Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00196-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00196-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00196-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00196-00 (2352-20231)
Recurrente: Asdrual Prieto
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Asdrual Prieto
contra la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, mediante la cual se confirmó parcialmente la decisión del 28
de septiembre de 2018 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta,
que había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el actor contra
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).
I. ANTECEDENTES
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por las partes a este trámite, las cuales se
valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del
Proceso, en adelante CGP2, y el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
allegado por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta, identificado con el
número de radicación 54-001-33-33-006-2015-00259-00/013, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes del citado trámite ordinario:
1.1.1. La demanda
2. Asdrual Prieto radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el 11
de agosto de 20144, contra CREMIL, en la que solicitó la anulación de los actos
administrativos contenidos en los oficios núms. 0011804 del 20 de febrero de 2014 y
1 Expediente digital.
2
Artículos 244 y subsiguientes del CGP. «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando
por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». Artículo 246 del CGP.
3 Samai, índice 21.
4
Samai, índice 21, 40RECIBEMEMORIAL_001CUADERNOPRINCIPAL(.pdf) NroActua 21, página 123 del archivo
digital.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00196-00 (2352-2023)
Recurrente: Asdrual Prieto
0013206 del 25 de febrero de 2014 que le negaron el reajuste de su asignación de
retiro.
3. Como consecuencia de esta declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, pidió condenar a CREMIL al reconocimiento y pago del reajuste de la
asignación de retiro sobre la cual tenía derecho, con fundamento en tres causales.
4. La primera de estas, la indebida aplicación de los artículos 13.2.1 y 16 del
Decreto 4433 de 2004, y el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, en
cuanto al cálculo de la asignación de retiro, por tomar de manera equivocada los
factores y porcentajes, con lo cual se afectó doblemente la prima de antigüedad.
5. La segunda, relacionada con la falta de aplicación del parágrafo segundo del
artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, comoquiera que se tomó el salario mínimo legal
vigente (SMLV) con un incremento del 40%, pese a que la norma dispone que a los
soldados que ostentaran la calidad de voluntarios, al 31 de diciembre del 2000, se les
liquidaría su asignación salarial mensual con el SMLV aumentado en un 60%.
6. Por último, la atinente a la transgresión del derecho fundamental a la igualdad
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política por falta de inclusión del subsidio
familiar como una partida computable para los soldados profesionales, cuando así se
les reconocía a otros integrantes de las fuerzas militares5.
1.1.2. Contestación de la demanda
7. CREMIL se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda al considerar que
el reconocimiento de la asignación de retiro se efectuó de conformidad con lo previsto
en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y la hoja de servicios del actor según lo
disponen los artículos 234 y 235 del Decreto-Ley 1211 de 1990. En este orden, expresó
que no existía fundamento jurídico para la inclusión del subsidio familiar como partida
computable ni para el reajuste del 40% al 60%. Además, manifestó que respecto de la
liquidación de la asignación de retiro la norma es clara en prever que esta se obtendrá
del 70% del salario básico, incrementado en un 38.5% de la prima de antigüedad, tal
y como lo ha aplicado la entidad.
8. Por consiguiente, planteó como excepciones: (i) la no configuración de la falsa
motivación en las actuaciones de CREMIL; (ii) la no configuración de la violación del
derecho a la igualdad; y (iii) la prescripción de las mesadas según el reajuste6.
1.1.3. Sentencia de primera instancia
9. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta profirió sentencia, el 28 de
septiembre de 2018, en la que decidió:
PRIMERO: INAPLICAR el parágrafo del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 en lo
que tiene que ver con la imposibilidad de incluir el subsidio familiar en la asignación de
retiro del señor ASDRUAL PRIETO […].
5
Samai, índice 21, 40RECIBEMEMORIAL_001CUADERNOPRINCIPAL(.pdf) NroActua 21, páginas 105 a 120 del
archivo digital.
6
Samai, índice 21, 40RECIBEMEMORIAL_001CUADERNOPRINCIPAL(.pdf) NroActua 21, páginas 177 a 184 del
archivo digital.
2
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Recurrente: Asdrual Prieto
SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de los actos administrativos contenidos en los
Oficios número 0011804 consecutivo 2014-11804 del 20 de febrero de 2014 y
número 0013206 consecutivo 2014-13206 del 25 de febrero de 2014, ambos
proferidos por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL, a través
de los cuales se negó el reajuste de la asignación de retiro de que es beneficiario
el señor ASDRUAL PRIETO […]
Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNESE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL a
RELIQUIDAR la asignación de retiro del señor ASDRUAL PRIETO (sic), […], así:
A. Tomando en consideración que la partida computable denominada asignación
básica será equivalente a un salario mínimo legal, incrementado en un 60% de ese
mismo, como lo dispone el inciso final del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000,
atendiendo las previsiones realizadas en la parte considerativa de la presente
sentencia.
B. La asignación básica mensual que resulte de la anterior disposición, se le
aplicará el setenta por ciento (70%) del salario mensual (salario mínimo legal mensual,
incrementado en un 60%), adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad,
conforme a las consideraciones realizadas en la parte motiva del presente fallo.
C. A la reliquidación de retiro ordenada en precedencia deberá incluírsele y
sumársele el subsidio familiar devengado en servicio activo por el demandante para el
año 2012.
TERCERO: CONDÉNESE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-
CREMIL a pagarle al señor ASDRUAL PRIETO […] las diferencias que existan entre
lo debido y lo efectivamente cancelado por concepto de asignación de retiro, a partir
del 30 de octubre de 2012 y hasta la fecha en que sea reconocido el respectivo
derecho, debidamente actualizadas en la forma que se indica en la parte motiva de
esta providencia. […]
10. En sustento, indicó que frente a la pretensión relacionada con la indebida
interpretación del Decreto 1794 de 2000, revisadas las partidas computables del actor
a este se le tomó la asignación básica para el año 2014, incrementada en un 40%, lo
cual resulta abiertamente violatorio de los derechos del demandante. De esta manera,
considero que se debió tomar la asignación correspondiente con un incremento del
60%, porque el señor Asdrual Prieto era soldado voluntario para el 31 de diciembre de
2000, lo que conducía necesariamente a anular los actos demandados.
11. En particular, destacó que, a pesar de los argumentos de la entidad
demandada, la hoja de servicios es un acto preparatorio frente al reconocimiento del
derecho pensional y constituye la base para liquidar la asignación de retiro de los
integrantes de la fuerza pública. Por ende, este aspecto le compete a la entidad, razón
para considerar que no resulta necesaria la comparecencia de la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional para decidir el presente asunto, en la medida en que la
pretensión no busca el pago de las sumas dejadas de percibir sino el reajuste de la
asignación de retiro.
12. Ahora bien, en punto a la aplicación debida de la fórmula para liquidar la
asignación de retiro del demandante, consideró que CREMIL al momento de proferir el
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acto administrativo de reconocimiento de la asignación de retiro, empleó de manera
inadecuada lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. Así las cosas, no
solo negó el reajuste de la prestación como correspondía, sino que desfavoreció las
condiciones pensionales del demandante, porque efectuó un pago inferior, al generar
un doble descuento frente a la prima de antigüedad. Por consiguiente, dispuso que
accedería a las pretensiones también frente a esta solicitud.
13. Finalmente, en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar, refirió que de
la lectura integral del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 existió una omisión
involuntaria del legislador o del Gobierno nacional en la incorporación de esta partida
para liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales, en atención a que
de allí se desprendía que debían excluirse las partidas no previstas. No obstante, esto
tenía que interpretarse de la forma más favorable al demandante, de suerte que como
el actor devengó este subsidio mientras se encontraba en actividad, y este garantizaba
el sustento de su familia, no incluir este factor vulneraba su derecho a la igualdad.
14. En atención a ello, y a partir del contenido del artículo 4 de la Constitución
Política, inaplicó por inconstitucional el parágrafo del artículo 13 del Decreto 4433 de
2004 y, en consecuencia, dispuso que había lugar a integrar la norma con el subsidio
familiar. Finalmente, aclaró que en el asunto no operó la prescripción porque la
prestación se hizo efectiva el 30 de octubre de 2012, y la petición de reliquidación la
radicó el actor el 11 de febrero de 20147.
1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandada
15. CREMIL pidió que se revocara la sentencia proferida en primera instancia, en la
cual se le condenó a la reliquidación con el SMLMV más el 70% de acuerdo con el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 de la asignación de retiro del soldado profesional,
con fundamento en diversas razones.
16. En primer lugar, en cuanto al reajuste solicitado con el SMLMV más el 70% de
acuerdo con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, la citada norma indica que el
pago de la asignación de retiro debe efectuarse con el 100% del salario básico,
incrementado en un 40%, más la prima de antigüedad del 38.5%. En estos términos,
aclaró que así lo entendió el Departamento Administrativo de la Función Pública en
concepto del 17 de enero de 2014, en el que expresó que la entidad reconocía las
asignaciones de retiro de los soldados profesionales según las disposiciones
normativas y que la fórmula está ajustada a derecho.
17. Así las cosas, resumió el contenido del concepto, en el cual se hizo referencia
a que «las únicas partidas computables para la liquidación de la asignación de retiro,
pensión de invalidez y de sobrevivencia para los soldados profesionales, son el salario
básico y la prima de antigüedad», al «conjunto de los dos elementos » y a la «suma
de estos dos factores determinantes». Bajo este entendido, para el Departamento
Administrativo de la Función Pública la fórmula empleada por la entidad está acorde
con la norma y a esto el Tribunal le agregó el pronunciamiento emitido por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
7 Samai, índice 21, 36RECIBEMEMORIAL_002CUADERNOSEGUNDAIN(.pdf) NroActua 21, páginas 1 a 21 del
archivo digital.
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Recurrente: Asdrual Prieto
en la sentencia del 20 de septiembre de 20138, en cuanto a la sumatoria del salario y
de la prima de antigüedad para liquidar la asignación de retiro.
18. Adicionalmente, se refirió al contenido del fallo emitido el 20 de noviembre de
20159 por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el que esta autoridad se pronunció en cuanto a la liquidación de la
asignación de retiro y destacó que los artículos 13.2 y 16 del Decreto 4433 de 2004
eran claros en cuanto a que las partidas computables para estos efectos eran el salario
mensual y la prima de antigüedad. Además, allí se expresó de manera textual que
existía una prohibición en el parágrafo del artículo ibidem de incluir en la liquidación
de la asignación de retiro emolumentos distintos a los que emanaran taxativamente
de la norma.
19. A partir de dicho contexto, CREMIL manifestó que ha acatado la normativa
aplicable y vigente para el momento del reconocimiento, que en el caso concreto no
se configuraron las causales de nulidad de los actos administrativos previstas en el
artículo 137 del CPACA y, en particular, la falsa motivación, dado que ha actuado con
apego a la ley y los actos administrativos están cobijados por la presunción de
legalidad, razón suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda10.
1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
20. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de sentencia del 13
de mayo de 2022, revocó la providencia de primera instancia en cuanto a la pretensión
de reconocimiento del subsidio familiar en la asignación de retiro del señor Asdrual
Prieto, la modificó frente al incremento de los aportes en pensiones y el reajuste
salarial y prestacional de forma indexada, con estas cotizaciones y, en lo demás,
confirmó el fallo apelado. Textualmente, resolvió:
PRIMERO: Revóquense el numeral 1 y el literal c) del numeral 2 de la sentencia del
28 de septiembre de 2018, proferida por el Juzgado Sexto (6) Administrativo Oral de
Cúcuta, para en su lugar negar la pretensión relacionada con la inclusión del subsidio
familiar en la asignación de retiro del señor Asdrual Prieto, en virtud de lo señalado en
la parte motiva.
SEGUNDO: Modifíquense los numerales 5 y 6 de la citada sentencia, los cuales
quedarán de la siguiente manera:
“QUINTO: FACÚLTESE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES para que del mayor valor de la asignación (acumulado retroactivo),
descuente el incremento igualmente actualizado que corresponda por concepto
de aportes de ley en pensiones, en la proporción a cargo del demandante y sin
prescripción, en los términos y con las limitaciones señaladas en la parte
motiva.
“SEXTO: Sobre el ajuste salarial y prestacional del que se ordene a favor del
señor ASDRÚAL PRIETO […] la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
8 Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 20 de
septiembre de 2013, exp. 11001-33-35-030-2012-00086-01.
9
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia del 20 de noviembre
de 2015, exp. 11001-33-35017-2013-00550-01.
10
Samai, índice 21, 36RECIBEMEMORIAL_002CUADERNOSEGUNDAIN(.pdf) NroActua 21, páginas 41 a 45 del
archivo digital.
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MILITARES deberá efectuar de manera indexada los respectivos descuentos
en la proporción correspondiente por concepto de aportes de ley en pensiones
y demás a que haya lugar.”
TERCERO: Confírmense los demás numerales de la sentencia del 28 de septiembre
de 2018, proferida por el Juzgado Sexto (6°) Administrativo Oral de Cúcuta, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. […]
21. Analizó detalladamente cada uno de los cargos de la alzada. En primer lugar,
abordó lo relativo al pago conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 según el
cual precisó que la entidad demandada aplicó de forma indebida la norma ibidem, ya
que no tuvo en cuenta que al 70% del salario mínimo, aumentado en un 60%, se le
debía sumar el 38.5% por concepto de prima de antigüedad.
22. En este sentido, compartió la decisión de primer grado en cuanto a la anulación
de los actos demandados y la condena a la entidad del pago resultante, al considerar
que está ajustado al criterio fijado en la sentencia de unificación proferida por el
Consejo de Estado, y precisó que no era objeto de discusión que el demandante
estaba favorecido por las prerrogativas del inciso 2 del artículo 1 del Decreto citado,
porque laboró como soldado regular, después como soldado voluntario y, finalmente,
como soldado profesional. Por lo tanto, en atención que el señor Asdrual Prieto radicó
solicitudes los días 11 y 24 de febrero de 2014, el demandante tiene derecho al
reajuste de su asignación de retiro desde el 30 de octubre de 2012, momento a partir
del cual CREMIL le reconoció su prestación.
23. En segundo lugar, aclaró, nuevamente, que la liquidación efectuada por parte
de la entidad demandada estuvo errada al corresponder al 70% de la suma entre el
salario mínimo y el 38.5% de prima de antigüedad. Además, precisó que la sentencia
de primera instancia está acorde con el criterio fijado en la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 201911, que tiene efectos
retrospectivos y que ante la duda en cuanto a la literalidad del artículo 16 del Decreto
4433 de 2004, este debía interpretarse de la forma más favorable a la parte débil de
la relación laboral.
24. Seguidamente, como tercer punto consideró que la liquidación realizada por
CREMIL no ha respetado el contenido de las normas y que el criterio del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no es vinculante para resolver la presente
controversia, máxime al existir una sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado.
25. Luego, al estudiar el cargo de que la entidad actuó con apego a la ley y los
actos están protegidos por la presunción de legalidad, discrepó en cuanto a lo decidido
frente a la inclusión del subsidio familiar, porque de conformidad con lo dispuesto por
el Consejo de Estado, en el fallo del 25 de abril de 2019, el demandante no tiene
derecho al reajuste de su asignación de retiro con este emolumento, en la medida en
que causó esta, con efectividad, a partir del 30 de octubre de 2012, es decir antes de
julio de 2014, mediante la Resolución número 5298 del 5 de septiembre de 2012.
11
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
exp. 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-16) C-SUJ2-015-19.
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Recurrente: Asdrual Prieto
26. Lo anterior, sustentado en que el subsidio familiar no era partida computable
para la liquidación de esta prestación respecto de los soldados profesionales que
causaron su derecho a la asignación de retiro antes de julio de 2014, ya que antes de
este momento no estaba definido en una ley o un decreto. En este orden, debía
revocar los ordinales 1 y 2, literal c) de la providencia apelada para, en su lugar, negar
la pretensión relacionada con el subsidio familiar y modificar los ordinales 5 y 6 para
precisar que los descuentos por aportes son los establecidos en la ley.
27. Finalmente, modificó los ordinales atinentes a los aportes a seguridad social en
pensiones, al considerar que estos generaban confusión porque permitían inferir que
el actor estaba regido por el régimen de la Ley 100 de 199312.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
28. El señor Asdrual Prieto radicó, el 29 de marzo de 2023, recurso extraordinario
de revisión a través de la ventanilla virtual del Sistema de Gestión Judicial, Samai.
29. Indicó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el 13 de mayo de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que inició contra CREMIL, pasó por alto el principio de congruencia y desbordó
los límites de su competencia, por lo cual debía anularse con fundamento en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
30. El recurrente expresó que esta causal es aplicable siempre que el juez carezca
de jurisdicción o de competencia para pronunciarse sobre ciertos aspectos, y aun así
lo haga en una decisión contra la cual no procede el recurso de apelación. Este
aspecto, consideró, ocurrió en su caso, ya que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no estaba facultado para modificar la decisión de primera instancia en
cuanto a la pretensión de reconocimiento del subsidio familiar, porque no fue objeto
de reproche por CREMIL, única apelante en el proceso ordinario. Es decir que, no
formuló razón de inconformidad o reparo en contra del reconocimiento de esta partida,
ni frente al reajuste del 20% de la asignación salarial mensual.
31. Explicó que CREMIL interpuso recurso de apelación parcial porque cuestionó la
decisión en lo atinente a la pretensión relativa a la prima de antigüedad, para lo cual
citó supuestos normativos y la jurisprudencia aplicable sobre la materia. De ahí que el
fallador de segundo grado no tenía competencia para pronunciarse y revocar la
pretensión de reconocimiento del subsidio familiar en la asignación de retiro, de
acuerdo con los límites impuestos por los artículos 320 y 328 del CGP.
32. Según el señor Asdrual Prieto, pese a que las normas citadas permiten ampliar
la competencia del juez de segunda instancia a tal punto que puede decidir sin
limitación alguna, esto solo ocurre cuando la providencia fue apelada por ambas
partes, y los recursos interpuestos comprendan la totalidad de la decisión, escenario
en el cual el superior puede pronunciarse para revisar todas las pretensiones de la
demanda. Esto era distinto a lo que ocurría en la legislación procesal anterior, que
facultaba al superior a resolver sin limitaciones, con la única condición de que ambas
partes hubieran apelado.
12
Samai, índice 21, 36RECIBEMEMORIAL_002CUADERNOSEGUNDAIN(.pdf) NroActua 21, páginas 131 a 148
del archivo digital.
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33. De este modo, el recurrente expresó que la exigencia de apelar toda la
sentencia, para efectos de los límites del superior, está ligada al principio de
congruencia regulado en el artículo 281 del CGP, cuya faceta externa implica que la
sentencia esté acorde con la demanda y la contestación.
34. En estos términos, manifestó que, de conformidad con los límites impuestos por
el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander solo podía
pronunciarse sobre los reparos concretos contenidos en la alzada, que versaban
sobre la doble afectación de la prima de antigüedad, a partir de la correcta
interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
35. Por consiguiente, en atención a que la providencia recurrida incurrió en la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, debe declararse su nulidad
y ordenarle al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que dicte una nueva
decisión en la que confirme la sentencia de primera instancia en punto a la inclusión
del subsidio familiar en la asignación de retiro del demandante, por ser un aspecto no
apelado13.
1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
36. Mediante auto del 26 de agosto de 202414, se admitió el recurso, se ordenó la
notificación personal a CREMIL y al Ministerio Público, se le reconoció personería a la
abogada del recurrente, se ordenó remitir copia de la providencia a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y dispuso que la decisión debía notificarse
en los términos del artículo 205 del CPACA.
37. El procurador delegado de intervención tercero ante el Consejo de Estado rindió
concepto extemporáneamente, esto es, por fuera del término dispuesto en el artículo
253 del CPACA, modificado por el 69 de la Ley 2080 de 202115.
38. Seguidamente, la magistrada ponente dictó auto el 6 de octubre de 202516 en
el que decretó y tuvo como pruebas los documentos allegados con el recurso, ordenó
que, por la Secretaría de esta Sección, se oficiara al Juzgado Sexto Administrativo
Oral de Cúcuta para que remitiera en un término de 5 días el expediente ordinario, en
forma digital, y dispuso que allegada este en debida forma, y sin necesidad de auto
que así lo ordenara, debía incorporarse al expediente, entenderse cerrada la etapa
probatoria e ingresar el proceso al despacho para dictar sentencia.
39. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado libró oficio dirigido
al Juzgado17, autoridad que aportó lo pertinente como se visualiza en los archivos que
se allegaron al índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, Samai. En este orden, el
expediente ingresó al despacho para sentencia el 27 de octubre del presente año18.
13 Samai, índice 3, 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
14 Samai, índice 7.
15 La contestación debe rendirse en el término de 10 días, no obstante, el auto admisorio de la demanda se notificó
el 30 de septiembre de 2024, y el memorial de intervención el Ministerio Público lo allegó hasta el 23 de octubre
siguiente.
16 Samai, índice 16.
17
Samai, índice 20.
18 Samai, índice 23.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Asdrual Prieto contra la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de acuerdo con lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 249 del CPACA19.
2.2. Oportunidad
41. De la forma en que se analizó en el auto admisorio, como la sentencia objeto
del recurso se profirió el 13 de mayo de 202220, y el recurso se interpuso el 29 de
marzo de 2023, este fue oportuno, al margen de la notificación y ejecutoria de la
providencia.
2.3. Legitimación en la causa
42. El señor Asdrual Prieto y CREMIL están legitimados en la causa para ser partes
en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y demandado en
el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho21.
2.4. Problema jurídico
43. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si es procedente infirmar la sentencia proferida, por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 13 de mayo de 2022.
44. Con tal propósito, deberá precisar si, como lo sostiene la parte recurrente, se
configura la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
relativa a que exista nulidad en la sentencia que puso fin al proceso, como
consecuencia de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se pronunció
en cuanto a la pretensión de reconocimiento del subsidio familiar, pese a que
supuestamente no fue un aspecto objeto de reproche por la entidad demandada en
su recurso de apelación.
45. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el
alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, atinente a
que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se pronunciará en torno
al principio de congruencia; en cuarto lugar, resolverá el caso concreto; y, por último,
decidirá sobre la condena en costas.
19 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
20
Esta providencia se notificó el 16 de mayo de 2022.
21 Estas calidades las reconoció el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cúcuta mediante auto admisorio
proferido el 13 de agosto de 2015. Samai, índice 21, 40RECIBEMEMORIAL_001CUADERNOPRINCIPAL(.pdf)
NroActua 21, páginas 155 a 156 del archivo digital.
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2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
46. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA22.
47. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 23, para casos en los que la decisión
contenga algún vicio procesal o se pretendan cuestionar «[…] aspectos que atañen a
la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de
la decisión»24.
48. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»25.
49. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal de nulidad invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que
reabran la decisión adoptada como si se tratara de una nueva instancia judicial.
50. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]»26.
De este modo, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo
de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»27.
2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
51. El artículo 250 del CPACA, regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7de febrero
de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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52. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la
sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no
proceda recurso de apelación»28.
53. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
54. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal manera
que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios de nulidad,
siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y no en
etapas procesales anteriores a la decisión.
55. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado, en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»29.
56. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo
el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo,
el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad,
para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»30.
57. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado
en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso.
58. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales31:
-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso32.
-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
-Cuando la providencia carezca por completo de motivación33.
-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus34.
-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia35.
-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso36; y
-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado37.
59. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión
por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto
implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que
se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de
manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa
juzgada»38.
60. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»39, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA, procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
32
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
33
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
35 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
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2.7. Principio de congruencia
61. El artículo 281 del CGP, que regula la congruencia, establece que:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
62. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o que
omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes (infra
petita). Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en términos
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional40.
63. Ahora bien, en cuanto a las facetas en que puede materializarse el principio de
congruencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
identificado dos escenarios:
Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto
en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte
motiva de la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de
existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente
a su nulidad41.
64. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los reparos
puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de primera
instancia sea revocada o reformada.
65. De ahí que, el recurso de apelación se propondrá en lo desfavorable a la parte,
por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado no podrá afectarse el
principio de la non reformatio in pejus, distinto al escenario cuando ambas partes
apelan toda la decisión, o la que dejó de proponer apelación decide adherirse al
40 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de junio de 2024, exp. 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
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recurso presentado, porque en estos casos el superior tiene competencia para
pronunciarse sin limitación alguna.
66. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del juez
de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos propuestos por
el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso, que
estén íntimamente ligados con el aspecto materia de impugnación»42.
2.8. Caso concreto
67. Asdrual Prieto invocó la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, con el argumento de que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander violó el principio de congruencia al pronunciarse frente al reconocimiento
del subsidio familiar, ya que a su juicio no fue objeto de reparo puntual en el recurso
de apelación interpuesto por CREMIL.
68. En este sentido, el recurrente indicó que la competencia del superior estaba
limitada a los motivos de inconformidad expresamente sustentados por la parte
apelante, en aplicación de lo previsto en los artículos 320 y 328 del CGP.
69. De este modo, la Sala considera que el fundamento del recurso extraordinario
de revisión en estudio radica en una causal de nulidad dispuesta en el ordenamiento
jurídico y sobre la cual existe un desarrollo jurisprudencial consolidado, referida a la
violación del principio de congruencia, a partir de una aparente falta de competencia
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander para decidir aspectos conforme a
los límites que le asisten como juez de segunda instancia. En otras palabras, el
recurrente cuestionó la congruencia externa de la decisión43.
70. La supuesta nulidad alegada por la parte recurrente se habría originado en la
sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de
forma tal que el demandante no tuvo otra oportunidad para controvertir la decisión del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, porque contra esta no procede
apelación al ser una sentencia de segunda instancia.
71. Ahora bien, revisadas las pruebas allegadas a este trámite, la Sala encuentra
que el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta, en sentencia del 28 de
septiembre de 2018, inaplicó para el caso del hoy recurrente, el parágrafo del artículo
13 del Decreto 4433 de 2004, lo que le permitió considerar que como el demandante
devengó el subsidio familiar mientras se encontraba en actividad, debía ordenarse la
reliquidación de la asignación de retiro con la inclusión de esta partida percibida en el
año 2012.
72. CREMIL interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
en el que puso de presente que debía revocarse la decisión porque la liquidación se
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-03-
15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
43
Aunque el recurrente indicó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no tenía competencia, también
afirmó que esta autoridad inobservó el principio de congruencia. Por tanto, la Sala interpreta que sus reparos se
subsumen en una incongruencia externa de la decisión y la mención a la falta de competencia se hace sobre la
base de los límites que tiene el juez de segunda instancia.
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efectuó de conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, según la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca las únicas partidas
computables eran el salario básico y la prima de antigüedad, ha acatado la normativa
vigente para el momento del reconocimiento y, en el caso puntual, no se configuraron
las causales de nulidad de que trata el artículo 137 del CPACA porque los actos
administrativos demandados están cobijados por la presunción de legalidad.
73. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia del 13 de
mayo de 2022, revocó la inclusión del subsidio familiar porque de conformidad con lo
dispuesto por el Consejo de Estado en el fallo del 25 de abril de 2019, el demandante
no tiene derecho a que se tenga en cuenta este emolumento en la liquidación de su
asignación de retiro, en la medida en que esta se causó en 2012, esto es, antes de
julio de 2014. En particular, destacó de la citada decisión la siguiente regla
jurisprudencial:
Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al mes de
julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación de la
prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o decreto como tal.
74. Igualmente, el Tribunal precisó que lo dispuesto en esa providencia aplicaba de
forma retroactiva para casos pendientes de solución, como el del señor Asdrual Prieto,
porque así se deprendía del texto de la sentencia:
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen
precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de
2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda
vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retroactivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
75. De lo anterior se colige que, contrario a lo manifestado por el recurrente, CREMIL
no limitó los argumentos de su alzada a la pretensión relativa a la prima de antigüedad.
La entidad demandada en su recurso de apelación mencionó que ha actuado con
apego a la legalidad, por lo cual los actos acusados están cobijados por la presunción
de legalidad. Así, comoquiera que expresó que la entidad ha aplicado la fórmula que
emana de la normativa, eso exige revisar la inclusión de otra partida, entra estas, el
subsidio familiar.
76. Así interpretó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el alcance del
recurso de apelación interpuesto por CREMIL, lo que le permitió abordar la inclusión del
subsidio familiar cuando desarrolló el cuarto cargo de la alzada referido a la que la
entidad ha actuado con apego a la legalidad, y a que los actos están revestidos de
presunción de legalidad.
77. Por ende, se advierte que la intención de CREMIL no era que se revocara
parcialmente la sentencia de primera instancia, como lo entendió el recurrente, sino
en todo lo que le fuera desfavorable, lo que implicaba necesariamente verificar si el
subsidio familiar debía incluirse como partida computable en la asignación de retiro
reclamada por el demandante.
78. Además de ello, de una lectura integral del recurso se extrae que la apelante
hizo referencia a que ha aplicado en debida forma el artículo 16 del Decreto 4433 de
15
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2004 y citó el contenido de decisiones emitidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en las que de forma expresa se ha reconocido que las únicas dos
partidas computables para liquidar la asignación de retiro de los soldados
profesionales son el salario básico y la prima de antigüedad, entendiendo con esto
que debía excluirse cualquier otra como sería el caso del subsidio familiar. De esta
forma, si bien los antecedentes citados no eran precedente para el caso sometido a
consideración del Tribunal, si fueron un referente utilizado por el apelante para
soportar la aplicación debida de la normativa.
79. Como resultado, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander estaba
habilitado para emitir un pronunciamiento en torno al subsidio familiar, dada la
discusión de si era una partida computable en la asignación de retiro de los soldados
profesionales. Aspecto requerido para garantizar la debida liquidación en los términos
del Decreto 4433 de 2004, esto es, para estudiar de forma integral si el actuar de la
entidad ha estado ajustado a la legalidad y, por ende, debía mantenerse incólume la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
80. Dicho de otro modo, no se requería una técnica específica en la apelación que
se refiriera puntualmente a esta pretensión, en tanto esta emanaba del objeto y de los
cargos incorporados en el recurso de apelación, que gozaron de la amplitud suficiente
para abordar el estudio de legalidad en función de la normativa que la entidad estaba
llamada a aplicar.
81. Al respecto, conviene subrayar que las razones de la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia del 13 de mayo de
2022, como quedó visto, desataron concretamente los cargos de la apelación, y para
ello esta autoridad dio aplicación a las reglas instituidas por la Sala Plena de esta
Sección del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 25 de abril de
201944.
82. Con sustento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
consideró que al señor Asdrual Prieto se le reconoció asignación de retiro mediante la
Resolución núm. 5298 del 5 de septiembre de 2012, efectiva a partir del 30 de octubre
siguiente, por lo cual el demandante no tenía derecho a que se le incluyera el subsidio
familiar.
83. En estos términos, la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander dio aplicación a las reglas jurisprudenciales definidas en una sentencia
de unificación, decisión que, en efecto, como lo precisó esta autoridad judicial, goza
de efectos inmediatos para casos pendientes de solución, dada la obligatoriedad del
precedente. De ahí que, a partir de un análisis integral y exhaustivo de los cargos
incorporados en el recurso de apelación, como correspondía, el Tribunal desató el
estudio de legalidad de los actos administrativos demandados y garantizó la primacía
del precedente que justificaba la revocatoria de una partida frente a la cual el actor no
tenía derecho.
84. Finalmente, la Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no es una
oportunidad para que la parte recurrente cuestione el contenido de la sentencia de
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019,
exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16)CE-SUJ2-015-19.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00196-00 (2352-2023)
Recurrente: Asdrual Prieto
segunda instancia por estar en desacuerdo con alguno de los aspectos decididos en
ella, cuando de lo visto está demostrado que el fallo fue proferido dentro del marco de
las competencias del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, conforme a los
reparos del recurso de apelación interpuesto por CREMIL y la jurisprudencia aplicable.
85. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo estudio no se
configuró la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
ya que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tenía competencia para
pronunciarse en cuanto al subsidio familiar, sin que al hacerlo hubiera violado el
principio de congruencia en su faceta externa. Por consiguiente, este recurso
extraordinario de revisión se declarará infundado.
2.9. Costas
86. Para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia acogerá el
criterio de interpretación mayoritario45 de la Subsección sobre el artículo 255 del
CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de ponderación
subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe46. Por lo tanto,
en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención a que, si
bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente haya
incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Asdrual Prieto, en contra de la sentencia proferida el 13 de mayo de 2022, por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la
parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial, Samai.
45 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
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Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge
Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
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Recurrente: Asdrual Prieto
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
VMP/SEJV
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