Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04063-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04063-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
3 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04063-01
Demandante: Asdrúal Prieto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 3 de septiembre de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04063-01
Demandante: ASDRÚAL PRIETO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Contra providencia judicial dictada en recurso extraordinario de
revisión. Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia
constitucional. Continuidad en el debate
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 25
de junio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 27 de mayo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Asdrúal Prieto pidió
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, respeto a los derechos adquiridos y seguridad jurídica.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 13
de noviembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B en única instancia, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión radicado
No. 11001-03-25-000-2023-00196-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
<<1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados por
la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la providencia de fecha 13
de noviembre de 2025 mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por ASDRUAL PRIETO.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se deje sin efecto
la providencia de fecha 13 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado.
3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 13 de noviembre de 2025, se ordene a la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado a que profiera nueva decisión en la que
se declare fundado el recurso extraordinario de revisión que se presentó contra la sentencia del 13
de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. >>
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04063-01
Demandante: Asdrúal Prieto
El señor Asdrúal Prieto se desempeñó como soldado profesional del Ejército Nacional y
fue retirado del servicio con derecho a asignación de retiro que le fue reconocida por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares mediante la Resolución no. 5298 del 5 de
septiembre de 2012, efectiva a partir del 30 de octubre de ese mismo año.
Por considerar que dicha asignación de retiro fue indebidamente liquidada, el accionante
solicitó ante CREMIL su reajuste, petición que fue negada mediante los oficios Nos.
0011804 del 20 de febrero de 2014 y 0013206 del 25 de febrero de 2014.
El 11 de agosto de 2014, el señor Asdrúal Prieto instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -
CREMIL, con el fin de que se declarara la nulidad de los oficios Nos. 0011804 del 20 de
febrero de 2014 y 0013206 del 25 de febrero de 2014, por medio de los cuales dicha
entidad negó el reajuste de su asignación de retiro.
El accionante fundamentó el reconocimiento y pago del reajuste de su asignación de
retiro por indebida aplicación de los artículos 13.2.1 y 16 del Decreto 4433 de 2004, y el
inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, dado que la asignación de retiro
tomó de manera equivocada los factores y porcentajes, lo que consideró que afectó
doblemente la prima de antigüedad. También adujo la falta de aplicación del parágrafo
segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto se tomó el salario mínimo
legal vigente (SMLV) con un incremento del 40%, pese a que la norma dispone que a los
soldados que ostentaran la calidad de voluntarios, al 31 de diciembre del 2000, se les
liquidaría su asignación salarial mensual con el SMLV aumentado en un 60%.
Además, adujo una vulneración de su derecho a la igualdad por la falta de inclusión del
subsidio familiar como una partida computable para los soldados profesionales, cuando
a otros integrantes de las fuerzas militares se les reconocía así.
El conocimiento de la demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto
Administrativo de Cúcuta bajo el radicado 54-001-33-33-006-2015- 00259-00, autoridad
que a través de sentencia del 28 de septiembre de 2018 resolvió inaplicar el artículo 13
del Decreto 4433 de 2004 en lo que tiene que ver con la imposibilidad de incluir el subsidio
familiar en la asignación de retiro del accionante, declaró la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reajuste de su asignación de retiro y a título de
restablecimiento condenó a CREMIL a reliquidar la asignación de retiro del demandante
teniendo en consideración que la asignación básica sería equivalente a un salario mínimo
legal, incrementado en un 60% de ese mismo, según lo dispuesto el inciso final del
artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 y que a dicha asignación se le aplicaría el setenta
por ciento (70%) del salario mensual (salario mínimo legal mensual, incrementado en un
60%), adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad, además, ordenó a la inclusión
de la asignación de retiro la suma del subsidio familiar devengado en servicio activo por
el demandante para el año 2012.
Consideró que, al momento de la asignación de retiro, CREMIL había empleado de
manera inadecuada lo previsto por el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, por lo que
desfavoreció las condiciones pensionales del demandante, porque efectuó un pago
inferior, al generar un doble descuento frente a la prima de antigüedad y frente al
reconocimiento del subsidio familiar. Afirmó que en el artículo 13 del Decreto 4433 de
2004 existió una omisión involuntaria frente a su incorporación; no obstante, dicha
disposición debía interpretarse de la forma más favorable al demandante y acorde con
ello, como el actor devengó este subsidio mientras se encontraba en actividad y el mismo
garantizaba el sustento de su familia, no se podría excluir porque ello vulneraría su
derecho a la igualdad.
Inconforme, CREMIL apeló al considerar que, según el artículo 16 del Decreto 4433 de
2004, indicó que el pago de la asignación de retiro debía efectuarse con el 100% del
salario básico, incrementado en un 40%, más la prima de antigüedad del 38.5%, que así
lo había entendido el Departamento Administrativo de la Función Pública en el concepto
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Demandante: Asdrúal Prieto
de 17 de enero de 2014 y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
Segunda, Subsección C, en providencia de 20 de noviembre de 2015, había señalado
que existía una prohibición de incluir en la liquidación de la asignación de retiro
emolumentos distintos a los previstos en la norma.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 13 de mayo de 2022,
revocó la providencia de primera instancia en cuanto a la pretensión de reconocimiento
del subsidio familiar en la asignación de retiro del demandante y modificó los numerales
5 y 6 de la sentencia referente al reajuste salarial y prestacional y, en lo demás, confirmó
la decisión.
Señaló que la entidad demandada había aplicado de forma indebida el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004 y que no tuvo en cuenta que al 70% del salario mínimo, aumentado
en un 60%, se le debía sumar el 38.5% por concepto de prima de antigüedad, por lo que
compartió la decisión de declarar la nulidad de los actos demandados.
Aclaró que la liquidación efectuada por parte de la entidad demandada estuvo errada y
que, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril
de 2019, ante la duda en cuanto a la literalidad del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,
este debía interpretarse de la forma más favorable a la parte débil de la relación laboral.
Frente al reconocimiento del subsidio familiar, adujo que, de conformidad con lo dispuesto
en sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, el demandante
no tiene derecho al reajuste de su asignación de retiro con ese emolumento, dado que el
mismo no era partida computable para la liquidación de la prestación respecto de los
soldados profesionales que causaron su derecho a la asignación de retiro antes de julio
de 2014, por cuanto antes de este momento no estaba definido en una ley o un decreto.
El señor Asdrúal Prieto promovió recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con fundamento
en la causal prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA por considerar que
existía una causal de nulidad en la sentencia que puso fin al proceso, dado que dicho
tribunal se había pronunciado frente a la pretensión de subsidio familiar pese a que
CREMIL no había formulado un reparo concreto en ese sentido en el recurso de
apelación.
El conocimiento del recurso extraordinario de revisión correspondió bajo el radicado
11001-03-25-000-2023- 00196-00 al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B que en sentencia de 13 de noviembre de 20251, declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el accionante por considerar que contrario a lo
manifestado por el recurrente, CREMIL no había limitado los argumentos del recurso de
apelación a la pretensión referente a la prima de antigüedad, pues en la alzada, la entidad
mencionó que había actuado con apego a la legalidad, por lo cual los actos acusados
estaban cobijados por la presunción de legalidad y expresó que la entidad había aplicado
la fórmula que deriva de la normatividad, lo que exigía revisar la inclusión de otra partida,
entre estas, el subsidio familiar y que la intención de la entidad demandada no era que
se revocara parcialmente la sentencia y así lo había interpretado el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
Por lo anterior, concluyó que no se había configurado la causal prevista por el numeral 5
del artículo 250 del CPACA, dado que el tribunal tenía competencia para pronunciarse
frente al subsidio familiar, sin que con ello hubiera violado el principio de congruencia en
su faceta externa.
1 Comunicada mediante correo electrónico enviado el 1 de diciembre de 2025.
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Demandante: Asdrúal Prieto
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, afirmó que el asunto cumplía con el requisito de relevancia dado que la
providencia cuestionada había vulnerado los derechos fundamentales del accionante, por
cuanto no valoró de forma adecuada el material probatorio que demostraba que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander carecía de competencia para revocar la
decisión de primera instancia que había ordenado incluir el subsidio familiar en la
asignación de retiro;frente a los demás requisitos no hizo una manifestación concreta.
En cuanto al fondo del asunto, el accionante afirmó que incurrió en los siguientes vicios
de fondo:
Defecto fáctico por indebida valoración del recurso de apelación presentado por
CREMIL, que había sido aportado y decretado como prueba dentro del recurso
extraordinario de revisión y del que se desprendía que CREMIL no formuló ningún
argumento dirigido a controvertir la inclusión del subsidio familiar como partida
computable de la asignación de retiro.
En ese sentido, afirmó que dicho recurso estaba expresamente dirigido a controvertir la
reliquidación de la prima de antigüedad, y su argumentación se concentró en la aplicación
de los artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004 y, aunque mencionó las «partidas
computables», lo hizo para sustentar la forma de liquidar la prima de antigüedad y no
para controvertir el subsidio familiar.
Señaló que la afirmación genérica de CREMIL referente a que había actuado con apego
a la ley y sus actos estaban amparados por la presunción de legalidad no podía
interpretarse como un cuestionamiento autónomo y específico contra la inclusión del
subsidio familiar y reiteró que la inclusión del subsidio familiar era una pretensión
autónoma e independiente que no fue cuestionada en la apelación.
Defecto sustantivo de las normas procesales que regulan el recurso de apelación y su
trámite, en particular de los artículos 320 y 328 del CGP, y que a su juicio fundamentan
que el juez de segunda instancia solo deba pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por el apelante.
Afirmó que la autoridad accionada no tuvo en cuenta el principio de congruencia y la
restricción de competencia propia de la segunda instancia.
Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado fijado en las sentencias del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A2, que, según afirmó, declararon
fundados los recursos extraordinarios de revisión promovidos por soldados profesionales.
5. Intervenciones
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a través de la magistrada
ponente de la decisión cuestionada, solicitó negar el amparo pedido por cuanto no había
vulnerado los derechos fundamentales del accionante, sino que había adoptado una
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Rad.
11001 03 25 000 2021 00757 00 (Ni. 4280-2021) Demandante: Abelardo de Jesús Gutiérrez Galeano, Demandado:
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves Rad. 11001 03
25 000 2021 00028 00 (Ni. 0039-2021) Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas, Demandado: Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares – CREMIL
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves Rad. 11001 03
25 000 2021 00482 00 (Ni. 2318-2021) Demandante: Francisco Ruiz Ditama, Demandado: Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares – CREMIL
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves Rad. 11001 03
25 000 2021 00176 00 (Ni. 1005-2021) Demandante: Fernel Carabali Antero, Demandado: Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares – CREMIL
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Demandante: Asdrúal Prieto
decisión contraria a sus intereses y a la postura sostenida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en algunos casos similares.
Afirmó que el actor pretende reabrir un debate como si la tutela constituyera una tercera
instancia, pues no demostró que en la providencia cuestionada haya incurrido en algunos
de los defectos alegados.
Señaló que la sentencia cuestionada interpretó razonablemente el recurso de apelación
conforme a los artículos 320 y 328 del CGP, conforme a la normatividad y jurisprudencia
aplicable, sin desconocer la competencia del tribunal sobre la cual edificó su análisis.
La Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, solicitó su
desvinculación de la acción.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado 6 Administrativo de
Cúcuta no rindieron informe pese a haber sido notificados en debida forma de la acción
de tutela3.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, denegó el amparo de los
derechos invocados al considerar que la providencia cuestionada no incurrió en los
defectos alegados.
Señaló que el accionante pretendió estructurar el defecto fáctico a partir de una
interpretación particular del recurso de apelación, según la cual la controversia en
segunda instancia se circunscribía exclusivamente a la reliquidación derivada de la prima
de antigüedad; sin embargo, la providencia cuestionada expuso de manera razonada por
qué dicha comprensión no era la única jurídicamente posible, al advertir que la apelante
defendió la legalidad integral de los actos administrativos y de la liquidación efectuada
por la entidad.
Adujo que no podía afirmarse que la Subsección B hubiera desconocido el contenido
objetivo de la apelación o arribado a conclusiones incompatibles con esta dado que
verificó que CREMIL fundó parte importante de su inconformidad en la defensa de las
partidas computables previstas legalmente para liquidar la asignación de retiro y en la
legalidad de los actos administrativos demandados, aspectos que guardan relación
directa con la discusión sobre la inclusión del subsidio familiar y que la decisión
cuestionada no obedeció a una reconstrucción artificial de la apelación, sino a una
comprensión razonada de los temas que esta involucraba, pues en la misma providencia
se había precisado que el análisis del subsidio familiar se encontraba vinculado a la
discusión general sobre la correcta liquidación de la asignación de retiro así como del
alcance de las partidas computables previstas en el Decreto 4433 de 2004.
Indicó que en la providencia cuestionada tampoco había incurrido en el defecto sustantivo
alegado por el accionante, toda vez que no desconoció, ni dejó de aplicar e interpretar de
manera arbitraria los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso y, por el
contrario, identificó expresamente tales disposiciones como el marco normativo llamado
a resolver la controversia relativa a los límites de competencia del juez de segunda
instancia y desarrolló un análisis específico de su alcance.
Respecto del desconocimiento del precedente, afirmó que, pese a que el accionante
había relacionado algunas providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
3 A través de los correos electrónicos sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadminnstd@notificacionesrj.gov.co y adm06cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, respectivamente.
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Demandante: Asdrúal Prieto
a las que se refirió que existía identidad fáctica y jurídica, no explicó en qué consistía
dicha similitud, no identificó la regla jurisprudencial que consideraba aplicable ni
desarrolló un ejercicio de confrontación que permitiera establecer por qué tales
decisiones debían extenderse al caso concreto, más allá de la premisa genérica de que
la competencia del juez de segunda instancia estaba limitada a los argumentos
formulados en la apelación.
7. Impugnación
El accionante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y afirmó que la sentencia
impugnada no confrontó la conclusión de la providencia acusada con el texto íntegro del
recurso de apelación, de que se desprenden cuatro planteamientos, todos relacionados
con la fórmula de liquidación de la asignación de retiro y la prima de antigüedad.
Insistió en la configuración del defecto sustantivo y señaló que la interpretación amplia
de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso avalada por el juez de tutela
conforme a la tesis acogida en la providencia cuestionada, según la cual la competencia
del juez de segunda instancia comprendería aspectos implícitos y estrechamente
relacionados con lo impugnado, aunque no hubieran sido mencionados expresamente,
en la práctica elimina la exigencia de «reparos concretos», pues una manifestación
genérica sobre la legalidad de la actuación permitiría al superior reabrir cualquier
pretensión de la demanda que no hubiese sido controvertida.
Señaló que no se valoró la consecuencia procesal de que ninguna de las partes hubiera
apelado la inclusión del subsidio familiar y que,que a su parecer sobre ese aspecto existía
cosa juzgada dentro del proceso ordinario, e indicó que sí había cumplido con la carga
argumentativa respecto del desconocimiento del precedente, pues señaló cuatro
decisiones del Consejo de Estado, Subsección A, que presentaban identidad fáctica y
jurídica sustancial con el caso y que en esos asuntos CREMIL era la entidad demandada
en procesos que compartían el mismo patrón fáctico.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó el amparo solicitado.
La Sala anticipa que revocará la decisión que denegó el amparo solicitado para, en su
lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional. La parte actora pretende extender el debate jurídico
zanjado con la providencia cuestionada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
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requisitos generales4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
Cabe anotar que cuando por conducto de la tutela se cuestionan providencias de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la jurisprudencia ha señalado que el
estudio de las causales de procedibilidad debe ser más exigente en razón de la función
unificadora que cumplen esas corporaciones y por tener la condición de órganos de cierre
de sus respectivas jurisdicciones, máxime cuando con ello se preserva el principio de
autonomía judicial. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia T-398 de
2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las altas corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
4. Análisis del caso concreto
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
13 de noviembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Asdrúal Prieto
Subsección B, en única instancia, que declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión radicado No. 11001-03-25-000-2023-00196-00.
Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo se observa que el demandante insiste
en los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de revisión. En efecto, aunque
el accionante alega la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, lo hace para
insistir en que no debió declararse infundado el recurso extraordinario de revisión por
cuanto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54-001-33-33-
006-2015-00259-00/01, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander violó el
principio de congruencia al pronunciarse respecto del reconocimiento del subsidio
familiar por cuanto, a su juicio, ese no fue un reparo puntual del recurso de apelación
presentado por CREMIL.
En efecto, en el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante
contra la providencia del 13 de noviembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, se lee lo siguiente:
«Por lo tanto, es claro que al proferirse una sentencia cuando el juez carece de jurisdicción o
competencia al decidir sobre aspectos que no corresponden, esta se reputa nula y la vía adecuada para
cuestionar tal sentencia contra la que no procede recurso de apelación resulta ser el recurso
extraordinario de revisión por constituir una nulidad originada en aquella.
Se debe considerar que, para el caso en concreto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no
tenía competencia para pronunciarse y cambiar la decisión adoptada en primera instancia frente a la
pretensión del reconocimiento del subsidio familiar en la asignación de retiro del actor, pues sobre
aquella decisión, la parte apelante única no formuló reparo o inconformismo alguno mediante el recurso
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
Del recurso de apelación presentado por la parte demandada –CREMIL– obrante a folios 230-232 del
expediente, tal como se manifestó en la sentencia de segunda instancia, la entidad centró su
inconformismo con el fallo de primera instancia en lo relativo a la pretensión de la prima de antigüedad,
citando los supuestos normativos y jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
En ese orden de ideas se logra constatar que en la sentencia de segunda instancia el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander sostuvo al momento de estudiar el recurso de apelación de la
parte demandada lo siguiente: (…).
De lo anterior se debe resaltar en primer lugar, que la apelación propuesta por la entidad demandada
fue parcial, al formular un reparo concreto y puntual, en cuanto cuestiona la pretensión relativa a la
incorrecta aplicación de la prima de antigüedad.
Por lo tanto se logra determinar, que la entidad demandada no presentó inconformismo ni reparo alguno
frente a la decisión adoptada en primera instancia con relación a la inclusión del subsidio familiar en la
asignación de retiro del demandante y el reajuste del 20% en la partida asignación salarial mensual.
Por tal razón, el fallador de segundo grado no tenía competencia para pronunciarse y revocar la
pretensión del reconocimiento del subsidio familiar en la asignación de retiro del demandante, dado que
la legislación procesal le impide al Juez de segunda instancia pronunciarse en torno a las cuestiones
que no fueron objeto de reparo en el escrito de apelación, de allí que el artículo 320 de la ley 1564 del
2012 - código general del proceso – sea claro en establecer los fines de este medio de impugnación,
estableciendo que: (…)>
Por su parte, en la acción de tutela, el actor argumenta lo siguiente:
<<Con base en lo anterior, se debe indicar que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al resolver el recurso extraordinario de revisión, valoró inadecuadamente el recurso de
apelación presentado por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, documento que fue debidamente
aportado y decretado como prueba en el trámite del recurso extraordinario de revisión, y que permite
constatar de manera objetiva que CREMIL no desarrolló argumento alguno tendiente a la revocatoria
de la pretensión de inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro del accionante, concedida
en primera instancia.
En efecto, el recurso de apelación presentado por CREMIL el 8 de octubre de 2018 tiene como asunto
expreso: "Recurso de Apelación — Reliquidación de la prima de antigüedad". En la parte declarativa,
CREMIL solicitó revocar la sentencia "en la cual se resolvió condenar a CREMIL a la reliquidación con
el SMLMV más el 70%, de conformidad con el Artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 (Prima de
Antigüedad)". Toda la sustentación del recurso se orientó exclusivamente a demostrar que la entidad
había aplicado correctamente la fórmula de liquidación de la prima de antigüedad conforme a los
artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004, con soporte en el Concepto del Departamento Administrativo
de la Función Pública y en sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (…).
Así las cosas, resulta errónea la conclusión alcanzada por el Consejo de Estado, que, a pesar de
reconocer que en el recurso de apelación no se presentó un argumento concreto acerca de la pretensión
del subsidio familiar, interpretó que la manifestación de legalidad general de las actuaciones de CREMIL
y la solicitud de revocatoria de la sentencia eran suficientes para asumir que la entidad buscaba
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Demandante: Asdrúal Prieto
impugnar todas y cada una de las pretensiones. Esta interpretación desconoce abiertamente el marco
normativo de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.>>
En efecto, los planteamientos elevados por el accionante ya fueron resueltos por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia dictada el 13 de
noviembre de 2025, en la que se consideró:
«De lo anterior se colige que, contrario a lo manifestado por el recurrente, CREMIL no limitó los
argumentos de su alzada a la pretensión relativa a la prima de antigüedad. La entidad demandada en
su recurso de apelación mencionó que ha actuado con apego a la legalidad, por lo cual los actos
acusados están cobijados por la presunción de legalidad. Así, comoquiera que expresó que la entidad
ha aplicado la fórmula que emana de la normativa, eso exige revisar la inclusión de otra partida, entra
estas, el subsidio familiar.
76. Así interpretó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el alcance del recurso de apelación
interpuesto por CREMIL, lo que le permitió abordar la inclusión del subsidio familiar cuando desarrolló
el cuarto cargo de la alzada referido a la que la entidad ha actuado con apego a la legalidad, y a que
los actos están revestidos de presunción de legalidad.
77. Por ende, se advierte que la intención de CREMIL no era que se revocara parcialmente la sentencia
de primera instancia, como lo entendió el recurrente, sino en todo lo que le fuera desfavorable, lo que
implicaba necesariamente verificar si el subsidio familiar debía incluirse como partida computable en la
asignación de retiro reclamada por el demandante.
78. Además de ello, de una lectura integral del recurso se extrae que la apelante hizo referencia a que
ha aplicado en debida forma el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y citó el contenido de decisiones
emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las que de forma expresa se ha reconocido
que las únicas dos partidas computables para liquidar la asignación de retiro de los soldados
profesionales son el salario básico y la prima de antigüedad, entendiendo con esto que debía excluirse
cualquier otra como sería el caso del subsidio familiar. De esta forma, si bien los antecedentes citados
no eran precedente para el caso sometido a consideración del Tribunal, si fueron un referente utilizado
por el apelante para soportar la aplicación debida de la normativa.
79. Como resultado, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander estaba habilitado para emitir un
pronunciamiento en torno al subsidio familiar, dada la discusión de si era una partida computable en la
asignación de retiro de los soldados profesionales. Aspecto requerido para garantizar la debida
liquidación en los términos del Decreto 4433 de 2004, esto es, para estudiar de forma integral si el
actuar de la entidad ha estado ajustado a la legalidad y, por ende, debía mantenerse incólume la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
80. Dicho de otro modo, no se requería una técnica especifica en la apelación que se refiriera
puntualmente a esta pretensión, en tanto esta emanaba del objeto y de los cargos incorporados en el
recurso de apelación, que gozaron de la amplitud suficiente para abordar el estudio de legalidad en
función de la normativa que la entidad estaba llamada a aplicar. >>
Como se ve, la discusión que propone el accionante ya fue resuelta por el por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que concluyó que la intención de CREMIL
no era que se revocara parcialmente la sentencia pues su recurso no se limitó a la
pretensión relativa a la prima de antigüedad lo que le permitió el Tribunal de Norte de
Santander abordar la inclusión del subsidio familiar.
En consecuencia, el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a
examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad demandada en el
recurso extraordinario de revisión radicado No. 11001-03-25-000-2023-00196-00,
finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para revocar la
sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado y en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, la tutela contra providencias judiciales de las altas corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
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alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada que negó el amparo solicitado y, en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 6
6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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