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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00176-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00176-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR fundado el Recurso Extraordinario de Revisión formulado por el señor Fernel Carabali Antero en contra la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de febrero 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76 111 33 31 002 2014 00232 01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO. ANULAR la providencia impugnada. En consecuencia, el Tribunal del Valle del Cauca emitirá una nueva decisión que se ajuste a los lineamientos señalados en esta sentencia. TERCERO. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dará prelación a este asunto sobre los demás que estén en turno para fallo. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en 26 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Recurso Extraordinario de Revisión Radicado: 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021) Demandante: Fernel Carabali Antero esta providencia. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00176-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021)
Accionante: Fernel Carabali Antero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011
Presupuestos de configuración. Vulneración al debido
proceso. Principio de congruencia.

I. ASUNTO

Se decide la Acción Especial de Revisión1 consagrada en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1137 de 2011, presentada por el señor Fernel Carabali
Antero2 en contra de la sentencia de del 28 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76 111 33 33 002 2014 00232 01.

II. ANTECEDENTES

2.1 Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso
extraordinario.

2.1.1 Las pretensiones.

A través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se
solicitó:

• La nulidad de los oficios Nos. 24464 de 25 de mayo de 2011 y 35608 de 27 de
julio de 2011, a través de las cuales se negó el reajuste de la asignación de
retiro del demandante.

• Como restablecimiento del derecho, solicitó que su mesada de retiro sea
reajustada conforme con los siguientes parámetros:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El escrito de revisión se presentó el 6 de abril de 2021 (según se evidencia en el aplicativo de SAMAI).

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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021)
Demandante: Fernel Carabali Antero

• Tener como salario mensual para la liquidación de la asignación de retiro,
el previsto en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de
2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%.

• Hecho lo anterior, utilizar en debida manera la formula establecida en el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esto es, aplicarle el 70% a esa
asignación salarial mensual y luego adicionarla con el 38.5% de la prima de
antigüedad devengada en servicio activo.

• Incluir en la base de liquidación de esa prestación social el subsidio familiar
recibido.

• Que se ordene a la entidad demandada reconocer y pagar las diferencias
económicas dimanadas del reajuste solicitado.

• Que se disponga el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en
los artículos 187 y siguientes del CPACA, así como la respectiva condena en
costas.

2.1.2 Hechos relevantes.

El demandante se vinculó como soldado voluntario del Ejército Nacional. Por
disposición de esa entidad, el 1.° de noviembre de 2003 pasó a denominarse
como soldado profesional y, por ende, empezó a regirse por lo establecido en los
Decretos 1793 y 1794 de 2000 y 4433 de 2004. Al cumplir con los requisitos
previstos en la ley, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció su
asignación de retiro mediante la Resolución No. 4261 del 20 de octubre de 2010.
Sin embargo, la mesada no fue liquidada en debida forma por cuanto:

i) Se tomó como asignación básica un salario mínimo legal vigente incrementado
en un 40%, de acuerdo con lo estipulado en el inciso primero del artículo 1.° del
Decreto Ley 1794 de 2000; olvidando que, por su vinculación, tal asignación
equivale a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60% -inciso
segundo ejusdem-.

ii) Se empleó erradamente la fórmula depositada en el artículo 16 del Decreto
4433 de 2004, pues se sumó el 100% de la asignación salarial mensual con el
38.5% de la prima de antigüedad y luego se le aplicó el 70%, lo que implicó una
doble reducción del último emolumento citado y, de contera, una disminución
injustificada de la mesada reconocida.

iii) No se computó el subsidio familiar como factor salarial para la liquidación de
la asignación de retiro, en clara violación del derecho a la igualdad, pues a los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la policía Nacional si se les
reconoce ese estipendio.
2
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Recurso Extraordinario de Revisión
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Demandante: Fernel Carabali Antero

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

En la demanda se señalaron como infringidas las siguientes disposiciones:

• Artículos 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política.
• Artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
• Decretos 1793 y 1794 de 2000 y 4433 de 2004.

Al desarrollar el concepto de violación, la abogada de la parte actora reiteró los
argumentos expuestos en el capítulo de los hechos frente a la indebida
liquidación de la mesada pensional.

2.1.4 Sentencia de primera instancia.3

En la audiencia inicial celebrada el 11 de junio de 2015, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Buga, dictó sentencia en la que declaró lo
siguiente:

«[…] PRIMERO.- DECLÁRESE nulos parcialmente los actos administrativos
contenidos en los oficios 24464 CREMIL 30631 de 25 de mayo de 2011 y 35608
CREMIL 44192 de 27 de julio de 2011, expedidos por la entidad demandada,
respecto a la negativa en reliquidar la Asignación de Retiro, con fundamento en la
errónea interpretación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y la no inclusión
de la partida subsidio familiar, en aplicación del derecho a la igualdad, por lo
expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la declaración anterior, se ordena a la
demandada a través de su representante legal, que reliquide la Asignación de
Retiro reconocida al señor FERNEL CARABALI ANTERO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 76.336.894 de Buenos Aires (Cauca), mediante resolución
número 4261 de 20 de octubre de 2010, de acuerdo a los parámetros señalados
por esta Sede Judicial en la parte motiva.

TERCERO.- Se ordena a la demandada a través de su representante legal, que
reconozca y ordene pagar a favor del demandante la suma resultante de la
diferencia entre lo que le reconoció y pagó y lo que le debe reconocer y pagar por
la liquidación ordenada en esta sentencia, a partir de la fecha en que le fue
reconocida al actor la asignación de retiro en adelante, con los ajustes de valor
conforme al índice de precios al consumidor, previsto por el artículo 187 del
CPACA y según la fórmula anunciada en la parte motiva, a quien se le faculta para
que al momento de hacer efectivo el reconocimiento prestacional, realice los
correspondientes descuentos con base en el porcentaje que debía asumir el
trabajador, respecto del factor subsidio familiar, respecto del cual no se hicieron
aportes, por lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO.- Niéguese las demás pretensiones, por lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO.- La entidad dará aplicación para el cumplimiento de ésta sentencia, a lo
3 Expediente digital, índice 12 de la plataforma SAMAI, archivo No. 1,
15_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf, documento
denominado “001 Expedienteelectronico”, folios 294-299.
3
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Demandante: Fernel Carabali Antero

establecido en el artículo 192 y s.s. del C.P.A.C.A. […]».
Con tales fines concluyó:

i) La entidad demandada no puede variar la asignación básica mensual recibida
por el actor en servicio activo, pues ello es competencia exclusiva del Ministerio
de Defensa Nacional. Por tanto, la mesada pensional se debe mantener con el
salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%.

ii) La entidad demandada liquidó esa prestación empleando erróneamente la
fórmula prevista en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, pues sumó los dos
factores computables -la asignación salarial mensual y el 38.5% de la prima de
antigüedad- y al resultado le aplicó el 70% allí regulado, lo que significó una doble
reducción no autorizada por la norma y, de contera, una diminución injustificada
en el valor de la asignación de retiro.

iii) El subsidio familiar, en el porcentaje recibido en servicio activo, debe hacer
parte de la base de liquidación de la asignación de retiro, pues su exclusión para
los soldados profesionales vulnera el principio de igualdad, máximo porque a los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares si se les tiene en cuenta ese factor
en la consolidación de la mesada pensional. Por tanto, no existe razón suficiente
y justificada para prohijar ese trato discriminatorio.

2.1.5 Recursos de apelación.

2.1.5.1 Parte demandada.4

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la entidad demandada la
recurrió en apelación, de manera parcial. Con tales fines peticionó:

«DECLARACIONES

Que con base en las razones jurídicas que a continuación se exponen solicito se
REVOQUE la sentencia de primera instancia, proferida dentro del proceso la
referencia, en el cual se condena a la (sic) CREMIL.

“…reajustar la asignación de retiro del señor FERNEL CARABALI ANTERO,
teniendo en cuenta la partida computable – prima de antigüedad-, en el porcentaje
establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, se determina sobre la
asignación salarial mensual básica (artículo 2° del Decreto 1794 de 2000), así
como la inclusión de la partida de subsidio familiar” […]».

Seguidamente, la defensora, luego de transcribir la fórmula de consolidación de
la asignación de retiro contenida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,
señaló que el entendimiento correcto de esa norma es aquél según el cual, a la
base de liquidación, compuesta por la asignación salarial mensual y el 38.5% de

4 Ejusdem, folios 303-305.

4
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la prima de antigüedad, se le aplica en conjunto el 70% allí establecido. Que a
esa conclusión ha llegado no solo la entidad por él representada, sino también el
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

2.1.5.2 Parte demandante.5

Manifestó su desacuerdo parcial con la decisión de primera instancia en los
siguientes términos:

«ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN:

Se pretende con la presente impugnación que, por vía de apelación, se REVOQUE
parcialmente la Sentencia proferida el 11 de Junio de 2015 mediante la cual se
puso fin a la primera instancia, en tanto y en cuanto resultó desfavorable a mi
representado, esto es, en cuanto negó el reajuste del 20% de la asignación de
retiro que devenga mi representado con fundamento en lo normado en el inciso 2°
del Artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, para que en su lugar se despachen
favorablemente todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda
[…]».

Con tales fines, arguyó que para el mes de diciembre de 2000 su poderdante
ostentaba la condición de soldado voluntario -de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Ley 131 de 1985-, recibiendo por concepto de asignación
básica un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. Sin embargo,
luego de la expedición del Decreto Ley 1793 de 2000 -Régimen de Carrera y
Estatuto de Personal de los soldados profesionales-, el Ejército Nacional varió
aquella denominación por la de “soldado profesional”, reduciendo sus ingresos a
un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%, desconociendo el
artículo 38 ejusdem, relacionado con la prohibición de desmejorar los derechos
adquiridos.

La aludida disminución redundó en la asignación de retiro reconocida al amparo
del Decreto 4433 de 2004, el cual, en su artículo 13 estableció que el salario base
de liquidación es el contemplado en el inciso primero del artículo 1.° del Decreto
1794 de 2000, pasando por alto que el inciso segundo de esa disposición respetó
los derechos adquiridos de los otrora soldados voluntarios, cuyo ingreso, se
repite, era igual a un salario mínimo legal vigente más un 60%.

2.1.6 Sentencia objeto de revisión.6

El 28 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Santander modificó parcialmente la sentencia de primera instancia en los
siguientes términos:

5 Ejusdem, folios 309-313.
6 Ejusdem, folios 381-396.

5
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Demandante: Fernel Carabali Antero

«[…] PRIMERO MODIFICAR el numeral primero, segundo y tercero de la
sentencia No. 057 del 11 de junio de 2015 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Buga los cuales quedarán así:
"PRIMERO- INHIBIRSE de pronunciarse respecto a la legalidad del oficio No.
35608 del 27 de julio de 2011, suscito por el Jefe de la oficina jurídica y encargado
de las funciones del subdirector de prestaciones sociales de la CAJA DE RETIRO
DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL y DECLARAR la NULIDAD de acto
administrativo contenido en el oficio No.24464 del 25 de mayo de 2011, por medio
del cual la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL negó el
reajuste de la asignación de retiro devengada por el señor FERNEL CARABALI
ANTERO. (sic)

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -
CREMIL reliquidar la asignación de retiro del señor FERNEL CARABALI ANTERO
a partir del 30 de noviembre de 2010, de la siguiente manera:

i-. Tomando como base la asignación básica mensual que debe ser liquidada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, numeral 13.2.1. del Decreto 4433 de
2004, remitiéndose a lo señalado en el artículo 1º, inciso 2º del Decreto 1794 de
2000, es decir, aplicar el salario mínimo legal mensual vigentes incrementado en
el 60%.

ii-. Conforme lo establece el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esto es,
tomando el 70% del salario básico mensual que devengaba aquel en actividad y al
valor que resulte se le debe adicionar el 38.5% de la prima de antigüedad,
calculada a partir del 100% de la asignación salarial mensual básica que devengue
el demandante al momento de adquirir el derecho a obtener la asignación de retiro.

iii-. Sin incluir el subsidio familiar como partida computable. […]»

Fundado en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25
de abril de 2019 (SUJ-015-CE-S2-2019), concluyó que:

i) CREMIL si está legitimado para liquidar la asignación de retiro de los soldados
profesionales que venían vinculados a la institución castrense con anterioridad al
31 de diciembre de 2000, con el salario mínimo legal vigente incrementado en un
60%, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 1.° del
Decreto Ley 1794 de 2000. Por ello, modificó la decisión emitida en primera
instancia sobre este tópico.

ii) La entidad accionada liquidó erróneamente la asignación de retiro del actor,
pues sumó los dos factores computables, esto es, el salario básico y la prima de
antigüedad, y luego les aplicó el 70%, contrariando lo dispuesto en el artículo 16
del Decreto 4433 de 2004, cuyo entendimiento apunta a que la fórmula correcta
para consolidar esa prestación es: salario x 70% + 38.5% de la prima de
antigüedad = asignación de retiro. Por tanto, confirmó la decisión que en ese
sentido fue emitida en primera instancia.

iii) El subsidio familiar devengado por el accionante no constituye partida
computable para liquidar su asignación de retiro, pues así está establecido en el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004. Así las cosas, y como quiera que en la
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citada sentencia de unificación se estableció que aquellos soldados profesionales
que causaron su derecho pensional con anterioridad al mes de julio de 2014, no
tenían derecho a la inclusión de ese factor en la base de liquidación, se debe
revocar la orden dada en la sentencia impugnada, pues el demandante adquirió
el status el 1.° de junio de 2011.

En lo que toca a la revocatoria de la orden de inclusión de esta partida en la
asignación de retiro del demandante, el ad quem arguyó:

«[…] Así entonces, independientemente que el A quo en primera instancia haya
concedido el subsidio familiar como partida computable y que este aspecto no haya
sido apelado, esta Corporación está facultada para revisar todos los aspectos que
estén intrínsecamente relacionados con su recurso de apelación, así lo ha indicado
el Consejo de Estado en Sección Tercera en Sentencia del 24 de mayo de 2018,
aludiendo que el juez de segundo grado no se encuentra impedido para resolver
sobre aspectos que aunque no se mencionen expresamente, están íntimamente
relacionados con el objetos de su apelación, por tal motivo si se apela un aspecto
global se puede revisar todo lo que haga parte de él, sobre todo cuando lo
concedido desborda el ordenamiento legal, máxime que en el presente asunto
apelaron ambas partes, razón por la cual la decisión aquí adoptada no vulnera el
principio “non reformatio in pejus” […]».

2.2 De la Acción Especial de Revisión.7

2.2.1 La causal invocada. El señor Fernel Carabalí Antero, a través de
apoderada, señaló que en este asunto se configuró la causal de revisión
contenida en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por
su importancia aquí, se transcribe a continuación:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

2.2.2 El fundamento del recurso.

Para la recurrente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el
principio de congruencia que debe revestir toda providencia judicial y, de contera,
excedió los límites que tenía como juez de segunda instancia, vulnerando con
ese actuar el derecho al debido proceso de su cliente.

En ese contexto, señaló que esa Corporación carecía de competencia para
excluir el subsidio familiar de la base de liquidación de la asignación de retiro del
demandante, pues ninguna de las partes reprochó esa decisión. En tal sentido,
recordó que a través de los recursos presentados: i) la parte actora discutió la
7 Expediente digital, Índice 3, archivo 2.

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falta de incremento de la asignación básica con base en el salario mínimo legal
vigente incrementado en un 60% y; ii) la entidad accionada censuró la
aplicación de la fórmula de liquidación de la asignación de retiro.

Por consiguiente, el tribunal desconoció las fronteras que le impone la segunda
instancia -examinar y decidir los reparos formulados en la alzada- y, además,
omitió que la única excepción que habilita resolver sin límites la apelación es
cuando ambas partes impugnen toda la sentencia -de acuerdo con lo consignado
en el artículo 328 del CGP-, lo que aquí no ocurrió. Finalmente, alegó que,
aunque la decisión que ahora se recurre devino del cumplimiento de una
sentencia de unificación dictada por esta Corporación, el ad quem no podía
adentrarse en su estudio, pues al no ser un aspecto discutido por las partes en
la alzada, adquirió firmeza y connotación de cosa juzgada. En el apartado del
recurso se puede leer:

«[…] si bien es cierto que la decisión adoptada por el ad quem relativa a revocar
el reconocimiento del subsidio familiar en la asignación de retiro del soldado
profesional se tomó por la reciente sentencia de unificación, no es menos cierto
que al no mostrar inconformismo alguno sobre la decisión adoptada sobre el
subsidio familiar esta se ve revestida y protegida por la institución de cosa juzgada,
es decir, que se deben respetar la situación individual del actor y garantizar el
debido proceso que rige su actuación judicial.

Por lo tanto, queda claro que los aspectos que no fueron debidamente apelados y
sustentados cobran ejecutoria, en ese sentido el H. Consejo de Estado ha sido
enfático en determinar que la competencia del superior se ve limitada y demarcada
a los reparos formulados en el recurso de apelación, pues no basta solo con su
interposición, sino que es deber de las partes apelantes sustentar en debida forma
los reparos que se presenten contra tal decisión, so pena de que los aspectos no
apelados cobren firmeza y sean ajenos al pronunciamiento que se debe realizar
en segunda instancia.

“(…) Es por ello que no basta con la mera interposición del recurso sino que se
precisa la sustentación del mismo a efetos de definir las cuestiones sobre las
cuales ha de conocer el juez de la apelación ya que los aspectos de la providencia
que no sean recurridos adquiere firmeza y, por ende, son ajenos a la competencia
del ad quem”8 […]».

2.2.3 Pretensiones. La recurrente solicitó revisar la sentencia de 28 de febrero
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en
consecuencia, se dicte una nueva sentencia que confirme que el aludido factor
salarial si debe hacer parte de la asignación de retiro del señor Fernel Carabali
Antero.

2.2.4 Pronunciamiento de la contraparte. La Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares contestó extemporáneamente el aludido recurso extraordinario.9

8 Cita textual del recurso “Sentencia del 21 de junio del 2018 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente William Hernández Gómez, Ni. 2225-
2015”.
9 La notificación personal se surtió el 12 de agosto de 2022 (índice 10 de la plataforma SAMAI), por lo que

el plazo oportuno para contestar el recurso se cumplió el día 31 de ese calendario. Sin embargo, la respuesta
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Demandante: Fernel Carabali Antero

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de revisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta
Corporación.

3.2 De la oportunidad para interponer el recurso.

De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral
5°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».

En el presente asunto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 28 de
febrero de 2020 y quedó ejecutoriada el 4 de agosto de ese mismo año, tal y
como lo certificó la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.10
Por tanto, la Sala concluye que el escrito de revisión, radicado a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación el 6 de abril de 2021,11 fue presentado
dentro de la oportunidad legal.

3.3 Problema jurídico.

De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario, corresponde a la Sala
determinar sí ¿la sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, desconoció el principio de congruencia que
debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el debido proceso del
demandante?

Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso
Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo
250 del CPACA; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales y;
iv) la finalidad del recurso de apelación y los límites del juez de segunda
instancia.

3.4 Normas y jurisprudencia aplicables.

fue radicada a través del correo electrónico de la secretaría de esta Sección el 12 de septiembre de ese año
(índice 15).
10 Expediente digital, índice 12 de la plataforma SAMAI, archivo No. 1,
15_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf, documento
denominado “001 Expedienteelectronico”, folio 407.
11 Ver índice 3 de la plataforma SAMAI, documento denominado
“5_110010325000202100028001DEMANDAPORVEN2021126144531”.
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Demandante: Fernel Carabali Antero

3.4.1 La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.

El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en
razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias ejecutoriadas
proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo
contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las
subsecciones y secciones de esta Corporación-.

En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de
situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso
ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio
de cosa juzgada. En sentencia de 3 de marzo de 2020,12 la Sala Décima Especial
de Revisión de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley».13

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en
cualquier instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces
Administrativos cuya naturaleza permita la interposición del recurso. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es
considerado por la doctrina14 como un medio de impugnación con la virtud de
afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que
hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir

12 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra

Vélez.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes

Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
14 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE,

2016, Pág. 884.
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un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados
en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.15

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión
tiene por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».16

Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate
propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias
de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv)
controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el
caso sometido a juicio.

De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre
una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente
entre los fundamentos y la causal alegada.17 En la sentencia que se viene
citando, esta Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad
interpretativa del juez18 o para corregir errores «in iudicando»19, sino que fue
consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron
indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el
caso de los documentos falsos o adulterados20-, o no pudieron ser tenidos en

15 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse

recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado
la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
16 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-

000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,

sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
18 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-

15- 000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
19 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los

errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación
indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…».
20 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
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cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho21-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –
como en el caso de la causal cuarta,22- o deben poder ser objeto de examen judicial
–como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de
recurso de apelación23-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de
ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es
dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas
o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida
ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el
ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».24

3.4.2 El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

El numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

21 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
22 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de

la sentencia.
23 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.
24 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios

pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia
de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «…
no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate
probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales
señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia
López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de
controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes
adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del
proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo
de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
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5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en
contra de la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior
de esta Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la
legalidad y la taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden
emplearse las enlistadas en el Código General del Proceso y aquellas que
impliquen la vulneración del derecho al debido proceso contenido en el artículo
29 superior.25

Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio no
se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de
otras circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como
contrarias a los mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a
infirmar la decisión judicial.26 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:27

«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual
que del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
admitiendo que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria
cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii)
transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que
no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que
no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y
(viii) desconoce el principio de congruencia28 bien sea por una condena extra, ultra
o infra petita.

25 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV),
Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-
00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-
00(REV), actor: Panadería La Victoria S.A.
26 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta

Corporación: sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación
11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019,
Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío
Lis Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-
03-25-000-2014-00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
27 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por

esta Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación

REV 2014-00440-00.
13
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Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201829 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de
las causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho
al debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente
para que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros
de ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia
objetada quebrantó la legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface
la finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el
núcleo esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional30 y que se configuren en la sentencia».

Corolario, se tiene que las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a
las sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas
estas últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y
gravedad las garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.

3.4.3 El principio de congruencia de las providencias judiciales.

En el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, amén
de ser motivada, debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y,
además, plasmar el análisis crítico frente a las pruebas legalmente recaudadas
y los razonamientos que determinan la adopción de las decisiones insertas en
ella.

En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma que
la sentencia «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de
las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre

29 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i)
cuando se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en
que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del
Código General del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como
expresamente lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-
00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo
inhibitorio no justificado es causal de nulidad constitucional por violación de los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.
30 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sala Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02369-00, demandante: Pedro José Vaca López.
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ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código […]».

A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
que demanda que la sentencia esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».

En otras palabras, se exige que esta providencia esté armónicamente ligada con
las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y
jurídicos, así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.

Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan lo
pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que no
fueron pedidas por él «extra petita». Sobre el particular, en sentencia de
unificación 150 de 2021,31 la Corte Constitucional expresó:

«[…] 90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la
sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso32, exige que
la decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas
en la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido proceso que tienen
las partes involucradas en una litis, que opera como mandato general de protección
en los distintos procedimientos judiciales, por el cual se concibe que el juez solo
decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado pronunciarse sobre
asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales.

91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la
medida que impide determinadas decisiones[,] porque su justificación no surge del
proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o probó”33. Además,
se ha establecido que cuando existe falta de congruencia en una providencia
judicial, es posible alegar la configuración de un defecto procedimental que torne
procedente la acción de tutela […]».

Así mismo, esta Corporación34 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige
conexidad entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en

31 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
32 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y

en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
33 Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
34 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-

01(18580), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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la respectiva contestación. En oportunidad más reciente, la Sección Segunda,
Subsección B de este Tribunal35 concluyó:

«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en
el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido
emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado
dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más
(ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como
pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión
[…]».

En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adopte en un momento determinado.

3.4.4 La finalidad del recurso de apelación y los límites del juez de segunda
instancia.

El artículo 320 del Código General del Proceso establece que el recurso de
apelación tiene por objeto «[…] que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión».

Por esas razones, a renglón seguido, la norma establece que «[p]odrá interponer
el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia […]», lo que
presupone una especie de legitimación en la causa para esos fines.

En lo que toca a la oportunidad y requisitos para la formulación de la alzada, el
artículo 322 de esa misma obra procesal exige -indistintamente de si la
providencia apelada concierne a un auto o a una sentencia- que el recurrente
explique con suficiencia y claridad las razones y motivos de inconformidad frente
a la decisión que le es desfavorable. De no cumplir con ese requisito, el juez de
primera y/o de segunda instancia declarará desierta esa impugnación.

Finalmente, al resolver el recurso de apelación, el juez deberá ceñir su actuación
a los parámetros contenidos en el artículo 328 de ese código, en cuanto establece
que:

«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

35 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P.

Cesar Palomino Cortés.
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En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

Así entonces, del transcrito dispositivo se desprende que el fallador de segundo
grado atenderá, sin excepción, los siguientes lineamientos:

i) Solo se pronunciará frente a los reparos formulados por el impugnante,
excepto cuando, de conformidad con la ley, deba adoptar decisiones de
oficio -por ejemplo: la resolución de excepciones que, aunque no hayan
sido invocadas, encuentre debidamente probadas o fundadas-, sin
perjuicio del principio de la “non reformatio in pejus”.36

ii) Solo cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia y/o una de
ellas haya adherido al recurso interpuesto por la otra, puede resolver la
alzada sin ningún tipo de limitaciones.

iii) En el trámite de apelación de autos, solo tiene competencia resolver el
recurso, condenar en costas y ordenar la expedición de copias de los
documentos del proceso.

iv) Al apelante único le debe respetar las situaciones y pretensiones
reconocidas en primera instancia -en tanto es la garantía que se
desprende del principio de la “non reformatio in pejus”-, a menos que, con
ocasión a la impugnación presentada por aquel deba modificar la
sentencia y, de contera, resulte necesario reformar puntos íntimamente
relacionados con esa actuación.

En cuanto al objeto del recurso de apelación, esta Subsección37 se ha
pronunciado en los siguientes términos:

«[…] 2.2 Sobre el objeto del recurso de apelación.

36 El artículo 282 del CGP prevé que «En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos

que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Cuando no se
proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada [...]».

Por su parte, el artículo 187 del CPACA establece que «La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus […]».
37 Sentencia de 19 de marzo de 2020, expediente No. 52001-23-33-000-2015-00155-01 (3093-2016),

Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: Fernel Carabali Antero

Como una segunda cuestión previa, la Sala considera necesario efectuar algunas
consideraciones preliminares sobre la finalidad del recurso de apelación con el
fin de delimitar el asunto objeto de examen en el trámite de segunda instancia.

En efecto, el artículo 320 del Código General del Proceso dispone lo siguiente:

Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
[Negrillas fuera de texto]

[…]

Para esta Subsección, un «reparo concreto» sobre «la cuestión decidida» hace
suponer que quien interpone el recurso de apelación efectué una valoración
sobre la sentencia que se impugna.

Sobre esta especial exigencia, esta corporación ha sostenido lo siguiente38:

En los términos de la norma trascrita [artículo 320 del CGP], la Sala
observa que el recurso de apelación presentado por la parte
demandante no formula algún reparo concreto frente a la
providencia de 17 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, ya que no discute el rechazo del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho por vencimiento
del término de caducidad, sino que sus argumentos se refieren a la
indebida escogencia del medio de control de la demanda y, por ende,
solicita la remisión del expediente a esta Corporación, quien a juicio
de la actora, es la competente para conocer de la demanda de simple
nulidad.

Esta Corporación ha señalado que es deber del recurrente señalar
los motivos de inconformidad respecto de la providencia
proferida en primera instancia, pues dichos cuestionamientos
serán objeto de análisis por el fallador de segunda instancia.
[Negrillas fuera de texto].

En la providencia referida, se citó otro pronunciamiento de esta Subsección en el
que se aborda un asunto similar39:

En efecto, la sustentación del recurso delimita el pronunciamiento de
la segunda instancia, tal y como lo dispone el art. 357 del C de P.C.,
actualmente 328 del CGP, aplicable por remisión expresa del art. 267
del C.C.A. Es así como las razones aducidas por el recurrente en
la sustentación de la apelación demarcan la competencia
funcional del juez de segunda instancia. Por lo cual, si no existen
dichas razones o motivos de discrepancia con la sentencia
dictada, el recurso carece de objeto, máxime en el caso en estudio,
al apreciarse que los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación resultan incongruentes no solo frente a la sentencia

38 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia del veinte (20) de

septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01126-01 (22532).
Actor: Carolina Sánchez González. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-25-000-2011-

00376-01(0529-15).
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proferida por el A quo, sino también respecto de las pretensiones de
la demanda.

Sobre la carga procesal de manifestar los motivos de inconformidad
frente a la decisión de primera instancia y la relación con el tema de
la litis, la Jurisprudencia ha advertido lo siguiente40:

“Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la
finalidad del recurso de apelación es que la providencia de
primer grado sea revisada por el superior jerárquico del
funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su
legalidad la confirme, revoque o modifique. De ahí la
necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La
sustentación es la oportunidad o el medio para que la
recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la
decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su
posición, como demandante o como demandada, en el
debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció
de manera adversa o simplemente no se pronunció. El
marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación
es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda
instancia.

Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene
la libertad de suponer otros motivos que a su juicio
debieron ser invocados en contra de la decisión. De
acuerdo con lo anterior, es evidente que el demandante no
controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la
decisión de primera instancia (…).”

En otra oportunidad, sobre la exigencia procesal de congruencia del
recurso de alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su
eficacia procesal, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

(…)

En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es
menester que la sustentación se efectúe de la forma
adecuada, es decir, que no solamente deben manifestarse
los aspectos que se consideran lesivos al derecho o interés
en discusión, sino además los motivos de inconformidad
en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en
suma determinará el objeto de análisis del ad quem y su
competencia frente al caso. Lo anterior demanda desde
luego un grado de congruencia inequívoco entre el fallo
recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación,
fuera de lo cual, se estaría desconociendo la finalidad y
objeto mismo de la segunda instancia.

(…)

En conclusión, ante la incongruencia de las razones que
arguyó el apoderado de la parte demandada dentro del
recurso, no puede menos la Sala que señalar que no

40Sobre la finalidad del recurso de apelación ver sentencias del H. Consejo de Estado Sección Cuarta de 18

de marzo de 2001, Rad. 13683, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y 25 de septiembre de 2006, Rad. 14968,
M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
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existe en el presente motivo alguno de inconformidad
contra el fallo, lo que impone declarar incólume la
sentencia apelada.41”

Y sobre las finalidades y requisitos del recurso de alzada, el mismo
Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“La institución procesal de la impugnación es un instrumento
por medio del cual las partes solicitan al superior jerárquico
que realice un nuevo examen del acto procesal o de todo el
proceso, a fin de que se anule o revoque, total o
parcialmente, por contener vicios o errores. De acuerdo con
la norma en cita, a través del recurso de apelación, una de
las partes o ambas, solicitan al superior que examine la
decisión dictada en un proceso, expresando sus
inconformidades, con la finalidad de que éste analice la
decisión de primer grado, y de ser procedente, la modifique o
la revoque. El recurso de apelación es el medio o acción que
se concede a la persona agraviada o condenada por una
resolución judicial, para que acuda a otro tribunal superior,
sometiéndole el conocimiento de la cuestión resuelta; exige
que se expliquen las razones de inconformidad, para
establecer si las pruebas y el soporte jurídico han sido
correctamente estimados. Esta Sección ha precisado que “la
labor de la segunda instancia consiste en verificar, sobre la
base de la decisión impugnada, el acierto o el error del a-quo
en el juicio realizado, circunscribiéndose a dicho aspecto la
competencia. En ese sentido, el apelante debe exponer los
argumentos soporte para modificar total o parcialmente
la decisión de primera instancia y que, a la vez, sirven de
marco para cumplir con la función, que no es oficiosa de
decidir la impugnación”42 (Subraya la Sala)

La Sección Tercera también se ha pronunciado de la misma forma43:

De lo anterior se desprende que, en la sustentación del recurso de
apelación, el recurrente debe presentar unos argumentos a través de
los cuales refute o controvierta la decisión proferida por el a quo,
ya que solamente sobre estos reparos tiene competencia el ad
quem para pronunciarse, exceptuando aquellas decisiones que el
juez deba adoptar de oficio, en virtud de lo establecido en la ley.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, en
reiterados pronunciamientos, que para que el juez de segunda
instancia pueda ejercer la facultad jurisdiccional que la ley le ha
conferido se hace necesario confrontar la providencia impugnada
con los fundamentos de la apelación incoada en su contra:

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, providencia de 7 de

abril de 2011, Rad. 13001-23-31-000-2004-00202-02(0417-10).
42 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, providencia de 13 de

septiembre de 2012, Rad: 25000-23-27-000-2006-00825-01(17343).
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sentencia

del trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 08001-23-33-004-2014-01623-
01(56086). Actor: Elsa Margarita Pineda Navarro y otra. Demandado: Transmetro S.A.S. y otros. Referencia:
Reparación directa.
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“El recurso de apelación es un instrumento judicial, en este
caso, para impugnar una sentencia controvirtiéndola con
argumentos que apunten a desvirtuarla total o parcialmente y
sirvan de marco al juez de segunda instancia para llevar a
cabo la función revisora que comporta tramitar y decidir una
apelación.

“Esa función, que no es oficiosa, tiene que apoyarse en la
argumentación contenida en la sustentación del recurso de
apelación, que le debe servir al ad quem para soportar la
decisión de revocar o modificar la sentencia de primera
instancia según lo pretendido por el apelante”44.

Sumado a lo anterior y en el mismo sentido, esta Subsección ha
manifestado que:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior,
cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido
emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos
recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la
potestad del juez en este caso se encuentra limitada a
confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo
recurso y en el evento de que exceda las facultades que
posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia
funcional”45.

Así las cosas, debe verificarse si en el presente asunto el
recurrente presentó una real sustentación del recurso de
apelación […]».

Pues bien, conforme con lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.

3.5 Caso concreto.

Interrogante único: ¿la sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, desconoció el principio de
congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el
debido proceso del demandante?

Desde ya, advierte la subsección que, en la sentencia de marras, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconoció el principio de congruencia y, junto
con él, el derecho al debido proceso de quien hoy recurre.

Lo anterior, por cuanto no existía similitud entre las decisiones adoptadas en la
sentencia de primer grado y los reproches y argumentos de los recursos de

44 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de noviembre de 2006, expediente 25000-23-27-

000-2007-00024-01(17272), Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo.
45 Sentencia del 26 de enero de 2011, radicado 1997 13804 (19865), actor: Marleny Bermúdez Aya y otros,

Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

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apelación presentados por las partes, veamos:

En la sentencia dictada en la audiencia inicial celebrada el 11 de junio de 2015,
el juzgado ordenó reajustar la asignación de retiro del señor Fernel Carabali
Antero de acuerdo con los siguientes parámetros:

• Liquidar la respectiva mesada pensional con la fórmula salario mensual
x 70% + 38.5% de la prima de antigüedad, en tanto, según adujo, es el
correcto entendimiento que se desprende del artículo 16 del Decreto 4433
de 2004.

• Incluir en la base de liquidación de esa prestación social el subsidio familiar
recibido en servicio activo.

Por su parte, tal y como fue reseñado en un acápite anterior de esta providencia,
las partes en contienda impugnaron esa decisión así:

• Parte demandante. Que el ingreso mensual computado en la asignación
de retiro sea el establecido en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto
1794 de 2000, esto es, un salario mínimo legal vigente incrementado en
un 60%.

• Parte demandada. Que la fórmula de liquidación de esa prestación social
corresponda a: salario mensual + 38.5% de la prima de antigüedad x
70%.

Al resolver la alzada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expresó:

«[…] PROBLEMA JURÍDICO

Le corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho a que por
parte de Cremil a reliquidar su asignación de retiro teniendo en cuenta el salario
básico equivalente a 1 SMLMV incrementado en un 40% o si por el contrario es el
correspondiente a ese mismo salario pero incrementado en un 60% y si Cremil se
encuentra legitimada en la causa por pasiva.

Por otra parte, también deberá la sala establecer si en la liquidación y
reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se aplicó en forma
correcta el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, respecto a la manera en que
debe computarse la prima de antigüedad en dicha prestación y si debe incluirse
como partida computable el subsidio familiar.

TESIS DE LA SALA

La Sala modificará la sentencia recurrida, pues en relación a la primera pretensión,
debe considerarse que el demandante estuvo vinculado a las Fuerzas Militares en
calidad de soldado voluntario hasta el 31 de octubre de 2003, para posteriormente,
a partir del 1° de noviembre de 2003 incorporarse como soldado profesional
conforme a lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, razón suficiente para
determinar que en toda su vida laboral como soldado debió percibir como salario
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básico el equivalente a 1 SMLMV incrementado en un 60% del mismo y por ello
para ese salario que debía computarse en su asignación de retiro y no el que tuvo
en cuenta la entidad.

Por otra parte, al revisar el tenor literal del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,
encuentra la Sala que le asiste razón al demandante, pues esa disposición
normativa no ofrece duda al determinar que la asignación de retiro de los soldados
profesionales debe ser liquidada sobre el 70% del sueldo básico, adicionado con
un 38.5% de la prima de antigüedad, sin que este último concepto se vea afectado
por el mencionado 70%, pues de ser así se estaría efectuando una disminución
doble a la mencionada prima que no está autorizado por la norma, que además,
goza de suficiente claridad.

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en Sentencia de Unificación del
Consejo de Estado46, no se reconocerá como partida computable el subsidio
familiar, pues el actor causó su derecho a la asignación de retiro con anterioridad
al mes de julio de 2014.»

Pues bien, se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca abordó,
examinó y emitió pronunciamiento en torno a los reparos concretos formulados
en los recursos de apelación presentados, esto es: a) sobre el valor del ingreso
mensual que debió ser tomado para liquidar la asignación de retiro del
demandante -reproche de la parte actora- y; b) frente a la aplicación correcta
de la fórmula para la consolidación de esa prestación -inconformidad planteada
por la demandada-.

Sin embargo, observa la Sala que el ad quem se extendió sobre la decisión de
incluir en aquella base pensional el subsidio familiar devengado por el
demandante en servicio activo, determinación que no fue objeto de censura y
contradicción en los recursos presentados.

Con esta última actuación, el tribunal desconoció que como juez de segunda
instancia estaba limitado a examinar y decidir únicamente las inconformidades
planteadas en los recursos, pues en este trámite solo debe confrontar la decisión
impugnada con las censuras y argumentos invocados en su contra. No en vano
el artículo 320 del Código General del Proceso establece que:

«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71». (El énfasis es nuestro)

Restricción que el artículo 328 reitera en los siguientes términos:

46 Cita textual de la sentencia de segunda instancia “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019, radicación: 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-2016)”.
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«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia» (El
énfasis es de la Sala)

Así entonces, se tiene que las condiciones normativas que derriban las aludidas
fronteras resolutivas son:

a) Las decisiones que el juez deba adoptar de oficio, en los casos previstos
en la ley. Sobre el particular, se cita como ejemplo el artículo 187 del CPACA
en cuanto dispone que:

«En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior
no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de
fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».

Lo anterior para significar que, a pesar de esa estipulación legal, las
decisiones de oficio que deban adoptarse frente a las excepciones
detectadas por el fallador tienen como límite el principio de non reformatio
in pejus.

b) Que ambas partes hayan apelado toda la sentencia. A diferencia de lo
que sucedía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, en el que la
restricción para resolver la segunda instancia se levantaba CUANDO
AMBAS PARTES IMPUGNABAN LA SENTENCIA -artículo 357-, en la
codificación actual tal limitante se derruye siempre y cuando AMBAS
PARTES APELEN TODA LA SENTENCIA.

c) Que la parte que no impugnó haya adherido al recurso interpuesto por
quien sí lo hizo.

d) Cuando con ocasión al recurso de apelación interpuesto se deba
modificar la sentencia impugnada y, tal actuación conlleve necesariamente
reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En este escenario no
se atienden las restricciones propias del principio de non reformatio in pejus.
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El examinar el caso de la referencia, no advierte la Sala la adscripción de las
circunstancias arriba señaladas, por cuanto:

i) En el curso de la segunda instancia, el tribunal no debía adoptar ninguna
decisión de oficio, pues la sentencia de unificación vigente sobre la materia
no era obligatoria para resolver la litis, dada la ausencia de discusión,
debate y reproche de las partes frente a la inclusión en la base de la
asignación de retiro de la partida de subsidio familiar.

ii) Aunque ambas partes recurrieron la sentencia de primera instancia, sus
reproches no abarcaron todas las decisiones allí proferidas, de modo tal
que no puede concluirse que fue impugnada en su totalidad.

iii) Ninguna de las partes adhirió al recurso de la otra.

iv) Solo prosperó el recurso de apelación presentado por la parte
demandante y, de la modificación que de él se derivó, no era indispensable
reformar lo atinente a la inclusión de la partida de subsidio familiar en la
base de la asignación de retiro.

Así entonces, para esta Subsección, el ad quem no estaba autorizado para
adicionar reproches que, a su juicio, debieron ser invocados por la demandada
en contra de la sentencia de primera instancia, pues con ello desconoció el objeto
y la finalidad de la segunda instancia.

Finalmente, se reitera lo siguiente: no pasa por alto la Sala la sentencia de
unificación emitida por la Sala Plena de esta Sección,47 en la que se resolvió lo
atinente a la inclusión del subsidio familiar en la base de liquidación de la
asignación de retiro, ni mucho menos se olvida que sus reglas unificadoras se
constituyen como «precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y
102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia
de unificación son retroactivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia». (El énfasis es nuestro)

Sin embargo, se insiste que los límites del juez de segunda instancia los demarca
el escrito de impugnación, de modo tal que a la luz de las disposiciones
procesales solo puede pronunciarse frente a los reparos concretos realizados por
el apelante.

En este sentido, y en atención a que la inclusión del subsidio familiar en la base
de la asignación de retiro del señor Fernel Carabali Antero no fue discutida ni
reprochada por ninguna de las partes, es dable pregonar su conformidad con ese

47 Sentencia de 25 de abril de 2019, expediente No. 85001-33-33-002-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-

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apartado decisorio, por lo que no puede considerarse que ese asunto en concreto
se encontraba «en discusión tanto en vía administrativa como judicial».

Así las cosas, y como quiera entre los sujetos procesales no existía discusión en
torno a la inclusión de esa partida, se concluye que las reglas de unificación
jurisprudencial no eran aplicables para desatar la segunda instancia, por lo que
la obligatoriedad ínsita a este tipo de providencias no se activó en este asunto.

Así las cosas, para la Sala se encuentra fundada la causal prevista en el numeral
5 del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011 -invocada por el recurrente-, por lo que
declarará la nulidad de la sentencia impugnada. En línea con ello, se ordenará
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir una nueva decisión que se
ajuste a los parámetros aquí señalados, para lo cual le dará prelación a este
asunto sobre el resto de procesos que se encuentren al despacho para fallo.

3.6 Condena en costas.

El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente».

Por consiguiente, y en razón a que la decisión que aquí se adoptará no guarda
relación con esa condición, la Sala se abstendrá de condenar en costas y
agencias en derecho al reclamante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR fundado el Recurso Extraordinario de Revisión
formulado por el señor Fernel Carabali Antero en contra la sentencia de segunda
instancia proferida el 28 de febrero 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76 111 33 31 002 2014 00232 01, de conformidad con lo señalado
en la parte motiva.

SEGUNDO. ANULAR la providencia impugnada. En consecuencia, el Tribunal
del Valle del Cauca emitirá una nueva decisión que se ajuste a los lineamientos
señalados en esta sentencia.

TERCERO. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dará prelación a este
asunto sobre los demás que estén en turno para fallo.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
26
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00176-00 (1005-2021)
Demandante: Fernel Carabali Antero

esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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