Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06086-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06086-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06086-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Yohinis Alexander López Montalvo
Parte accionada: Consejo de Estado –Sección Segunda – Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06086-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El accionante presentó recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia de segunda instancia de 17 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que revocó parcialmente la decisión de
23 de marzo de 2018 adoptada por el Juzgado Quinto Administrativo de
Sincelejo en el sentido de que el emolumento denominado subsidio familiar
no podía ser computable en su asignación de retiro.
1.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante decisión de 6 de febrero de 2025, declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión, al considerar que “[…] el Tribunal
Administrativo de Sucre tenía competencia para pronunciarse frente a la
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inclusión del subsidio familiar como partida computable en la asignación
de retiro […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico
al haber valorado inadecuadamente las pruebas documentales decretadas y
aportadas que acreditaban que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL) no desarrolló en el recurso de apelación ningún argumento
tendiente a la exclusión o revocatoria de la pretensión de inclusión del subsidio
familiar en la asignación de retiro del accionante concedida en el fallo de
primera instancia, por lo que su competencia estaba limitada.
Aseguró que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) en el recurso
de apelación limitó su alcance de forma expresa y exclusiva a la pretensión
relacionada con la prima de antigüedad y no a su totalidad.
Indicó que se incurrió en un defecto sustantivo porque la autoridad accionada
desconoció injustificadamente el marco normativo contemplado “[…] en los
artículos 320 y 328 del Código General del Proceso […]” que regula el recurso
de apelación y su trámite.
Aseveró que se incurrió en desconocimiento del precedente contenido en las
sentencias del Consejo de Estado “[…] Rad. 11001 03 25 000 2021 00757 00
(Ni. 4280-2021), Rad. 11001 03 25 000 2021 00028 00 (Ni. 0039-2021), Rad.
11001 03 25 000 2021 00482 00 (Ni. 2318-2021), 11001 03 25 000 2021 00176
00 (Ni. 1005-2021) […]”, en las que se resolvieron declarar fundados los
recursos extraordinarios de revisión al concluir que “[…] la competencia del
juez de segunda instancia se encuentra estrictamente supeditada a los
argumentos del apelante contra la decisión de primera instancia, de manera
que los aspectos diversos a los planteados por el recurrente deben excluirse
del pronunciamiento […]”:
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3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que
están siendo vulnerados por la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, al proferir la providencia de fecha 6 de febrero de
2025 mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por YOHINIS ALEXANDER LÓPEZ MONTALVO.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se deje sin efecto la providencia de fecha 6 de febrero de 2025
proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado.
3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 6 de febrero de
2025, se ordene al Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado a que profiera nueva decisión en la que se declare fundado el
recurso extraordinario de revisión que se presentó contra la sentencia del
17 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo De Sucre […]”.
II. INTERVENCIONES
1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar la improcedencia de la presente acción de tutela al considerar que el
actore se limita a reiterar alegatos ya debatidos y, además porque no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales invocados.
2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) solicitó declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela porque la providencia
cuestionada no fue fallada de manera caprichosa ni arbitraria, sino con
sujeción al ordenamiento jurídico para el caso.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del recurso extraordinario de revisión con radicación núm. 11001-03-
25-000-2022-00412-00.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que se configuró la causal de revisión invocada en el proceso objeto de tutela
porque el Tribunal Administrativo de Sucre al resolver el recurso de apelación
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no limitó su
competencia a los argumentos plasmados en la alzada, circunstancia que se
traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de
la causa judicial.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.
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Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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