Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00691-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00691-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00691-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)
Recurrente: Gladys Antonio Mitchell
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Gladys
Antonio Mitchell contra la sentencia del 10 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que revocó la
decisión de primera instancia del Juzgado Único Administrativo del Circuito de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Gladys Antonio Mitchell interpuso recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia del 10 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, invocando la causal quinta del artículo 250
del CPACA, al considerar que la decisión vulneró el principio de congruencia.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, y el expediente ordinario allegado a este trámite, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 88001-33-33-001-
2017-000147-00/012.
2.1.1. La demanda
2. La señora Gladys Antonio Mitchell radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, en la que solicitó, en síntesis, la nulidad de las resoluciones núm. GNR
338897 del 28 de septiembre de 2014; GNR 24357 del 24 de febrero de 2015; SUB 9360
del 16 de marzo de 2017; SUB 58212 del 10 de mayo de 2017; y DIR 8095 del 13 de
1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
2 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Recurrente: Gladys Antonio Mitchell
junio de 2017, a través de las cuales negó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez.
3. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicitó, a título de
restablecimiento del derecho: i) el reconocimiento de la pensión, desde el 26 de julio
de 2010 y efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2011, tomando como IBL lo
cotizado durante toda su vida laboral; ii) el pago del retroactivo pensional; iii) intereses
moratorios; iv) la actualización de los valores adeudados conforme al IPC; y v) el pago
de costas y agencias en derecho. Como pretensión subsidiaria, pidió vi) el
otorgamiento de la acreencia pensional con base en la norma más favorable, tomando
como IBL los tiempos en los sectores público y privado.
4. Como fundamento de la demanda, sostuvo que resultaba aplicable el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que al entrar en
vigor dicha norma tenía más de 35 años y estaba vinculada al sector público. Afirmó
haber cotizado las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990, por lo que
consideraba tener derecho a la pensión con la mesada 14. Finalmente, señaló que
COLPENSIONES aplicó indebidamente la normativa y desconoció los derechos
fundamentales de la accionante3.
2.1.2. Contestación de la demanda
5. La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES– contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones. Señaló que, si bien la actora nació en 1955
y en principio estaba amparada por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, al cumplir 55 años en 2010 debía verificarse si conservaba dicho beneficio. Sin
embargo, solo acreditó 695 semanas de cotización al momento de entrar en vigor el
Acto Legislativo 1 de 2005, número insuficiente para mantenerlo de conformidad con
este.
6. Sostuvo que, respecto de legislaciones anteriores, como la Ley 33 de 1985 y la
Ley 71 de 1988, la accionante cumplía el requisito de edad, pero no el de 20 años de
aportes —equivalentes a 1.029 semanas—, razón por la cual tampoco podía acceder
a la pensión bajo esos regímenes.
7. Indicó que, al examinar el reconocimiento pensional conforme al Decreto 758
de 1990, la demandante debía acreditar 55 años de edad y 500 semanas en los últimos
veinte años o 1.000 semanas en cualquier tiempo. Sin embargo, no demostró
cotizaciones anteriores al 1º. de abril de 1994 ante el Instituto de Seguros Sociales,
requisito indispensable para conservar el régimen de transición. En consecuencia,
perdió este beneficio el 31 de julio de 2010 y quedó sujeta a la Ley 797 de 2003. Bajo
este régimen, aunque tenía 61 años, solo acreditaba 1.121 semanas, sin alcanzar las
1.300 exigidas4.
3 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 1.
4 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 116.
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2.1.3. Audiencia inicial
8. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
celebró audiencia inicial el 18 de abril de 20185, en la que se surtieron todas las etapas
previstas. En esa diligencia se fijó el litigio en los siguientes términos:
Debe establecer el Despacho si procede la nulidad de los actos administrativos
contenidos en las Resoluciones Nos. GNR 338897 del 28 de septiembre de 2014, No.
GNR 24357 del 24 de febrero de 2015, No. SUB 9360 del 16 de marzo de 2017, No.
SUB 58212 del 10 de mayo de 2017 y la Resolución No. DIR 8095 del 13 de junio de
2017, a través de los cuales COLPENSIONES EICE, negó a la aquí actora Gladys
Antonio Mitchell el reconocimiento y pago de su pensión de vejez en la forma como se
pide en el escrito de la demanda.
Por lo anterior, el Despacho debe establecer: i) régimen pensional que cobija al actor,
ii) la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto iii) y si se ajusta a los
presupuestos normativos y jurisprudenciales para que se ordene el reconocimiento y
pago de su pensión en la forma como se pide en el escrito de la demanda6.
2.1.4. Sentencia de primera instancia
9. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
profirió sentencia el 21 de septiembre de 20187 en la que resolvió:
PRIMERO: DECLÁRASE la Nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos. GNR 338897 del 28 de septiembre de 2014, GNR 24357 del 24 de
febrero de 2015, SUB 9360 del 16 de marzo de 2017, SUB 58212 del 10 de mayo de
2017 y DIR 8095 del 13 de junio de 2017, a través de los cuales COLPENSIONES
EICE, negó a la aquí actora Gladys Antonio Mitchell el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez.
SEGUNDO: En consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNASE a la entidad demandada la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES EICE a reconocer y pagar una pensión de vejez a partir del 26 julio
2010, fecha en que se causó el derecho, de acuerdo a los parámetros establecidos en
la Sentencia SU-395 de 2017 y Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado, esto es, acorde a la Ley 71 de 1988, respecto a la edad, tiempo
de servicios y monto de la pensión, entendido como tasa de reemplazo, que para el
caso particular es del 75% sobre el ingreso base de liquidación y los factores
consagrados en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sobre el ingreso
base de liquidación según la subregla 1° de la Sentencia de Unificación del Consejo
de Estado, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los
10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.
TERCERO: ADVIÉRTASE a la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES EICE, que de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, la efectividad de la pensión será desde el 12 de junio de 2014, en virtud de la
prescripción trienal.
CUARTO: De conformidad con el artículo 188 del CPACA, condénase en costas a la
parte demandada. De igual manera se le condena en agencias en derecho las cuales
se fijan en 4% de lo pedido.
5 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 147.
6
Transcripción con errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.
7 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 1.
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QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto
en la parte considerativa de esta sentencia8.
10. Señaló que la demandante cumplió con los requisitos legales exigidos, dado
que alcanzó los 55 años de edad y acreditó más de 20 años de aportes al sistema,
tanto en el sector público como en el privado. Estos elementos demostraron que
satisfizo las condiciones establecidas en la Ley 71 de 1988, aplicables bajo el régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
11. Adicionalmente, se precisó que, por haber efectuado cotizaciones superiores a
veinte años, correspondía a COLPENSIONES reconocer la prestación en su calidad de
última entidad de previsión. De igual forma, destacó que la jurisprudencia
constitucional y contenciosa-administrativa aclaró que el régimen de transición
garantiza la aplicación de las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de
reemplazo de la normatividad anterior, pero que el ingreso base de liquidación debía
calcularse conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con el promedio de los
salarios de los últimos diez años.
2.1.5 Recurso de apelación de la parte demandante
12. La señora Gladys Antonio Mitchell interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, en lo relativo a la fecha de efectividad y a los efectos
fiscales de la pensión reconocida, así como a los perjuicios reclamados. Sostuvo que
la pensión se causó desde el 26 de julio de 2010, cuando cumplió la edad y las
semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990. Además, indicó que, al haber
acreditado más de 500 semanas en los últimos veinte años, tenía derecho a la pensión
y al reconocimiento de la mesada 14.
13. En cuanto a los efectos fiscales, argumentó que debe tenerse como fecha el 12
de junio de 2011, tres años antes de la solicitud radicada el 12 de junio de 2014, la
cual interrumpió la prescripción. Igualmente, indicó que COLPENSIONES incurrió en mora
al no pagar oportunamente, generando intereses indemnizatorios que no requieren
prueba, conforme a los artículos 1608 y 1617 del Código Civil y 141 de la Ley 100 de
1993.
14. Por todo lo anterior, la parte actora solicitó: i) reconocer la pensión desde el 26
de julio de 2010, con efectos fiscales desde el 12 de junio de 2011; ii) ordenar el pago
de la mesada 14; iii) reconocer el retroactivo pensional con intereses de mora desde
los cuatro meses posteriores a la primera petición; y iv) de manera subsidiaria, ordenar
la indexación del retroactivo pensional9.
2.1.6 Recurso de apelación de la parte demandada
15. La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES– interpuso
igualmente recurso de alzada contra la decisión de primera instancia. Alegó que, si
bien la demandante cumplía con el requisito de edad al entrar en vigor la Ley 100 de
1993, no acreditaba el número mínimo de semanas exigidas para conservar el
régimen de transición. Con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2005, este se
extendió hasta 2010, o hasta 2014 únicamente para quienes contaran con al menos
750 semanas a la entrada en vigor de la citada reforma constitucional; no obstante, la
accionante solo registraba 695 para 2005, por lo que perdió dicho beneficio en 2010.
8
Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.
9 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 27.
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16. Indicó que la demandante debía acreditar los requisitos previstos en los
regímenes anteriores —leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y Decreto 758 de 1990—; no
obstante, para el 31 de julio de 2010 no cumplía tales exigencias. En consecuencia,
debía acudirse a la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, que requería
1.300 semanas de cotización. Sin embargo, la peticionaria solo acreditó 1.121
semanas, motivo por el cual no podía acceder a la prestación en este último régimen10.
2.1.7 Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
17. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió
sentencia el 10 de septiembre de 201911, en cuya parte resolutiva consignó:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Único Contencioso
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina de fecha veintiún (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), de acuerdo
a lo consignado en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
18. Para sustentar lo expuesto, el Tribunal indicó que, de acuerdo con las pruebas
del proceso, la demandante nació el 26 de julio de 1955, razón por la cual, al entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993, en principio se encontraba amparada por el régimen de
transición. Sin embargo, al verificar las semanas cotizadas, advirtió que para la fecha
de entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 la accionante solo había acumulado
695 semanas, número insuficiente para conservar dicho beneficio, pues este exigía un
mínimo de 750 semanas.
19. De otro lado, se examinó el reconocimiento pensional a la luz de la Ley 100 de
1993 y concluyó que, si bien la parte actora cumplía con el requisito de edad, solo
acreditaba 1121 semanas cotizadas, cuando eran necesarias 1300 para causar el
derecho a la pensión de vejez. En consecuencia, no resultaba procedente reconocer la
pensión solicitada, ni la indexación ni los intereses moratorios reclamados en los
términos del recurso de apelación de la demandante.
2.1.8. Solicitud adición de la sentencia
20. En virtud de la decisión anterior, el apoderado judicial de la parte demandante
solicitó la adición12 del fallo de segunda instancia. Advirtió que en virtud del principio de
congruencia debían estudiarse todos los aspectos de la demanda y la apelación.
21. Sostuvo que tiene derecho a la pensión conforme a los requisitos del Decreto
758 de 1990, por haber acumulado más de 500 semanas de cotización dentro de los
últimos 20 años anteriores a la edad de jubilación, lo cual, insiste, cumplió el 26 de julio
de 2010 antes del límite establecido en el parágrafo 4 del Acto Legislativo 1 de 2005 —
31 de julio de 2010—.
22. Por estas razones, reiteró que en la demanda no se afirmó que la parte actora
contara con 750 semanas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005. Contrario
a lo anterior, tanto en las pretensiones como en la apelación se sostuvo que la
10 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 22.
11 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 66.
12 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 97.
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accionante cumplió los requisitos de edad —55 años— y semanas de cotización de que
trata el Decreto 758 de 1990, para el 26 de julio de 2010; esto es, antes de la primera
fecha que estableció el parágrafo transitorio 4 del citado acto legislativo, del régimen de
transición –31 de julio de 2010–.
23. A través de auto del 19 de noviembre de 201913, el Tribunal negó la solicitud de
adición. Lo anterior, al precisar que los aspectos objeto de la petición ya habían sido
decididos en la parte resolutiva de la sentencia, en relación con el «alcance pretendido
con la Ley 71 de 1988». Para tales efectos, reiteró el análisis efectuado en el fallo de
segunda instancia sobre el régimen de transición frente a la demandante.
24. Luego, la parte actora presentó un nuevo memorial en el que solicitó una decisión
de fondo sobre la petición de adición del fallo de segunda instancia, al insistir en que ni
en dicha providencia ni en el auto precedente se abordaron aspectos relacionados con
la fecha en que adquirió el derecho pensional: «justo 5 días antes de la fecha de
restricción del parágrafo 4 del Acto Legislativo 1 de 2005» —26 de julio de 2010—; así
como la omisión en la aplicación del Decreto 758 de 1990. No obstante, por auto del 19
de diciembre de 201914, dicha solicitud fue negada.
2.2. Recurso extraordinario de revisión
25. La señora Gladys Antonio Mitchell interpuso recurso extraordinario de revisión el
27 de junio de 202015, a través de correo electrónico dirigido a la secretaría de esta
corporación , al considerar que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como las providencias que resolvieron
solicitudes de adición, resultaron incongruentes por omitir pronunciarse sobre aspectos
esenciales de la litis y desconocer el régimen aplicable a la demandante en materia de
reconocimiento pensional.
26. Para desarrollar lo anterior, refirió que el Tribunal incurrió en errores de hecho,
debido que desconoció la fecha exacta en que la accionante cumplió los 55 años y la
cantidad de semanas cotizadas en los 20 años previos (629,99) que superaban el
mínimo exigido por el Decreto 758 de 1990.
27. Consideró que el Tribunal aplicó indebidamente la Ley 71 de 1988 y exigió los
requisitos del Acto Legislativo 1 de 2005 (750 semanas al 25 de julio de 2005), cuando
lo correcto era aplicar el régimen de transición y el Decreto 758 de 1990. Aunado a lo
anterior, advirtió que la inobservancia al principio de congruencia obedeció a que no
resolvió lo realmente pedido en la litis.
28. Además, la recurrente reprochó que en la sentencia del Tribunal no se valoraron
adecuadamente las certificaciones laborales, que acreditaban las semanas exigidas, ni
se consideró la jurisprudencia constitucional (SU-769 de 2014) que permite la
acumulación de tiempos públicos y privados. Del mismo modo, sostuvo que se
vulneraron los derechos al debido proceso y favorabilidad en materia laboral, por
aplicación indebida de normas.
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Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 114.
14 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoapelacion20170014720250411_16174420.pdf», imagen 114.
15
Samai, índice 3, actuación « AL DESPACHO POR REPARTO », documento «1 AL DESPACHO POR REPARTO
• 01Correo-1-01Correo.pdf(.pdf) NroActua 2», fecha del correo, 27 de junio de 2020.
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Recurrente: Gladys Antonio Mitchell
29. Por estas razones, la señora Gladys Antonio Mitchell solicitó a esta corporación:
i) la revisión del fallo de segunda instancia del 10 de septiembre de 2019 y de las
providencias dictadas con posterioridad, con el fin de dejarlas sin efecto o revocarlas;
ii) la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia del 21 de septiembre de
2018, emitida por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina; iii) que se ordene a COLPENSIONES reconocer la pensión
de la demandante conforme con el Decreto 758 de 1990, e inclusión de la mesada 14;
iv) declarar la prescripción de las mesadas anteriores al 12 de junio de 2011; v) el
reconocimiento del retroactivo pensional, junto con los intereses moratorios y la
indexación; y vi) la condena en costas y agencias en derecho.
2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
30. Por auto del 30 de septiembre de 202116, se requirió al Tribunal Administrativo
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que allegara constancia de ejecutoria
de la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión.
31. Mediante decisión del 9 de mayo de 202417, se inadmitió el recurso, por lo que
se requirió a la recurrente para que subsanara las falencias indicadas en dicho
proveído.
32. Esta corporación admitió el recurso en auto del 20 de marzo de 202518, ordenó
la notificación personal de esta decisión a COLPENSIONES y al Ministerio Público y le
reconoció personería al abogado de la recurrente. Asimismo, requirió al Juzgado Único
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que remitiera a este
proceso el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
número 88001-33-33-001- 2017-00147-01.
33. Luego de que esta decisión fue debidamente notificada19, COLPENSIONES
contestó el escrito20 en el que se solicitaba declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión, al no acreditarse la causal alegada. La entidad reiteró los argumentos
expuestos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al señalar
que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición y, en consecuencia,
no le resultaban aplicables las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 ni el Decreto 758 de
1990. Agregó que tampoco cumplía con los requisitos para el reconocimiento pensional
previstos en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, análisis que,
además, ya había sido efectuado por el Tribunal en la sentencia recurrida.
34. Propuso como excepciones la inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo
no debido, prescripción, buena fe y se opuso a la condena en costas en su contra.
35. A través de auto del 3 de septiembre de 202521, se decretaron y tuvieron como
prueba los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión, así como
los solicitados al Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
36. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
remitió el expediente digital del proceso ordinario22.
16 Samai, índice 7.
17 Samai, índice 26.
18 Samai, índice 41.
19
Samai, índice 44 y 48.
20 Samai, índice 50.
21
Samai, índice 52
22 Samai, índice 47.
7
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
37. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Gladys Antonio Mitchell contra la sentencia del 10 de
septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del
CPACA23.
3.2. Oportunidad
38. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 10 de septiembre de 2019; ahora,
pese a que se allegó copia del expediente, no es legible la fecha de la notificación; no
obstante, en virtud del requerimiento efectuado por esta corporación24 se allegó
certificación expedida por la Secretaría General del Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina25, en la que hace constar que la decisión quedó
ejecutoriada el 25 de noviembre de 2019. Así las cosas, como la señora Gladys Antonio
Mitchell interpuso el recurso extraordinario de revisión el 27 de junio de 2020, según la
constancia del correo electrónico que obra a índice 3 del aplicativo SAMAI, su radicación
fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA26.
3.3. Legitimación en la causa
39. La señora Gladys Antonio Mitchell está legitimada en la causa, toda vez que fue
la demandante en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho27, en
el que se dictó la decisión controvertida.
3.4. Problema jurídico
40. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si: ¿La sentencia impugnada desconoció el objeto
del litigio y omitió resolver aspectos de fondo, incurriendo en la causal 5 del artículo
250 del CPACA?
41. Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; luego, abordará el alcance de la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista nulidad
originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por último,
decidirá sobre la condena en costas.
3.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
42. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
23 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
24
Requerimiento efectuado mediante auto del 30 de septiembre de 2021, índice 7, en el cual se solicitó la
constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.
25 Samai, índice 13, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«14_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF) NroActua 13»,
imagen 4.
26 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
27
Esta calidad fue reconocida en el proceso 88001-33-33-001-2017-000147-00 que cursó ante el Juzgado Único
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Samai, índice 47.
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controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA28.
43. El objeto de este mecanismo es el restablecimiento de la justicia material del fallo
recurrido cuando haya sido afectado por situaciones exógenas que no pudieron
analizarse en el curso del proceso. Por ello, no puede ser utilizado para corregir errores
judiciales. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA29, para casos en que la decisión
judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición
de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre
otros30.
44. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»31.
45. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
46. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]»32.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»33.
3.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
47. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
48. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que puso
fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso de
apelación»34.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
33 Ibidem.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
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49. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
50. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP35. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios
de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y
no en etapas procesales anteriores a la decisión.
51. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen
las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que
debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo
142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del artículo
136 ib. (antes 144 CPC)»36.
52. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por la recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»37.
53. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en
la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos supralegales
que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido proceso.
54. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales38:
-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso39.
-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
-Cuando la providencia carezca por completo de motivación40.
35
Antes el artículo 140 del CPC.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
39
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
40
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).
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-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus41.
-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia42.
-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso43; y
-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado44.
55. De tal forma que, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29
constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por
afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»45.
56. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»46, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
3.7. Caso concreto
57. La señora Gladys Antonio Mitchell acudió al recurso extraordinario
argumentando que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina estaba incursa en la causal 5 de revisión, del artículo 250
del CPACA, al existir nulidad originada en la sentencia, toda vez que violó el principio de
congruencia.
58. A juicio de la recurrente, la decisión cuestionada dejó de lado varios aspectos de
la controversia y cargos de la apelación. Lo anterior, toda vez que el Tribunal efectuó
una indebida aplicación de las normas relacionadas con el régimen pensional aplicable
a la demandante, incurrió en errores fácticos, así como en la valoración probatoria.
Especialmente, hizo énfasis en el estudio de la acreencia pensional conforme el
Decreto 758 de 1990.
59. Al descender al caso en particular, del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se puede advertir que, la
causal de revisión alegada se configura ya que, se vulneró el principio de congruencia,
dado que no se resolvieron aspectos del recurso de apelación interpuesto en contra
de la sentencia de primera instancia, concretamente lo referente a la pretensión y
cargo de la apelación relativa al estudio de la acreencia pensional a la luz del Decreto
758 de 1990, como pasará a exponerse.
60. De la revisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
88001-33-33-001-2017-000147-00/01, se advierte que lo pretendido por la señora
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
42 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
43 Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
46 Ibidem.
11
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Gladys Antonio Mitchell fue: la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales
la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, negó el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez. El fundamento principal de dicha pretensión radicó en
que la demandante cumplía con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de
transición y como consecuencia de ello, resultaba procedente el estudio de dicha
prestación en los términos del Decreto 758 de 1990.
61. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicitó, a título de
restablecimiento del derecho: i) el reconocimiento de la pensión de vejez, teniendo en
cuenta como IBL lo cotizado en toda su vida laboral, así como de la mesada 14; ii) el
pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios y la actualización de los
valores adeudados conforme al IPC; y iii) el pago de costas y agencias en derecho.
Como pretensión subsidiaria pidió que vi) se reconociera la pensión con la norma más
favorable, tomando como IBL tiempos públicos y privados.
62. Para efectos de verificar la congruencia de las decisiones judiciales, resulta
pertinente examinar si las sentencias de primera y segunda instancia dieron respuesta
a los planteamientos formulados en la demanda y en el recurso de apelación, y si
cuentan con una carga argumentativa suficiente que sustente la decisión adoptada.
63. En lo que respecta a la primera instancia, se advierte que el Juzgado Único
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en decisión del 21 de
septiembre de 2018 consideró lo siguiente:
Conforme al material probatorio descrito con anterioridad, la señora Gladys Antonio
Mitchell, para el primero (01) de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, tenía treinta (39) años de edad aproximadamente, razón por la cual se
haya cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2.- En tanto al régimen pensional que cobija a la señora Gladys Antonia Mitchell, al
tenerse que la misma está amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por el hecho de haber arribado a la edad de 35 años o más, al 1° de
abril de 1994, debe decirse que, con anterioridad a la citada ley el régimen general de
pensiones estaba contenido en la Ley 33 de 1985, el cual contempla que el empleado
oficial que haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años,
tiene derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, al
preceptuar en su artículo 1°:
[…]
Entonces es así, que de la norma trascrita y las pruebas obrantes en el expediente se
constata que la actora cumplió con los postulados de las normas anteriormente
descritas, pues cumplió con los 55 años de edad (fl. 13) y los 20 años de aporte al
sistema (fl. 44-62). Respecto a la entidad de previsión encargada de reconocer y pagar
la pensión, los artículos 10 y 11 del Decreto 2709 de 1994, indican:
[…]
El Despacho precisa que, para el pago de la pensión esta le corresponde a la última
entidad de previsión a la que realizó aportes el servidor, en este caso, a
COLPENSIONES EICE; a menos que el periodo de aportes sea inferior a 6 años, pues
en tal situación, será la entidad de previsión a la que más aportes se hubieren
efectuado. Situación que no ocurre en este caso en particular, pues la actora aportó
más de 20 años al sistema.
En consideración, teniendo en cuenta la normatividad anterior, es claro que la actora
cumple con los requisitos para pensionarse bajo los postulados de la Ley 71 de 1988,
pues suma más 20 años de aportes públicos y privados, sufragando aportes al sistema
de salud y cumplió los 55 años de edad.
Sobre lo que implica el régimen de transición, se ha sostenido por la jurisprudencia que
los beneficiarios tienen derecho a que se les aplique la edad, tiempo de servicios o de
cotización y monto, de las normas pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993. Sobre
el entendimiento del monto, se ha sostenido por la Corte Suprema de Justicia y la Corte
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Constitucional que este concepto corresponde al porcentaje de la pensión o tasa de
reemplazo, de modo que el ingreso base de liquidación se debe determinar con base
en la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, quedando sólo bajo el régimen
de la ley anterior los aspectos previamente señalados47.(Sic para la cita)
64. Como consecuencia de la decisión anterior, la demandante interpuso recurso
de apelación en el que solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia.
Los argumentos centrales de la alzada, expuestos en el acápite «2.1.5. Recurso de
apelación de la parte demandante», en resumen, se fundaron en aspectos relativos a
la fecha de la efectividad de la pensión, el reconocimiento de la mesada 14, la fecha
en que debe tenerse en cuenta la prescripción de las acreencias, el pago del
retroactivo pensional con los intereses moratorios.
65. Como argumento central de la apelación, la parte recurrente cuestionó el
régimen pensional aplicado al caso de la accionante. Indicó que, aunque en la
sentencia de primera instancia la pensión fue reconocida conforme con la Ley 71 de
1988, dicho reconocimiento debía efectuarse bajo los parámetros del Decreto 758 de
1990. En tal sentido, así lo solicitó en el recurso:
Ordene a la demandada a reconocer la pensión de la actora acorde a la norma […]
favorece; que según se indicó arriba lo es el decreto 758 de 1990; lo que permite […]
el derecho pensional se cause desde el 26 de julio de 2010, pero con efectos fiscales
desde 3 años atrás a la fecha en que elevó la primera petición […]48.(Sic para la cita)
66. A su vez, la parte demandada también interpuso recurso, con el fin de que se
negaran las pretensiones de la demanda.
67. Así, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
profirió sentencia de segunda instancia el 10 de septiembre de 2019. Para la resolución
del problema jurídico, consideró lo siguiente:
Hechas las anteriores precisiones jurisprudenciales, procede la Sala a verificar (i) si la
actora se encuentra cobijada con el régimen de transición establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
Revisado el expediente observa la Sala que fueron allegadas al plenario las siguientes
pruebas:
-Copia de cédula de ciudadanía de la señora Gladys Antonio Mitchell.
-Resolución No. RDP 2014_4615839 de 28 septiembre de 2014, por la cual la Unidad
Administrativa U.G.P.P le niega solicitud pensional elevada por la actora.
-Escrito de recurso de reposición frente a la Resolución No. 24357 del 04 de febrero
del 2015.
-Constancia de factores salariales percibidos por la actora desde años 1991 a 2005 por
sus servicios en el Hospital Timothy Britton.
-Trámite de Notificación No. 2017_4034176.
-Resolución Número Radicado Nº. 2017_2144462, Resuelve un trámite de
prestaciones económicas en el régimen de prima media con prestación definida Vejez.
• Petición de reliquidación pensional elevada por la señora Gladys Antonio Mitchell,
ante Colpensiones – EICE, Recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra
de la resolución sub 9360 del 16 de marzo de 2017.
• Certificado de información laboral No. 153 del 10 abril de 2017, por el cual se certifica
que la señora Gladys Antonio Mitchell prestó sus servicios como empleada pública en
el Hospital Timothy Britton, desde el 1 de julio de 1991 hasta el 30 de abril de 2005.
47 Transcripción literal errores ortográficos.
48 Ibidem.
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• Certificado de información laboral No. 153 del 10 abril de 2017, por el cual se certifica
que la señora Gladys Antonio Mitchell prestó sus servicios como empleada pública en
el Hospital Timothy Britton, desde el 1 de julio de 1991 hasta el 30 de abril de 2005.
68. Luego de efectuar la relación del tiempo cotizado, el Tribunal señaló que la
actora laboró 7.839 días, equivalentes a 1.117 semanas a la fecha de expedición de
las certificaciones que fueron aportadas al proceso. Explicó, además, que el régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite a quienes, al 1
de abril de 1994, tuvieran 35 años o más en el caso de las mujeres, 40 años o más en
el de los hombres, o 15 años de servicios o cotizaciones, pensionarse con las
condiciones de edad, tiempo y monto aplicables en el régimen anterior. Sin embargo,
el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó dicho régimen hasta el 31 de julio de 2010, salvo
para los trabajadores que acreditaran al menos 750 semanas de cotización, o su
equivalente en servicios, al entrar en vigor esta reforma, quienes conservaron el
beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014.
69. Realizada la consideración normativa respecto al régimen de transición y del
Acto Legislativo 1 de 2005, determinó lo siguiente:
Acorde con la prueba documental relacionada en los actos administrativos
demandados citada en precedencia la señora GLADYS ANTONIO MITCHELL nació el
26 de julio de 1955, por lo que a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, por lo
que en principio tenía derecho al régimen de transición, sin embargo al revisar las
semanas cotizadas, comprobamos en las certificaciones y relaciones de tiempo a la
fecha de la entrada en vigencia del Acto legislativo 01 de 2005, cotizó un total de 695
semanas, las cuales son insuficientes para haber conservado el beneficio estipulado
en el régimen de transición referido, que exige a la indicada que a la fecha se debe
contar con un mínimo de 750 semanas cotizadas.
De otra parte se evidencia de manera clara en la citada prueba documental que la
actora cumple con el requisito de edad, pero no ocurre así respecto al requisito de
semanas de cotización, pues la demandante acredita 1121 semanas cotizadas, siendo
necesarias 1300 semanas para causar el derecho a una pensión de vejez por lo que
no es factible el reconocimiento de una pensión en la forma solicitada, ni menos la
indexación y los intereses moratorios solicitados.
Por lo anterior ha de declararse prospero el recurso interpuesto por la entidad
Administradora de Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES– y así mismo
revocarse la sentencia bajo estudio49.(Sic para la cita)
70. En virtud de lo anterior, el Tribunal determinó que la demandante no reunía el
número de semanas exigidas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005 para
ser beneficiaria del régimen de transición. En consecuencia, concluyó que no era
procedente analizar su situación bajo la normativa anterior a la Ley 100 de 1993 y, por
lo mismo, no tenía derecho al reconocimiento pensional en los términos solicitados en
la demanda. Adicionalmente, advirtió que, aun con las 1.121 semanas cotizadas, la
actora no cumplía los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, modificada por la
Ley 797 de 2003.
71. En virtud de los antecedentes expuestos, se advierte que la sentencia de
segunda instancia no analizó integralmente el cargo central del recurso de apelación,
relativo al reconocimiento pensional con fundamento en el Decreto 758 de 1990. Este
aspecto guarda relación, además, con la interpretación que efectuó el Tribunal del
Acto Legislativo 1 de 2005, cuyo parágrafo transitorio 4 estableció los supuestos para
mantener el régimen de transición, en los siguientes términos:
49 Ibidem.
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Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de
julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014.
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen
serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen.
72. De acuerdo con la normativa citada, se observa que el parágrafo transitorio 4
del Acto Legislativo 01 de 2005 establece dos supuestos: el primero, que el régimen
de transición y las normas que lo desarrollen no podrán extenderse más allá del 31 de
julio de 2010; y el segundo, la excepción conforme a la cual los trabajadores que,
estando amparados por dicho régimen, acrediten al menos 750 semanas cotizadas o
su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo,
conservarán ese beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014.
73. Teniendo en cuenta la anterior precisión, y al descender en el estudio de la
decisión recurrida en sede extraordinaria, se advierte que el Tribunal explicó que la
demandante no acreditaba las 750 semanas exigidas a la entrada en vigor del Acto
Legislativo 1 de 2005 para conservar el régimen de transición hasta el 31 de diciembre
de 2014. Es decir, centró su análisis en el segundo de los supuestos previstos en dicho
Acto. No obstante, del contenido de la providencia no se evidencia la verificación del
primer supuesto, consistente en determinar si, antes del 31 de julio de 2010, la
demandante cumplía los requisitos para acceder al reconocimiento pensional
conforme con los regímenes anteriores, en especial el Decreto 758 de 1990,
disposición en la que se fundaron la demanda y los cargos de apelación.
74. En efecto, aunque el Tribunal reconoció que la señora Antonio Mitchell tenía
más de 35 años al momento de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, por lo que en
principio estaba amparada por el régimen de transición de la misma, y destacó que
este según el Acto Legislativo 1 de 2005 se conservaba hasta el 31 de julio de 2010,
lo que implicaba analizar si de conformidad con la normatividad anterior a la Ley 100
de 1993 la accionante acreditó los requisitos para pensionarse antes de la fecha
referida, no efectuó dicho estudio.
75. Lo anterior, a pesar de que la demandante desde el inicio del proceso arguyó
que en aplicación del Decreto 758 de 1990 adquirió el estatus pensional el 26 de julio
de 2010, aspecto en el que insistió en la alzada y en las peticiones de adición del fallo
de segunda instancia, como puede apreciarse de los siguientes apartes de la
demanda, el recurso de apelación y las solicitudes de adición:
i) Demanda:
8. En tal sentido se evidencia que antes del 31 de julio de 2010 la actora sumó el tiempo
para su pensión, al computar más de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores a
la edad de pensión.
9. Incluso con el criterio unificado de la Corte Constitucional expuesto en la sentencia
SU 769 de 2014, con 1.000 semanas en cualquier tiempo, la actora tendría derecho a
la pensión con el decreto 758 de 1990.
10. Bajo lo anterior no hay duda del derecho pensional que se reclama, el cual
SUBSISTE; debiendo la prestación ser reconocida como causada el 26 DE JULIO DE
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2010 cuando cumplió la edad y sumó las 500 semanas en los 20 años anteriores; lo
cual le permite recibir el derecho sin condicionamiento y con la mesada 14 50.(Sic para
la cita)
ii) Recurso de apelación:
Desde el numeral 9 de hechos de la petición de pensión radicada el 28 de febrero de
[…], en el numeral 8 y 9 de hechos de la demanda, en el acápite V del enunciado de
las normas violadas y en el párrafo 1 de la hoja 7 del escrito de demanda referimos que
la norma aplicable lo es el decreto 758 de 1990.
Lo anterior dado que dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto
es, anteriores al 26 de julio de 2010, sumó más de 500 semanas; ello permite los
siguientes beneficios, que por favorabilidad deben primar
[…]
Ordénese a la demandada a reconocer la pensión de la actora acorde a la norma que
la favorece; que según se indicó arriba lo es el Decreto 758 de 1990; lo que permite
que el derecho pensional se cause desde el 26 de julio de 2010, pero con efectos
fiscales desde 3 años atrás a la fecha en que elevó la primera petición que dio origen
a la Resolución GNR 338897 del 28 de septiembre de 2014, es decir, con efectos
fiscales al 12 de junio de 2011, acorde a las figuras ya analizadas.
iii) Solicitud de adición:
En virtud que en la demanda no afirmamos que la actora haya tenido 750 semanas a
la entrada en vigencia del acto legislativo 1 de 2005, la tesis de la demanda y que se
conserva en el recurso de apelación, es que la actora cumplió 55 años de edad el 26
DE JULIO DE 2010, estando dentro del marco del parágrafo transitorio 4 del citado
acto; esto es, que antes del 31 de julio de 2010 haya reunido los requisitos para acceder
al derecho pensional.
Así fue que al 26 de julio de 2010 cuando cumplió 55 años de edad, y prestó sus
servicios y cotizó en esos últimos veinte años entre el 26/07/1990 al 26/07/2010, de la
siguiente manera:
[…]
Así las cosas, la actora sí cumplió más de las 500 semanas que exige la norma que
por transición le venía aplicando, art. 12 del Decreto 758 de 1990, que le da pleno
derecho para disfrutar la pensión que se reclama bajo esta norma.
[…]
Situación de la cual debe decirse no se está en discusión, pues el objeto de la presente
solicitud gira en torno a que el despacho, con el respeto que se merece, no analizó de
fondo todas las aristas del litigio, toda vez que no hubo un pronunciamiento frente a la
posibilidad de reconocerle la mesada pensional a mi mandante bajo lo preceptuado en
el Decreto 758 de 1990, que es el fondo y tesis principal de la demanda y del recurso
de apelación. (Sic para la cita)
76. Se advierte que la omisión del Tribunal en analizar si la peticionaria hasta el 31
de julio de 2010 cumplía con los requisitos para pensionarse según el Decreto 758 de
1990, obedeció a que analizó la aplicación del régimen de transición bajo la hipótesis
de su conservación hasta el 31 de diciembre de 2014, para lo cual se debía verificar
si al entrar en vigor el Acto Legislativo 1 de 2005 la demandante tenía 750 semanas
de cotización, pasando por alto que antes de efectuar dicho análisis, le correspondía
verificar si aquella conforme a las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, que en
principio le son aplicables por tener más de 35 años a la entrada en vigor de esta,
cumplió los requisitos para pensionarse antes del 31 de julio de 2010. Lo anterior, se
insiste, aunque a partir de la mencionada hipótesis se solicitó la nulidad de los actos
acusados y se controvirtió la sentencia de primera instancia, con el propósito que se
50 Transcripción literal errores ortográficos.
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reconociera el derecho a la pensión desde el 26 de julio de 2010, con efectos fiscales
con posterioridad en virtud de la configuración del fenómeno de la prescripción.
77. La omisión del juez de segunda instancia es significativa, en consideración a
que de conformidad con el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para la obtención de
la pensión de vejez se debe acreditar la edad de 55 años para las mujeres y «un
mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte
(20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas (…)», semanas que la
peticionaria arguye acreditó con anterioridad al 26 de julio de 2010, fecha en que
cumplió 55 años51, y que pretende probar mediante los certificados de tiempos de
servicios52, de información laboral53, el reporte de semanas cotizadas54, inclusive los
actos administrativos55.
78. Así, en punto del principio de congruencia en materia procesal, el artículo 281
del CGP, establece que:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
79. Bajo este postulado, la Corte Constitucional56 ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o que
omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes (infra
petita)57. Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso.
51 Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía indican como fecha de nacimiento de la demandante, el 26
de julio de 1955. Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-
2017-00147-00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imágenes 14 y 15.
52 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 66.
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Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 67 en adelante.
54 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 76.
55 Samai, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento
«45RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250521zip(.zip) NroActua 47», carpeta «Exp. 88001-3333-001-2017-00147-
00», archivo «Cuadernoprincipal20170014720250411_16052320.pdf», imagen 60.
56 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
57 El Consejo de Estado también se ha referido a estos supuestos de incongruencia en la sentencia, en la decisión
proferida el 22 de marzo de 2013 por la Sección Cuarta, dentro del exp. 63001-23-31-000-2010-00110-01 (19136)
que citó las siguientes providencias: «Sentencia de 16 de agosto de 2002, Exp. 12668, M.P. Dr. Juan Ángel Palacio
Hincapié, reiterada en sentencias de 21 de noviembre de 2007, Exp. 15770, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, 6
de octubre de 2009, Exp. 16533 y de 29 de octubre de 2009, Exp. 17003, M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz».
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80. Ahora bien, en cuanto a las vertientes en que puede materializarse el principio
de congruencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
identificado dos escenarios:
Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo dispuesto en
la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva
de la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad58.
81. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los reparos
puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de primera
instancia sea revocada o reformada.
82. De ahí que, el recurso de apelación se propondrá en lo desfavorable a la parte,
por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado no podrá afectarse el
principio de la no reformatio in pejus, distinto al escenario cuando ambas partes apelan
toda la decisión, o la que dejó de proponer apelación decide adherirse al recurso
presentado, porque en estos casos el superior tiene un mayor margen de competencia.
83. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del juez
de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos propuestos
por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en el recurso,
que estén íntimamente ligados con el aspecto materia de impugnación»59.
84. Con base en lo expuesto y retomando el cauce argumentativo del caso en
concreto, se advierte que el eje central de la demanda y del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de segunda instancia fue el reconocimiento de la
acreencia pensional conforme con el Decreto 758 de 1990 antes del 31 de julio de
2010. Tanto es así que, aunque en el fallo de primera instancia se accedió a las
pretensiones de la demanda —bajo la Ley 71 de 1988—, la recurrente insistió en la
necesidad de verificar los requisitos previstos en dicho decreto. Adicionalmente, como
se explicó en renglones anteriores, la sentencia recurrida efectuó una lectura parcial
del Acto Legislativo 01 de 2005.
85. Se observa que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina no se pronunció sobre estos aspectos, a pesar de que, como se precisó, fue
presentada como argumento central y fundamento normativo de las pretensiones y
del recurso de apelación, lo que trajo como consecuencia que las partes solo pudieran
controvertir este aspecto cuando se les notificó la referida sentencia de segunda
instancia, a través de las solicitudes de adición de esta decisión.
86. Conforme a los argumentos expuestos, la Sala observa que la sentencia
vulneró el principio de congruencia. En efecto, la decisión omitió resolver un aspecto
central de la controversia planteada en las pretensiones de la demanda y en el recurso
de apelación, esto es, si era procedente el reconocimiento pensional según el Decreto
758 de 1990 antes del 31 de julio de 2010.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de junio de 2024, exp. 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
59
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-03-
15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
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87. En consecuencia, la Sala declarará fundado el recurso extraordinario de
revisión y, por consiguiente, infirmará la sentencia del 10 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
88. Ahora bien, como lo ha expresado esta corporación, «la declaración de nulidad
conlleva que la actuación sea tenida como inexistente60, el competente para rehacer
el fallo es el juez natural de segunda instancia61», se ordenará al Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que dicte la sentencia de
remplazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del CPACA.
89. Sobre el particular se ha pronunciado la Sala Plena de la corporación, en el
sentido de ordenar, en casos como el presente, «remitir el expediente a la Sección de
origen del fallo, para que dicte la sentencia de reemplazo a que haya lugar»62.
90. La anterior línea argumentativa es coherente con la postura adoptada por esta
Sección en un caso análogo donde se interpone el presente recurso extraordinario de
revisión —relacionado con la falta de congruencia por omitir un aspecto central de la
apelación—, en el que se concluyó que la providencia vulneraba el principio de
congruencia y, en consecuencia, se declaró fundado dicho recurso. En los siguientes
términos se dejó señalado63:
En este orden de ideas, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Casanare
al no pronunciarse en la sentencia del 1 de septiembre de 2011 respecto del estudio
técnico para establecer la legalidad del Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001,
desconoció el principio de congruencia, pues la señora Lucy del Carmen Camargo
Palencia como apelante único pretendía que el Tribunal se manifestara de fondo
sobre ese asunto y no que se inhibiera, en consecuencia para la Sala la sentencia
objeto del recurso de revisión se encuentra viciada de nulidad configurándose la
causal del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Finalmente, no se puede perder de vista que la demandante nunca alegó tener mejor
derecho que las personas incorporadas. Su informidad verso siempre con la supresión
del cargo por ausencia de los estudios técnicos; por ello, en criterio de la Sala el hecho
de no haber demandado la ilegalidad de todos los decretos de incorporación no impedía
que en la sentencia se desatara la apelación en los términos planteados por el apelante.
(Negrillas por la Sala).
3.8. Conclusión
91. En consecuencia, la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina violó el principio de congruencia porque omitió
pronunciarse sobre el objeto del litigio, y frente a un aspecto esencial del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 28 de
junio de 2018, Exp: 3012-2014 (REV), C.P. William Hernández Gómez.
«la ley ha reservado la configuración de las nulidades a eventos expresamente señalados en la norma, las cuales,
por constituir una grave afectación al debido proceso, son sancionadas con la invalidación de lo actuado durante la
vigencia de la causal (…)» Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Exp. 2012-
000389, 10 de mayo de 2016. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 5 de febrero de 2019,
proceso 11001-03-27-000-2018-00010-00(23659)REV, M.P. William Hernández Gómez. «la ley ha reservado la
configuración de las nulidades a eventos expresamente señalados en la norma, las cuales, por constituir una grave
afectación al debido proceso, son sancionadas con la invalidación de lo actuado durante la vigencia de la causal
(…)» Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Exp. 2012-000389, 10 de mayo
de 2016. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
62
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 28 de agosto de 2018, Exp.1998-
00153-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
63
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 20 de marzo de 2018, proceso
11001-03-25-000-2013-01303-00(3318-13), M.P. César Palomino Cortés.
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92. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo estudio se configuró
la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación
al principio de congruencia.
3.9. Costas
93. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario64 de la Subsección sobre el artículo 255
del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en que
para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe65.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará fundado, no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia del 10 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En consecuencia,
INFÍRMASE la sentencia.
SEGUNDO: ORDÉNASE la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que dicha autoridad judicial, en
cumplimiento del artículo 255 del CPACA, dicte la sentencia de remplazo a que haya
lugar.
TERCERO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en este
proveído.
CUARTO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial SAMAI.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
64
La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del CPACA,
en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) se adopta
la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto de que se
declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos 365 y 366
del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la temeridad o mala
fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar
la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
65
Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00691-00 (2076-2020)
Recurrente: Gladys Antonio Mitchell
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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