Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04063-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04063-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04063-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04063-00
Accionante: Asdrúal Prieto
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor Asdrúal Prieto por intermedio de apoderada
judicial, contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y a los principios de prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal, respeto a los derechos adquiridos y seguridad jurídica, con ocasión
de la expedición de la providencia del 13 de noviembre de 2025 1, mediante la cual
se declaró infundado un recurso extraordinario de revisión al que se le asignó el
radicado 11001-03-25-000-2023-00196-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2 y del expediente, se colige que el señor Asdrual Prieto
instauró una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en adelante CREMIL,
con el propósito de obtener el reajuste de su asignación de retiro reconocida
mediante la Resolución 5298 del 5 de septiembre de 2012, efectiva desde el 30 de
octubre de la misma anualidad, de acuerdo a la parte actora, por la indebida
liquidación de dicha prestación y la exclusión del subsidio familiar.
3. Mediante sentencia del 28 de septiembre de 20183, el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Cúcuta declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó reliquidar la asignación de retiro del actor, teniendo en cuenta
el salario mínimo incrementado en un 60%, la correcta aplicación de la prima de
antigüedad y la inclusión del subsidio familiar.
1
Notificada el 1 de diciembre de 2025
2
Presentado el 27 de mayo de 2026
3
Índice 11 del aplicativo SAMAI, exp. 54001-33-33-006-2025-00259-00. Visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI,
2_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOSDEMANDAACCIONT_1_20260527102625222, págs. 1-21.
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Accionante: Asdrúal Prieto
4. Contra esa decisión, CREMIL interpuso recurso de apelación4, en el que
cuestionó la liquidación de la asignación de retiro conforme al artículo 16 del Decreto
4433 de 20045 e invocó algunas providencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otros conceptos de la Función Pública como sustento de su
inconformidad, alegando que los actos acusados estaban amparados por la
presunción de legalidad.
5. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander revocó el reconocimiento del subsidio familiar, modificó algunos
aspectos relacionados con descuentos por aportes legales y confirmó las demás
decisiones de primera instancia, con fundamento en una Sentencia de Unificación6
proferida por esta Corporación.
6. Inconforme con dicha determinación, el 29 de marzo de 2023 el señor Asdrual
Prieto interpuso a través de su apoderada un recurso extraordinario de revisión, al
amparo de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al
considerar que el Tribunal excedió su competencia y vulneró el principio de
congruencia al pronunciarse sobre la inclusión del subsidio familiar sin que ese
aspecto hubiera sido objeto de apelación por CREMIL.
7. Finalmente, mediante providencia del 13 de noviembre de 2025, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión, al concluir que la apelación de CREMIL
comprendía la discusión sobre las partidas computables de la asignación de
retiro y, por tanto, el Tribunal estaba habilitado para examinar y negar la
inclusión del subsidio familiar, providencia contra la que se instauró la presente
acción de tutela.
2.2. Fundamento jurídico
8. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al “debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, al respeto de los derechos adquiridos y a la seguridad
jurídica”, por cuanto la providencia del 13 de noviembre de 2025 validó una decisión
judicial que, desde la perspectiva del señor Prieto, resolvió un asunto no
comprendido dentro del recurso de apelación interpuesto por CREMIL.
9. Como primer cargo, alegó la configuración de un defecto fáctico, al
considerar que la Subsección B valoró indebidamente el contenido del recurso de
apelación y concluyó erradamente que este comprendía cuestionamientos dirigidos
contra la inclusión del subsidio familiar, pese a que, según su entendimiento, la
sustentación se limitó a controvertir la liquidación de la prima de antigüedad.
10. Asimismo, reprochó la existencia de un defecto sustantivo, debido a que la
4
Índice 11 del aplicativo SAMAI ,2_EXPEDIENTEDIGI_ANEXOSDEMANDAACCIONT_1_20260527102625222, págs. 22-26
5
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública». Artículo 16.
6
Sentencia de Unificación CE-SUJ2-015-19 - SUJ-015-S2 del 25 de abril de 2019, MP William Hernández Gómez, rad. 85001-
33-33-002-2013-00237-01.
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autoridad accionada habría desconocido los artículos 3207 y 3288 del Código General
del Proceso, normas que delimitan la competencia funcional del juez de segunda
instancia a los reparos concretamente formulados por el apelante.
11. Afirmó que la decisión cuestionada pasó por alto el principio de congruencia y
la restricción de competencia propia de la segunda instancia, pues el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander revocó el reconocimiento del subsidio familiar
sin que CREMIL hubiera formulado un reparo autónomo respecto de dicha
pretensión.
12. Igualmente, argumentó que la Subsección accionada efectuó una
interpretación irrazonable de la expresión según la cual la apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable, ya que convirtió una manifestación genérica sobre la
legalidad de los actos administrativos en un cuestionamiento específico a la inclusión
del subsidio familiar.
13. Por último, reprochó un desconocimiento del precedente, al estimar que la
Subsección B se apartó injustificadamente de algunas decisiones9 proferidas por
esta misma Sección en las que se declararon fundados recursos extraordinarios de
revisión promovidos por soldados profesionales.
14. No obstante, aunque relacionó las providencias que estimó pertinentes y
afirmó que existía identidad fáctica y jurídica con el presente asunto, no explicó en
qué consistía dicha similitud, no identificó la regla jurisprudencial que consideraba
aplicable ni desarrolló un ejercicio de confrontación que permitiera establecer por
qué tales decisiones debían extenderse al caso concreto, más allá de la premisa
genérica de que la competencia del juez de segunda instancia estaba limitada a los
argumentos formulados en la apelación.
2.3. Pretensiones
15. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:
«1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están
siendo vulnerados por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado,
al proferir la providencia de fecha 13 de noviembre de 2025 mediante la cual se
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por ASDRUAL
PRIETO.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se deje sin efecto la providencia de fecha 13 de noviembre de 2025
proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado.
7
Código General del Proceso. Artículo 320. Fines de la apelación -El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por la parte apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia:
respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.
8
Ibidem, Artículo 328. Competencia del superior. -El juez de segunda instancia deberá pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 26 de octubre de 2023, MP Jorge Iván Duque Gutiérrez,
rad. 11001-03-25-000-2021-00757-00 (4280-2021), Sentencia de 28 de noviembre de 2024, MP Luis Eduardo Mesa Nieves,
rad.11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021), Sentencia de 28 de noviembre de 2024 MP Luis Eduardo Mesa Nieves,
rad.11001-03-25-000-2021-00482-00 (2318-2021), Sentencia de 28 de noviembre de 2024, MP Luis Eduardo Mesa Nieves,
rad. 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021).
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3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 13 de noviembre de 2025,
se ordene a la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado a que
profiera nueva decisión en la que se declare fundado el recurso extraordinario de
revisión que se presentó contra la sentencia del 13 de mayo de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.» (Sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 1 de junio
de 202610 a través del cual se ordenó notificar como accionado al a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y como terceros interesados en el
resultado del proceso al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Cúcuta, la Nación - Ministerio de Defensa - Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares. De igual forma, se ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia y se reconoció
personería a la apoderada de la parte accionante en los términos y para los fines
conferidos en el poder especial obrante en el expediente.
2.4.1 La Sección Segunda Subsección B del Consejo11 solicitó negar la solicitud
de amparo. Sostuvo que el accionante pretendía reabrir un debate ya definido en
sede judicial y convertir la tutela en una tercera instancia.
17. Adujo que la sentencia cuestionada interpretó razonablemente el recurso de
apelación conforme a los artículos 320 y 328 del CGP, pues de su lectura integral
emergía una discusión sobre la legalidad de las partidas computables de la
asignación de retiro, incluida la relativa al subsidio familiar.
18. Señaló además que la providencia accionada aplicó el precedente de
unificación del 25 de abril de 2019 y que la discrepancia del actor con dicha
interpretación no configura ninguno de los defectos específicos alegados.
2.4.2 La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL12 solicitó ser
desvinculada de la acción toda vez que adujo que carece de legitimación en la causa
por pasiva en consideración a que la solicitud de amparo se invocó respecto de la
Subsección B de esta Corporación.
2.4.3. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 201913 y demás normas concordantes.
10
Índice 4 del aplicativo SAMAI
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Índice 12 del aplicativo SAMAI
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Índice 14 del aplicativo SAMAI
13 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
20. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL solicitó su
desvinculación de este trámite constitucional, al sostener que no profirió la
providencia judicial cuestionada ni desplegó una actuación susceptible de control
mediante acción de tutela, por lo cual consideró que carecía de legitimación en la
causa por pasiva.
21. No obstante, la Sala estima que, al haber sido vinculada en calidad de tercero
con interés legítimo, en tanto hizo parte del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que dio origen a la presente controversia, resulta procedente mantener
su vinculación. En consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación formulada,
en garantía de su derecho fundamental de defensa y contradicción.
3.2.2. De la delimitación del estudio de los defectos objeto de análisis en sede
constitucional
22. La Sala advierte que abordará únicamente los cargos relacionados con los
presuntos defectos fáctico y sustantivo, por cuanto el reproche referente al
desconocimiento del precedente carece de una carga argumentativa suficiente para
habilitar un examen constitucional de fondo, dado que la parte actora se limitó a
invocar varias providencias de esta Subsección y a afirmar que existía una identidad
fáctica y jurídica con su caso, pero no desarrolló un ejercicio comparativo riguroso
entre los supuestos fácticos, los problemas jurídicos, las razones de la decisión y la
regla jurisprudencial aplicable a la providencia cuestionada.
23. En ese entendido, aunque identificó las decisiones que consideró
desconocidas y extrajo de ellas una regla relacionada con los límites de la
competencia del juez de segunda instancia frente a los reparos formulados en la
apelación, no explicó de manera concreta y suficiente porqué las circunstancias
procesales examinadas en tales asuntos resultaban plenamente equiparables a las
que dieron lugar a la sentencia de revisión aquí controvertida, ni demostró que la
Subsección B se hubiera apartado injustificadamente de un precedente obligatorio.
Por tal razón, el análisis se contraerá a los defectos fáctico y sustantivo, propuestos
por el actor.
3.3. Problema jurídico
24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, con ocasión de su providencia del 13 de noviembre de 2025
mediante la cual se declaró infundado un recurso extraordinario de revisión al que
se le asignó el radicado 11001-03-25-000-2023-00196-00, incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo, y si con ellos, presuntamente vulneró los derechos
fundamentales invocados por el señor Asdrúal Prieto.
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3.4. Procedencia de la acción de tutela
25. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
28. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
29. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
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3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no habían transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, lo cual
ocurrió el 13 de noviembre de 2025 y su notificación, el 1 día de diciembre de esa
anualidad, toda vez que la presentación de la acción de tutela fue realizada el 27 de
mayo de 2026.
3.4.1.4. El asunto sometido a consideración de la Sala reviste relevancia
constitucional, en la medida en que se orienta a establecer la posible vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
respeto a los derechos adquiridos y seguridad jurídica, configurando presuntamente
los defectos fáctico y sustantivo, los cuales se encuentran razonadamente
planteados.
30. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
31. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.
b. Una dimensión positiva16, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
32. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
14
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
15
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
16
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente
después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios »17.
Negrillas de la Sala.
33. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada
por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.5.1. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto
34. La Sala recuerda, en primer lugar, que el defecto fáctico, como causal
específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
configura únicamente cuando la decisión carece de sustento probatorio adecuado, o
cuando el juez natural desconoce de manera injustificada una realidad probatoria
objetivamente determinante en el desenlace del proceso.
35. En ese escenario, no resulta suficiente que la parte accionante manifieste un
desacuerdo con el modo en que la autoridad judicial valoró los medios de convicción,
pues solo es posible predicar la configuración del defecto cuando dicha valoración
resulta abiertamente arbitraria, irracional o contraevidente, al punto de que ninguna
lectura objetiva y razonable del acervo probatorio permita arribar a la conclusión
adoptada.
36. En consideración a lo expuesto, la Sala considera que el defecto fáctico
invocado no se configuró en el asunto objeto de estudio, toda vez que la providencia
del 13 de noviembre de 2025 no se sustentó en una valoración arbitraria del
expediente ni en la omisión de elementos de juicio determinantes. Por el contrario,
la Subsección B identificó con precisión el problema sometido a su consideración,
consistente en establecer si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander había
excedido los límites de la apelación al pronunciarse sobre el subsidio familiar.
37. Así las cosas, el accionante pretendió estructurar el defecto a partir de una
interpretación particular del recurso de apelación, según la cual la controversia en
segunda instancia se circunscribía exclusivamente a la reliquidación derivada de la
prima de antigüedad. Sin embargo, la providencia cuestionada expuso de manera
razonada por qué dicha comprensión no era la única jurídicamente posible 18, al
advertir que la apelante defendió la legalidad integral de los actos administrativos y
de la liquidación efectuada por la entidad.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
18
Providencia del 13 de noviembre de 2025. - “73. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la sentencia del 13 de
mayo de 2022, revocó la inclusión del subsidio familiar porque de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Estado en
el fallo del 25 de abril de 2019, el demandante no tiene derecho a que se tenga en cuenta este emolumento en la liquidación
de su asignación de retiro, en la medida en que esta se causó en 2012, esto es, antes de julio de 2014. En particular, destacó
de la citada decisión la siguiente regla jurisprudencial: Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con
anterioridad al mes de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación de la prestación, toda vez
que no estaba definido en la ley o decreto como tal. 74. Igualmente, el Tribunal precisó que lo dispuesto en esa providencia
aplicaba de forma retroactiva para casos pendientes de solución, como el del señor Asdrual Prieto, porque así se deprendía
del texto de la sentencia: Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia
en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de
la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de
la presente sentencia de unificación son retroactivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 75. De
lo anterior se colige que, contrario a lo manifestado por el recurrente, CREMIL no limitó los argumentos de su alzada a
la pretensión relativa a la prima de antigüedad. La entidad demandada en su recurso de apelación mencionó que ha
actuado con apego a la legalidad, por lo cual los actos acusados están cobijados por la presunción de legalidad. Así,
comoquiera que expresó que la entidad ha aplicado la fórmula que emana de la normativa, eso exige revisar la
inclusión de otra partida, entra estas, el subsidio familiar” Negrillas y subrayas de la Sala.
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Accionante: Asdrúal Prieto
38. Adicionalmente, tampoco puede afirmarse que la Subsección B hubiera
desconocido el contenido objetivo de la apelación o arribado a conclusiones
incompatibles con esta. Antes bien, verificó que CREMIL fundó parte importante
de su inconformidad en la defensa de las partidas computables previstas
legalmente19 para liquidar la asignación de retiro y en la legalidad de los actos
administrativos demandados, aspectos que guardan relación directa con la discusión
sobre la inclusión del subsidio familiar.
39. De igual forma, la providencia atacada explicó de manera expresa que la
finalidad20 perseguida por CREMIL no consistía en obtener una modificación
restringida de la sentencia de primera instancia, sino en la revisión de todos aquellos
aspectos que, a juicio de la entidad, contrariaban el régimen jurídico aplicable a la
asignación de retiro de los soldados profesionales.
40. Bajo ese entendimiento, la conclusión alcanzada por la Subsección B 21 no
constituye una suposición ni una inferencia huérfana de respaldo probatorio, sino el
resultado de una lectura sistemática de la alzada. Por ello, la discrepancia que
plantea el accionante recae sobre las conclusiones extraídas por el juez de revisión
y no sobre la existencia de una omisión, cercenamiento o alteración del material
procesal valorado.
41. Aunado a lo expuesto, la Subsección B precisó que el análisis del subsidio
familiar se encontraba vinculado a la discusión general sobre la correcta liquidación
de la asignación de retiro y sobre el alcance de las partidas computables previstas
en el Decreto 4433 de 200422. En consecuencia, la decisión no obedeció a una
reconstrucción artificial de la apelación, sino a una comprensión razonada de los
temas que esta involucraba.
42. Así las cosas, el reproche formulado por el actor no demuestra un error
ostensible en la apreciación de las pruebas ni una valoración irrazonable del recurso
de apelación. Lo que evidencia es una discrepancia hermenéutica respecto del
alcance que debía atribuirse a dicha pieza procesal, debate que escapa al ámbito de
configuración del defecto fáctico.
43. Finalmente, esta Subsección considera que la providencia accionada contiene
una motivación expresa, suficiente y coherente23 sobre las razones que condujeron
19
Ibidem- “Además de ello, de una lectura integral del recurso se extrae que la apelante hizo referencia a que ha aplicado
en debida forma el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y citó el contenido de decisiones emitidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en las que de forma expresa se ha reconocido que las únicas dos partidas
computables para liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales son el salario básico y la prima de
antigüedad, entendiendo con esto que debía excluirse cualquier otra como sería el caso del subsidio familiar.” Negrillas
y subrayas de la Sala.
20
Ibidem- “77. Por ende, se advierte que la intención de CREMIL no era que se revocara parcialmente la sentencia de
primera instancia, como lo entendió el recurrente, sino en todo lo que le fuera desfavorable, lo que implicaba
necesariamente verificar si el subsidio familiar debía incluirse como partida computable en la asignación de retiro
reclamada por el demandante”. Negrillas y subrayas de la Sala.
21
Providencia del 13 de noviembre de 2025. - “76. Así interpretó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el alcance
del recurso de apelación interpuesto por CREMIL, lo que le permitió abordar la inclusión del subsidio familiar cuando desarrolló
el cuarto cargo de la alzada referido a la que la entidad ha actuado con apego a la legalidad, y a que los actos están revestidos
de presunción de legalidad.
22
Ibidem - “79. Como resultado, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander estaba habilitado para emitir un
pronunciamiento en torno al subsidio familiar, dada la discusión de si era una partida computable en la asignación de retiro de
los soldados profesionales. Aspecto requerido para garantizar la debida liquidación en los términos del Decreto 4433 de 2004,
esto es, para estudiar de forma integral si el actuar de la entidad ha estado ajustado a la legalidad y, por ende, debía mantenerse
incólume la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
23
Ibidem. - “84. Finalmente, la Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no es una oportunidad para que la parte
recurrente cuestione el contenido de la sentencia de segunda instancia por estar en desacuerdo con alguno de los aspectos
decididos en ella, cuando de lo visto está demostrado que el fallo fue proferido dentro del marco de las competencias del
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, conforme a los reparos del recurso de apelación interpuesto por CREMIL y la
jurisprudencia aplicable.
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a concluir que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander actuó dentro de los
límites de su competencia funcional.
44. Por ende, no se observa una valoración probatoria arbitraria o contraria a la
evidencia obrante en el expediente, sino una inconformidad de la parte accionante
con la conclusión alcanzada por la autoridad judicial en ejercicio de su autonomía, lo
cual resulta insuficiente para activar el control excepcional del juez de tutela, razón
por la cual el defecto fáctico alegado no está llamado a prosperar.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
45. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al
caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una
sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la
interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios
mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico» 24.
46. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de
las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial
respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado,
ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su
interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces
dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los
valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en
vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el
marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada
y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
24
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
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inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»25.
47. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.6.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto
48. Esta Subsección advierte de entrada que tampoco se configuró el defecto
sustantivo alegado por el accionante, toda vez que la providencia censurada no
desconoció, dejó de aplicar ni interpretó de manera arbitraria los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso. Por el contrario, la Subsección B identificó
expresamente tales disposiciones como el marco normativo llamado a resolver la
controversia relativa a los límites de competencia del juez de segunda instancia y
desarrolló un análisis específico26 sobre su alcance frente al caso concreto.
49. En ese entendido, tal y como se expuso en el defecto fáctico, la inconformidad
del actor partió de una comprensión rígida de las referidas normas procesales, según
la cual el juez de segunda instancia únicamente puede examinar aquellos asuntos
expresamente mencionados por el apelante.
50. No obstante, invocando como sustento una decisión27 de esta Corporación la
autoridad judicial accionada explicó que la competencia del ad quem no se agota en
una lectura literal de los cargos, sino que comprende también aquellas cuestiones
que, aun sin haber sido mencionadas de manera expresa, guardan una relación
inescindible con el objeto de la impugnación28.
51. Así las cosas, la controversia jurídica no radicaba en determinar si el subsidio
familiar fue mencionado expresamente por CREMIL, sino en establecer si dicho
asunto se encontraba comprendido dentro de los cuestionamientos formulados
contra la legalidad de la liquidación de la asignación de retiro y contra las partidas
computables utilizadas para su reconocimiento. Precisamente ese fue el ejercicio
hermenéutico desarrollado por la Subsección B.
52. La providencia cuestionada señaló que la entidad apelante no solo defendió
25
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
26
Providencia del 13 de noviembre de 2025. - “64. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los reparos puntuales propuestos por el apelante
con el fin de que la providencia de primera instancia sea revocada o reformada. 65. De ahí que, el recurso de apelación se
propondrá en lo desfavorable a la parte, por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado no podrá afectarse el
principio de la non reformatio in pejus, distinto al escenario cuando ambas partes apelan toda la decisión, o la que dejó de
proponer apelación decide adherirse al recurso presentado, porque en estos casos el superior tiene competencia para
pronunciarse sin limitación alguna.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-03 15-000-2016-
02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (acumulado).
28
Ibidem. - 66. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la apelación, ello debe ser
entendido en el sentido de que «[…] la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en
aquellos aspectos propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso, que
estén íntimamente ligados con el aspecto materia de impugnación»42.
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la correcta aplicación del artículo 1629 del Decreto 4433 de 2004, sino que además
sostuvo que la liquidación efectuada se encontraba ajustada al régimen especial
vigente y que los actos administrativos demandados conservaban su presunción de
legalidad. Bajo ese entendimiento, la discusión sobre la procedencia del subsidio
familiar resultaba inseparable del debate relativo a las partidas susceptibles de
integrar la asignación de retiro.
53. Asimismo, la Subsección B explicó que una lectura integral de la apelación
permitía advertir que CREMIL cuestionó la inclusión de factores distintos de aquellos
que consideraba expresamente autorizados por la normativa especial, circunstancia
que involucraba necesariamente el examen del subsidio familiar como partida
computable para liquidar la prestación reclamada por el actor.
54. A partir de esa premisa, la autoridad accionada concluyó razonadamente que
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander30 sí tenía habilitación jurídica para
pronunciarse sobre la inclusión del subsidio familiar, pues dicho aspecto estaba
inmerso en la discusión sobre la correcta liquidación de la asignación de retiro y
sobre la legalidad de los actos administrativos acusados. En consecuencia, no existió
desbordamiento funcional alguno.
55. De igual manera, la Subsección B descartó expresamente la tesis según la
cual era indispensable que la apelación incorporara un cargo autónomo y
específico31 contra el subsidio familiar para habilitar el estudio de dicho tema en
segunda instancia. A juicio de esa corporación, bastaba con que el asunto surgiera
de los cuestionamientos formulados contra la legalidad de la liquidación reconocida
por el a quo.
56. En esas condiciones, resulta evidente que la decisión atacada no se sustentó
en una norma inexistente, derogada o manifiestamente inaplicable, ni desconoció el
contenido de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso. Antes bien,
aplicó dichas disposiciones y las interpretó de forma sistemática para concluir que el
subsidio familiar constituía un asunto implícitamente comprendido en la apelación
promovida por CREMIL.
57. Finalmente, la propia Subsección B cerró la discusión al concluir que el
Tribunal actuó dentro de los límites de su competencia y que no se configuró
vulneración alguna del principio de congruencia32. De esta manera, el desacuerdo
del accionante recae exclusivamente sobre la interpretación jurídica acogida por el
juez de revisión, circunstancia insuficiente para estructurar un auténtico defecto
sustantivo.
29
Decreto 4433 de 2004. Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados profesionales que
se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta a que, por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual
de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un
treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no
será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Negrillas y subrayas de la Sala.
30
Providencia del 13 de noviembre de 2025. - “El Tribunal Administrativo de Norte de Santander estaba habilitado para emitir
un pronunciamiento en torno al subsidio familiar, dada la discusión de si era una partida computable en la asignación de retiro
de los soldados profesionales.”
31
Ibidem. - “Dicho de otro modo, no se requería una técnica específica en la apelación que se refiriera puntualmente a esta
pretensión, en tanto esta emanaba del objeto y de los cargos incorporados en el recurso de apelación, que gozaron de la
amplitud suficiente para abordar el estudio de legalidad en función de la normativa que la entidad estaba llamada a aplicar”
32
Ibidem. - “85. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo estudio no se configuró la causal de revisión
dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, ya que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tenía
competencia para pronunciarse en cuanto al subsidio familiar, sin que al hacerlo hubiera violado el principio de congruencia en
su faceta externa. Por consiguiente, este recurso extraordinario de revisión se declarará infundado”.
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58. No se evidencia, por tanto, un apartamiento explícito ni implícito de la
jurisprudencia, ni la adopción de una regla jurídica incompatible con esta, sino la
aplicación de un criterio acorde con ella, condicionado a la acreditación de los
hechos.
59. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante por no configurarse el defecto alegado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción de tutela presentada por
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL de conformidad con lo expuesto
en el numeral 3.2.1. de la presente providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Asdrúal Prieto, en contra de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado por conducto de apoderada, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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