Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01726-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Artículo 20 de la ley 797 de 2003: violación del debido proceso en el
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01726-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01726-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
5 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Cinco (5) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES -CREMIL-
Demandado: TULIA CLEMENCIA DEL PILAR GONZÁLEZ PÉREZ
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – El agotamiento de los
recursos ordinarios no es requisito de procedibilidad / CAUSAL DEL LITERAL A) DEL
ARTÍCULO 20 DE LA LEY 797 DE 2003 – Violación del debido proceso en el
reconocimiento pensional - la carga de la prueba corresponde a quien la invoca y no
puede sustentarse en argumentos de aplicación sustantiva de la norma.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión que la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares presentó contra la sentencia del 2 de agosto de 2022
de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado; agotar los
recursos ordinarios no es requisito de procedibilidad y cuestionar la aplicación
sustantiva de la norma sobre los factores salariales de la asignación de retiro intenta
reabrir el debate agotado en las instancias.
2. Tampoco se probaron los elementos necesarios y suficientes para configurar
la causal de violación del debido proceso del literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
ANTECEDENTES
El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
3. La señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez trabajó más de veinte
años en el Ejército Nacional. El último grado que ostentó fue el de coronel y el último
cargo que desempeñó fue de magistrada del Tribunal Superior Militar.
4. En Resolución No. 1138 del 15 de mayo de 2008, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares (en adelante CREMIL) reconoció la asignación de retiro con el
salario básico y factores salariales del grado de coronel.
5. Inconforme, la señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez pidió la
reliquidación con la asignación básica y todos los factores salariales que percibió el
último año de servicios como magistrada del Tribunal Superior Militar. En Oficio
CREMIL 17514 320 del 29 de septiembre de 2012 negó la petición.
6. El 8 de marzo de 2013, la señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
presentó contra CREMIL demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
Radicación:11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la reliquidación
de la asignación de retiro1.
7. En la audiencia de alegaciones y juzgamiento del 28 de enero de 2014, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dictó
sentencia de primera instancia dentro del proceso radicado 25000-23-42-000-2013-
00889-00 y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Anuló
parcialmente la Resolución No. 1138 del 15 de mayo de 2008 y el Oficio CREMIL
17514 No. 320 del 29 de septiembre de 2012.
8. En consecuencia, condenó a CREMIL a reliquidar y pagar la asignación de
retiro con factores salariales del sueldo básico efectivamente percibido como
magistrada del Tribunal Superior Militar al momento del retiro y la bonificación por
gestión judicial, a partir del 17 de mayo de 2008, sin declarar la prescripción de
mesadas. Para ello aplicó el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, que señala las
partidas computables de la asignación de retiro del personal de las Fuerzas
Militares.
9. La parte demandante apeló para que se incluyeran los demás factores que
devengó en el cargo de magistrada del Tribunal Superior Militar (bonificación por
servicios prestados, prima sin carácter salarial, prima especial de servicios, de
navidad y de vacaciones).
10. Los magistrados de la Sección Segunda de esta Corporación se declararon
impedidos porque el asunto implicaba adoptar una postura frente a la aplicación del
Decreto 4040 de 2004 a las pensiones y prestaciones de magistrados de Tribunal
y de magistrados auxiliares de alta corte. En auto del 3 de mayo de 2018, la Sección
Tercera declaró fundado el impedimento.
11. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó
sentencia de segunda instancia el 2 de agosto de 2022. Encontró que la sentencia
apelada solo incluyó el sueldo básico percibido como magistrada y la bonificación
de gestión judicial, sin pronunciarse sobre los demás factores devengados. Con
apoyo en la sentencia del 29 de junio de 2011 de la Sección Segunda, Subsección
A –según la cual el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 no autorizaba liquidar con
el sueldo del grado y, conforme al artículo 77 del Decreto 1211 de 1990, la
asignación debía calcularse con el monto al momento del retiro-, concluyó que la
reliquidación procedía con los factores salariales reales devengados en el último
año de servicios como magistrada del Tribunal Superior Militar y no con los
correspondientes al grado militar. En consecuencia, modificó el numeral 3 de la
sentencia apelada para incluir todos esos factores desde la fecha allí señalada y la
confirmó en lo demás.
El recurso extraordinario de revisión
12. El 9 de abril de 2024, CREMIL a través de apoderado judicial presentó
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 2 de agosto de 2022,
dictada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1 El proceso ordinario se identifica con el número 25000-23-42-000-2013-00889-00/01.
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Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
13. Invocó las causales de revisión del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437
de 20112 y del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 20033.
14. Se vulneró el debido proceso y el principio de legalidad porque se
reconocieron prerrogativas que no fueron establecidas por el legislador —
bonificación de gestión judicial y las primas de navidad, de servicios y de
vacaciones devengadas en el cargo de magistrada del Tribunal Superior Militar—
para los integrantes de las fuerzas militares que acceden a la asignación de retiro
y que se rigen por un régimen especial, conforme al artículo 279 de la Constitución.
15. El Decreto 1211 de 1990, en el artículo 158, establece las únicas partidas
computables para la liquidación de las prestaciones sociales del personal retirado
(oficiales y suboficiales), y en los artículos 234 y 235 dispone que el reconocimiento
de las asignaciones de retiro debe hacerse conforme a la hoja de servicios. Entre
las partidas no están incluidas la bonificación judicial o la prima de servicios. Los
artículos 2 y 3 de la Ley 923 de 2004, concordantes con el artículo 48 constitucional
indican que la asignación de retiro debe atender las partidas sobre las que se
hicieron aportes en servicio activo. Lo correcto era aplicar los artículos 77 y 165 del
Decreto 1211 de 1990, que consagran el régimen prestacional especial de quienes
prestaron servicios en la justicia penal militar, y no el artículo 13 del Decreto 4433
de 2004.
16. El Decreto 4433 de 2004 fija el régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública y distingue el régimen aplicable a los oficiales
y suboficiales, del previsto para soldados profesionales o infantes de marina.
Además, reitera que no se pueden computar partidas diferentes a las previstas
expresamente en la ley.
17. El Decreto 091 de 2007 consagra el sistema especial de carrera del sector
defensa y según el artículo 3 aplica a los empleados públicos civiles y no
uniformados de las Fuerzas Militares, entre otros. Así mismo, conforme a los
artículos 33 y 41 los funcionarios del sistema especial de carrera del sector defensa
deben cumplir actividades propias de su misión y atribuciones, y pueden
encontrarse en diversas situaciones, entre ellas, en comisión interinstitucional. Esas
comisiones tienen una duración máxima de tres años y obedecen a la necesidad
del servicio.
2 Artículo 250. Causales de revisión. «Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
3 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública. «Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. (…)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código
y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, (…)».
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Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
18. Los militares destinados en comisión en la Justicia Penal Militar no pierden
nunca su calidad de uniformados, pues el nombramiento principal es el del
escalafón militar y deben acogerse al régimen especial. Sin embargo, pueden optar
por el sistema general de la Ley 100 de 1993, si lo consideran más favorable.
19. Las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública no
coinciden ni se equiparan a las pensiones de la Ley 100 de 1993, e incluso los
militares y policías pueden acceder a ambas. Además, rige el principio de
inescindibilidad que exige aplicar las normas legales en su totalidad cuando formen
una unidad indivisible o cuando su aplicación fragmentada resulte incoherente o
ineficaz.
20. En la sentencia del 2 de agosto de 2022 se aplicaron los beneficios de la
actividad que desarrolló la funcionaria en comisión en la justicia penal militar, pero
se desconoció que la asignación de retiro se regulaba por la condición de militar,
que tiene en cuenta el grado militar. Es decir, se accedió «al reconocimiento de lo
más favorable de cada régimen», se aplicaron los dos regímenes, y se
desconocieron los principios de inescindibilidad, eficiencia, igualdad, solidaridad,
sostenibilidad y responsabilidad financiera, con grave impacto en el pasivo
pensional.
21. En el caso de la señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez no
debieron incluirse la prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones
porque no son factores salariales para liquidar la asignación de retiro y no
constituían remuneraciones habituales ni periódicas. En cumplimiento de las
sentencias, la Resolución No. 10371 del 12 de diciembre de 2023 reconoció y
ordenó pagar la suma neta de $5.636.764.862 —$5.186.741.490 por el lapso
comprendido entre el 18 de mayo de 2008 y el 5 de octubre de 2022, con indexación
e intereses, y $450.023.372 entre el 6 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de
2023— y fijó la mesada a partir del 1.º de enero de 2024. La asignación de retiro
quedó en la suma de $36’924.089.
22. Además, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como la Sala de
Conjueces ignoraron los argumentos que la entidad propuso en el proceso
ordinario, de modo que no obtuvo ningún pronunciamiento favorable que permitiera
la protección del erario. Ambas providencias adolecen de insuficiencia
argumentativa.
Trámite impartido
23. El auto del 30 de abril de 20244 inadmitió el recurso extraordinario para que
la entidad demandante cumpliera los requisitos de los numerales 7º y 8º del artículo
162 de la Ley 1437 de 2011.
24. Subsanado el defecto, el auto del 30 de mayo de 20245 admitió el recurso
extraordinario frente a la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 y lo rechazó frente a la causal quinta del artículo 250 de la Ley 1437
4 Índice 5 SAMAI.
5 Índice 11 de SAMAI.
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Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
de 2011 por extemporáneo6.
25. El 17 de julio de 2024, la magistrada María Adriana Marín se declaró
impedida por su interés en la postura que se adopte frente a los factores a incluir
en la liquidación de la pensión de una exmagistrada del Tribunal Superior Militar,
cuyo régimen pensional y salarial también es aplicable a los magistrados auxiliares
de las altas cortes, cargo que ella ocupó antes de ser consejera de estado.
26. En auto del 23 de octubre de 2024, la Sala Uno Especial de Decisión declaró
infundado el impedimento7.
27. Se decretó como prueba documental la copia digitalizada del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra en el índice 45 de SAMAI.
28. Dentro del traslado de esta prueba, la señora Tulia Clemencia del Pilar
González Pérez pidió negar el recurso. Dijo que el proceso ordinario no guarda
relación con la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que de él
se desprende que CREMIL contestó la demanda e interpuso la apelación de
manera extemporánea. Agregó que la causal del literal b) de esa norma no fue
invocada en el recurso y que CREMIL carece de legitimación para promoverlo
porque el artículo 20 solo faculta al Gobierno por conducto de los ministerios de
Trabajo y de Hacienda, al Contralor General de la República y al Procurador
General de la Nación.
Contestación de la demanda
29. La señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez se opuso al recurso
extraordinario.
30. La entidad intenta enmendar falencias procesales porque no contestó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ni interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
31. La reliquidación que ordenó la sentencia de primera instancia incluyó
bonificación por gestión judicial y quedó en firme porque CREMIL no apeló. Por
eso, el recurso extraordinario debió presentarse dentro de los cinco años siguientes
al fallo de primera instancia.
32. No se presentó violación del debido proceso. La sentencia cuestionada tuvo
en cuenta las pruebas y argumentos expuestos; además, la reliquidación está
conforme con la ley y la jurisprudencia, y no hay defectos sustantivos.
33. Los Decretos 1211 de 1990 y 4433 de 2004 determinan la forma de
liquidación de los haberes prestacionales a los que tienen derecho los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, así como las partidas computables en la
6 El término para interponer el recurso extraordinario de revisión por la causal del numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 es de un año. Para la causal del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 de cinco años, desde la ejecutoria de la sentencia que se cuestiona, inciso final del artículo 251
de la Ley 1437 de 2011.Como la demanda se radicó un año y ocho meses después de la ejecutoria
de la sentencia, solo era oportuna para invocar esa última causal de revisión.
7 Índice 30 de SAMAI.
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
asignación de retiro; además, según la primera de esas normativas, la asignación
de retiro corresponde al cargo, siempre que no sea inferior a la del grado de militar.
34. El Decreto 4040 de 2004 creó una bonificación judicial y constituye factor
salarial, hace parte de la remuneración sobre la que se hacen las cotizaciones y
debía ser tenida en cuenta para la reliquidación de la asignación de retiro. Ese
último decreto fue declarado nulo por sentencia del 14 de diciembre de 2011,
expediente 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005), pero la bonificación
sigue siendo válida para el cálculo porque fue percibida.
35. La asignación de retiro debía liquidarse con el monto real que devengaba la
demandada al momento de su retiro, no sobre el sueldo del grado que ostentaba,
porque eso iría en contra del principio de favorabilidad. Además, como prestó
servicios en la Justicia Penal Militar, es acreedora de los beneficios de los Decretos
618 y 630 de 2007 sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.
36. La reliquidación que concedió la sentencia de conjueces del 2 de agosto de
2022 se fundamentó en precedentes de esta Corporación: (i) sentencia del 29 de
junio de 2011 de la Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-25-000-
2008-00670-01 (0552-10), (ii) sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de
la Sección Segunda, radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09) y (iii)
sentencia del 9 de julio de 2009 de la Sección Segunda, expediente 0208-2007.
37. En escrito radicado el 15 de julio de 2026, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado intervino en el trámite en ejercicio de la facultad prevista en el
literal i) del numeral 3 del artículo 6 del Decreto 4085 de 2011, modificado por el
Decreto 2269 de 2019. Pidió que se declare fundado el recurso extraordinario de
revisión, dejar sin efectos la sentencia del 2 de agosto de 2022 de la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado y dictar decisión de
reemplazo con observancia de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 de 2004.
CONSIDERACIONES
38. La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
conforme al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el artículo 29 del
Reglamento del Consejo de Estado8.
39. No se configura causal de nulidad que invalide lo actuado. Conforme a lo
establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-4279 del 11 de agosto de
2016, CREMIL está legitimada para interponer el recurso extraordinario porque es
la entidad que reconoce y paga las asignaciones de retiro a los integrantes de las
Fuerzas Militares10. Además, el recurso extraordinario se presentó a tiempo en
8 Acuerdo No. 80 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
9 La Corte precisó que además de los sujetos establecidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
también están legitimadas para interponer el recurso extraordinario de revisión «las administradoras
de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular
pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero».
10 Según el artículo 3, numeral 3.10 de la Ley 923 de 2004, «la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional serán las entidades responsables de las labores
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
relación con la causal de revisión de la Ley 797 de 200311.
Problemas jurídicos
40. ¿Agotar los recursos ordinarios contra la sentencia de primera instancia
dictada en el proceso ordinario es requisito de procedibilidad del recurso
extraordinario de revisión?
41. ¿La sentencia del 2 de agosto de 2022 de la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado vulneró el debido proceso de CREMIL al incluir en
la asignación de retiro de la señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez todos
los factores salariales devengados como magistrada del Tribunal Superior Militar
en el último año de servicio?
Tesis
42. Se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Agotar los
recursos ordinarios contra la sentencia de primera instancia no es requisito de
procedibilidad. La Ley 1437 de 2011 y la Ley 797 de 2003 solo exigen que la
providencia esté ejecutoriada y provenga de las autoridades judiciales señaladas
en la ley.
43. CREMIL no probó la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
–esto es que se vulneró el debido proceso de la entidad en el reconocimiento
pensional, porque sus argumentos se encaminan a discutir la aplicación sustantiva
de las normas —escenario propio de una tercera instancia.
44. Se desarrollarán los siguientes capítulos: (i) las generalidades del recurso
extraordinario de revisión, (ii) alcance de la causal de revisión del literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, (iii) solución de los problemas jurídicos (iv)
condena en costas.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
45. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Las causales de revisión se encuentran enlistadas en el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 y en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Tratándose de estas últimas, el
objeto revisable comprende también otras providencias ejecutoriadas que
reconocen una prestación periódica.
46. Este medio de impugnación busca dejar sin efectos sentencias contrarias a
de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus
sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes».
11 El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión por las causales del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 es de cinco años, siguientes a la ejecutoria de la sentencia. En este caso, el fallo
que se cuestiona quedó ejecutoriado el 5 de octubre de 2022 y el plazo para interponer el recurso
extraordinario vencía el 6 de octubre de 2027. La demanda se presentó el 9 de abril de 2024,
oportunamente.
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Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
la justicia y al derecho, para que se dicte una nueva decisión, ajustada a la ley12.
47. Es un mecanismo judicial autónomo, independiente del proceso de origen,
que inicia con una demanda con los requisitos del artículo 252 de la Ley 1437 de
2011 y tiene un trámite expedito, que no admite el decreto de medidas cautelares13.
48. El recurso extraordinario de revisión no es procedente para cuestionar el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o la valoración
probatoria que efectuó, y tampoco es una oportunidad para subsanar omisiones o
falencias de las partes durante el proceso ordinario. Su estudio se restringe a las
causales taxativamente establecidas por el legislador y no puede ser empleado
como una tercera instancia para reabrir el debate probatorio o jurídico14.
49. Uno de los requisitos formales de la demanda consiste en determinar con
precisión la causal de revisión que se invoca. Los motivos y hechos que le sirven de
fundamento deben ser claros y estar estrechamente relacionados con el vicio
alegado15.
Causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
50. El recurso extraordinario de revisión que presentó CREMIL invocó dos
causales. El numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Solamente se analizará este último porque el
recurso frente a la primera causal se rechazó por extemporáneo.
51. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece que el Consejo de Estado podrá
revisar las sentencias judiciales que decreten reconocimientos que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso
52. En sentencia del 22 de mayo de 202616, la Sección Segunda, Subsección A
de esta Corporación explicó que el recurso extraordinario de revisión por las
causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 tiene una naturaleza
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, rad. 25000-
23-26-000-2003-01589-01.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 14 de agosto de 2018,
rad. 11001-03-15-000-2017-02078-01.
14 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 14 de mayo de 2025, rad.
11001-03-15-000-2019-02422-00. En el mismo sentido, sentencias del 3 de junio de 2021, de la
Sección Cuarta, rad. 11001-03-27-000-2019-00049-00; del 1º de octubre de 2019, de la Sala 21
Especial de Decisión, rad. 11001-03-15-000-2017-00811-00; del 1º de octubre de 2019, de la Sala
23 Especial de Decisión, rad. 11001-03-15-000-2018-03188-00; del 26 de mayo de 2010 y del 15 de
febrero de 2018, de la Sección Tercera, rad. 20001-23-31-000-2001-01504-01(35.221) y 68001-23-
31-000-1998-00756-01(39906).
15 Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, rad.
11001-03-15-000-2019-00450-00 y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
unificación del 8 de mayo de 2018, rad. 11001-03-15-000-1998-00153-01.
16 Rad. 11001-03-25-000-2020-00970-00(2938-2020). Criterio también adoptado en la sentencia del
16 de agosto de 2018, de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, rad. 11001-
03-25-000-2014-00238-00.
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
especial porque: (i) se limita a las sentencias que hacen reconocimientos dinerarios
a cargo del tesoro público o de fondos de carácter público, y (ii) la legitimación en
la causa por activa puede estar en cabeza de un sujeto calificado que no intervino
en el proceso ordinario o la conciliación, pues la norma solo facultó al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor
General de la República y al Procurador General de la Nación para interponerlo.
53. La sentencia del 2 de marzo de 202317 resaltó otras particularidades. Procede
contra sentencias ejecutoriadas y otro tipo de providencias que tengan como efecto
el reconocimiento de una prestación, como los autos que terminan anormalmente
el proceso y los actos que plasmen acuerdos de transacción y conciliación.
Además, se entienden excluidos los asuntos relativos al reconocimiento de
prestaciones periódicas inferiores a las debidas de acuerdo con la ley. Esa
ampliación del objeto revisable es una particularidad de las causales del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 frente a la regla general del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, referida a sentencias ejecutoriadas.
54. Esta Corporación ha establecido que la causal de violación al debido proceso
opera en los casos de reconocimiento, reajuste o reliquidación pensional. Además,
el demandante debe indicar con claridad la forma en que se vulneró el debido
proceso.
55. Los literales a) y b) del artículo 20 recogen supuestos distintos y autónomos.
El literal a) atiende a los vicios en las garantías procesales que precedieron el
reconocimiento, mientras que el literal b) se ocupa de la desproporción entre lo
reconocido y lo debido, esto es, “cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables”. Como las causales de revisión son taxativas y deben
invocarse de manera precisa, el examen del monto de la prestación corresponde al
literal b) y no puede abordarse cuando el recurso se sustenta únicamente en el
literal a).
56. En sentencia del 5 de febrero de 201918, la Sala Plena identificó ciertas
garantías que conforman el debido proceso: (i) el derecho a la jurisdicción; (ii) el
derecho al juez natural; (iii) las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem; (iv) el derecho a un proceso
público desarrollado dentro de un tiempo razonable; y (v) el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán
decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, rad. 11001-03-25-000-2014-00500-00(1587-
2014).
18 Consejo de Estado, sentencia del 5 de febrero de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-01884-
00(REV).
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Solución a los problemas jurídicos
o Agotar los recursos ordinarios no es requisito de procedibilidad
57. La Ley 1437 de 2011 y la Ley 797 de 2003 no imponen como requisito de
procedibilidad agotar los recursos ordinarios. Solo se requiere que la sentencia esté
ejecutoriada y que sea proferida por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tribunales o jueces
administrativos. Lo mismo rige para las demás providencias revisables por las
causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
58. El que no se exija el agotamiento de los recursos ordinarios se justifica por la
finalidad del recurso extraordinario de revisión que es concretar la justicia
material19. Ahora, tratándose de decisiones que reconocen una prestación
periódica, la Ley 797 de 2003 se promulgó para construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables, sostenibles en el tiempo y equitativos para
todos los ciudadanos y reducir el déficit fiscal del sistema pensional20.
59. La sostenibilidad del sistema pensional es de rango constitucional21 y no se
puede sacrificar por la decisión o descuido de los apoderados o de las entidades
en no apelar en los procesos ordinarios.
60. La sentencia que se revisa decidió sobre el derecho a la reliquidación de la
asignación de retiro de la señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez con la
inclusión del sueldo básico y los factores salariales que percibió en el cargo de
magistrada del Tribunal Superior Militar en el último año de servicios.
61. Aunque en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho CREMIL no
apeló la sentencia de primera instancia, nada impide resolver de fondo el recurso
extraordinario de revisión.
o El recurrente no demostró la vulneración del debido proceso
62. CREMIL invocó la violación del debido proceso para justificar que el juez
ordinario concedió una asignación de retiro en cuantía superior a lo que permite la
ley.
63. El núcleo de la inconformidad es que el régimen de las Fuerzas Militares
impide liquidar a la señora Tulia Clemencia del Pilar González Pérez la asignación
de retiro con la asignación básica y factores salariales que percibió como
magistrada de Tribunal Superior Militar, sino con los haberes del grado de coronel
por ser el último que ostentó. Sin embargo, la sustentación no corresponde con la
causal invocada de violación del debido proceso.
64. El contraste entre las razones del recurso y la motivación de la sentencia
19 Sobre los fines del recurso extraordinario de revisión consultar la sentencia C-835 de 2003, Corte
Constitucional.
20 Sobre la finalidad de la Ley 797 de 2003 ver sentencia del 24 de marzo de 2022, Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019)
21 Artículo 48, Constitución Política.
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
revisada confirma esa conclusión. CREMIL sostiene que las partidas computables
son únicamente las de los artículos 158, 234 y 235 del Decreto 1211 de 1990 y que
debían aplicarse los artículos 77 y 165 de ese decreto, y no el artículo 13 del
Decreto 4433 de 2004. La Sala de Conjueces se apoyó en esas mismas
disposiciones, leídas conforme al precedente del 29 de junio de 2011, según el cual
la asignación de retiro se liquida con el monto percibido al momento del retiro y no
con el sueldo del grado. La discrepancia no recae sobre cuáles normas rigen el
asunto, sino sobre el alcance que debe dárseles. Resolverla exigiría revisar el
criterio interpretativo del juez ordinario, lo que está vedado en este trámite y
convertiría el recurso en una tercera instancia. Por eso el reproche no se subsume
en el supuesto del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
65. El recurso extraordinario no cuestionó la jurisdicción, competencia,
imparcialidad del juez, las normas procesales tenidas en cuenta para resolver el
asunto. Tampoco identificó la falta de garantías de audiencia, defensa,
contradicción o motivación de la decisión. Por el contrario, se concentró en discutir
la aplicación sustantiva de la norma que hizo el juez ordinario como si se tratara de
una tercera instancia.
66. Los reproches de que los argumentos de la entidad fueron ignorados y de que
la decisión se sustentó de manera insuficiente tampoco configuran la causal. El
propio recurso ubica la motivación insuficiente entre los defectos sustantivos que
enlista y precisa que, al no atenderse sus planteamientos, no obtuvo un
pronunciamiento favorable. Lo que reprocha es el sentido de la decisión y no la
ausencia de razones que la sustenten. Además, la sentencia del 2 de agosto de
2022 expuso el fundamento normativo y jurisprudencial de su conclusión. La
garantía de motivación se quebranta cuando la decisión carece de razones, no
cuando la parte vencida las considera equivocadas.
67. Lo propio ocurre con el reproche de desconocimiento del principio de
inescindibilidad. Ese principio impone aplicar de manera íntegra el régimen
normativo llamado a regular la prestación, de modo que su invocación remite a un
aspecto sustancial sobre el conjunto de normas aplicable y cómo debía aplicarse
para liquidar la asignación de retiro. Al plantearlo, CREMIL no denuncia el
quebrantamiento de una garantía procesal, sino que controvierte la labor
interpretativa que desarrolló el juez ordinario al seleccionar y aplicar las normas, lo
que contraría la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión.
68. Por lo anterior, los reproches sobre la inclusión de factores que no debían
computarse y sobre el mayor valor que de ello resulta no pueden examinarse en
este trámite. Ese cuestionamiento corresponde al supuesto del literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que no fue invocado, de modo que la Sala no se
pronuncia sobre él.
69. Los argumentos de la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado no conducen a una conclusión distinta. Dice la Agencia que las partidas
computables para liquidar la asignación de retiro son taxativas conforme a la Ley
923 de 2004 y al Decreto 4433 de 2004, que la comisión en la Justicia Penal Militar
no altera el régimen prestacional del uniformado y que la decisión cuestionada
repercute en el pasivo pensional. Son razones sobre la aplicación sustantiva de las
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión
normas que gobiernan la liquidación de la prestación y no la demostración de un
vicio en las garantías procesales que precedieron el reconocimiento, que es lo que
exige la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
70. La naturaleza extraordinaria de este recurso exige “la indicación precisa y
razonada”22 de la causal que se invoca y ante la ambigüedad del escrito el juez no
puede adecuar la finalidad del demandante. De hecho, en oportunidades anteriores
esta Corporación ya se pronunció sobre la improcedencia de invocar la causal de
violación del debido proceso, pero sustentarla con motivos de aplicación sustantiva
de la norma por el juez ordinario:
“La Sala considera que para que se configure esta causal de revisión, el demandante
debe probar que la pensión o prestación periódica fue expedida con violación del debido
proceso, es decir, por alguna de las razones o núcleos fundamentales que componen
este derecho, sin que sea dable proponer, bajo esta causal, argumentos de derecho
sustancial. La prueba de la violación del debido proceso es carga de quien la invoca,
hecho que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, pues solo así podría
quebrarse la cosa juzgada de la sentencia recurrida y dar paso al restablecimiento de
la justicia material como fin legítimo de esta acción especial de revisión”23.
71. CREMIL incumplió la carga argumentativa y probatoria de demostrar que la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó sentencia
de segunda instancia el 2 de agosto de 2022 con vulneración del debido proceso
para reliquidar la asignación de retiro. Se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.
Condena en costas
72. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dice que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”. Esta
Corporación24 considera que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los
graves casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro y un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de
seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional. Es decir, es una herramienta para proteger el interés público
y por eso es improcedente la condena en costas.
73. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
22 Artículo 252, Ley 1437 de 2011.
23 Sentencia del 19 de enero de 2023, Sección Segunda, Subsección B, Consejo de Estado,
radicado: 11001-03-25-000-2018-01326-00
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01726-00 (2749)
Demandante: CREMIL
Demandado: Tulia Clemencia del Pilar González Pérez
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión que
presentó la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares contra la sentencia del 2 de
agosto de 2022, dictada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
Notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Con salvamento parcial de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Con salvamento parcial de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
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