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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00043-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00043-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: causal 5 del artículo 250 del CPACA. Nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso. Reiteración de jurisprudencia.

Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Antonia
Arteaga Acero, contra la sentencia del 6 de julio de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que revocó la decisión de primera instancia dictada el 10 de agosto de 2021 por el
Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda que interpuso contra la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y, en su lugar, las negó.

1. Antecedentes

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por la parte demandante a este trámite, las
cuales se valorarán de acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código
General del Proceso, en adelante CGP1, y el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho allegado por el Juzgado Veinticinco Administrativo del
Circuito de Bogotá, identificado con el número de radicación 11001-33-35-025-

1 Artículos 244 y subsiguientes del CGP. «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando

por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia». Artículo 246 del
CGP.

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

2020-00070-00/01, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos
relevantes del citado trámite ordinario:

1.1.1. La demanda

2. La señora María Antonia Arteaga Acero, el 28 de febrero de 2020, radicó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Casur con la pretensión
de nulidad del acto ficto derivado del silencio administrativo frente a la petición
presentada en la entidad que le negó el ajuste o la actualización de las primas que
hacen parte de su asignación de retiro. En consecuencia, pidió que Casur le
reconociera el citado reajuste de las primas de navidad, servicio, vacacional y
subsidio de alimentación que hacen parte integral de la asignación de retiro, por
aplicación del principio de oscilación previsto en la Ley 923 de 2004 y los decretos
1091 de 1995 y 4433 de 2004.

3. En este sentido, pidió que se dispusiera el reajuste de las citadas primas
dejadas de percibir con ocasión del acto acusado desde la fecha del reconocimiento
y de ahí en adelante periódicamente. De la misma forma, reclamó que el ajuste de
estas primas que integran la asignación de retiro se efectuara en los términos del
artículo 187 del CPACA, hasta la ejecutoria de la providencia.

4. En sustento, refirió que ingresó a la Nación, Policía Nacional en 1982 como
agente alumna, en 1994 se homologó en el nivel ejecutivo y en 2004 se retiró por
solicitud de llamamiento a calificar servicios. En este contexto, la entidad
demandada profirió la Resolución núm. 7656 del 28 de diciembre de 2004 en la que
le reconoció la asignación de retiro y actualizó las partidas anualmente según la
información que obraba en la hoja de servicios.

5. No obstante, lo cierto es que al efectuar una comparación entre la liquidación
de la asignación de retiro y los desprendibles de nómina, nunca se le han
aumentado sus primas de navidad, servicios, vacacional y subsidio de alimentación.
En otras palabras, la entidad aplicó el aumento del 4,5% consignado en el Decreto
1002 de 2019 a todas las partidas, sin observar que debía aplicar las fórmulas para
cada año sobre cada factor como lo prevén los decretos expedidos para cada una
de las vigencias.

6. Por estos motivos, sustentó que el acto enjuiciado incurrió en nulidad por
haberse expedido con desconocimiento de las normas superiores en que debía
fundarse, ya que la Constitución Política prohíbe que la asignación de retiro se
congele y el Decreto 1091 de 2015 establece la cuantía y las bases de liquidación
para el subsidio de alimentación, la prima de servicio, de vacaciones y de navidad.

7. Así, en virtud de los tres pilares fijos de asignación básica mensual, prima de
retorno a la experiencia y subsidio de alimentación, Casur reconoció la asignación
de retiro. De ahí, en adelante, le correspondía aplicar la fórmula que permite
actualizar anualmente las primas al mismo nivel que se incrementan para los
2

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Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

activos. Bajo este entendido, Casur liquidó la asignación de retiro con los valores
que correspondían en 2004, pero dejó de efectuar los aumentos según el principio
de oscilación, y a partir de los decretos2 que fijan las asignaciones básicas según el
grado que corresponda3.

1.1.2. Contestación de la demanda

8. El apoderado de Casur contestó la demanda y manifestó su oposición a todas
las pretensiones toda vez que el acto administrativo enjuiciado se ajustó a derecho,
se fundamentó en las disposiciones aplicables, en las pruebas recolectadas y se
amparó en la Constitución Política y en la ley, lo que no permitía desvirtuar su
legalidad. En particular, se observa un apego a la normativa al revisar no solo el
oficio demandado sino las condiciones de la demandante que obraban en su hoja
de servicios y las peticiones y respuestas brindadas.

9. Como resultado, expresó que las partidas de la asignación de retiro sí se han
aumentado por lo que la actora debía demostrar sus afirmaciones. Asimismo,
destacó que para la aplicación de la oscilación debía considerarse toda la
asignación de retiro, pero no cada una de las partidas como lo pretende la
demandante.

10. En estos términos, planteó como excepciones la inexistencia del derecho al
considerar que la demandante pretendía la liquidación una a una de las partidas en
atención al principio de oscilación como lo prevé el artículo 42 del Decreto 4433 de
2004. No obstante, esto solo resulta aplicable para la asignación de retiro en su
generalidad mas no para cada partida individualmente considerada. Así, se tiene
que todas las partidas se liquidaron como lo dispone el artículo 23 ibidem, con los
últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro o a partir de la última
remuneración percibida.

11. También formuló la excepción de prescripción trienal de las mesadas prevista
en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 y reparó puntualmente en una eventual
condena en costas4.

1.1.3. Fijación del litigio

12. El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, en auto
proferido el 6 de julio de 2021 en el que anunció que se reunían los requisitos para
dictar sentencia anticipada, fijó el litigio en los siguientes términos:

La controversia se contrae a determinar si la demandante tiene derecho a la
reliquidación de la asignación de retiro teniendo en cuenta el reajuste de las primas

2 La demandante realizó la liquidación de los últimos años a partir de los valores reales consignados en los

decretos 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017 y 324 de 2018.
3 Samai, índice 21, 01PrimeraInstancia, 001CuadernoPrincipal, páginas 2 a 14.
4 Samai, índice 21, 01PrimeraInstancia, 001CuadernoPrincipal, páginas 49 a 56.

3

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Demandante: María Antonia Arteaga Acero
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de: navidad, servicios, vacacional y subsidio de alimentación5 conforme el principio
de oscilación6.

1.1.4. Sentencia anticipada de primera instancia

13. El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá profirió
sentencia anticipada7 el 10 de agosto de 2021, en la que resolvió:

PRIMERO.- DECLARAR la existencia y nulidad del acto administrativo ficto
ocurrido en el silencio administrativo negativo de la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional respecto de la solicitud elevada por el demandante el 30 de
octubre de 2019, orientada a obtener la reliquidación de la asignación de retiro con
sustento en el aumento por oscilación del subsidio de alimentación y las primas de
servicios, vacaciones y navidad, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO. - DECLARAR probada la excepción accesoria de prescripción,
respecto de las diferencias dinerarias causadas con fundamento en las mesadas
anteriores a 30 de octubre de 2016.

TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - Casur a:

A. RELIQUIDAR la asignación de retiro de la señora María Antonia Arteaga Acero,
identificado con la cédula de ciudadanía núm. 41.763.861, practicando, de no
haberlo hecho ya, el reajuste de la totalidad de las partidas computables de la
prestación de acuerdo con el principio de oscilación previsto en el artículo 42 del
Decreto 4433 de 2004.

B. PAGAR las diferencias que arroje la citada reliquidación, a partir del 30 de
octubre de 2016, cantidades dinerarias que deberán ser ajustadas en los términos
del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta la siguiente fórmula de indexación:
[…]

QUINTO. - NEGAR las demás súplicas de la demanda. […].

14. En particular, sostuvo que la demandante radicó petición el 30 de octubre de
2019 lo que permitía tener por configurado el silencio administrativo negativo, una
vez vencido el término de los 3 meses que prevé el artículo 83 del CPACA.

15. Al efectuar el estudio de fondo determinó que el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones y asignaciones de retiro del personal de la Policía
Nacional es una prerrogativa que se deriva del artículo 48 de la Constitución Política

5
Aunque el Juzgado refirió que se trató del subsidio familiar, se entiende que corresponde al subsidio de
alimentación conforme a las pretensiones de la demanda y la sentencia de primera instancia.
6 Samai, índice 21, 01PrimeraInstancia, 001CuadernoPrincipal, página 110 del archivo digital.
7 El Juzgado, mediante auto del 6 de julio de 2021, dispuso que era posible dictar sentencia anticipada en el

presente proceso de conformidad con el artículo 42 de la Let 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182ª del
CPACA. En particular, toda vez que el asunto era de puro derecho y las pruebas necesarias fueron allegadas
con la demanda y la contestación, sin que se hubiera formulado tacha alguna.
4

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y de las garantías que emanan del artículo 53 ibidem. Por ende, el reajuste periódico
que concierne a las pensiones y asignaciones de retiro es un derecho que no admite
discusión, de suerte que al legislador le corresponde fijar su alcance.

16. Al respecto, el citado mecanismo de reajuste se estableció en el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, según la variación del IPC. Sin embargo, en los términos del
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 esta regla no tiene como beneficiarios a los
integrantes de la fuerza pública. Así, para el personal de la citada y de la Policía
Nacional se ha creado un mecanismo llamado principio de oscilación que funge
como figura para el reajuste de las asignaciones de retiro 8, el cual atiende las reglas
dispuestas en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 a partir de los objetivos
trazados en la Ley 923 de ese año.

17. Asimismo, destacó que todos los emolumentos salariales y prestacionales
consideran a la asignación básica como elemento fundamental de la liquidación. En
este orden, al ser el común denominador debía tenerse en cuenta para calcularlos
y también para efectuar su reajuste, así como de las partidas computables. De lo
visto, el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 impone el ajuste anual de todas las
partidas computables para las pensiones y asignaciones de retiro de los miembros
de la fuerza pública.

18. Analizó el caso en concreto y precisó que Casur le mantuvo inamovibles a la
señora María Antonia Arteaga Acero los valores correspondientes al subsidio de
alimentación y las primas de servicios, vacaciones y navidad causadas en 2015 y
2016 como partidas computables en su asignación de retiro. Por ende, se presentó
un congelamiento de estas últimas lo que le otorgaba el derecho al ajuste anual de
dichos conceptos en aplicación del principio de oscilación, sin que se probara que
la demandada satisfizo esas obligaciones y conceptos.

19. En consecuencia, por las razones expuestas, declaró la nulidad del acto
acusado y ordenó la reliquidación de la asignación de retiro con la aplicación del
principio de oscilación sobre el subsidio de alimentación y las primas de servicios,
vacaciones y navidad. Negó las restantes pretensiones de la demanda. Aplicó la
prescripción trienal de que trata el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 de las
diferencias causadas antes del 30 de octubre de 2016, porque transcurrieron más
de 3 años entre el momento en que se reconoció la pensión, el 29 de enero de 2005
y la fecha de radicación de la reclamación el 30 de octubre de 20199.

8 El Juzgado citó la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2019 por la Subsección F de la Sección Segunda

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente radicado al núm. 1001-33-35-010-2013-
00920-01.
9 Samai, índice 21, 01PrimeraInstancia, 001CuadernoPrincipal, páginas 130 a 141 del archivo digital.

5

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1.1.5. Recurso de apelación de la parte demandada

20. El apoderado de Casur interpuso recurso de apelación contra la sentencia
del 10 de agosto de 2021 que accedió a las pretensiones de la demanda y
desestimó la excepción propuesta por la entidad. En sustento, indicó que:

21. Era inviable realizar el reajuste pretendido porque Casur liquidó dichas
partidas con la hoja de servicios emitida por la Policía Nacional en la que se indicó
el tiempo de servicios y las partidas computables al caso particular. En atención a
ello, concedió el derecho y aplicó la normativa vigente.

22. La demandante reclamó la liquidación de su asignación mensual de retiro
con las normas de las agentes contenidas en el Decreto 1213 de 1990, con lo cual
desconoce que se acogió al nivel ejecutivo y, por tal razón, para la liquidación de la
asignación de retiro se tomaron en cuenta los criterios de liquidación consignados
en el artículo 49 del Decreto 1091 de 1995. En igual sentido, el artículo 23 del
Decreto 4433 de 2004 dispone lo relativo a las partidas computables del personal
de la Policía Nacional.

23. Al aplicar la anterior normativa se desprende que la entidad empleó la
disposición vigente para la actora una vez adquirió el derecho. Asimismo, según la
prohibición del parágrafo 49 del Decreto 1091 de 1995 era improcedente aplicar lo
establecido en el Decreto 1213 de 1990, como lo pretende la demandante, así como
en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, porque ella hace parte del nivel ejecutivo
y no de los agentes o suboficiales. En consecuencia, al acogerse al citado nivel
asumió la norma que debía tomar en consideración Casur para liquidar su
asignación de retiro.

24. En este orden de cosas, no le asiste el derecho a la parte actora porque
Casur cumplió cabalmente con lo ordenado, por lo que pidió conceder la alzada en
el efecto suspensivo y modificar la sentencia de primera instancia para absolver a
la entidad de las súplicas formuladas en su contra. Además, reclamó que no se le
condenara en costas10.

1.1.6. Pronunciamiento en segunda instancia

25. La demandante, en la oportunidad procesal dispuesta en el numeral 4 del
artículo 247 del CPACA, le pidió al Tribunal acceder a las súplicas de la demanda y
condenar en costas a la entidad en ambas instancias. En particular, puso de
presente que el apoderado de la demandada interpuso apelación al considerar que
se aplicaron unas partidas diferentes a las previstas en el artículo 23 del Decreto
4433 de 2004 para los miembros del nivel ejecutivo, ya que se emplearon las de los
agentes del Decreto Ley 1213 de 1990. Sin embargo, advirtió que esta situación no

10 Samai, índice 21, 01PrimeraInstancia, 001CuadernoPrincipal, páginas 158 a 161 del archivo digital.

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fue objeto de análisis por el Juzgado lo que daba lugar a rechazar el recurso por
indebida sustentación11.

1.1.7. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

26. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia del 6 de julio de 2023, revocó la providencia
dictada el 10 de agosto de 2021 por el Juzgado Veinticinco Administrativo del
Circuito de Bogotá, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en
su lugar, negó las pretensiones de esta. Se abstuvo de imponer condena en costas.

27. Luego de efectuar una síntesis del recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada, dispuso que le correspondía resolver si la demandante tenía
derecho a que Casur le reajustara anualmente cada una de las partidas o factores
salariales que le sirvieron de soporte a la asignación de retiro, o si en cambio esto
se debió efectuar como una unidad. De esta forma, procedió a valorar las pruebas
del proceso.

28. Puntualmente, destacó que del contenido del reporte histórico de bases y
partidas del 22 de octubre de 2019 se desprendía que para determinados períodos
que van del 2005 al 2015 el subsidio de alimentación y las primas de servicios, de
vacaciones y de navidad no sufrieron variación alguna, mientras que la prima de
retorno a la experiencia no registraba un monto. Luego, a partir del 2015, la señora
María Antonia Arteaga Acero percibió como concepto la prima de retorno a la
experiencia y, por último, el 1 de enero de 2019 se ajustaron las partidas.

29. Asimismo, consideró que el Decreto 1091 de 1995 estableció el «“régimen
de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”» e incluyó en sus artículos 4, 5,
11 y 12 los conceptos de prima de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones
y subsidio de alimentación. En igual sentido, el artículo 13 ibidem dispuso la base
de liquidación de los citados conceptos. Ahora bien, frente al personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, retirado del servicio activo, el artículo 49 del
Decreto 1091 de 1995 señaló que a partir de su entrada en vigencia a estos se les
liquidarían las prestaciones sociales unitarias y periódicas con determinadas
partidas.

30. En concreto, el parágrafo de la disposición ibidem precisó que más allá de
las partidas allí señaladas, ninguna de las primas, subsidios, auxilios o
compensaciones referidas en ese Decreto o en los decretos 1212 y 1213 de 1990
serían computables para las cesantías, asignaciones de retiro, entre otras
prestaciones. El Tribunal también se refirió al artículo 23 del Decreto 4433 de 2004
que estableció las partidas computables para liquidar la asignación de retiro de los

11 Samai, índice 21, 02SegundaInstancia, Cuaderno principal,
7_RECIBEMEMORIALES_RV_PRONUNCIAMIENTO, PRONUNCIAMIENTO ARTEAGA ACERO.pdf.
7

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miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, así como al artículo 3 del
Decreto 1858 de 2012 que fijó determinadas partidas computables para los
miembros del nivel directivo y homologados.

31. Por su parte, en lo referente a la actualización de la asignación de retiro,
precisó que esta era diferente respecto de las pensiones devengadas por los
servidores públicos y trabajadores privados, conocido como principio de oscilación,
el cual plantea una regla de dependencia entre la asignación recibida por los
miembros de la fuerza pública activos y aquellos homólogos retirados que en tal
virtud gozan de esa prestación. Así, mediante la expedición de la Ley 4ª de 1992 el
Gobierno nacional determinó una escala gradual porcentual, en cuyo desarrollo se
expidió el Decreto 107 de 1996, que en su artículo 1 previó que:

“Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo,
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General ”.

32. Aclaró que esta disposición fue reproducida en los distintos decretos
expedidos cada año con el fin de incrementar los salarios y que los artículos 2 y 2.4
de la Ley 923 de 2004 previeron que el régimen de la asignación de retiro de la
fuerza pública debía respetar el mantenimiento del poder adquisitivo. Por ende, fue
que el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 estableció la forma en que se debían
incrementar las asignaciones de retiro y pensiones de los integrantes de la fuerza
pública, así:

“ARTÍCULO 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las
asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en
actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones
serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. El personal de que trata
este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes
en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga
expresamente la ley.”

33. Destacó que el incremento de las asignaciones de retiro debía respetar los
reajustes del personal activo y en este contexto analizó el caso concreto. Indicó que
frente a la situación de la señora María Antonia Arteaga Acero, en la hoja de
servicios se citaron determinados factores salariales y prestacionales. Además, que
Casur le reconoció asignación de retiro en cuantía equivalente al 81% del sueldo
básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables, efectiva a
partir del 29 de enero de 2005, según lo previsto en el Decreto 1091 de 1995,
disposición aplicable a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

34. A partir de lo anterior manifestó que una vez reconocida la asignación de
retiro a favor de la señora María Antonia Arteaga Acero desapareció para esta el
derecho al reajuste de las distintas prestaciones sociales económicas que ahora
reclama, como si se encontrara en servicio activo, puesto que las partidas se
8

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incorporan a la asignación de retiro como una unidad. Así, estas últimas son
susceptibles de ser reajustadas, pero anualmente, en aplicación del IPC, para el
año anterior que certifique el DANE, con el fin de mantener el poder adquisitivo12.

1.2. Recurso extraordinario de revisión

35. La señora María Antonia Arteaga Acero, el 7 de febrero de 202413, radicó
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia dictada
el 6 de julio de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

36. En sustento, sostuvo que la decisión judicial incurrió en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, porque vulneró el principio de
congruencia que generó una afectación en el derecho al debido proceso, lo que
permitía estructurar la nulidad en la sentencia contra la que no procede apelación.

37. Puntualmente, refirió que Casur apeló la sentencia de primera instancia con
unos fundamentos errados y sin atacar de fondo la decisión, ya que sus argumentos
no tenían nada que ver con el objeto del proceso ni con lo decidido al interior de
este. Frente a este asunto, le envió comunicación al Tribunal con el fin de advertirle
que la alzada no versaba sobre lo debatido sino en torno a algo diferente.

38. No obstante, a pesar de esta situación, el Tribunal revocó la decisión de
primera instancia a partir de argumentos en torno a hechos y normas que no
hicieron parte de la petición ante la entidad ni se debatieron en el curso del proceso.
En concreto, en la apelación refirió que la asignación de retiro se pidió de
conformidad con el Decreto 1213 de 1990, lo que contraría la realidad procesal y
dejó de mencionarse por qué debía aplicarse el principio de oscilación. Por ende,
la alzada versó sobre una orden imaginaria de aplicar factores de otras normas que
jamás fueron objeto del proceso ni de la decisión de primera instancia.

39. Así, sobre las situaciones planteadas por la apelante el Juzgado no emitió
pronunciamiento, ya que este se limitó a acceder a las pretensiones de la demanda
en atención a que no se aplicó el principio de oscilación a todas las partidas de la
asignación de retiro.

40. Al respecto, la demandante trajo a colación el fundamento de la decisión de
segunda instancia y a partir de este expresó que la falta de congruencia conllevó a
que se confundieran los conceptos de pensión y de asignación de retiro, puesto
que, aunque para el primero se expide un decreto que anualmente regula el IPC, el
segundo se incrementa también cada año, pero según el principio de oscilación. En
consecuencia, el Tribunal al desconocer los cargos de la alzada adoptó una
conclusión inexplicable y es que existen anualmente dos decretos de aumento.

12 Samai, índice 21, 02SegundaInstancia, Cuaderno principal, 008_SENTENCIA_SENTENCIA.pdf.
13 Según se definió en el auto admisorio proferido al interior de este trámite.

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41. Igualmente, destacó que el Tribunal no se ocupó en su decisión de explicar
porque estudiaría una apelación que atenta contra el debido proceso, ya que esta
desbordó el objeto del litigio que versó sobre la aplicación del principio de oscilación
sobre todas las partidas.

42. Por los motivos expuestos, la demandante pidió que se infirmara la sentencia
de segunda instancia y que se dictara providencia de reemplazo que respetara el
debido proceso y las directrices existentes en torno a la competencia del juez en
segunda instancia14. Lo anterior, ya que el Tribunal no podía modificar ni revocar
aspectos que no fueron controvertidos de fondo en el proceso.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

43. Mediante auto del 22 de abril de 202515 se inadmitió el recurso extraordinario
de la referencia y se le concedió a la demandante un término de 5 días para que
aportara la constancia de ejecutoria de la sentencia dictada el 6 de julio de 2023,
necesaria para el análisis de procedencia y oportunidad del mecanismo de la
referencia. Además, se le reconoció personería al abogado de la recurrente.

44. En este contexto, el citado apoderado radicó memorial de subsanación16, de
conformidad con los soportes allegados al expediente17.

45. Luego, el 15 de septiembre siguiente18 se dictó proveído en el que se admitió
el recurso, se ordenó notificar personalmente a Casur y al procurador delegado
ante esta corporación, se les otorgó a estos un término de 10 días hábiles para
contestarlo y para solicitar las pruebas que consideraran necesarias, y se requirió
a la parte recurrente para que allegara las constancias de envío del escrito del
recurso, sus anexos y la subsanación a la demandada. Asimismo, se requirió al
Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá para que remitiera en
medio digital el expediente ordinario en el que fue demandante la aquí recurrente,
con garantía de autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta.

46. El apoderado de la demandante dio cumplimiento a lo ordenado19. Por su
parte, el Juzgado remitió en enlace de acceso al expediente20.

47. Finalmente, el procurador delegado de intervención tercero ante el Consejo
de Estado rindió concepto en el que expresó que el recurso de la referencia tenía
vocación de prosperar y debía declarase fundado, en la medida en que existía una
incongruencia evidente que afectaba el debido proceso de la demandante. Al

14
Samai, índice 3, 1_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3.
15 Samai, índice 7.
16 Samai, índice 11.
17 Samai, índice 12.
18 Samai, índice 14.
19 Samai, índice 20.
20Samai, índice 21, 15:04:4026RECIBEMEMORIAL_11001333502520200007(.zip) NroActua 21.

10

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

respecto, lo resuelto en sede administrativa y en primera instancia no correspondió
con lo planteado en el recurso de apelación, lo que daba lugar a que prosperara la
causal quinta de revisión invocada, porque en ningún momento del trámite
administrativo ni judicial se estudió si a la demandante se le debía reliquidar su
asignación de retiro con los factores de los agentes contenida en el Decreto 1213
de 1990.

48. Por consiguiente, los planteamientos de la alzada dirigidos a la aplicación
del Decreto 1213 de 1990 y del artículo 23 del Decreto 4433 de 2004 no fueron
objeto del proceso. Bajo esta premisa, se pasó por alto el artículo 328 del CGP,
según el cual la competencia del juez de segunda instancia está limitada a los
motivos específicos objeto de controversia.

49. No obstante, aunque lo procedente era declarar desierto el recurso de
apelación, la sentencia de segunda instancia relacionó la imposibilidad de actualizar
cada partida porque la asignación de retiro se reconoce en una unidad actualizable
anualmente por el IPC. Por tanto, en atención a que este fue el fundamento de la
revocatoria, no procedía dictar sentencia de reemplazo. En otras palabras, no debía
proferirse esta última porque lo que correspondía era declarar desierta la apelación.

50. En este sentido, instó a Casur para que en lo sucesivo diera aplicación al
artículo 322 del CGP de manera que se asegurara la resolución efectiva del recurso
y su adecuada valoración por parte de los jueces ordinarios21.

51. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2025, la magistrada ponente profirió
auto en el que decretó y tuvo como prueba los documentos allegado con el recurso
extraordinario de revisión, incorporó al proceso el expediente digital de nulidad y
restablecimiento del derecho como prueba trasladada en los términos del artículo
174 del CGP, sin que fuera necesario surtir contradicción, ordenó que esta
providencia se notificara en los términos del artículo 205 del CPACA, modificado
por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021 y dispuso que ejecutoriada la decisión el
expediente ingresaría al despacho para fallo22. Por consiguiente, el expediente
ingresó al despacho para dictar sentencia el 14 de enero de 202623.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

52. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de
revisión interpuesto por María Antonia Arteaga Acero, contra la sentencia del 6 de
julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal

21 Samai, índice 22, Memorial_FLF_24Concepto(.pdf) NroActua 22.
22 Samai, índice 25.
23 Samai, índice 29.

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 249 del CPACA24.

2.2. Oportunidad

53. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 6 de julio de 2023, se notificó
el 3 de octubre siguiente y quedó ejecutoriada el 10 de ese mes y año, como se
definió en el auto admisorio proferido al interior de este mecanismo extraordinario.
Por ende, como el recurso se interpuso el 7 de febrero de 2024, su radicación fue
oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA25.

2.3. Legitimación en la causa

54. La señora María Antonia Arteaga Acero y Casur están legitimadas para ser
partes en este trámite, toda vez que fueron respectivamente demandante y
demandada en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problema jurídico

55. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si: ¿la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia del 6 de julio de
2023, incurrió en la causal de revisión de que trata el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, por violación al principio de congruencia?

56. Para resolver el problema jurídico propuesto, la Sala se referirá, en primer
lugar, a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar,
abordará el alcance de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, atinente a que exista nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, se
pronunciará en torno al principio de congruencia; en cuarto lugar, resolverá el caso
concreto; y, por último, decidirá sobre la condena en costas.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

57. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la
jurisprudencia y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al
mismo tiempo, una excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones
judiciales que ponen fin a una controversia, siempre que estén incursas en alguna
de las causales previstas taxativamente en el artículo 250 del CPACA26.

24
«De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
25 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». Así se

consideró en el auto que resolvió el recurso de súplica presentado contra el proveído que rechazó por
extemporáneo el recurso de revisión. Igualmente, se consideró lo expuesto en el auto admisorio proferido por
la magistrada ponente al interior de este trámite.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
12

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
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58. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 27, para casos en los que
la decisión contenga algún vicio procesal o se pretendan cuestionar «[…] aspectos
que atañen a la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión»28.

59. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni
la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»29.

60. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en
la causal de nulidad invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias
que reabran la decisión adoptada como si se tratara de una nueva instancia judicial.

61. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»30. De este modo, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo
el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de
«[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos
que sirven de fundamento para su configuración»31.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

62. El artículo 250 del CPACA, regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece que:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.

63. Visto lo anterior, el alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que
exige «[…] que concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 7de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del

3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia

del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
13

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
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la sentencia que puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado
no proceda recurso de apelación»32.

64. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

65. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insaneables establecidas en el artículo 133 del CGP. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.

66. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado, en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)» 33.

67. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión,
no puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia,
salvo el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión,
«[…] no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar
la nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta
en una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»34.

68. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados
eventos supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al
debido proceso.

2.7. Principio de congruencia

69. El artículo 281 del CGP, que regula las congruencias, establece que:

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de

julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del

3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del

13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.

70. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o
que omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes
(infra petita). Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en
términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional35.

71. Ahora bien, en cuanto a las facetas en que puede materializarse el principio
de congruencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
identificado dos escenarios:

Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto
en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva
de la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad36.

72. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los
reparos puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de
primera instancia sea revocada o reformada.

73. De ahí que, el recurso de apelación se propondrá en lo desfavorable a la parte,
por lo cual en caso de que solo una de estas haya apelado no podrá afectarse el
principio de la non reformatio in pejus, distinto al escenario cuando ambas partes
apelan toda la decisión, o la que dejó de proponer apelación decide adherirse al

35 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

20 de junio de 2024, exp. 11001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
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recurso presentado, porque en estos casos el superior tiene competencia para
pronunciarse sin limitación alguna.

74. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del
juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados
en el recurso, que estén íntimamente ligados con el aspecto materia de
impugnación»37.

75. En particular, estas disposiciones, de manera expresa, prevén lo que a
continuación se cita en punto a los fines de la apelación y la competencia del juez
de segunda instancia:

ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia:
respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 71.

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir
el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella. […].

2.8. Caso concreto

76. La señora María Antonia Arteaga Acero radicó recurso extraordinario de
revisión en el que sustentó que la sentencia proferida el 6 de julio de 2023 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
por violación al principio de congruencia, lo cual generó una lesión de su derecho
fundamental al debido proceso.

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-

03-15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
16

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
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77. Refirió que Casur apeló la sentencia de primera instancia, pero no controvirtió
de fondo la decisión, por este motivo, sus argumentos no guardaron relación con el
fondo del proceso. En vista de ello, radicó memorial en segunda instancia en el que
le puso de presente esta situación al Tribunal. No obstante, aun a pesar de esto, la
autoridad revocó la decisión de primera instancia a partir de argumentos en torno a
hechos y normas que no hicieron parte de la petición ni se debatieron en el curso
del proceso.

78. Advirtió que la alzada interpuesta en sede ordinaria centró su debate en que
el Juzgado reconoció la liquidación de la asignación de retiro conforme al Decreto
1213 de 1990, en los términos en que supuestamente lo pidió la demandante, lo
que desbordaba la realidad procesal. A su vez, para la recurrente, la apelación
nunca mencionó por qué no se debía aplicar el principio de oscilación, eje central
del proceso sobre el que versó el fallo de primera instancia.

79. Por lo anterior, a juicio de la demandante el Tribunal no solo avaló la
incongruencia, sino que resolvió algo incluso peor al confundir los conceptos de
pensión y de asignación de retiro, porque mientras que al primero se le aplicaba el
IPC, el segundo se incrementaba anualmente de conformidad con el principio de
oscilación. En consecuencia, para la aquí recurrente el Tribunal desbordó el marco
de su competencia lo que impedía que emitiera pronunciamiento sobre los aspectos
que no fueron objeto de la controversia. De acuerdo con esto, no podía modificar ni
revocar los puntos que no fueron controvertidos de fondo.

80. La Sala considera que el presente recurso extraordinario de revisión se
sustentó en una de las causales previstas en la ley, la del numeral 5 del artículo 250
del CPACA relativa a la existencia de nulidad en la sentencia contra la cual no
procede el recurso de apelación, por estar debidamente ejecutoriada.

81. Ahora bien, revisados los cargos propuestos y las actuaciones que integraron
el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, se advierte que la
censura de la apelación interpuesta por Casur se basó en la supuesta reclamación
de la liquidación de la asignación mensual de retiro con las normas aplicables a los
agentes contenidas en el Decreto 1213 de 1990. Bajo esta premisa, citó la normativa
relativa a las partidas computables al considerar que la demandante hacía parte del
régimen ejecutivo y no el de los agentes o suboficiales, lo que impedía considerar
lo dispuesto en el Decreto ibidem y en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004.

82. No obstante, en la sentencia de segunda instancia, el Tribunal planteó como
proposición jurídica a resolver, la siguiente:
De conformidad con la demanda, la sentencia y el recurso de apelación,
corresponde al Tribunal definir si la demandante tiene derecho a que la Caja de
Sueldos de la Policía Nacional le reajuste cada año, cada una de las partidas o
factores de salario que le sirvieron de soporte a la asignación de retiro, o si, por el
contrario, el reajuste debe hacerse como una unidad a la asignación de retiro.

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

83. De esta forma, al analizar el caso concreto no abordó lo planteado en la
apelación frente a la liquidación de la asignación mensual de retiro con las normas
aplicables a los agentes, concretamente el Decreto 1213 de 1990. En cambio, valoró
las pruebas, consideró que Casur le reconoció a la demandante una asignación de
retiro de conformidad con las partidas computables al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional en los términos del Decreto 1091 de 1995 y sustentó la revocatoria de la
sentencia apelada en que las partidas quedan incorporadas en la asignación de
retiro como unidad, razón por la cual a partir del reconocimiento de esta lo único
que subsistía era la prestación social de asignación o pensión jubilatoria, que era
susceptible de reajustarse anualmente a partir de la aplicación del IPC. En concreto,
el Tribunal sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:

Debe igualmente quedar en claro que, solamente quienes ostentan la condición de
empleados públicos en ejercicio o en servicio activo, pueden devengar sueldo y
prestaciones sociales, hasta tanto se encuentren en esa situación administrativa.
Por consiguiente, quienes sean retirados del servicio activo, con derecho a acceder
al reconocimiento de la asignación de retiro u otra pensión similar, como es el caso
de la actora, solamente tendrá derecho a esa prestación social (asignación de retiro,
pensión, etc) pero, a partir de allí, resulta evidente que ya no tendrá derecho a recibir
las distintas prestaciones sociales económicas laborales que percibía
encontrándose en servicio activo.

Se reitera, una vez reconocida la asignación de retiro o pensión, según el caso,
desaparecen para el pensionado las prestaciones sociales que ahora pretende la
señora María Antonia Arteaga Acero, se le reajusten anualmente de forma individual
como si estuviere en servicio activo. No. Esas partidas o factores de salario quedan
incorporados de una vez por todas en la pensión o asignación de retiro, como
unidad. Luego, a partir del reconocimiento, lo único que subsiste en forma autónoma
es la prestación social denominada asignación o pensión jubilatoria, según el caso.
Y, es esa sola unidad, la susceptible de ser reajustada anualmente aplicando el IPC,
que, para el año anterior, certifique el DANE.

Retirado del servicio activo el empleado o trabajador, con derecho a pensión,
solamente tendrá derecho a recibir la asignación o pensión, la que será reajustada
en el IPC cada año, para mantener el poder adquisitivo de la misma, ya que de lo
contrario quedarían devengando más los retirados que los activos.

84. En consecuencia, se advierte que el Tribunal desbordó los cargos de la
apelación, ya que, aunque esta se dirigió a reparar en las partidas computables para
liquidar la asignación de retiro, que no fue lo discutido en el asunto, la decisión
judicial de segundo grado se fundamentó en el principio de oscilación y concluyó
que a la actora no le asistía el derecho toda vez que a partir del reconocimiento de
la asignación de retiro solo procedía el reajuste anual en aplicación del IPC.

85. Por lo visto, el Tribunal entrelazó los conceptos de pensión y de asignación
de retiro e indicó que los factores de salario quedaban incorporados como unidad
en la pensión o en la asignación de retiro, pero a partir del retiro, y del

18

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

reconocimiento de estas, el trabajador solo tendría derecho al reajuste del IPC cada
año, para mantener el poder adquisitivo.

86. En atención a lo expuesto, se advierte que, como lo refiere la demandante,
Casur en el recurso de apelación no controvirtió la aplicación del principio de
oscilación, sino que mencionó que en la liquidación de la asignación de retiro se
consideró la normativa vigente, aspecto que desbordó por completo el objeto del
litigio, ya que tanto en sede administrativa como judicial la señora María Antonia
Arteaga Acero no pretendió la liquidación de la asignación de retiro en los términos
del Decreto 1213 de 1990. Por oposición, desde el inicio reconoció que en 1994 se
homologó en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional y se sustentó en las normas
aplicables a este, como es el caso del Decreto 1091 de 1995.

87. De suerte que en el proceso ordinario nunca se cuestionó cuáles debían ser
las partidas computables para la asignación de retiro de la señora María Antonia
Arteaga Acero, porque se partió de la base de que estas correspondían al subsidio
de alimentación, la asignación básica, la prima de retorno a la experiencia y las
primas de servicios, vacaciones y navidad, tal y como lo aceptó expresamente la
entidad al contestar la demanda y hacer referencia al contenido de la Resolución
núm. 7656 del 28 de diciembre de 2004.

88. Así las cosas, el objeto de la controversia fue la reliquidación de cuatro de
estas seis partidas, el subsidio de alimentación y las primas de servicios, vacaciones
y navidad, en idéntico porcentaje a aquel en que se aumentaron la asignación
básica y la prima de retorno a la experiencia, con fundamento en el principio de
oscilación previsto en la Ley 923 de 2004 y en los decretos 1091 de 1995 y 4433 de
2004, porque según la demandante, al contrastarse la liquidación de la asignación
de retiro inicial con los desprendibles de pago, se advertía que estas fueron
congeladas.

89. De este modo, la reliquidación reclamada se fundó precisamente en que
Casur ya había efectuado el reconocimiento de la asignación de retiro mediante la
Resolución núm. 7656 del 28 de diciembre de 2004. Por ende, los reajustes
solicitados por la parte actora eran naturalmente los que correspondían de ahí en
adelante con el fin de equiparar a los retirados con los activos. Así se desprende de
una citación textual del contenido relevante de la demanda:

«Tabla 1, contenido relevante de la demanda]».

Pretensiones Hechos Fundamentos
Se disponga que Ingresó a la Policía en el año 1982, en Decreto 1095 de 1995, artículo 49 (personal del
Casur reconozca el año 1994 se homologó en el nivel nivel ejecutivo) y artículo 56 (principio de
el reajuste y/o ejecutivo de la Policía Nacional. En el oscilación). Artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y
actualización de año 2004 pasó a retiro por solicitud de artículo 42 del Decreto 4433 de 2004 sobre el
las primas de: llamamiento a calificar servicios. principio de oscilación. Decretos 1028 de 2015,
navidad, servicio, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018 y 1002
vacacional y Mediante Resolución No. 7656 de 28 de 2019 por medio de los cuales se fijan los
subsidio de de diciembre de 2004, la entidad salarios, primas y bonificaciones para el

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

alimentación que demandada reconoce la asignación de personal de la fuerza pública en cada uno de
hacen parte retiro, actualizando las partidas para esos años.
integral de la ese año, tomando como base las que
asignación de al momento del retiro la Policía iba […] por su parte el Decreto 1091 de 2015 regula
retiro conforme al actualizando año por año en la Hoja las partidas (primas) que devengan los activos
principio de de servicios. La demandante, al y de ahí determina cuáles y cómo se deben
oscilación previsto comparar la liquidación de la liquidar las partidas con las cuales se cancela
en la Ley Marco asignación de retiro inicial con los la asigación de retiro.[…] Con los anteriores
923, Decretos desprendibles de pago, en sus primas factores la Policía Nacional remite una hoja de
1091 de 1995 y de navidad, servicios, vacacional y servicios actualizada, con la cual Casur
4433 de 2004 susbsidio de alimentación, observó reconoce la asignación de retiro, pero de allí en
que nunca le han sido aumentadas. adelante, le corresponde a Casur aplicar la
fórmula para actualizar anualmente las primas
[…] al verficiarse los desprendibles al mismo nivel que aumentan para los activos.
después del mes de Julio de 2019 se […] desde el momento de la liquidación del año
observa que la entidad procedió a 2004 no se le habían realizado los aumentos
aplicar el aumento el 4,5 por ciento correspondientes al principio de oscilación de
ordenado en el Decreto 1002 de 2019 las primas que hace parte integral de la
a todas las partidas sin tener en asignación de retiro. Preicsamente esta
cuentaque debe aplicar las fórmulas obligación es la contenida en la Constitución a
año por año sobre cada factor en fin de evitar “congelar” las pensiones y/o
aplicación de los Decretos que en asignaciones, pero que para hacerla
cada vigencia se ordenaron. materialmete posible y exigible, es conocida
como principio de oscilación.

A la señora subcomisario MARIA ANTONIA
ARTEAGA ACERO, en el año 2004 se le
reconoció la asignación de retiro con los
factores de prima de navidad, prima de
servicios, vacacional y subsidio de
alimentación. […] Pese a que llleva dieciseis
años de haberse reconocido la asignación de
retiro, los factores de prima de servicio, prima
vacacional, prima de navidad y subsidio de
alimentación se mantienen contantes o
congeladas.

90. En línea con esto, de una revisión con detenimiento del recurso de apelación
se extrae que este fue una réplica de los alegatos de conclusión presentados en
primera instancia, de suerte que no podía contener un cargo dirigido a desvirtuar el
análisis del juzgado en la sentencia de primera instancia. Así se advierte de una
comparativa entre ambas actuaciones:
«Tabla 2, comparativa entre alegatos de conclusión en primera instancia y recurso de
apelación presentado en sede ordinaria]».
Alegatos de conclusión Recurso de apelación
Solicito a la señora Juez, no acoger las pretensiones No es viable realizar el reajuste pretendido, teniendo
de la demanda ya que no es viable realizar el reajuste en cuenta que la Caja de Retiro de la Policía Nacional
pretendido, teniendo en cuenta que la Caja de Retiro al momento de liquidar dichas partidas, la efectuó
de la Policía Nacional al momento de liquidar dicha con base en la hoja de servicios expedida por la
partida, la efectuó con base en la hoja de servicios Policía Nacional en donde se indicó el tiempo de
expedida por la Policía Nacional, en donde se indicó servicios y las partidas que debían computarse en su
el tiempo de servicios y las partidas que debían caso particular, de esta manera, CASUR le concedió
computarse en su caso particular, de esta manera, su derecho y aplicó la norma vigente para ese
CASUR le concedió su derecho y aplicó la norma entonces. Debe señalarse que el demandante
vigente para ese entonces. Debe señalarse que el reclama se liquide su asignación mensual de retiro,
demandante reclama se liquide su asignación con las normas de agentes, contenidas en el Decreto

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Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

mensual de retiro, con las normas de agentes, 1213 de 1990, desconociendo que
contenidas en el Decreto 1213 de 1990, VOLUNTARIAMENTE se acogió al nivel ejecutivo,
desconociendo que VOLUNTARIAMENTE se acogió por lo tanto, para su liquidación de asignación de
al nivel ejecutivo, por lo tanto, para su liquidación de retiro, se tomaron los criterios de liquidación
asignación de retiro, se tomaron los criterios de contenidos en el canon 49 del Decreto 1091 de 1995,
liquidación contenidos en el canon 49 del Decreto que a la letra señala:
1091 de 1995, que a la letra señala: ARTÍCULO 49. BASES DE LIQUIDACIÓN. A partir
… “ARTÍCULO 49. BASES DE LIQUIDACIÓN. A de la vigencia del presente decreto, al personal del
partir de la vigencia del presente decreto, al personal nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que sea
del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que sea retirado del Servicio activo, se le liquidará las
retirado del Servicio activo, se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre
prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las las siguientes partidas. […]
siguientes partidas.[…]

Sobre este mismo aspecto, el Decreto 4433 de
2004, indica:
“Artículo 23. Partidas computables. La asignación Sobre este mismo aspecto, el Decreto 4433 de 2004,
de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de indica:
sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto “Artículo 23. Partidas computables. La asignación de
del personal de la Policía Nacional, se liquidarán retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de
según corresponda en cada caso, sobre las sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto
siguientes partidas así: […] del personal de la Policía Nacional, se liquidarán
según corresponda en cada caso, sobre las
En consecuencia, atendiendo la anterior siguientes partidas así: […]
normatividad, se colige claramente que esta
demandada aplicó la norma vigente para el caso del En consecuencia, atendiendo la anterior
actor una vez adquirió su derecho, además, normatividad, se colige claramente que esta
conforme lo expresa la prohibición especialmente del demandada aplico la norma vigente para el caso del
parágrafo 49 del Decreto 1091 de 1995, no era actor una vez adquirió su derecho, además,
procedente dar aplicación a lo normado en el Decreto conforme lo expresa la prohibición especialmente del
1213 de 1990, como pretende el libelista, así como parágrafo 49 del Decreto 1091 de 1995, no era
tampoco, a lo establecido en el artículo 23 del procedente dar aplicación a lo normado en el Decreto
Decreto 4433 de 2004, como quiera que él, hace 1213 de 1990, como pretende el libelista, así como
parte del nivel ejecutivo y no de Agentes o sub tampoco, a lo establecido en el artículo 23 del
oficiales, pues una vez se acogió al nivel ejecutivo, Decreto 4433 de 2004, como quiera que él, hace
también asumió la norma que anteriormente se parte del nivel ejecutivo y no de Agentes o sub
describió y la cual debía tomar la caja para liquidar oficiales, pues una vez se acogió al nivel ejecutivo,
su asignación de retiro. también asumió la norma que anteriormente se
describió y la cual debía tomar la caja para liquidar
En ese orden de ideas, se puede concluir que no le su asignación de retiro.
asiste derecho a la parte actora, pues como ya se En ese orden de ideas, se puede concluir que no le
advirtió, CASUR dio cumplimiento a cabalidad según asiste derecho a la parte actora, pues como ya se
lo ordenado por el ente correspondiente en su advirtió, CASUR dio cumplimiento a cabalidad según
momento38. lo ordenado por el ente correspondiente en su
momento.

91. Así, se advierte que lo planteado en sede de alegatos de conclusión en
primera instancia y que se reiteró en el recurso de apelación desborda lo propuesto
en la contestación de la demanda que sí trató el objeto del proceso, y propuso que
el reajuste por oscilación en la asignación de retiro se debía efectuar en su totalidad,
mas no partida por partida. Asimismo, y como es natural por tratarse de una
reproducción idéntica frente a lo manifestado en una etapa procesal anterior, la
alzada desconoció lo decidido en primera instancia, en tanto el Juzgado ordenó la
reliquidación de la totalidad de las partidas computables para la asignación de retiro,

38 Samai, índice 21, 01PrimeraInstancia, páginas 126 a 128 del archivo digital.

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Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

en virtud de la aplicación del principio de oscilación de que trata el artículo 42 del
Decreto 4433 de 2004.

92. En conclusión, se tiene que la apelación no trató sobre la materia medular
del proceso, el principio de oscilación, sino en torno a las normas que regían las
partidas computables en la liquidación de la asignación de retiro, lo que impedía que
aun implícitamente el Tribunal formulara el problema jurídico expuesto relacionado
con el derecho al reajuste anual por partida o como unidad en la prestación de la
demandante. Tampoco encuentra la Sala, en esta oportunidad, la existencia de una
razón válida ni sustentada por el Tribunal que le hubiera permitido pronunciarse en
los términos consignados en la sentencia de segunda instancia, ya fuera de oficio
o, como se expuso, a partir de los reparos concretos propuestos por la apelante
única.

93. A tal efecto, deviene evidente que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sí excedió los límites de su competencia como juzgador de segunda
instancia y pasó por alto el principio de congruencia en su faceta externa. De suerte
que la apelación interpuesta por Casur resultaba fallida en tanto ningún argumento
habilitaba que se emitiera un pronunciamiento como el que realizó el Tribunal.

94. En este aspecto, cabe destacar que en el caso puntual las particularidades
del asunto permiten establecer que la decisión desbordó la justicia material y, por
tanto, los cargos planteados en sede extraordinaria logran desvirtuar la
intangibilidad de la providencia al demostrarse la afectación al debido proceso. En
particular, dado que la ratio decidendi de la sentencia del Tribunal, además de que
analizó lo relativo al principio de oscilación que no se cuestionó en la apelación, se
sustentó en un supuesto no pedido y discutido en el curso del proceso, y es el ajuste
de la unidad conforme al IPC para mantener el poder adquisitivo.

95. Bajo este entendido, como ha quedado definido, el objeto del proceso
ordinario versaba sobre el principio de oscilación para el reajuste, entonces, la
postura de las partes en el litigio se redujo a lo siguiente: la demandante consideró
que esta se debía hacer anualmente, sobre cada factor. En cambio, la entidad
demandada expresó que la oscilación aplicaba en su generalidad, pero no en
función de cada una de las partidas individualmente consideradas, razón por la cual
estas sí se han aumentado.

96. Entonces, lo cierto es que el Tribunal al revocar la decisión de primera
instancia con sustento en que no procedía sino el ajuste del IPC no solo rebasó los
cargos de la apelación, sino que trastornó el objeto del proceso, ya que fue el
artículo 14 de la Ley 100 de 199339 el que estableció la variación anual porcentual
del IPC.

39ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de

invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de
cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el
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Demandante: María Antonia Arteaga Acero
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97. Por oposición, para las fuerzas militares, aspecto que ya había definido el
juez en la sentencia de primera instancia, se estableció el principio de oscilación en
los términos del artículo 42 del Decreto 4433 de 2004. De ahí se justifica el
planteamiento de la demandante en sede del presente recurso extraordinario, en
punto a que la providencia confundió los conceptos de pensión con asignación de
retiro, ya que el primero se ajusta según el IPC, mientras que el segundo se
incrementa a partir del principio de oscilación. Así lo manifestó textualmente la aquí
recurrente:

Tal parece que quien sustanció la segunda instancia confunde los preceptos de
“pensión” con el de “asignación de retiro”. Ya que a los primeros es cierto que se les
dicta un decreto anual conforme al IPC, pero a los segundos, como es este caso, es
decir a los que devengan asignación de retiro, el derecho (asignación de retiro) se
incrementa anualmente conforme al principio de oscilación. […]

El tribunal se aparta “totalmente” de los argumentos de la apelación y termina
diciendo cosas aún peores que la misma apelación incongruente con el proceso.
Pues confunde los conceptos de “pensión” con los de “asignación de retiro”.

98. Desde este punto de vista, es claro que la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca alteró por completo la
materia medular del proceso, puesto que negó el reajuste individual con el criterio
de que este no procedía luego del reconocimiento de la asignación de retiro como
si la persona se encontrara en servicio activo, y precisó que solo subsistía el reajuste
anual del IPC, cuando lo discutido en el proceso versaba sobre la aplicación del
principio de oscilación para todas las partidas computables al amparo del artículo
42 del Decreto 4433 de 2004.

99. El Tribunal, pese a que no lo mencionó expresamente, fundamentó la
negativa de las pretensiones en la actualización de las pensiones de la Ley 100 de
1993, razón para considerar que su decisión no consultó los hechos, argumentos y
normas objeto del proceso, comoquiera que la actora no se sustentó en el citado
régimen general sino en el principio de oscilación del régimen especial establecido
en la Ley 923 de 2004 y en los decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004.

100. En atención a esto, al advertirse la falta de armonía entre lo pedido y lo
alegado por las partes, es claro que la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca alteró por completo el objeto del proceso.
En este contexto se profirió una decisión judicial a todas luces incongruente que
atenta contra la justicia material porque los argumentos sobre los cuales se basó el
Tribunal, además de no haber sido propuestos en la apelación, no se debatieron en
el proceso.

año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal
mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho
salario por el Gobierno.
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Demandante: María Antonia Arteaga Acero
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101. En consecuencia, la respuesta al problema jurídico formulado será positiva
porque la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al proferir la sentencia del 6 de julio de 2023, incurrió en la causal
de que trata el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por violación al principio de
congruencia. En consecuencia, se declarará fundado este recurso.

102. Por consiguiente, en los términos del artículo 255 del CPACA, modificado por
el artículo 70 de la Ley 2080 de 202140, como la Sala haya fundada la causal
invocada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, declarará la nulidad de la
sentencia del 6 de julio de 2023 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que esta dicte una
providencia de reemplazo en la que se ciña a lo planteado en el recurso de apelación
interpuesto por Casur, que para ser estudiado de fondo debe atender las materias
medulares del proceso, con el fin de salvaguardar el principio de congruencia.

103. En esa línea, el análisis del Tribunal debe condicionarse al estudio de la
normativa y de los hechos planteados y discutidos a lo largo del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin abordar cuestiones ajenas al objeto
de la litis.

104. Finalmente, cabe aclarar que la Sala no pasa por alto que el Ministerio
Público intervino en este trámite y refirió que, aunque el recurso debía prosperar, no
había lugar a ordenar que se dictara una sentencia de reemplazo porque el sustento
fue el IPC y la apelación debía declararse desierta. No obstante, en los términos de
la normativa que rige el presente mecanismo excepcional la orden de dictar una
nueva providencia está sujeta a la prosperidad de la causal invocada, como ocurrió
en el caso particular, en el que se demostró la configuración de la prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

105. Así, la eventual justificación del Tribunal frente al reajuste del IPC
precisamente refuerza la incongruencia en los términos expuestos, y el hecho de
que lo procedente sea declarar fallida o desierta la apelación no contraría que se
devuelva el proceso a la autoridad de origen para que decida nuevamente el asunto,
a partir de las consideraciones expuestas en esta providencia.

2.9. Costas

106. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario41 de la Subsección

40
Vigente la momento de interposición del presente recurso.
41 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del

CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
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sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe42. No obstante, lo cierto es que, en el caso concreto, no
habrá lugar a imponer dicha condena en atención a que el presente recurso se
declarará fundado.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

PRIMERO: Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora María Antonia Arteaga Acero, de conformidad con la razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la sentencia proferida el 6 de julio de 2023 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: Devolver el proceso a la autoridad judicial de origen para que dicte
sentencia de nuevo, en los términos del artículo 255 del CPACA, modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.

CUARTO: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la
parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
42 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-

00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
25

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00043-00 (0623-2024)
Demandante: María Antonia Arteaga Acero
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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