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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00028-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00028-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR fundado el Recurso Extraordinario de Revisión formulado por el señor Rodrigo Armando Virguez Vargas en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68 679 33 33 001 2016 00174 01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO. ANULAR la providencia impugnada. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Santander emitirá una nueva decisión que se ajuste a los lineamientos señalados en esta sentencia. 835 29 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021) Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas TERCERO. El Tribunal Administrativo de Santander dará prelación a este asunto sobre los demás que estén en turno para fallo. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00028-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021)
Accionante: Rodrigo Armando Virguez Vargas
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011
Presupuestos de configuración. Vulneración al debido
proceso y al principio de congruencia.

I. ASUNTO

Se decide la Acción Especial de Revisión1 consagrada en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentada por el señor Rodrigo Armando
Virguez Vargas2 en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68 679 33 33 001 2016 00174 01.

II. ANTECEDENTES

2.1 Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso
extraordinario.

2.1.1 Las pretensiones.

A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se
solicitó:

• La nulidad de los oficios Nos. 0015665 del 11 de marzo de 2016 y 0024992
del 19 de abril de 2016, a través de los cuales se negó el reajuste de la
asignación de retiro del demandante.

• Como restablecimiento del derecho, solicitó que su mesada de retiro sea

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El escrito de revisión fue presentado a través de la ventanilla virtual de esta Corporación el 26 de enero de

2021 (según se evidencia en el aplicativo de SAMAI).

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Recurso Extraordinario de Revisión
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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

reajustada conforme con los siguientes parámetros:

• Tener como salario mensual para la liquidación de la asignación de
retiro, el previsto en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto Ley
1794 de 2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado
en un 60%.

• Hecho lo anterior, utilizar en debida manera la formula establecida en
el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esto es, aplicarle el 70% a esa
asignación salarial mensual y luego adicionarla con el 38.5% de la
prima de antigüedad devengada en servicio activo.

• Incluir en la base de liquidación de esa prestación social el subsidio
familiar recibido.

• Que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar las diferencias
económicas dimanadas del reajuste solicitado.

• Que se disponga el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos
en los artículos 187 y siguientes del CPACA, así como la respectiva
condena en costas.

2.1.2 Hechos relevantes.

El demandante se vinculó como soldado voluntario del Ejército Nacional el 21 de
junio de 1992, condición que para el mes de diciembre de 2000 se mantenía
vigente. Por disposición de esa entidad, el 1.° de noviembre de 2003, pasó a
denominarse como soldado profesional y, por ende, empezó a regirse por lo
establecido en los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y 4433 de 2004.

Al cumplir con los requisitos previstos en la ley, la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares le reconoció su asignación de retiro mediante la Resolución No. 2167
del 27 de abril de 2011. Sin embargo, la mesada no fue liquidada en debida forma
por cuanto:

i) Se tomó como asignación básica un salario mínimo legal vigente
incrementado en un 40%, de acuerdo con lo estipulado en el inciso primero
del artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de 2000; olvidando que, por su
vinculación, tal asignación equivale a un salario mínimo legal vigente
incrementado en un 60% -inciso segundo ejusdem-.

ii) Se empleó erradamente la fórmula depositada en el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, pues se sumó el 100% de la asignación salarial
mensual con el 38.5% de la prima de antigüedad y luego se le aplicó el
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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

70%, lo que implicó una doble reducción del último emolumento citado y,
de contera, una disminución injustificada de la mesada reconocida.

iii) No se computó el subsidio familiar como factor salarial para la
liquidación de la asignación de retiro, en clara violación del derecho a la
igualdad, pues a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de
la policía Nacional si se les reconoce ese estipendio.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

En la demanda se señalaron como infringidas las siguientes disposiciones:

• Artículos 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política.
• Artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
• Decretos 1793 y 1794 de 2000 y 4433 de 2004.

Al desarrollar el concepto de violación, la abogada de la parte actora reiteró los
argumentos expuestos en el capítulo de los hechos frente a la indebida
liquidación de la mesada pensional.

2.1.4 Sentencia de primera instancia.3

En la audiencia inicial celebrada el 19 de septiembre de 2018, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de San Gil, dictó sentencia en la que declaró lo
siguiente:

«[…]PRIMERO: INAPLÍQUESE, por inconstitucional, el parágrafo 1º y numeral
13.2 del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, en el presente asunto, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE LA NULIDAD de los acto (sic) administrativos
contenidos en los oficios No 0015665 de fecha 11 de marzo de 2016, y el oficio N°
00249922 del 19 de abril de 2016, expedidos por la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS 289 MILITARES- CREMIL, mediante los cuales se negó el reajuste de
la asignación de retiro al demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL, reliquidar la asignación de
retiro del señor RODRIGO ARMANDO VIRGUEZ VARGAS reconocida mediante
Resolución No. 2167 del 27 de Abril de 2011, incrementándola en un 20%, que
resulte de aplicar el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000; Así

3 Expediente digital, índice 20 archivo No. 1, 001. CuadernoPrincipal.pdf Folios 286-294 de la plataforma

SAMAI.
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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

mismo teniendo como partida computable el valor correspondiente al 70% del
salario mensual, adicionado con el 38.5% de la prima de antigüedad, por último el
porcentaje correspondiente al subsidio familiar que devengó en servicio activo, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Así mismo,
sobre el reajuste salarial y prestacional del 20% ordenado a favor del demandante,
la parte demandada aquí condenada, deberá efectuar de manera indexada los
respectivos descuentos en la proporción correspondiente, por concepto de aportes
a la seguridad social integral y demás a que haya lugar. Por otro lado, en el evento
de habérsele cancelado el reajuste del 20% correspondiente al soldado
profesional, la entidad deberá realizar la motivación correspondiente en el acto
administrativo y cancelar las diferencias resultantes por concepto del reajuste aquí
ordenado al demandante.

CUARTO: CONDENASE a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
• CREMIL, a pagar al señor JAVIER IVAN URIBE SILVA (sic), los valores
resultantes de la reliquidación a realizar dejados de percibir desde el 25 de febrero
de 2012 hacia delante. Las diferencias resultantes deberán ser canceladas
debidamente actualizadas o indexadas en los términos contenidos en la parte
motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLÁRASE probada la excepción de prescripción cuatrienal de los
derechos causados con antelación al 25 de febrero de 2012, por lo expuesto en la
parte motiva de la sentencia.

SEXTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos en los artículos 187 y siguientes del C.P.A.C.A. Para efectos de la
actualización económica o indexación de las sumas reconocidas, se aplicará la
fórmula consignada en la parte motiva de este proveído. Dicha liquidación deberá
realizarla la entidad demandada.

SÉPTIMO: CONDENASE en costas a la parte demandada CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES CREMIL, y a favor de la parte demandante RODRIGO
ARMANDO VIRGUEZ VARGAS, las cuales serán liquidadas por Secretaría de
conformidad con el artículo 366 del CGP, una vez ejecutoriada la presente
Sentencia. […]»

Con tales fines, concluyó que:

i) El demandante tiene derecho a que su asignación salarial mensual equivalga
a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, pues le resulta
aplicable el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de 2000, dado
que ingresó al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000.

ii) La liquidación de la mesada pensional devino del empleo errado de la fórmula
prevista en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, por cuanto al 38.5% de la
prima de antigüedad le fue aplicado el 70% allí regulado, lo que significó una

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doble reducción no autorizada por la norma y, de contera, una diminución
injustificada en el valor de esa prestación.
iii) El subsidio familiar, en el porcentaje recibido en servicio activo, debe hacer
parte de la base de liquidación de la asignación de retiro, pues su exclusión para
los soldados profesionales vulnera el principio de igualdad, máximo porque a los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares si se les tiene en cuenta ese factor
en la consolidación de la mesada pensional. Por tanto, no existe razón suficiente
y justificada para prohijar ese trato discriminatorio.

2.1.5 Recurso de apelación.4

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la entidad demandada la
recurrió en apelación. Con tales fines peticionó:

«DECLARACIONES

Que con base en las razones jurídicas que a continuación se exponen solicito se
REVOQUE la sentencia de primera instancia, proferida dentro del proceso la
referencia, en lo concerniente a la reliquidación de la asignación de retiro o prima
de antigüedad, la aplicación de la prescripción de forma cuatrienal, la condena en
costas y agencias en derecho […]».

Seguidamente, el defensor, luego de transcribir la fórmula de consolidación de la
asignación de retiro contenida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, señaló
que el entendimiento correcto de esa norma es aquél según el cual, a la base de
liquidación, compuesta por la asignación salarial mensual y el 38.5% de la prima
de antigüedad, se le aplica en conjunto el 70% allí establecido. Que a esa
conclusión ha llegado no solo la entidad por él representada, sino también el
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca.

En los apartados de la alzada se puede leer:

«[…] Frente a este aspecto esta defensa encuentra suficientemente clara la norma
que indica que el Infante de Marina tiene derecho a que se le pague asignación
mensual de retiro, así:
Salario Básico = SMLMV (100%) + (Incremento en un 40%) = 140%
Prima de Antigüedad = 38.5%

Asignación de retiro:

4 Expediente digital, índice 20 archivo No. 1, 001. CuadernoPrincipal.pdf Folios 298-315 de la plataforma

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70% = (Sueldo Básico + 38.50% de Prima de Antigüedad)

Por consiguiente, siguiendo la uniformidad y secuencia de la norma, debe
reconocerse la asignación de retiro equivalente al setenta por ciento (70%) de:
salario básico incrementado en el 38.5% de la prima de antigüedad, tal como ha
estado aplicando esta entidad […]».

Por otro lado, reprochó que la condena en costas impuesta en la primera
instancia haya obedecido a un criterio meramente objetivo, cuando las reglas
contenidas en el CPACA y en el CGP apuntan a que se valore subjetivamente la
conducta desplegada por la parte vencida, en orden a establecer la temeridad,
mala fe, o actuaciones dilatorias frente al trámite procesal. En consecuencia,
solicitó revocar esa sanción.

En uno de los apartes del recurso se expresó:

«[…] Por consiguiente, en materia de lo Contencioso Administrativo, la condena
en costas no se rige por un concepto objetivo, sino que exige por parte del operador
jurídico una valoración subjetiva para su condena, no basta simplemente que la
parte sea vencida, sino que debe realizarse una valoración de las conductas
desplegadas por esa parte vencida. En otras palabras, solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezcan causas para hacerlo, y en la medida de
su comprobación […]».

Finalmente, censuró que la extinción de derechos se haya decretado con base
en la prescripción cuatrienal y no en la trienal contemplada en el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004, por lo que solicitó corregir ese yerro.

Con tales fines arguyó:

«Es de aclarar, al Honorable Despacho que de conformidad con el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004, la prescripción de las mesadas es de tres años, contados
a partir de la fecha en que se hicieron exigibles, y no de forma cuatrienal como lo
sostiene el fallo. Lo anterior, por cuanto estas últimas se aplican a reclamaciones
sobre salarios o tiempos de servicio en los que los militares se encontraban
activos.

[…]

En el mismo término se refiere el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación
de fecha 18 de mayo de 2016, el cual señala: “(…) Unifíquese Jurisprudencia en
relación con la prescripción trienal en los términos en que se ha venido señalando
en los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado (…)”». El anterior fallo, se entiende tanto para temas salariales como
pensionales».

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2.1.6 Sentencia objeto de revisión.5

El 16 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander revocó y
modificó parcialmente la sentencia de primera instancia en los siguientes
términos:

«[…] PRIMERO: REVÓCASE los numerales PRIMERO y SÉPTIMO de la
sentencia de fecha 19 de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, de conformidad con las
consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: MODIFICASE el numeral TERCERO de la sentencia de fecha 19 de
septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de San Gil, en el sentido de i) no incluir la partida de subsidio
familiar y ii) disponer que como consecuencia de la reliquidación ordenada, se
realicen los correspondientes descuentos a que haya lugar y que se hubiesen
dejado de efectuar como consecuencia de haber percibido un salario inferior.

TERCERO: MODIFICASE los numerales CUARTO Y QUINTO de la sentencia de
fecha 19 de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de San Gil, en el entendido de que la prescripción al ser
trienal se aplica a las diferencias causadas con anterioridad al 25 de febrero de
2013, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONFIRMASE en sus demás partes de la sentencia de fecha 19 de
septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de San Gil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

QUINTO: NO SE CONDENA en costas en primera y segunda instancia, de
acuerdo con lo señalado en las consideraciones de esta sentencia. […]»

En primer lugar, fundado en la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 25 de abril de 2019 (SUJ-015-CE-S2-2019), concluyó que la entidad
accionada liquidó erróneamente la asignación de retiro del actor, pues sumó los
dos factores computables, esto es, el salario básico y la prima de antigüedad, y
luego les aplicó el 70%, contrariando lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto
4433 de 2004, cuyo entendimiento apunta a que la fórmula correcta para
consolidar esa prestación es: salario x 70% + 38.5% de la prima de antigüedad =
asignación de retiro. Por tanto, confirmó la decisión que en ese sentido fue
emitida en primera instancia.

5 Expediente digital, índice 20 archivo No. 1, 001. CuadernoPrincipal.pdf Folios 401-422 de la plataforma

SAMAI.

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En segundo lugar, ratificó que la asignación salarial mensual del demandante
corresponde a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%, de
acuerdo con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794
de 2000. Para ello, afirmó que las pruebas recopiladas evidenciaron que a 31 de
diciembre del año 2000 venía vinculado como soldado voluntario y, por tal motivo,
se adscribe a la condición señalada en ese dispositivo.

En tercer lugar, expresó que el subsidio familiar devengado por el accionante no
constituye partida computable para liquidar su asignación de retiro, pues así está
establecido en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004. Así las cosas, y como
quiera que en la citada sentencia de unificación se estableció que aquellos
soldados profesionales que causaron su derecho pensional con anterioridad al
mes de julio de 2014, no tenían derecho a la inclusión de ese factor en la base
de liquidación, se debe revocar la orden dada en la sentencia impugnada, pues
el demandante adquirió el status el 1.° de junio de 2011.

En cuarto lugar, aseguró que en el caso del accionante se debió aplicar la
prescripción trienal prevista en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004. Por tanto,
como la reclamación administrativa fue radicada el 25 de febrero de 2016 y la
demanda fue presentada el 1.° de agosto de ese mismo año, todas las diferencias
dinerarias causadas con anterioridad al 25 de febrero de 2013 están extintas.

Finalmente, consideró que la condena en costas no puede fundarse en un
régimen objetivo de responsabilidad, sino en uno de carácter subjetivo en el que
se analice la conducta asumida por la parte vencida. En consecuencia, y como
quiera que en la demandada no se observó temeridad o mala fe, revocó la
sanción impuesta.

2.2 De la Acción Especial de Revisión.6

2.2.1 La causal invocada. El señor Rodrigo Armando Virguez Vargas, a través
de apoderada, señaló que en este asunto se configuró la causal de revisión
contenida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por
su importancia aquí, se transcribe a continuación:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

6 Expediente digital, Índice 3, archivo 2 de la plataforma SAMAI.
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2.2.2 El fundamento del recurso.

Para la recurrente, el Tribunal Administrativo de Santander desconoció el
principio de congruencia que debe revestir toda providencia judicial y, de contera,
excedió los límites que tenía como juez de segunda instancia, vulnerando con
ese actuar el derecho al debido proceso de su cliente.

En ese contexto, señaló que esa Corporación carecía de competencia para
excluir el subsidio familiar de la base de liquidación de la asignación de retiro del
demandante, pues la entidad demandada no impugnó esa decisión. Solo planteó
reparos contra la correcta aplicación de la fórmula para la liquidación de la
asignación de retiro, la prescripción de derechos y la condena en costas y
agencias en derecho.

Al revisar los argumentos de la alzada no se observa ninguno que controvierta
las razones expuestas por el juez de primer grado para incluir el subsidio familiar
en la base de liquidación de la prestación en referencia.

2.2.3 Pretensiones. La recurrente solicitó revisar la sentencia de 16 de
diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en
consecuencia, se dicte una nueva sentencia que confirme que el aludido factor
salarial si debe hacer parte de la asignación de retiro del señor Rodrigo Virguez
Vargas.

2.2.4 Pronunciamiento de la contraparte. La Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares contestó el recurso extraordinario alegando, en esencia, que:

• La recurrente invocó la causal 5 del artículo 250 del CPACA -nulidad
originada en la sentencia-, sin especificar cual es la irregularidad que,
adscrita al artículo 133 del CGP, le enrostra a la providencia de segunda
instancia, por lo que el medio de impugnación es improcedente.

• Con el aludido recurso se pretende reabrir el debate procesal realizado en
el proceso ordinario, desconociendo que la finalidad de aquél no fue
concebida como una tercera instancia.

• En sentencia de 1.° de septiembre de 2020, la Sala Cuarta Especial de
Decisión (expediente No. 11001-03-15-000-2020-00266-00 - REV)
expresó que la causal 5 se configura siempre y cuando se acredite que la
sentencia se emitió:

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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

a) A pesar de que el proceso culminó anticipadamente por
perención, desistimiento o transacción.
b) Cuando el proceso se encontraba suspendido.
c) Sin la presencia de las mayorías requeridas para ello, en
tratándose de cuerpos judiciales colegiados.
d) Sin motivación y/o con infracción del principio de non reformatio
in pejus.
e) Sin jurisdicción o careciendo de competencia.

• Que revisada la sentencia impugnada no se advirtieron esas
irregularidades.

• Que el principio de non reformatio in pejus no es un derecho fundamental
absoluto, pues el juez tiene el deber de pronunciarse frente a toda
situación jurídica que se pretenda consolidar de manera ilegítima, aunque
no haya sido objeto de apelación.

• En el curso del proceso ordinario, el Consejo de Estado emitió la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, la cual solucionó la problemática de
inclusión del subsidio familiar en la base pensional de los soldados
profesionales cuyo derecho surgió con anterioridad al mes de julio de
2014. Por tal razón, el ad quem no vulneró el principio de congruencia,
pues se encontraba obligado a aplicar ese precedente judicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de revisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta
Corporación.

3.2 De la oportunidad para interponer el recurso.

De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral
5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».

En el presente asunto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 16 de
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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

diciembre de 2019 y quedó ejecutoriada el 16 de enero de 2020, tal y como lo
certificó la secretaría del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de San Gil.7 Por tanto, la Sala concluye que el escrito de revisión, radicado a
través de la ventanilla virtual de esta Corporación el 26 de enero de 2021,8 fue
presentado dentro de la oportunidad legal.

Lo anterior, en razón a que, con ocasión a la pandemia vivida en el año 2020, los
términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio
de esa anualidad,9 esto es, por espacio superior a tres (3) meses. En
consecuencia, la adición de ese tiempo al plazo inicial, permite confirmar que el
fenómeno extintivo no tuvo lugar.

3.3 Problema jurídico.

De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario, corresponde a la Sala
determinar sí ¿la sentencia de 16 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, desconoció el principio de congruencia que debe
irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el debido proceso del
demandante?

Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso
Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo
250 del CPACA; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales y;
iv) la finalidad del recurso de apelación y los límites del juez de segunda
instancia.

3.4 Normas y jurisprudencia aplicables.

3.4.1 La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.

El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

7 Expediente digital, índice 20 de la plataforma SAMAI, archivo denominado “004. CONSTANCIA DE
EJECUTORIA 6867933300120160017400.pdf”.
8 Ver índice 3 de la plataforma SAMAI, documento denominado
“5_110010325000202100028001DEMANDAPORVEN2021126144531”.
9 Decreto 564 de 2020 «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del

sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en
razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias ejecutoriadas
proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo
contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las
subsecciones y secciones de esta Corporación-.

En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de
situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso
ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio
de cosa juzgada.

En sentencia de 3 de marzo de 2020,10 la Sala Décima Especial de Revisión de
este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de
la
cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley».11

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en
cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces
Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es
considerado por la doctrina12 como un medio de impugnación con la virtud de
afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que
hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir
un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados

10 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra

Vélez.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes

Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
12 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE,

2016, Pág. 884.
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en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.13

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión
tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».14

Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate
propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias
de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv)
controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el
caso sometido a juicio.

De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre
una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente
entre los fundamentos y la causal alegada.15 En la sentencia que se viene
citando, esta Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad
interpretativa del juez16 o para corregir errores «in iudicando»17, sino que fue
consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron
13 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse

recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado
la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
14 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-

000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,

sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
16 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-

15- 000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
17 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los

errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación
indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…».
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indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el
caso de los documentos falsos o adulterados18-, o no pudieron ser tenidos en
cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho19-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –
como en el caso de la causal cuarta,20- o deben poder ser objeto de examen judicial
–como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación21-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de
ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es
dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas
o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida
ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el
ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».22

18 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
19 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
20 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de

la sentencia.
21 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.
22 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia
de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «…
no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate
probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales
señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia
López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de
controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes
adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del
proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo
de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
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3.4.2 El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

El numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.

En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las
enlistadas en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la
vulneración del derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.23
Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio no
se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de
otras circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como
contrarias a los mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a
infirmar la decisión judicial.24

A partir de esta última tesis se ha sostenido que:25

23 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV),
Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-
00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-
00(REV), actor: Panadería La Victoria S.A.
24 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta

Corporación: sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación
11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de
2019, Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney
Darío Lis Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación
11001-03-25-000-2014-00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
25 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por

esta Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
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«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual
que del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
admitiendo que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria
cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii)
transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que
no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que
no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y
(viii) desconoce el principio de congruencia26 bien sea por una condena extra, ultra
o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201827 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de
las causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración probatoria
y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para que, en sede
de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de ponderación,
razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada quebrantó la
legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface
la finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el
núcleo esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional28 y que se configuren en la sentencia».

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación

REV 2014-00440-00.
27 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i)

cuando se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en
que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del
Código General del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como
expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-
00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo
inhibitorio no justificado es causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.
28 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sala Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02369-00, demandante: Pedro José Vaca López.
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Corolario, se tiene que las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a
las sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas
estas últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y
gravedad las garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.

3.4.3 El principio de congruencia de las providencias judiciales.

En el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, amén
de ser motivada, debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y,
además, plasmar el análisis crítico frente a las pruebas legalmente recaudadas y
los razonamientos que determinan la adopción de las decisiones insertas en ella.
En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma que
la sentencia «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de
las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre
ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código […]».

A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
que demanda que la sentencia esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».

En otras palabras, se exige que esta providencia esté armónicamente ligada con
las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y
jurídicos, así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.

Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan lo
pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que no
fueron pedidas por él «extra petita».

Sobre el particular, en sentencia de unificación 150 de 2021, 29 la Corte
Constitucional expresó:

«[…] 90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la
sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso30, exige que

29 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
30 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y

en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
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la decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas
en la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido proceso que tienen
las partes involucradas en una litis, que opera como mandato general de protección
en los distintos procedimientos judiciales, por el cual se concibe que el juez solo
decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado pronunciarse sobre
asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales.

91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la
medida que impide determinadas decisiones[,] porque su justificación no surge del
proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o probó”31. Además,
se ha establecido que cuando existe falta de congruencia en una providencia
judicial, es posible alegar la configuración de un defecto procedimental que torne
procedente la acción de tutela […]».

Así mismo, esta Corporación32 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige
conexidad entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en
la respectiva contestación.

En oportunidad más reciente, la Sección Segunda, Subsección B de este Tribunal33
concluyó:

«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en
el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido
emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado
dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más
(ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como
pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión
[…]».

En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adopte en un momento determinado.

3.4.4 La finalidad del recurso de apelación y los límites del juez de segunda
instancia.

31 Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
32 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-
01(18580), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
33 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P.

Cesar Palomino Cortés.
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021)
Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso de
apelación tiene por objeto «[…] que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión».

Por esas razones, a renglón seguido, la norma establece que «[p]odrá interponer
el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia […]», lo que
presupone una especie de legitimación en la causa para esos fines.

En lo que toca a la oportunidad y requisitos para la formulación de la alzada, el
artículo 322 de esa misma obra procesal exige -indistintamente de si la
providencia apelada concierne a un auto o a una sentencia- que el recurrente
explique con suficiencia y claridad las razones y motivos de inconformidad frente
a la decisión que le es desfavorable. De no cumplir con ese requisito, el juez de
primera y/o de segunda instancia declarará desierta esa impugnación.

Finalmente, al resolver el recurso de apelación, el juez deberá ceñir su actuación
a los parámetros contenidos en el artículo 328 de ese código, en cuanto establece
que:

«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

Así entonces, del transcrito dispositivo se desprende que el fallador de segundo
grado atenderá, sin excepción, los siguientes lineamientos:

i) Solo se pronunciará frente a los reparos formulados por el impugnante,
excepto cuando, de conformidad con la ley, deba adoptar decisiones de
oficio -por ejemplo: la resolución de excepciones que, aunque no hayan
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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

sido invocadas, encuentre debidamente probadas o fundadas-, sin
perjuicio del principio de la “non reformatio in pejus”.34

ii) Solo cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia y/o una de
ellas haya adherido al recurso interpuesto por la otra, puede resolver la
alzada sin ningún tipo de limitaciones.

iii) En el trámite de apelación de autos, solo tiene competencia resolver el
recurso, condenar en costas y ordenar la expedición de copias de los
documentos del proceso.

iv) Al apelante único le debe respetar las situaciones y pretensiones
reconocidas en primera instancia -en tanto es la garantía que se
desprende del principio de la “non reformatio in pejus”-, a menos que, con
ocasión a la impugnación presentada por aquel deba modificar la
sentencia y, de contera, resulte necesario reformar puntos íntimamente
relacionados con esa actuación.

En cuanto al objeto del recurso de apelación, esta Subsección 35 se ha
pronunciado en los siguientes términos:

«[…] 2.2 Sobre el objeto del recurso de apelación.

Como una segunda cuestión previa, la Sala considera necesario efectuar algunas
consideraciones preliminares sobre la finalidad del recurso de apelación con el fin
de delimitar el asunto objeto de examen en el trámite de segunda instancia.

En efecto, el artículo 320 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:

Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
[Negrillas fuera de texto]

34 El artículo 282 del CGP prevé que «En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos

que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Cuando no se
proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada [...]».

Por su parte, el artículo 187 del CPACA establece que «La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus […]».
35Sentencia de 19 de marzo de 2020, expediente No. 52001-23-33-000-2015-00155-01 (3093-2016),

Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez.
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[…]

Para esta Subsección, un «reparo concreto» sobre «la cuestión decidida» hace
suponer que quien interpone el recurso de apelación efectué una valoración
sobre la sentencia que se impugna.

Sobre esta especial exigencia, esta corporación ha sostenido lo siguiente36:

En los términos de la norma trascrita [artículo 320 del CGP], la Sala
observa que el recurso de apelación presentado por la parte
demandante no formula algún reparo concreto frente a la
providencia de 17 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, ya que no discute el rechazo del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho por vencimiento
del término de caducidad, sino que sus argumentos se refieren a la
indebida escogencia del medio de control de la demanda y, por ende,
solicita la remisión del expediente a esta Corporación, quien a juicio
de la actora, es la competente para conocer de la demanda de simple
nulidad.

Esta Corporación ha señalado que es deber del recurrente señalar
los motivos de inconformidad respecto de la providencia
proferida en primera instancia, pues dichos cuestionamientos
serán objeto de análisis por el fallador de segunda instancia.
[Negrillas fuera de texto].

En la providencia referida, se citó otro pronunciamiento de esta Subsección en el
que se aborda un asunto similar37:

En efecto, la sustentación del recurso delimita el pronunciamiento de
la segunda instancia, tal y como lo dispone el art. 357 del C de P.C.,
actualmente 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del art. 267
del C.C.A. Es así como las razones aducidas por el recurrente en
la sustentación de la apelación demarcan la competencia
funcional del juez de segunda instancia. Por lo cual, si no existen
dichas razones o motivos de discrepancia con la sentencia
dictada, el recurso carece de objeto, máxime en el caso en estudio,
al apreciarse que los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación resultan incongruentes no solo frente a la sentencia
proferida por el A quo, sino también respecto de las pretensiones de
la demanda.
Sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad
frente a la decisión de primera instancia y la relación con el tema de
la litis, la Jurisprudencia ha advertido lo siguiente38:

36 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia del veinte (20) de

septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01126-01 (22532).
Actor: Carolina Sánchez González. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-25-000-2011-

00376-01(0529-15).
38Sobre la finalidad del recurso de apelación ver sentencias del H. Consejo de Estado Sección Cuarta de 18

de marzo de 2001, Rad. 13683, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y 25 de septiembre de 2006, Rad. 14968,
M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
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Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

“Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la
finalidad del recurso de apelación es que la providencia de
primer grado sea revisada por el superior jerárquico del
funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su
legalidad la confirme, revoque o modifique. De ahí la
necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La
sustentación es la oportunidad o el medio para que la
recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la
decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su
posición, como demandante o como demandada, en el
debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció
de manera adversa o simplemente no se pronunció. El
marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación
es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda
instancia.

Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene
la libertad de suponer otros motivos que a su juicio
debieron ser invocados en contra de la decisión. De
acuerdo con lo anterior, es evidente que el demandante no
controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la
decisión de primera instancia (…).”

En otra oportunidad, sobre la exigencia procesal de congruencia del
recurso de alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su
eficacia procesal, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

(…)

En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es
menester que la sustentación se efectúe de la forma
adecuada, es decir, que no solamente deben manifestarse
los aspectos que se consideran lesivos al derecho o interés
en discusión, sino además los motivos de inconformidad
en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en
suma determinará el objeto de análisis del ad quem y su
competencia frente al caso. Lo anterior demanda desde
luego un grado de congruencia inequívoco entre el fallo
recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación,
fuera de lo cual, se estaría desconociendo la finalidad y
objeto mismo de la segunda instancia.

(…)

En conclusión, ante la incongruencia de las razones que
arguyó el apoderado de la parte demandada dentro del
recurso, no puede menos la Sala que señalar que no
existe en el presente motivo alguno de inconformidad

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contra el fallo, lo que impone declarar incólume la
sentencia apelada.39”

Y sobre las finalidades y requisitos del recurso de alzada, el mismo
Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“La institución procesal de la impugnación es un instrumento
por medio del cual las partes solicitan al superior jerárquico
que realice un nuevo examen del acto procesal o de todo el
proceso, a fin de que se anule o revoque, total o
parcialmente, por contener vicios o errores. De acuerdo con
la norma en cita, a través del recurso de apelación, una de
las partes o ambas, solicitan al superior que examine la
decisión dictada en un proceso, expresando sus
inconformidades, con la finalidad de que éste analice la
decisión de primer grado, y de ser procedente, la modifique o
la revoque. El recurso de apelación es el medio o acción que
se concede a la persona agraviada o condenada por una
resolución judicial, para que acuda a otro tribunal superior,
sometiéndole el conocimiento de la cuestión resuelta; exige
que se expliquen las razones de inconformidad, para
establecer si las pruebas y el soporte jurídico han sido
correctamente estimados. Esta Sección ha precisado que “la
labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la
base de la decisión impugnada, el acierto o el error del a-quo
en el juicio realizado, circunscribiéndose a dicho aspecto la
competencia. En ese sentido, el apelante debe exponer los
argumentos soporte para modificar total o parcialmente
la decisión de primera instancia y que, a la vez, sirven de
marco para cumplir con la función, que no es oficiosa de
decidir la impugnación”40 (Subraya la Sala)

La Sección Tercera también se ha pronunciado de la misma forma41:

De lo anterior se desprende que, en la sustentación del recurso de
apelación, el recurrente debe presentar unos argumentos a través de
los cuales refute o controvierta la decisión proferida por el a quo,
ya que solamente sobre estos reparos tiene competencia el ad
quem para pronunciarse, exceptuando aquellas decisiones que el
juez deba adoptar de oficio, en virtud de lo establecido en la ley.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, en
reiterados pronunciamientos, que para que el juez de segunda
instancia pueda ejercer la facultad jurisdiccional que la ley le ha

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, providencia de 7 de

abril de 2011, Rad. 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).
40 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, providencia de 13 de

septiembre de 2012, Rad: 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343).
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sentencia

del trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 08001-23-33-004-2014-01623-
01(56086). Actor: Elsa Margarita Pineda Navarro y otra. Demandado: Transmetro S.A.S. y otros. Referencia:
Reparación directa.
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conferido se hace necesario confrontar la providencia impugnada
con los fundamentos de la apelación incoada en su contra:

“El recurso de apelación es un instrumento judicial, en este
caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con
argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente
y sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a
cabo la función revisora que comporta tramitar y decidir una
apelación.

“Esa función, que no es oficiosa, tiene que apoyarse en la
argumentación contenida en la sustentación del recurso de
apelación, que le debe servir al ad quem para soportar la
decisión de revocar o modificar la sentencia de primera
instancia según lo pretendido por el apelante”42.

Sumado a lo anterior y en el mismo sentido, esta Subsección ha
manifestado que:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior,
cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido
emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos
recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la
potestad del juez en este caso se encuentra limitada a
confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo
recurso y en el evento de que exceda las facultades que
posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia
funcional”43.

Así las cosas, debe verificarse si en el presente asunto el
recurrente presentó una real sustentación del recurso de
apelación […]».

Pues bien, conforme con lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.

3.5 Caso concreto.

Interrogante único: ¿la sentencia de 16 de diciembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, desconoció el principio de congruencia que
debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el debido proceso del
demandante?

42 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de noviembre de 2006, expediente 25000-23-27-

000-2007-00024-01(17272), Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo.
43 Sentencia del 26 de enero de 2011, radicado 1997 13804 (19865), actor: Marleny Bermúdez Aya y otros,

Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
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Desde ya, advierte la subsección que en la sentencia de marras el Tribunal
Administrativo de Santander desconoció el principio de congruencia y, junto con
él, el derecho al debido proceso de quien hoy recurre, pues excedió las
competencias con que contaba al momento de resolver la segunda instancia.

Lo anterior, por cuanto no existía similitud entre las decisiones adoptadas en la
sentencia de primer grado y los reproches y argumentos en que se fundó el
recurso de apelación, veamos:

En la sentencia dictada en la audiencia inicial celebrada el 19 de septiembre de
2018, el juzgado ordenó reajustar la asignación de retiro del señor Rodrigo
Virguez Vargas de acuerdo con los siguientes parámetros:

• Adoptar como asignación salarial mensual la regulada en el inciso
segundo del artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de 2000, esto es, un salario
mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

• Liquidar la respectiva mesada pensional con la fórmula salario mensual
x 70% + 38.5% de la prima de antigüedad, en tanto, según adujo, es el
correcto entendimiento que se desprende del artículo 16 del Decreto 4433
de 2004.

• Incluir en la base de liquidación de esa prestación social el subsidio familiar
recibido en servicio activo.

Por su parte, tal y como fue reseñado en un acápite anterior de esta providencia,
a través del recurso de apelación la entidad demandada reprochó:

• La fórmula de liquidación de la asignación de retiro adoptada en primera
instancia, para lo cual señaló que la aplicación correcta de esa operación
matemática corresponde a salario mensual + 38.5% de la prima de
antigüedad x 70%.

• La condena en costas y agencias en derecho fundada en un régimen de
responsabilidad objetiva, arguyendo, en esencia, que tal sanción debe
provenir de un juicio frente la conducta subjetiva asumida por la parte
vencida, en el que se verifique si actuó de mala fe, con temeridad y/o con
intención de dilatar el trámite procesal.

• La prescripción cuatrienal de los derechos del actor, siendo que el artículo
43 del Decreto 4433 de 2004 prevé una extinción trienal.
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Al resolver la alzada, el Tribunal Administrativo de Santander expresó:

«[…] IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

1. PARTE DEMANDADA

El apoderado judicial de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, interpuso
recurso de apelación argumentando que la asignación de retiro fue liquidada en
debida forma al accionante, añadiendo que en caso de asistirle derecho a éste, se
deberá declarar la prescripción trienal de los derechos. Asimismo se indica que no
es procedente la condena en costas (fls. 188-192).

[…]

VI. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

1. PROBLEMA JURÍDICO

Conforme a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, el problema
jurídico en esta instancia se contrae a determinar si están debidamente liquidados
los porcentajes de las partidas que conforman la asignación de retiro del señor
RODRIGO ARMANDO VIRGUEZ y si el demandante tiene derecho o no a que la
asignación básica mensual sea equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente aumentado en un 60% así como la inclusión de la partida de subsidio
familiar como partida computable para la liquidación de su asignación de retiro.

«[…] 2.1 RELIQUIDACIÓN ASIGNACIÓN DE RETIRO

[…]

Así las cosas, teniendo en cuenta el artículo señalado, la jurisprudencia citada y
los documentos que obran dentro del expediente, considera la Sala que es
necesario declarar la nulidad de los actos administrativos demandados que
negaron el reajuste de la asignación de retiro, atendiendo a que se aplicó de forma
equivocada el contenido del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.

En virtud de lo expuesto, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia, en
cuando a que la reliquidación de la asignación de retiro debe hacerse teniendo en
cuenta el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, es decir, que esta corresponde al
70% del salario básico, adicionado con un 38.5% de la prima de antigüedad.

2.2 INCREMENTO DEL S.M.M.L.V DEL 40% AL 60% EN LA ASIGNACIÓN DE
RETIRO.

[…]

Conforme lo expuesto, se observa que el demandante tiene derecho a percibir una
asignación de retiro equivalente al salario mínimo mensual vigente incrementado
en un 60%, al encontrarse vinculado como soldado voluntario de acuerdo a la Ley
131 de 1985, es decir con anterioridad al 31 de diciembre del 2000. En
consecuencia, debía efectuarse el reajuste y pago de la asignación de retiro del
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señor RODRIGO ARMANDO VIRGUEZ, conforme lo expuesto en el inciso
segundo del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000.

2.3 INCLUSIÓN DE LA PARTIDA DE SUBSIDIO FAMILIAR

[…]

Así las cosas, frente al caso concreto se tiene que el señor RODRIGO ARMANDO
VIRGUEZ causó su derecho a la asignación de retiro el día 1 de junio de 2011 tal
y como se observa en la Resolución No. 2167 del 27 de abril de 2011 (fis. 10-11).
En consecuencia, de acuerdo con la normatividad aplicable al demandante y la
sentencia de unificación proferida por el H. Consejo de Estado el 25 de abril de
2019, para la Sala es claro que el subsidio familiar no es partida computable para
su asignación de retiro, razón por la cual, se revocará el numeral PRIMERO, y se
MODIFICARÁ el numeral tercero de la sentencia apelada, esto en cuanto al
reconocimiento de la partida de subsidio familiar».

Pues bien, se advierte que el Tribunal Administrativo de Santander abordó,
examinó y emitió pronunciamiento en torno a los reparos concretos formulados
en el recurso de apelación, esto es: a) frente a la aplicación correcta de la fórmula
de liquidación de la asignación de retiro; b) la condena en costas bajo el criterio
objetivo y no subjetivo de responsabilidad y; c) la prescripción cuatrienal de los
derechos reclamados.

Sin embargo, observa la Sala que el ad quem se extendió sobre decisiones que
no fueron objeto de censura y contradicción, tales como la adopción del salario
definido en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de 2000 y la
inclusión en la base pensional del subsidio familiar devengado por el
demandante.

Con esta última actuación, el tribunal desconoció que como juez de segunda
instancia estaba limitado a examinar y decidir únicamente las inconformidades
planteadas en la alzada, pues en este trámite solo debe confrontar la decisión
impugnada con las censuras y argumentos invocados en su contra. No en vano
el artículo 320 del Código General del Proceso establece que:

«[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión […]». (El énfasis
es nuestro)

Restricción que el artículo 328 reitera en los siguientes términos:

«El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»:
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En consecuencia, el ad quem no estaba autorizado para adicionar reproches que,
a su juicio, debieron ser invocados por la demandada en contra de la sentencia
de primera instancia, pues con ello desconoció el objeto y la finalidad de la
segunda instancia.

Ahora bien, frente al argumento relacionado con la improcedencia de este
recurso por el no señalamiento de ninguna de las causales de nulidad previstas
en el artículo 133 del CGP, la Sala responde que, al sustentar este mecanismo,
se invocó la infracción del principio de congruencia y el desconocimiento de los
límites por parte del juez de segunda instancia, situaciones que comportan la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso y que por tanto habilitan
el empleo de este medio de impugnación.

Así mismo, y en cuanto a que el principio de non reformatio in pejus no es un
derecho fundamental absoluto, porque el juez se encuentra autorizado para
pronunciarse sobre toda situación jurídica irregular que detecte, se dirá que en el
presente asunto no se desconoció este principio pues: i) la entidad demandada
actuó como apelante único y; ii) la decisión adoptada en segunda instancia no
hizo más gravosa su situación frente a la condena impuesta en la sentencia de
primer grado.

Finalmente, no pasa por alto la Sala la sentencia de unificación emitida por la
Sala Plena de esta Sección,44 en la que se resolvió lo atinente a la inclusión del
subsidio familiar en la base de liquidación de la asignación de retiro, ni mucho
menos se olvida que sus reglas unificadoras se constituyen como «precedente
obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda
vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retroactivos, en
atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia». (El énfasis es
nuestro)

Sin embargo, se reitera que los límites del juez de segunda instancia los demarca
el escrito de impugnación, de modo tal que a la luz de las disposiciones
procesales solo puede pronunciarse frente a los reparos concretos realizados por
el apelante.

En este sentido, y en atención a que la inclusión del subsidio familiar en la base
de la asignación de retiro del señor Rodrigo Armando Virguez Vargas no fue
discutida ni reprochada por la entidad demandada, es dable pregonar su

44 Sentencia de 25 de abril de 2019, expediente No. 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-

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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021)
Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

conformidad con ese apartado decisorio, por lo que no puede considerarse que
ese asunto se encontraba «en discusión tanto en vía administrativa como
judicial».

Así las cosas, y como quiera entre las partes no existía discusión en torno a la
inclusión del aludido elemento salarial, se concluye que las reglas de unificación
jurisprudencial no eran aplicables para desatar la segunda instancia, por lo que
la obligatoriedad ínsita a este tipo de providencias no se activó en este asunto.

Corolario, para la Sala se encuentra fundada la causal prevista en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011 -invocada por la recurrente-, por lo que
declarará la nulidad de la sentencia impugnada. En línea con ello, se ordenará
al Tribunal Administrativo de Santander proferir una nueva decisión que se ajuste
a los parámetros aquí señalados, para lo cual le dará prelación a este asunto
sobre el resto de procesos que se encuentren al despacho para fallo.

3.6. Condena en costas.

El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente».

Por consiguiente, y en razón a que la decisión que aquí se adoptará no guarda
relación con esa condición, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
agencias en derecho al reclamante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR fundado el Recurso Extraordinario de Revisión
formulado por el señor Rodrigo Armando Virguez Vargas en contra de la
sentencia de segunda instancia proferida el 16 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68 679 33 33 001 2016 00174 01, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. ANULAR la providencia impugnada. En consecuencia, el Tribunal
Administrativo de Santander emitirá una nueva decisión que se ajuste a los
lineamientos señalados en esta sentencia.
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29

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021)
Demandante: Rodrigo Armando Virguez Vargas

TERCERO. El Tribunal Administrativo de Santander dará prelación a este asunto
sobre los demás que estén en turno para fallo.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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