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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03597-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03597-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Deison Alfredo Murillo Navarro contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03597-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: DEISON ALFREDO MURILLO NAVARRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL: no se satisfacen el
requisito de relevancia constitucional. Se busca reabrir un debate concluido, no se cumple
con la carga argumentativa de tutela contra providencia de alta corte.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resolverá la impugnación presentada por el señor Deison Alfredo Murillo
Navarro, por conducto de apoderada, contra la sentencia del 18 de junio de 2026,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32 del
Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 11 de mayo de 2026, el señor Deison Alfredo Murillo Navarro, por conducto de
apoderada, promovió acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, a la seguridad jurídica y al
respeto a los derechos adquiridos.

Hechos relevantes

2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.

3. El accionante fue soldado profesional del Ejército Nacional a partir del 10 de
octubre de 1989 hasta el 20 de septiembre del 2010, momento en que fue separado
del servicio por cumplir con las condiciones para acceder a la asignación de retiro.
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció dicha prestación al accionante
a través de la Resolución núm. 2972 del 30 de agosto de 2010.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4. Frente a dicha decisión, el demandante solicitó a la entidad una reliquidación de
la asignación de retiro, de suerte que se ajustara la prima de antigüedad, que se
aumentara en un 20% el salario básico y que se incluyera el subsidio familiar.

5. Mediante el oficio núm. 23968 del 24 de mayo de 2011, la autoridad negó la
solicitud, oficio que fue recurrido por el señor Murillo Navarro. A través de oficio
32401 del 7 de julio de 2011, la entidad resolvió desfavorablemente los recursos
interpuestos.

6. Por lo anterior, el accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que solicitó la nulidad de los anteriores actos. Adicionalmente,
solicitó que se ordenara a la entidad reliquidar la asignación de retiro de la siguiente
manera: (i) reajustar la prima de antigüedad, (ii) liquidar el salario básico en un
salario mínimo aumentado en un 60% y (iii) incluir el subsidio familiar.

7. El conocimiento de dicho proceso correspondió al Juzgado Veinticinco (25)
Administrativo de Medellín (radicado 05001-33-33-025-2014-00343-00). Mediante
Sentencia del 21 de junio de 2016, la autoridad dispuso declarar la nulidad parcial
de los actos demandados y ordenó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL) que reajustara la asignación de retiro del accionante con relación a la
prima de antigüedad y al subsidio familiar.

8. Frente a esta decisión, CREMIL interpuso recurso de apelación, en donde reiteró
que la asignación de retiro del demandante había sido liquidada en debida forma y
se tuvo en cuenta la prima de antigüedad y el salario básico mensual en los
porcentajes correspondientes. Por su parte, la parte demandante interpuso recurso
de apelación, pero fue rechazado por extemporáneo.

9. Mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia decidió revocar parcialmente la sentencia del 21 de junio de 2016, en el
sentido de no reconocer el subsidio familiar como partida computable en la
asignación de retiro del demandante. A juicio del Tribunal, el demandante estuvo
vinculado hasta el 30 de junio de 2010, antes de la expedición de los Decretos 1161
y 1162 de 2014, los cuales incluyeron esta prestación como factor relevante para
determinar la asignación de retiro de los soldados profesionales. Por lo tanto, la
liquidación de la asignación de retiro del demandante no debía contener dicha
prestación.

10. Inconforme con esta decisión, el accionante interpuso recurso extraordinario de
revisión, en el que alegó la causal núm. 5 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). A juicio
del demandante, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia era objeto de
nulidad, pues aquel no tenía competencia para decidir sobre la pretensión relativa
al subsidio familiar. En efecto, afirmó que no existió congruencia entre el recurso de
apelación interpuesto por la CREMIL y la sentencia de segunda instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la demandada no
se manifestó sobre el subsidio familiar en su recurso.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

11. El proceso correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado (radicado 11001-03-25-000-2023-00034-00). Mediante sentencia del 23
de octubre de 2025, esa autoridad judicial declaró infundado el recurso
extraordinario. Como fundamento de su decisión, señaló que la CREMIL no limitó
sus argumentos al incremento del 20% del sueldo básico o a la reliquidación de la
prima de antigüedad. Por el contrario, sostuvo que, en su recurso, la entidad
argumentó que la asignación de retiro tenía que respetar el contenido de los
artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004, los cuales incluyen únicamente el
salario mensual y la prima de antigüedad como partidas computables para los
soldados profesionales. En ese sentido, la autoridad judicial argumentó que el
recurso excluía cualquier otra partida, entre ellas, el subsidio familiar.

Pretensiones

12. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están
siendo vulnerados por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, al proferir la providencia de fecha 23 de octubre de 2025 mediante
la cual se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por DEISON ALFREDO MURILLO NAVARRO.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales
invocados se deje sin efecto la providencia de fecha 23 de octubre de 2025
proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado.
3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 23 de octubre de 2025,
se ordene al Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado a que
profiera nueva decisión en la que se declare fundado el recurso
extraordinario de revisión que se presentó contra la sentencia del 14 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia”1

Fundamentos de la demanda de tutela

13. En su escrito, el accionante afirmó que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en varios defectos al declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión sobre la sentencia del 14 de diciembre, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó el subsidio familiar como factor
computable para la asignación de retiro. En primer lugar, sostuvo que se configuró
un defecto fáctico, debido a que la autoridad judicial omitió la valoración del
memorial del recurso de apelación interpuesto por la CREMIL. A su juicio, a partir
de este recurso, se prueba que la entidad centró su inconformidad en la pretensión
relacionada con el incremento del 20% sobre la partida correspondiente al sueldo
básico y en la pretensión relacionada con la prima de antigüedad. Sin embargo,
afirmó que la entidad no se refirió al subsidio familiar.

14. En segundo lugar, el accionante argumentó que se configuró un defecto
sustantivo, toda vez que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado omitió aplicar los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (CGP),
que establecen la necesidad de la congruencia entre el recurso de apelación y la
decisión judicial de segunda instancia. Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial
desconoció el precedente judicial de las sentencias del 26 de octubre de 2023 del

1
Ver archivo “004ED_Demanda”, págs. 1-2.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Consejo de Estado (radicado núm. 11001-03-25-000-2021-00757-00) y del 28 de
noviembre de 2024 (radicados núm. 11001-03-25-000-2021-00028-00, 11001-03-
25-000-2021-00482-00 y 11001-03-25-000-2021-00176-00), en las que se protegió
la congruencia entre el recurso de apelación y la decisión de segunda instancia.

Trámite procesal en primera instancia

15. Por medio de auto del 13 de mayo de 2026, el despacho del consejero Omar
Joaquín Barreto Suárez de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela de la referencia en contra de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. De igual modo, ordenó comunicar al ministro de
Defensa Nacional, al comandante del Ejército Nacional, al director general de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), a los magistrados de la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y al juez Veintiuno
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, como terceros con interés en las
resultas del proceso. Entre otras decisiones.

16. Posteriormente, mediante auto del 1° de junio de 2026, el despacho
sustanciador en el trámite de primera instancia dispuso vincular y comunicar al
Juzgado Veinticinco (25) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín como
tercero con interés en las resultas del proceso.

Intervenciones

17. El Juzgado Veintiuno (21) Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva. Informó que
no profirió la decisión de primera instancia en el proceso ordinario, providencia
emitida por el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín.

18. Adicionalmente, el juzgado solicitó que se negara el amparo constitucional. A
juicio de la autoridad judicial, no existió vulneración de derechos fundamentales,
pues se trató de una mera inconformidad subjetiva de la parte accionante frente a
la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la cual declaró infundado el recurso extraordinario de revisión. También
sostuvo que la tutela no acreditó el requisito de relevancia constitucional, pues la
solicitud plantea una discusión estrictamente legal y la acción de tutela no debe ser
usada como una tercera instancia. Finalmente, argumentó que el carácter
excepcional y subsidiario del amparo contra providencias judiciales exige respetar
el principio de autonomía judicial.

19. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B argumentó que la
decisión cuestionada no incurrió en los defectos fáctico, sustantivo o en
desconocimiento del precedente. Sostuvo que la interpretación que realizó del
recurso de apelación interpuesto por la CREMIL fue razonable. En efecto, dicha
autoridad solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, pues la asignación de
retiro debía ajustarse a los artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004, los cuales
excluyen el subsidio familiar como partida computable para soldados profesionales.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

20. Además, indicó que la decisión cuestionada estuvo fundamentada estrictamente
en las reglas fijadas por la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 de la
Sala Plena de la Sección Segunda, según la cual el accionante no tendría derecho
a la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro. Asimismo, argumentó
que el accionante pretendía utilizar la acción de tutela como un mecanismo para
reabrir un debate que fue resuelto en el proceso ordinario. Por lo anterior, solicitó
que se niegue el amparo constitucional.

21. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) solicitó ser desvinculada
del proceso constitucional por no tener legitimación en la causa por pasiva.
Argumentó que la providencia del 23 de octubre de 2025 fue proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Además, refirió que
el accionante no radicó ninguna petición previa relacionada con la controversia.

22. Por otra parte, la entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción,
toda vez que no se cumple el requisito de subsidiariedad. Al respecto, manifestó
que el accionante omitió acreditar un perjuicio irremediable que habilitara al juez de
tutela a conocer de la acción. Finalmente, indicó que la gestión realizada por dicho
organismo se adecuó a la normativa.

23. Pese a ser notificadas en debida forma2, las demás partes guardaron silencio.

La sentencia de primera instancia

24. Mediante sentencia del 18 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Deison
Alfredo Murillo Navarro.

25. El a quo consideró que la demanda no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional. En efecto, afirmó que el accionante buscó reabrir un debate sobre el
que la autoridad judicial ya se había pronunciado en la decisión que resolvió el
recurso extraordinario de revisión. El cuestionamiento del demandante versó sobre
la posibilidad que tenía el Tribunal Administrativo de Antioquia para pronunciarse
sobre el subsidio familiar como partida de la asignación de retiro de soldados
profesionales. Sobre este asunto, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado emitió un pronunciamiento, lo que puso de manifiesto para el a
quo que de lo que realmente se trata la demanda es de una inconformidad con el
fallo que no le resultó favorable.

26. En ese sentido, con relación a los defectos alegados, sostuvo que no se
configuró una controversia iusfundamental que justificara la intervención del juez de
tutela. Al contrario, la parte actora buscó controvertir el criterio hermenéutico del
juez, lo que escapa a la competencia del juez de tutela.

2
Ver expediente 11001-03-15-000-2026-03597-00, índices 9 y 24 de Samai.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

La impugnación

27. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela. En efecto, señaló que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico,
al valorar el recurso de apelación de la CREMIL con un alcance que considera que
no tenía. De igual modo, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo por
desconocer los artículos 320 y 328 del CGP. En ese sentido, argumentó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó indebidamente el subsidio familiar sin
que existiera una impugnación específica sobre este punto.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

29. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales, particularmente,
el de relevancia constitucional. La Sala analizará si la parte accionante pretende
reabrir un debate concluido y si cumple con los requisitos estrictos de tutela contra
providencia de alta corte.

30. De resultar afirmativas las respuestas a los anteriores interrogantes, la Sala
establecerá si la autoridad judicial accionada, mediante la sentencia del 23 de
octubre de 2025, incurrió en un defecto fáctico por la omisión de valoración del
memorial de apelación de la CREMIL; en un defecto sustantivo por el
desconocimiento de los artículos 320 y 328 del CGP, y en desconocimiento del
precedente. Por tanto, estudiará si la autoridad judicial vulneró los derechos al
acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, a la seguridad jurídica y al respeto a los derechos adquiridos.

31. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

32. De conformidad con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590
de 20053, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y

3
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar
que concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.

33. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

Caso concreto

34. Legitimación en la causa: El señor Deison Alfredo Murillo Navarro cuenta con
legitimación en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona
directamente afectada por la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, providencia que, según afirma, transgredió sus
garantías constitucionales.

35. De igual manera, la Sala considera que el juez de primera instancia acertó, al
considerar que se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por
pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial que emitió la
providencia a la que se le atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales
reclamados por la accionante.

4
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

36. Así mismo, la Sala confirma la negativa a la solicitud de desvinculación de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), dado que fungió como parte
procesal en el proceso extraordinario de revisión (radicado núm. 11001-03-25-000-
2023-00034-00), por tanto, le asiste interés directo en la decisión. Igualmente, se
confirma la desvinculación del Juzgado Veintiuno (21) Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín, pues no profirió la decisión de primera instancia en el proceso
de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado núm. 05001-33-33-025-
2014-00343-00.

37. Sobre el requisito de relevancia constitucional: La relevancia constitucional es
un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza excepcional. En ese sentido,
la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de amparo
constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento en el
que pretende reabrir el debate10, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o que tenga una trascendencia para la aplicación y
el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

38. En el caso bajo estudio, la Sala considera que la demanda no supera el requisito
de relevancia constitucional, por las razones que se expresan a continuación.

39. En su escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que la sentencia del 23 de
octubre de 2025 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en el defecto fáctico, el defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente. Respecto al primero, afirmó que la autoridad judicial omitió la valoración
del recurso de apelación presentado por la CREMIL, en el cual, en su opinión, la
autoridad no desarrolló argumento concreto y específico tendiente a recurrir el
otorgamiento del subsidio familiar como partida computable en la asignación de
retiro. Al respecto, indicó que la demandada solo manifestó su inconformidad
respecto del incremento del 20% sobre la partida correspondiente al sueldo básico,
así como a la liquidación de la prima de antigüedad, pero no dijo nada referente al
subsidio familiar.

40. Los argumentos relativos al defecto fáctico ya fueron considerados por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En efecto, la autoridad
judicial señaló que la CREMIL no limitó sus argumentos al incremento del 20% del
sueldo básico o la reliquidación de la prima de antigüedad. En el recurso de
apelación, aquella sostuvo que la asignación de retiro del demandante tenía que
respetar el contenido de los artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004. Al respecto,
la autoridad judicial señaló que dichos artículos solamente incluyen el salario
mensual y la prima de antigüedad como partidas computables para la asignación de
retiro de soldados profesionales. De acuerdo con la Subsección, la CREMIL aseguró
que realizó una correcta aplicación de estas normas para liquidar la asignación de

10
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

retiro del accionante, “entendiendo con esto que se debía excluir cualquier otra
partida, entre ellas, el subsidio familiar”11.

41. De acuerdo con la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
el cómputo de los artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004 no se limita a la prima
de antigüedad y la partida del salario básico. Estas normas, sostiene, refieren a la
forma adecuada de liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales.
Por lo anterior, si bien la CREMIL no hizo una mención expresa del subsidio familiar
en su recurso de apelación, al relacionar estas normas está excluyendo cualquier
otra partida diferente a las que las normas explícitamente establecen. En ese
sentido, la manera en que la autoridad judicial abordó la cuestión implicaba revisar
las partidas computables en la asignación de retiro, por lo que el asunto de la
titularidad del subsidio familiar resultó ineludible.

42. Por lo anterior, la Sala advierte que el accionante pretende reabrir un debate
que ya fue concluido en el trámite de revisión adelantado por la respectiva autoridad
judicial. La acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional, en la
cual se debatan las cuestiones que se abordaron de manera razonable por los
jueces en el proceso ordinario. En efecto, emitir un juicio de corrección judicial por
posibles inconformidades con las decisiones de las autoridades judiciales se escapa
a la competencia del juez constitucional.

43. De igual modo, el demandante consideró que se configuró un defecto sustantivo,
toda vez que la autoridad judicial no aplicó el marco normativo que regula el recurso
de apelación, específicamente, los artículos 320 y 328 del CGP, los cuales habilitan
al juez a pronunciarse únicamente sobre los reparos formulados por el apelante.

44. Sobre dicho defecto, la Sala sostiene que la discusión versa sobre un asunto
meramente legal. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden
legal relativas a un derecho de esta naturaleza deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto que “le está prohibido al
juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde
definir a otras jurisdicciones”12.

45. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar cuál es la interpretación correcta de los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso. En efecto, de acuerdo con la interpretación de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sí hubo congruencia
entre el recurso de apelación de la CREMIL y la decisión de segunda instancia. Por
su parte, según la interpretación de la parte actora, el juez de segunda instancia
desbordó los asuntos contenidos en el recurso. De lo anterior se sigue que el
accionante pretende que la acción de tutela sea un mecanismo para discutir el
alcance legal del requisito de congruencia entre la apelación y la decisión de

11
La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió el expediente 11001-03-25-
000-2023-00034-00 (Ver expediente 11001-03-15-000-2026-03597-00, archivo
“015RECIBEPRUEBAS_MemorialesSecGeneral”). En el expediente compartido, el oficio referido es
el archivo “039Sentencia_01FALLO06632023”, pág. 15.
12
Sentencia SU-173 de 2019.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

segunda instancia establecido por el Código General del Proceso, lo cual escapa a
la competencia del juez de tutela.

46. Finalmente, el demandante también alegó que la autoridad judicial desconoció
el precedente constitucional. Frente a ello, argumentó que la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció los precedentes de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado13. El alegato de la
parte actora expone que, bajo supuestos fácticos similares, la subsección A ha
encontrado acreditada la causal de revisión por falta de congruencia entre el recurso
de apelación y la decisión de segunda instancia.

47. Sin embargo, la Sala encuentra que, pese a que el actor relacionó dichas
decisiones, guardó silencio respecto de otras decisiones opuestas también de la
Sección Segunda del Consejo de Estado14. En ese sentido, el demandante no logró
demostrar un precedente en vigor, el cual debe ser uniforme. El hecho de que exista
una disparidad de decisiones debió ser advertido por el accionante, pues se trata
de una tutela contra providencia judicial de alta Corte, la cual exige una carga
argumentativa reforzada. Al existir diferentes posiciones frente a un mismo tema en
las decisiones del mismo Consejo de Estado, era imperativo que la demanda de
tutela asumiera esta situación y mostrara por qué sí se presentaba un precedente
en vigor.

48. Por lo anterior, la Sala concluye que la solicitud de amparo no cumple con los
requisitos especiales de tutela contra decisión de alta corte. De acuerdo con lo que
sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-202 de 2025, las tutelas contra
una decisión de alta corporación deben acreditar un error protuberante y ostensible.
Sin embargo, en el presente caso, el demandante no señaló un yerro de tal
magnitud que, incluso tratándose de una decisión de alta corte, justifique la
intervención del juez de tutela.

49. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción de amparo constitucional, por cuanto no se cumplen
los requisitos generales de procedencia. En concreto, no se acredita la relevancia
constitucional, pues el solicitante pretende emplear la acción de tutela como un
mecanismo para reabrir un debate ya definido en el proceso extraordinario de
revisión.

13
Sentencia del 26 de octubre de 2023, radicado 11001-03-25-000-2021-00757-00, consejero
ponente Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado 11001-03-
25-000-2021-00028-00, consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves; sentencia del 28 de
noviembre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2021-00482-00, consejero ponente Luis Eduardo
Mesa Nieves, y sentencia del 28 de noviembre de 2024, radicado 11001-03-25-000-2021-00176-00,
consejero ponente Luis Eduardo Mesa Nieves.
14
Sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado 11001-03-25-000-2022-00412-00, consejera
ponente Elizabeth Becerra Cornejo; Sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 11001-03-25-000-
2021-00771-00, consejero ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar; Sentencia del 13 de noviembre
de 2025, radicado 11001-03-25-000-2023-00196-00, consejera ponente Elizabeth Becerra Cornejo,
y Sentencia del 23 de octubre de 2025, radicado 11001-03-25-000-2023-00034-0, consejera ponente
Elizabeth Becerra Cornejo;

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03597-01
Accionante: Deison Alfredo Murillo Navarro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el señor Deison Alfredo Murillo Navarro contra la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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