Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00450-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Recurso extraordinario de revisión: en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2019-00450-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2019-00450-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
6 de agosto de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – En medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Generalidades
[E]l recurso extraordinario de revisión, hoy establecido en el artículo 248 del CPACA, es una excepción al principio de cosa juzgada, según el cual, una vez en firme una sentencia, no es procedente una nueva discusión sobre el asunto decidido. Así pues, para la procedencia de este medio extraordinario de impugnación, no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez. Igualmente, la Corporación ha precisado que a través de este recurso extraordinario no es posible reabrir el debate objeto de análisis en las respectivas instancias ni subsanar posibles errores en que pudieron incurrir las partes en la demanda, en su contestación o en su actividad probatoria
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 248
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal primera / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Por haberse recobrado documento después de dictada sentencia
De acuerdo al contenido de la causal, la Sala advierte que para su configuración resulta indispensable reunir los siguientes requisitos: i) debe tratarse de una prueba documental, que haya sido encontrada o recobrada después de haberse proferido la sentencia, es decir, no se refiere a pruebas nuevas y posteriores, sino existentes, ii) que no pudieron aportarse por causas ajenas a la voluntad del recurrente (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria), eventos que deben probarse, y iii) que sea tan determinante, que de haber sido tenida en cuenta se hubiera proferido una decisión diferente. (…)
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 1
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a los requisitos para estimar configurada la causal primera de revisión ver Sala 19 Especial de Decisión, sentencia del 4 de junio de 2019, Exp. REV-2015-02494, M.P. Dr. William Hernández Gómez, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de octubre de 2015, Exp. 20708, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En similar sentido, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de agosto de 2018, Exp. 2013-00153-00(0368-13), M.P. Dr. Rafael Francisco Súarez Vargas, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de noviembre de 2005, Exp. 1999-00218, M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 28 de julio de 2016, Exp. 2013-00835-00(1736-13), M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez
PRUEBA APORTADA – Documento recobrado / DOCUMENTO RECOBRADO – Carga argumentativa para acreditar capacidad de variar decisión objeto de revisión / FALENCIAS PROBATORIAS – No pueden subsanarse en recurso de revisión
[L]a Sala advierte que la prueba aportada es de carácter documental y reúne la condición de existir para la época en que se tramitó el proceso, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 1º de octubre de 2012 y la sentencia objeto del recurso se profirió el 7 de diciembre de 2017. En esas condiciones, se trata de una prueba recobrada, en tanto, la parte actora tenía conocimiento de su existencia y no fue aportada durante el trámite ordinario, aspecto este último que el recurrente afirma obedeció, de un lado, a que no fue allegada dentro de los antecedentes administrativos que fueron solicitados a la Policía Nacional en la primera instancia -por obra de la parte contraria- y, de otro, por razones de fuerza mayor, debido a que por las inundaciones que se presentaron en el municipio de Chía en el 2011, lugar donde tenía su residencia, muchos documentos personales se extraviaron debido a los innumerables trasteos que tuvo que realizar.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 1
FUERZA MAYOR – no se encuentra configurada / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REFVISIÓN – Se declara infundado
[L]a Sala advierte que si a juicio del recurrente, la prueba objeto de análisis era trascendental para el análisis del asunto debatido, bien pudo pedirla directamente a la institución demandada y allegarla con la demanda, o solicitar en la demanda que se oficiara a la Oficina de Retiros de Talento Humano de la Policía Nacional para que fuera aportada al proceso, tal como lo señaló la Sección Segunda Subsección B en el fallo objeto del recurso extraordinario. Además, si el demandante advirtió que los antecedentes administrativos allegados por el ente demandado no estaban completos, como ahora lo señala en el recurso extraordinario, debió ponerlo en conocimiento del juez de primera instancia para que la solicitud de renuncia del 26 de enero de 2012 fuera remitida. En cualquier caso, si el documento fue recobrado a finales del 2015, como se afirma en el recurso, el demandante pudo allegar dicha prueba en el trámite de segunda instancia, teniendo en cuenta que la sentencia impugnada se profirió el 7 de diciembre de 2017. En relación con la fuerza mayor aducida (…) la Sala observa que tal hecho no impacta en la imposibilidad de haber aportado dicha prueba en el trámite ordinario, pues la solicitud de renuncia objeto de análisis fue presentada el 26 de enero de 2012, es decir, con posterioridad a la situación que se señala como constitutiva de fuerza mayor. (…) [E]l recurso extraordinario de revisión no es la oportunidad para subsanar las falencias en que incurrieron las partes en la actividad probatoria. Por lo demás, y solo en gracia de discusión si se aceptara la fuerza mayor alegada, la Sala observa que en el recurso no se sustenta de manera concreta por qué la solicitud de retiro del 26 de enero de 2012 hubiera permitido una decisión diferente en la sentencia objeto del recurso extraordinario.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00450-00(REV)
Actor: CÉSAR AUGUSTO PINZÓN ARANA
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: Generalidades del recurso extraordinario de revisión – documentos encontrados o recobrados después de dictada la sentencia.
FALLO
La Sala Once Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor César Augusto Pinzón Arana, contra la sentencia del 7 de diciembre de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante la cual confirmó el fallo de 13 de marzo de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Demanda
El 1º de octubre de 2012, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el señor César Augusto Pinzón Arana, mediante apoderado, solicitó que se declare la nulidad del Decreto 0641 del 29 de marzo de 2012, expedido por el Ministro de Defensa Nacional, por medio del cual fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional.
A título de restablecimiento del derecho pidió el reintegro al cargo que venía desempeñando, el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo y la indemnización de los perjuicios morales y materiales ocasionados.
Invocó como normas violadas, las siguientes:
Artículos 1, 2, 25, 53, 125, 217, 218 y 220 de la Constitución Política.
Artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 54 del Decreto 1791 de 2000.
Artículo 111 del Decreto 1950 de 1973.
En los fundamentos fácticos de la demanda, el apoderado del actor señaló que el señor Pinzón Arana estuvo vinculado a la Policía Nacional desde el 12 de febrero de 1980 hasta el 29 de marzo de 2012, fecha en la que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 0641, lo retiró del servicio.
Indicó que, para el momento del retiro, el actor tenía el rango de Brigadier General y se desempeñaba como director de la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Manifestó que el 27 de agosto de 2011 fallecieron 5 policías pertenecientes al Departamento de Policía del Cesar, hecho que generó un llamado de atención al actor por parte del General ® Oscar Naranjo Trujillo y a partir del cual se desencadenó la presión para presentar la solicitud de retiro.
Señaló que el demandante y el ex director de la Policía Nacional, el General ® Oscar Naranjo Trujillo se reunieron en el despacho de este último, con el fin de acordar un ofrecimiento por parte de la institución que consistía en realizar un viaje al exterior, ya fuera en comisión de estudios o en calidad de diplomático en una embajada como Agregado de la Policía.
Afirmó que según lo acordado en la reunión y luego de la transmisión de mando de la Dirección de Antinarcóticos, salió de vacaciones mientras se adelantaban los trámites y requerimientos necesarios para su designación como Agregado de la Policía Nacional en Italia, lo cual finalmente nunca se concretó, al parecer, por una queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación, por la supuesta adquisición por parte del actor de una vivienda con dineros provenientes de actividades ilícitas, pero frente a la cual no se había proferido decisión disciplinaria.
Argumentó que presentó dos solicitudes de retiro del servicio, la primera, el 26 de enero de 2012, la cual fue radicada y recibida por el Capitán César A. Aristizábal, y dado que en el mes de febrero no hubo contestación a su petición, se contactó con el Jefe de Retiros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, quien le manifestó vía correo electrónico que por instrucciones de la oficina jurídica de la institución, debía cambiar los términos de la petición, por lo que, atendiendo a las instrucciones señaladas realizó una nueva solicitud de retiro que fue recibida el 31 de enero de 2012.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
a) Falsa Motivación: La Administración desconoció la honra, buen nombre y dignidad del demandante, por cuanto le endilgaron falsas responsabilidades, por la presunta culpa en el fallecimiento de los policías del Municipio de González –Cesar, lo cual dejó en duda los logros obtenidos durante los años en que prestó sus servicios a la institución y en los que se distinguió por su capacidad estratégica, táctica y operacional, así como por el liderazgo que le permitió mostrar diferentes resultados en la lucha contra la delincuencia organizada.
Explicó que se le vulneró el derecho al trabajo, pues fue inducido a tomar unas vacaciones con base en la confianza depositada en sus superiores y por la promesa de un nuevo cargo que nunca se cumplió, razón por la cual quedó en un limbo laboral sin funciones y sin ningún tipo de explicación sobre su futuro dentro de la institución.
Destacó que, si bien el retiro se produjo de conformidad con el artículo 54, numeral 1 del Decreto 1791 de 2000, esto es, por voluntad propia, la renuncia no obedeció a la libre y espontánea voluntad del demandante, pues las pruebas aportadas indican que no tenía la más mínima intención de separarse del cargo, sino que su dimisión fue producto del apremio de la Administración y de la situación de indefinición a la cual se vio sometido.
Señaló que, de acuerdo con el artículo 111 del Decreto 1950 de 1973, la renuncia debe ser espontánea e inequívoca y no debe ser tenida en cuenta aquella presentada con algún vicio del consentimiento, por tanto, de acuerdo con la situación fáctica descrita, se puede concluir que la renuncia del Brigadier General Pinzón Arana no fue libre ni espontánea.
b) Desviación de poder: Adujo que, en el caso particular, la Policía Nacional dejó al demandante en el “limbo laboral”, toda vez que no le fueron asignadas funciones ni mucho menos se dirigieron a él de manera oficial para informarle que se habían suspendido los trámites de su nombramiento como agregado de la Policía en Italia.
c) Principio de buena fe y confianza legítima: De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política y el desarrollo jurisprudencial sobre el principio de confianza legítima, manifestó que el actor tenía la expectativa de ser nombrado como agregado de Policía en Italia, por los trámites que adelantaron las autoridades competentes en el asunto, y por el compromiso que había adquirido su inmediato superior jerárquico en la Policía Nacional, es decir, confió en que sus superiores actuaban de buena fe cuando le propusieron que pidiera sus vacaciones y esperara su nombramiento en el exterior, sin contar con que más adelante, por razones que se desconocen y sin tener en cuenta su trayectoria profesional, dicho nombramiento no se efectuaría.
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 13 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:
El Tribunal precisó que analizada la solicitud de retiro se concluye que ninguna de las expresiones que allí aparecen, refleja que detrás de la incuestionable dimisión que contiene, pueda existir presión o coacción alguna, por mínima que fuera.
Sostuvo que no se pudo probar que el General ® Oscar Naranjo Trujillo hubiera insinuado o ejercido presión para que el actor solicitara el retiro y que, en el eventual caso en que se presentara la insinuación, el Consejo de Estado ha señalado que la misma no configura por sí un vicio de la voluntad que conlleve a la declaratoria de nulidad del acto de retiro, toda vez que, dentro de los funcionarios de alto nivel, la sugerencia es un mecanismo válido para proporcionar a dichos servidores una oportunidad decorosa para retirarse del servicio.
Señaló que el Brigadier General ® Pinzón Arana se definió en su declaración como una persona con carácter fuerte, quien era difícilmente presionable, que se enfrentaba a diario a situaciones de tensión y de exigencia de mando a quien no le temblaba el pulso ni la voz para tomar decisiones, de modo que no resulta comprensible que un oficial de tan alto rango hubiese cedido a las manipulaciones, presiones o insinuaciones que asegura haber sufrido.
En relación con la modificación de la solicitud de retiro, el Tribunal indicó que no resulta lógico que en dos ocasiones haya presentado la renuncia y ahora aduzca que fue presionado, cuando perfectamente pudo retractarse de su decisión y abstenerse de presentar una nueva carta, de acuerdo con los requerimientos exigidos por la institución.
Por otra parte, en relación con el ofrecimiento realizado al demandante para ser nombrado Agregado en Italia, el Tribunal explicó que, si bien se allegó un gran caudal probatorio que da cuenta del trámite que se adelantó al respecto, lo cierto es que dicha posibilidad de designación no constituye un derecho dentro de la carrera de oficiales, sino que fue una mera expectativa que no se concretó, y no por ello se puede concluir que fue engañado y tampoco que por tal motivo devino su retiro.
El Tribunal estimó que en el evento en que se estableciera que el incumplimiento de esa promesa fue la razón que originó el retiro del señor Pinzón Arana, esto no implica que la demandada actuara de forma maliciosa para llevar a la toma de dicha decisión, puesto que la designación en ese cargo no es competencia exclusiva de la Policía Nacional, sino que en ella participan otras entidades como lo son los ministerios de Defensa Nacional y el de Relaciones Exteriores.
SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Mediante sentencia del 7 de diciembre de 2017, la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, confirmó el fallo de primera instancia.
Estimó la Sala que el problema jurídico planteado consistía en determinar si el Brigadier General ® Cesar Augusto Pinzón Arana fue presionado por parte del entonces director de la Policía Nacional, el General ® Oscar Naranjo Trujillo, para que presentara por solicitud propia el retiro del servicio, pues aparentemente sería perjudicado su buen nombre y, además, fue engañado a través de la promesa de ser nombrado Agregado Militar en Italia.
La Subsección se refirió a lo dispuesto en los artículos 6 del Decreto 573 de 1995, 54 del Decreto Ley 1791 de 2000 y 1º de la Ley 857 de 2003, que regulan el retiro de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, así como a los artículos 55 numeral 6º del Decreto 1791 de 2000, 49 del Decreto 1800 de 2000, 22 del Decreto 1791 de 2000, sobre el retiro de agentes por voluntad del Gobierno Nacional o del Director General de la Policía Nacional.
Luego de relacionar el material probatorio recaudado en el proceso y referirse al alcance que la jurisprudencia y la doctrina le han otorgado a la desviación de poder, la Sala transcribió la solicitud de retiro del servicio que presentó el demandante el 31 de enero de 2012 ante el Presidente de la República y señaló que no encuentra ninguna evidencia de presión por parte de algún superior, dado que se observa la manifestación propia, espontánea y dirigida a dejar la carrera policial.
Lo anterior, por cuanto, en primer lugar, el citado escrito constituye una declaración propia, en la medida en que está suscrita por el demandante; en segundo lugar, porque contiene la manifestación inequívoca, esto es, libre de condicionamientos; y, finalmente, porque en su redacción no se desprende algún indicio o prueba que sugiera que el señor César Augusto fue obligado a presentar su retiro del servicio.
La Sala destacó de la solicitud de retiro, que refleja la intención concluyente y sincera de abandonar su carrera policial por voluntad propia, con fundamento en la enunciación de sus principales logros a lo largo de su carrera, agradeciendo a quienes lo apoyaron en el desarrollo de su labor y sin mencionar una situación en particular que dejara entrever alguna irregularidad que estuviera en contra de la presunción del buen servicio.
Igualmente, en el fallo se destaca que, aunque el demandante afirmó haber presentado una carta de retiro el 26 de enero de 2012 que fue objeto de cambio atendiendo a los supuestos lineamientos impartidos por la Oficina Jurídica de la Policía Nacional, lo cierto es que dentro del plenario no se encuentra tal documento, en aras a determinar si, en efecto, cambió sustancialmente su intención y si estaba inmersa en algún vicio que pueda viciar su voluntad.
En relación con la mencionada carta del 26 de enero de 2012, la Subsección indicó que «Téngase en cuenta que si el documento es una prueba representativa de un hecho, se debió arrimar al plenario la citada carta de retiro o, en su defecto, solicitar que se oficiara a la Oficina de Retiros de Talento Humano de la Policía Nacional para que fuera allegado, situación que no ocurrió y por ello no [es] posible valorar si en realidad fue disuadido para que la presentara de conformidad a ciertas recomendaciones, expresadas en el correo electrónico del 6 de marzo de 2012».
Frente al testimonio del Brigadier General ® Oscar Gamboa Arguello se concluye en el fallo que el testigo no relató nada que comprometiera la voluntad de retiro del señor Pinzón Arana, pues solo hace referencia a una reunión que se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2011, sin embargo, no fue testigo directo de la presunta coacción alegada por el demandante.
Sobre los hechos sucedidos el 27 de agosto de 2011, en el que fallecieron 5 policías y que, según afirma el apoderado del demandante, justifican la razón por la cual fue presionado para presentar el retiro del cargo, la Sala transcribió otros apartes del testimonio del Brigadier General ® Oscar Gamboa Arguello, para señalar que si bien se hace una descripción detallada de lo sucedido, no se advierte un nexo causal entre la muerte de los policías y la presentación de la carta del retiro del servicio por parte del actor.
Con base en el examen conjunto de las pruebas, la Subsección concluyó que no se evidencia ninguna presión que hubiera recibido el demandante para que presentara su retiro del servicio, ya que se demuestra que fue un acto propio, con un solo fin y espontáneo; y de otro, que no se probó de manera fehaciente, que dicha solicitud estuviera alejada del interés general y del buen servicio, pues entre otras cosas, era deber del demandante desvirtuar la decisión de la Administración. Agregó que, en todo caso, la coacción o presión no era suficiente para viciar el consentimiento del actor, pues estaba en la libertad de rechazar la insinuación o pretensión de retiro.
En cuanto al presunto engaño por parte de su superior a través de la promesa que sería Agregado Militar, la Sala analizó las pruebas allegadas y señaló que existía todo el ánimo e intención por parte del Director General de la Policía Nacional para surtir ese trámite, sin embargo, aunque se desconocen las razones por las cuales no se perfeccionó su nombramiento, lo cierto es que tal incumplimiento no lo obligaba a presentar su retiro del servicio ni mucho menos se puede considerar que ello vicia la legalidad del acto acusado, dado que estos ofrecimientos no son obligatorios y bien podía la entidad demandada hacer uso del llamamiento a calificar servicios.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El señor César Augusto Pinzón Arana, mediante apoderado, interpuso recurso extraordinario de revisión, para que se infirme la sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Como sustento del recurso invocó la causal 1a prevista en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), por haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Afirmó que en la demanda, concretamente en los hechos 33 a 35, se indicó que el 26 de enero de 2012 el señor Pinzón Arana presentó la solicitud de retiro voluntario de la Policía Nacional, la cual fue radicada y recibida por el Capitán César A. Aristizábal, pero que al no obtener respuesta de la entidad, se contactó con el Jefe de Retiros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, quien le manifestó que por instrucciones de la Oficina Jurídica debía cambiar los términos de la solicitud para que fuera aceptada, para lo cual le envió un correo electrónico con las instrucciones para su modificación y, con base en dicho correo, corrigió y reformó la solicitud para que se le diera trámite.
Resaltó que los anteriores hechos fueron aceptados por la parte demandada en su contestación y, no obstante que, en el auto del 8 de abril de 2013, proferido por la magistrada sustanciadora de primera instancia, se ordenó a la Policía Nacional allegar los antecedentes administrativos, el ente demandado no aportó el escrito que contenía la solicitud inicial de retiro.
Manifestó que, para el momento de presentación de la demanda, no pudo allegar el documento por razones de fuerza mayor.
Expuso que en el año 2011 tuvo que salir de su vivienda en el condominio San Jacinto ubicado en el municipio de Chía, con ocasión de las inundaciones ocurridas en toda la región, situación que constituye un hecho notorio y generó inestabilidad absoluta en las actividades de su hogar, en el manejo de archivos, en razón a que fue preciso realizar innumerables trasteos a partir de dicho suceso, además, de la vulnerabilidad de su seguridad personal, motivo por el cual no se pudo aportar el documento con la presentación de la demanda, a pesar de haber hecho una búsqueda exhaustiva y averiguaciones con la familia y con los integrantes de la escolta.
Señaló que solo hasta finales del año 2015, quien fungió como jefe del esquema de seguridad y fue el encargado de entregar y radicar los dos documentos de retiro, se comunicó para expresarle que al organizar y clasificar sus documentos encontró algunos que eran de interés para el actor, entre ellos, el documento que hoy se aporta como prueba irrefutable para tramitar el recurso extraordinario de revisión.
Sostuvo que el documento recobrado, en los términos del artículo 250 del CPACA, «es precisamente, una copia de la primera solicitud de retiro que presento mi mandante ante el director General de la Policía para su trámite, la cual aparece recibida por su entonces ayudante personal, el señor Capitán CÉSAR A. ARISTIZABAL, quien al recibir el documento CONSIGNÓ en la copia, de su puño y letra la siguiente anotación: “Recibí CT. CESAR A. ARISTIZABAL 26 DE ENE 2012 1700 HRS”».
Afirmó que, conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con la prueba recobrada y aportada en el recurso extraordinario, el documento cumple estrictamente con los presupuestos jurisprudenciales así:
“A) Efectivamente la prueba recobrada es un documento decisivo.
B) La prueba documental ha sido recobrada después de la fecha en que se dictó la sentencia de primera instancia, esto es, después del trece (13) de marzo de 2014.
C) La prueba ya existía para el momento en que se presentó la demanda en Acción de Nulidad y restablecimiento del Derecho, pero el actor no la tenía en su poder y el extremo demandado no la aportó como se indicó en los hechos y omisiones. Este documento, esta prueba, solo fue posible obtenerla una vez terminado el proceso. Tal documento contiene las fechas de su elaboración y presentación y son anteriores a las fechas de los fallos de primera y segunda instancia.
D) Tal documento no fue obtenido antes por razones de fuerza mayor o caso fortuito,” (…)
E) La prueba documental recobrada, (…), es de tal entidad, que puede ser perfectamente estudiada y analizada, producir una decisión contraria a la consignada en las decisiones de primera y segunda instancia. (…)».
TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 11 de febrero de 2019, se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar personalmente a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, para que lo contestara, si a bien lo tenía, y pidiera pruebas dentro del término de 10 días, conforme lo previsto en el artículo 253 del CPACA y al Ministerio Público.
Intervenciones
El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad del recurso por cuanto, a su juicio, el actor pudo abstenerse de presentar su solicitud de retiro, si así lo hubiese querido, y continuar al servicio de la institución, ya que contaba con la suficiente capacidad intelectual para discernir libremente y para rechazar cualquier posible insinuación por parte de sus superiores.
Afirmó que es totalmente falso que el documento encontrado permitiera al Tribunal y al Consejo de Estado variar el sentido de sus pronunciamientos, pues en el recurso además de enlistar y seleccionar la presunta causal que da lugar al recurso, no argumenta ni demuestra el carácter decisivo del documento aportado, pues este no varía el sentido del retiro.
Señaló que el supuesto caso fortuito o fuerza mayor no es de recibo para que la prueba no haya podido ser aportada, prueba que además no reviste una importancia tal que permita descubrir una situación irregular dentro de la actuación de la demandada.
Sostuvo que si el actor no estaba seguro de retirarse de la institución contaba con la posibilidad de tomar una decisión autónoma que lo llevara a desistir de la solicitud presentada, lo cual no sucedió, sino que, por el contrario, radicó nuevamente una solicitud, pero que igual denota que en las solicitudes de retiro presentadas por el señor Pinzón Arana no recayó algún tipo de vicio, ni se insinúa constreñimiento o intimidación alguna por parte de la entidad.
Finalmente aseguró que el presente recurso no está llamado a prosperar, teniendo en cuenta que no se sustenta con claridad la justificación por la cual la prueba aportada se encuentra dentro de la causal para dar prosperidad al recurso extraordinario de revisión, pues lo que se percibe es que el actor pretende afectar la cosa juzgada del asunto dirimido en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través de una supuesta prueba la cual no define, modifica ni cambia la causa de su retiro.
El Ministerio Público solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión al considerar que, en ninguna parte del citado recurso se sustenta cómo el documento recobrado puede o podría variar la decisión adoptada, ya que la intención plasmada en el documento aportado no es distinta a la manifestada en la otra carta de renuncia, pues son esencialmente la misma y se diferencian únicamente en que el actor dijo que “estaría gustoso de seguir sirviendo”, posibilidad potencial, futura e incierta, pero inmediatamente afirmó que pedía autorizar su retiro lo más pronto posible para poder iniciar sus proyectos personales y familiares.
Por lo anterior, señaló que las consideraciones de la sentencia acusada se adecuan en lo esencial a las del escrito del 26 de enero de 2012, porque se manifiesta la decisión de retirarse del servicio y solicita, en ese sentido, la decisión del nominador, sin que en ninguna de las cartas de renuncia se advierta elemento alguno de presión.
En cuanto a la imposibilidad de aportar el documento indicó que, aunque se aceptara la inundación de su vivienda, como fuerza mayor, el documento hubiera podido ser aportado en segunda instancia puesto que, como lo afirma en el mismo recurso, este fue encontrado a finales de 2015, más aún si en su opinión era de tal trascendencia.
Finalmente expresó que la causal invocada carece de fundamento jurídico y soportes probatorios que le dieran consistencia, razón para estimar que no fue probada y no tiene vocación de prosperidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 y en los artículos 28 y 29 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala Once Especial de Decisión es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor César Augusto Pinzón Arana, contra la sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
2. Oportunidad en la interposición del recurso.
La sentencia contra la cual fue interpuesto el recurso extraordinario de revisión fue proferida el 7 de diciembre de 2017 por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado y quedó ejecutoriada el 7 de febrero de 2018.
Por consiguiente, dado que el término para interponer el recurso extraordinario de revisión es de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, al haberse presentado el 31 de enero de 2019, resulta oportuno.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el documento aportado por el recurrente reúne los requisitos previstos en la causal de revisión señalada en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA.
Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de revisión, a los presupuestos de la causal invocada por la parte recurrente y, finalmente, procederá al análisis del caso concreto.
4. Naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de revisión
Esta Corporación ha precisado que el recurso extraordinario de revisión, hoy establecido en el artículo 248 del CPACA, es una excepción al principio de cosa juzgada, según el cual, una vez en firme una sentencia, no es procedente una nueva discusión sobre el asunto decidido.
Así pues, para la procedencia de este medio extraordinario de impugnación, no solo es imperativo demostrar la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera inequívoca tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión, sino que tal demostración debe corresponder a las circunstancias fácticas señaladas taxativamente en la ley como causal de revisión y que en nada inciden con la actividad analítica o interpretativa del juez.
Igualmente, la Corporación ha precisado que a través de este recurso extraordinario no es posible reabrir el debate objeto de análisis en las respectivas instancias ni subsanar posibles errores en que pudieron incurrir las partes en la demanda, en su contestación o en su actividad probatoria.
5. De la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA
En el presente caso, la causal invocada por el recurrente es la prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 250.- Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
(…)
De acuerdo al contenido de la causal, la Sala advierte que para su configuración resulta indispensable reunir los siguientes requisitos: i) debe tratarse de una prueba documental, que haya sido encontrada o recobrada después de haberse proferido la sentencia, es decir, no se refiere a pruebas nuevas y posteriores, sino existentes, ii) que no pudieron aportarse por causas ajenas a la voluntad del recurrente (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria), eventos que deben probarse, y iii) que sea tan determinante, que de haber sido tenida en cuenta se hubiera proferido una decisión diferente.
En relación con el primer requisito mencionado, la Corporación ha indicado lo siguiente:
«Es preciso señalar que con la entrada en vigencia del CPACA se dio un alcance adicional a esta causal de revisión porque incorporó la expresión «encontrado», es decir, que ahora opera para la prueba encontrada y para la recobrada, a diferencia de lo regulado en el CCA que solo se refería a esta última posibilidad.
Al respecto, esta Corporación ha determinado que el término «recobrar» se entiende como volver a tomar o adquirir lo que antes se poseía o se tenía, es decir, que existió en la época en la que se tramitó el proceso pero estuvo refundida o extraviada. Por otra parte, el término «encontrar», alude semánticamente a algo que se halla y sobre lo cual no se estaba consciente de su existencia; es decir, para la causal específica se refiere a aquella prueba documental que nunca se había tenido o poseído, o nunca se supo de su existencia, y que se localizó o ubicó con posterioridad al fallo, por quien alega la causal.
Ambas acepciones implican que a) la prueba documental existía antes de proferirse la sentencia, y la parte interesada no pudo aportarla o solicitarla oportunamente ya sea por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria; b) se logró conseguir luego de terminado el proceso».
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la prueba en la que se fundamenta el recurso extraordinario de revisión debe existir al momento de proferirse la sentencia objeto de revisión, pues no se trata de mejorar una prueba o de producir otra con posterioridad a dicha sentencia, ya que de ser así nunca habría cosa juzgada.
En relación con el requisito sobre la imposibilidad de aportar el documento encontrado o recobrado en el curso del trámite ordinario del proceso, se observa que la causal establece expresamente que las razones para sustentar dicha imposibilidad solo pueden fundamentarse en eventos que constituyen fuerza mayor, caso fortuito o, en su defecto, por obra de la parte contraria, situaciones que deben ser probadas por el recurrente.
Al respecto, la jurisprudencia ha precisado lo siguiente:
«En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al artículo 1 de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.
La segunda causa -obra de la parte contraria- ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba».
En consecuencia, los eventos previstos en la causal impiden que el recurrente pueda «suplir su falta de actividad probatoria a través de un medio extraordinario de impugnación, como es el recurso de revisión. En ese aspecto, los sucesos citados deben ser probados por el recurrente».
Finalmente, en cuanto a la exigencia que los documentos sean decisivos, la jurisprudencia ha precisado que «la lectura correcta es que estos deben tener tanta trascendencia e incidencia frente al litigio, que si el juez los hubiera conocido en su momento habría tomado una decisión distinta a la adoptada en la sentencia contra la cual se formula el recurso extraordinario de revisión».
Puntualizado lo anterior, se procede al análisis concreto de las razones por las cuales se solicita la revisión de la sentencia aquí recurrida.
5. Caso concreto
El recurrente fundamenta la causal invocada con la solicitud de retiro que fue recibida el 26 de enero de 2012, por el CT. César A. Aristizábal, la cual se transcribe a continuación:
«Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
Presidente de la República de Colombia
Ciudad
Asunto: Solicitud retiro
Señor Presidente.
He tomado la decisión de solicitar mi retiro de la Policía Nacional, con la plena certeza de haber servido a mi Patria y a mi Institución, al haberme comprometido en la lucha por lograr la seguridad de los colombianos y cumpliendo con patriótico orgullo y con sentimientos que enaltecen el alma por el honor de haber sido parte de la institución policial.
Por lo anterior le pido a usted tenga a bien estudiar la posibilidad de concederme el retiro de la Institución, ya que el viaje como Agregado de Policía (sic) en Italia que me fue notificado oficialmente y el cual me había sido otorgado como reconocimiento a mi excelente labor por el Director General de la Policía Nacional, se fue diluyendo en el tiempo, viendo así frustrada mi posibilidad de seguir ascendiendo en el escalafón policial hasta llegar a ser Director de la Policía Nacional, para lo cual me preparé durante toda mi vida. De esta manera me aparto de mi ideal de continuar en la Institución policial que tanto amo y a la cual estaría gustoso de seguir sirviendo. A la vez le pido que su decisión de autorizar mi retiro de la Institución sea lo más pronto posible, para poder iniciar nuevos proyectos personales y familiares.
Me queda la satisfacción personal, motivos de orgullo para con mi familia y sentimientos y expresiones de gratitud para quienes apoyaron mi labor y compartieron los azares, éxitos y realizaciones durante mi vida profesional en la Policía Nacional.
Cordialmente,
Brigadier General CÉSAR AUGUSTO PINZÓN ARANA
(…)».
De acuerdo con los presupuestos de la causal invocada y que fueron analizados en el acápite anterior, la Sala advierte que la prueba aportada es de carácter documental y reúne la condición de existir para la época en que se tramitó el proceso, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 1º de octubre de 2012 y la sentencia objeto del recurso se profirió el 7 de diciembre de 2017.
En esas condiciones, se trata de una prueba recobrada, en tanto, la parte actora tenía conocimiento de su existencia y no fue aportada durante el trámite ordinario, aspecto este último que el recurrente afirma obedeció, de un lado, a que no fue allegada dentro de los antecedentes administrativos que fueron solicitados a la Policía Nacional en la primera instancia -por obra de la parte contraria- y, de otro, por razones de fuerza mayor, debido a que por las inundaciones que se presentaron en el municipio de Chía en el 2011, lugar donde tenía su residencia, muchos documentos personales se extraviaron debido a los innumerables trasteos que tuvo que realizar.
Al respecto, la Sala advierte que si a juicio del recurrente, la prueba objeto de análisis era trascendental para el análisis del asunto debatido, bien pudo pedirla directamente a la institución demandada y allegarla con la demanda, o solicitar en la demanda que se oficiara a la Oficina de Retiros de Talento Humano de la Policía Nacional para que fuera aportada al proceso, tal como lo señaló la Sección Segunda Subsección B en el fallo objeto del recurso extraordinario.
Además, si el demandante advirtió que los antecedentes administrativos allegados por el ente demandado no estaban completos, como ahora lo señala en el recurso extraordinario, debió ponerlo en conocimiento del juez de primera instancia para que la solicitud de renuncia del 26 de enero de 2012 fuera remitida.
En cualquier caso, si el documento fue recobrado a finales del 2015, como se afirma en el recurso, el demandante pudo allegar dicha prueba en el trámite de segunda instancia, teniendo en cuenta que la sentencia impugnada se profirió el 7 de diciembre de 2017.
En relación con la fuerza mayor aducida en el recurso y sustentada con diferentes notas de prensa sobre la inundación ocurrida en el año 2011 en el municipio de Chía así como con un registro fotográfico de la afectación que sufrió la vivienda del recurrente, pruebas que no fueron controvertidas, la Sala observa que tal hecho no impacta en la imposibilidad de haber aportado dicha prueba en el trámite ordinario, pues la solicitud de renuncia objeto de análisis fue presentada el 26 de enero de 2012, es decir, con posterioridad a la situación que se señala como constitutiva de fuerza mayor.
Ahora bien, aunque el recurrente también aduce que como consecuencia de las inundaciones sufridas tuvo que realizar varios trasteos lo cual generó inestabilidad en el manejo de sus documentos, la Sala reitera que, si la prueba fue recobrada a finales del 2015, podía haberla aportado al proceso ordinario, teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión fue proferida el 7 de diciembre de 2017.
En esas condiciones, la Sala precisa que el recurso extraordinario de revisión no es la oportunidad para subsanar las falencias en que incurrieron las partes en la actividad probatoria.
Por lo demás, y solo en gracia de discusión si se aceptara la fuerza mayor alegada, la Sala observa que en el recurso no se sustenta de manera concreta por qué la solicitud de retiro del 26 de enero de 2012 hubiera permitido una decisión diferente en la sentencia objeto del recurso extraordinario.
En efecto, teniendo en cuenta que los cargos aducidos en la demanda contra el acto acusado se concretaron en señalar que la solicitud de retiro obedeció a un vicio del consentimiento por las presuntas presiones del superior jerárquico del demandado y al incumplimiento de la promesa de ser nombrado agregado Militar en Italia, la Sala advierte que la prueba aportada con el recurso extraordinario de revisión no tiene el carácter determinante que permita modificar la decisión de la Sección Segunda Subsección B, pues a partir de las razones que allí se exponen, se puede concluir que la solicitud presentada por el señor Pinzón Arana fue voluntaria y espontánea, sin que pueda evidenciarse algún tipo de coacción o que haya sido inducido a tomar la decisión de retirarse del servicio activo de la Policía Nacional.
Y aunque el recurrente en la prueba aportada hace referencia a que su nombramiento como Agregado de la Policía en Italia, “se fue diluyendo”, tal cargo fue analizado en la sentencia objeto del recurso extraordinario para indicar que «esta situación en particular no lo obligaba a presentar su retiro del servicio, ni mucho menos se puede considerar que por ello se vicia la legalidad del mismo (…)».
Por consiguiente, la Sala advierte que la solicitud de retiro presentada el 26 de enero de 2012, no tiene la incidencia o trascendencia para modificar los argumentos expuestos en la sentencia recurrida.
Las anteriores razones son suficientes para declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación.
6. Condena en costas
De conformidad con lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión de lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial, de lo previsto en sus artículos 1 y 8, no hay lugar a condena en costas, por cuanto no se demostró que estas se hubieran causado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario especial de revisión interpuesto por César Augusto Pinzón Arana contra la sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas.
En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidenta de la Sala
MARÍA ADRIANA MARÍN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
CONDENA EN COSTAS – Debe proceder siempre que se advierta que quien venció en juicio ejerció su defensa incurriendo en gastos
[S]iempre que se advierta que quien venció en el juicio ejerció su defensa incurriendo con ello en gastos, estos se deben valorar en forma objetiva y condenar a su pago en el proceso, so pena de perder el equilibrio. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la parte demandante al ser vencida en el proceso y al encontrar que la entidad demanda se defendió activamente en el curso del trámite recurso extraordinario de revisión, el señor César Augusto Pinzón Arana debió ser condenado en costas, en la modalidad de agencias en derecho.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00450-00(REV)
Actor: CÉSAR AUGUSTO PINZÓN ARANA
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con aclaración de voto.
1.1. Antecedentes
1. Con escrito radicado el 1° de octubre de 2012, en ejercicio el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 0641 del 29 de marzo de 2012 por medio del cual fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional, pues, a su juicio, fue presionado por el entonces general de la Policía Nacional para hacerlo.
2. En consecuencia, solicitó a título de restablecimiento del derecho el reintegro al cargo en que se venía desempeñando, el pago de los salarios y prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo separado del cargo y la indemnización de los perjuicios morales y materiales ocasionados.
3. Mediante sentencia del 13 de marzo de 20, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D negó las pretensiones de la demanda, razón por la cual el demandante presentó recurso de apelación.
4. En segunda instancia el trámite fue decidido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que mediante providencia del 7 de diciembre de 2017 confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que el acto administrativo demandado se ajustaba a derecho.
5. El 31 de enero de 2019, es decir dentro de la oportunidad procesal, el demandante presentó recurso extraordinario de revisión contra la providencia del 7 de diciembre de 2017, la cual quedó ejecutoriada el 7 de febrero de 2018, para lo cual alegó la configuración de la causal contenida en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, esto es, por haber encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisión, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
6. En el fallo objeto de la presente aclaración de voto, se consideró que la prueba a la que hace alusión el señor Pinzón Arana, es decir, la solicitud de retiro que fue recibida el 26 de enero de 2012 por el CT. César A. Aristizábal, si bien fue recobrada a finales de 2015, esto es, después de presentada la demanda, también lo es que, la misma pudo haber sido aportada antes de que se profiriera el fallo objeto de censura, pues ello ocurrió el 7 de diciembre de 2017.
7. Así mismo, se expuso que en gracia de discusión tampoco se evidenciaba la incidencia que podría tener dicho documento para variar sustancialmente la decisión adoptada en el proceso ordinario, razón por la cual la causal alegada no tenía vocación de prosperidad.
8. En ese orden de ideas, considero que la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto es correcta; sin embargo, no comparto el numeral segundo del fallo que se abstuvo de condenar en costas procesales a la parte vencida por las razones que expongo a continuación:
1.2. Motivos de la aclaración de voto
1.3. Marco normativo, conceptual y jurisprudencial de la condena en costas
9. La norma de la Ley 1437 de 2011:
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
10. El artículo 361 del Código General del Proceso precisa que “… las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.” (Negrilla fuera de texto)
11. El artículo 365 del mismo ordenamiento, consagra las reglas que deben seguirse para resolver sobre la condena en costas, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
…
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
…”
12. La Corte Constitucional, en la sentencia C-157 de 2013, la cual resulta vinculante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución, señaló que, “según el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto”.
13. En esta oportunidad, la Corte precisó que, al momento de liquidarlas, “tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.
14. Precisó, en consecuencia que las costas realmente corresponden a la restitución de aquellos gastos en los que tuvo que incurrir la parte que venció en el juicio para defender sus intereses.
15. Por su parte, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, en la sentencia del 18 de enero de 2018, con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez, señaló lo siguiente:
“En la sentencia de primera instancia se condenó en costas al demandante, por resultar vencido en el proceso, que incluyó como agencias en derecho la suma de $2.688.078 que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía en el escrito de la demanda, sin que para ello se deba acudir a argumentos de orden subjetivo como lo pretende el apoderado recurrente.
De igual manera, se observa que el razonamiento realizado por el a quo para fijar las agencias en derecho fue objetivo y valorativo, toda vez que se encuentra dentro de los parámetros señalados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Acuerdo 1887 de 2003 y en la sentencia de 7 de abril de 2016, proferida por esta Subsección dentro del proceso radicado bajo el número 15001-23-33-000-2012-00162-01, número interno 4492 de 2013.
Ello, toda vez que condenó en agencias en derecho a un 2% del 20% de las pretensiones de la demanda, dada la intervención en dicha instancia del apoderado de la entidad demandada y la calidad de pensionado del demandante, sin que a lo largo del proceso se hubiera demostrado la falta de capacidad económica. Lo anterior, si se tiene en cuenta que de los documentos aportados en esta instancia con el escrito de alegatos de conclusión no demuestran la falta de capacidad económica.
En esa medida la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el a quo se encuentra ajustada a derecho.
En conclusión: La sentencia de primera instancia no incurrió en yerro al condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, puesto que fue vencida en el proceso.”
16. En efecto, el Consejo de Estado consideró, en la referida decisión y lo ha reiterado, que el legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio subjetivo en el Código Contencioso Administrativo a uno objetivo valorativo en la Ley 1437 de 2011 y en el Código General del Proceso, posición que sin embargo, no constituye un precedente, por cuanto en realidad la sentencia no contiene una regla de decisión obligatoria para todos los operadores, sino la aplicación de las normas al caso concreto objeto de decisión.
17. El criterio es valorativo porque se requiere que en el expediente el juez revise si se causaron las costas y únicamente en la medida de su comprobación condene al pago de las mismas y que las agencias en derecho, como parte integrante de éstas, están destinadas a restablecer la equidad perdida y se deben liquidar de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura.
18. Al respecto, es importante señalar que el artículo 366 del Código General del Proceso, señala la forma como se liquidan las expensas del proceso, con la condición de que se encuentren debidamente acreditadas, carga que le asiste a la parte que ha incurrido en gastos procesales como honorarios de auxiliares de la justicia, diligencias, copias y otros directamente relacionados con la actuación judicial.
19. Esta norma, de orden público, señala, en su numeral 4º que “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”
20. Sobre este tema, cabe destacar que la doctrina en la materia ha precisado que las agencias en derecho corresponden a la “justa retribución para quien se vio obligado a demandar o a concurrir al proceso, no obstante que la razón estaba de su parte, de ahí que el equitativo pero severo criterio en esta materia será un factor importante para evitar infinidad de trámites inútiles que se surten bajo el supuesto de que se afrontará una mínima condena a pagar costas.”
21. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 10554 de 2016, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, precisó los criterios para su fijación, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.”
13. En consecuencia, siempre que se advierta que quien venció en el juicio ejerció su defensa incurriendo con ello en gastos, estos se deben valorar en forma objetiva y condenar a su pago en el proceso, so pena de perder el equilibrio.
14. De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la parte demandante al ser vencida en el proceso y al encontrar que la entidad demanda se defendió activamente en el curso del trámite recurso extraordinario de revisión, el señor César Augusto Pinzón Arana debió ser condenado en costas, en la modalidad de agencias en derecho.
En los términos expuestos, queda presentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Folio 14. Folio 7. Folio 34. CPACA. Art. 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. Fl. 628 c.a. CPACA. Art. 251. Fl. 1 c.p. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencias de 11 de febrero de 2001, Exp. REV-037, M.P. Dr. Miguel Viana Patiño; de 21 de octubre de 1993, Exp. REV-040, M.P. Dr. Daniel Suárez Hernández; de 1º de septiembre de 1998, Exp. REV-073, M.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo y de 27 de abril de 2004, Exp. REV-194, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, entre otras. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 28 de abril de 2009, Exp. REV-00116, M.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón; de 20 de octubre de 2009, Exp. Rev-00133, M.P. Dr. Enrique Gil Botero y de 2 de marzo de 2010, Exp. REV-00091, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo, entre otras. Sala 19 Especial de Decisión, sentencia del 4 de junio de 2019, Exp. REV-2015-02494, M.P. Dr. William Hernández Gómez. HYPERLINK "http://dle.rae.es/?id=VShJp3R" http://dle.rae.es/?id=VShJp3R [consultado el 22 de mayo de 2019]. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Bogotá, D.C., 27 de abril de 2017. Radicación número: 05001-23-31-000-2002-00574-01(0557-12); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Bogotá, D. C. 12 de julio de 2017. Radicación número; 25000-23-25-000-2008-01006-02(0535-12)
HYPERLINK "https://dle.rae.es/?id=F91pW7R" https://dle.rae.es/?id=F91pW7R [consultado el 22 de mayo de 2019]. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de octubre de 2015, Exp. 20708, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En similar sentido, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de agosto de 2018, Exp. 2013-00153-00(0368-13), M.P. Dr. Rafael Francisco Súarez Vargas. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de noviembre de 2005, Exp. 1999-00218, M.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 28 de julio de 2016, Exp. 2013-00835-00(1736-13), M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Ib. Fl. 14 c.p. Fl. 70 vto. c.a. Fls. 15 a 31 c.p. Fl. 623 vto. c.a.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto». (Se resalta).
«8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». Sobre el alcance de la expresión “procesos en que se ventile un interés público”, en sentencia de 6 de julio de 2016, la Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que hace referencia a las acciones públicas y no a los asuntos en que esté involucrada una entidad pública, lo cual realizó en los siguientes términos: “[…] la regla general es que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se dispondrá sobre la condena en costas. Esta regla no se aplica para los procesos en los que se ventile un interés público, es decir, que no hay lugar a condena en costas en las acciones públicas. En este sentido se debe entender el alcance de la expresión “procesos en que se ventile un interés público” y no como lo interpretó la UAE - DIAN, porque, se debe tener presente que esta disposición no pretendió hacer distinción alguna entre las partes intervinientes en el proceso y volver al criterio previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo [prohibición de condena en costas al Estado], antes de la modificación introducida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 [condena en costas a las partes, sin distinción alguna, con un criterio subjetivo]”. Exp. 20486, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Que regula la figura de la cosa juzgada constitucional. Señala como agencias en derecho en asuntos contenciosos administrativos con cuantía hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Consejero ponente William Hernández Gómez. López Blanco, Hernán Fabio, “Código General del Proceso, parte general”, Dupré Editores, 2017, pág. 1058
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 11 de julio de 2019 M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 11001-03-15-000-2019-02445-00.
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