Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00631-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00631-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00631-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C. Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-25-000-2021-00631-00 (3142-2021)1
Demandante : Juan Carlos Obando
Demandada : Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL
Trámite : Recurso extraordinario de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el Veintitrés (23) de
Junio de Dos Mil Veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo del Huila
Decisión : Sentencia de única instancia
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Juan Carlos
Obando, contra la sentencia de Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Veinte (2020),
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que revocó parcialmente la sentencia
de primera instancia, mediante la cual se había reconocido el subsidio familiar como
partida computable en la asignación de retiro del demandante.
I. ANTECEDENTES
1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1.1 La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. El señor Juan Carlos Obando, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1
Proceso electrónico.
2
Samai, índice 19, documento C01 PrimeraInstancia.pdf, páginas 7 a 23.
Número Interno: 3142-2021
Accionante: Juan Carlos Obando
Accionada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA, en lo sucesivo), con el fin de obtener la nulidad de
los Oficios Nos. 000897 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), mediante el
cual, se negó el reajuste de la asignación de retiro, y 008264 del Diez (10) de febrero
siguiente, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha
decisión, en el sentido de confirmar la decisión primigenia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el reajuste de la asignación de retiro
por la indebida aplicación de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,
en concordancia con el artículo 13.2.1 de la misma norma, y el inciso segundo del artículo
1.º del Decreto 1794 de 2000, al considerar que, se incurrió en error al efectuar el cálculo
de la asignación de retiro, afectando doblemente la prima de antigüedad; (ii) el reajuste
de la asignación de retiro por la falta de aplicación de lo establecido en el parágrafo
segundo del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, para que la asignación salarial
mensual se liquidara con base en un salario mínimo legal mensual vigente incrementado
en un sesenta por ciento (60%); (iii) el reajuste de la asignación de retiro por la
vulneración del derecho a la igualdad, mediante la inclusión del subsidio familiar como
partida computable; (iv) el pago del reajuste del retroactivo pensional desde la fecha de
reconocimiento de la asignación de retiro y su inclusión en la nómina de pagos; (v) el la
indexación de todos los valores adeudados; (vi) el pago de los intereses de mora sobre
todos los valores adeudados; y (vii) la condena en costas a la entidad demandada.
1.2 Contestación de la demanda3
3. La Caja de Retiro de las Fuerza Militares – CREMIL, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al sostener que, liquidó la asignación de retiro del demandante conforme al
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004; que el reconocimiento del incremento del salario
básico del cuarenta por ciento (40%) al sesenta por ciento (60%) correspondía al
Ministerio de Defensa Nacional y no a esa entidad; y que el subsidio familiar no constituía
una partida computable para la asignación de retiro de los soldados profesionales, de
conformidad con los artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004.
1.3 Sentencia de primera instancia4
3
Samai, índice 19, documento C01 PrimeraInstancia.pdf, páginas 164 a 176.
4
Samai, índice 3, archivo: 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3, páginas 23 a 40.
2
Número Interno: 3142-2021
Accionante: Juan Carlos Obando
Accionada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
4. El Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Neiva, mediante sentencia
del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), declaró la nulidad parcial de
los Oficios Nos. 000897 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016) y 008264 del
Diez (10) de febrero del mismo año, mediante los cuales la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares – CREMIL, negó el reajuste de la asignación de retiro del señor Juan Carlos
Obando. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la entidad reliquidar dicha
prestación con fundamento en un salario mínimo legal mensual vigente, incrementado en
un sesenta por ciento (60%), e incluir el subsidio familiar como partida computable.
Igualmente, ordenó el pago de las diferencias causadas e indexadas, el reajuste de las
prestaciones derivadas y reconoció dichas diferencias a partir del Quince (15) de
diciembre de Dos Mil Once (2011); negó las demás pretensiones y no impuso condena
en costas.
5. Frente a la aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, el Juzgado consideró
que, la asignación de retiro equivalía al setenta por ciento (70%) del salario mensual
indicado en el numeral 13.2.1 del artículo 13 del mismo decreto, adicionado con un
(38,5%) de la prima de antigüedad. Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de
Estado, concluyó que, la entidad demandada interpretó indebidamente dicha disposición
al aplicar el setenta por ciento (70%) sobre la suma del salario mensual y la prima de
antigüedad, cuando esta última debía adicionarse al resultado obtenido sobre el salario
mensual.
6. En relación con el incremento del sesenta por ciento (60%) previsto en el inciso
segundo del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, el Juzgado acogió el criterio de
unificación del Consejo de Estado y concluyó que los soldados voluntarios que
posteriormente se incorporaron como soldados profesionales tenían derecho a percibir
una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente
incrementado en dicho porcentaje, con los efectos prestacionales correspondientes.
7. Finalmente, en cuanto al subsidio familiar como partida computable en la asignación
de retiro, el Juzgado señaló que el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 contemplaba
dicha partida para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, mas no para los
soldados profesionales. En ese sentido, consideró que esa exclusión vulneraba el
principio de igualdad y, en consecuencia, inaplicó por inconstitucional el artículo 13,
numeral 13.2.1, del Decreto 4433 de 2004, a efectos de incluir el subsidio familiar como
partida computable en la asignación de retiro del demandante.
3
Número Interno: 3142-2021
Accionante: Juan Carlos Obando
Accionada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
1.4 Recursos de apelación
1.4.1. La parte demandante5
8. El señor Juan Carlos Obando, a través de apoderada judicial, solicitó la revocatoria
parcial de la sentencia de primera instancia, en cuanto negó el primer reajuste de la
asignación de retiro previsto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. Sostuvo que, la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares liquidó erróneamente la prestación al aplicar un
doble porcentaje sobre la prima de antigüedad, lo que redujo indebidamente el monto de
la asignación.
9. Asimismo, afirmó que, aunque la resolución de reconocimiento reprodujo
correctamente la fórmula legal, en la práctica el pago de las mesadas se efectuó con una
liquidación distinta a la prevista en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, afectando
nuevamente la prima de antigüedad. Por ello, insistió en que tenía derecho al reajuste de
la asignación de retiro conforme a la correcta interpretación de dicha disposición.
1.4.2. Caja de Retiro de las Fuerza Militares – CREMIL6
10. La entidad demandada solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia
respecto del numeral quinto, al considerar que, el juez aplicó erróneamente la
prescripción cuatrienal prevista en el Decreto 1211 de 1990, cuando la norma vigente
para el caso era el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, que establece una prescripción
trienal para las mesadas de la asignación de retiro.
11. En ese sentido, sostuvo que, como la reclamación administrativa fue presentada el
Quince (15) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), el reconocimiento del retroactivo solo
procedía respecto de las acreencias causadas desde el Quince (15) de diciembre de Dos
Mil Doce (2012), razón por la cual, solicitó modificar la sentencia apelada, en punto a la
declaratoria de prescripción efectuada por el A-quo y, en caso de confirmarse la
providencia, abstenerse de imponer costas en segunda instancia.
1.5 Sentencia de segunda instancia, objeto de revisión7
5
Samai, índice 19, documento C01 PrimeraInstancia.pdf, páginas 244 a 245.
6
Samai, índice 19, documento C01 PrimeraInstancia.pdf, páginas 246 a 247.
7
Samai, índice 3, archivo: 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3, páginas 23 a 40.
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12. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del Veintitrés (23) de junio de
Dos Mil Veinte (2020), resolvió los recursos de apelación interpuestos por las partes
contra la sentencia proferida el Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018) por
el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Neiva. En consecuencia, revocó parcialmente
la sentencia apelada, así:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente el resolutivo SEGUNDO de la sentencia recurrida, en
cuanto declaró probada la excepción de legalidad de las actuaciones efectuadas por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares — correcta aplicación de las disposiciones legales
vigentes, la cual se DECLARA no probada y REVOCAR totalmente, el resolutivo CUARTO
de dicho fallo en cuanto ordenó reliquidar la asignación de retiro del actor con la inclusión
del subsidio familiar.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia recurrida para DECLARAR probada a excepción de
prescripción _trienal de los derechos laborales y prestacionales del demandante que se
causaron con anterioridad al 16 de diciembre de 2012.
TERCERO: MODIFICAR los resolutivo (sic) PRIMERO, TERCERO Y QUINTO de la
decisión apelada, los cuales quedan así:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de los oficios No. 000897 de enero 8 de
2016 y 008264 de febrero 10 de 2016
TERCERO: CONDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a reliquidar desde que
se causó el derecho, la asignación de retiro del señor JUAN CARLOS OBANDO incluyendo
un 20% en su asignación básica mensual y rectificar la liquidación de la misma acorde con
el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y la sentencia de unificación de abril 25 de 2019,
aplicando la fórmula:
[…]
QUINTO: CONDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a pagar al señor JUAN
CARLOS OBANDO (C.C. No. 17.646.346) las diferencias generadas con la reliquidación de
la asignación de retiro conforme quedó indicado en el resolutivo tercero de esta sentencia y
la asignación de retiro que le han venido pagando, mediante sumas de dinero actualizadas
a partir del 16 de diciembre de 2012 en virtud de la prescripción.
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.
QUINTO: NO CONDENAR en costas en ninguna de las instancias.
[…]
13. La Sala formuló como problemas jurídicos a establecer si la asignación de retiro del
demandante debía reliquidarse conforme al artículo 16 del Decreto 4433 de 2004; si debía
tenerse en cuenta el reconocimiento efectuado por CREMIL mediante la Resolución No.
9622 de 2018 y los efectos de dicho acto; y si la prescripción aplicable era la prevista en
el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004. Para resolverlos, abordó el estudio del sueldo
de los soldados profesionales, la revocación directa del acto demandado, el cálculo de la
asignación de retiro, el subsidio familiar y la prescripción.
14. En relación con el sueldo de los soldados profesionales, estudió la Ley 131 de 1985,
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el Decreto 1794 de 2000 y la sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del Veinticinco
(25) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016). Con fundamento en dichas disposiciones y
en la hoja de servicios del demandante, concluyó que, este tenía derecho a percibir una
asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado
en un sesenta por ciento (60%) y que, al haberse liquidado con un incremento del
cuarenta por ciento (40%), procedía declarar la nulidad del acto demandado en ese
aspecto.
15. Posteriormente, analizó la Resolución No. 9622 del Veintiséis (26) de marzo de Dos
Mil Dieciocho (2018), mediante la cual CREMIL reconoció el incremento del veinte por
ciento (20%) sobre el sueldo básico del demandante durante el trámite del proceso.
Consideró que, dicho acto implicó revocar el oficio demandado cuando ya se había
notificado el auto admisorio de la demanda, sin que se configuraran los presupuestos
previstos en el artículo 95 del CPACA, ni se hubiera surtido el procedimiento contemplado
en el parágrafo de esa disposición, razón por la cual, concluyó que esa decisión no
producía efectos frente a las pretensiones debatidas, sin perjuicio de descontar de la
condena los pagos efectuados con fundamento en ella.
16. Seguidamente, examinó la forma de liquidar la asignación de retiro prevista en el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), concluyendo que el setenta
por ciento (70 %) debía aplicarse únicamente sobre la asignación salarial mensual y,
posteriormente, adicionarse el treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5 %)
correspondiente a la prima de antigüedad, razón por la cual la liquidación efectuada por
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no se ajustó a la subregla fijada por dicha
providencia.
17. Finalmente, estudió la inclusión del subsidio familiar como partida computable para la
liquidación de la asignación de retiro y, con fundamento en la sentencia de unificación del
Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), concluyó que dicho emolumento
no era computable para quienes consolidaron ese derecho antes de julio de Dos Mil
Catorce (2014), por lo que revocó la decisión de primera instancia en ese aspecto.
Asimismo, al analizar la excepción de prescripción, determinó que resultaba aplicable el
término trienal previsto en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 y declaró prescritos
los derechos causados con anterioridad al Dieciséis (16) de diciembre de Dos Mil Doce
(2012).
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1.6 Recurso extraordinario de revisión8
18. El señor Juan Carlos Obando, por intermedio de apoderada judicial, interpuso recurso
extraordinario de revisión al amparo de la causal prevista en el numeral 5º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, contra la sentencia proferida el Veintitrés (23) de junio de
Dos Mil Veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Huila, notificada el Veinticinco
(25) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020), y ejecutoriada el Treinta (30) de septiembre
del mismo año, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL–.
19. Como sustento fáctico del recurso indicó que, el Dieciséis (16) de diciembre de Dos
Mil Quince (2015) presentó reclamación administrativa ante la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares –CREMIL– solicitando el reajuste de su asignación de retiro, por
considerar que: (i) la entidad aplicó un doble porcentaje a la prima de antigüedad,
contrariando lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004; (ii) no reconoció el
incremento del veinte por ciento (20%) previsto en el parágrafo segundo del artículo 1.º
del Decreto 1794 de 2000, pese a cumplir con la migración de soldado voluntario a
soldado profesional; y (iii) omitió incluir el subsidio familiar devengado en actividad dentro
de la asignación de retiro. Señaló que dicha petición fue resuelta desfavorablemente
mediante el Oficio No. 0000897 del Ocho (8) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), contra
el cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, resueltos igualmente de
manera desfavorable mediante el Oficio No. 0008264 del Diez (10) de febrero de Dos Mil
Dieciséis (2016), quedando agotado el procedimiento administrativo. Agregó que,
posteriormente, se surtió audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 90
Judicial I para Asuntos Administrativos de Neiva, la cual fue declarada fallida.
20. Indicó que, mediante sentencia No. 088 del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil
Dieciocho (2018), dicho despacho accedió parcialmente a las pretensiones al ordenar la
reliquidación de la asignación de retiro con fundamento en el incremento del sesenta por
ciento (60%) sobre el salario mínimo legal mensual vigente y la inclusión del subsidio
familiar, mientras negó la reliquidación de la prima de antigüedad. Señaló que interpuso
recurso de apelación respecto de la negativa de esta última pretensión, en tanto que la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares apeló únicamente lo relacionado con la
prescripción.
8
Samai, índice 3, archivo: 2_DemandaWeb_Demanda.
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21. Refirió que el Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del Veintitrés (23)
de junio de Dos Mil Veinte (2020), revocó parcialmente la decisión de primera instancia
en cuanto ordenó la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro y negó dicha
pretensión. Sostuvo que, esta decisión configuró la causal de revisión invocada, por
cuanto el juez de segunda instancia resolvió un aspecto respecto del cual ninguna de las
partes formuló reparo o inconformidad en los recursos de apelación, razón por la cual,
solicitó revisar la referida providencia y confirmar la decisión de primera instancia en lo
concerniente a la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro.
1.6.1 Causal de revisión invocada
22. El demandante invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011, conforme a la cual:
Artículo. 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]
23. Como fundamento de la causal invocada, sostuvo que, la sentencia proferida el
Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Huila
incurrió en nulidad, por cuanto resolvió un asunto que no fue objeto de los recursos de
apelación interpuestos por las partes.
24. Indicó que, mientras su recurso se dirigió a controvertir la negativa de la reliquidación
de la prima de antigüedad y el presentado por la Caja de Retiro de las Fuerza Militares –
CREMIL se limitó a cuestionar la prescripción de las diferencias económicas reconocidas,
el Tribunal revocó la decisión de primera instancia respecto de la inclusión del subsidio
familiar en la asignación de retiro, pese a que dicho aspecto no había sido objeto de
inconformidad. En ese sentido, afirmó que, el Tribunal excedió los límites de su
competencia funcional y vulneró el principio de congruencia, razón por la cual solicitó que
se declarara fundada la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA.
1.6.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
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Accionante: Juan Carlos Obando
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25. El recurso extraordinario de revisión fue admitido por este Despacho mediante auto
del Cinco (5) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)9.
1.6.3 Contestación del recurso extraordinario de revisión10
26. La Caja de Retiro de las Fuerza Militares – CREMIL, solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión, al considerar que, no se configuró la causal del
numeral 5º del artículo 250 del CPACA y que, el demandante pretende reabrir el debate
de fondo ya resuelto. Asimismo, sostuvo que, el Tribunal actuó dentro de su competencia
al aplicar la sentencia de unificación del Consejo de Estado del Veinticinco (25) de abril
de Dos Mil Diecinueve (2019) y excluir el subsidio familiar, en cumplimiento del
precedente vinculante y del principio de legalidad.
27. El Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
28. La Subsección es competente para conocer y decidir del presente recurso, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA11 y 20 de la Ley 797 de 200312, en concordancia
con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el
Acuerdo 80 de Doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)13.
2.2 Oportunidad
29. El recurso del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia revisada fue
proferida el Veintitrés (23) de Junio de Dos Mil Veinte (2020), se notificó el Veinticinco
(25) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020)14 y quedó ejecutoriada el Treinta (30) del
mismo mes y año15. Así las cosas, como el recurso extraordinario de revisión se interpuso
9
Samai, índice 9.
10
Samai, índice 20.
11
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
12
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
13
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14
Samai, índice 3, archivo: 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3, páginas 41 a 42.
15
Samai, índice 3, archivo: 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOS(.pdf) NroActua 3, página 43.
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el Veintidós (22) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021)16, se presentó dentro del
término dispuesto por el artículo 251 del CPACA.
2.3 Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
31. ¿La sentencia del Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, está incursa en la causal de revisión prevista en el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA, consistente en existir nulidad en la sentencia que
puso fin al proceso, por haber decidido en segunda instancia excluir el subsidio familiar
como partida computable de la asignación de retiro, pese a que dicho aspecto no fue
objeto de cuestionamiento por las partes en los recursos de apelación?
2.4 Marco normativo del recurso extraordinario de revisión
32. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de impugnación y la excepción
al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, por
cuanto, abre la posibilidad de discutir los fallos ejecutoriados conforme la lista taxativa
que establece el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que se enlistan a continuación:
ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho
para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
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Samai, índice 3.
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Número Interno: 3142-2021
Accionante: Juan Carlos Obando
Accionada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
33. Este recurso reviste connotación especial, no solo porque con su ejercicio se
pretenden desvirtuar las presunciones de legalidad y certeza que amparan una sentencia,
sino por las causales de procedencia que consagró de manera taxativa el legislador en
el artículo 250 del CPACA, lo cual, implica que las facultades del juez que conoce de él
se sujetan al estudio de los argumentos planteados por el recurrente, los que, a su turno,
deben estar dirigidos a demostrar la causal alegada como sustento de la pretensión de
revisión, sin que sea dable incluir afirmaciones distintas ni revivir la controversia jurídica
y fáctica propia del proceso en el que se profirió la decisión objeto del recurso
extraordinario17.
34. Se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para
restablecer el imperio de la justicia, como supremo fin del derecho, cuando ellas son
proferidas con violación del derecho de defensa, desconocimiento de la cosa juzgada o
por circunstancias específicamente señaladas por la ley como delito, como lo dispone el
artículo 250 del CPACA; lo anterior significa que, no constituye una nueva oportunidad
que conceda la ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias ni para
suplir la incuria o negligencia de ellas en materia probatoria, puesto que, se fundamenta
en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso;
de modo que es un medio de impugnación excepcional de las sentencias, que permite el
17
El Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, en fallo de 2 de abril de 2013, expediente 1997-00142-00, indicó:
«el recurso extraordinario de revisión establecido por el Código Contencioso Administrativo tanto por el artículo 164 de la Ley 167 de
1941, como el Decreto 01 de 1984, posteriormente modificado por la Ley 446 de 1998, tiene como característica que le es propia que
se interpone contra sentencias ejecutoriadas por causales excepcionales para restablecer el imperio de la justicia como supremo fin
del derecho cuando ellas son obtenidas con violación del derecho de defensa, con vulneración de la cosa juzgada o por circunstancias
específicamente señaladas por la ley como delito, tal como puede observarse por lo dispuesto en el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo vigente. Conforme a lo acabado de expresar este recurso no es una nueva oportunidad que se conceda
por la Ley a las partes para reabrir el debate propio de las instancias, ni tampoco para suplir la incuria o negligencia de las mismas
en materia probatoria, sino que se fundamenta en hechos externos que no tuvieron oportunidad de ser planteados dentro del proceso,
como ocurre por ejemplo cuando la sentencia fue dictada con fundamento en documentos cuya falsedad fue declarada por la justicia
ordinaria, o con apoyo en testimonios en virtud de los cuales los declarantes fueron condenados por haber incurrido en el delito de
falsedad testimonial, o cuando los peritos en virtud de cuyo dictamen se dictó el fallo hubieren sido condenados penalmente por haber
cometido un delito en la rendición del mismo, o cuando el fallo se obtuvo en virtud de violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia, o cuando se demuestra con posterioridad al fallo que este fue dictado con violación de la existencia de cosa juzgada
anterior entre las mismas partes, salvo que se hubiere alegado durante las instancias la excepción de cosa juzgada y hubiere sido
rechazada.
Es decir, como lo ha precisado la sala plena en anteriores oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio
de la justicia como del ordenamiento jurídico que resultan lesionados por hechos externos al proceso judicial. Tales hechos externos
están descritos en el artículo 188 C.C.A. y tienen que ver con la falsedad, el error, el dolo o la aparición de documentos decisivos que
hubieran alterado la decisión judicial.
Así mismo procede la causal de revisión cuando la sentencia fue proferida pese a la existencia de una nulidad originada en la misma
y cuando respecto de ese fallo no hubiere sido procedente el recurso de apelación.
Ha de anotarse que conforme a la jurisprudencia vigente de acuerdo con la sentencia C-520 de 2009 de la Corte Constitucional, el
recurso extraordinario de revisión se extiende también a las dictadas por los jueces administrativos en primera o segunda instancia
cuya naturaleza permita la interposición del recurso, pues en ella se declaró la inexequibilidad de la expresión "dictadas por las
secciones y subsecciones de la sala de lo contenciosos administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en
única o segunda instancia».
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rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer el ordenamiento jurídico, que
resulta lesionado por hechos externos al proceso judicial18.
35. Por consiguiente, para que este recurso prospere no solo resulta imperativo que se
demuestre la existencia de un motivo o causal de revisión que, de manera inequívoca,
tenga la aptitud suficiente para variar los resultados del fallo por las causales establecidas
en el mencionado artículo 250 del CPACA, sino que tal demostración debe corresponder
a las circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley y la jurisprudencia de esta
Corporación.
2.4.1 Sobre la causal prevista en el numeral 5) del artículo 250 del CPACA.
36. El numeral 5° del artículo 250 del CPACA regula la causal del recurso extraordinario
de revisión referida a la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
37. La jurisprudencia de esta Corporación ha resaltado la dificultad de limitar el alcance
de esta causal, toda vez que el legislador omitió desarrollar puntualmente en qué casos
se configura, de ahí que su ámbito de aplicación se haya decantado en torno a la idea de
evitar su uso para reabrir el debate probatorio que originó el proceso, pues, el juez de
revisión no se puede convertir en el juez de instancia19.
38. La causal integra dos requisitos, uno objetivo, consistente en que la providencia no
sea plausible del recurso de apelación; y otro subjetivo, derivado de que la nulidad
invocada tenga origen en la sentencia que puso fin al proceso20.
39. Su alcance ha sido precisado por la jurisprudencia de esta Corporación en el
entendido que las causales del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil,
actualmente 133 del Código General del Proceso (CGP)21, son las que pueden dar origen
a la nulidad de la providencia, y las derivadas de la violación del debido proceso
constitucional, previsto en el artículo 29 de la Carta Política22.
18
Ibidem.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015,
exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
21
En adelante CGP.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26. Proceso con radicado, 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Referencia: Recurso extraordinario de revisión. M.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz. Criterio reiterado en la sentencia de
la Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
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40. El artículo 133 del CGP expresa:
«El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción
o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como
su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando
se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.
9.Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.»
41. No obstante, de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, la
Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado, mediante sentencia del Ocho (8)
de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)23, precisó que la nulidad no está restringida a las
cáusales contempladas en el ordenamiento procesal civil, comoquiera que, puede
presentarse por la violación al debido proceso, por lo que es procedente la aplicación del
artículo 29 de la Constitución Política.
42. En los casos de violación del artículo 29 de la Constitución Política, el juez determina
si lo alegado «tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la sentencia de instancia, pues no
toda irregularidad puede tener la potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto
fin al proceso»24. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, no cualquier
vulneración del debido proceso prevista en el artículo 29 de la Constitución Política da
lugar a la configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino únicamente
aquellas hipótesis excepcionales definidas por la jurisprudencia, esto es, los vicios
23
C-491 de 1995, C-739 de 2001.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
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originados en el fallo o aquellos que, pese a haberse presentado durante el trámite del
proceso, no pudieron ser alegados oportunamente por la parte recurrente.25
43. Ahora bien, la nulidad debe darse en la sentencia, no en etapas anteriores donde
debieron proponerse al juez, como lo indicó la Sala 8 Especial de Decisión de la Sala
Plena Contenciosa de esta Corporación, al señalar en providencia del Seis (6) de febrero
de Dos Mil Dieciocho (2018), que «para que esta causal de revisión prospere, entre otras, debe
tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron
con posterioridad a ella y que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta;
que no se trate de causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en
su curso y no con posterioridad a él […]»26.
44. La causal 5° del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio
de congruencia cuando el accionado es condenado por cantidad superior, o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta;
igualmente se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
puntos litigiosos objeto del debate27.
45. El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y la externa.
La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la parte resolutiva; y
la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las partes y lo decidido por el
fallador.
46. Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez de la
decisión siempre y cuando sea de tal envergadura que solo proceda anularla, por ello «el
juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener
los sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia, ya que
en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando como
una tercera instancia -propia de los recursos ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar
la inmutabilidad del fallo a partir de la naturaleza especial del recurso extraordinario» 28.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2020-
03585-00. C.P Luis Alberto Álvarez Parra.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de 2018, M.P.
Dra. María Elizabeth García González, Exp. REV-2016-01127-00.
27
Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, proceso
con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
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47. De todo lo anterior, se concluye que, para que sea procedente infirmar la sentencia
cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad originada en la
sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia o por hechos
posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues, en tal caso las
partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del proceso, salvo que
no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo conocimiento de ellos cuando se dictó
la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada sea de tal entidad, que influya en la decisión a
adoptar, ello en razón a que no cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper
esa cosa juzgada de la que la sentencia está investida.
2.5. Caso concreto
48. El demandante invocó como causal de revisión, la contenida en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, para lo cual argumentó que la sentencia cuya revisión se
pretende, incurrió en una nulidad originada en la propia providencia, por cuanto el
Tribunal Administrativo del Huila, resolvió un aspecto que no fue objeto de los recursos
de apelación interpuestos por las partes.
49. Al respecto, sostuvo que, la competencia del juez de segunda instancia se encontraba
limitada por los reparos formulados en los recursos de apelación. Señaló que ninguna de
las partes cuestionó la decisión de primera instancia en punto a la orden de incluir el
subsidio familiar en la asignación de retiro, pues, el demandante apeló únicamente la
negativa de reliquidar la prima de antigüedad y que la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares – CREMIL, controvirtió exclusivamente este último aspecto.
50. Con fundamento en lo anterior, afirmó que, el Tribunal Administrativo del Huila carecía
de competencia para revocar la decisión de primera instancia, en lo relacionado con la
inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro, por tratarse de un aspecto
respecto del cual no se formularon reparos en los recursos de apelación, circunstancia
que, a su juicio, configuró la causal de revisión invocada por desconocimiento de los
límites de la competencia del juez de segunda instancia.
51. En este contexto, la Sala advierte que, el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Neiva, inaplicó el artículo 13 numeral 13.2 del Decreto 4433 de 2004, al
considerar que la exclusión del subsidio familiar como partida computable para los
soldados profesionales vulneraba el principio de igualdad. En consecuencia, ordenó
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incluir dicho emolumento como factor computable para la reliquidación de la asignación
de retiro del señor Juan Carlos Obando.
52. Ambas partes interpusieron recursos de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia. En concreto, la parte demandante solicitó revocar la decisión en cuanto
negó el reconocimiento del primer reajuste de la asignación de retiro previsto en el artículo
16 del Decreto 4433 de 2004, al considerar que, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
– CREMIL, aplicó erróneamente un doble porcentaje sobre la prima de antigüedad,
disminuyendo indebidamente el monto de la prestación. Por su parte, la entidad
demandada pidió modificar la sentencia respecto de la prescripción, al sostener que, el A
quo aplicó equivocadamente el término cuatrienal previsto en el Decreto 1211 de 1990,
cuando correspondía aplicar la prescripción trienal consagrada en el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004; en consecuencia, solicitó limitar el reconocimiento del retroactivo
y abstenerse de imponer costas en segunda instancia.
53. Ahora, si bien es cierto que, los recursos de apelación no cuestionaron expresamente
la decisión de primera instancia, en cuanto ordenó incluir el subsidio familiar como factor
computable de la asignación de retiro, tampoco es menos cierto que, tal circunstancia no
conduce, por sí sola, a concluir que el Tribunal Administrativo del Huila hubiera excedido
los límites de su competencia funcional.
54. Sobre este punto, resulta pertinente destacar que esta Sección, al resolver un recurso
extraordinario de revisión con supuestos fácticos y jurídicos similares, precisó29:
En efecto, como se expuso en relación con los fines del recurso de apelación, si bien es cierto
que el principio de congruencia (artículo 281 del CGP) ata al juez a «los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley»; y que, en el mismo sentido, la competencia del ad quem se encuentra
condicionada por «los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación» (artículo
328 del CGP), también lo es que tales limitaciones hayan una excepción en la facultad que
ambas normas le otorgan al juzgador de segunda instancia para pronunciarse «de oficio»
respecto del «derecho sustancial sobre el que verse el litigio» (artículo 281 del CGP) o «en
los casos previstos por la ley» (artículo 328 ejusdem), así:
ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas
si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-25-000-2020-00717-00 (2104-2020) C.P Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto
la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
[…]
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
[…]
(Negrillas fuera del texto)
55. En ese sentido, resaltó que, «las decisiones manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria
y no atan al juez30; por lo que era jurídicamente posible que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander entrara a estudiar, incluso oficiosamente (como se le permite al ad quem hacerlo respecto de
las excepciones que encuentre probadas [artículos 281 y 328 CGP]) la existencia del derecho del
demandante a la inclusión en su partida computable del factor subsidio familiar, aplicando para el efecto
una nueva sentencia de unificación sobre el particular31; puesto que tal examen le venía impuesto por el
artículo 10 del CPACA, que advierte a los jueces de la jurisdicción contenciosa-administrativa del deber de
aplicar, en la decisión de su competencia, «las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de
Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas (constitucionales, legales y reglamentarias)».
En otras palabras, era una decisión que podía adoptar de oficio, en tanto así está previsto en la ley (artículo
328 CGP)».
56. De tal pronunciamiento, se desprende que, el deber impuesto por el artículo 10 del
CPACA32 de aplicar las sentencias de unificación, constituye uno de los supuestos
legales que habilitan al juez de segunda instancia para adoptar decisiones de oficio en
los términos del artículo 328 del Código General del Proceso. En consecuencia, la
adecuación de la decisión al precedente obligatorio vigente no configura, por sí sola, una
actuación ultra o extra petita, ni supone una vulneración del principio de congruencia o
del debido proceso.
57. Al respecto, observa la Sala que, el Tribunal Administrativo del Huila delimitó
expresamente el objeto de la segunda instancia y señaló que, en razón de los recursos
de apelación interpuestos por ambas partes, procedía examinar integralmente la decisión
30
Ver, entre otras providencias de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987 M.P. Héctor
Gómez Uribe; Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Asimismo, las siguientes sentencias
del Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de agosto de 2012, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación: 11001-03-15-000-
2012-00117-01(AC); del 5 de julio de 2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación: 05001-23-31-000-2006-01233-01; del 25 de mayo
de 2016, radicación: 25000-23-36-000-2013 00835-01, número interno: 53553, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), entre
otras.
31
Del Consejo de Estado, Sección Segunda, de 25 de abril de 2019.
32
ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial
del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.
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recurrida. En desarrollo de ese entendimiento formuló los problemas jurídicos que estimó
debían resolverse, entre ellos el relativo a la inclusión del subsidio familiar como factor
computable de la asignación de retiro, asunto que decidió con fundamento en la sentencia
de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado
el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), de la cual destacó la siguiente
regla jurisprudencial:
3. Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al mes de julio
de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la liquidación de esa prestación,
toda vez que no estaba definido en la ley o decreto como tal.
58. Con fundamento en esa regla, el Tribunal concluyó que, el señor Juan Carlos Obando
no tenía derecho a la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro, por cuanto
causó su derecho en el mes de junio de Dos Mil Nueve (2009), época para la cual dicho
subsidio no constituía partida computable de la asignación de retiro.
59. En cuanto a los efectos de la referida sentencia de unificación, la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado precisó:
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente
obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los
casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retroactivos, en atención a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
60. En este contexto, la decisión del Tribunal no obedeció al examen de un aspecto ajeno
a la controversia ni al ejercicio de una competencia distinta de la atribuida al juez de
segunda instancia, sino al cumplimiento del deber legal previsto en el artículo 10 del
CPACA, el cual, constituye uno de los eventos en que el juez de segunda instancia puede
adoptar decisiones de oficio, tal como lo precisó esta Sección en la sentencia de revisión
antes citada, con fundamento en el precedente vigente y obligatorio fijado por la sentencia
de unificación del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), «decisión que goza
de efectos inmediatos para los casos pendientes de solución, dada la obligatoriedad del precedente» 33.
61. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que, la sentencia de primera instancia no había
adquirido firmeza cuando el Tribunal Administrativo del Huila resolvió los recursos de
apelación, razón por la cual le correspondía decidir el litigio conforme al ordenamiento
jurídico vigente. En ese escenario, prevaleció el principio de legalidad, que imponía
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de noviembre de
2024, Rad. 11001-03-25-000-2021-00029-00 (0040-2021), C.P Elizabeth Becerra Cornejo.
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adecuar la decisión a la interpretación fijada por la sentencia de unificación, garantizando,
además, la aplicación uniforme del derecho y el principio de igualdad, en cuanto
situaciones con identidad fáctica y jurídica debían recibir el mismo tratamiento, conforme
al artículo 10 del CPACA. En consecuencia, mantener la decisión del A quo habría
implicado reconocer una prestación que carecía de sustento en el régimen jurídico
aplicable, con la consecuente afectación de los recursos públicos.
62. En igual sentido, esta Sala34 ha mantenido una línea jurisprudencial uniforme al
resolver recursos extraordinarios de revisión en asuntos con contornos fácticos y jurídicos
similares, en el sentido que la sentencia de unificación del Veinticinco (25) de abril de
Dos Mil Diecinueve (2019) constituye precedente obligatorio para los procesos
pendientes de decisión, razón por la cual, su aplicación por el juez de segunda instancia
no configura, por sí misma, una nulidad originada en la sentencia.
63. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, en el presente asunto no se encuentra
demostrada la causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA.
En efecto, el Tribunal Administrativo del Huila no vulneró el principio de congruencia ni
excedió los límites de su competencia funcional, pues, la decisión de excluir el subsidio
familiar como factor computable en la asignación de retiro obedeció a la aplicación del
precedente obligatorio fijado por la sentencia de unificación del Consejo de Estado
Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), vigente al momento de decidir la
segunda instancia y aplicable a los procesos pendientes de decisión, como era el caso.
En esas condiciones, la providencia objeto de revisión no presenta una nulidad originada
en la propia sentencia.
64. En consecuencia, la inconformidad del recurrente no evidencia la configuración de la
causal de revisión invocada, sino, que se dirige a cuestionar la interpretación jurídica
acogida por el Tribunal Administrativo del Huila, y la aplicación del precedente de
unificación al caso concreto. Tal propósito resulta ajeno a la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión, el cual, no constituye una nueva instancia destinada a reabrir
el debate jurídico definido en la sentencia cuya revisión se pretende.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 29 de noviembre de
2024, Rad. 11001-03-25-000-2021-00029-00 (0040-2021); sentencia del 6 de febrero de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2022-00412-
00 (4383-2022); sentencia del 23 de octubre de 2025, Rad. 1100111001-03-25-000-2023-00034-00 (0663-2023); sentencia del 13 de
noviembre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-00196-00 (2352-2023) C.P Elizabeth Becerra Cornejo.
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2.6. Conclusión
65. Conforme al análisis efectuado, la Sala concluye que, la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, no se encuentra incursa en la causal de revisión prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, razón por la cual, el recurso extraordinario
de revisión será declarado infundado.
2.7. Condena en costas
66. Sobre la condena en costas, es importante destacar que, si bien el inciso final del
artículo 255 del CPACA dispone que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas
y perjuicios al recurrente», también lo es que la condena no procede de manera automática,
pues tal y como se indica en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del
Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que, en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas al recurrente.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Juan Carlos Obando, contra la sentencia de Veintitrés (23) de Junio de Dos
Mil Veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.
20
Número Interno: 3142-2021
Accionante: Juan Carlos Obando
Accionada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
21
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