Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00029-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de noviembre de 2024
Radicación: 11-001-03-25-000-2021-00029-00 (0040-2021)
Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00029-00 (0040-2021)
Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ramiro Leyton
Rodríguez en contra de la sentencia del 13 de diciembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, que revocó parcialmente el fallo proferido el 13 de
marzo de 2018 por el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, que había
reconocido al subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro del
señor Leyton Rodríguez.
1. ANTECEDENTES
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1
1. A partir de las pruebas aportadas por el recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el CGP2, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos y actuaciones relevantes del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 81-001-33-33-
751-2015-00051-003:
1.2. La demanda4
2. Ramiro Leyton Rodríguez radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en la que solicitó la anulación de los actos administrativos contenidos en los
1
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3.
2
Artículos 244 y subsiguientes del CGP. «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando
por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». Artículo 246 del CGP.
3
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3.
4
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3, folios 35 y 36.
1
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Radicación: 11-001-03-25-000-2021-00029-00 (0040-2021)
Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
oficios núms. 10179 del 20 de febrero de 2015 y 16426 del 16 de marzo siguiente, que
le negaron el reajuste de su asignación de retiro.
3. Como consecuencia de esta declaración, pidió condenar a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares (CREMIL) al reconocimiento y pago de la asignación de retiro
sobre la cual le asistía derecho de acuerdo con los artículos 16 y 13.2.1 del Decreto
4433 de 2004 y el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 del 2000, con
fundamento en diversas causales.
4. La primera de estas, la indebida aplicación de los artículos 16 y 13.2.1 del
Decreto 4433 de 2004, en cuanto al cálculo de la asignación de retiro, por tomar de
manera equivocada los factores y porcentajes generando una doble afectación de la
prima de antigüedad.
5. La segunda, relacionada con la falta de aplicación del parágrafo segundo del
artículo 1 del Decreto 1794 del 2000, comoquiera que se tomó el salario mínimo
vigente con un incremento del 40%, pese a que la norma dispone que a los soldados
que ostentaran la calidad de voluntarios al 31 de diciembre del 2000, se les liquidaría
su asignación salarial mensual con el salario mínimo legal vigente aumentado en un
60%.
6. Por último, la atinente a la transgresión del derecho fundamental a la igualdad
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política por falta de inclusión del subsidio
familiar como una partida computable para los soldados profesionales, cuando así se
le reconocía a otros integrantes de las fuerzas militares.
1.3. Contestación de la demanda5
7. CREMIL se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que: i)
liquidó la asignación de retiro del señor Leyton Rodríguez de acuerdo con la norma
aplicable; ii) que no tenía legitimación en la causa por pasiva para reconocer el reajuste
del 60% del SMLMV porque esto era competencia del Ministerio de Defensa; iii) y que
el subsidio familiar solo se les reconocía a los oficiales y a los suboficiales según el
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004.
1.4. Sentencia de primera instancia6
8. El Juzgado Primero Administrativo de Arauca en audiencia inicial del 13 de
marzo de 2018, determinó que el asunto era de puro derecho, razón por la cual
prescindió de la audiencia de pruebas, y profirió fallo oral una vez fueron escuchados
los alegatos de conclusión, en la que decidió lo siguiente:
PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte
demandada, denominadas “INEXISTENCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO
PARA LA INCLUSIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR COMO PARTIDA
COMPUTABLE”, “CORRECTA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE LA
LIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO”, “INEXISTENCIA DE
5
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3, folios 37 y 38.
6
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3, folios 12 a 26.
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FUDAMENTO EN CUANTO AL REAJUSTE SOLICITADO 40%-60%”, “NO
CONFIGURACIÓN DE VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD”, “NO
CONFIGURACIÓN DE FALSA MOTIVACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE LA
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES”, Y “NO
CONFIGURACIÓN DE CAUSAL DE NULIDAD”, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Inaplicar por excepción de inconstitucionalidad el parágrafo del
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: Declarar la nulidad de los oficios Nos. 0010179 de fecha 20 de
febrero de 2015 y 0016426 del 16 de marzo de 2015, a través de los cuales
la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILUTARES – CREMIL negó el
reajuste de la asignación de retiro del señor RAMIRO LEYTON RODRÍGUEZ,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES efectuar la reliquidación de la asignación de retiro del
señor RAMIRO LEYTON RODRÍGUEZ tomando como fórmula para liquidarla,
el 70% del salario básico + el 38.5% de la prima de antigüedad, teniendo en
cuenta el salario básico establecido en la hoja de servicios y las
modificaciones que sobra dicha asignación básica pudieren surgir, conforme
a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: Así mismo, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del
acto acusado, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la CAJA
DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL efectuar la
reliquidación de la asignación de retiro del señor RAMIRO LEYTON
RODRÍGUEZ, con la inclusión de la partida denominada Subsidio Familiar en
el porcentaje por él percibido al momento de su retiro, esto es, el 62,5% del
sueldo básico, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEXTO: Sin lugar a prescripción de mesadas, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: Disponer el pago retroactivo de la diferencia resultante entre las
mesadas de asignación de retiro efectivamente pagadas desde la fecha de su
reconocimiento, y aquellas que debieron pagarse de haberse aplicado
correctamente la fórmula para liquidarla, valores que deberán ser
actualizados según la fórmula:
[…]
OCTAVO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda […]. 7
9. El Juzgado Primero Administrativo de Arauca, frente a la fórmula de aplicación
del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, determinó que CREMIL erró en la
aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, por lo cual afectó la forma en que
liquidó la asignación de retiro del demandante. Esto, por cuanto el decreto tenía que
interpretarse en el sentido de que el 70% sería aplicable al salario básico, pero no al
38.5% de la prima de antigüedad.
7
Transcrito textualmente con errores.
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Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
10. En lo relativo al aumento de la asignación básica mensual de acuerdo con
el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 del 2000, el Juzgado indicó que el cálculo
de la asignación básica mensual le correspondía al Ministerio de Defensa Nacional y
no a CREMIL al ser potestad de la primera entidad, y, por tanto, la segunda estaba
limitada a reconocer la asignación de retiro a partir de la hoja de servicios que había
sido expedida, sin que tuviera posibilidad de modificarla.
11. Finalmente, en cuanto al subsidio familiar como partida computable en la
asignación de retiro, el Juzgado precisó que como Ramiro Leyton Rodríguez era
soldado profesional para el 30 de septiembre de 2009, fecha en la cual se publicó el
Decreto 3770 de 2009, que derogó el artículo 11 del Decreto 1794 del 2000, era
merecedor del subsidio familiar hasta el momento de su retiro.
12. Aunque resaltó que esta partida no era computable para los soldados
profesionales a diferencia de lo que ocurría con los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, tal como lo preveía el Decreto 4433 de 2004, consideró que este trato
era discriminatorio, razón por la cual hizo uso de la excepción de inconstitucionalidad
que habilita el artículo 4 de la Constitución Política; y, a partir de este derrotero, inaplicó
el parágrafo del artículo 13 ibidem que impedía computar otras partidas en la
asignación de retiro.
13. Por estas razones, el Juzgado Primero Administrativo de Arauca anuló los actos
administrativos demandados y le ordenó a CREMIL, a título de restablecimiento del
derecho, la reliquidación de la asignación de retiro del señor Leyton Rodríguez con el
70% del salario básico, el 38,5% por prima de antigüedad y un 62,5% por concepto del
subsidio familiar.
1.5. Recurso de apelación de la parte demandante8
14. Ramiro Leyton Rodríguez interpuso recurso de apelación, contra la decisión de
primera instancia, argumentando que fue soldado voluntario hasta el 31 de diciembre
de 2000 y tenía derecho al reajuste de su salario base de liquidación de acuerdo con
el inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 y la sentencia de unificación
expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016.
15. De esta forma, en su condición de soldado profesional le asistía el derecho al
pago de los reajustes por parte de CREMIL, entidad ante la cual presentó la solicitud
en sede administrativa, por tener a su cargo la cancelación de la asignación de retiro.
Por tanto, consideró que el proceder de CREMIL violaba su derecho a la igualdad.
1.6. Recurso de apelación de la parte demandada9
16. CREMIL pidió que se revocara la decisión de primera instancia en lo
desfavorable, para que, en su lugar, se negaran todas las pretensiones de la demanda.
8
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3, folios 27 a 31.
9
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3, folios 32 a 34.
4
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Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
17. La entidad recurrente manifestó que el soldado profesional tiene derecho
únicamente al reconocimiento de una asignación de retiro en un porcentaje equivalente
al 70% del salario básico, más un aumento del 38.5% por concepto de prima de
antigüedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.
1.7. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión10
18. El Tribunal Administrativo de Arauca, a través de sentencia del 13 de diciembre
de 2019, revocó parcialmente la decisión del 13 de marzo de 2018 proferida por el
Juzgado Primero Administrativo de Arauca, en los siguientes términos:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia dictada el trece (13) de marzo
del año dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Primero (1°) Administrativo del
Circuito Judicial de Arauca por las razones expuestas en precedencia. En
consecuencia, la parte resolutiva de la providencia de primera instancia quedará
así:
“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte
demandada denominadas “CORRECTA APLICACIÓN DE LA FORMULA DE LA
LQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO”, “INEXISTENCIA DE
FUNDAMENTO EN CUANTO AL REAJUSTE SOLICITADO 40-60%”, “NO
CONFIGURACIÓN DE FALSA MOTIVACIÓN EN LAS ACTUACIONES DE LA
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES” y “NO CONFIGURACIÓN
DE CAUSAL DE NULIDAD”, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar probadas las excepciones de “INEXISTENCIA DE
FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LA INCLUSIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR
COMO PARTIDA COMPUTABLE” y “NO CONFIGURACIÓN DE VIOLACIÓN AL
DERECHO A LA IGUALDAD”, propuestas por la entidad demandada, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Declarar la nulidad de los oficios Nos. 0010179 de fecha 20 de
febrero de 2015 y 0016426 del 16 de marzo de 2015, a través de los cuales la
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL negó el reajuste
de la asignación de retiro del señor RAMIRO LEYTON RODRIGUEZ, por las
razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES efectuar la reliquidación de la asignación de retiro del
señor RAMIRO LEYTON RODRIGUEZ con el incremento del 60% sobre el
SMLMV que como asignación salarial mensual devengaba al momento de
reconocérsele dicha prestación; y también aplicando correctamente el artículo
16 del Decreto 4433 de 2004, eso es, tomando el 70% del salario básico, valor
al cual deberá sumarse las partidas adicionales en los porcentajes establecidos
por el legislador o sea un 38,5% de la prima de antigüedad, a partir del 15 de
abril de 2014, cifras que deberán ser indexadas conforme a los términos
expuestos en la parte considerativa.
QUINTO: Sin lugar a prescripción de mesadas por lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
10
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3, folios 35 a 66.
5
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Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
SEXTO: ORDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
“CREMIL”, reconocer y pagar a RAMIRO LEYTON RODRIGUEZ, la diferencia
causada, a partir del 15 de abril de 2014, entre la asignación de retiro percibida
y el reajuste ordenado, sumas indexadas conforme a la siguiente fórmula:
[…]
SÉPTIMO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda. […]11.
19. En cuanto al incremento del reajuste salarial por parte de CREMIL, el
Tribunal Administrativo de Arauca consideró que ésta estaba legitimada para reliquidar
la asignación de retiro del señor Leyton Rodríguez, ya que su situación particular se
regulaba por el supuesto del inciso 2 del artículo 1 del Decreto 1784 de 2000, y de
acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado
del 25 de abril de 201912. Por tanto, revocó la decisión proferida en primera instancia
y ordenó la reliquidación en un 60% sobre el salario mínimo legal mensual vigente.
20. Por su parte, en lo relativo al cómputo de la prima de antigüedad, el Tribunal
indicó que debía tomarse solo el 38.5%, pero como en su lugar CREMIL sumó este
porcentaje con el salario básico y a este resultado le aplicó el 70% que dispone la
normativa, generó una afectación de la prestación. En consecuencia, confirmó el fallo
de primera instancia en cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro con la
inclusión de la prima de antigüedad.
21. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Arauca, en lo que respecta al subsidio
familiar como partida computable en la asignación de retiro, explicó que el Decreto
1794 del 2000 en su artículo 11 establecía que esta procedía para los soldados
profesionales que tuvieran unión marital de hecho o estuvieran casados, sin embargo,
esta disposición fue derogada por el Decreto 3770 de 2009.
22. En este orden, el Tribunal indicó que el Decreto 4433 de 2004 estableció un
tratamiento diferenciado entre los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de
los soldados profesionales, pero esta cuestión fue solucionada con la expedición del
Decreto 1162 de 2014, que precisó que el subsidio familiar sería partida computable
para liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales y de los infantes de
la marina profesionales de las fuerzas militares, a partir de julio de 2014.
23. En este sentido, los soldados profesionales quienes percibían el subsidio
familiar del Decreto 1794 de 2000, antes de que fuera proferido el Decreto 1162 de
2014, no tenían derecho a que se les computara el subsidio familiar en su asignación
de retiro por disposición del Decreto 4433 de 2004, aspecto discriminatorio en los
términos de la jurisprudencia.
24. Sin embargo, con la expedición del Decreto 1162 de 2014, los soldados
profesionales y los infantes de marina que percibían el subsidio familiar del Decreto
1794 del 2000, gozan del derecho a la inclusión del subsidio familiar en un porcentaje
del 30% de su asignación de retiro.
11
Transcrito textualmente con errores.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2019, exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16). CE-SUJ2-015-19.
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Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
25. El Tribunal adujo que, aunque la jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no había sido pacífica al tratar la materia, unificó su posición el 25
de abril de 201913 al abordar íntegramente la cuestión relativa a la asignación de retiro
de los soldados profesionales, bajo el entendido de que el subsidio familiar no era
partida computable para la asignación de retiro de los soldados profesionales que
causaron su derecho antes de julio de 2014.
26. El Tribunal aplicó lo anterior al caso en concreto, por lo cual concluyó que como
Ramiro Leyton Rodríguez obtuvo el reconocimiento de su asignación de retiro a partir
del 15 de abril de 2014, no se le podía incluir el subsidio familiar para la liquidación de
su prestación. Explicó que no podía inaplicar el Decreto 4433 de 2004 por la vía de la
excepción de inconstitucionalidad, porque la ausencia de inclusión del subsidio familiar
como partida para los soldados profesionales no transgrede el derecho fundamental a
la igualdad. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto a
este punto.
27. A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Arauca confirmó el fallo de
primera instancia en cuanto al cómputo de la prima de antigüedad, pero lo revocó en
lo relativo al incremento del reajuste salarial por parte de CREMIL y la inclusión del
subsidio familiar como una partida computable en la asignación de retiro de los
soldados profesionales.
1.8. Recurso extraordinario de revisión14
28. El señor Leyton Rodríguez, el 13 de enero de 202115, radicó recurso
extraordinario de revisión ante la ventanilla virtual del sistema de gestión judicial SAMAI.
29. Indicó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició en contra de CREMIL pasó
por alto el principio de congruencia, por lo cual debía anularse esta providencia judicial
con fundamento en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
30. El recurrente expresó que esta causal es aplicable siempre que el juez carece
de jurisdicción o de competencia para pronunciarse sobre ciertos aspectos, y aun así
lo hace; aspecto que ocurrió en su caso, ya que el Tribunal Administrativo de Arauca
modificó la decisión de primera instancia en cuanto a la pretensión de reconocimiento
del subsidio familiar, pese a que no fue objeto de reproche por las partes apelantes en
el proceso ordinario.
31. Así pues, mientras que la parte demandante reparó en la ausencia de
legitimación en la causa por pasiva para ordenar el reajuste del 20% de la base salarial
de la asignación de retiro, la demandada cuestionó la pretensión relacionada con la
prima de antigüedad.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2019, exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16). CE-SUJ2-015-19.
14
Samai, índice 3, 2_DemandaWeb_Demanda-RecursodeRevision(.pdf) NroActua 3.
15
Según anotación que obra en el índice 3, según la cual: «Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud
No 1020, fecha de presentación: 13/01/2021 9:49:15, anexos remitidos:4 secuencia de reparto:40».
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Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
32. De ahí que, como ninguna de las partes debatió la inclusión del subsidio familiar
en la asignación de retiro, el Tribunal Administrativo de Arauca no tenía competencia
para abordar el estudio de esta pretensión, de acuerdo con los límites impuestos por
los artículos 320 y 328 del CGP, aun a pesar de que haya justificado su decisión en una
reciente sentencia de unificación.
33. Según el señor Leyton Rodríguez, pese a que los artículos 320 y 328 del CGP
permiten ampliar la competencia del juez de segunda instancia a tal punto que puede
decidir sin limitación alguna, esto ocurre solamente cuando la providencia haya sido
apelada por ambas partes, y los recursos interpuestos abarquen la totalidad de la
decisión.
34. En consecuencia, cuando no se cumplen las dos condiciones exigidas por la
normativa, el juez está limitado a resolver sobre los reparos puntuales sustentados por
las partes, interpretación que está alineada con el artículo 281 del CGP relativo al
principio de congruencia. Así pues, el señor Leyton Rodríguez le pidió a esta
corporación que revise la sentencia del 13 de diciembre de 2019 y, en su reemplazo,
dicte una nueva en la cual confirme el fallo de primera instancia que incluyó el subsidio
familiar.
1.9. Trámite del recurso extraordinario de revisión
35. El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación admitió el recurso en auto del 2 de septiembre de 202116, que ordenó
notificarle personalmente a CREMIL y al Ministerio Público.
36. Una vez el auto admisorio fue debidamente notificado17, se recibieron las
siguientes intervenciones dentro del término de 10 días previsto en el artículo 253 del
CPACA:
37. CREMIL18 indicó que el Tribunal Administrativo de Arauca no incurrió en la causal
de nulidad invocada porque el recurso de apelación que formuló no solo estuvo
encaminado a controvertir lo relativo a la prima de antigüedad, sino también que la
decisión de primera instancia fuera revocada en todo lo que le resultara desfavorable.
Adicionalmente, consideró: i) que el fallo de segunda instancia se fundamentó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019; ii) que el recurso de revisión no cumplía
con los presupuestos de la causal 5 del artículo 250 del CPACA; y ii) que este
mecanismo no podía utilizarse para discutir el ejercicio hermenéutico que adelanta el
juez de lo contencioso-administrativo y, mucho menos, la valoración probatoria.
38. Le pidió a esta corporación que declarara no probada la causal de revisión
invocada y que se tuviera como prueba el expediente ordinario.
39. El magistrado ponente, de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado a través de auto del 8 de septiembre de 2022 tuvo como pruebas los
16
Samai, índice 6.
17
Samai, índices 11 y 13.
18
Samai, índice 14.
8
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documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión y prescindió del período
probatorio. Le reconoció personería a la abogada de CREMIL19.
40. El expediente ingresó al despacho para fallo el 21 de noviembre de 202220.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
41. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Ramiro Leyton Rodríguez contra la sentencia del 13 de diciembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, de acuerdo con lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA21.
2.2. Oportunidad
42. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 13 de diciembre de 2019, se
notificó el 13 de enero de 202022 y quedó ejecutoriada el 16 del mismo mes y año, en
aplicación de lo previsto en el artículo 302 del CGP. Así las cosas, como el recurso
extraordinario de revisión se interpuso el 13 de enero de 2021, según la anotación
realizada en el índice 3 del expediente digital que obra en SAMAI23, su radicación fue
oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA24.
2.3. Legitimación en la causa
43. El señor Leyton Rodríguez y CREMIL están legitimados en la causa para ser
partes en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y
demandado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4. Problema jurídico
44. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si es procedente declarar la nulidad de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 13 de diciembre de 2019. En
particular, deberá precisar si en el caso en concreto se configura la causal de revisión
dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA relativa a que exista nulidad en
la sentencia que puso fin al proceso, como consecuencia de que el Tribunal
Administrativo de Arauca se pronunció en cuanto al reconocimiento del subsidio
familiar, pese a que no fue un aspecto objeto de reproche por las partes apelantes en
el trámite de la segunda instancia.
19
Samai, índice 17.
20
Samai, índice 22.
21
«De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
22
Samai, índice 3, 4_DemandaWeb_Demanda-Anexos(.pdf) NroActua 3, folio 69.
23
«Se presentó demanda por ventanilla virtual con solicitud No 1020, fecha de presentación: 13/01/2021 9:49:15,
anexos remitidos:4 secuencia de reparto:40».
24
«El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
9
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45. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance
de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista
nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se pronunciará en torno al principio
de congruencia; en cuarto lugar, abordará el caso concreto; y, por último, decidirá sobre
la condena en costas.
2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
46. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA25.
47. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA26, para casos en los que la decisión
contenga algún vicio procesal o se pretendan cuestionar «[…] aspectos que atañen a
la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión»27.
48. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»28.
49. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal de nulidad invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que
reabran la discusión adoptada como si se tratara de una nueva instancia judicial.
50. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]»29.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»30.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7de febrero
de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
51. El artículo 250 del CPACA, regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
52. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la
sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no
proceda recurso de apelación»31.
53. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
54. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal manera
que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso extraordinario de
revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios de nulidad,
siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y no en etapas
procesales anteriores a la decisión.
55. En estos términos se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de
Estado en decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la
procedencia del recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con
anterioridad a la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que
las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los
términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»32.
56. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»33.
57. Ahora bien, la jurisprudencia también ha avalado la procedencia del recurso
extraordinario de revisión en determinados eventos que comportan una lesión grave del
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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derecho fundamental al debido proceso, dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política, la cual puede ocurrir, según se ha reconocido por, entre otras, las siguientes
circunstancias : i) cuando la decisión se haya basado exclusivamente en una prueba
recaudada con violación al debido proceso34; ii) cuando la decisión transgreda el
principio de la non reformatio in pejus35; iii) cuando la decisión pase por alto el principio
de congruencia36; y iv) cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio
injustificado37.
58. Finalmente, debe recordarse que esta corporación ha reconocido que «[…] no
cualquier irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del
artículo 29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la
decisión por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […].
Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio
que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material
de manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa
juzgada»38.
59. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»39, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
2.7. Principio de congruencia
60. El artículo 281 del CGP, que regula el principio de congruencia, establece que:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5
de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00. En esta providencia, se citaron las siguientes sentencias:
«Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV), MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de
Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2020-02925-00 (REV), MP. Martha
Nubia Velásquez Rico».
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5
de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00. En esta providencia se citó la siguiente sentencia:
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV), MP. Mauricio Torres Cuervo».
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5
de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00. En esta providencia se citó la siguiente sentencia: «
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-
15-000-2015-02342-00 (REV), MP. Alberto Yepes Barreiro».
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5
de abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00. En esta providencia se citó la siguiente sentencia: «
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de octubre de 2021, radicación: 76001-23-31-
000-2004-02181-01 (REV), MP. Alberto Montaña Plata».
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
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Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de
oficio.
61. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o que
omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes (infra petita).
Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en términos de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional40.
62. Ahora bien, en cuanto a las facetas en que puede materializarse el principio de
congruencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
identificado dos escenarios:
Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado por las
partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva de la
providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia
en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser
de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad41.
63. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los reparos
puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de primera
instancia sea revocada o reformada.
64. De ahí que, el recurso de apelación se propondrá en lo desfavorable a la parte,
por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado no podrá afectarse el
principio de la non reformatio in pejus, distinto al escenario cuando ambas partes apelan
toda la decisión, o la que dejó de proponer apelación decide adherirse al recurso
presentado, porque en estos casos el superior tiene competencia para pronunciarse sin
limitación alguna.
65. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del juez
de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos propuestos por
el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso, que
estén íntimamente ligados con el aspecto materia de impugnación»42.
40
Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de junio de 2024, exp. 1001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-03-
15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
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2.8. Caso concreto
66. Ramiro Leyton Rodríguez invocó la causal de revisión dispuesta en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA argumentando que el Tribunal Administrativo de Arauca
violó el principio de congruencia, al pronunciarse frente al reconocimiento del subsidio
familiar, pese a que no fue objeto de reparo puntual en los recursos de apelación
interpuestos.
67. En este sentido, el señor Leyton Rodríguez indicó que la competencia del
superior estaba limitada por los motivos de inconformidad expresamente sustentados
por las partes apelantes, en aplicación de lo establecido por los artículos 320 y 328 del
CGP.
68. Así pues, la Sala considera que el fundamento del recurso extraordinario de
revisión en estudio radica en una causal de nulidad dispuesta en el ordenamiento
jurídico y sobre la cual existe un desarrollo jurisprudencial consolidado, referida a la
violación del principio de congruencia, a partir de una aparente falta de competencia
del Tribunal Administrativo de Arauca para decidir aspectos conforme a los límites que
le asisten como juez de segunda instancia. En otras palabras, el recurrente cuestionó
la congruencia externa de la decisión43.
69. La supuesta nulidad alegada por la parte recurrente se habría originado en la
sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de forma
tal que a juicio del demandante no tuvo otra oportunidad para controvertir la decisión
del Tribunal Administrativo de Arauca, aunado a que contra esta no procede apelación
porque es una sentencia de segunda instancia.
70. Ahora bien, revisadas las pruebas aportadas por la parte recurrente, la Sala
encuentra que el Juzgado Primero Administrativo de Arauca haciendo uso de la
excepción de inconstitucionalidad del artículo 4 de la Constitución Política inaplicó al
caso del hoy recurrente el parágrafo del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, lo que le
permitió considerar que el subsidio familiar era una partida computable para reliquidar
la asignación de retiro del señor Leyton Rodríguez.
71. Tanto la parte demandante como la demandada interpusieron recursos de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Puntualmente, CREMIL pidió
que esta fuera revocada en todo lo desfavorable a sus intereses para que, en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda.
72. Para ello, CREMIL expresó que la asignación de retiro de los soldados
profesionales debía seguir los parámetros regulados por el artículo 16 del Decreto 4433
de 2004, es decir, que el reconocimiento debía respetar el 70% del salario básico más
un aumento del 38.5% por prima de antigüedad. A partir de esto afirmó, que los actos
administrativos no estaban viciados de nulidad.
43
Aunque el recurrente indicó que el Tribunal Administrativo de Arauca no tenía competencia, a tal punto que citó
una decisión según la cual la nulidad procedía por falta de jurisdicción o de competencia, también afirmó que el
Tribunal Administrativo de Arauca inobservó el principio de congruencia. Por lo cual, la Sala interpreta que sus
reparos se subsumen en una incongruencia externa de la decisión y la mención a la falta de competencia se hace
sobre la base de los límites que tiene el juez de la segunda instancia.
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73. El Tribunal Administrativo de Arauca, en la sentencia del 13 de diciembre de
2019, revocó la inclusión de esta partida, ya que el señor Leyton obtuvo el
reconocimiento de su asignación de retiro a partir del 15 de abril de 2014.
74. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Arauca, se pronunció en torno al subsidio
familiar al considerar que, a diferencia de lo decidido por el juez de primera instancia,
no podía inaplicar el Decreto 4433 de 2004 por la vía de la excepción de
inconstitucionalidad, porque la ausencia de inclusión de esta partida para los soldados
profesionales no transgredía su derecho fundamental a la igualdad.
75. De ahí que, contrario a lo manifestado por el recurrente, CREMIL no limitó sus
argumentos a la pretensión de reliquidación de la prima de antigüedad. Por el contrario,
como quedó dicho, CREMIL en su recurso de apelación precisó que la liquidación de la
asignación de retiro del demandante tenía que respetar el contenido del artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, incluyendo únicamente el salario básico y la prima de
antigüedad como partidas computables, entendiendo con esto que debía excluirse
cualquier otra partida, entre ellas, el subsidio familiar.
76. En estos términos, el Tribunal Administrativo de Arauca estaba habilitado para
emitir un pronunciamiento en torno al subsidio familiar, dada la discusión en torno a si
era una partida computable para la asignación de retiro de los soldados profesionales,
aspecto requerido para garantizar la debida liquidación en los términos del Decreto
4433 de 2004 que fue incorporado en el recurso de apelación.
77. En este punto, la Sala estima importante recordar que las razones de la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Arauca en la sentencia del 13 de diciembre
de 2019 no se concretaron a lo expuesto en líneas anteriores. En efecto, la referida
providencia, también trajo a colación las consideraciones de la Sala Plena de esta
Sección del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 25 de abril de 201944,
destacando en punto del subsidio familiar lo siguiente:
Para quienes causaron su derecho a la asignación de retiro con anterioridad al
mes de julio de 2014, el subsidio familiar no es partida computable para la
liquidación de esa prestación, toda vez que no estaba definido en la ley o decreto
como tal.
78. Con sustento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Arauca consideró que
el señor Leyton Rodríguez no tenía derecho a la inclusión del subsidio familiar en su
asignación de retiro, ya que esta le fue reconocida desde el 15 de abril de 2014, y la
inaplicación por inconstitucionalidad del Decreto 4433 de 2004, no procedía, dado que
la ausencia de inclusión del subsidio familiar para los soldados profesionales no violaba
su derecho fundamental a la igualdad.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contenciso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019,
exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16)CE-SUJ2-015-19.
15
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79. Frente a los efectos de la sentencia del 25 de abril de 201945, la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado precisó
lo siguiente:
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación,
constituyen precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de
la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia
de unificación son retroactivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
80. En estos términos, la providencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Arauca dio aplicación a las reglas jurídicas definidas en una sentencia de unificación,
decisión que goza de efectos inmediatos para los casos pendientes de solución, dada
la obligatoriedad del precedente.
81. Finalmente, la Sala reitera que el recurso extraordinario de revisión no es una
oportunidad para que la parte recurrente cuestione el contenido de la sentencia de
segunda instancia que revocó un aspecto reconocido en la primera instancia, cuando
de lo visto está demostrado que el fallo fue proferido dentro del marco de competencia
del Tribunal Administrativo de Arauca, de acuerdo con el objeto del recurso de
apelación interpuesto por CREMIL, quien solicitó que la sentencia fuera revocada en
todo lo desfavorable.
82. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo estudio no se
configuró la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
ya que el Tribunal Administrativo de Arauca tenía competencia para pronunciarse en
cuanto al subsidio familiar, sin que al hacerlo hubiera violado el principio de
congruencia en su componente externo. De ahí que, este recurso extraordinario de
revisión se declarará infundado.
2.9. Costas
83. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario46 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe47.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019,
exp. 85001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19.
46
La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
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Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
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Radicación: 11-001-03-25-000-2021-00029-00 (0040-2021)
Recurrente: Ramiro Leyton Rodríguez
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Ramiro Leyton Rodríguez en contra de la sentencia proferida el 13 de diciembre
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Arauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
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