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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04403-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04403-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 13 de agosto de 2025 por la Sección Cuarta Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, por las razones indicadas en esta providencia. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Luz Marina Torres Rodríguez Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04403-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04403-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04403-01
Accionante: LUZ MARINA TORRES RODRÍGUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Caducidad de la acción establecida en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024. Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión que
negó pretensiones. Declara improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada
por la parte actora en contra del fallo de 13 de agosto de 2025, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y
799 de 2025, así como en el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta
corporación.

Por auto del 23 de julio de 20252, el a quo admitió la acción de tutela, y mediante la
providencia del 3 de septiembre del presente año concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Luz Marina Torres Rodríguez, por medio de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a «la igualdad, debido proceso y al acceso a la administración de
justicia en consonancia con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima
y precedente judicial».

2. La accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la
sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 En esta providencia, se admitió la demanda en contra de la Subsección B de la Sección Segunda

del Consejo de Estado. Así mismo, se ordenó la vinculación de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.

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Accionante: Luz Marina Torres Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04403-01

en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (en modalidad de
lesividad) identificado con el radicado 25000-23-25-000-2007-00789-00/01/023. En
dicha providencia, la Subsección B de la Sección Segunda inaplicó por
inconstitucional la expresión «“y que estén en curso” […] prevista en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024», y, en consecuencia, conoció de fondo la controversia y
confirmó la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Primero: TUTELAR el amparo a los derechos fundamentales constitucionales
a la igualdad, debido proceso, al acceso a la administración de justicia, en
consonancia con los principios a la seguridad jurídica, la confianza legítima y
del precedente jurisprudencial a la señora Luz Marina Torres Rodríguez,
protegidos por nuestra Carta Política.
Segundo: Como consecuencia de la anterior pretensión se ordene dejar sin
efectos la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del radicado
25000-23-25-000-2007-00789-02.
Tercero: Ordenar al accionado dictar la sentencia de reemplazo, de
conformidad con los derechos tutelados.

1.2. Hechos

4. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (en modalidad de lesividad) en
contra de la señora Torres Rodríguez. Ello, con el fin de obtener la declaratoria de
nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) la Resolución 060 de 14 de marzo
de 2002, mediante la cual se reconoció a la accionante la pensión de jubilación, de
conformidad con el Acuerdo 024 de 1989; y (ii) la Resolución 100 de 15 de marzo
de 2002, por medio de la cual se ordenó el pago de la referida prestación a partir
del 31 de diciembre de 2001, en cuantía de $ 5.426.5144.

5. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que, en la sentencia de 30 de junio de 2023,
accedió parcialmente a las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas a la
demandada.

3 Proceso promovido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en contra de Luz Marina

Torres Rodríguez.
4 Los cargos de nulidad formulados en el proceso ordinario versaron sobre la violación de las normas

en que debieron fundarse los actos administrativos demandados, dado que la pensión de jubilación
fue reconocida con base en un régimen pensional del cual la accionante no era beneficiaria. Esto,
porque los actos demandados reconocieron la pensión de jubilación con el 100% de lo devengado
en el último año de prestación de servicio, con la inclusión de factores extralegales de primas
semestral, de vacaciones, de navidad, quinquenio y vacaciones, de conformidad con el Acuerdo 24
de 1989 proferido por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. No obstante, la demandada
era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, le era aplicable
la Ley 33 de 1985, la cual establece como requisitos para acceder a la prestación 55 años de edad
y 20 años de servicio, liquidada con el 75% de lo devengado en el último año de servicio, y los
factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

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6. Para el tribunal, las pruebas aportadas en el proceso daban cuenta de que la
señora Torres Rodríguez no cumplía con los requisitos previstos en el Acuerdo 24
de 1989 para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Ahora bien, por ser
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, tal prestación debió ser reconocida y liquidada de conformidad con las leyes
33 y 62 de 1985.

7. Por tanto, ordenó que la pensión se reliquidara y pagara de acuerdo con el
régimen legal aplicable. No obstante, no ordenó la devolución de los dineros ya
pagados por concepto de mesadas pensionales, pues, en virtud de los artículos 136
del Decreto 01 de 1984 y 164 de la Ley 1437 de 2011, «en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, no habrá lugar a la
recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello,
guardando correspondencia con la presunción contenida en el canon 83 de la
Constitución Política».

8. La señora Torres Rodríguez apeló tal decisión, por considerar que sí cumplía
con los requisitos exigidos por el Acuerdo 24 de 1989 para acceder a la pensión de
jubilación.

9. Mediante sentencia de 20 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolvió lo siguiente:

Primero. Inaplicar por inconstitucional la expresión «[…] y que estén en curso
[…]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta providencia.

Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

10. En relación con el primer resolutivo, la autoridad judicial accionada indicó
que, el 12 de febrero de 2025, la accionante solicitó la aplicación del artículo 86 de
la Ley 2381 de 20245, con el fin de que se declarara la caducidad de la acción.

11. Al respecto, determinó que dicha norma no podía ser aplicada en este caso,

5 «ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a
los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya
se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley».

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porque la demanda fue presentada «cuando estaba vigente la disposición según la
cual se podía acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en cualquier tiempo [artículo 136 del Decreto 01 de 1984], y en virtud de ella se
admitió la demanda, se adelantó el trámite pertinente, se profirió sentencia de
primera instancia y se dio trámite al recurso de apelación contra esa sentencia».
Por tanto, concluyó que aplicar dicha norma al caso concreto violaría el debido
proceso de la universidad demandante, puesto que ello implicaría «desconocer que
las puertas de la administración ya se habían abierto y se había permitido que se
adelantara el juicio de legalidad propuesto».

12. En todo lo demás, confirmó la sentencia del Tribunal a quo, dado que la
pensión de jubilación de la demandante debió hacerse con base en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985 «en cuanto a la edad, tiempo y tasa de
reemplazo».

1.3. Sustento de la vulneración

13. La accionante adujo que la sentencia de 20 de febrero de 2025, dictada por
la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, «a los principios a la seguridad judicial, confianza legítima y precedente
judicial». Esto, en tanto la providencia adolece de los defectos de decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente horizontal.

14. En cuanto al defecto de decisión sin motivación, señaló que la sentencia
sub examine no expuso las razones por las cuales inaplicaría por inconstitucional la
expresión «y las que estén en curso», contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, e «igualmente no tuvo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales sobre los
cuales era su deber pronunciarse»6.

15. Frente al defecto por desconocimiento del precedente, se refirió a algunos
fallos proferidos por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en los procesos 25000-23-25-000-2005-04593-04 (3443-2024) y 47001-23-33-000-
2016-00344-01 (2941-2018), en las que sí se ha declarado de oficio la caducidad
de la acción, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.

16. Al respecto, alegó que, en todos estos casos, se debatieron hechos iguales
y similares, pero las distintas subsecciones fallaron de forma distinta: en algunos de
ellos, «ampara los derechos de los ciudadanos demandados y en el caso presente
desfavorece a la ciudadana demandada negando el amparo de los mismos
derechos».

6 En relación con la motivación de las decisiones judiciales, se refirió a la sentencia proferida por la

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia SP-1022 del 08 de mayo de 2024, Rad.
63618.

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1.4. Intervenciones

17. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Solicitó que se
declare la improcedencia de la acción o, en su defecto, se niegue el amparo. Al
respecto, adujo que la accionante pretende que se deje sin efectos una decisión
que fue contraria a sus intereses con argumentos que ya fueron analizados en el
proceso ordinario.

18. En efecto, manifestó que, en la sentencia de 20 de febrero de 2025, se
explicó ampliamente por qué se inaplicó por inconstitucional el apartado «y que
estén en curso», contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. De allí que no
sea cierto que la decisión no estuvo motivada, como lo afirma la actora.

19. Ahora, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente de la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, manifestó que no existe
un criterio unificado en la Sección Segunda acerca de la aplicación del término de
caducidad previsto en el artículo 86 ibid. Sin embargo, resaltó, que la inaplicación
de apartado de la referida norma sí es un criterio pacífico al interior de la Subsección
B.

20. Finalmente, destacó que la Ley 2381 de 2024 fue suspendida por la Corte
Constitucional mediante el auto 841 de 2025 (expediente D-15.989), por lo que, con
mayor razón, no podría aplicarse el término de caducidad allí dispuesto.

21. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B. Tras realizar un recuento del trámite procesal, pidió que se niegue
el amparo solicitado Esto, dado que no se advierte vulneración alguna de los
derechos fundamentales de la accionante y, asimismo, «la acción constitucional no
puede constituir una tercera instancia en la que se pretenda la declaratoria favorable
de las pretensiones invocadas en el proceso ordinario».

22. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Expuso que la acción no
cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia de tutela contra
providencia judicial. En particular, se refirió a que, en este caso, no se configuraron
los defectos alegados por la parte actora, pues, la autoridad judicial accionada sí
llevo a cabo «un estudio pormenorizado de las razones por las que inaplicó por
inconstitucional lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024».

1.5. Sentencia de primera instancia

23. En sentencia de 13 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado, por cuanto no se configuraron los defectos
alegados por la actora.

24. En primer lugar, el a quo encontró acreditados todos los requisitos generales
de procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Esto, porque (i) no se propone
una discusión legal, en tanto ella versa sobre la inaplicación del artículo 86 de la Ley

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2381 de 2024 surgió en segunda instancia e incide en los derechos pensionales ya
reconocidos a la accionante; (ii) no se cuentan con otros medios de defensa judicial
para controvertir la decisión reprochada; (iii) la acción fue interpuesta dentro de los
6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia sub judice; (iv) se identificaron de
forma razonable los hechos que generaron la presunta vulneración de los derechos
fundamentales; y (v) la actora no está cuestionando un fallo de tutela.

25. Sin embargo, al estudiar el caso concreto, la Sección Cuarta concluyó que la
autoridad judicial accionada no incurrió en defecto alguno.

26. En lo que respecta al desconocimiento del precedente horizontal, explicó
que, en virtud del principio de autonomía judicial, es posible —y constitucionalmente
admisible— que «entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de
interpretación y decisión distintos frente a casos análogos, pues en el primer caso
la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su criterio
dentro de los límites de la razonabilidad». Así mismo, destacó que cuando este
defecto se formula a partir del presunto desconocimiento de otros despachos
judiciales, y no a los del propio juez, «el principio de independencia judicial no
necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio
de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de
conformidad con su criterio»7.

27. En lo que concierne a la inaplicación de un apartado del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, el a quo concluyó que la decisión reprochada explicó con suficiencia
las razones que fundaron su decisión, «teniendo en cuenta la situación fáctica
particular del caso y en ejercicio de los principios de autonomía e independencia
judicial». Aunado a ello, resaltó que, al no existir una posición unificada sobre esta
cuestión en la Sección Segunda de esta corporación, «los jueces de instancia, en
ejercicio de su autonomía judicial pueden adoptar el criterio interpretativo que
consideren más adecuado». De allí que los antecedentes de la Subsección A
citados por la actora no vinculen a la Subsección B aquí accionada.

1.6. Impugnación

28. La accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, con
base en los mismos argumentos expuestos en la acción de tutela, a saber, la
configuración de los defectos de decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente horizontal. Así mismo, precisó que, aun cuando la Ley 2381 de 2024 fue
suspendida por la Corte Constitucional mediante el auto 841 de 2025 de 17 de junio
de 2025, este aún no había sido proferido para el momento en que se dictó la
providencia reprochada.

II. CONSIDERACIONES

29. La Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida el de 13 de

7 Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 1995.

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agosto de 2025 por la Sección Cuarta Consejo de Estado que negó la solicitud de
amparo. En su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, esta Sección
explicará las razones por las cuales en el asunto objeto de estudio no se supera la
mencionada causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

2.1. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

30. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento
de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún defecto especial11 en
el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el
asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si
se superan los presupuestos generales de procedencia.

31. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

32. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos de procedibilidad, como pasa a explicarse.

33. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-

388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)

inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
11 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto

material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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34. La señora Torres Rodríguez está legitimada en la causa por activa,
comoquiera que fue la parte demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se expidió la sentencia aquí reprochada.
Del mismo modo, la Subsección B de la Sección Segunda Consejo de Estado está
legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que adoptó la
sentencia de 20 de febrero de 2025, que se cuestiona en esta oportunidad.

35. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional20, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor
cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate
propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para
resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se
trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna
entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se
pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa,
como si de una instancia adicional se tratase.

36. Como se expuso previamente, la accionante reprocha la sentencia dictada el
20 de febrero 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que inaplicó por inconstitucional la expresión «y que estén en curso»,
prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, y confirmó la sentencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad.

37. A su juicio, la mencionada decisión incurrió en los siguientes defectos: (i)
decisión sin motivación, dado que no expuso los motivos por los cuales inaplicó la
expresión señalada en el numeral anterior, y (ii) desconocimiento del precedente
judicial, por haberse apartado de diversas decisiones proferidas por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las que se declaró de oficio la
caducidad de la acción, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 86 de
la Ley 2381 de 2004, en casos similares al suyo.

38. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que los reproches
formulados por la parte demandante son una mera inconformidad con lo decidido
por el juez de segunda instancia. Esto, debido a que, contrario a lo afirmado por la
actora, la autoridad judicial accionada explicó con suficiencia, en el capítulo 2.2.1
de la providencia cuestionada, las razones por las cuales inaplicó la referida
expresión.

39. Al respecto, la autoridad judicial accionada afirmó, entre otras cosas, lo
siguiente:

[…] La caducidad del medio de control se constituye en la extinción del derecho
sustancial de acceso a la administración de justicia, como consecuencia del
actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la jurisdicción,
sería contrario al principio de legalidad y a la constitución aplicar esta

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consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico
acudió a demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador,
con sustento en una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar dicha
conducta negligente frente a reglas que no existían en ese momento, es decir
que se expidieron con posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el
ejercicio del presente medio de control se motivó en un interés general, propio
de la función pública, esto es, propender por la estabilidad financiera del sistema
pensional.

40. Ahora bien, frente al presunto desconocimiento del precedente judicial de las
sentencias proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, esta Sala también estima que el cargo carece de relevancia constitucional.
Esto, porque no se satisface la carga argumentativa requerida para efectuar un
estudio de fondo, por al menos dos razones.

41. Primero, como lo ha señalado esta Sección en otras oportunidades12, uno de
los presupuestos para la configuración del cargo formulado —y proceder con su
estudio de fondo— es que las decisiones hayan sido proferidas por la misma sala
de decisión en todos los casos. Sin embargo, la accionante funda el pretendido
defecto por desconocimiento del precedente horizontal en que la autoridad judicial
accionada se apartó sin justificación de la postura jurisprudencial adoptada por otra
subsección de la Sección Segunda en los procesos 25000-23-25-000-2005-04593-
04 (3443-2024) y 47001-23-33-000-2016-00344-01 (2941-2018), en los cuales
declaró de oficio la caducidad de la acción, de conformidad con el parágrafo
segundo del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

42. En esa medida, no se advierte prima facie la relevancia constitucional del
cargo, comoquiera que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no está obligada a acoger las consideraciones plasmadas por la otra sala
de decisión, menos en un asunto en el cual no existe posición unificada en el órgano
de cierre.

43. Segundo, si en gracia de discusión se aceptara que el desconocimiento del
precedente horizontal puede estudiarse de fondo a partir de decisiones proferidas
por salas de decisión distintas a la accionada, en este caso tampoco se cumpliría
con la carga argumentativa exigida.

44. Al respecto, de conformidad con la postura de la Sala, por regla general, se
entiende como precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que
presentan similitudes con un caso nuevo objeto de estudio en materia de supuestos
fácticos, problemas jurídicos y la ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente.

45. No obstante, tras revisar el escrito de tutela, la Sala evidencia que la

12 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de abril de 2025, M.P. Luis Alberto Álvarez

Parra, Rad. 11001-03-15-000-2025-01617-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 18
de septiembre de 2025, M.P. Pedro pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2025-05074-00;
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 16 de octubre de 2025, M.P. Gloria María Gómez
Montoya, Rad. 11001-03-15-000-2025-03081-01, entre otras.

9
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Accionante: Luz Marina Torres Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04403-01

accionante se limitó a enunciar los radicados de los procesos en los cuales fueron
proferidas las decisiones que estima como desconocidas, y a afirmar, en términos
generales, que en esos casos sí se declaró de oficio la caducidad del medio de
control con fundamento en la Ley 2381 de 2024.

46. Tal argumentación es a todas luces insuficiente a efectos de poder constatar
la procedencia del referido defecto, pues no se indica en qué consiste la similitud
fáctica entre los casos, ni mucho menos por qué la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado estaría obligada a aplicar la regla decisión
adoptada por la Subsección A en los fallos referidos.

47. Por lo demás, se observa que, al reprocharse una providencia proferida por
un órgano de cierre, la procedencia de la acción de tutela es aún más excepcional.
Por tanto, la carga argumentativa de la accionante debe ser incluso mayor, de forma
que el juez constitucional pueda advertir prima facie una vulneración arbitraria o
violatoria de sus derechos fundamentales, circunstancia que no ocurre en el caso
objeto de estudio.

48. Por lo anterior, se advierte que formular y, sumado a ello, alegar la
vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en
conocimiento revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos,
se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental.

49. En tales términos, resulta evidente que la presente acción tutela y los cargos
que aduce la accionante son una mera inconformidad con lo decidido por el juez
natural de la causa. Ciertamente, todo el escrito de tutela refleja un simple
desacuerdo con una decisión judicial sub examine, sin que sea posible establecer
que la controversia propuesta gire en torno al alcance, contenido o goce de una
garantía iusfundamental.

50. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida
el 13 de agosto de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar,
declarará la improcedencia por no haberse superado el requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 13 de agosto de 2025 por la
Sección Cuarta Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR la improcedencia de
la acción de tutela, por las razones indicadas en esta providencia.

10
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Accionante: Luz Marina Torres Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04403-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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