren y esto encuentra pleno respaldo en la
noción de igualdad.
27. Asimismo, el Juzgado destacó que consideró lo dispuesto por la Sección
Primera del Consejo de Estado frente a la existencia de tres grupos de soldados e
igualmente el contenido de la providencia emitida el 6 de agosto de 2015 por esta
misma corporación. Del mismo modo, tuvo en cuenta la garantía de los derechos
adquiridos por parte del Gobierno Nacional, lo que implicaría que igualar a los
soldados profesionales vinculados después del 2000, con los soldados voluntarios,
desconocería la finalidad de la transición normativa.
28. Ahora bien, en lo relativo al numeral cuarto, el Juzgado adicionó las
consideraciones de la providencia para indicar que no se vulneraron los principios
constitucionales de la carrera administrativa, tales como el mérito y la igualdad de
oportunidades porque los soldados voluntarios se incorporaron a la carrera militar
bajo el amparo de la Ley 131 de 1985, mientras que los profesionales quedaron
comprendidos en una nueva categoría creada por virtud del Decreto 1794 del 2000.
Bajo este entendido, haberle dado continuidad a los soldados que ya venían
vinculados no afecta la eficiencia y eficacia de la administración pública ni advierte
que se privó de oportunidades a quienes aún no se encontraban vinculados para el
acceso al servicio público.
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Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
29. Seguidamente, en punto al numeral quinto, el despacho tuvo por probado
que existió un derecho de petición en el que el demandante le solicitó al comandante
del Ejército Nacional el reconocimiento de la diferencia salarial, el pago del subsidio
familiar y el reconocimiento de la prima de actividad. El tema del subsidio familiar se
le negó mediante oficio, se tuvo en cuenta la constancia de nómina y el tiempo de
servicio y la copia de la certificación donde da cuenta de la vinculación del actor
como soldado profesional.
30. Igualmente, analizó la certificación de haberes devengados por el
demandante en enero de 2021, según la cual este no devenga prima de actividad y
el subsidio familiar equivale al 25%. También se valoraron los actos administrativos
que lo reconocieron. En línea con esto, se tuvo en cuenta la copia de la respuesta
frente al escrito de petición; no obstante, para efectos de aclarar lo pedido por el
demandante, refirió que las funciones de los soldados profesionales y de los
voluntarios, que ingresaron como profesionales, están dispuestas en el artículo 1
Decreto 1793 del 2000.
31. De esta manera, se omitió la referencia normativa por lo que correspondía
hacer la adición de sentencia sin que esto implicara la modificación de lo resuelto.
En punto a esto, también precisó que a partir de las pruebas recaudadas y conforme
a la fecha de vinculación se tuvo por probada la condición de soldado profesional
del demandante y el tiempo de servicio, sus funciones y el monto del salario y de
las prestaciones reconocidas.
32. Ahora, frente al numeral sexto expresó que, la no inclusión de los soldados
profesionales como beneficiarios de la prima de actividad no constituye un
tratamiento discriminatorio que vulnere la igualdad frente a los oficiales y
suboficiales, toda vez que no son individuos equiparables ante la ley. Por lo tanto,
no era posible predicar igualdad entre desiguales.
33. De otra parte, adicionó la sentencia para indicar que de conformidad con el
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política la ley es la que define el
salario, las prestaciones sociales y su régimen jurídico. Visto así, no le corresponde
al juez estudiar las causales por las que el legislativo no ha creado la prima de
actividad a favor de los soldados profesionales, como si lo hizo para los oficiales y
suboficiales.
34. En lo relativo al numeral octavo, precisó que en efecto no se pronunció sobre
la pretensión declarativa relacionada con el que demandante realizó iguales
funciones que las de un soldado profesional que fue voluntario. Por ende, concluyó
que se reconoció que no hay distinción entre estas y que correspondía realizar la
adición para emitir pronunciamiento expreso en la motiva, pero con la claridad de
que como la pretensión fue de restablecimiento del derecho y no se anuló el acto
demandado, no procedía modificar la parte resolutiva.
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Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
35. Ahora bien, en lo que respecta al numeral noveno, el Juzgado sostuvo que
tuvo en consideración que la no inclusión de la prima de actividad no constituye un
trato discriminatorio y no vulnera el derecho a la igualdad, porque no se trata de
individuos iguales ante la ley. En igual sentido, se adicionó lo pertinente en punto al
numeral 19 del artículo 150 de la Constitución política, la definición de salario y de
las prestaciones sociales y la reserva legal que le impide al juez estudiar los motivos
por los que el legislativo no ha creado la prima de actividad.
36. En cuanto a los numerales diez, once y doce expresó que no era procedente
aplicar la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad propuesta por el
actor, ya que no se ha violado la normativa. Por último, frente al numeral décimo
tercero, precisó que dentro de la sentencia explicó que el origen de la diferencia
salarial radicaba en el cambio del régimen de carrera, salarial y prestacional.
37. Superado lo anterior, abordó la solicitud de aclaración9 y consideró que cómo
se expresó en la sentencia y en esta providencia los soldados profesionales y los
voluntarios que se incorporaron bajo esta denominación no están en condiciones de
igualdad. Precisó que la igualdad no se configura por la existencia de marcos
normativos distintos para los dos grupos de soldados. Así, dictada en debida forma
esta decisión se les notificó a las partes por estado el 24 de noviembre de 202110.
1.1.6. Recurso de apelación de la parte demandante
38. El señor Yeison Dubán Balanta Velazco, el 3 de diciembre de 2021, interpuso
recurso de apelación contra los ordinales segundo y tercero de la sentencia
adicionada, en el que puso de presente que el Juzgado dejó de pronunciarse frente
a aspectos planteados en la demanda. En particular, destacó que, en lo relacionado
con el 20%, acusó al acto administrativo demandado de no fundamentarse en el
principio de igualdad que emana del artículo 13 de la Constitución Política, y pese
a que existía unificación sobre el tema de «a trabajo igual, salario igual», esta
situación no fue analizada con exhaustividad.
39. En este sentido, debió haber precisado si se cumplían o no las condiciones
consignadas en esta decisión judicial y en caso de que la respuesta fuera negativa
motivar las razones por las que se apartaba de lo allí decidido. Pidió que se
adicionara la motivación para satisfacer las exigencias de la Corte Constitucional en
la sentencia SU-519 de 1997, ya que no había claridad de si estas se tuvieron o no
por probadas o si lo que existió fue un apartamiento justificado del precedente.
9 Que se solicitó en los siguientes términos: «1. Con relación a la motivación de los hechos de la demanda,
aclare si el Despacho, tiene como probada la igualdad de las funciones que presta el demandante en igualdad
de condiciones con las funciones que presta un soldado profesional que tiene el mismo cargo pero que fue
antes voluntario, ya que dicha situación no es clara en la sentencia.
2.Como se explicó́ en la sentencia y en la presente providencia, la existencia de marcos normativos que rigen
a los soldados profesionales y aquellos que pasaron de voluntarios a profesionales, hace que la igualdad que
reclama el actor no se configure. Al efecto, tanto unos como otros, cuentan con un régimen salarial, prestacional
y de vinculación diferente, de modo que, no es aplicable la igualdad reclamada».
10 Samai, índice 19, 19RECIBEMEMORIAL_86001333300120200007(.zip) NroActua 19, 8600133330012020-
00070-00, 43. 2020-00070 aclara y adiciona sentencia.pdf.
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Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
40. Agrego que, el Juzgado tampoco se refirió a la realidad sobre las formas en
materia laboral, puesto que no hay justificación que permita establecer que la fecha
de vinculación del demandante justifica la ruptura de las condiciones laborales. De
esta forma, la situación expuesta quedó sin resolver pese a que en la demanda se
acusó al acto administrativo de no sustentarse en los principios de la función pública,
en el artículo 209 de la Constitución Política y ser violatorio de los principios
generales de la carrera administrativa. Bajo este entendido, desconocía las razones
por las que el Juzgado aceptó la desigualdad salarial que vive como servidor público
a la luz de la normativa que rige el asunto.
41. En lo relativo al reconocimiento de la prima de actividad acusó al acto
demandado de no sustentarse en el principio que emana del artículo 13 de la
Constitución política. De ahí que existía una igualdad predicable entre los oficiales,
suboficiales y soldados porque aun cuando no tenían la misma jerarquía de mando,
eran todos miembros de las fuerzas armadas de Colombia. Por tal razón, no existía
un criterio para que se pudieran excluir a los soldados profesionales de percibir la
prima de actividad, pero el Juzgado limitó su análisis a la modalidad de «a trabajo
igual, salario igual» sin explicar el rechazo frente a lo que se pidió.
42. Del mismo modo, hizo referencia a que en la demanda se acusó al acto
demandado de desconocer la igualdad en la modalidad de no discriminación, pero
esta situación no fue abordada. Por consiguiente, pasó desapercibida la tendencia
discriminatoria sistemática de la entidad demandada hacia los soldados. En línea
con esto, a juicio del actor se dejaron de resolver las pretensiones declarativas y
subsidiarias de la demanda. Por lo anterior, hizo referencia al principio de
congruencia procesal y precisó que se materializó la modalidad denominada citra
petita en atención a que la decisión dejó de resolver lo pedido en la demanda,
situación que vulnera el debido proceso.
43. El señor Yeison Dubán Balanta Velasco reclamó que en caso de que no
prosperara lo anterior, se inaplicara el artículo 287 del CGP y, en su lugar, se
empleara el artículo 55 de la LEAJ para que no se le sustrajera la posibilidad de
apelar la adición en segunda instancia. Debido a lo anterior, lo que procedía era
pedirle al juez de primera instancia que complemente la sentencia y resuelva todos
los puntos que se propusieron en el litigio. Por último, el demandante pidió que si
esto no salía avante tenía que adicionarse el fallo en lo no resuelto por el Juzgado.
44. Finalmente, planteó trece cargos contra la sentencia apelada, en punto al
incremento del 20%, que se resumen en que se desconoció el tema petendi de la
demanda, que se incurrió en error al considerar que no podían compararse sujetos
de dos regímenes distintos, que existió equivocación en el régimen de transición y
que no es posible acceder a la diferencia salarial. Asimismo, en que el Juzgado
fundamentó la negativa en un criterio de igualdad que carece de justificación
objetiva, que se desconoció el precedente, la Constitución Política y la igualdad
formal. Por último, en que el Juzgado se negó a reconocer lo pedido, desconoció la
10
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
inversión de la carga de la prueba y la presunción de discriminación a favor del
demandante y tuvo por acreditado, sin estarlo, la existencia de un pago
proporcional.
45. Por su parte, cuestionó lo decidido en punto al reconocimiento de la prima de
actividad, a partir de siete cargos que se sintetizan en que la sentencia incurrió en
incongruencia por citra petita, confundió la naturaleza jurídica de la prima de
actividad con la retribución de “a trabajo igual, salario igual”, desconoció que
acreditó las condiciones de hecho de la norma que regula la prima de actividad, y
pasó por alto que la entidad no formuló excepción ni probó algún criterio objetivo
que justificara la discriminación, dentro de lo cual no cabía la realización de
funciones. Precisó que la sentencia contrarió la Constitución Política y desconoció
el precedente.
46. Consecuente con lo expuesto, pidió inaplicar el artículo 287 del CGP por
inconstitucionalidad y, en su lugar, emplear al artículo 55 de la LEAJ.
Subsidiariamente, solicitó proceder de conformidad con el citado artículo y revocar
los ordinales segundo y tercero de la sentencia para, en su orden, acceder a las
pretensiones de la demanda y reconocer tanto la prima de actividad como el 20%
del reajuste salarial11.
1.1.7. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
47. El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de sentencia del 15 de junio
de 2022, confirmó el proveído de primera instancia dictado el 29 de septiembre de
2021 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, que negó las
pretensiones de la demanda. Para sustentar sus consideraciones, puso de presente
que la sentencia de primera instancia únicamente fue objeto de apelación por la
parte demandante, y que el recurso se desataría en los términos del artículo 328
del CGP.
48. En este orden, analizó las pruebas aportadas al expediente y determinó que
al señor Yeison Dubán Balanta Velasco se le liquidaron sus salarios y prestaciones
de conformidad con el inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 de ese año,
según el cual a los soldados profesionales se les pagaría el salario mínimo legal
mensual vigente con un incremento del 40%. Sin embargo, a juicio del demandante.
por igualdad y en aplicación de la misma norma se le debía pagar este salario, pero
incrementado en un 60%, como ocurría con los soldados profesionales que se
incorporaron después de haber sido soldados voluntarios. En consecuencia, estos
fueron objeto de asimilación por una decisión del Gobierno Nacional.
49. Aclaró que el demandante se desempeña al servicio de la entidad
demandada y prestó servicio militar obligatorio desde el 28 de mayo de 2008 y
11Samai, índice 19, 19RECIBEMEMORIAL_86001333300120200007(.zip) NroActua 19, 8600133330012020-
00070-00, 45.rdo03-12-21-2020-00070Apelacion.pdf.
11
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hasta el 10 de enero de 2010. Después, se adelantó el proceso para su ingreso
como soldado profesional, lo que ocurrió el 1 de mayo de 2010. Al respecto, en la
actualidad es orgánico del Batallón de Artillería núm. 27, Luis Ernesto Ordoñez Cas,
con sede en Santana, Puerto Asís (Putumayo).
50. Por consiguiente, consideró que, en aplicación de la normativa pertinente,
no era posible que la Nación, Ejército Nacional accediera al 60% reclamado por el
actor previsto para el pago de la remuneración mensual a favor de los soldados
profesionales que ingresaron a la institución en esa condición, ya que su vinculación
no hace parte de la transición laboral prevista en los decretos 1793 y 1794 del 2000.
Lo anterior, en atención a que el demandante se vinculó a la entidad el 1 de mayo
de 2010, lo que da lugar a que su régimen salarial sea el del salario mínimo mensual
con un incremento solo del 40%.
51. En atención a lo expuesto, cuando la administración liquidó los salarios y
prestaciones del actor no vulneró sus derechos ni desconoció los principios
previstos en el artículo 53 de la Constitución política, toda vez que las condiciones
de los vinculados como voluntarios, y que pasaron a denominarse profesionales,
no son iguales a las de quienes como el actor ingresaron a laborar directamente
como soldados profesionales. Consideró que la demandada al liquidar el sueldo
básico del demandante actuó amparada en el inciso primero del artículo 1 del
Decreto 1794 del 2000 que rige a los soldados profesionales en los términos del
artículo 42 de esta disposición.
52. Así las cosas, la actuación estuvo ajustada a la legalidad, comoquiera que el
demandante se vinculó a la Nación, Ejército Nacional después del 31 de diciembre
del 2000, lo que hacía que su actuación se rigiera por los Decretos 1793 y 1794 de
ese año. Esta postura la sustentó en la sentencia de unificación dictada por la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 25 de septiembre de
201612, de la cual destacó lo siguiente:
En ese sentido, interpreta la Sala, con efecto unificador, que el Gobierno Nacional,
al fijar el régimen salarial de los soldados profesionales en el Decreto Reglamentario
1794 de 2000, en aplicación del principio de respeto por los derechos adquiridos,
dispuso conservar, para aquellos que venían de ser soldados voluntarios, el monto
del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985, cuyo artículo 4º
establecía, que estos últimos tenían derecho a recibir como sueldo, una
“bonificación mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en
un 60%”.
“Las referidas disposiciones del Decreto Reglamentario 1794 de 2000 distinguen
claramente que en relación con el primer grupo de soldados profesionales, es decir,
quienes se vincularon a partir del 31 de diciembre de 2000, tienen derecho a
devengar mensualmente un salario mínimo, más un incremento sobre el mismo en
12 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de
septiembre de 2016, exp. 850013333002-2013-000060- 01 (3420-2005).
12
Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
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porcentaje igual al 40% y, en lo que respecta al segundo grupo, esto es, quienes
venían como soldados voluntarios, se dispuso que los mismos devengarían
mensualmente un salario mínimo, más un incremento del 60% sobre el mismo
salario.
53. El criterio del Tribunal se soportó, además de lo expuesto, en la referida
sentencia de unificación jurisprudencial, a partir de lo cual consideró que el acto
administrativo demandado no estaba viciado de nulidad, en tanto el demandante
tiene el derecho a percibir únicamente un salario mensual incrementado en un 40%
por su fecha de vinculación como soldado profesional.
54. Respecto al segundo punto de apelación, el reconocimiento y pago de la
prima de actividad prevista en los decretos 1211 y 1214 de 1990, la autoridad previó
que era pertinente traer a colación las normas que regulan las situaciones
administrativas y de carrera de los soldados profesionales de la Nación, Ejército
Nacional. Este es el caso de los artículos 150 y 217 de la Constitución Política y 1,
literal d de la Ley 4ª de 1992. Además, los artículos 38 del Decreto 1793 del 2000
y 1 a 11 del Decreto 1794 de este año.
55. Bajo este entendido, era posible establecer que los soldados profesionales
gozan de un régimen salarial y prestacional propio que difiere de los restantes
miembros de la fuerza pública, y en el cual no está prevista la prima de actividad
por la que reclama. Con este sustento, era preciso afirmar que los soldados
profesionales no tienen derecho a percibir prestaciones distintas a las que emanan
del Decreto 1794 del 2000, porque admitir lo contrario conllevaría a violar los
principios de inescindibilidad de la ley y de libertad de configuración legislativa. De
ahí extrajo que, la prima de actividad del artículo 84 del Decreto 1211 de 1990,
prevista para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, no resulta
extensible a los soldados profesionales de la misma institución.
56. Aclaró que esta situación no constituía violación de la igualdad, ya que los
soldados no tienen igual nivel jerárquico ni desempeñan funciones correlativas a
las de los oficiales y suboficiales. Lo anterior, lo soportó en la sentencia proferida
por el Consejo de Estado el 23 de febrero de 201713 , según la cual la remuneración
debe atender el nivel de los cargos, las responsabilidades, calidades y funciones y
no quedó demostrado el supuesto fáctico para aplicar el principio de “a trabajo igual,
salario igual”.
57. Visto de esta forma, el Tribunal consideró que al demandante no le asistía el
derecho a percibir la prima de actividad en atención al régimen que lo rige y porque
el artículo 53 del texto Superior prevé que solo habrá igual remuneración ante un
trabajo equivalente. De ahí que, en los términos de la Corte Constitucional, no sea
posible predicar igualdad ante situaciones objetivas que permitan establecer una
13 Consejo de Estado; Sección Segunda - Subsección A, sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-
25-000-2010-00186-00 (1316-10).
13
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diferenciación normativa. Asimismo, resaltó que los requisitos de experiencia en la
entidad varían según el grado y justifican la distinción.
58. Así, de forma puntual, en el caso concreto los criterios de diferenciación
respondieron a factores razonables establecidos por el propio legislador frente a la
fuerza pública lo cual impide darles el calificativo de caprichosos o arbitrarios, y, en
este orden, está justificada la ausencia de vulneración del derecho a la igualdad14.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
59. El señor Yeison Duban Balanta Velazco, el 4 de agosto de 2022, radicó
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 15 de junio de
2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño, con las pretensiones de que se
declare la nulidad de esta providencia y la dictada en primera instancia. Como
consecuencia de ello, que se remita el expediente al Juzgado para que dicte una
nueva sentencia en la que resuelva de fondo lo planteado.
60. En sustento, invocó que se incurrió en la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a que exista nulidad en la sentencia
contra la cual no procede recurso, porque se violó el debido proceso y el principio
de congruencia. En particular, sostuvo que el Tribunal no resolvió lo relativo a la
solicitud de adición planteada en el recurso de apelación, con el fin de que se
pronunciara sobre las omisiones en que incurrió el Juzgado frente a determinados
hechos.15
61. No obstante, lo cierto es que pese a que estas situaciones las planteó en la
alzada con el fin de que el Tribunal las estudiara y corrigiera la labor del Juzgado,
este hizo caso omiso y no indicó nada frente a las situaciones fácticas expuestas ni
resolvió la solicitud de adición. En consecuencia, se presenta una discordancia
entre lo pedido en el recurso de apelación y lo resuelto en la sentencia judicial que
constituye una de las modalidades de violación al principio de congruencia, la cifra
petita, que hace que la decisión esté incursa en una causal de nulidad. Puso de
14
Samai, índice 19, 19RECIBEMEMORIAL_86001333300120200007(.zip) NroActua 19, 8600133330012020-
00070-00, 57. SENTENCIA 02 INSTANACIA CONFIRMADA.pdf.
15 (i)Hechos relacionados con la reclamación de la diferencia salarial del 20%. Contenidos en los numerales 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 20 y 21 de la demanda, que versan sobre la situación en la que se encuentra el
demandante respecto de otros soldados profesionales.
(ii)Hechos relacionados con la reclamación de la prima de actividad. Contenidos en los numerales 22, 23 y 24
de la demanda, que soportan lo pedido.
14
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presente que esta providencia no resolvió la questio iuris relativa a la reclamación
de la diferencia salarial del 20%16 y de la prima de actividad17.
62. Precisó que esto por sí solo no da lugar a la nulidad de la sentencia de
segunda instancia, pero esta sí se generaba en atención a que en el recurso se
pidió expresamente que se adicionaran estos puntos y el Tribunal no se refirió a
ellos. Así, la sentencia debía infirmarse porque no se pronunció sobre todo lo
solicitado en la alzada.
63. Seguidamente, insistió que la decisión no resolvió de forma completa,
exhaustiva y rigurosa lo relativo al reconocimiento del reajuste salarial del 20%,
indicado en los cargos primero al décimo tercero de la alzada. Tampoco atendió en
los mismos términos los reparos relacionados con la prima de actividad, contenidos
en los cargos primero a séptimo del recurso de apelación. En este contexto, la
sentencia de segunda instancia deviene nula al no resolver todos los reparos de la
apelación.
64. Bajo este entendido, consideró que la sentencia del 15 de junio de 2022
inobservó el contenido del artículo 55 de la LEAJ, según el cual la providencia debe
referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por parte de los
sujetos procesales. A juicio del recurrente, se cometieron errores en la actividad
que infringen el citado mandato. En igual sentido, se pasaron por alto los artículos
280 y subsiguientes del CGP y 187 del CPACA.
65. Dadas estas circunstancias, el Tribunal debió haberse pronunciado sobre la
solicitud de nulidad formulada contra la sentencia de primera instancia por ser
16 «1. “SITUACIÓN HISTÓRICA DE DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS LABORALES DE
LOS SOLDADOS PROFESIONALES EN COLOMBIA.”
2. “AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD, ART 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO”.
3. “AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD, ART 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL REALIDAD SOBRE LAS FORMAS.”
4. “AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO
DEL MISMO, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA- Y DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS
SOLDADOS PROFESIONALES.”
5. “AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE
SALARIO JUSTO Y PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, ARTÍCULOS 25 y 53 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN LA MODALIDAD DE
ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ESTADO EN DESMEDRO DEL PATRIMONIO
DEL TRABAJADOR”.
6. “ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO
DE IGUALDAD, ART 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO,
EN LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION».
17
«1. “AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD, ART 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD EN QUE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS, TIENE LA MISMA CONDICIÓN DE
IGUALDAD, EN LO QUE TIENE QUE VER CON SER MIEMBROS DE LA FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA, NO EN LA JERARQUÍA DE MANDO”.
2. “AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD, ART 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION”».
15
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Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
incongruente. En ese escenario tenía dos alternativas: declarar la nulidad de la
providencia y, en su defecto, negar la solicitud, pero a partir de una debida
motivación de la decisión. Ahora bien, si el Tribunal la negaba, tenía que adicionar
la sentencia conforme se le solicitó en el recurso y para ello debió apreciar los
hechos presentados en la demanda para motivar si estaban o no probados.
66. Puntualmente, para ello debió abordar el examen de la carga de la prueba
para establecer a quién le correspondía demostrar cada hecho y determinar la
resolución del caso concreto. En igual sentido, debió pronunciarse sobre todos y
cada uno de los reparos planteados en el recurso de apelación para alcanzar la
conclusión del caso concreto.
67. En consecuencia, el Consejo de Estado debía infirmar la decisión, porque se
dejaron de resolver los hechos jurídicamente relevantes y los derechos invocados.
Bajo este entendido, se dejó de lado la justificación de por qué el demandante debía
renunciar a su derecho a la igualdad salarial y bajo el entendido de que es un sujeto
del régimen de transición.
68. Adicionalmente, la confusión existente entre la prima de actividad y la
prestación salarial por parte de juzgado ameritaba un pronunciamiento por el
Tribunal. Lo mismo ocurría con el hecho relativo a que los miembros de las fuerzas
militares ganan la prima de actividad pese a que cumplen funciones diferentes,
frente a lo cual se le excluyó al aquí demandante. De esta manera, se advierten los
puntos que quedaron sin resolver en la sentencia de segunda instancia y que fueron
debidamente pedidos tanto en la demanda como en el recurso de apelación. Por
consiguiente, de mantenerse como está la providencia sería una decisión injusta.
1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
69. Mediante auto del 27 de agosto de 2024, se admitió el recurso, se ordenó la
notificación personal de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y al Ministerio Público y se le reconoció personería al abogado del
recurrente18. Pese a que esta decisión fue debidamente notificada, no se allegó
memorial de intervención.
70. Posteriormente, el 1 de septiembre de 202519, la magistrada ponente dictó
auto en el que decretó y tuvo como pruebas los documentos allegados con el
recurso. Asimismo, le ordenó a la Secretaría oficiar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Mocoa para que en un término de 5 días remitiera de
digitalmente el expediente del proceso ordinario. Además, dispuso que allegada en
debida forma esta prueba y sin necesidad de providencia que lo ordenara, se
incorporaría esta al expediente, se entendería cerrada la etapa probatoria e
ingresaría el proceso al despacho para proferir sentencia. El Juzgado dio
18 Samai, índice 7.
19 Samai, índice 14.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
cumplimiento a lo ordenado20, y el expediente ingresó al despacho para fallo el 10
de septiembre de 202521.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
71. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Yeison Dubán Balanta Velasco, contra la sentencia del 15
de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de acuerdo con
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA22.
2.2. Oportunidad
72. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 15 de junio de 2022 y se
notificó por correo electrónico el 13 de julio siguiente. Por consiguiente, como el
señor Yeison Dubán Balanta Velasco interpuso recurso extraordinario de revisión
el 4 de agosto de 2022, su radicación fue oportuna23 dentro del término dispuesto
por el artículo 251 del CPACA 24.
2.3. Legitimación en la causa
73. El señor Yeison Dubán Balanta Velasco y la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional están legitimados en la causa para ser partes en este
trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y demandado en el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho25.
2.4. Problemas jurídicos
74. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si: ¿El Tribunal Administrativo de Nariño, al
proferir la sentencia del 15 de junio de 2022, incurrió en la causal de revisión de
que trata el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación al principio de
congruencia en la modalidad cifra petita?
75. Para resolver este problema jurídico principal, deberá resolver los siguientes
que se derivan de la premisa principal:
20
Samai, índice 19.
21
Samai, índice 20.
22 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
23 Así se consignó en el auto admisorio proferido al interior de este trámite.
24 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
25 La condición de partes en el proceso la reconoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa al
proferir el auto admisorio, dictado el 31 de agosto de 2020, dentro del proceso ordinario.
17
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Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
76. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño omitió resolver la solicitud de adición
planteada en el recurso de apelación?
77. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño omitió resolver la questio iuris relativa
a la reclamación de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad?
78. ¿El Tribunal Administrativo de Nariño omitió resolver los cargos planteados
en el recurso de apelación, en lo relativo al reajuste salarial del 20% y la prima de
actividad?
79. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala se referirá, en primer lugar,
a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará
el alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, atinente
a que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se pronunciará en
torno al principio de congruencia; en cuarto lugar, resolverá el caso concreto; y, por
último, decidirá sobre la condena en costas.
2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
80. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la
jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al
mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones
judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna
de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA26.
81. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 27, para casos en los que
la decisión contenga algún vicio procesal o se pretendan cuestionar «[…] aspectos
que atañen a la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión»28.
82. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni
la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»29.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
18
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Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
83. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en
la causal de nulidad invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias
que reabran la decisión adoptada como si se tratara de una nueva instancia judicial.
84. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»30. De este modo, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo
el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de
«[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos
que sirven de fundamento para su configuración»31.
2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
85. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.
86. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en
la sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado
no proceda recurso de apelación»32.
87. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
88. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.
89. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado, en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)» 33.
90. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión,
no puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia,
salvo el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión,
«[…] no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar
la nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta
en una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»34.
91. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados
eventos supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al
debido proceso.
92. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto
genéricamente en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los
escenarios que expresamente ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede
ocurrir, entre otras, por las siguientes circunstancias excepcionales35:
-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso36.
-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
-Cuando la providencia carezca por completo de motivación37.
-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus38.
-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia39.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del
13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
36
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-
15-000-2015-02493-00 (REV).
37 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-
03-15-000-2009-00494-00 (REV).
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010,
radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
39 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación:
11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
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-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que
no fue vinculada al proceso40; y
-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado41.
93. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la
decisión por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
[…]. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular,
si el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la
justicia material de manera que tenga la entidad suficiente para permear la
inmutabilidad de la cosa juzgada»42.
94. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»43, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250
del CPACA, procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
2.7. Principio de congruencia
95. El artículo 281 del CGP, que regula la congruencia, establece que:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
40
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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96. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o
que omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes
(infra petita). Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en
términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional44.
97. Ahora bien, en cuanto a las facetas en que puede materializarse el principio
de congruencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
identificado dos escenarios:
Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto
en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte
motiva de la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de
existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de
la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad45.
98. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los
reparos puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de
primera instancia sea revocada o reformada.
99. De ahí que, el recurso de apelación se propondrá en lo desfavorable a la parte,
por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado no podrá afectarse el
principio de la non reformatio in pejus, distinto al escenario cuando ambas partes
apelan toda la decisión, o la que dejó de proponer apelación decide adherirse al
recurso presentado, porque en estos casos el superior tiene competencia para
pronunciarse sin limitación alguna.
100. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del
juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados
en el recurso, que estén íntimamente ligados con el aspecto materia de
impugnación»46.
2.8. Caso concreto
101. El señor Yeison Dubán Balanta Velasco radicó recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2022 por el Tribunal
44 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de junio de 2024, exp. 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-
03-15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
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Administrativo de Nariño, al considerar que esta incurrió en la causal de revisión
dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación al principio de
congruencia en la modalidad cifra petita. En este orden, pidió que se anule esta
decisión, así como la dictada en primera instancia, y se devuelva el proceso al
Juzgado de origen para que profiera una nueva providencia.
102. Concretamente, argumentó que el Tribunal no resolvió la solicitud de adición
planteada en el recurso de apelación, frente a la omisión del Juzgado al dejar de
resolver la questio iuris relativa a la reclamación de la diferencia salarial del 20% y
de la prima de actividad.
103. De este modo, la Sala considera que el fundamento del recurso
extraordinario de revisión en estudio radica en una causal de nulidad dispuesta en
el ordenamiento jurídico, relativa a la violación al principio de congruencia. Aunado
a que, esta se habría originado en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, de forma tal que el demandante no contó con otra
oportunidad para controvertir la decisión porque contra esta no procede apelación
al haberse dictado en sede de segunda instancia.
104. En este contexto, frente a la omisión en resolver la solicitud de adición o
nulidad de la sentencia de primera instancia, la Sala precisa que revisado el
contenido del recurso de apelación en sede ordinaria el aquí demandante alegó que
la decisión de primer grado estaba viciada por incongruencia en la modalidad cifra
petita porque no consignó todo lo pedido en la demanda y la contestación. Por esa
razón tituló un acápite de su alzada como «infracción al principio de congruencia y
solicitud de nulidad parcial de la sentencia».
105. Bajo este entendido, pidió expresamente que se inaplicara el artículo 28747
del CGP relativo a la adición y en su lugar se empleara el artículo 55 de la LEAJ.
Lo anterior como una medida para garantizar el derecho a la doble instancia. Sin
embargo, subsidiariamente solicitó que se procediera «de acuerdo con lo señalado
en el artículo 287 del CGP» lo que implicaba para el Tribunal complementar la
sentencia en lo no resuelto por el Juzgado.
106. De lo anterior, se advierte que al menos formalmente el demandante
consideró que el Juzgado incurrió en unas omisiones que ameritaban un
pronunciamiento directamente por la autoridad de origen y, en caso de que esto no
se realizara, le correspondía al Tribunal hacerlo en los términos del artículo 287 del
CGP. Por consiguiente, en la alzada se hizo referencia a una «nulidad» pero no en
los términos del CGP, sino a partir de una incongruencia procesal. En razón a esto,
fue que el demandante le propuso al Tribunal que adoptara una de dos decisiones:
47 «Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto
que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria. […]».
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advertir las omisiones y devolver el expediente al Juzgado o referirse expresamente
a las situaciones omitidas a modo de complemento frente a lo resuelto.
107. Ahora bien, de una verificación de las actuaciones procesales del asunto
objeto de revisión, se advierte que el recurrente planteó los argumentos del reajuste
de la diferencia salarial del 20% en la solicitud de adición que radicó contra la
sentencia de primera instancia, al considerar que tenía que complementarse el fallo
frente a la ausencia de violación del principio de igualdad en la modalidad de “a
trabajo igual, salario igual” y realidad sobre las formas. Igualmente, en la citada
oportunidad pidió que la providencia se adicionara para satisfacer las exigencias de
la SU-519 de 1997.
108. Sobre el punto anterior, el Juzgado le explicó, en la sentencia
complementaria, que no existió vulneración de los citados principios porque el
tratamiento diferenciado devino directamente de la ley, en atención al régimen
salarial y prestacional aunado a que la sentencia SU-519 de 1997 era inaplicable
porque ese caso versó sobre una trabajadora a quien se le discriminó por la
negativa a acogerse al nuevo régimen salarial durante la transición normativa,
supuesto en el que no estaba el demandante. Por tanto, consideró que no se violó
la igualdad.
109. Al respecto, en la sentencia de segunda instancia, el Tribunal puso de
presente que al actor no se le vulneró ningún derecho, entre estos la igualdad
porque las condiciones de quienes se vincularon como voluntarios, y luego pasaron
a ser profesionales, no es igual a quienes como el actor ingresaron directamente
como soldados profesionales. De manera que, la situación se amparó en la
legalidad, lo que se sustentaba, entre otras, en la sentencia de unificación del 25 de
septiembre de 201648 del Consejo de Estado, a partir de lo cual se concluyó que el
acto no estaba viciado de ilegalidad.
110. Entonces, en lo relativo al reconocimiento de la prima de actividad, el
apelante cuestionó que el acto enjuiciado no se fundamentó en el principio de
igualdad, y que no existía un criterio para excluir a los soldados, de suerte que el
Juzgado limitó su análisis a la modalidad de “a trabajo igual, salario igual”. Además,
afirmó que en la demanda también se acusó al acto de desconocer la igualdad en
la modalidad de no discriminación, situación que no fue abordada y que se dejó sin
precisar qué quedó demostrado.
111. De cara a esta situación, cabe mencionar que el Tribunal indicó que los
soldados profesionales gozan de un régimen salarial y prestacional propio que
difiere de los restantes miembros de la fuerza pública, en el que no está prevista la
prima de actividad. Así, los soldados profesionales no tienen derecho a percibir
prestaciones distintas a las que emanan del Decreto 1794 del 2000, porque lo
48 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de
septiembre de 2016, exp. 850013333002-2013-000060- 01 (3420-2005).
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contrario llevaría a violar los principios de libertad en la configuración legislativa e
inescendibilidad de la ley. El Tribunal aclaró que no había violación a la igualdad y
en que no se demostró el supuesto de “a trabajo igual, salario igual”. De esta forma,
a juicio del juzgador de segundo grado, existían criterios objetivos de diferenciación
dispuestos por el propio legislador.
112. Según lo mencionado, es factible advertir que, aunque el Tribunal no se
pronunció de manera expresa frente a las supuestas omisiones en que incurrió el
Juzgado, de suerte que no resolvió expresamente si había incongruencia procesal,
lo cierto es que esto no era requerido frente a las situaciones que quedaron
resueltas en la sentencia complementaria, contra la cual se interpuso el recurso de
apelación. De ahí se extrae que no era procedente entrar a complementar la
decisión en estos puntos sino resolver los cargos planteados directamente contra
el fondo del asunto.
113. Por su parte, en lo que respecta al reconocimiento de la prima de actividad
todas las situaciones planteadas en el recurso de apelación quedaron resueltas en
la sentencia de segunda instancia con el sustento normativo y jurisprudencial,
inclusive se tuvo en cuenta la postura de la Corte Constitucional según la cual no
es posible predicar igualdad ante situaciones objetivas que permitan establecer una
diferenciación normativa.
114. Desde este punto de vista, a pesar de que el Tribunal no indicó
expresamente si hubo o no omisión ni precisó frente a cuáles puntos advirtió una
incongruencia procesal que lo habilitaba para hacer uso de la facultad de
complementación de que trata el artículo 287 del CGP, abordó las acusaciones que
se formularon y atendió materialmente lo pedido y probado en el proceso. De lo
anterior es posible establecer que sí tuvo en cuenta la congruencia en el marco de
su argumentación y por eso encontró procedente confirmar la decisión de primera
instancia.
115. Por ende, se infiere que el recurrente pretende darle a la solicitud de adición
una connotación eminentemente formal, pasando inadvertido que este recurso
extraordinario lo estructuró como una réplica del memorial de complementación que
radicó ante el Juzgado, en sede de primera instancia, y que este resolvió. Asimismo,
desconoce que la competencia del juez de segunda instancia estaba restringida a
confirmar, revocar o modificar la decisión, escenario en el cual estaba inmerso el
análisis de la congruencia.
116. En este panorama, el entendimiento del Tribunal no podía ser otro que entrar
a resolver lo que se planteó directamente, por lo que frente a los puntos en los que
no advirtió omisión no procedía adicionar las consideraciones. Por su parte, la
complementación que consideró pertinente realizar frente a lo resuelto en primera
instancia se entiende comprendida en su argumentación, sin que se exija una
técnica específica, en la que indique expresamente que adiciona en estos términos
los fundamentos de la decisión de primer grado.
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117. En consecuencia, es claro que el Tribunal incorporó en la parte considerativa
de su sentencia los eventuales escenarios de omisión en que habría incurrido el
Juzgado y que fueron propuestos por el demandante en su apelación, puesto que
resolvió materialmente la controversia en sus dos aristas: el reajuste salarial del
20% y el reconocimiento de la prima de actividad. A partir de esta delimitación
formuló el problema jurídico que se cita a continuación:
En este asunto se debate si se debe declarar la nulidad del acto ficto o presunto
producto del silencio administrativo negativo, por medio del cual se negó el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y el reconocimiento y pago
de la prima de actividad a favor del señor Yeison Dubán Balanta Velazco, y que
surgió de la omisión en contestar la solicitud que se radicó con el No.
9UGPGZVCC2. Consecuencialmente, si la sentencia recurrida se debe confirmar,
modificar o revocar.
118. De lo anterior, se colige que efectivamente la competencia del Tribunal se
circunscribió a determinar si procedía confirmar, modificar o revocar la sentencia
apelada, aspecto ligado al deber de desatar el recurso de apelación en los términos
del artículo 328 del CGP49. En virtud de ello, atendió los supuestos centrales de la
alzada, el incremento salarial y el reconocimiento y pago de la prima de actividad y
esto le permitió confirmar la sentencia de primera instancia, ante la ausencia de
vulneración de las prerrogativas constitucionales y el hecho de que no se desvirtuó
la presunción de legalidad del acto ficto.
119. Seguidamente, en este recurso extraordinario el señor Yeison Dubán
Balanta Velasco sostuvo que el Tribunal omitió resolver la questio ius relativa a la
reclamación de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad. Al respecto,
conviene precisar que en el recurso de apelación en sede ordinaria no volvió sobre
todos los cargos de la demanda, en particular lo que se pidió fue adicionar el
pronunciamiento en torno a supuestos omitidos por el juez, como ya se abordó, y
frente a las pretensiones declarativas y subsidiarias dejadas de resolver.
120. De lo expuesto, el pronunciamiento de las citadas pretensiones quedó
comprendido en la solicitud de adición contra la sentencia de primera instancia y el
Juzgado adicionó las consideraciones en lo pertinente, al precisar que no había
distinción entre las funciones desarrolladas por ambas clases de soldados, sin que
esto ameritara un pronunciamiento expreso en la parte resolutiva por tratarse de
una pretensión de restablecimiento. Además, esta autoridad consideró
improcedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad
propuestas por el actor, negativa que consignó expresamente en el ordinal tercero
de la parte resolutiva de la decisión.
49«El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
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121. Por lo tanto, el tema de la resolución de las pretensiones declarativas y
subsidiarias no tenía que ser revivido por el Tribunal, porque esto fue objeto de la
adición del fallo de primera instancia, razón por la cual materialmente no hacía parte
de los cargos dirigidos en contra lo resuelto. En este orden, hizo bien el Tribunal al
limitarse a confirmar la sentencia de primera instancia.
122. Por último, como tercer punto del recurso extraordinario de revisión, el señor
Yeison Dubán Balanta Velasco refirió que el Tribunal omitió resolver los cargos
planteados en el recurso de apelación, en lo relativo al reajuste salarial del 20% y
la prima de actividad. En particular, el demandante alegó que el Tribunal no atendió
de forma completa, exhaustiva y rigurosa lo relativo al incremento salarial del 20%
-cargos primero a décimo tercero de la alzada-, aunado a que tampoco desató los
reparos primero a séptimo del recurso de apelación frente a la prima de actividad.
123. En este contexto, la Sala considera que el Tribunal, en punto al reajuste
reclamado, precisó que el demandante pretendía que por igualdad se le
reconociera el 20% lo que era propio de los soldados voluntarios que pasaron a
denominarse profesionales. Así, concluyó que la situación de estos no era igual que
la de quienes, como el demandante, ingresaron directamente como profesionales.
124. De este modo, se tiene que atendió el fundamento de la demanda y el cargo
del recurso, relativo a que pese a que el demandante ingresó como soldado
profesional tiene las mismas funciones que las de los voluntarios que ingresaron al
régimen de carrera, sin que estos sean equiparables. Cuestión distinta es que no
se quedó en el plano de las funciones, sino que se amparó en un criterio normativo
y con sustento jurisprudencial defendió que no había fundamento objetivo para
igualarlos. Por consiguiente, la diferenciación, en últimas, respondió a la existencia
de dos regímenes normativos distintos.
125. De igual forma, el Tribunal consideró que la situación del actor no se asemejó
a la de un soldado voluntario que después se convirtió en profesional. Los primeros
conservaron el salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985,
mientras que los segundos se rigieron por el Decreto 1794 del 2000 que fijó el
régimen salarial. Asimismo, el Tribunal puso de presente que existía un criterio de
justificación objetivo, por un tema de aplicación normativa y al amparo de la
jurisprudencia que así lo dispuso. Igualmente, precisó que no era posible predicar
igualdad ante situaciones objetivas que suponían una diferenciación normativa, lo
que da cuenta de que abordó la inexistencia de la desigualdad y el criterio que la
fundamenta.
126. Conforme a esto, para el Tribunal era suficiente ampararse en la existencia
de criterios objetivos para desvirtuar la igualdad, sin necesidad de acudir a un plano
probatorio. Por tanto, no se requería un pronunciamiento sobre la carga de la
prueba para hacer el juicio de comparación requerido. Asimismo, la sentencia de
segunda instancia de manera expresa previó que no se desconocieron los
principios que emanan del artículo 53 de la Constitución Política, de suerte que el
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criterio normativo era suficiente para establecer el pago que debió percibir el
soldado profesional.
127. En línea con lo anterior, frente a los cargos relacionados con la prima de
actividad el Tribunal hizo el comparativo como se expuso en la demanda, toda vez
que allí se acusó al acto demandado de no sustentarse en el principio de igualdad,
en tanto los oficiales, suboficiales y soldados son todos miembros de la fuerza
pública. De esta manera, sustentó su providencia en la inexistencia de funciones
correlativas y en que la remuneración debía atender el nivel de los cargos y las
responsabilidades sin que se demostrara el supuesto de “a trabajo igual, salario
igual”. Del recuento expuesto, y del contenido de la sentencia enjuiciada, se extrae
que el Tribunal tuvo por demostrada la situación objetiva respaldada en la ley.
128. Lo mencionado le permite a la Sala considerar que el Tribunal se pronunció
sobre los cargos y no es posible hablar de un escenario de incongruencia cifra petita
asemejándola a una exhaustividad, ya que la técnica que se emplee para resolver
el asunto es propia de la autonomía judicial y no vicia a la decisión por la razón
invocada. Esto solo procedería cuando la discrepancia entre lo pedido y lo resuelto
sea de tal magnitud que no haya otra salida que invalidar la sentencia.
129. En este punto, cabe destacar que, pese a que existe una relación
inescindible entre el principio de congruencia y el deber de motivación, este último
se satisface, en los términos del artículo 187 del CPACA, al realizar «un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y
de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y
citando los textos legales que se apliquen».
130. A partir de esta normativa, es claro que la motivación que se requiere para
garantizar la congruencia se cumple cuando se incluyen las razones necesarias
para sustentar la decisión, como ocurrió en el caso particular, sin que esto implique
que el juez tenga que efectuar un cotejo uno a uno de argumentos propuestos por
las partes. Igualmente, existe un deber correlativo atribuible a estas últimas de
adoptar una técnica adecuada en la formulación de sus memoriales y recursos para
facilitar la solución de las controversias, lo que justifica que por la extensión en el
caso analizado el Tribunal se haya enfocado en el objeto central del litigio sin
reparar en cuestiones accesorias ni habilitar fórmulas repetitivas.
131. Así las cosas, al analizar integralmente la sentencia y las etapas procesales
que le antecedieron en el proceso ordinario, se advierte que no existió violación al
principio de congruencia, porque el Tribunal Administrativo de Nariño atendió
materialmente lo pretendido por el actor desde la demanda y en estos términos
confirmó la sentencia de instancia. Por ende, más allá de la ausencia de
pronunciamiento expreso frente a las omisiones del Juzgado, lo que se propuso en
la alzada no era más que una extensión de los cargos abordados en el proceso,
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
por lo que tanto la sentencia complementaria como la decisión de segunda instancia
resolvieron el asunto en su integralidad y deben leerse conjuntamente.
132. En este punto de la providencia, la Sala advierte que la intención del
recurrente es cuestionar la motivación de la decisión al no haber sido «completa,
exhaustiva y rigurosa», toda vez que acepta que se mencionaron algunos de los
supuestos que estructuran el vicio en la decisión, pero sin realizar un estudio
profundo. Esta circunstancia resulta inadmisible en el marco de la causal invocada
porque la motivación que desborda la congruencia, y que, además, es un supuesto
autónomo de procedencia del recurso extraordinario de revisión bajo la causal
quinta, es la absoluta derivada de un defecto grave, mas no la existencia de
insuficiencias que van encaminadas es a la corrección de la decisión.
133. A tal efecto, se desprende la inconformidad del demandante con lo decidido
y su intención de utilizar este recurso como una tercera instancia judicial en la que
insiste en lo planteado en su apelación y alude a cuestiones sustanciales como la
carga de la prueba, la justificación de por qué debía renunciar a su derecho a la
igualdad salarial y la confusión entre la prima de actividad y la prestación salarial,
con el fin último de lograr una decisión favorable a sus intereses, en la que se
legitime que existió un tratamiento diferenciado injustificado.
134. Entonces, la presente decisión se sustenta no solo en una comparación
formal entre lo pedido y lo resuelto, sino en el propósito del recurso extraordinario
de revisión, el cual consiste en el restablecimiento de la justicia material. En
concreto, ya que las particularidades del asunto permiten advertir que más allá de
la técnica que se empleó para resolver, el resultado de una eventual decisión de
reemplazo sería exactamente el mismo. Así, la ampliación de la motivación, como
lo pretende el recurrente, no lograría desvirtuar la razón de la negativa de las
pretensiones, máxime al haber quedado demostrado que el señor Yeison Dubán
Balanta Velasco se vinculó como soldado profesional hasta el año 2010.
135. Por lo anterior, aunque el demandante plantea en esta sede judicial que el
fallo del Tribunal fue arbitrario, reduce este supuesto a que quedaron sin resolver
varios interrogantes. No obstante, estos no dan cuenta de que, si se abordara el
estudio del caso como lo pretende, habría lugar a modificar la decisión que negó
las súplicas de la demanda.
136. En este plano, es claro que la negativa de las pretensiones resultó razonable
desde un plano de justicia material porque se sustentó en que el acrecimiento del
60% no procedía ya que el demandante no estaba acogido a la transición laboral
de los decretos 1793 y 1794 del 2000. A su vez, en que al actor no le asistía derecho
al reconocimiento de la prima de actividad, porque los soldados profesionales
gozan de un régimen salarial y prestacional propio que no la prevé.
137. En consecuencia, si bien la decisión del Tribunal se amparó en la sentencia
de unificación que en relación con el tema profirió la Sección Segunda del Consejo
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Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
de Estado el 25 de septiembre de 201650, el razonamiento no se limitó a lo allí
expuesto, sino que analizó las pruebas incorporadas al expediente y la normativa
aplicable al señor Yeison Dubán Balanta Velasco, a partir de su fecha de
vinculación a la entidad demandada, todo esto con fundamento en los reparos del
recurso de apelación.
138. Así las cosas, por los motivos anteriores, la Sala declarará infundado el
presente recurso extraordinario porque el Tribunal, al proferir la sentencia del 15 de
junio de 2022, no incurrió en la causal de revisión de que trata el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, por violación al principio de congruencia en la modalidad
cifra petita.
2.9. Costas
139. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario51 de la Subsección
sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe52. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
advierte que la parte recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante
el trámite del presente asunto.
3. Decisión
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016 exp. 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15).
51 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
52 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-
00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00547-00 (4992-2022)
Demandante: Yeison Dubán Balanta Velasco
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la
parte considerativa de esta sentencia.
Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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