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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00163-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00163-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión instaurado por Asmet Salud EPS S.A.S. contra la sentencia del 15 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío. SEGUNDO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00163-00

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: ASMET SALUD EPS S.A.S.
Demandado: FRANCISCO JAVIER ORREGO GALLEGO Y OTROS
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: Causal quinta de revisión – nulidad originada en la sentencia contra la que no
procede recurso de apelación / Congruencia interna – correspondencia entre la parte motiva
y resolutiva de la sentencia / Congruencia externa – coherencia entre la decisión, los
argumentos de la demanda, la contestación de la demanda y los recursos o excepciones
interpuestos / fallo extra petita como causal de incongruencia.

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión que
presentó Asmet Salud EPS porque no se configuró la causal quinta de revisión1. La
sentencia de segunda instancia no incurrió en un fallo extra petita. En aplicación
del principio iura novit curia el Tribunal interpretó que la demanda pidió la
indemnización del daño a la salud atribuible a la mora en autorizar la cirugía en el
ojo.

II. ANTECEDENTES

El proceso de reparación directa2

2. El 3 de noviembre de 2012, el señor Francisco Javier Orrego Gallego sufrió
picaduras de avispas en el cuero cabelludo y el ojo derecho, en el municipio de
Betania, Antioquia. Acudió al servicio de salud y el 22 de enero de 2013, en el marco
de la atención por la picadura, le encontraron catarata en el ojo y ordenaron cirugía
para removerla. Tras meses de espera injustificada, el 26 de noviembre del mismo
año obtuvo la autorización cuando ya no tenía visión y la cirugía era inútil.

3. El 29 de abril de 2015, el señor Francisco Javier Orrego Gallego y su núcleo
familiar3 presentaron demanda de reparación directa contra Asmet Salud EPS
S.A.S. (en adelante la EPS), Estudios Oftalmológicos S.A.S. y las E.S.E. Hospital
San Vicente de Paúl de Génova, Quindío, y Hospital Departamental Universitario
del Quindío San Juan de Dios de Armenia, para que se les declarara responsables
por la falla del servicio consistente en la demora en la autorización de la cirugía de
catarata que generó la pérdida de oportunidad en recuperar la visión.

4. El 2 de julio de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia profirió
sentencia de primera instancia. Declaró probada la falta de legitimación en la causa
por pasiva de Estudios Oftalmológicos S.A.S. y de las E.S.E. Hospital San Vicente

1 Artículo 250, Ley 1437 de 2011: “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y

contra la que no procede recurso de apelación”.
2 Proceso con radicación 66001-23-31-000-2010-00405-00/01.
3 Señores María Odilia Gallego de Orrego y Luis Alfonso Orrego.

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

de Paúl de Génova y Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan
de Dios de Armenia. Así mismo, declaró responsable a la EPS.

5. Explicó que no se reunían los elementos de la pérdida de oportunidad porque
no se probó la posibilidad de recuperar la visión con la cirugía prescrita. Sin
embargo, dijo que se vulneró el derecho a la salud por la mora en la expedición de
la autorización de la cirugía:

«el daño en el sub lite consiste en la zozobra y sufrimiento que generó la mora en la
autorización y práctica de las tecnologías en salud del paciente lo que se traduce en
un trato indigno (…) pues el señor FRANCISCO JAVIER ORREGO GALLEGO tenía
un problema de visión en su ojo derecho que requería de unos procedimientos
médicos para tratarlo; en virtud de ello debe analizarse la vulneración al derecho a la
salud.(...) y la falla consiste en la negligencia al autorizar al señor Francisco Javier
Orrego las tecnologías en salud ordenadas por su especialista tratante para evitar la
pérdida de la visión del ojo derecho».

6. La EPS apeló. Se violó el principio de congruencia porque el Tribunal varió la
causa petendi de pérdida de oportunidad al “sufrimiento o zozobra por la mora en
la autorización de los servicios requeridos”.

7. En sentencia del 15 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Quindío confirmó la decisión de primera instancia. Tras el análisis integral de la
demanda, concluyó que esta no solo alegó la pérdida de oportunidad, también la
mora en la autorización de los procedimientos quirúrgicos que afectó el derecho a
la salud del paciente. El juez no incurrió en incongruencia ni vulneración del debido
proceso, pues la EPS conoció y controvirtió tal imputación desde la contestación de
la demanda4.

8. Asimismo, estableció que existió una mora injustificada superior a seis meses
en la autorización del procedimiento, lo que constituyó una falla en la prestación del
servicio de salud, independientemente del pronóstico del paciente.

9. Para el Tribunal, la zozobra y el sufrimiento derivados de dicha tardanza
configuraron un daño autónomo a la salud y a la dignidad humana, con nexo causal
acreditado, criterio respaldado por la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado. Citó las sentencias dictadas por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, el 27 de abril de 20115, el 15 de febrero de 20126 y el 9 de
agosto de 20187, en las que se adoptaron posturas similares.

El recurso extraordinario de revisión

10. El 21 de septiembre de 2023, la EPS a través de apoderado judicial presentó
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia del 15

4 Esto dijo el Tribunal en segunda instancia en el proceso ordinario: “de la lectura del contenido de

la misma se puede extraer de manera clara, tanto del fundamento fáctico – hechos de la demanda -
como del jurídico – análisis de la imputación -, que además de una pérdida de oportunidad, se
pretende la declaratoria de responsabilidad de la parte demandada por la lesión en sí misma del
derecho a la salud consistente en la garantía de recibir una atención médica oportuna, con calidad y
eficiente, traducida en una mora en el trámite administrativo de autorización de unas intervenciones
quirúrgicas al señor Francisco Orrego quien padecía una enfermedad visual como consecuencia de
la picadura de avispas en su ojo derecho”.
5 Rad. 17001-23-31-000-1996-08017-01(20502).
6 Rad. 17001-23-31-000-1997-03045-01(21636).
7 Rad. 85001-23-31-000-2010-00024-01(43841).

2

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

de septiembre de 2022 que dictó el Tribunal Administrativo del Quindío.

11. Invocó la causal de revisión del numeral 5º8 del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, con el siguiente sustento:

12. La demanda de reparación directa atribuyó responsabilidad a las
demandadas bajo el título de imputación de pérdida de oportunidad. Sin embargo,
el juzgado de primera instancia y el Tribunal Administrativo del Quindío declararon
responsable a la EPS con fundamento en la falla del servicio por la autorización
tardía de la cirugía. Esto configuró un fallo extra petita y vulneró el principio de
congruencia y el derecho de defensa porque sus argumentos defensivos se
dirigieron a controvertir la inexistencia de una pérdida de oportunidad por no realizar
la cirugía de cataratas, no la mora en la expedición de la autorización que no fue
propuesta en la demanda.

13. Si el asunto se analizó «desde un punto de vista distinto al de la pérdida de
oportunidad como perjuicio autónomo», no se podía cercenar la posibilidad de
ejercer el derecho de defensa.

14. En todo caso, la probabilidad de recuperación de la visión era baja por la
gravedad de la lesión. Además, el procedimiento era inviable dada la ceguera del
ojo y porque se requería un donante. Además, el paciente no acudió en tiempo
cuando sufrió la picadura de avispa.

Trámite impartido

15. El auto del 11 de octubre de 20239 inadmitió el recurso para que la parte
recurrente acreditara su envío y de los anexos a los demandados. Subsanado el
defecto, el auto del 28 de noviembre de 2023 lo admitió.

16. El 21 de mayo de 2024 se requirió a la EPS para que informara los datos de
notificación de los señores Francisco Javier Orrego Gallego, María Odilia Gallego
de Orrego y Luis Alfonso Orrego. Como no se pudo conseguir la información, en
auto del 3 de junio de 2025 se ordenó emplazarlos a través del Registro Nacional
de Personas Emplazadas10.

17. Los demandados no comparecieron al proceso y en auto del 21 de agosto
de 2025 se designaron tres abogados como curadores ad litem. Una de las
abogadas aceptó la designación y contestó la demanda oportunamente11.

Contestación de la demanda

18. La curadora ad litem que representó a los demandados12 pidió negar las
pretensiones de la demanda. Dijo que no se configuró la causal de revisión
invocada y no es posible reabrir la discusión del proceso de reparación directa o

8 Artículo 250. Causales de revisión. «Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
9 Índice 4 SAMAI.
10 Conforme al artículo 10 de la Ley 2213 de 2022.
11 Índice 86 de SAMAI.
12 Señores Francisco Javier Gallego Orrego, María Odilia Gallego de Orrego y Luis Alfonso Orrego.

3

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

hacer una nueva valoración probatoria.

19. En su concepto, el Tribunal hizo una lectura integral de la demanda y
estableció que existía una pretensión de resarcir el daño por la tardía e ineficiente
prestación del servicio. Así mismo, la EPS se defendió frente a la mora en la
autorización del servicio y «no hubo sorpresa procesal ni indefensión».

20. El juez podía adecuar la calificación jurídica de los hechos y las pretensiones
conforme al principio de iura novit curia (el juez conoce el derecho). Además, la
motivación de la sentencia es clara, suficiente y legítima.

III. CONSIDERACIONES

21. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
conforme al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 13 del
Reglamento del Consejo de Estado13.

22. No se configura causal de nulidad que invalide lo actuado. Asmet Salud EPS
está legitimada para interponer el recurso porque integró la parte demandada en el
proceso de reparación directa y lo presentó a tiempo14.

Problema jurídico

23. ¿La sentencia de segunda instancia del 15 de septiembre de 2022 incurrió
en la causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 por
infringir el principio de congruencia al fallar extra petita?

Tesis

24. Se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. La sentencia
de segunda instancia no incurrió en un fallo extra petita. En aplicación del principio
iura novit curia el Tribunal interpretó que la demanda pidió la indemnización del
daño a la salud atribuible a la mora en autorizar la cirugía de cataratas.

25. La controversia sobre el fallo extra petita fue materia del recurso de
apelación en el proceso ordinario, pero resuelta desfavorablemente a Asmet Salud
EPS. El recurso extraordinario no es el escenario para reabrir un debate que se
surtió y definió ante el juez natural como si se tratara de una tercera instancia.

26. Se desarrollarán los siguientes capítulos: (i) generalidades del recurso
extraordinario de revisión, (ii) alcance de la causal quinta de revisión del numeral
5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, (iii) solución al caso concreto y (iv)
condena en costas.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

27. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de

13 Acuerdo No. 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
14 El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal quinta de revisión es de

un año, contado desde la ejecutoria de la sentencia que se cuestiona, conforme al artículo 251 del
CPACA. En este caso, la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 21 de septiembre de
2022, el plazo para interponer el recurso extraordinario vencía el 22 de septiembre de 2023. La
demanda se presentó oportunamente un día antes.

4

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Las causales de revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 del CPACA y
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

28. Este medio de impugnación busca dejar sin efecto sentencias contrarias a la
justicia y al derecho, para que se dicte una nueva decisión ajustada a la ley15.

29. Es un mecanismo judicial autónomo, independiente del proceso de origen,
que inicia con una demanda con los requisitos del artículo 252 del CPACA y tiene
un trámite expedito que no admite el decreto de medidas cautelares16.

30. El recurso extraordinario de revisión no es procedente para cuestionar el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia o la valoración
probatoria que efectuó y tampoco es una oportunidad para subsanar omisiones o
falencias de las partes durante el proceso ordinario. Su estudio se restringe a las
causales taxativamente establecidas por el legislador y no puede ser empleado
como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o jurídico 17.

31. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en determinar con
precisión la causal de revisión que se invoca. Los motivos y hechos que le sirven
de fundamento deben ser claros y estar estrechamente relacionados con el vicio
alegado18.

Alcance de la causal de revisión del numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011

32. La causal quinta de revisión consagra el supuesto: «existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

33. El legislador no identificó los eventos que generan la nulidad de la sentencia.
Sin embargo, esta Corporación estableció que se configura en los supuestos de
nulidad del artículo 133 del Código General del Proceso o cuando se vulnera el
derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política19.

34. En sentencia del 31 de mayo de 201120, la Sala Plena identificó ciertos

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, rad. 25000-

23-26-000-2003-01589-01.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 14 de agosto de 2018,

rad. 11001-03-15-000-2017-02078-01.
17 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 14 de mayo de 2025, rad.

11001-03-15-000-2019-02422-00. En el mismo sentido, sentencias del 3 de junio de 2021, de la
Sección Cuarta, rad. 11001-03-27-000-2019-00049-00; del 1º de octubre de 2019, de la Sala 21
Especial de Decisión, rad. 11001-03-15-000-2017-00811-00; del 1º de octubre de 2019, de la Sala
23 Especial de Decisión, rad. 11001-03-15-000-2018-03188-00; del 26 de mayo de 2010 y del 15 de
febrero de 2018, de la Sección Tercera, rad. 20001-23-31-000-2001-01504-01(35.221) y 68001-23-
31-000-1998-00756-01(39906).
18 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, rad.

11001-03-15-000-2019-00450-00 y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
unificación del 8 de mayo de 2018, rad. 11001-03-15-000-1998-00153-01.
19 Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,

sentencias del 3 de febrero de 2015 y del 1 de octubre de 2019, rad. 11001-03-15-000-1998-00157-
01 y 11001-03-15-000-2017-00811-00; y Sala Especial de Decisión No. 21, sentencia del 3 de
diciembre de 2019, rad. 11001-03-15-000-2014-01303-00.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-

00294-00, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

5

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

escenarios que generan la nulidad de la sentencia:

“… la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia21, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta22, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión23 o, en estos casos, antes
de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al
previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
motivación”24.

35. Más adelante, en sentencia del 8 de mayo de 201825, la Sala Plena de esta
Corporación amplió los supuestos de la causal quinta de revisión y estableció que
la nulidad de la sentencia también ocurre cuando se dicta un fallo inhibitorio sin
fundamento.

36. Adicionalmente, el cargo de nulidad debe tener origen en la sentencia, en
hechos que sobrevengan con posterioridad a ella y, excepcionalmente, antes de la
emisión del fallo cuando la nulidad no pudo ser advertida por el recurrente en el
curso del proceso26. En cualquier caso, la configuración de la causal de nulidad
debe ser determinante en la decisión, al punto de que, de no haberse presentado,
esta hubiera sido distinta27.

37. El principio de congruencia está consagrado en el artículo 281 del Código
General del Proceso, aplicable al asunto por remisión expresa del artículo 306 de
la Ley 1437 de 2011. Se refiere a la identidad jurídica que debe existir entre lo
resuelto y las pretensiones y excepciones planteadas, salvo que la ley otorgue
facultades o competencias oficiosas al juzgador.

38. El Consejo de Estado ha diferenciado la congruencia interna y la externa. La
primera alude a la correspondencia entre la parte motiva y resolutiva de la
sentencia, y la segunda a la concordancia entre la decisión y lo pedido en la
demanda, su contestación o el recurso o excepción interpuesto28. El fallo extra

21 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre

de 1997, Rad. REV-080”.
22 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de

1998, Rad. REV-093”.
23 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad.

REV-1998-00170”.
24 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de

2005, Rad. REV-062”.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, rad.11001-03-15-000-1998-153-

01.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de abril de

2004, rad.11001-03-15-000-1996-0132-01.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de

2009, rad. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de
abril de 2015, Rad. 25000-23-26-000-2008-00319-01, entre otras.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de

2002, rad. 76001-23-24-000-1997-4345-01(12668), y Sección Segunda, Subsección B, rad. 11001-
03-25-000-2013-00838-00.

6

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

petita es una forma de violación al principio de congruencia externa y se presenta
cuando el juez concede algo distinto a lo pedido por las partes, y desconoce el juicio
de legalidad que exige atenerse a lo alegado y solicitado en el proceso, «salvo
especialísimos casos que resulten imprescindibles para proteger algún derecho
fundamental que se advierta vulnerado»29.

Solución al caso concreto

39. Para que se configure la causal quinta de revisión deben concurrir tres
requisitos: i) la existencia de una sentencia que ponga fin al proceso, ii) que contra
esta no proceda el recurso de apelación y iii) que la nulidad se origine en dicha
sentencia y no en un momento procesal anterior30.

40. Los demandantes en el proceso de reparación directa pretendieron la
indemnización de la pérdida de oportunidad en recuperar la visión por la mora en
la expedición de la autorización para la cirugía del ojo. Además, solicitaron la
indemnización del lucro cesante, perjuicios morales, daño a la vida de relación y el
daño a la salud.

41. En aplicación del principio iura novit curia31 y por virtud la autonomía
judicial32, el juez de la reparación directa estaba llamado a interpretar la demanda.
En ejercicio de ese deber33 consideró que el daño consecuencia de la falla en el
servicio fue la vulneración al derecho a la salud porque las pretensiones incluyeron
la indemnización de ese bien constitucionalmente protegido34.

42. En el recurso de apelación, la EPS alegó la violación del principio de
congruencia porque en la demanda se pidió la indemnización de la pérdida de
oportunidad y no la vulneración del derecho a la salud.

43. El Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la sentencia de primera
instancia y descartó que se tratara de un fallo extra petita:

“… de la lectura del contenido de la misma se puede extraer de manera clara, tanto

29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 26 de noviembre de 2020, rad. 76001-23-31-

000-2010-00604-01(22672) y del 27 de agosto de 2020, rad. 76001-23-33-000-2014-00456-
01(24533).
30 Sentencia del 27 de febrero de 2026, Sección Tercera, Subsección B, Consejo de Estado,

expediente: 11001-03-26-000-2024-00168-00 (72.225).
31 En sentencia SU-056 de 2025, la Corte Constitucional estableció que en virtud de este principio

«traducido al español como ‘el juez conoce del derecho’, la carga del accionante consiste en
presentar el fundamento fáctico de sus pretensiones, mientras que al juez le corresponde la
interpretación y adecuación de los hechos a las instituciones jurídicas que sean aplicables a las
situaciones planteadas por el accionante, o, dicho de otra manera: ‘corresponde al juez la aplicación
del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber
para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los
conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del
hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen’».
32 En auto del 19 de agosto de 2016, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

en el proceso con radicado 25000-23-36-000-2015-02529-01 (57380) explicó que «el juez en el
marco de su autonomía funcional y siendo garante del acceso efectivo a la administración de justicia,
debe interpretar de manera integral, y como un todo, el escrito de demanda extrayendo el verdadero
sentido y alcance de la protección judicial deprecada por quien acude a la jurisdicción».
33
Es deber del juez interpretar la demanda. Artículo 42, numeral 5 del Código General del Proceso.
34 La pretensión dice así: “Daño a la salud. Se reconocerá y pagará a favor del señor Francisco Javier

Gallego (víctima directa), el equivalente en pesos colombianos a cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento de quedar en firme la sentencia definitiva como
consecuencia de la afectación a la integridad psicofísica”.

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

el fundamento fáctico – hechos de la demanda – como del jurídico – análisis de
imputación, que además de una pérdida de oportunidad, se pretende la declaratoria
de responsabilidad (…) por la lesión en sí misma del derecho a la salud consistente
en la garantía de recibir una atención médica oportuna con calidad y eficiente,
traducida en una mora en el trámite administrativo de autorización de unas
intervenciones quirúrgicas al señor Francisco Orrego quien padecía una enfermedad
visual…”.

44. Lo que demuestra el proceso ordinario es que la sentencia de segunda
instancia avaló la aplicación del principio iura novit curia y descartó los argumentos
de la apelación ante la inexistencia de un fallo extra petita por parte del juez.

45. Así las cosas, no se configura el tercer requisito de la causal quinta de
revisión porque el reproche de incongruencia surgió en la sentencia de primera
instancia, al punto que ese fue el tema de la apelación como la oportunidad idónea
para someter a revisión la congruencia del juez.

46. El debate sobre la incongruencia como vicio de nulidad lo definió el Tribunal
Administrativo y es improcedente acudir al recurso extraordinario de revisión para
reabrir ese punto del proceso ordinario como si se tratara de una tercera instancia.

47. Finalmente, las críticas al sentido de la decisión, por la valoración probatoria
y la interpretación jurídica que hizo el Tribunal, o porque, en criterio de la EPS
existía baja probabilidad de recuperación del paciente, el procedimiento era
inviable, se necesitaba un donante y el afectado fue negligente, son alegatos
propios del proceso ordinario no admisibles en este escenario por resultar ajenos a
la finalidad del recurso extraordinario de revisión.

48. Por lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

Condena en costas

49. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, establece que se condenará en costas cuando se declare infundado el
recurso extraordinario de revisión.

50. En este caso habría lugar a imponer condena en costas a cargo de la parte
demandante. Sin embargo, la Sala se abstendrá de hacerlo35 porque la intervención

35 La imposición de condena en costas en el recurso extraordinario de revisión no tiene una postura

unánime en el Consejo de Estado. La mayoría de secciones y salas especiales considera que el
artículo 255 del CPACA estableció un criterio objetivo, según el cual las costas proceden cuando se
declara infundado el recurso. No obstante, el criterio mayoritario de la Sección Segunda considera
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de ponderación
subjetiva, que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe (rad. 11001-03-25-000-2019-
00120-00(0568-2019)). La Sala 13 Especial de Decisión, a su turno, considera que las costas son
improcedentes cuando se invocan las causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
porque en esos casos se ventila el interés público de protección del erario (rad. 11001-03-15-000-
2019-04879-00(6081).
En cuanto a la posibilidad de reconocer, dentro de las costas, los honorarios del curador ad litem,
también se encuentran diferentes posturas. En sentencia del 22 de mayo de 2024 (rad. 11001-03-
15-000-2012-02117-00), la Sala Quinta Especial de Decisión reconoció agencias en derecho a favor
del curador ad litem que representó a una de las partes. Otras salas estiman que como el cargo de
curador ad litem se ejerce de forma gratuita, según el artículo 48 del CGP, no se deben reconocer
costas en esos casos (Sala 19 Especial de decisión, sentencia del 19 de mayo de 2025, rad. 11001-
03-15-000-2022-03022-00(4849); Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 28 de octubre de 2024,

8

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00163-00 (70449)
Demandante: Asmet Salud EPS S.A.S.
Demandado: Francisco Javier Orrego Gallego y otros
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

de la parte demandada se hizo a través de curador ad litem quien desempeñó su
cargo de forma gratuita, conforme al artículo 48, numeral 7º36 del CGP y no obra en
el expediente prueba de gastos debidamente justificados para la defensa de los
representados.

51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
instaurado por Asmet Salud EPS S.A.S. contra la sentencia del 15 de septiembre
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Ausente con permiso

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.

rad. 11001-03-15-000-2020-04910-00, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia del 16 de marzo de
2026, rad. 11001-03-15-000-2022-01574-00).
Ese último criterio fue acogido por esta Subsección en sentencia del 20 de abril de 2026, rad. 11001-
03-26-000-2024-00183-00(72249), y se reitera en esta providencia.
36 Artículo 48. Designación. «Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las

siguientes reglas: (…)
7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión,
quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de
forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos
como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir
el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán
copias a la autoridad competente».

9

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