Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00950-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
21 de marzo de 2024
Demandante: Alberto Pérez León
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00950-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00950-00
Demandante: ALBERTO PÉREZ LEÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente –
requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela presentada por la parte
actora contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Alberto Pérez León, actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado1. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
2. En sentir del extremo accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con la sentencia del 24 de noviembre de 2022,
dictada dentro del recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado:
11001-03-25-000-2020-00717-00. El referido proceso fue promovido por el actor
contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares2.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
RUEGO A LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION A,
CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA Y EN CONSECUENCIA AMPARE EL
1 El escrito de tutela se radicó por correo electrónico del 27 de febrero de 2024.
2 En adelante CREMIL.
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Demandante: Alberto Pérez León
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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DERECHO A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO, DEJANDO SIN EFECTOS
JURIDICOS EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION DEL CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A -SIENDO CONSEJERO PONENTE EL DR RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS, PROFERIDO EL 24 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS
(2022) Y EN SU LUGAR ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE
DE SANTANDER QUE PROFIERA UN FALLO IGUAL AL PROFERIDO EL 18 DE
OCTUBRE DE 2023 SIENDO CONSJERO PONENTE: JORGE IVAN DUQUE
GUTIEREZ ACORDE CON LO ORDENADO POR EL CONSEJO DE ESTADO QUE
DECLARO FUNDADO EL RECURSO EXTRARDINADIO DE REVISION EN EL
CASO DEL DEMANDANTE TEOFILO GARCIA MESA. (…) (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Pérez León presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la CREMIL, con el fin de que se ordenara la reliquidación
de su asignación de retiro con la inclusión en la partida computable del subsidio
familiar.
6. La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Primero
Administrativo Oral de Pamplona, autoridad judicial que mediante providencia del
30 de abril de 2018 accedió a las pretensiones de la demanda.
7. Como fundamento de su decisión, expuso que, resultaba contrario al
principio de igualdad que el Decreto 4433 de 2004 hubiese previsto el subsidio
familiar como partida computable a los miembros de las fuerzas militares de
mayor grado y no así, a los soldados profesionales como en el caso de actor.
8. En ese orden de ideas, aplicó la excepción de inconstitucional de la norma
y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la asignación de retiro del
demandante. Además, señaló que no prescribió el derecho, comoquiera que el
calculo debía ser cuatrienal de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
9. La parte demandada, inconforme con la decisión, interpuso recurso de
apelación. Soportó su alzada en el hecho que, las mesadas prescribieron al cabo
de 3 años contados a partir de su exigibilidad.
10. En sentencia del 10 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander resolvió el asunto en segunda instancia. Para el efecto,
revocó la decisión adoptada por el a quo y negó las pretensiones de la demanda.
Esto, luego de estudiar el fondo del asunto, pues encontró que aun cuando el
demandado solo desarrolló el tema de la prescripción, lo cierto es que solicitó la
revocatoria de la decisión.
11. Consideró que, de conformidad con la sentencia de unificación SUJ-015-
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CE-S2.2019 del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado, el hecho de
consagrar una asignación a un sector de las fuerzas militares no implica per se
discriminación, sino que es necesario realizar test de igualdad frente a los
soldados profesionales con anterioridad a la vigencia de los Decretos 1161 y
1162 de 2014. Concretamente, expuso que el demandante adquirió el derecho
con anterioridad a la expedición del Decreto 1794 de 2014, es decir, antes de que
estableciera que el subsidio familiar es partida computable.
12. A raíz de estos hechos, el señor Alberto Pérez León presentó recurso
extraordinario de revisión bajo el amparo de la causal 5 del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3. A
su juicio, el ad quem desarrolló un argumento no expuesto en el recurso de
apelación, situación que desbordó la facultad contenida en el artículo 320 del
Código General del Proceso.
13. En sentencia del 24 de noviembre de 2022, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión. Consideró que no había elementos sustantivos que condujeran a la
conclusión de que la providencia de segunda instancia fue proferida con alguna
irregularidad.
14. Además, dicha autoridad judicial expuso que era jurídicamente posible que
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander entrara a estudiar, incluso de
oficio, las excepciones que encontrara probadas y la existencia del derecho del
demandante a la inclusión en su partida computable del factor subsidio familiar,
aplicando para el efecto la jurisprudencia del caso.
15. La anterior providencia fue notificada a las partes por correo electrónico
del 23 de enero de 2023.
1.4. Sustento de la vulneración
16. A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada desconoció sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
17. Atribuyó dichas afectaciones al hecho que en un caso igual, la corporación
declaró fundado el recurso extraordinario de revisión. En esos términos, trajo a
colación la sentencia del 6 de junio de 2023 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jorge Iván
Duque Gutiérrez. En dicho proceso fungió como demandante el señor Teófilo
García Mesa y como demandado la CREMIL.
18. Sobre el particular, la parte actora se limitó a señalar que se trata de un
caso idéntico y acto seguido, trascribió la providencia señalada en el numeral
anterior, sin hacer más consideraciones.
3 En adelante CPACA.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
19. Mediante auto del 2 de octubre de 2023, el despacho sustanciador admitió
la solicitud de amparo. En consecuencia, dispuso su notificación a la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y ordenó la vinculación de la
CREMIL, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
20. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión, solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo porque no se acredita el requisito de la
inmediatez. Expuso que la interposición de la tutela excedió el plazo razonable
establecido para su ejercicio oportuno, el cual fue fijado en 6 meses como
garantía del principio de seguridad judicial y respecto a la institución de la cosa
juzgada. Esto, pues la providencia se notificó el 23 de enero de 2023, mientras
que el escrito se radicó el 27 de febrero de 2024, sin que se indicaran razones
válidas para su inactividad.
21. Agregó que la decisión fue proferida de conformidad con los elementos de
juicio aportados al plenario y en armonía con el criterio que para ese momento
sostenía la sala, sin perjuicio de que con posterioridad se reexaminara dicha
postura en salvaguarda de los principios y derechos en juego.
22. Finalmente, expuso que la tutela no es el mecanismo idóneo para reabrir
el debate zanjado en dicha oportunidad y con respeto del debido proceso de las
partes, intervinientes y en aplicación de la normativa aplicable.
1.6.2. CREMIL
23. Dicha autoridad expuso que no hubo vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados. Sustentó su afirmación, en el hecho que al accionante
se le respetaron las etapas procesales y las oportunidades para acceder a la
justicia.
24. En lo que respecta al cargo por igualdad, señaló que no es competencia
del juez constitucional examinar las actuaciones judiciales surtidas en otros
procesos para determinar cuál es ajustada a la ley.
25. Trajo a colación el principio de cosa juzgada, para señalar que, en realidad
lo pretendido por el actor en este mecanismo es que se le reconozcan unas
peticiones que ya fueron debatidas y respecto de las cuales existen
pronunciamientos de fondo. Ello, sin que medie un perjuicio irremediable.
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26. En ese orden de ideas, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela. Agregó que la providencia enjuiciada no fue fallada de forma
caprichosa ni arbitraria.
27. De otro lado, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona, pese a ser
debidamente notificados del presente trámite, guardaron silencio4.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra la Sección Segunda, Subsección A de la
corporación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Alberto
Pérez León fungió como demandante en el recurso extraordinario de revisión
identificado con el radicado 11001-03-25-000-2020-00717-00. Por tanto, está
legitimado en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela.
31. Por otro lado, la Sala evidencia que la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la
autoridad que dictó la providencia cuestionada en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
32. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por el señor Pérez
León, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y
los informes presentados, los problemas jurídicos a resolver en el caso son los
siguientes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
4 Cfr. Índice 9 Samai.
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33. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
34. ¿La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la parte actora al
proferir la sentencia del 24 de noviembre de 2022, que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del CPACA?
35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad,
y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.
37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del
05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
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38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en
el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis sobre el requisito general de inmediatez
42. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable11, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
11 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
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caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo12.
43. De acuerdo con lo anterior, esta Sección13 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
44. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar
al fondo del debate jurídico planteado.
45. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional
indicó que la acción de tutela será procedente:
[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual14.
46. Bajo esa óptica, corresponde declarar improcedente la protección ius
fundamental invocada, por las razones que pasan a exponerse.
47. En efecto, de la revisión del expediente digitalizado con radicado 11001-
03-25-000-2020-00717-00, se advierte que la sentencia del 24 de noviembre de
2022 se notificó por correo electrónico a las partes el 23 de enero de 2023. En
ese orden, la decisión cobró ejecutoria el 31 de enero de 2023.
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez- Así mismo, reiterado entre otras en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad.
11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
13 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
14 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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48. Sin embargo, la radicación de la tutela ocurrió el 27 de febrero de 2024,
es decir, fuera del término razonable que la jurisprudencia de esta Sección del
Consejo de Estado ha considerado. Esto, en atención a que transcurrió más de
1 año desde la ejecutoria de la decisión cuestionada hasta la interposición del
presente mecanismo constitucional.
49. De conformidad con lo anterior, es evidente que el accionante dejó pasar
más del tiempo que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta
corporación han indicado como lapso racional para la interposición de una acción
de tutela contra una providencia judicial.
50. Se aclara que, si bien es cierto que se han establecido algunos criterios
que permiten flexibilizar este término, el actor no manifestó encontrarse dentro
de alguna de las situaciones que la jurisprudencia ha considerado especiales, ni
se encontró que pueda tratarse de un caso de tales proporciones.
51. Si bien el señor Pérez León refirió que la misma Sala de Decisión profirió
con posterioridad sentencia favorable en recurso extraordinario de revisión
adelantado en un asunto similar al que lo motivó a la presentación de dicho
mecanismo15, lo cierto es que esta Sección no puede desconocer que los jueces
en sus providencias están habilitados para abandonar sus posturas y acogerse a
unas diferentes, sin que lo mismo implique per se una afectación de las garantías
fundamentales de los demás interesados.
52. Al revisar la sentencia del 24 de noviembre de 2022 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A de la corporación en el proceso de revisión
identificado con el radicado 11001-03-25-000-2020-00717-00, se advierte que la
misma analizó si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en la
causal 5 del artículo 250 del CPACA. Esto, por cuanto dicha autoridad se habría
pronunciado en su decisión, respecto al fondo del asunto, sin que ello hubiera
sido objeto de apelación por la CREMIL.
53. En dicha oportunidad, la accionada consideró que no se reunían los
presupuestos establecidos por la jurisprudencia para la causal en cita.
Particularmente, indicó que el asunto fue decido así, toda vez que lo pretendido
con el aludido recurso fue la revocatoria total de la decisión de primera instancia
adoptada por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona en el medio
de control de nulidad y restablecimiento adelantado con el fin de que se ordenara
la reliquidación de la asignación de retiro de la parte actora.
54. Prima facie, al revisar la sentencia del 18 de octubre de 2022 proferida por
la Sección Segunda, Subsección A de esta colegiatura al interior del proceso
identificado con el radicado 11001-03-25-000-2020-00690-00, se advierte que la
misma resolvió el recurso extraordinario de revisión instaurado contra la decisión
de segundo grado adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de
15 Asunto que se identifica con el radicado 11001-03-25-000-2020-00717-00.
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Demandante: Alberto Pérez León
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00950-00
Santander, por la causal 5 del artículo 250 del CPACA y por los mismos
supuestos fácticos.
55. Sin embargo, en dicha oportunidad la Sala determinó que existían
garantías en tensión que implicaban un análisis desde otra perspectiva.
56. Además, nótese que el magistrado ponente de la decisión expuso en su
escrito de contestación del presente mecanismo, que con posterioridad a la
expedición de la sentencia del 24 de noviembre de 2022 reexaminaron la postura.
Ello con el ánimo salvaguardar principios y derechos que reclamaban
prevalencia, de cara a otros que se encontraban en tensión.
57. Así las cosas, no se puede pasar por alto la facultad de las jueces de
apartarse del precedente en los casos en los que considera necesario, por
«adoptar una decisión distinta con el fin de lograr una interpretación más
armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia y
efectividad de los derechos fundamentales»16.
58. Admitirse que el cambio de postura jurisprudencial constituye uno de los
supuestos de excepción del requisito general de la tutela consistente en la
inmediatez, equivaldría a considerar que las providencias son susceptibles de
variaciones en el tiempo según sea la línea que se adopte con posterioridad.
Situación que a todas luces es contraria a los principios de seguridad jurídica y
de cosa juzgada.
59. De conformidad con lo anterior, la Sala declarará la improcedencia del
amparo constitucional presentada en contra de la providencia del 24 de
noviembre de 2022 por la Sección Segunda, Subsección A de esta colegiatura,
por violación al derecho a la igualdad y al debido proceso. Esto, porque no se
encuentra superado el requisito general de procedibilidad de la inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela impetrada por el
por el señor Alberto Pérez León contra la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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Demandante: Alberto Pérez León
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00950-00
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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