Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00120-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00120-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00120-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00120-00 (0568-2019)
Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
Asunto: Recurso extraordinario de revisión
Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 8 del artículo 250 del
CPACA. Sentencia contraria a una anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nitza Belén
Palacios Hurtado contra la sentencia del 27 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó la providencia dictada el 27 de enero
de 2016 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó que negó
las pretensiones de la demanda interpuesta por la actora contra la Caja Nacional de
Previsión Social (CAJANAL), hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (UGPP).
I. ANTECEDENTES
1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, y el expediente ordinario aportado a este trámite, la Sala sintetiza, a
continuación, los siguientes hechos relevantes y actuaciones del proceso de nulidad y
1 Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 27001-33-33-
01-2012-00068-00/012.
1.1.1. La demanda
2. La señora Nitza Belén Palacios Hurtado radicó, el 26 de julio de 2012, demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la CAJANAL E.I.C.E en Liquidación con
el fin de solicitar que se declarara la nulidad de la Resolución núm. UGM 037884 del
12 de marzo de 20123, que le negó el reconocimiento de la «pensión de sobreviviente»
con ocasión del fallecimiento del señor José Isidro Mena Moreno, en su condición de
compañera permanente4, dada la solicitud interpuesta por la señora Gladys Yanila
Córdoba Mena, en calidad de cónyuge, y dejó en suspenso el reconocimiento por la
jurisdicción ordinaria.
3. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
pidió que se declarara que tiene derecho al reconocimiento y pago de la «pensión de
sobreviviente» del causante José Isidro Mena Moreno.
4. Como fundamento fáctico, relató que conformó unión marital de hecho con el
señor José Isidro Mena Moreno por más de 10 años hasta su deceso, el 5 de mayo de
2010 y que este era docente pensionado por CAJANAL. Por tanto, esta entidad tenía
que reconocerle y pagarle la «pensión de sobreviviente». No obstante, mediante el
acto demandado esta se negó y se dejó en suspenso hasta que el juez ordinario
dirimiera a quien le correspondía el derecho.
5. En cuanto a las disposiciones transgredidas y al concepto de violación, adujo
que se violó el artículo 48 de la Constitución Política y los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, al desatender su solicitud como compañera permanente, pese a que
aportó las pruebas suficientes que daban cuenta de que tenía el derecho5.
2 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23.
3 Mediante la cual el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL E.I.C.E En Liquidación negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor José Isidro Mena Moreno a
Gladys Yanila Córdoba de Mena, Nitza Belén Palacios Hurtado y Carmen Yanila Mena Córdoba. En sustento, el
acto administrativo expuso que mediante la Resolución núm. 016835 del 16 de diciembre de 1996 se reconoció
pensión a favor del causante efectiva a partir del 19 de septiembre de 1995 y este falleció el 5 de mayo de 2010.
Con ocasión a ello, de conformidad con el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 debía negar lo pedido
en atención a que hay manifestación del causante de que convivía con la señora Nitza Belén Palacios Hurtado, de
lo que se puede inferir que desde el 17 de febrero de 2006 no convivió de forma permanente con su cónyuge. De
ahí que solo era procedente reconocer la prestación hasta que la jurisdicción ordinaria definiera quien tiene el
derecho.
4 La recurrente radicó petición en la que reclamó la pensión de sobrevivientes.
5 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C1.pdf, páginas 3 a 9 del archivo digital.
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
1.1.2. Contestación de la demanda
1.1.2.1. CAJANAL
6. CAJANAL se opuso a todas las pretensiones de la demanda al considerar que
estas carecían de fundamentos legales. Precisó que la controversia se centraba en la
acreditación de los requisitos para acceder a la sustitución pensional y planteó como
excepciones el cobro de lo no debido, la inexistencia de la obligación, la prescripción
y la genérica. Por tanto, pidió que se absolviera a la entidad con la condena en costas
correspondiente6.
1.1.2.2. Gladys Yanila Córdoba de Mena
7. Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda porque es la única
beneficiaria del causante José Isidro Mena Moreno, hasta el día de su muerte. Destacó
que este era casado y que falleció a su lado, lo que imposibilitaba que se declarara la
unión marital de hecho en los términos de la Ley 54 de 19907.
1.1.3. Sentencia de primera instancia
8. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó profirió
sentencia, el 27 de enero de 20168, en la que resolvió:
PRIMERO: DECLARENSE NO PROBADAS las excepciones de cobro de lo no debido,
e inexistencia de la obligación propuestas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, conforme se indicó en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARESE la nulidad de la resolución No. UGM 037884 del 12 de
marzo de 2012, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE- en Liquidación
“por la cual se niega una pensión de sobrevivientes” con ocasión del fallecimiento del
señor JOSE ISIDRO MENA MORENO.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho, la entidad demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, deberá reconocer a la señora GLADYS YANILA
CÓRDOBA DE MENA, […], la pensión de sobreviviente que le corresponde por ser la
cónyuge supérstite del causante señor JOSÉ ISIDRO MENA MORENO, dicho monto
6 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C1.pdf, páginas 68 a 73 del archivo digital.
7 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C3.pdf, páginas 217 a 218 del archivo digital.
8 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C3.pdf, páginas 349 a 365.
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
se reconocerá en valor equivalente al 100% de la pensión que en vida disfrutaba el
causante.
CUARTO: DENIEGUENSE las pretensiones de la demanda de la señora NITZA
BELEN PALACIOS HURTADO, conforme se indicó en la parte motiva de esta
providencia. […]
9. En sustento, indicó que está probado que la señora Nitza Belén Palacios
Hurtado no convivió con el causante por el tiempo mínimo requerido por la ley y por la
jurisprudencia para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera
permanente, ya que solo demostró haber vivido por 2 meses y 2 días de conformidad
con lo afirmado por esta y por el causante antes del fallecimiento, como se extraía del
acta de conciliación de la unión marital de hecho. Aclaró que esta prueba era irrefutable
para establecer el momento a partir del cual esta última se constituyó y no fue tachada
por ninguna de las partes.
10. De este modo, desacreditó la credibilidad de las versiones rendidas por los
señores Fabiola Arce de Asprilla y Luis Alberto Mosquera en punto a la conformación
de la unión marital de hecho, ante lo deducido de la prueba directa. Por consiguiente,
negó las pretensiones de la demanda de la señora Nitza Belén Palacios Hurtado.
11. Por su parte, accedió a las súplicas a favor de la señora Gladys Yanila Córdoba
de Mena porque está acreditó ser la cónyuge del señor José Isidro Mena Moreno y,
además, que con este procreó 5 hijos, de lo cual era factible inferir que convivió por
más de 5 años. Además, refirió que el 3 de mayo de 2010 el causante la autorizó para
que recibiera copia de la historia clínica. Por tanto, era la beneficiaria de la pensión
reclamada en la medida en que, en principio, su relación marital se mantuvo hasta la
muerte del causante, sin que existiera prueba en contrario. Así las cosas, anuló el acto
demandado en estos términos.
1.1.4. Recurso de apelación de la UGPP
12. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la UGPP interpuso recurso
de apelación en el que indicó que como las reclamantes solicitaron por separado el
reconocimiento, a su favor, del derecho pensional, le asistían dudas frente a la
titularidad de este. En particular, si existió o no la convivencia entre el causante y la
señora Gladys Yanila Córdoba de Mena. En sustento, se refirió a la jurisprudencia que
rige la materia9.
9 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C3.pdf, páginas 369 a 375 del archivo digital.
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
1.1.5. Recurso de apelación de la señora Nitza Belén Palacios Hurtado
13. Por su parte, la demandante también apeló la sentencia de primera instancia
con el argumento de que el Juzgado dejó de valorar pruebas que acreditan que tenía
el derecho, como el certificado del proceso de fijación de alimentos, el carné de
afiliación al programa de salud del magisterio, pruebas de octubre de 1998 que
denotaban que era la beneficiaria del causante y la declaración extra proceso del 18
de agosto de 2011, ante la Notaría Primera de Quibdó, en la que se corrigió la fecha
de la unión marital de hecho. Además, expresó que aportaba la sentencia dictada entre
las mismas partes y con idénticos fines, con la salvedad de que antes se demandó al
FOMAG y en este asunto a CAJANAL10.
1.1.6. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
14. El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 27 de octubre de 201711,
confirmó la providencia del 27 de enero de 2016 que negó las súplicas de la demanda
promovida por la señora Nitza Belén Palacios Hurtado contra CAJANAL, hoy UGPP.
15. En particular, precisó que en el caso concreto la parte demandada no sustentó
debidamente su recurso de apelación, sino que insistió en lo dicho en primera
instancia. De ahí que este documento no podía considerarse una alzada, lo que
impedía efectuar un juicio de valor sobre la decisión objeto de impugnación.
16. En gracia de discusión, expresó que la norma vigente para el momento del
fallecimiento del causante era la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003,
y que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de octubre de
2016, estableció las modalidades de la pensión de sobrevivientes. En este contexto,
dispuso que a partir del material probatorio allegado al proceso se concluía que la
señora Nitza Belén Palacios Hurtado no cumplió con el presupuesto de hecho exigido
por la norma aplicable relativo a la convivencia permanente durante al menos 5 años
anteriores a la muerte del causante. Advirtió que, aunque existía un acta de conciliación
prejudicial que declaró la unión marital de hecho, esta no evidenciaba, por sí sola, la
convivencia.
17. De manera que, en el caso bajo estudio para acceder al derecho pensional
reclamado era requerido que se demostrara el cumplimiento del requisito dispuesto en
el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. En este orden, debía demostrarse la
convivencia material y efectiva, la solidaridad y la ayuda mutua con el fallecido. Por
tanto, el Tribunal consideró que, al no satisfacerse las exigencias de que trata el artículo
247 del CPACA, confirmaría la sentencia apelada.
10 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C3.pdf, páginas 376 a 378.
11 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C4.pdf, páginas 22 a 38.
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1.2. Recurso extraordinario de revisión
18. La señora Nitza Belén Palacios Hurtado radicó recurso extraordinario de revisión,
el 26 de noviembre de 201812, contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2017
por el Tribunal Administrativo del Chocó, sustentada en que la decisión incurrió en la
causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA relativa a «ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que aquella fue dictada […]».
19. Como pretensión, le pidió a esta corporación que el derecho a sustituir radicara
en cabeza suya, en calidad de compañera permanente, con la distribución de partes
iguales entre esta y la cónyuge, como se decidió en la sentencia dictada el 21 de mayo
de 2013 por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Quibdó.
20. En sustento de lo anterior, afirmó que los jueces de primera y segunda instancia
abandonaron las pruebas contundentes que permitían demostrar la unión marital de
hecho existente entre ella y el causante, José Isidro Mena Moreno, lo que implicó una
violación al debido proceso. Por tanto, aclaró que aportaba estos documentos al
presente recurso extraordinario de revisión.
21. En este orden, identificó como «OMISIONES» que el Juzgado no haya emitido
un pronunciamiento sobre su carné de beneficiaria, la utilización de los servicios
médicos asistenciales del Chocó el 15 de octubre de 1998, la afiliación al programa del
magisterio y el carné de beneficiaria de fecha 24 de noviembre de 2004. Consideró que
estos documentos eran prueba suficiente del derecho que tenía a reclamar la pensión
de sobreviviente, desde 1998 y hasta el 5 de mayo de 2010, cuando falleció el causante.
De suerte que, cumplió con los requisitos dispuestos en la Ley 100 de 1993, modificada
por el artículo 47 de la Ley 797 de 2003.
22. Manifestó que a pesar de que puso de presente esta situación en el recurso de
apelación que presentó en sede ordinaria, esto es, que no se valoraron ciertas pruebas,
el Tribunal se limitó a mencionarlas sin evaluar su contundencia de conformidad con la
manifestación que en vida realizó el señor José Isidro Mena Moreno, quien afirmó
expresamente que convivía con ella. Por tanto, se dejó de lado la garantía del debido
proceso.
23. Luego de lo expuesto, refirió que la causal invocada era la contenida en el
numeral 8 del artículo 250 del CPACA, porque en sentencia dictada el 21 de mayo de
2013, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Quibdó hizo un análisis
consciente del derecho a la sustitución pensional, lo que le permitió ordenar el remplazo
de la pensión post mortem del causante en partes iguales entre la cónyuge y la
compañera permanente.
12 Cuaderno principal, folio 14.
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1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
24. Esta corporación, a través de auto del 20 de mayo de 202113, admitió el recurso,
ordenó notificar a la UGPP y al Ministerio Público para que, si lo consideran pertinente,
contestaran dentro del término de 10 días y le reconoció personería al apoderado del
recurrente.
25. La apoderada de la UGPP allegó memorial de contestación en el que indicó que
no tiene vocación de prosperar la única pretensión planteada por la recurrente porque
la causal invocada no está probada. En particular, hizo referencia a que no se configuró
la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA frente a la cual el Consejo
de Estado ha previsto que deben concurrir determinados requisitos, los cuales no están
satisfechos en el caso concreto, por lo siguiente:
• El proceso en el cual se dictó la sentencia del 21 de mayo de 2013, por el Juzgado
Tercero Administrativo de Descongestión de Quibdó, fue adelantado contra la
Nación, FOMAG y el departamento del Chocó, mientras que aquel en que se emitió
la sentencia discutida fue promovido contra la UGPP. De ahí que no se cumplía con
el presupuesto de identidad jurídica de partes.
• Seguidamente, tampoco hay identidad de objeto entre estos dos trámites, toda vez
que en el primero se reclamó la nulidad de la Resolución núm. 0262 del 26 de enero
de 2011 expedida por FOMAG y, en el segundo, se pidió la anulación de la
Resolución núm. UGM 037884 del 12 de marzo de 2012 que emitió CAJANAL, en
liquidación.
26. Por consiguiente, para la entidad, como los actos administrativos demandados
son distintos, esto desvirtúa la cosa juzgada. Adicionalmente, expresó que este
mecanismo no podía utilizarse para cuestionar la actividad interpretativa ni la
valoración probatoria realizada por el juez. Tampoco podía emplearse para que el
afectado con la decisión propusiera cuestiones que no alegó oportunamente en el
proceso, como ocurría en el trámite de la referencia. En este sentido, alegó que ha
actuado de buena fe conforme a la normativa vigente. Por ende, pidió no acceder a lo
pedido, esto es, no tener por acreditados los presupuestos legales y jurisprudenciales
de la causal invocada14.
27. A través de auto del 25 de noviembre de 202115, se incorporaron como pruebas
las allegadas por la recurrente y se ordenó oficiar al Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó para que remitiera la totalidad del expediente judicial que
contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Finalmente, le reconoció
13 Cuaderno principal, folios 69 y 70.
14 Samai, índice 11, 6_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 11.
15 Cuaderno principal, folios 73 y 74.
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personería a la abogada de la entidad recurrida. En atención a que la Secretaría libró
el oficio correspondiente, el Juzgado dio cumplimiento a lo solicitado 16.
28. Aunque el expediente ingresó al despacho para sentencia el 1 de julio de 2022,
el 2 de noviembre de 202317 se profirió auto en el que se ordenó vincular a la señora
Gladys Yanila Córdoba de Mena, como tercera con interés directo en el presente
trámite, en la medida en que fungió como parte dentro del proceso ordinario cuyo fallo
de segunda instancia se revisa, en calidad de cónyuge supérstite del señor José Isidro
Mena Moreno.
29. En consecuencia, se libró despacho comisorio para que surtiera la notificación,
se ordenó poner a disposición de esta todas las actuaciones judiciales y se le requirió
para que constituyera apoderado judicial. Adicionalmente, se ordenó la corrección del
tipo de proceso en el Sistema de Gestión Judicial Samai, ante la advertencia de que
figuraba erróneamente como un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
30. La señora Gladys Yanila Córdoba de Mena, por conducto de apoderada judicial,
intervino en este trámite y manifestó que el análisis probatorio no podía ser distinto a
aquel que efectuaron los jueces en las dos instancias, lo que los conllevó a confirmar
que le asistía el derecho. En este orden, pidió despachar desfavorablemente el recurso
de revisión y mantener incólume la sentencia18.
31. Seguidamente, se profirió auto el 23 de septiembre de 202519 en el que se
ordenó oficiar al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó para que
enviara con destino a este proceso el expediente ordinario radicado al núm. 2011-00222
en el que fueron partes la señora Nitza Belén Palacios Hurtado y la Nación, FOMAG,
departamento del Chocó.
32. Se dispuso que una vez allegada la prueba, y sin necesidad de auto, el
expediente ingresaría al despacho para sentencia, entendiéndose cerrada la etapa
probatoria. Igualmente se aclaró que del expediente que ya había enviado el Juzgado
no se correría traslado a las partes porque estas ya conocían su contenido. En este
sentido, una vez la autoridad judicial dio cumplimiento a lo requerido, el expediente de
la referencia reingresó al despacho, de conformidad con la orden dictada, para proferir
sentencia20.
16 Samai, índice 23.
17 Cuaderno principal, folios 80 a 81.
18 Samai, índice 35.
19 Samai, índice
20 Samai, índices 47 y 48.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
33. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Nitza Belén Palacios Hurtado, contra la sentencia del 27 de
octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA21.
2.2. Oportunidad
34. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 27 de octubre de 2017, se notificó
el 5 de diciembre de 2017 y, por ende, quedó ejecutoriada 3 días después en los
términos del artículo 302 del CGP. En este contexto, como la señora Nitza Belén
Palacios Hurtado interpuso el recurso extraordinario de revisión el 26 de noviembre de
2018, según el sello de recibido que obra a folio 14 del cuaderno principal, su radicación
fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA22.
2.3. Legitimación en la causa
35. La señora Nitza Belén Palacios Hurtado y la UGPP están legitimadas en la causa
para ser partes en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y
demandada en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho 23. En
igual sentido, la intervención de la señora Gladys Yanila Córdoba de Mena resulta
necesaria por su participación en dicho proceso24.
2.4. Problemas jurídicos
36. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala definir si es procedente infirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, el 27 de octubre de 2017.
37. En particular, deberá precisar si en el caso en concreto se configura la causal de
revisión dispuesta en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, relativa a ser la sentencia
contraria a una anterior que constituya cosa juzgada entre las partes, porque el derecho
pensional debía concederse en partes iguales para la cónyuge y la compañera
permanente, en los términos en que se resolvió en la sentencia del 21 de mayo de 2013,
21 «De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
22
«El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
23 El Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó admitió la demanda interpuesta por al señora Nitza Belén
Palacios Hurtado, mediante auto del 31 de julio de 2012, contra CAJANAL en liquidación, hoy UGPP.
24 Cabe aclarar que, aunque en el proceso ordinario también se vinculó a Carmen Yamila Mena Córdoba, en calidad
de hija mayor del causante, esta allegó memorial en el que manifestó que no le asistía interés en las resultas de
dicho trámite, razón por la cual el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó, en audiencia del 13 de mayo de
2016, la desvinculó del proceso.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00120-00 (0568-2019)
Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Quibdó, dentro
del expediente con radicado núm. 2011-00222.
38. Para resolver el citado problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance
de la causal prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA atinente a la existencia
de una sentencia previa que constituya cosa juzgada entre las partes; y, en tercer lugar,
resolverá el caso concreto.
2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
39. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA25.
40. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA 26, para casos en que la decisión judicial
está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre
otros27.
41. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»28.
42. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
43. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]» 29.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-11463-00.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00120-00 (0568-2019)
Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»30.
2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA: ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
44. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 8, establece como causal:
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
45. De esta normativa emana que la ocurrencia de este supuesto, previsto como
causal de revisión, encuentra su génesis en el instituto procesal de la cosa juzgada que
se nutre del contenido del artículo 29 de la Constitución Política, de modo que esta tiene
por finalidad garantizar, «[…] la inmutabilidad, inimpugnabilidad y obligatoriedad del
fallo frente a todo eventual proceso futuro que pueda iniciarse sobre el mismo objeto»31.
46. Bajo este entendido, el instituto procesal de la cosa juzgada propende por la
salvaguarda de la seguridad jurídica ligada al derecho fundamental a la sentencia en
firme, sin que esté proscrito, en todos los escenarios, reabrir el debate judicial que ha
terminado, porque esto puede ocurrir con el surgimiento de hechos nuevos presentados
luego de que la decisión ha adquirido un carácter definitivo y vinculante.
47. Para nutrir de contenido el alcance de esta causal de revisión, es preciso
remontarse al artículo 189 del CPACA, relativo a los efectos de la sentencia, pues en este
se evocó la cosa juzgada en los siguientes términos:
[…] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la
causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en
ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un
acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus
decretos reglamentarios.
30 Ibidem.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 5
de julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
11
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00120-00 (0568-2019)
Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo
237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada
constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento,
producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la
misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien
hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la formalidad del
registro de acuerdo con la ley. […].
48. De esta forma, a partir del contenido de esta norma citada, resulta evidente que
una de las características de la sentencia judicial es que hace tránsito a cosa juzgada,
figura que está amparada en la presunción de veracidad de la decisión, su carácter
definitivo, y la separación entre el juzgador y su sentencia, en la medida en que de esta
es posible predicar la irrevocabilidad.
49. Ahora bien, comoquiera que el CGP funge como norma supletiva para los asuntos
en los que el legislador no previó una disposición expresa en el CPACA32, es preciso
reforzar lo anterior con el contenido del artículo 303 del CGP que explícitamente alude a
la cosa juzgada, como sigue:
[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos
por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas
las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.
50. Esto implica que, para que en el marco de una controversia exista cosa juzgada,
es necesario que exista identidad de objeto, de causa y de partes entre ambos asuntos
sobre los cuales se pretende establecer una coincidencia.
32 Artículo 306 del CPACA.
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
51. El alcance de esta hipótesis de revisión ha sido desarrollado por la jurisprudencia
de esta corporación, al considerar que la causal 8 del artículo 250 del CPACA tiene lugar
cuando concurren los siguientes supuestos:
[…]
1. Que existan dos sentencias contradictorias.
2. Que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en
que fue dictada.
3. Que en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada.
El último de los requisitos señalados tiene un ingrediente adicional al exigírsele al
recurrente demostrar la imposibilidad de haber propuesto al interior del proceso ordinario,
la cosa juzgada como excepción, bien sea porque estuvo representado por curador ad-
litem, o porque ignoraba la existencia del proceso anterior, puesto que no puede
premiarse la inactividad o negligencia de quien pudiendo alegar este hecho exceptivo
oportunamente no lo hace, y pretende, luego de concluido el proceso de manera
desfavorable a sus intereses, corregir su inactividad a través de este recurso
extraordinario, pasando por alto que los términos procesales son preclusivos y deben
cumplirse en aras de un correcto desarrollo de los principios constitucionales del debido
proceso, el derecho de defensa y de contradicción, aunado a la buena fe y lealtad
procesal que orientan las actuaciones de las partes procesales.
Además de lo anterior, para los efectos de esta causal, ha de entenderse que la alusión
a un término nuevo o segundo proceso deben analizarse lógicamente en relación con un
primer o anterior proceso, pues solamente cuando se inicia un proceso entre las mismas
partes y sobre el mismo asunto, luego de haberse proferido sentencia en otro anterior,
podría argumentarse que este segundo pretende revivir lo ya decidido en contravía del
propósito de la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones contradictorias sobre
un mismo asunto y entre las mismas partes. […]33.
52. Por tanto, la jurisprudencia de esta corporación, que ha analizado la aplicación
de esta causal a casos concretos, ha sistematizado los requisitos para su configuración
de la siguiente manera, y ha hecho la salvedad de que todos deben concurrir, de suerte
que la falta de alguno de estos impide que la causal se estructure34:
-La existencia de una sentencia ejecutoriada, en firme y que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en el que esta se profirió.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente
11001-03-15-000-2001-00118-01.
(REV), MP. Gerardo Arenas Monsalve.
34 Al efecto, se consultó la sentencia proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado el 5 de julio de 2024, dentro del exp. 11001-03-15-000-2022-
03940-00. En esta providencia se sistematizaron los requisitos necesarios para la configuración de la causal de
revisión del numeral 8 del artículo 250 del CPACA, haciendo alusión a la siguiente providencia: «[…] sentencia de
29 de octubre de 2020, radicado11001-03-25-000-2016-00065-00, Subsección “A” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado […]».
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
-Adelantar un segundo proceso judicial luego de que la sentencia proferida en el
primero cobró ejecutoria.
-La existencia de triple identidad entre ambos procesos judiciales, esto es: i) identidad
de partes - «[…] sujetos procesales obligatorios (sujetos activo y pasivo, y litisconsortes
necesarios); es decir, que sean los mismos en ambos procesos» 35; ii) identidad de
objeto, o lo que se pretende con la demanda; e iii) identidad de causa, vinculada a la
razón o la motivación que dio lugar a la demanda.
-La ausencia de proposición de la excepción de cosa juzgada, porque en caso de que
esta se hubiere planteado y negado, no habría lugar a predicar la causal de revisión del
numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
-La sentencia emitida en el segundo proceso judicial debe contrariar aquella dictada en
el primero, siempre que en estos concurra la triple identidad mencionada.
2.7. Caso concreto
53. La señora Nitza Belén Palacios Hurtado interpuso recurso extraordinario de
revisión en el que afirmó que tenía derecho a la sustitución reclamada con distribución
de partes iguales con la cónyuge del causante, como se decidió en la sentencia dictada
el 21 de mayo de 2013 por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de
Quibdó, dentro del expediente con radicado núm. 2011-00222.
54. En particular, refirió que en la citada providencia se hizo un análisis consciente
del derecho a la sustitución pensional, lo que motivó a ordenar el remplazo de la pensión
post mortem del causante en partes iguales entre la cónyuge y la compañera
permanente. Por tanto, consideró que en la sentencia recurrida se incurrió en la causal
de revisión contenida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
55. De lo visto, se tiene que la recurrente pretendió cuestionar por la vía de este
recurso extraordinario de revisión una sentencia ejecutoriada, contra la cual no procede
apelación por ser una providencia de segunda instancia, y utilizó como sustento una de
las causales de revisión previstas por el ordenamiento jurídico.
56. No obstante, de una lectura de los cargos incorporados en esta sede judicial, se
extrae que no sustentó los motivos por los cuales la providencia del 21 de mayo de
2013 constituía cosa juzgada entre las partes del proceso, existía triple identidad entre
ambos asuntos, y se adelantó el segundo proceso judicial después de que la sentencia
proferida en el primero cobró ejecutoria. En otras palabras, la recurrente no abordó los
supuestos que permitían estructurar la causal de revisión de que trata el numeral 8 del
artículo 250 del CPACA.
35 Ibidem.
14
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
57. Con todo, de una verificación de estos presupuestos, la Sala realiza el siguiente
comparativo:
«Tabla 1, comparativo entre ambos procesos»
Proceso radicado al núm. 2011-00222 Proceso radicado al núm. 2012-00068
Partes • Demandante: Nitza Belén Palacios • Demandante: Nitza Belén Palacios
Hurtado Hurtado
• Demandada: Nación, FOMAG, • Demandada: Cajanal en Liquidación
departamento del Chocó. (UGPP)
• Vinculada: Gladys Yanila Córdoba de • Vinculada: Gladys Yanila Córdoba de
Mena Mena
Objeto Declarar la nulidad de la Resolución núm. Declarar la nulidad de la Resolución núm.
0262 del 26 de enero de 2011, en sus UGM 037884 del 12 de marzo de 2012, que le
artículos segundo y cuarto, que dejaron en negó a la actora el reconocimiento pensional
suspenso el 50% del derecho reclamado y con ocasión a la solicitud presentada por su
adujeron existir conflicto entre Nitza Belén cónyuge, la señora Gladys Yanila Córdoba de
Palacios y Gladys Yanila Córdoba de Mena. Mena.
Igualmente, que se anule la Resolución núm.
0256 de la misma fecha, en su artículo 3, que A título de restablecimiento del derecho,
por las mismas causas suspendió el 50% de declarar que la señora Nitza Belén Palacios
los valores reconocidos por seguro derivado tiene derecho a la sustitución de la pensión del
del deceso. causante.
A título de restablecimiento del derecho,
declarar que la señora Nitza Belén Palacios
tiene derecho a la sustitución de la pensión
del causante, al igual que las prestaciones
por muerte (seguro).
Causa El señor José Isidro Mena Moreno era El señor José Isidro Mena Moreno era docente
docente pensionado, razón para que su pensionado por CAJANAL, razón para que su
compañera permanente le solicitara al compañera permanente le solicitara a esta
FOMAG la sustitución pensional y el pago de entidad el reconocimiento y pago de la
las prestaciones, que se negaron a través de pensión, que fue negada mediante la
la Resolución núm. 0262 del 26 de enero de Resolución núm. 037884 del 12 de marzo de
2011. 2012.
58. De lo anterior se desprende que, aunque la recurrente fue demandante en ambos
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, no hay identidad de partes porque
el radicado al núm. 2011-00222 se dirigió contra la Nación, FOMAG, departamento del
Chocó, mientras que el núm. 2012-00068 se dirigió contra CAJANAL, hoy UGPP.
59. En igual sentido, el objeto de ambos trámites es distinto porque mientras que en
el núm. 2011-00222 se pretendió la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 0262
del 26 de enero de 2011 que dejó en suspenso el 50% del derecho reclamado y adujo
que existía conflicto entre cónyuge y la compañera permanente, y, además, se pidió la
anulación de la Resolución núm. 0256 de la misma fecha que suspendió los valores
15
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00120-00 (0568-2019)
Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
que se reconocieron por seguro derivado del deceso, en el proceso con núm. 2012-
00068 se pidió la anulación de la Resolución núm. 037884 del 12 de marzo de 2012.
60. Así las cosas, los actos administrativos demandados difieren entre sí, en su
contenido, y de ahí se deduce que el restablecimiento del derecho reclamado también
fue distinto en ambos asuntos, ya que en el primero se buscó no solo la sustitución
pensional sino el pago de las prestaciones derivadas de la muerte, mientras que el
segundo se limitó a reclamar por el derecho pensional.
61. Por último, aunque la causa versa sobre un derecho pensional, lo cierto es que
en el trámite núm. 2011-00222 el fundamento de la Resolución núm. 0262 del 26 de
enero de 2011 fue el reclamo de la sustitución pensional derivada de la «[…] pensión
mensual de jubilación» que en vida recibía el señor José Isidro Mena Moreno, concedida
mediante la Resolución núm. 00601 del 14 de noviembre del 2000, por el FOMAG, como
docente con vinculación nacionalizada, en el municipio de Quibdó, y con situado fiscal.
De ahí que este acto administrativo fue expedido por el administrador temporal del
sector educativo en el departamento del Chocó, de conformidad con las leyes 91 de
1989, el Decreto 2831 de 2005 y la Ley 965 de 2005, entre otras disposiciones.
62. Igualmente, se profirió la Resolución núm. 0256 del 26 de enero de 2011 que se
derivó del reconocimiento y pago de un seguro por muerte como consecuencia del
fallecimiento del docente José Isidro Mena Moreno.
63. Por su parte, como se desprende de los documentos que obran en el proceso
núm. 2012-00068, la Resolución núm. UGM 037884, del 12 de marzo de 201236, la
expidió el liquidador de CAJANAL en cumplimiento, entre otras, de la Ley 100 de 1993, y
con el sustento de que al causante se le reconoció pensión de jubilación gracia37,
mediante la Resolución núm. 016835 del 16 de diciembre de 199638, efectiva a partir
del 19 de septiembre de 1995.
64. En consecuencia, entre ambos asuntos no existe triple identidad, lo que impide
estructurar la causal de revisión invocada. Además, a ello habría que agregar que el
36 Samai, índice 23, 20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20220526(.zip)
NroActua 23, C1.pdf, páginas 17 a 23 del archivo digital.
37 Así se extrae del contenido de la Resolución núm. 3147 del 9 de junio de 2005, expedida por la Caja Nacional de
Previsión Social E.I.C.E, en la cual se consignó que: «[…] esta entidad mediante la Resolución núm. 016835 del 16
de diciembre de 1996 reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación gracia a favor del (a) señor(a) JOSÉ
ISIDRO MENA MORENO […] en cuantía de […] efectiva a partir del 19 de septiembre de 1995». Igualmente, de
los antecedentes administrativos incorporados al trámite judicial, el señor José Isidro Mena Moreno reconoció que
«[…] la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de la Resolución núm. 016835 del 16 de diciembre de 1996,
reconoció y ordenó pagar a mi mandante, pensión de jubilación, denominada pensión “GRACIA” con efectividad a
partir de la fecha en que adquirió el estatus pensional».
38
Mediante la cual la Subdirección General de Prestaciones Económicas de CAJANAL reconoció y ordenó el pago
de una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del señor José Isidro Mena Moreno, a cargo del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional, en atención a que nació el 19 de septiembre de 1945, por lo que contaba
con 50 años de edad y determinado tiempo de servicios. Por ende, adquirió el estatus jurídico en este último
momento y, por tanto, dio aplicación a las leyes 33 y 62 de 1985. Igualmente, consideró que eran aplicables las
leyes 4 de 1966, 33 y 62 de 1985, decretos 81 de 1976, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y que se cumplían los
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, en sus artículos 1, 3, y 4.
16
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
segundo trámite se inició el 26 de julio de 2012, cuando todavía no se había proferido
la sentencia en el proceso núm. 2011-00222 y, por tanto, esta no habría cobrado
ejecutoria. De suerte que, tampoco se acreditaría el presupuesto de que se inició un
segundo proceso judicial luego de que la sentencia en el primero cobró ejecutoria.
65. En refuerzo de lo expuesto, la Sala pone de presente que la señora Nitza Belén
Palacios Hurtado, más que fundamentar los motivos por los cuales la sentencia
guardaba triple identidad con el asunto que ya había sido resuelto en sentencia del
2013, pretende utilizar la causal invocada para poner de presente que debió haberse
concedido su derecho como se hizo en aquella oportunidad. Lo anterior, porque en su
criterio, los jueces de primera y de segunda instancia no valoraron debidamente las
pruebas que de forma contundente permitían demostrar la existencia de la unión marital
de hecho entre ella y el causante, lo que enlistó bajo la denominación de «OMISIONES»
y consideró que ello incidió en la violación de su derecho fundamental al debido
proceso.
66. Por tanto, reprochó que las autoridades judiciales no se pronunciaron sobre su
carné de beneficiaria, la utilización de los servicios médicos asistenciales del Chocó el
15 de octubre de 1998, la afiliación al programa del magisterio y el carné de beneficiaria
de fecha 24 de noviembre de 2004, documentos que permitían demostrar los requisitos
dispuestos en la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 47 de la Ley 797 de 2003.
Es más, aunque manifestó que esta situación la puso de presente en su recurso de
apelación en sede ordinaria, adujo que el Tribunal se limitó a hacer referencia a las
pruebas sin evaluar su contundencia en el caso puntual.
67. De lo expuesto, se advierte que la intención de la recurrente es utilizar la causal
octava de revisión para cuestionar la valoración probatoria del Tribunal, y pretender que
la apreciación de su litigio sea exactamente igual a la que el Juzgado tuvo al momento
de dictar el fallo del 21 de mayo de 2013. Esto, así planteado, no es posible por la vía
de este mecanismo excepcional, dado que los supuestos invocados no se encuadran
en el alcance de la cosa juzgada, en cambio, están dirigidos a sugerir una valoración
de los medios de convicción como si el recurso extraordinario de revisión fuera una
tercera instancia judicial.
68. Sobre este particular, la jurisprudencia de la Sección ha sido enfática en indicar
que el recurso de revisión deviene de la transgresión de elementos externos al
proceso, razón por la cual «[…] los errores en que haya podido incurrir el juez al decidir
son aspectos ajenos al recurso […]»39.
69. Al respecto, cabe aclarar que a pesar de que la recurrente alegó que se violó su
derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que el artículo 29 de la Constitución
Política no está previsto, al menos literalmente, como una de las causales que habilitan
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00(1763-13).
17
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00120-00 (0568-2019)
Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
el recurso extraordinario de revisión en los términos del artículo 250 del CPACA. Frente
al particular, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado ha
considerado que procede el recurso extraordinario de revisión en determinados eventos
supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido
proceso, sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia que está prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
70. De ahí que, no cualquier violación al debido proceso que emane,
genéricamente, del artículo 29 de la Constitución Política, da lugar a la configuración
de una causal de revisión, sino solo en los escenarios que expresamente ha
reconocido la jurisprudencia, lo que hace que el análisis de la Sala deba restringirse a
la causal contenida en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA, que fue la que
expresamente invocó la señora Nitza Belén Palacios Hurtado.
71. Por consiguiente, la respuesta al problema jurídico es negativa, porque en el
caso concreto no se configuró la causal de revisión dispuesta en el numeral 8 del
artículo 250 del CPACA, relativa a ser la sentencia contraria a una anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes.
2.8. Conclusión
72. Por las razones expuestas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión.
2.9. Costas
73. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario40 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe41.
74. Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en
atención a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte
recurrente haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente
asunto.
40 La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
41 Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
18
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Recurrente: Nitza Belén Palacios Hurtado
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Nitza Belén Palacios Hurtado, contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2017,
por el Tribunal Administrativo del Chocó, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: Archivar el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
19
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