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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00717-00

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
3 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00717-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00717-00 (2104-2020)
Demandante: Alberto Pérez León
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Tema: Causal 5ª del artículo 250 del CPACA

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial del
señor Alberto Pérez León contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, de 10 de octubre de 2019, que revocó la del Juzgado Primero Administrativo
Oral de Pamplona, de 30 de abril de 2018, a través de la cual se había accedido a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437
de 2011, el ciudadano Alberto Pérez León, mediante apoderado, solicitó la revisión de la
referida sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con el fin de obtener
la declaratoria de su nulidad y, «en su lugar, ordenar [al tribunal] (…) proferir una nueva
sentencia limitándose únicamente al tema de la prescripción de las mesadas o del derecho
demandado, por ser este el motivo del recurso de apelación de la parte demandada».1

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:

i) El señor Alberto Pérez León presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL) para que se
ordenara la reliquidación de su asignación de retiro con la inclusión, en la partida
computable, del «subsidio familiar».

1 Folio 12 del recurso extraordinario.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00717-00
Demandante: Alberto Pérez León

ii) En la contestación de la demanda, el apoderado de la parte pasiva se opuso a las
pretensiones del actor y propuso como excepción la de «no configuración de falsa
motivación en las actuaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares».

iii) El 30 de abril de 2018, el Juzgado Primero Administrativo Oral del circuito de Pamplona
profirió sentencia favorable a las pretensiones de la demanda, al considerar que, con base
en el principio de igualdad, resultaba discriminatorio que el Decreto 4433 de 2004 hubiese
previsto el subsidio familiar como una partida computable para los miembros de las Fuerzas
Militares de mayor rango, y no para los soldados profesionales, como lo era el actor. Por
ello, y en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, ordenó a la demandada la
reliquidación de su asignación de retiro, de manera que se le incluyera dicho emolumento
en el porcentaje reconocido hasta la fecha de su retiro.

Asimismo, y en relación con el tema de la prescripción, el juzgado consideró inaplicable el
cómputo trienal del artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, pues, en observancia de la
jurisprudencia del Consejo de Estado (aludió a una sentencia del 4 de septiembre de 2008),
dicha norma se habría expedido fuera del marco legal de la Ley 923 de 2004; razón por la
cual debía aplicarse el término cuatrienal «de disposiciones anteriores».

iv) La parte demandada, a través de su apoderado, interpuso el correspondiente recurso de
apelación, el cual sustentó con la exposición de los siguientes argumentos:

En gracia de discusión, si el actor le asistiera algún derecho con respecto a las pretensiones
de la presente demanda, no podría reconocérsele en su totalidad, por cuanto el artículo
4433 (sic) de 2004,2 establece la prescripción de las mesadas en tres (3) años, contados
a partir de la fecha en que se hicieron exigibles, por lo tanto en el evento en que se acojan
los planteamientos expuestos por esta Caja, se debe declarar la prescripción del
derecho. (Resaltados del recurrente)

v) La inconformidad del apoderado de la CREMIL, por lo tanto, se limitó a discutir el tema
de la prescripción del derecho a partir del término aplicado por el juzgado; o lo que es lo
mismo: solicitó revocar la sentencia porque, a su juicio, debió computarse la prescripción
trienal y no la cuatrienal, cual fue la consideración del a quo.

vi) El 10 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al resolver
la alzada, profirió sentencia de segundo grado en la cual no solo abordó el argumento de la
prescripción, sino que, además, realizó un nuevo análisis del derecho al subsidio familiar
del demandante para concluir que no le asistía, cuando este fue un tema que no se alegó
con la alzada. En ese sentido, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda.

vii) La actuación del Tribunal Administrativo de Norte de Santander «dio lugar a un abuso
de sus funciones judiciales, al violar lo normado en el artículo 320 del CGP, por
extralimitarse a un tema que no fue apelado por la parte demandante (…) lo cual, sin duda,
vulnera el derecho fundamental al debido proceso».

2 Así lo transcribió la parte actora en el recurso extraordinario.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00717-00
Demandante: Alberto Pérez León

1.1.3. La sentencia objeto de revisión3

Es objeto de revisión la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de 10
de octubre de 2019, que revocó la del Juzgado Primero Administrativo Oral del circuito de
Pamplona, de 30 de abril de 2018, a través de la cual se había accedido a las pretensiones
de la demanda. Los fundamentos jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

i) «Resulta para la Sala necesario indicar que, si bien es cierto en el escrito de apelación
se desarrolló el tema de la prescripción, no es menos cierto (sic) que el apelante solicita la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, en la cual se condena a CREMIL a
reliquidar la asignación de retiro del demandante incluyendo como partida computable el
subsidio familiar, por lo anterior, entonces, es necesario hacer un estudio de la sentencia
en su integridad (…)».

ii) En cuanto al criterio unificado sobre la inclusión o no del subsidio familiar como partida
computable en la liquidación de la asignación por retiro de los soldados profesionales antes
de la expedición de los decretos 1161 y 1162 de 2014, si bien en un momento el Consejo
de Estado consideró que su exclusión vulneraba el principio de igualdad, posteriormente, a
través de la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019, de 25 de abril de 2019,
determinó que el hecho de consagrar una asignación a un sector de las Fuerzas Militares
que no lo tenía es una expresión del principio de progresividad, mas no de discriminación;
por lo tanto, cabe realizar un test de igualdad frente a los soldados profesionales que
adquirieron su asignación de retiro con anterioridad a los mencionados decretos.

iii) En el caso del señor Alberto Pérez León, teniendo en cuenta que este causó su derecho
a la asignación de retiro el 30 de agosto de 2010, esto es, con anterioridad a la expedición
del Decreto 1794 de 2014, el cual concibió como factor computable el subsidio familiar, no
le asiste el derecho a que se le incluya este último emolumento; razón por la cual debe
revocarse la sentencia de primer grado y, en su lugar, negarse las pretensiones de la
demanda.

1.1.4. La causal de revisión invocada

El apoderado de la parte recurrente invoca la causal quinta del artículo 250 del CPACA
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación», para lo cual, expone los siguientes argumentos:

i) La sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Pamplona quedó debidamente
ejecutoriada con el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, por lo que no admite recurso de apelación.

ii) El recurso de revisión se interpone con el fin de anular un fallo de segunda instancia que
puso fin al proceso, el cual se considera violatorio del derecho al debido proceso del hoy
recurrente.

3 Folios 31 al 37.

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Demandante: Alberto Pérez León

iii) En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el cual dio lugar a la
sentencia hoy recurrida, «en ningún momento (…) se está solicitando la revocatoria de la
sentencia por no tener derecho el demandante a la reliquidación de su asignación de retiro
con la partida computable del subsidio familiar; toda vez que (…) para ese entonces se
aplicaba el criterio del Consejo de Estado de no aplicar, por inconstitucionalidad, el
parágrafo del artículo 4433 (sic) de 2004, por (…) vulnerar el derecho fundamental a la
igualdad».

iv) La causal de revisión invocada se configura a partir de la sentencia de segunda instancia,
toda vez que el ad quem, al desarrollar un argumento que no expuso la parte demandada
en el recurso de apelación, desbordó la facultad que le otorga el artículo 320 del Código
General del Proceso.

v) Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que cuando se reconocen prestaciones sociales,
como lo es el subsidio familiar, prima el principio de favorabilidad; por lo que también
debieron respetarse los principios de la seguridad jurídica y confianza legítima frente a una
decisión amparada en la jurisprudencia vigente.

1.2. Contestación al recurso extraordinario

A través de memorial adjunto visible en el índice 11 del aplicativo Samai, la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares, por conducto de su apoderado judicial, contestó a la demanda en
los siguientes términos:

i) Como lo estableció la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de
2019, el reconocimiento del subsidio familiar se fundamenta en las normas vigentes durante
el tiempo de actividad del demandante, ya que, como consecuencia de estas, el soldado
realiza los aportes para asignación de retiro con los porcentajes señalados en la norma
aplicable.

ii) Al demandante no era posible que se le reconociera una situación jurídica diferente, ya
que la norma y la jurisprudencia vigentes señalan los porcentajes a reconocer, según la
situación jurídica en particular.

iii) En cuanto al derecho a la igualdad, es claro que existe una justificación jurídicamente
válida para el trato diferenciado entre los soldados profesionales y los oficiales y
suboficiales; «no obstante, la parte demandante señala que la vulneración del derecho se
está presentando frente a los demás soldados profesionales que devengarán el 70% (…),
disyuntiva que en la demanda ni siquiera logra clarificarse, pues se expresa de plano una
transgresión del derecho a la igualdad, frente a otros miembros de las FF.MM, sin advertirse
una ponderación clara que avizore su situación de desigualdad (…)».

iv) Siguiendo estos parámetros, se solicita negar las pretensiones del demandante y, por el
contrario, confirmar en todas sus partes la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, el 10 de octubre de 2019.

1.3. El ministerio público. No conceptuó.

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Demandante: Alberto Pérez León

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El presente recurso de revisión se interpuso el 13 de marzo de 2020,4 esto es, en vigencia
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437
de 2011),5 por lo cual, esta corporación es competente para conocerlo, en virtud del numeral
2.º del artículo 249 ejusdem.6 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por
tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que
corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario,
según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.7

2.1.1. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «(…) podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el sub
lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 21 de octubre de 2019,8 y el
recurso de revisión se interpuso el 13 de marzo de 2020;9 por lo tanto, el recurso fue
presentado dentro del término establecido por la norma en cita.

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
de 10 de octubre de 2019, está incursa en la causal de revisión del numeral 5.º del artículo
250 del CPACA «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación».

Para dar respuesta al anterior problema, la Sala estima necesario abordar el estudio de los
siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial: a) el recurso extraordinario de
revisión, b) la causal del artículo 250 numeral 5.º del CPACA y c) los fines del recurso de
apelación; ii) análisis del caso concreto; y iii) conclusión.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica en
considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad
de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el
fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia contraria a derecho»; 10

4 Folio 1 del recurso extraordinario.
5 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los

Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8 https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=g%2b33hSE4TU4y9qD28FTsrvAbeVw%3d
9 Folio 1 del recurso extraordinario.
10 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.

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por tal razón, su procedencia se limita a las causales taxativamente previstas por el
legislador, las cuales deben interpretarse de manera restrictiva.

En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción, cuyo
propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo consideró la Corte
Constitucional en la sentencia C-450 de 2015, donde hizo un detallado análisis
jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En dicha sentencia se expuso
lo siguiente:

Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha
indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge como una
excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias ejecutoriadas,
para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se
restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro
que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión,
previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha sido diseñado para proceder contra las
sentencias ejecutoriadas, por las causales taxativas que en cada caso haya definido el
Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores
a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta.(…) En cambio, el recurso
extraordinario de revisión tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede
contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y
por el Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario de revisión
existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia, y como
se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitación a una de las
características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.

[…]

Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia administrativa
tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil, y al igual
que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio
general de la cosa juzgada. (…) [Negrillas y cursivas del original]

Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso-administrativa, el Consejo de
Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la naturaleza y
alcance del recurso excepcional de revisión. De ahí que en vigencia del antiguo Código
Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante, la autoridad
de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la constatación de la
ocurrencia de alguna de las expresas causales que autorizan su utilización, permite
enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el
fin de restituir el derecho al afectado a través de una nueva sentencia. Así lo señalaba en
la siguiente providencia de 2005:

Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al principio
de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se
abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y
sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, y de acuerdo
con las causales establecidas y con único fin de que se produzca una decisión ajustada a la
ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acción
impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo
mismo no se pueden discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se
pueden fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al

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Demandante: Alberto Pérez León

aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme
cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden
hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.11

En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último criterio
adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe interpretarse
como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que constituye un nuevo
proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia de 3 de febrero de 2015, lo
afirmó de la siguiente manera:

(...) el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia
adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Pese
a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la
que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y
procedencia, es decir, es un medio de control más que consagró el legislador en la
jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a este recurso al igual
que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe
interponer por medio de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros
términos, el recurso es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia,
a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado
recurso es un nuevo proceso.12

Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 y
siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por «i) las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces Administrativos»13. El plazo para
su interposición es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia objeto de
impugnación14, y debe reunir los requisitos fijados en el artículo 252 ejusdem, con indicación
precisa y razonada de la causal invocada, acompañada de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer.

Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que configuran la
causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca el sentido de la
decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo admite los eventos
contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como causales, los cuales, en
esencia, corresponden a vicios o errores de carácter procedimental15. En sentencia de 8 de
mayo de 201916, esta corporación, respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad
del recurso, sostuvo lo siguiente:

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Radicado: 1998-

00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.
12 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión n.° 27, sentencia de 3 de febrero de

2015; radicado 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
13 Artículo 249 CPACA.
14 Artículo 251 CPACA.
15 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con

las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente
procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una
irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia,
y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°),
a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento
del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado:
2010-00038-00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del
recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el
entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades
para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite del proceso.

Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción sui
generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por lo que su
ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una parte activa
cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por
dos causales específicas que tienen por finalidad, la protección y recuperación del
patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el procedimiento previsto por el CPACA de
manera general para las causales del artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y
su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido
reconocidas.

Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión con la
institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que no es
admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el
proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio
origen a la sentencia objeto de revisión.

2.3.2. La causal de revisión 5 del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal prevista
en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[...]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.

Según el anterior precepto jurídico, para dar por probada la causal es necesario e
inexcusable que la sentencia objetada cumpla con los siguientes dos elementos: i) que
exista nulidad procesal, y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia que ponga fin al
proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.

En relación con el primer elemento, la nulidad originada en la sentencia (que es el
fundamento del presente recurso), esta corporación ha señalado que, en los aspectos no
regulados por el CPACA, resultan aplicables al proceso contencioso-administrativo las
normas del CPC o del CGP, según la vigencia de dichas disposiciones respecto del proceso
que se tramita.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00717-00
Demandante: Alberto Pérez León

Ahora bien, el Consejo de Estado, a través de una de sus salas especiales de decisión, 17
adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y a la legalidad de las nulidades, según
la cual, las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal
civil, hoy artículo 133 del Código General del Proceso, así como aquellas que se originan
en la sentencia por violación al debido proceso que consagra el artículo 29 de la
Constitución Política.

En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia del
CPACA y del CGP, de manera que procede la remisión al artículo 133 de este último cuerpo
legal, que enlista las causales de nulidad del proceso. No obstante, en atención a la línea
jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional,18 la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo de esta corporación, mediante sentencia de 8 de mayo de 2018,19 consideró
que la nulidad (necesaria para la revisión) no se restringe a las causales que contempla el
ordenamiento procesal civil, ya que puede generarse por violación del derecho al debido
proceso y, por lo tanto, cabe aplicar el artículo 29 de la Constitución Política. Así se expuso
en la citada sentencia:

[...]

Lo anterior significa que el recurso de revisión, así entendido, y las causales que dan
lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de
derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir,
es un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección
de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones para la
satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. [Negrillas propias del
texto]

Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
contencioso-administrativa ha identificado ciertos supuestos,20 algunos de ellos recogidos
en la sentencia de 31 de mayo de 2011,21 como pasa a exponerse:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o
competencia22, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto
por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta23, vi) cuando se
condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión24 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión; sentencia del 3

de febrero de 2015; radicado: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV).
18 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 8 de mayo de 2018; radicado: 1998-

00153-01(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
20 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239 y de 20 de
octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio
de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad. 2006-00123.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00, M.P. Mauricio

Torres Cuervo.
22 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1 de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170.

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Demandante: Alberto Pérez León

al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación25.

Finalmente, en lo que respecta a la indebida aplicación o interpretación de las normas (cual
es el fundamento del presente recurso de revisión), cabe señalar que ni el CPACA ni el
CGP prevén este supuesto como una de las causales de nulidad de las sentencias, por lo
que, en principio, no cabría analizar la configuración de una causal por tal motivo. Así lo
consideró esta corporación en sentencia de 22 de noviembre de 2017, 26 donde, sobre el
particular, indicó lo siguiente:

(...) no es posible plantear cuestionamientos frente a una sentencia relacionados con la no
aplicación de una norma de derecho o su indebida interpretación o aplicación, ya que todas
estas circunstancias están por fuera de la naturaleza de la causal invocada, como ocurre en
el presente caso, en donde la parte recurrente funda su inconformidad en la indebida
aplicación de una disposición normativa.

En ese orden de ideas, la Sala procederá con el estudio del presente recurso para descartar
una posible vulneración del derecho al debido proceso que consagra el artículo 29 de la
Constitución Política.

2.3.3. Los fines del recurso de apelación

La sustentación del recurso de apelación es el medio procesal previsto para que «el
recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia y
delimita el pronunciamiento de segunda instancia»,27 tal y como lo señala el artículo 328
del Código General del Proceso, que, respecto de la competencia del juez superior, indica
lo siguiente:

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

En ese sentido, el recurso de alzada está estrechamente relacionado con la figura del
principio de congruencia, frente a lo cual, en primer lugar, los artículos 280 y siguientes
del Código General del Proceso disponen lo siguiente:

ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia deberá
limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 27 de noviembre de 2017; Rad:
500013331006200700187 01 (47.218); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.

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sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad
y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la
conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara
sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda
resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su
contestación.

ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas
si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar
en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

Asimismo, el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo señala, al respecto, lo siguiente:

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico
de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y
citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in
pejus.

Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá
estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.

Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando
como base el Índice de Precios al Consumidor.

Conforme a lo expuesto, en la sentencia que decida el proceso debe hacerse una
motivación breve y precisa de las razones legales, constitucionales y doctrinales sobre el
tema en particular, si fuere el caso, indicando las disposiciones aplicadas, así como un
examen profundo de las pruebas aportadas que sobre ellas se haga. Lo anterior para
establecer si se concede o no el derecho pretendido, agregando, para el caso de las
sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que a efectos de

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Demandante: Alberto Pérez León

restablecer el derecho vulnerado se pueden adoptar disposiciones nuevas en reemplazo
de las acusadas, o modificarlas o reformarlas.

De igual forma, dicha providencia deberá producirse de acuerdo con los hechos y
pretensiones indicados en el libelo demandatorio, así como con las excepciones que sean
planteadas por la contraparte o aquellas que resulten debidamente probadas en el
transcurso del trámite judicial, a fin de poder condenar al extremo pasivo por el objeto
solicitado y con base en la causa expuesta en aquel.

Ahora bien, jurisprudencialmente, tanto la Corte Constitucional como esta corporación se
han pronunciado acerca de los fundamentos y del alcance del principio de congruencia de
las providencias en relación con los hechos, pretensiones y fundamentos normativos de las
demandas incoadas en procura de la obtención del derecho. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-455 de 2016, la Corte consideró que:

24.1. El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía del
debido proceso para las partes, puesto que garantiza que el juez sólo se pronunciará
respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque en todo caso,
la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas a lo largo
del desarrollo del proceso. Esto, además, garantiza el derecho a la defensa de las partes,
puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello
en los términos adecuados.

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el principio de congruencia “como uno de
los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide determinadas decisiones
porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió,
debatió, o probó”7. Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en
un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia
judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

La Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, profirió en el 2008 la sentencia 12748 de
ese año, en la que estableció lo siguiente:

(...) la incongruencia tiene la entidad suficiente para configurar una vía de hecho,
ya que la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho la acción del juez
“es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia que sirvieron al
desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial, dentro de la respectiva
jurisdicción, que quiebra irremediablemente el principio de contradicción y el derecho de
defensa”, a tal grado que “la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea
protuberante”, esto es, “carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares
objeto del proceso”. De lo contrario, “el grado y el tipo de desajuste entre la sentencia y
lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, sería insuficiente para que se configure
una vía de hecho judicial, así pueda existir una irregularidad dentro del proceso”.

24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su
decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones
probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que
se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la
que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin
pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar
de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El
principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de
defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las
herramientas establecidas en la ley para ello. (Negrillas fuera del texto).

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Demandante: Alberto Pérez León

Por su parte, en sentencia de 25 de enero de 2017,28 esta corporación conceptuó sobre el
principio en cita, lo siguiente:

En repetidas oportunidades esta Corporación se ha referido al principio de congruencia, de
conformidad con los dictados de los artículos 304 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, como uno de los orientadores de las decisiones judiciales, lo cual tiene plena vigencia
a la luz de lo dispuesto por el Código General del Proceso. Sobre este principio expresó la
Sala de Sección:

“En efecto, el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez, encuentra su
límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos
alegados por el demandado; por tanto no le es dable ni al juez ni a las partes modificar
la causa petendi a través del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a
través de una sutil modificación de las pretensiones en una oportunidad diferente a la
legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la demanda,
respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de congruencia. El actor
sólo cuenta con dos oportunidades para precisar la extensión, contenido y alcance de la
controversia que propone, es decir para presentar el relato histórico de los hechos que
originan la reclamación y para formular las pretensiones correspondientes: la demanda y la
corrección o adición de la misma, de acuerdo con dispuesto en los artículos 137, 143, 170 y
208 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre los anteriores lineamientos se asienta el principio procesal de ‘la congruencia de las
sentencias’, reglado por el Código de Procedimiento, el cual atañe con la consonancia que
debe existir entre la sentencia y los hechos y pretensiones aducidos en la demanda
(art. 305), que garantiza el derecho constitucional de defensa del demandado, quien
debe conocer el terreno claro de las imputaciones que se le formulan en contra. El
juez, salvo los casos de habilitación ex lege, en virtud de los cuales se le faculta para adoptar
determinadas decisiones de manera oficiosa, no puede modificar o alterar los hechos ni las
pretensiones oportunamente formulados, so pena de generar una decisión incongruente”.
(Negrillas fuera del texto).

En definitiva, el principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho
fundamental al debido proceso de las partes en el litigio judicial, en el sentido de que al juez
de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo
pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro de él; por lo que no le es dable dictar
sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir
pronunciarse sobre lo solicitado como pretensión, tiene el deber de explicar de forma clara
las razones de tal omisión.

En segundo lugar, y en estrecha armonía con el anterior principio, la decisión que resuelve
el recurso de apelación debe respetar el de la non reformatio in peius, el cual emana del
artículo 3129 de la Constitución Política y tiene como propósito garantizar que el juez que
tiene a cargo el análisis de una controversia jurídica, en segunda instancia, no haga más
gravosa la situación del apelante único. En esa medida, el ordenamiento procesal civil30 ha
limitado la competencia del ad quem a los argumentos invocados por el apelante e, incluso,
en vigencia del Código de Procedimiento Civil, en su artículo 357, se debía entender que la

28 Radicado 11001-03-26-000-2016-00052-00 (56703); C.P. Hernán Andrade Rincón.
29 «Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El

superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.»
30 Tanto el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, como el 328 del Código General del Proceso.

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Demandante: Alberto Pérez León

apelación se refería a «lo desfavorable al apelante», disposición que, en la actualidad, está
restringida, únicamente, a los planteamientos del recurso de alzada.31

No obstante lo anterior, tanto en el estatuto procesal civil anterior, como en el actual, se ha
contemplado la facultad de realizar modificaciones que no hubieren sido planteadas
por el recurrente, así, en el Código de Procedimiento Civil estas tan solo procedían en la
medida en que fueren indispensables y derivaran de los puntos materia de reforma,
mientras que en vigencia del actual Código General del Proceso, se extienden a aquellas
decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley.

Las anteriores disposiciones legales han dado lugar a diversas interpretaciones por parte
del operador judicial de segunda instancia, en lo que atañe al límite de su competencia en
materia de las modificaciones que, en efecto, le está permitido realizar, a la luz del respeto
de las decisiones favorables que, en virtud del aludido principio constitucional, se deban
mantener.

A partir de lo anterior, tanto la justicia ordinaria como la de lo contencioso administrativo,
han sostenido la tesis de que las decisiones manifiestamente ilegales no cobran
ejecutoria y no atan al juez.32 En todo caso, la Corte Constitucional, en relación con la
aplicación de esa excepción con miras a la modificación y/o revocación de la decisión que
se considera ilegal, ha considerado que su aplicación debe limitarse a «criterios
eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so pretexto de enmendar cualquier
equivocación, el operador jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas
constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento en las providencias judiciales
y desconociendo con ello normas de orden público, así como el principio de preclusión de
las etapas procesales».33

Siendo así, es necesario que el operador judicial verifique si, en efecto, está ante una
decisión manifiestamente ilegal que amerite rectificación, caso en el cual esta deberá
adoptarse dentro de un término prudencial entre aquella que se dice ilegal y la que tiene
como propósito enmendarla.

En todo caso, tales limitantes, por parte de la Corte Constitucional, se han referido a
providencias que se encuentran debidamente ejecutoriadas, en las que se han
consolidado situaciones a favor de sus beneficiarios; por ello, cuando se está ante una
providencia en la que se advierte una ilegalidad, pero que aún no ha cobrado
ejecutoria, pues, precisamente, se está cursando la alzada, surge la necesidad de
establecer el límite del operador judicial que se encuentra ante una decisión de tal
naturaleza -con visos de ilegalidad-, pero que el punto que se considera irregular, no fue
objeto de cuestionamiento por parte de los interesados.

31 En efecto, el artículo 328 del Código General del Proceso señala que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley».
32 Ver, entre otras providencias de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987

M.P. Héctor Gómez Uribe; Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Asimismo, las
siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de agosto de 2012, M.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, radicación: 11001-03-15-000-2012-00117-01(AC); del 5 de julio de 2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación:
05001-23-31-000-2006-01233-01; del 25 de mayo de 2016, radicación: 25000-23-36-000-2013-00835-01, número interno:
53553, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), entre otras.
33 Ver, entre otras, sentencias T-519 y T-1274.

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En definitiva, el operador judicial de segunda instancia, al resolver la alzada, está ante la
disyuntiva de mantener una decisión, pese a que esta sea contraria al ordenamiento jurídico
o a la jurisprudencia imperante en torno a una materia específica, o modificarla, atendiendo
a que en sus providencias solo está sometido al imperio de la ley (dentro del alcance que a
esa expresión le ha dado la Corte Constitucional) y, por ende, debe priorizar la aplicación
del ordenamiento jurídico vigente a la luz del análisis imparcial de los hechos materia
de debate.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto

De forma previa, conviene recordar que debido a su carácter extraordinario, la revisión no
puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando en los que incurra
el juzgador,34 ni para reabrir el debate probatorio de las instancias, pues su procedencia
está estrictamente delimitada por las causales taxativas consagradas por el legislador.

Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, el recurso
extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto, por lo
que tanto la argumentación como los fundamentos de la demanda están limitados al análisis
del cumplimiento de la causal invocada, en este caso, el numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA. En ese sentido, no caben las interpretaciones extensivas o analógicas (principio
de taxatividad),35 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia,36 la
revisión no constituye una instancia adicional en la que se pueda replantear el litigio ya
resuelto.

2.4.1. La causal de revisión invocada

La parte recurrente invoca la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
cuyo tenor literal es el siguiente: «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

A este respecto, alega que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en la
mencionada causal, porque al proferir la sentencia del 10 de octubre de 2019, desconoció
normas de rango superior, como el artículo 29 constitucional, y de carácter legal, como el
artículo 320 del Código General del Proceso, en tanto desbordó la facultad de revisión que,
en segunda instancia, está limitada a los argumentos expuestos por el apelante único.

34 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
35 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la taxatividad de las

causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente
señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por la
práctica de una prueba con violación del debido proceso».
36 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado: 2001-00450-01, (2597-07);

C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta corporación lo precisó de la siguiente manera: «Estas restricciones propias
del recurso de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que el perdedor pueda a su antojo
reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para pretender que se haga un nuevo supuesto
mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda interpretación de la ley. En suma, el recurso de revisión es
un medio extraordinario de impugnación encaminado a desvirtuar la operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada.
Por tal razón, conforme lo han reiterado la jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está
sujeta a la estricta, rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como
fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada
para remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el Tribunal por obra suya o de una de las partes».

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Ahora, como se indicó en el apartado correspondiente, cuando la norma se refiere a la
«nulidad originada en la sentencia», exige que el vicio se configure en el preciso momento
procesal en que se profiere el fallo, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de esa actuación; por lo tanto, no es posible alegar como causal
del recurso extraordinario de revisión una nulidad surgida en una etapa previa a la
sentencia. Sobre todo cuando la proposición de nulidades procesales se encuentra
sometida a las reglas de oportunidad y legitimación prevista en el artículo 134 del Código
General del Proceso.

De igual manera, conviene aclarar que, como lo precisó la Sección Tercera de esta
corporación en sentencia de 2017: «no resulta acertado para sustentar la causal invocada
plantear cuestionamientos a la sentencia motivados en que se realizó una apreciación
errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se
aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues
todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal».37

En definitiva, esta causal no puede alegarse con fundamento en situaciones que tengan
relación con la deficiencia en la motivación, con la estimación errada de los hechos por
parte del juez, con las pruebas o normas jurídicas aplicadas o con la falta de consideración
de algunas pruebas; pues, si se admiten esta clase de reclamaciones, se desconoce el
carácter extraordinario del recurso, en tanto que con ello se convertiría en otra instancia.38

En este caso, siendo evidente que el recurso extraordinario se dirige contra «la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», corresponde a
la Sala examinar la causal de nulidad procesal alegada.

2.4.3. El caso concreto

Pues bien, al analizarse la fundamentación efectuada por el recurrente para sustentar el
recurso extraordinario, no encuentra la Sala que los elementos sustantivos que este plantea
conduzcan a concluir que al momento de proferirse el fallo de segunda instancia existiera
algún vicio o irregularidad procesal que configure la nulidad solicitada.

En efecto, como antes se indicó, para que haya lugar a la declaratoria de nulidad es
necesario que se invoque alguna de las causales del artículo 133 del CGP o cualquier otra
irregularidad que atente contra el derecho fundamental al debido proceso, cuyo origen, en
ambos casos, debe establecerse en el momento mismo en que se promulgó la providencia
o, excepcionalmente, antes, siempre que se pruebe que la nulidad no pudo ser advertida
durante el proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior y en consideración a que el recurrente sostiene que la causal
de revisión (nulidad originada en la sentencia) se produjo porque el ad quem resolvió la
alzada atendiendo a pedimentos que no estaban expresamente recogidos y desarrollados
en el escrito impugnatorio, la Sala examinará el contenido del mencionado recurso de
apelación para luego verificar, con arreglo al marco normativo y jurisprudencial antes

37 Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de 22 de noviembre de 2017; radicado: 2007-00187-01; C.P. Jaime

Orlando Santofimio Gamboa.
38 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de 17 de diciembre de 1998; radicado: 11942.

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expuesto, si efectivamente la actuación del juez de segunda instancia vulneró el debido
proceso del aquí demandante.

En ese orden de ideas, es necesario traer a colación el recurso de apelación interpuesto
por la CREMIL contra la sentencia del Juzgado Primero Administrativo del circuito de
Pamplona, en su integridad, el cual obra en el folio 30 del expediente como copia simple, y
cuyos argumentos fueron del siguiente tenor:

Ahora bien, aunque, en principio, en el presente caso podría considerarse que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander llevó a cabo un examen ultra petita del recurso de
apelación interpuesto por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, toda vez que, según
se observa en el folio 30 de la demanda extraordinaria, esta entidad solo desarrolló, como
argumento de su inconformidad con la sentencia del primer grado, el relacionado con la
prescripción del derecho del actor, debe tenerse en cuenta lo que en el aparte normativo-

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Demandante: Alberto Pérez León

jurisprudencial de esta providencia se indicó sobre la facultad del ad quem para conocer y
pronunciarse respecto de asuntos que no fueron expresamente invocados en el recurso de
alzada.

En efecto, como se expuso en relación con los fines del recurso de apelación, si bien es
cierto que el principio de congruencia (artículo 281 del CGP) ata al juez a «los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así
lo exige la ley»; y que, en el mismo sentido, la competencia del ad quem se encuentra
condicionada por «los argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación»
(artículo 328 del CGP), también lo es que tales limitaciones hayan una excepción en la
facultad que ambas normas le otorgan al juzgador de segunda instancia para pronunciarse
«de oficio» respecto del «derecho sustancial sobre el que verse el litigio» (artículo 281 del
CGP) o «en los casos previstos por la ley» (artículo 328 ejusdem). Así:

ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas
si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto
la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

[…]

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

[…] (Negrillas fuera del texto)

En este caso, al examinarse el contenido del recurso de apelación interpuesto por la
CREMIL contra la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Pamplona, esta Sala
no encuentra en la decisión del tribunal ninguna motivación fáctica o jurídica que
desconozca el principio de congruencia (artículo 281 CGP), o que se constituya en una
actuación extra o ultra petita de la alzada (artículo 328 CGP), toda vez que el ad quem,
convencido de la solicitud de revocatoria que pretendía la parte demandada, advirtió
congruente, esto es, adecuado y en armonía con tal petición (en otras palabras, exigido con
el recurso) realizar un nuevo examen del «derecho sustancial» (artículo 281 CGP) sobre el
cual versaba el litigio, sin que esto, valga subrayarlo, haya supuesto una transgresión del
derecho fundamental al debido proceso del hoy accionante.

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A este respecto, conviene destacar el punto 1.3 de la providencia, donde el tribunal advierte
de la necesidad de efectuar el análisis oficioso del mencionado «derecho sustancial» sobre
la égida, precisamente, del aludido principio de congruencia:

Resulta para esta Sala necesario indicar que si bien el escrito de apelación se desarrolla el
tema de prescripción, no es menos cierto que el apelante solicita la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, en la cual se condena a CREMIL a reliquidar la asignación
de retiro del demandante, incluyendo como partida computable subsidio familiar, por lo
anterior entonces es necesario hacer un estudio de la sentencia en su integridad. (Negrillas
fuera del texto)

Aunado a lo anterior, es preciso reiterar que las decisiones manifiestamente ilegales no
cobran ejecutoria y no atan al juez;39 por lo que era jurídicamente posible que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander entrara a estudiar, incluso oficiosamente (como se le
permite al ad quem hacerlo respecto de las excepciones que encuentre probadas [artículos
281 y 328 CGP]) la existencia del derecho del demandante a la inclusión en su partida
computable del factor subsidio familiar, aplicando para el efecto una nueva sentencia de
unificación sobre el particular;40 puesto que tal examen le venía impuesto por el artículo 10
del CPACA, que advierte a los jueces de la jurisdicción contenciosa-administrativa del deber
de aplicar, en la decisión de su competencia, «las sentencias de unificación jurisprudencial
del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas (constitucionales,
legales y reglamentarias)». En otras palabras, era una decisión que podía adoptar de oficio,
en tanto así está previsto en la ley (artículo 328 CGP).

Bajo ese entendido, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
advirtió que el Juzgado Primero Administrativo de Pamplona decidió la pretensión
(reliquidación de la asignación de retiro con inclusión del factor subsidio familiar) a favor del
señor Pérez León, pero sin considerar que la causación de su derecho se produjo el 30 de
agosto de 2010,41 es decir, con anterioridad a la expedición de los decretos 1793 y 1794 de
julio de 2014, que sí recogieron dicho factor como partida computable; y obligado a aplicar
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, que determinó
posible excluir a los soldados profesionales de dicho beneficio sin menoscabar su derecho
a la igualdad, concluyó necesario revocar la decisión del a quo y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, se itera, sin transgredir el principio de congruencia, su
competencia y, por lo tanto, el debido proceso del actor.

Adicionalmente, y aunque en este caso el apelante único en el proceso ordinario fue la parte
demandada (quien resultó beneficiada con la decisión de segunda instancia), es relevante
mencionar lo que esta Subsección, en la sentencia del 2 de diciembre de 2019,42 señaló
respecto del principio de la non reformatio in peius; en tanto indicó que ante la tensión que
se genera entre los derechos de defensa y de legalidad, el juzgador puede, en cada caso
concreto, ponderar la aplicación de este último como salvaguarda de los recursos públicos

39 Ver, entre otras providencias de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes: Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987

M.P. Héctor Gómez Uribe; Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Asimismo, las
siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Primera, del 30 de agosto de 2012, M.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, radicación: 11001-03-15-000-2012-00117-01(AC); del 5 de julio de 2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación:
05001-23-31-000-2006-01233-01; del 25 de mayo de 2016, radicación: 25000-23-36-000-2013-00835-01, número interno:
53553, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), entre otras.
40 Del Consejo de Estado, Sección Segunda, de 25 de abril de 2019.
41 Este aspecto no es objeto del recurso extraordinario de revisión.
42 Radicado 25000-23-42-000-2014-02265-01 (1003-17); C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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de la entidad demandada, pues, «impide el pago de una condena que carece de sustento
legal».43

Así las cosas, es evidente que en el sublite prevaleció el principio de legalidad, en virtud del
cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, ante una decisión que no se
encontraba ejecutoriada, propendió por aplicar el ordenamiento jurídico vigente (según los
parámetros de la citada sentencia de unificación del 25 de abril de 2019). Un principio que,
además y para este caso en particular, resultaba íntimamente relacionado con el derecho
a la igualdad, en consideración a que se buscaba que una situación de similares contornos
fuera resuelta de manera uniforme (artículo 10 del CPACA); o lo que es lo mismo: que se
equiparara a las personas en el goce de sus derechos y se lograra que asuntos con
identidad fáctica no resultaran decididos de diversas maneras.

En definitiva, a juicio de esta Sala, que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
haya determinado, en aplicación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
25 de abril de 2019, que al señor Pérez León no le asistía la reliquidación de su asignación
de retiro con la inclusión del factor subsidio familiar, porque causó su derecho el 30 de
agosto de 2010,44 es decir, con anterioridad a la expedición de los decretos 1793 y 1794 de
julio de 2014 (que sí recogieron dicho factor como partida computable), no fue una decisión
incongruente con lo pedido en el recurso de apelación interpuesto por la CREMIL y/o por
fuera de su competencia; por lo tanto, no resulta violatoria del derecho al debido proceso
del hoy recurrente.

Finalmente, comoquiera que la decisión recurrida propendió por salvaguardar los recursos
públicos de la entidad demandada, pues impidió el pago de una condena que carecía de
sustento legal, toda vez que el actor no cumplía con los presupuestos para la inclusión del
subsidio familiar en la partida computable de su asignación de retiro, como lo estableció la
sentencia de unificación aplicada por el ad quem, es razonable considerar que mantener la
decisión del a quo hubiese resultado lesivo para el erario.

Por todo lo expuesto, y sin que resulte necesario realizar mayores disquisiciones sobre el
particular, la Sala concluye que en el presente asunto no se encuentra configurada la causal
de nulidad originada en la sentencia prevista por el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA;
por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión habrá de ser declarado infundado.

2.5. Costas

Esta subsección, mediante sentencia de abril de 2016,45 estableció su posición sobre la
condena en costas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, donde determinó que el criterio
objetivo-valorativo para la imposición de la condena en costas es el siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar
de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

43 Ibídem.
44 Este aspecto no es objeto del recurso extraordinario de revisión.
45 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza

Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es
decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena
el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo
la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador,
el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos
recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

f) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo
que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

g) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de
primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP46, previa elaboración del secretario y
aprobación del respectivo funcionario judicial.

h) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De acuerdo con lo anterior, se condenará en costas a la parte actora, comoquiera que,
conforme al numeral 3.º del artículo 365 del CGP, resulta vencida en este proceso al no
haber prosperado sus argumentos para revisar la sentencia recurrida; además, la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares intervino oponiéndose a la prosperidad del recurso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que los argumentos esbozados por la parte recurrente, para invocar la causal 5.ª
del artículo 250 del CPACA, no se adecuan a las causales señaladas en dicha normativa ni
en el CGP para que haya lugar a la declaratoria de nulidad de una sentencia; por esta razón
se declarará infundado el presente recurso extraordinario. Con condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la
causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, el ciudadano Alberto Pérez León presentó contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de 10 de octubre de 2019, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

46 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […] »

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Demandante: Alberto Pérez León

Segundo. Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la demandada.

Tercero. En firme esta decisión, devolver al tribunal de origen el expediente en préstamo,
realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo SAMAI y archivar el recurso
extraordinario.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.
CBT

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