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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00757-00

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00757-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA se presentó contra la sentencia del 9 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Tercera de Oralidad, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. Se declara la NULIDAD de la sentencia y se INFIRMA la misma. En consecuencia, se devolverá el expediente al Tribunal para que profiera de nuevo la sentencia con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Una vez en firme esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00757-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de octubre de 2023

Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)
Demandante: Abelardo de Jesús Gutiérrez Galeano
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Tema: Causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. DECLARA FUNDADO

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Abelardo de Jesús Gutiérrez Galeano contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 9 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia-
Sala Tercera de Oralidad mediante la cual se revocaron los numerales 3 y 6 la
sentencia de primera instancia.

Se solicita en el recurso que se ordene la nulidad de la sentencia proferida en
segunda instancia.

Los hechos que fundamentan el recurso son los siguientes:

Que, mediante sentencia del 30 de junio de 2017, el Juzgado 9 Administrativo
de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando la
reliquidación de la asignación de retiro del demandante con la correcta
liquidación de la prima de antigüedad, el reajuste del 20% en el sueldo básico y
la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro.

Que, la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión,
limitando sus reparos sobre la pretensión de la correcta aplicación del artículo
16 del Decreto 4433 de 2004, pues consideró que la asignación de retiro se
debía era en el 70% del sueldo básico incrementado en un 38,5%; también apeló
lo referente a la condena en costas y la prescripción de los derechos.

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

Que, el Tribunal administrativo de Antioquia mediante sentencia proferida el 9
de noviembre de 2020, revocó la decisión de primera instancia respecto al
subsidio familiar y negó dicha inclusión.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Tercera de Oralidad, mediante
sentencia del 9 de noviembre de 2020, revocó la Sentencia del 30 de junio de
2017, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Medellín,
y, en su lugar, declaró probada la excepción de “carencia de fundamento jurídico
para solicitar la inclusión del subsidio familiar” como partida computable en la
reliquidación de la asignación de retiro y en consecuencia, revocó los numerales
3 y 6 de la sentencia de primera instancia, en atención a los siguientes
fundamentos jurídicos:

Que, confirmaría la sentencia de primera instancia toda vez que, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, aplicó de manera correcta la
interpretación que debe dársele al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 para la
liquidación de la asignación de retiro del demandante, salvo en los relativo a la
inclusión del subsidio familiar como partida computable.

Que, no opera la prescripción del derecho reclamado pues tanto la reclamación
como la demanda se hicieron en tiempo oportuno y, por último, encontró que
era viable la condena en costas ordenada en primera instancia.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La parte demandante, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 248
del CPACA presentó recurso extraordinario de revisión por considerar que se
configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA teniendo en cuenta que
existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.

Que, el Tribunal desconoció el principio de congruencia y excedió los limites de
competencia al proferir la sentencia de segunda instancia pronunciándose y
cambiando la decisión frente a la pretensión del reconocimiento del subsidio
familiar en la asignación de retiro del demandante cuando la parte apelante no
formuló reparo alguno frente a este punto en el recurso interpuesto.

Que la entidad en el recurso de apelación centró su inconformismo con el fallo
de primera instancia en lo relativo a la pretensión de la prima de antigüedad, a
la condena en costas y advirtió que de acceder a las pretensiones de la
demanda se debía declarar la prescripción conforme a los términos del artículo
43 del Decreto 4433 de 2004.

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

Que, nunca estuvo inconforme con la inclusión del subsidio familiar en la
asignación de retiro del demandante y el reajuste del 20% en la misma, por lo
que el superior tiene vedado cualquier pronunciamiento frente a los puntos que
no fueron planteados en el recurso.

Contestación al recurso extraordinario

La parte demandada no presentó el escrito de contestación.

Concepto del Ministerio Público

El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Debe resolver la Subsección si se configura la causal de revisión alegada, esto
es, si se encuentra configurada la nulidad de la sentencia de segunda instancia
generada a partir de la supuesta incongruencia entre lo apelado y lo decidido en
la sentencia que puso fin al proceso.

Para el efecto, la Sala hará referencia a las: i) Generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; y,
finalmente, iii) Se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de los
artículos 248 y 250 del CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos»

El recurso tiene por finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada1 y de conformidad con las causales que establece el
250 del CPACA busca el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo

de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala.
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

fueron permeadas por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo
y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades
originadas al tiempo de proferir la sentencia.

Si bien el recurso extraordinario constituye un medio impugnativo que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea
un mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del
litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación el recurso extraordinario de revisión procede por especiales
circunstancias consagradas taxativamente en la ley2.

Causal de revisión invocada

El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación». De acuerdo con ello, sobre los
presupuestos para que resulte procedente la causal en mención, debe existir una
sentencia que ponga fin al proceso, entendiendo por estas las ejecutoriadas, bien
sea que resuelvan o no el litigio de fondo.

Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de apelación, pues de
ser así este sería el medio idóneo para poner de presente cualquier vicio en que
hubiera incurrido la providencia.

Asimismo, es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del
recurso extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento
procesal en que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una
situación ocurrida con anterioridad que no fue oportunamente alegada, la regla
general sería su saneamiento. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
ha aceptado como nulidad originada en la sentencia la que, a pesar de
presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, quien en todo caso tiene la carga procesal de demostrar esta
circunstancia3.

2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de octubre de 1.993.

Expediente Rev 040.
3 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

En lo que respecta al requisito que constituye la esencia del numeral 5 del artículo
250 del CPACA que es que se configure una causal de nulidad, se precisa que si
bien, por regla general los motivos de nulidad que afectan la sentencia están
consagrados en el artículo 133 del Código General del Proceso (8 causales), la
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha encargado de llenar dicha causal de
contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban
alrededor de la misma.

La Sala Plena del Consejo de Estado, en diferentes providencias, entre ellas,
sentencia de 31 de mayo de 2011, en el expediente con radicado número: 11001-
03-15-000-2008-00294-004 ha identificado otros eventos en los que se presenta
la nulidad en la sentencia, a saber:

« En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando,
sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la
oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en
la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación »

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado que la vulneración del derecho al
debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el numeral 5
antes mencionado, al indicar que:

“(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si
el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento” 5

Se ha reconocido que la violación del principio de congruencia tiene la ptencialidad
de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso.

Administrativo el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-
2018-01235-00) y el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-
15-000-2012-00643-00).
4 Al respecto pueden consultarse además las siguientes decisiones dictadas por esta Corporación:

sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01; sentencia del 7 de octubre
de 2019, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-01(52615).
5 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante:

Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

Veamos:

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado
por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que
la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del
debate (citra petita)”6

De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo
133 citado, existen otros supuestos desarrollados jurisprudencialmente que
comportan una anomalía respecto de la sentencia y que podría desvirtuar sus
efectos de cosa juzgada.

Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales
y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión, esto es, por un lado, permitir que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que, sin
ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido7.

Principio de congruencia

Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIA. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", CP: Cesar
Palomino Cortes, 7 de septiembre de 2018. César Palomino Cortes. Radicación número: 11001-03-25-000-
2014-00440-00(1452-14)
7 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-
00, demandante: Pedro José Vaca López.

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]».

Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero
de 20188, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita9, como regla general.

Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está
en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva
de la providencia10. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.

Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:

«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]».11

Caso concreto.

Frente al asunto que hoy nos ocupa, se hace necesario analizar cada una de
las decisiones y las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso ordinario.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-

2013-00911-01.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7

de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de
2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se
respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se
reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la
pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite
el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre

de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia

de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).

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La sentencia de primera instancia se refirió a lo que tenía derecho el
demandante:

“El Despacho con base en lo anteriormente expuesto, encuentra fundados
los argumentos esgrimidos en la demanda y accederá a las súplicas de la
misma. Declarando la nulidad del acto administrativo demandado y a título
de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad accionada que le
reliquide al actor su asignación de retiro, así:

1. Aplicar correctamente al actor lo normado bajo el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, en consecuencia para liquidar la asignación de retiro
se debe tomar el 70% del salario básico y adicionarle el 38,5% de la prima
de antigüedad que percibía el actor al momento del retiro, e indexando las
sumas respectivas conforme al Índice de Precios al Consumidor, en
aplicación del artículo 187 del CPACA.

2. Reliquidar la asignación salarial mensual del señor Carlos Arturo
Chaverra Giraldo, con base en un salario mínimo mensual vigente
incrementado en un 60%, e indexando las sumas respectivas conforme al
Índice de Precios al Consumidor (IPC), en aplicación del artículo 187 del
CPACA.

3. Reliquidar al actor su asignación de retiro, incluyendo la partida del
subsidio familiar, e indexando las sumas respectivas conforme al Índice de
Precios al Consumidor (IPC), en aplicación del artículo 187 del CPACA.”

En el recurso de apelación la demandada, argumentó de la siguiente manera:

“DECLARACIONES

Que con base en las razones jurídicas que a continuación se exponen
solicito se REVOQUE la sentencia de primera instancia, proferida dentro del
proceso de la referencia, en el cual se ordenó condenar a la CREMIL.

Corolario a lo anterior, revocar el numeral correspondiente a la providencia
referente a la Condena en Costas y agencias en derecho.

RAZONES DE LA INCONFORMIDAD

EN CUANTO A LA LIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO

(PRIMA DE ANTIGÜEDAD)

Indica el artículo 16 del decreto 4433 de 2004:

(..) se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al
setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral

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13.21, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%)
de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de
retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios minimos (sic)
legales mensuales vigentes*.

Frente a este aspecto, esta defensa, encuentra suficientemente clara la
norma que indica que el soldado profesional tiene derecho a que se le pague
asignación mensual de Retiro, asi: (sic)

Salario Básico = SMLMV (100%) + (Incremento en un 40%) = 140%

Prima de Antigüedad = 38.5 %

Asignación de retiro:

70% = (Sueldo Básico + 38.50% de Prima de Antigüedad)

Por consiguiente, siguiendo la uniformidad y secuencia de la norma debe
reconocerse la asignación de retiro equivalente al setenta por ciento (70%)
de: salario básico incrementado en el 38.5% de la prima de antigüedad, tal
como ha estado aplicando esta entidad.

(…)

COSTAS PROCESALES Y AGENCIAS EN DERECHO

(…)

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO (…)”

Por su parte, el tribunal en la sentencia de segunda instancia decidió:

“IV. Teoría del caso de la parte que interpuso el recurso

10. La entidad demandada a través de su apoderada plantea lo siguiente:

10.1. Se encuentra suficientemente clara la norma, por lo tanto, siguiendo la
uniformidad y secuencia de la misma, debe reconocerse la asignación de
retiro equivalente al 70% de salario básico incrementado en el 38.5% de la
prima de antigüedad, tal como se ha venido aplicando.

10.2. De conformidad con el art. 188 del CPACA y 365 del CGP. solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.

10.3. De no acogerse los planteamientos de la demandada, hay lugar a la
prescripción de mesadas según el art. 43 del Decreto 4433 de 2004.

(…)

III. Problemas jurídicos

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III.I. Determinar la interpretación que debe dársele al art. 16 del Decreto
4433 de 2004 para la liquidación de la asignación de retiro del demandante
incluyendo como partida computable el subsidio familiar y en ese sentido
precisar si el fallo de primera instancia debe revocarse o confirmarse.

III.II. Determinar si en este caso hay o no lugar a la prescripción de las
mesadas conforme al art. 43 del Decreto 4433 de 2004.

III.III. Establecer si hay lugar o no a la condena en costas de primera
instancia.

(…)”

Revisado lo anterior, es importante precisar que, la sentencia de primera
instancia, reconoció 3 puntos importantes, a saber:

• Que se tenga en cuenta para liquidar la asignación de retiro del
demandante, el 70% del salario básico adicionándose el 38,5% de la
prima de antigüedad.
• Que se le reliquide la asignación salarial mensual con base en un SMMV
incrementado en un 60%, e indexando las sumas respectivas conforme
al IPC.
• Que se le reliquide su asignación de retiro, incluyendo la partida del
subsidio familiar.

Si se revisa el recurso, es claro que la demandada únicamente planteó
inconformidad frente al segundo punto, el cual se refiere al incremento del 60%,
indicando que la asignación de retiro del actor solo se debe aumentar en un
40%, sin expresar ninguna otra razón en contra de los demás reconocimientos,
específicamente del subsidio familiar. No se indicaron los yerros en que pudo
haber incurrido el a quo al reconocer la inclusión del mismo, ni los fundamentos
para la procedencia de una decisión en sentido contrario en cuanto a un asunto
que no fuera el ya planteado.

Si bien al momento de determinar los puntos de inconformidad planteados por
la parte que presentó el recurso, acertó el Tribunal en indicar cuales eran, fue
después, cuando delimitó los problemas jurídicos que resolvería, cuando
erradamente, incluyó el punto del subsidio familiar como si hubiese sido apelado
y fue así como lo revocó para en su lugar negarlo.

Con base en lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que la decisión que
puso fin al proceso presentó la incongruencia alegada por el hoy recurrente en
revisión, ya que, el Tribunal no tenía competencia para decidir el punto relativo
al subsidio familiar, sino que se debió circunscribir solo a los puntos de la
apelación.

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

Sobre la competencia del superior los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso expresan:

“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.
(…).”

“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.

(…).”

De conformidad con la normativa transcrita, se concluye que la competencia se
encuentra supeditada a los argumentos del apelante en contra de la decisión de
primera instancia, por lo que los aspectos diversos a los planteados por el
recurrente se excluyen. La delimitación de la competencia del Juez de Segunda
Instancia la constituyen las referencias conceptuales que se plantean en contra
de la decisión adoptada por el a quo, los demás aspectos diferentes a los
planteados por el recurrente, no se tendrán en cuenta en el debate.

En consecuencia, la Sala de Subsección estima que la alegada incongruencia y
la nulidad se presentaron dentro del presente asunto y, por tanto, se configura la
causal invocada, teniéndose que declarar fundado el recurso e infirmar la
sentencia.

De la condena en costas del recurso

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Sección A del Consejo de
Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su
reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se
causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre
y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no

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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00757 00 (4280-2021)

carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta
una carencia de fundamentación que dé lugar a la condena en costas. Contrario
a ello, ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena
en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud
de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA se presentó contra la sentencia del 9
de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Tercera
de Oralidad, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. Se declara la NULIDAD de la sentencia y se INFIRMA la misma. En
consecuencia, se devolverá el expediente al Tribunal para que profiera de nuevo
la sentencia con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Una vez en firme esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes
en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso
extraordinario de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

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