Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05074-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05074-00
Accionante: RAMIRO LEYTON RODRÍGUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 20 de agosto de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Ramiro Leyton Rodríguez, actuando por medio de apoderada
judicial, interpuso acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende que se le
protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
2. La anterior transgresión se la adjudica a la sentencia del 29 de
noviembre de 2024, proferida por la autoridad judicial accionada en el trámite
del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-25-000-2021-
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso la
vinculación de: (i) el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Arauca; (ii) el
Tribunal Administrativo de Arauca; (iii) la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares — CREMIL; (iv)
al Ejército Nacional y, (v) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos
del artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Ramiro Leyton Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05074-00
00029-00. Mediante dicha providencia, se declaró infundado el recurso
formulado contra el fallo del 13 de diciembre de 2019 dictado por el Tribunal
Administrativo de Arauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 81001-33-33-751-2015-00051-00/01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están
siendo vulnerados por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, al proferir la providencia de fecha 29 de noviembre de 2024
mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Ramiro Leyton Rodriguez.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se deje sin efecto la providencia de fecha 29 de noviembre de
2024 proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado.
3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 29 de noviembre de
2024, se ordene al Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado
a que profiera nueva decisión en la que se declare fundado el recurso
extraordinario de revisión que se presentó contra la sentencia del 13 de
diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Arauca 3.
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El señor Ramiro Leyton Rodríguez interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (en adelante CREMIL). Pretendió la nulidad de los oficios 10179 del 20
de febrero de 2015 y 16426 del 16 de marzo del mismo año, por medio de los
cuales la entidad demandada negó el reajuste de la asignación de retiro a favor
del demandante4.
6. El medio de control se le asignó el número de radicado 81001-33-33-751-
2015-00051-00 y le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Arauca, quien, en la audiencia inicial del 13 de marzo de 2018,
profirió fallo oral5, en el cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda6.
3 Transcripción literal del escrito de tutela.
4 En particular, el reajuste solicitado se fundamentó en: (i) la doble afectación de la prima de
antigüedad; (ii) el incremento del 20% en la partida de sueldo básico y, (iii) la inclusión del
subsidio familiar.
5 Prescindió de la audiencia de pruebas al determinar que el asunto era de puro derecho, por
ende, después de que las partes alegaran de conclusión, profirió el fallo en la audiencia inicial.
6 Ordenó la reliquidación de la asignación de retiro del demandante, con la inclusión de la
partida de subsidio familiar y con el debido ajuste respecto de la prima de antigüedad. No
obstante, negó la pretensión relativa al incremento del 20% del sueldo básico.
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7. Inconformes, tanto la parte demandante7 como la demandada8 apelaron
la decisión. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Arauca, a través
de la sentencia del 13 de diciembre de 2019, revocó parcialmente la providencia
del juzgado para: (i) acceder a la pretensión de incrementar el 20% del sueldo
básico; (ii) confirmó lo decidido respecto de la prima de antigüedad y, (iii) revocó
la orden de inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro.
8. Insatisfecho con la sentencia, el señor Ramiro Leyton Rodríguez
promovió el recurso extraordinario de revisión en virtud de la causal 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Esto, al estimar que el tribunal referido no
debió de estudiar la pretensión de inclusión del subsidio familiar en su
asignación de retiro, dado que no fue objeto de pronunciamiento en las
apelaciones presentadas contra el fallo de primera instancia.
9. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de la sentencia del 29 de noviembre de 2024, declaró infundado el
recurso interpuesto por la parte actora. Esto, al concluir que el tribunal estaba
facultado para pronunciarse respecto de todas las pretensiones de la demanda
ya que la «CREMIL en su recurso de apelación precisó que la liquidación de la
asignación de retiro del demandante tenía que respetar el contenido del artículo
16 del Decreto 4433 de 2004, incluyendo únicamente el salario básico y la
prima de antigüedad como partidas computables, entendiendo con esto que
debía excluirse cualquier otra partida, entre ellas, el subsidio familiar».
1.3. Sustento de la vulneración
10. El accionante afirmó que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, al proferir la providencia del 29 de noviembre de 2024,
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, a saber:
• Defecto fáctico: indicó que se valoró inadecuadamente el recurso de
apelación interpuesto por CREMIL en contra del fallo de primera
instancia, debido a que la entidad mencionada no desarrolló ningún
argumento tendiente a que se revocara la orden de inclusión del
subsidio familiar en su asignación de retiro.
• Defecto sustantivo: adujo que se desconoció el objeto del recurso de
apelación y la delimitación de la competencia del juez de segunda
instancia, de conformidad con los artículos 3209 y 32810 del Código
7 Reiteró la pretensión de que se le reconociese el incremento del 20% en el sueldo básico.
8 Solicitó que se negaran todas las pretensiones, pero se centró en afirmar que la liquidación
inicial de la prima de antigüedad, se realizó correctamente.
9 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. […] (énfasis
del actor)
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General del Proceso. En ese orden, sostuvo que había operado la cosa
juzgada respecto de la pretensión de la inclusión del subsidio familiar a
su asignación de retiro, porque no fue apelada.
• Defecto por desconocimiento del precedente judicial: manifestó que se
ignoró diferentes providencias11, en casos fácticamente similares al
suyo, mediante las cuales, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró fundado un recurso extraordinario de
revisión al concluir que la competencia del juez de segunda instancia
debe estar limitada a los argumentos expuestos por el apelante.
1.4. Intervenciones
11. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Solicitó que se
negara el amparo pretendido, debido a que no hubo vulneración alguna de los
derechos fundamentales del actor. En particular, estimó que el accionante
pretende convertir la tutela en una tercera instancia, ya que los argumentos
traídos en esta ocasión son una reiteración de los presentados en el trámite del
recurso extraordinario de revisión.
12. Tribunal Administrativo de Arauca. Pidió que: (i) se declare la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia o, en su defecto, que se
niegue la solicitud de amparo y (ii) la desvinculación del presente trámite
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
13. CREMIL. Consideró que la presente acción de tutela se tornaba
improcedente, dado que el accionante busca que se acceda a las pretensiones
que ya fueron debatidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y en el recurso extraordinario de revisión.
II. CONSIDERACIONES
14. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional
presentada por el señor Ramiro Leyton Rodríguez. En tal sentido, se
demostrará que en el asunto no se supera el requisito general de la relevancia
constitucional.
10 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 26 de octubre de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 11001-03-25-000-2021-00757-00 (4280-2021); Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021); Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00482-00 (2318-2021); y, Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021).
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2.1. Caso Concreto
2.1.1 La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
15. El Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales14 y a la configuración de algún
defecto especial15 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto,
previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
16. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
17. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.
18. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
19. La Sala advierte que el señor Ramiro Leyton Rodríguez está legitimado
en la causa por activa, porque integra la parte demandada dentro del recurso
extraordinario de revisión en el que se dictó la providencia que se reprocha
mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva
por haber proferido la decisión controvertida dentro del trámite objeto de la litis.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de
2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
14 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez;
(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
15 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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20. Por último, el Tribunal Administrativo de Arauca solicitó la desvinculación
del presente trámite constitucional al considerar que no ha vulnerado ninguna
garantía fundamental de la parte actora. La Sección negará dicha petición,
debido a que la autoridad judicial referida no fue vinculada a la acción de tutela
en calidad de accionada, sino como tercero con interés. Ello, al haber conocido
en segunda instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 81001-33-33-751-2015-00051-00/01.
21. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional16, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que
el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que
el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión
judicial; y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no
se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
22. En este caso, a juicio de la parte tutelante, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial. En particular, indicó que: (i) se valoró indebidamente el
recurso de apelación contra el fallo del 13 de marzo de 2018, presentado por
CREMIL, dado que en ningún momento la entidad reprochó la inclusión del
subsidio familiar en su asignación de retiro; (ii) inaplicó los artículos 320 17 y
32818 del Código General del Proceso; e, (iii) ignoró diferentes providencias19 de
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se
declararon fundados los recursos extraordinarios de revisión, en casos similares
al suyo.
23. La Sala considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de la
relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora pretende reabrir un
debate jurídico ya zanjado, sin que medie una argumentación encaminada a
16 Sentencia SU-215 de 2022.
17 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. […] (énfasis
del actor)
18 ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 26 de octubre de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 11001-03-25-000-2021-00757-00 (4280-2021); Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021); Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00482-00 (2318-2021); y, Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021).
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Accionante: Ramiro Leyton Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B
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evidenciar la presunta transgresión de sus garantías constitucionales que
justifique la intromisión del juez de tutela.
24. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con
el presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito
inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius
fundamental.
25. Así las cosas, para la colegiatura resulta evidente que los reproches de la
accionante reflejan una mera inconformidad con el criterio adoptado por el juez
del recurso extraordinario de revisión, por estimar que el Tribunal Administrativo
de Arauca sí tenía competencia para estudiar todas las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, al concluir que
CREMIL, en su recurso de apelación contra el fallo del juzgado, cuestionó el
reconocimiento de cualquiera de las partidas que reclamó el demandante.
26. En ese orden, se observa que el actor pretende convertir este trámite
constitucional en una instancia adicional, dado que los argumentos traídos a
esta sede son una reiteración de los presentados en el recurso extraordinario
de revisión, los cuales, fueron debidamente estudiados por la autoridad judicial
accionada.
27. Ahora bien, respecto del defecto por desconocimiento del precedente
judicial la parte actora trajo a colación una serie de providencias20 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, a su juicio,
fueron desestimadas por la accionada. Se recalca que, para la configuración del
cargo formulado uno de los presupuestos es que las decisiones hayan sido
proferidas por la misma conformación de sala en todos los casos21, no obstante,
se evidencia que la sentencia del 29 de noviembre de 2024 (fallo aquí
controvertido) fue dictada por una Subsección diferente. Igualmente, se
recuerda que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
está obligada a acoger las consideraciones plasmadas por la otra sala de
decisión, aunado a que, se observa que referida sección de esta corporación no
tiene una postura unificada al respecto, en ese sentido, no se cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 26 de octubre de 2023,
M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 11001-03-25-000-2021-00757-00 (4280-2021); Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00028-00 (0039-2021); Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00482-00 (2318-2021); y, Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2024, M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves, Rad. 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021).
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de abril de 2025, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2025-01617-00.
7
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28. Por último, es relevante indicar que, cuando se cuestiona una
providencia de un órgano de cierre como la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la procedencia es aún más excepcional y
debe ser más restrictivo su análisis. Por lo tanto, se requiere una carga
argumentativa mayor por parte del accionante.
2.2. Conclusión
29. Por lo anterior, esta Sección concluye que, en el caso concreto, no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, se
declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Ramiro Leyton Rodríguez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
interpuesta por el señor Ramiro Leyton Rodríguez.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal
Administrativo de Arauca.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
8
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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