República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2025-00129-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 8 del artículo 250 del
CPACA. Sentencia contraria a una anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes. Reiteración de jurisprudencia.
Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por César Augusto
Páez Remolina contra la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida por la Sala
de Decisión Sexta del Tribunal Administrativo de Boyacá, adicionada mediante
providencia del 21 de marzo de 2024, en la cual se revocó parcialmente la sentencia
del 8 de noviembre de 2022, emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Tunja, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado al núm. 15001-33-33-006-2018-00075-00/01.
1. Antecedentes
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por las partes, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso
(CGP), y el expediente ordinario aportado a este trámite, la Sala sintetiza los
siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 15001-33-33-
006-2018-00075-00/01:
1.1.1. La demanda y su reforma
2. El señor César Augusto Páez Remolina, el 5 de junio de 2018, interpuso
demanda1 de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
1 Samai, índice 21, 2018-0075, 02PODER.DEMANDA(SIC)-ANEXOS, FOLIOS 1-148.PDF.
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. En este proceso solicitó la nulidad
de la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017, que lo retiró del servicio
por disminución de la capacidad psicofísica del 41.75%, por una patología de salud
mental.
3. Como hechos relevantes, relató que cursó un primer proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que la Policía Nacional expidió la Resolución
núm. 0279 del 10 de agosto de 2011, a través de la cual lo había retirado del servicio
por disminución de la capacidad psicofísica, acto administrativo que demandó en
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Dicho proceso fue tramitado por
el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de San
Gil, el cual declaró probada de oficio la excepción de caducidad.
4. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander2 profirió
sentencia el 19 de febrero de 2015, en la que anuló la Resolución núm. 0279 del 10
de agosto de 2011 y ordenó su reintegro con el pago de los valores dejados de
percibir. Asimismo, el accionante precisó que el Tribunal en la sentencia aludida
dispuso que, en caso de que el actor no fuera apto para el servicio, su retiro debía
efectuarse mediante un acto administrativo que cumpliera las exigencias de la ley.
5. Al efecto, el accionante agregó que, en cumplimiento de esta última decisión,
la administración dictó la Resolución núm. 06011 del 31 de diciembre de 2015 para
reintegrarlo. No obstante, con posterioridad expidió la Resolución núm. 06490 del
20 de diciembre de 2017, mediante la cual lo retiró del servicio nuevamente por
disminución de la capacidad psicofísica.
6. En este orden, en sede de este nuevo proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, el señor César Augusto Páez Remolina pidió que se anulara la
Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017. También, solicitó su reintegro
de manera definitiva y sin solución de continuidad y que la entidad demandada lo
ascendiera al grado de subintendente.
7. Posteriormente, dentro del término legal, el actor radicó reforma de la
demanda3 en la que incluyó como parte demandada al Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía. Asimismo, modificó sus pretensiones. Pidió que se
anulara el acta núm. TML 17-2-314 del 22 de septiembre de 2017, expedida por el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y que, en su lugar, se
cumpliera con la orden del Tribunal Administrativo de Santander, dictada en el
proceso radicado al núm. 68679-33-31-000-2012-00030-03. Específicamente, en lo
relativo a que, en caso de que el demandante no fuera apto para el servicio, el retiro
debía ordenarse en un acto administrativo que cumpliera las exigencias de la ley.
2 El Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión, en Sala integrada por los magistrados Edilia Duarte
Duarte, Jairo García Suárez y Digna María Guerra Picón.
3 Samai, índice 21, 2018-0075, 12.REFORMA DE LA DEMANDA, FOLIOS 271-289.PDF.
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
8. En efecto, el Tribunal dispuso que «en caso de no encontrar apto a César
Augusto Páez Remolina para el servicio o para desempeñar funciones
administrativas, docentes o de instrucción – entre otras – su retiro obedecerá a un
acto administrativo que reúna las exigencias de ley, entre ellas, el análisis suficiente
de reubicación, con la advertencia de que esta conclusión deberá estar soportada
exclusivamente en sus condiciones de salud, físicas y mentales».
9. Además, el actor pidió que en caso de no ordenarse su reubicación se
modificara la calificación de su pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje
mayor del 50%. Finalmente, solicitó el pago de todos los derechos y las
indemnizaciones a que hubiera lugar y subsidiariamente el reconocimiento de su
pensión de vejez.
1.1.2. Contestación de la demanda
1.1.2.1. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
10. El apoderado de la entidad se opuso a todas las pretensiones de la demanda,
al considerar que la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017 constituye
un acto de ejecución y, por tanto, no es susceptible de control judicial, porque la
entidad se limitó a dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía. El Tribunal estableció que el señor César Augusto
Páez Remolina tuvo una pérdida de su capacidad laboral del 41.75%, de suerte que
fue considerado no apto para la actividad policial, en razón a la patología psiquiátrica
que presentaba, la cual era incompatible con la permanencia en la institución. Así
las cosas, procedía dar aplicación al Decreto-Ley 1791 de 2000 y desvincularlo de
la entidad.
11. Además de lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
defendió la legalidad de la Resolución núm. 06490 al referir que actuó conforme a
derecho y que el retiro obedeció a una causal legal, dado que las condiciones de
salud que tenía el señor César Augusto Páez Remolina le impedían continuar en el
servicio.
12. Bajo este entendido, sostuvo que quien pretendiera el reintegro debía
demostrar que el retiro era improcedente, y adujo que no se configuraron las
causales de nulidad del acto administrativo impugnado.
1.1.2.2. Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
13. La apoderada del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
también se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Refirió que no
vulneró ni amenazó derecho alguno del demandante porque la valoración del actor
fue realizada por las autoridades competentes. Allí se determinó que no era apto
para el desempeño de las funciones por su estado de salud, aunado a que no
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
demostró que se podía desempeñar en labores administrativas, de docencia o de
instrucción.
14. El Tribunal indicó que no recomendó reubicar al demandante y expuso que
el acto emitido se ajustó a la legalidad, en particular, al contenido de los decretos
094 de 1989 y 1796 del 2000. Así, era al accionante a quien le correspondía probar
la ilegalidad del acto enjuiciado. Por lo tanto, le solicitó al juez negar las pretensiones
de la demanda4.
1.1.3. Sentencia de primera instancia
15. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Tunja dictó sentencia el
8 de noviembre de 2022, en la que dispuso:
Primero: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de
2017 por la cual el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional retiró del servicio
activo al demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional reintegrar al
señor César Augusto Páez Remolina en un cargo que pueda desempeñar teniendo
en cuenta su grado de escolaridad, así como sus habilidades y destrezas tanto
físicas como académicas.
Tercero: Declarar que no ha habido solución de continuidad desde la fecha en que
fue retirado del servicio el señor César Augusto Páez Remolina, y hasta que se haga
efectivo su reintegro.
Cuarto: Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, pagar al señor
César Augusto Páez Remolina, los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir, correspondientes al cargo que venía desempeñando, desde la fecha en que
fue retirado del servicio y hasta la calenda en que se produzca su reintegro,
debiéndose hacer los descuentos legales correspondientes por concepto de aportes
pensionales en el porcentaje que corresponde, los cuales deberán ser consignados
en el fondo de pensiones.
Quinto: Ordenar al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional para que, en
caso de que el demandante acredite los requisitos legales establecidos en el artículo
21 del Decreto-Ley 1791 de 2000, para acceder al ascenso correspondiente, la
Junta de Evaluación y Clasificación deberá realizar el análisis y evaluación de su
trayectoria y desempeño profesional para determinar su viabilidad, teniendo en
cuenta la excepción prevista en el párrafo tercero del citado articulado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda.
4 Samai, índice 21, 2018-0075, 21CONTESTACION VINCULADO, FOLIOS 313-338.PDF.
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
16. Puntualmente destacó que los actos administrativos demandados estaban
viciados por las causales de nulidad de expedición irregular y falsa motivación. En
particular, señaló que, en la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Santander, el 19 de febrero de 2015, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado al núm. 68679-33-31-000-2012-00030-03, se
dispuso lo siguiente:
[…] de no encontrarse apto al demandante para el servicio o para desempeñar
funciones administrativas, su retiro debía obedecer a un acto administrativo que
reuniera las exigencias de ley, esto es, las establecidas en el Decreto 1791 del 2000,
entre ellas el análisis suficiente de reubicación, con la advertencia de que esta
conclusión debería estar soportada exclusivamente en sus condiciones de salud
[…].
17. Así las cosas, la facultad para retirar del servicio activo a un uniformado no
operaba de forma automática, sino que exigía valorar las condiciones de salud, las
destrezas y las habilidades con el fin de determinar la existencia de funciones que
habilitaran su reubicación.
18. En ese contexto, el Juzgado consideró que el acto acusado no realizó un
análisis suficiente de la reubicación, porque aun cuando la junta médica le atribuyó
al actor una perfecta funcionalidad para el desarrollo de labores administrativas,
declaró que el accionante no era apto para el servicio, toda vez que sufrió una
pérdida del 41.75% de su capacidad laboral. Asimismo, el Juzgado analizó que el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía se limitó a indicar que la
patología del demandante ya la había valorado la Junta, en los términos expuestos,
razón que justificaba la no reubicación.
19. Bajo este entendido, a juicio del Juzgado, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía no efectuó un análisis de fondo de la situación física y
mental del actor ni tampoco frente a su eventual reubicación. De este modo, en
criterio del Juzgado, la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017 se
sustentó en el concepto de calificación emitido por la Junta y la ratificación que le
impartió el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, los cuales no
resultaban razonables ni concordaban con la realidad del señor César Augusto Páez
Remolina.
20. Así pues, el Juzgado consideró que era incoherente calificar al actor con un
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 41.75%, pero a la vez sustentar
que carecía de la capacidad para desempeñarse en alguna actividad policial y, así,
no otorgar la recomendación de reubicación. Al respecto, resaltó que, en la hoja de
vida del accionante, obraba la constancia de su eficiencia y diligencia en las labores
administrativas que ejecutaba a partir del primer reintegro. Por ende, afirmó que la
entidad demandada descartó sin justificación las competencias del demandante que
le resultaban provechosas en el amplio campo misional de la institución.
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Demandante: César Augusto Páez Remolina
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21. Seguidamente, el Juzgado manifestó que aun cuando el demandante
presentó en 2020 su carta de renuncia a la institución (la cual fue aceptada), en el
mismo escrito refirió que estaba dispuesto a reincorporarse. De suerte que las
pretensiones de la demanda estaban vigentes, sin que obrara memorial de
desistimiento, lo que habilitó el estudio de fondo de lo pretendido.
22. Por último, se indicó que la concesión de ascensos en el régimen de carrera
de la Policía Nacional no era una facultad reglada sino discrecional. De ahí que solo
en caso de que el accionante reuniera los requisitos legales, le correspondía a la
Junta analizar su trayectoria, con el fin de determinar si era beneficiario de un
ascenso5.
1.1.4. Recurso de apelación de la entidad demandada
23. Inconforme con esta decisión, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional interpuso recurso de apelación en el que pidió que la sentencia se
revocara y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Sostuvo que
el retiro del actor se respaldó en el acta núm. TML 17-2-314 del 22 de septiembre
de 2017 y en que, aunque el demandante era asintomático, padecía un trastorno
bipolar que se agravaba por las exigencias de la institución, lo cual justificaba su
desvinculación. En ese orden, la entidad «no estaba obligada a lo imposible» y no
podía actuar en contravía de la normativa, porque no debía mantener en el servicio
activo a quienes las autoridades declararan no aptos, y frente a quienes no se
sugería su reubicación.
24. De esta forma, no había otra salida que dar aplicación al Decreto-Ley 1791
de 2000, artículo 54, inciso 1.° y al artículo 55, numeral 3, de esta disposición. Así
las cosas, el retiro del servicio del actor por disminución de la capacidad laboral,
regulado en el artículo 59 del Decreto-Ley 1791 de 2000, procedía solo después de
que se realizara la valoración pertinente y se concluyera que la persona carecía de
capacidades para ser aprovechadas en labores administrativas, de docencia o de
instrucción.
25. Agregó que se debía analizar la historia clínica en la que se evidenciaba que
la Policía Nacional atendió los requerimientos médicos y los tratamientos del
demandante, derivados de su patología. Finalmente, adujo que el retiro ocurrió por
la solicitud propia del accionante, lo que hacía que las pretensiones de la demanda
carecieran de objeto, pues de allí se desprendía que no era su deseo continuar
prestando el servicio6.
5 Samai, índice 21, 2018-0075, 62SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.PDF.
6 Samai, índice 21, 2018-0075, 64. RECURSO APELACION POLICÍA NACIONAL.pdf.
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Demandante: César Augusto Páez Remolina
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1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
26. La Sala de Decisión Sexta del Tribunal Administrativo de Boyacá profirió
sentencia el 26 de enero de 2024, en la que resolvió:
Primero: Revocar los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida
el 8 de noviembre de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2022
por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
27. En sustento, consideró que los conceptos núms. 9237 del 19 de septiembre
de 2016, emitido por la Junta Médico Laboral, y TML17-2-314 del 22 de septiembre
de 2017, expedido por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía
fueron incongruentes; por lo tanto, afirmó que la entidad demandada actuó
ilegalmente al determinar que procedía el retiro del demandante por la disminución
de su capacidad psicofísica, sin motivar en el acto demandado la posibilidad de
reubicación.
28. En criterio del fallador de segunda instancia, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía también se equivocó al proferir el concepto núm.
TML17-2-314 del 22 de septiembre de 2017, porque le dio validez al concepto núm.
9237 del 19 de septiembre de 2016 de la Junta Médico Laboral. Este último, a juicio
del Tribunal, se basó en conceptos previos de los años 2010 y 2011, que fueron el
fundamento de la Resolución núm. 0279 del 10 de agosto de 2011, anulada por el
Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia proferida el 19 de febrero de
2015.
29. Así las cosas, a juicio del Tribunal, la Resolución núm. 06490 del 20 de
diciembre de 2017 se profirió sin observar lo resuelto en el primer proceso, y sin
sugerencia de reubicación, lo que transgredió el principio de estabilidad laboral y
demostró la falta de un análisis subjetivo en el que se evaluaran las habilidades,
destrezas y capacidades del accionante. Por consiguiente, resultó incoherente que
a este último se le calificara la pérdida de su capacidad laboral en un 41.75%, pero
a la vez se estableciera que carecía de la idoneidad para desempeñar alguna
actividad policial, actuación con la cual quedó completamente desprotegido y sin
posibilidad de acceder a una pensión de invalidez. Bajo este entendido, se confirmó
la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto demandado.
30. Sin embargo, en lo relativo a la orden de reintegro, el Tribunal argumentó que
la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017 no se ejecutó, debido a que
un fallo de tutela ordenó su reintegro, lo que dio lugar a que la entidad demandada
emitiera la Resolución núm. 01349 del 21 de marzo de 2018, que reincorporó al
actor el 23 de marzo de 2018. En ese sentido, a partir de la información consignada
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
en el extracto de la hoja de vida del señor César Augusto Páez Remolina, se
desprendía que pese al contenido de la Resolución núm. 06490, este continuó
prestando sus servicios sin interrupción.
31. Ahora bien, comoquiera que la orden emitida, en sede de tutela, se dictó
como un amparo transitorio, procedía analizar si había lugar a ordenar nuevamente
el reintegro. En ese escenario, el Tribunal precisó que para cuando el Juzgado
emitió el fallo de primera instancia, el 8 de noviembre de 2022, el demandante ya
se había retirado del servicio por solicitud propia, como lo aceptó en el interrogatorio
de parte rendido en sede judicial. En consecuencia, determinó que no procedía el
reintegro porque desde agosto de 2020 se presentó una causal objetiva de retiro,
prevista en el artículo 76 del Decreto 1213 de 1990, circunstancia que impedía la
reincorporación del actor al servicio.
32. Finalmente, sostuvo que, como el demandante nunca fue desvinculado, no
procedía el reintegro ni el pago de salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir, razón por la cual revocó en esos aspectos la
sentencia apelada7.
1.1.6. Sentencia complementaria
33. La apoderada de la entidad demandada pidió aclarar y adicionar la sentencia
dictada el 26 de enero de 2024. Consideró que esta se debió pronunciar de manera
expresa sobre el ordinal quinto del fallo apelado, en el que se ordenó que, en caso
de que el demandante cumpliera con los requisitos de que trata el artículo 21 del
Decreto-Ley 1791 de 2000, para acceder al ascenso, la Junta debía analizar y
evaluar su trayectoria y desempeño profesional.
34. Al respecto, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá,
en providencia del 21 de marzo de 2024, determinó que no emitió pronunciamiento
frente al citado ordinal, y que la posibilidad de ascenso resultaba improcedente en
este caso, por la consolidación de la causal objetiva de retiro. En estos términos, el
Tribunal adicionó el ordinal primero de la sentencia del 26 de enero de 2024, para
revocar igualmente el ordinal quinto del fallo apelado8.
1.2. Recurso extraordinario de revisión
35. El señor César Augusto Páez Remolina, por conducto de apoderado judicial,
interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia dictada en
segunda instancia por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá, el 26 de enero de 2024, adicionada mediante providencia del 21 de marzo
de 2024. En sustento, consideró que la decisión incurrió en la causal de revisión del
7 Samai, índice 11, 14_MemorialWeb_Otro-PIEZASPROCESALESFI(.pdf) NroActua 1, páginas 1 a 31 del
archivo digital.
8 Samai, índice 11, 14_MemorialWeb_Otro-PIEZASPROCESALESFI(.pdf) NroActua 1, páginas 32 a 36 del
archivo digital.
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
numeral 8 del artículo 250 del CPACA9, por las razones que se exponen a
continuación:
36. Explicó que el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional expidió la
Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017 que lo retiró nuevamente del
servicio por disminución de la capacidad psicofísica. No obstante, esto lo hizo sin
cumplir lo que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó en la sentencia dictada
en segunda instancia el 19 de febrero de 2015, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado al núm. 68679-33-31-000-2012-00030-03.
37. Señaló que la providencia omitió analizar los alegatos de conclusión y los
argumentos planteados por la defensa al momento de descorrer el traslado del
recurso de apelación en sede ordinaria, donde se puso de presente que estaba en
condición de reintegrarse a la Policía Nacional. Así las cosas, pese a que el Tribunal
reconoció que la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017 estaba viciada
de nulidad por falsa motivación, no ordenó su reintegro al cargo, pues dejó de valorar
las pruebas y lo planteado en los alegatos de conclusión y en sede de alzada.
38. El actor sostuvo que debió considerarse que tenía la intención de regresar a
la institución y que desde que se enfermó, el 27 de septiembre de 2008, sufrió de
discriminación laboral y de acoso, lo cual condujo a que fuera retirado en dos
oportunidades. De acuerdo con esto, es claro que pese a que contó con una
calificación de la pérdida de capacidad laboral del 41.75%, el Tribunal no ordenó su
reintegro, actuación con la cual violó el debido proceso, al no contar con la posibilidad
de réplica en sede de segunda instancia. Por tanto, la decisión desconoció los
artículos 29 y 53 de la Constitución Política.
39. El Tribunal pasó por alto principios y garantías y transgredió derechos
constitucionales al tener por cierto que se retiró de la institución policial por voluntad
propia, con lo cual se inadvirtieron elementos que obraban en el proceso y que daban
cuenta, entre otras situaciones, que su reintegro se ordenó por vía de tutela; que
pidió su desvinculación por los problemas que tenía con su esposa; y que en la
audiencia de pruebas y en los alegatos de conclusión manifestó su intención de
permanecer en la entidad. Asimismo, destacó que el Tribunal obvió el deber legal
que le asistía de decretar pruebas de oficio con la finalidad de constatar si en su
condición de demandante quería o no permanecer en la institución, en aplicación de
lo previsto en el artículo 327 del CGP, aplicable al trámite ordinario por remisión del
artículo 306 del CPACA.
40. Por estas razones, el accionante indicó, en su memorial de subsanación, que
el Tribunal Administrativo de Boyacá no le dio cumplimiento a la sentencia dictada
9 «8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada».
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
por el Tribunal Administrativo de Santander, que está vigente, con lo cual quedó
sometido a un grave estado de ansiedad y depresión.
41. A partir de los argumentos expuestos, le pidió a esta corporación que dejara
sin efectos la sentencia proferida el 26 de enero de 2024, y la providencia que la
adicionó, el 21 de marzo de 2024; que se le ordenara a la Policía Nacional
reintegrarlo a la entidad con el beneficio de la reubicación laboral; y que se le
ordenara al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía los exámenes
respectivos y se practicara la junta médico-laboral con valoración de todas las
patologías10.
1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
42. La magistrada sustanciadora, a través del auto del 24 de septiembre de 202511
inadmitió el recurso extraordinario de revisión y le concedió a la parte actora un
término de 5 días para subsanar las falencias; en particular que aportara las
constancias de ejecutoria de la sentencia objeto de revisión, que designara las
partes, que enviara por medio electrónico el recurso y sus anexos a la demandada y
que identificara y sustentara en debida forma las causales que justificaban el recurso
al amparo del listado consignado en el artículo 250 del CPACA. Asimismo, le
reconoció personería al abogado del demandante.
43. En cumplimiento de lo anterior, el señor César Augusto Páez Remolina radicó
memorial de subsanación en el que designó a las partes y precisó que la causal de
revisión invocada era la prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA12. Por
tanto, el 12 de noviembre de 202513, se admitió el recurso, se ordenó notificar
personalmente a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y al procurador delegado
ante el Consejo de Estado. Asimismo, se requirió al Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja para que remitiera, en medio digital, el expediente
radicado al núm. 15001-33-33-006-2018-00075-00/01.
44. El procurador delegado de intervención tercero ante el Consejo de Estado
pidió declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, al considerar que no
concurren los elementos fácticos ni normativos de la causal invocada. Puntualmente,
de una verificación de los reproches planteados por el recurrente, estos no se
sustentaron en la existencia de dos decisiones contradictorias sin identidad de
partes, de objeto y de causa, porque aunque ambos procesos tuvieron las mismas
partes, el objeto era distinto al tratarse de actos administrativos diferentes, la
Resolución núm. 0279 del 10 de agosto de 2011, que ordenó el primer retiro del
10 Samai, índice 3, 3_DemandaWeb_Demanda_demandarevision(.pdf) NroActua 3.pdf. La subsanación del
recurso obra en Samai, índice 11, 3_MemorialWeb_Otro-subsanacionrecurso(.pdf) NroActua 11.
11 Samai, índice 6.
12 Samai, índice 11.
13 Samai, índice 13.
10
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
demandante y la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017, que dispuso
una segunda desvinculación.
45. Igualmente difiere la causa, dado que la sentencia del 2015 no resolvió
definitivamente sobre actos administrativos posteriores que tendrían que
controvertirse. Además, destacó la intención del recurrente de revivir un análisis de
fondo, porque el fundamento de sus reparos recae en que el Tribunal Administrativo
de Boyacá omitió aplicar los efectos de la sentencia del 2015, al momento de resolver
el problema jurídico propuesto.
46. En razón a ello, el actor propone que la citada sentencia desconoció y
presentó divergencias en la forma de aplicar sus efectos vinculantes. En
consecuencia, el señor César Augusto Páez Remolina confunde los fundamentos de
hecho con la definición procesal del objeto del litigio, sin que se trate de un escenario
de violación al principio de cosa juzgada. Por último, precisó que la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Santander, en el año 2015, no resolvió
definitivamente la controversia jurídica del accionante ni prohibió el retiro posterior,
sino que ordenó el reintegro en el marco de una situación consolidada14.
47. Por su parte, el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de
Tunja envió el enlace de acceso al expediente ordinario correspondiente al proceso
radicado al núm. 15001-33-33-006-2018-00075-00/0115.
48. El apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional también allegó
memorial de intervención en el que se opuso a la totalidad de las pretensiones, al
considerar que la sentencia de segunda instancia la expidió el Tribunal en derecho y
con el análisis debido de las pruebas. Por lo tanto, no se satisfacían los requisitos
del recurso extraordinario de revisión, porque el accionante no sustentó en debida
forma los presupuestos de la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA, relativa a la cosa juzgada.
49. Es más, si se revisan con detenimiento ambas decisiones, lo que se observa
es que estas no son contrarias, sino que responden a situaciones jurídicas diferentes.
Por ende, este mecanismo se debía declarar infundado porque los supuestos no
responden a la taxatividad de la causal de que trata el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA, sino que aluden a cuestiones como el análisis jurídico, la valoración
probatoria y los fundamentos jurisprudenciales que le sirvieron de soporte a la
decisión de revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones de la demanda. Finalmente solicitó que se condenara en costas al
recurrente16.
14 Samai, índice 18.
15 Samai, índice 21.
16 Samai, índice 22.
11
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
50. Seguidamente, el 30 de enero de 202617 se dictó auto en el que se
incorporaron como pruebas los documentos aportados con el recurso extraordinario
de revisión y el expediente con radicado núm. 15001-33-33-006-2018-00075-00/01.
Se ordenó oficiar a la Oficina de Apoyo de San Gil para que remitiera en medio digital
el expediente con número de radicación 68679-33-31-000-2012-00030-00; se le
reconoció personería al apoderado de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional; y se dispuso que una vez se allegara en debida forma, y sin
necesidad de auto que así lo ordenara, el expediente ingresaría al despacho para
dictar sentencia.
51. En cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo de San Gil
remitió el enlace de acceso al trámite radicado al núm. 68679-33-31-000-2012-
00030-0318. Así las cosas, el expediente ingresó al despacho para sentencia el 24
de febrero de 202619, y luego, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Tunja allegó nuevamente el enlace de acceso al proceso tramitado al número 15001-
33-33-006-2018-00075-00/01, lo que ya se había efectuado en el índice 21 del
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
52. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor César Augusto Páez Remolina contra la sentencia del 26 de
enero de 2024, proferida por la Sala de Decisión Sexta del Tribunal Administrativo
de Boyacá, adicionada mediante proveído del 21 de marzo de 2024, de acuerdo con
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA20.
2.2. Oportunidad
53. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 26 de enero de 2024, se
adicionó mediante proveído del 21 de marzo de 2024 y quedó ejecutoriada el 4 de
abril de 202421. En ese contexto, como el señor César Augusto Páez Remolina
interpuso el recurso extraordinario de revisión el 1.° de abril de 202522, su radicación
fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA23.
17 Samai, índice 24.
18 Samai, índice 30.
19 Samai, índice 31.
20 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
21 Samai, índice 11, 14_MemorialWeb_Otro-PIEZASPROCESALESFI(.pdf) NroActua 11, página 51 del archivo
digital.
22 Samai, índice 3.
23 «El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
12
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Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
2.3. Legitimación en la causa
54. El señor César Augusto Páez Remolina y la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía están legitimados para ser partes en este trámite, toda vez que fueron,
respectivamente, demandante y demandadas en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.4. Problemas jurídicos
55. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en la
causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, y procede
infirmar la sentencia proferida el 26 de enero de 2024, adicionada el 21 de marzo de
2024?
56. Con el fin de dar respuesta, la Sala se referirá, en primer lugar, a la naturaleza
del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance de la
causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, atinente a la existencia
de una sentencia previa que constituya cosa juzgada entre las partes; y, en tercer
lugar, resolverá el caso concreto.
2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
57. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA24.
58. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA25, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error,
la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
decisión […]», entre otros26.
59. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
13
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»27.
60. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
61. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada
[…]»28. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el
amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…]
explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que
sirven de fundamento para su configuración»29.
2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA:
ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes
62. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 8, establece como causal:
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
63. De esta normativa emana que la ocurrencia de este supuesto, previsto como
causal de revisión, encuentra su génesis en el instituto procesal de la cosa juzgada
que se nutre del contenido del artículo 29 de la Constitución Política, de modo que la
cosa juzgada tiene por finalidad garantizar, «[…] la inmutabilidad, inimpugnabilidad
y obligatoriedad del fallo frente a todo eventual proceso futuro que pueda iniciarse
sobre el mismo objeto»30.
64. Bajo este entendido, el instituto procesal de la cosa juzgada propende por la
salvaguarda de la seguridad jurídica ligada al derecho fundamental a la sentencia en
firme, sin que esté proscrito, en todos los escenarios, reabrir el debate judicial que
ha terminado, porque esto puede ocurrir con el surgimiento de hechos nuevos
presentados luego de que la decisión ha adquirido un carácter definitivo y vinculante.
65. Para nutrir de contenido el alcance de esta causal de revisión, es preciso
remontarse al artículo 189 del CPACA, relativo a los efectos de la sentencia, pues en
este se evocó la cosa juzgada en los siguientes términos:
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
29 Ibídem.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia
del 5 de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
14
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
[…] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con
la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen
en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo
237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada
constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de
partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a
quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad
del registro de acuerdo con la ley. […].
66. De esta forma, a partir del contenido de la norma citada, se hace evidente que
una de las características de la sentencia judicial es que hace tránsito a cosa
juzgada, figura que está amparada en la presunción de veracidad de la decisión, su
carácter definitivo, y la separación entre el juzgador y su sentencia, en la medida en
que de esta es posible predicar la irrevocabilidad.
67. Ahora bien, comoquiera que el CGP funge como norma supletiva para los
asuntos en los que el legislador no previó una disposición expresa en el CPACA31,
es preciso reforzar lo anterior con el contenido del artículo 303 del CGP que
explícitamente alude a la cosa juzgada como sigue:
[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
31 Artículo 306 del CPACA.
15
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con
todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.
68. Esto implica que, para que en el marco de una controversia exista cosa
juzgada, es necesario que exista identidad de objeto, de causa y de partes entre
ambos asuntos sobre los cuales se pretende establecer una coincidencia.
69. El alcance de esta hipótesis de revisión ha sido desarrollado por la
jurisprudencia de esta corporación, al considerar que la causal octava del artículo
250 del CPACA tiene lugar cuando concurren los siguientes supuestos:
[…]
1. Que existan dos sentencias contradictorias.
2. Que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que fue dictada.
3. Que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada.
El último de los requisitos señalados tiene un ingrediente adicional al exigírsele al
recurrente demostrar la imposibilidad de haber propuesto al interior del proceso
ordinario, la cosa juzgada como excepción, bien sea porque estuvo representado por
curador ad-litem, o porque ignoraba la existencia del proceso anterior, puesto que no
puede premiarse la inactividad o negligencia de quien pudiendo alegar este hecho
exceptivo oportunamente no lo hace, y pretende, luego de concluido el proceso de
manera desfavorable a sus intereses, corregir su inactividad a través de este recurso
extraordinario, pasando por alto que los términos procesales son preclusivos y deben
cumplirse en aras de un correcto desarrollo de los principios constitucionales del
debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción, aunado a la buena fe y
lealtad procesal que orientan las actuaciones de las partes procesales.
Además de lo anterior, para los efectos de esta causal, ha de entenderse que la alusión
a un término nuevo o segundo proceso deben analizarse lógicamente en relación con
un primer o anterior proceso, pues solamente cuando se inicia un proceso entre las
mismas partes y sobre el mismo asunto, luego de haberse proferido sentencia en otro
anterior, podría argumentarse que este segundo pretende revivir lo ya decidido en
contravía del propósito de la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones
contradictorias sobre un mismo asunto y entre las mismas partes. […]32.
70. Por tanto, la jurisprudencia de esta corporación, que ha analizado la aplicación
de esta causal a casos concretos, ha sistematizado los requisitos para su
configuración de la siguiente manera, y ha hecho la salvedad de que todos deben
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente
11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), MP. Gerardo Arenas Monsalve.
16
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
concurrir, de suerte que la falta de alguno de estos impide que la causal se
estructure33:
-La existencia de una sentencia ejecutoriada, en firme y que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en el que esta se profirió.
-Adelantar un segundo proceso judicial luego de que la sentencia proferida en el
primero cobró ejecutoria.
-La existencia de triple identidad entre ambos procesos judiciales, esto es: i)
identidad de partes - «[…] sujetos procesales obligatorios (sujetos activo y pasivo,
y litisconsortes necesarios); es decir, que sean los mismos en ambos procesos» 34;
ii) identidad de objeto, o lo que se pretende con la demanda; e iii) identidad de
causa, vinculada a la razón o la motivación que dio lugar a la demanda.
-La ausencia de proposición de la excepción de cosa juzgada, porque en caso de
que esta se hubiere planteado y negado, no habría lugar a predicar la causal de
revisión del numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
-La sentencia emitida en el segundo proceso judicial debe contrariar aquella dictada
en el primero, siempre que en estos concurra la triple identidad mencionada.
2.7. Caso concreto
71. El señor César Augusto Páez Remolina acudió en sede del recurso
extraordinario de revisión con el fin de que esta corporación infirme la sentencia
proferida por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, el 26
de enero de 2024, adicionada mediante providencia del 21 de marzo de 2024. En
sustento, consideró que esta incurrió en la causal de revisión prevista en el numeral
8 del artículo 250 del CPACA, por las siguientes razones:
72. Adujo que la Policía Nacional, al proferir la Resolución núm. 06490 del 20 de
diciembre de 2017, incumplió lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Santander en la sentencia dictada el 19 de febrero de 2015, al interior del proceso
radicado al núm. 68679-33-31-000-2012-00030-03; el fallo del Tribunal no analizó
los alegatos de conclusión y los argumentos presentados al descorrer el traslado del
recurso de apelación; omitió valorar las pruebas; violó los artículos 29 y 53 de la
Constitución Política; desconoció los principios y derechos constitucionales; omitió
el deber legal de decretar pruebas de oficio con el fin de constatar si el actor quería
o no permanecer en la entidad demandada; y en términos generales, el Tribunal
33 Al efecto, se consultó la sentencia proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado el 5 de julio de 2024, dentro del exp. 11001-03-15-000-2022-
03940-00. En esta providencia se sistematizaron los requisitos necesarios para la configuración de la causal de
revisión del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, haciendo alusión a la siguiente providencia: «[…] sentencia
de 29 de octubre de 2020, radicado11001-03-25-000-2016-00065-00, Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado […]».
34 Ibídem.
17
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Administrativo de Boyacá incumplió lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Santander.
73. De lo visto, se tiene que el recurrente pretende cuestionar por la vía de este
recurso extraordinario de revisión una sentencia ejecutoriada, contra la cual no
procede el recurso de apelación por ser una providencia de segunda instancia, y
utilizó como sustento una de las causales de revisión previstas por el ordenamiento
jurídico, a saber: el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
74. El actor mencionó que el Tribunal Administrativo de Boyacá no le dio
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander en la
sentencia de segunda instancia dictada el 19 de febrero de 2015, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado al núm. 68679-33-31-
000-2012-00030-03. No obstante, la Sala destaca que el recurrente no sustentó los
motivos por los cuales se configuró la cosa juzgada entre dicho trámite y aquel en
virtud del cual se profirió la sentencia objeto del proceso de la referencia. En
particular, no argumentó la existencia de una triple identidad entre ambos asuntos:
de partes, de objeto y de causa, supuestos que permitirían estructurar la causal de
revisión de que trata el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
75. Así, revisados con detenimiento los cargos del recurso extraordinario, se
advierte que el señor César Augusto Páez Remolina se limitó a plantear un eventual
escenario de contradicción entre la sentencia del 19 de febrero de 2015 y la
Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017, demandada en el proceso
ordinario. De ahí se hace evidente la intención del accionante de revivir el objeto del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con el fallo proferido
por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, el 26 de enero
de 2024.
76. En efecto, el actor reformó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho tramitada en el consecutivo núm. 15001-33-33-006-2018-00075-00/01, con
el fin de exigir que se cumpliera lo que el Tribunal Administrativo de Santander
ordenó en la sentencia dictada el 19 de febrero de 2015. Puntualmente, que en el
evento de que se considerara que el señor César Augusto Páez Remolina no era
apto para el desempeño de funciones docentes, administrativas o de instrucción, su
retiro debía efectuarse mediante un acto administrativo que reuniera las exigencias
legales.
77. En este orden de ideas, se tiene que la demanda en el proceso núm. 15001-
33-33-006-2018-00075-00/01 se sustentó en que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander, en el trámite 68679-33-31-000-2012-00030-03,
declaró la nulidad de la Resolución núm. 0279 del 10 de agosto de 2011 y ordenó
el reintegro del demandante.
78. A raíz de ello, el Tribunal Administrativo de Boyacá analizó el contenido de la
citada decisión y concluyó que la entidad demandada desconoció lo que el Tribunal
18
Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Administrativo de Santander ordenó. Por ende, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre
de 2017, porque incurrió en falsa motivación.
79. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Boyacá no accedió al
restablecimiento del derecho (reintegro), porque el acto enjuiciado no se ejecutó al
existir una orden de tutela que ordenó reintegrar al actor desde el 23 de marzo de
2018, de modo que continuó prestando sus servicios, y para el 8 de noviembre de
2022 (fecha del fallo de primera instancia), el demandante ya estaba retirado del
servicio por solicitud propia, desde el mes de agosto de 2020.
80. En el contexto expuesto, es evidente que el recurrente pretende convertir
este recurso extraordinario de revisión en una tercera instancia judicial al revivir el
objeto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestionar la decisión
adoptada en segunda instancia. Puntualmente, al insistir en la procedencia del
reintegro, aspecto ajeno a este mecanismo.
81. En este orden de ideas, el accionante omitió sustentar los presupuestos que
habilitan el estudio de la cosa juzgada en los términos del numeral 8 del artículo 250
del CPACA. Esto se debe a que planteó argumentos que no se encuadran en el
alcance de la citada causal, como lo relacionado con que se omitió analizar el
contenido de los alegatos de conclusión, el memorial mediante el cual descorrió el
traslado del recurso de apelación; la valoración probatoria y el decreto oficioso de
pruebas; la violación de los artículos 29 y 53 de la Constitución Política y el
desconocimiento de los principios y derechos constitucionales.
82. En efecto, el recurso extraordinario exige un ejercicio argumentativo técnico
y riguroso, que no conduzca al juez a reabrir una discusión ya culminada mediante
sentencia ejecutoriada, como lo pretende el aquí accionante.
83. En gracia de discusión, lo cierto es que no se configuran los elementos de la
cosa juzgada35, como se observa en el siguiente cuadro:
Tabla 1.
Proceso radicado al núm. 2012-00030-03 Proceso radicado al núm. 2018-00075-00/01
Partes • Demandante: César Augusto Páez • Demandante: César Augusto Páez Remolina
Remolina • Demandadas: Nación, Ministerio de Defensa
• Demandada: Nación, Ministerio de Nacional, Policía Nacional y Tribunal Médico
Defensa Nacional, Policía Nacional Laboral de Revisión Militar
Objeto Declarar la nulidad de la Resolución núm. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 06490 del
0279 del 10 de agosto de 2011, expedida 20 de diciembre de 2017, expedida por la Policía
por el director de la Policía Nacional, que Nacional, y del acta núm. TML 17-2-314, emitida el
retiró al actor del servicio activo. 22 de septiembre de 2017, por el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía.
35 De esta forma ha estudiado la Subsección la configuración de la causal de revisión alegada, como se observa,
por ejemplo, al consultar la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2025, en el exp. 11001-03-25-000-2019-
00120-00 (0568-2019).
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Reintegrar al demandante con el beneficio Reintegrar al demandante, que la entidad lo
de la reubicación laboral y condenar a la ascienda al grado de subintendente, que en caso de
entidad a pagarle los emolumentos dejados no ordenarse su reubicación se modifique la
de percibir desde su desvinculación y hasta calificación de su pérdida de la capacidad laboral,
el reintegro. Finalmente, declarar que en la que se reconozca la pensión de vejez y que se le
prestación del servicio del actor no ha paguen todos los derechos e indemnizaciones.
existido solución de continuidad.
Causa La Junta Médico Laboral de Bucaramanga La Junta Médico Laboral de Bucaramanga expidió el
expidió el acta núm. 560 del 22 de acta núm. 560 del 22 de septiembre de 2010. Luego,
septiembre de 2010 en la que calificó la el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar emitió
pérdida de capacidad laboral del actor y el acta núm. 589 del 24 de mayo de 2011, que ratificó
declaró que no era apto para trabajar, pero la primera. Mediante la Resolución núm. 0279 del 10
no ordenó su reubicación. de agosto de 2011, la entidad retiró al accionante del
servicio.
Esta situación la ratificó el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía en El actor demandó este acto administrativo, el
el acta núm. 589 del 24 de mayo de 2011. Tribunal Administrativo de Santander lo anuló en
Mediante la Resolución núm. 0279, del 10 sentencia del 19 de febrero de 2015 y ordenó el
de agosto de 2011, la entidad retiró al reintegro. La entidad cumplió esta decisión a través
accionante del servicio. de la Resolución núm. 06011 del 31 de diciembre de
2015.
Posteriormente, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía expidió el acta núm. TML
17-2-314 del 22 de septiembre de 2017, en la cual
se remitió a las actas de los años 2010 y 2011.
La entidad demandada profirió la Resolución núm.
06490 del 20 de diciembre de 2017. El accionante
interpuso acción de tutela que amparó sus derechos.
En consecuencia, la parte accionada expidió la
Resolución núm. 1349 del 21 de marzo de 2018, en
la que reintegró al demandante.
84. De lo anterior, se desprende que los procesos no son iguales en su parte
demandada, objeto y causa. Mientras que en el asunto radicado al núm. 2012-
00030-03 se demandó la Resolución núm. 0279 del 10 de agosto de 2011, en el
proceso 2018-00075-00/01 se cuestionó la legalidad de la Resolución núm. 06490
del 20 de diciembre de 2017. Pese a que ambos actos administrativos ordenaron el
retiro del accionante, eso no conlleva a que haya identidad, porque se trató de
situaciones jurídicas consolidadas en momentos diferentes.
85. Adicionalmente, el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 19
de febrero de 2015, ordenó reintegrar al señor César Augusto Páez Remolina en el
ejercicio de labores administrativas. Subsidiariamente, dispuso que, en caso de no
encontrar apto al accionante, la entidad lo debía dictar un acto administrativo que
reuniera las exigencias de la ley, en el cual se valorara su situación médica.
86. En línea con esto, el Tribunal Administrativo de Boyacá se pronunció sobre
la protección que les asiste a los trabajadores que, como el demandante, sufrieron
una pérdida de su capacidad laboral. Así pues, el Tribunal consideró que la
Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017 se expidió sin cumplir lo
ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander. En consecuencia, se advierte
que no existió contradicción entre ambas decisiones judiciales, porque estas
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Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
abordaron lo relativo a que en esta clase de asuntos se debía privilegiar la
reubicación del actor, y solo en caso de que esto no fuera posible, se prescindiría
de sus servicios.
87. No obstante, estas solo difieren en el análisis del reintegro. Mientras que el
Tribunal Administrativo de Santander ordenó reintegrar al accionante por la
preferencia de la reubicación laboral, el Tribunal Administrativo de Boyacá lo negó
dado que la Resolución núm. 06490 del 20 de diciembre de 2017 nunca se ejecutó,
porque para el momento en el cual se profirió la sentencia apelada, el demandante
ya se había retirado del servicio por solicitud propia.
88. A partir de lo anterior, la Sala concluye que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander no tiene fuerza de cosa juzgada respecto del retiro que
tuvo lugar en el año 2017, y que se materializó en la Resolución núm. 06490. Si bien
el Tribunal Administrativo de Santander estableció unos parámetros en su decisión,
que la Sala no desconoce, estos no inciden en una situación administrativa nueva,
diferente y posterior. Por ende, no se configuran los elementos que permiten
estructurar la cosa juzgada.
89. En consecuencia, la respuesta al problema jurídico planteado será negativa
porque los cargos del recurso extraordinario no se encuadran en la causal prevista
en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA. Por tanto, no hay razones para
considerar que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en el supuesto de
revisión invocado, lo cual hace improcedente infirmar la sentencia del 26 de enero
de 2024, adicionada el 21 de marzo de 2024. Así pues, el presente mecanismo se
declarará infundado.
2.8. Costas
90. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente
providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario36 de la Subsección
sobre el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse, a
través de un juicio de ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe37. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer
dicha condena en atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se
36 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a
saber: (i) se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo
el supuesto de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente
con los artículos 365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las costas
procesales; y (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo
80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio
de las costas».
37 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-
00813-00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017).
MP Jorge Edison Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B.
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Radicado:11001-03-25-000-2025-00129-00 (0913-2025)
Demandante: César Augusto Páez Remolina
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
advierte que el recurrente haya incurrido en las anteriores conductas durante el
trámite del presente asunto.
3. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas, de acuerdo con los motivos consignados en la
parte motiva de esta sentencia.
Tercero: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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