Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00500-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00500-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-00500-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: Acción Especial de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00500-00 (1587-2014)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Demandado: Mario Cast illo Cruz
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
IBL Ley 33 de 1985
SENTENCIA DE REVISIÓN
I. ASUNTO
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander del 8 de marzo de 2012, que revocó la
del Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga del 12 de
agosto de 2009, para acceder a las pretensiones de la demanda .
II. ANTECEDENTES
2.1. La acción especial de revisión
Pretensiones
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP)
La UGPP solicitó infirmar la sentencia de segunda instancia y, en
su lugar, proferir una nueva decisión en la que se declare lo
siguiente:
2. Declar ar que e n la r el iqu idaci ón de la pens ión d e j ubi l ación
r econocida en f avor del señor M ARIO CASTI LLO CRUZ debe
excluir se e l valor co r r espondient e a las vacaciones, desayu nos y
bonif icac ión p or r enuncia, por cuant o no const it uyen f act or salar ia l
y declar ar se la prescr ipción de las m esadas causadas con
ant er ior idad a la pr e sent ación de la dem anda .
Hechos
La entidad accionante relató que (i) la Caja Nacional de Previsión
Social le reconoció al señor Mario Castillo Cruz una pensión de
jubilación con fundamento en las Leyes 33 y 62 de 1985, a través
de la Resolución 9328 del 27 de noviembre de 1992; (ii) CAJANAL
negó la solicitud de reliquidación de la aludida prestación, por
Resoluciones 8857 del 31 de julio de 1996 y 17194 del 19 de abril
de 2006; (iii) el Juzgado Cuarto Administrativo de Bu caramanga,
mediante fallo del 12 de agosto de 2009, negó las pretensione s del
antes nombrado tendiente s a que se declarara la ocurrencia del
silencio administra tivo negativo respecto de la petición de reajuste
de 16 de junio de 2003 y se aumenten sus mesadas, con un nuevo
cálculo que inclu ya todos los factores devengado s en el último año
de servicio y (iv) e l Tribunal Administ rativo de Santander, por fallo
del 8 de marzo de 2012, revocó la a nterior decisión para, en su
lugar, acceder a lo pretendido .
2.2 La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia del
8 de marzo de 2012 , revocó el fallo del Juzg ado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga del 12 de agosto de 20 09, que
denegó las pretensiones para, en su lugar, declarar la nulidad de
acto ficto ocurrido respecto de la petición del 16 de junio de 2003 y
ordenar a CAJANAL la reliquidación de la pensión del señor Mario
Castillo Cruz , inclu yendo todos los factores que deven gó en el año
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inmediatamente anterior al retiro d el servicio. Lo an terior, con
fundamento en lo que sigue:
El artículo 3.º de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del
mismo año, enlista cuáles son los factores salariales que conforman
la base de liquidación de los empleados oficiales. Sin embargo, de
acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de 4 de agosto de 2010, la norma en comento
no señaló taxativamente los referidos factores, sino que enunció
algunos, por lo que pueden incluirse otros que h ayan sido
devengados por el trabajador en su último año de servicio.
Conforme a las pruebas allegadas al proceso, se tiene que el señor
Mario Castillo Cruz, durante su último año de servicio, devengó :
sueldo básico, salario en especie, subsidio de transporte,
desayunos , prima semestral, bonificación semestral, prima de
vacaciones, vacaciones , prima de alimentación, sobre
remuneración, horas extras, bonificación por renuncia ,
bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad, factores
que «aun cuando no se encuentren enlistados taxativamente en la
normatividad que lo rige -Ley 33 de 1985 - pueden ser tenidos en
cuenta en virtud del criterio enunciativo [...]» atrás referenciado .
Así las cosas, le a siste el derecho al señor Castillo Cru z a que su
pensión de jubilación sea reliquidada con la inclusión del 75% de
todos los factores salariales devengados durante su último año de
servicio, motivo por el cual revoca la decisión del juzg ado que
denegó las pretensiones del antes nombrado.
Consideró que como el señor Mario Castillo Cruz solicitó la
reliquidación de su pensión ante CAJANAL e l 16 de junio de 2003 ,
esta fecha interrumpe la prescripció n de las mesadas pensionales .
Lo decidido cobró ejecutoria el día 9 de abril de 2012.
2.3 La causal de revisión invocada
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La UGPP considera que la sentencia del 8 de marzo de 2012 está
incursa en la causal de literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo
debido de acuerdo con la ley.
La aludida decisión comporta un abuso del derecho, pues disponer
la inclusión de los rubros denominados vacaciones, desayunos y
bonificación por renuncia ; a pesar de que no son factores salariales
y no retribuyen de forma directa los servicios prestados, soslaya la
normativa y jurisprudencia rectora.
El «Tribunal Administrativo de Santander desconoció el precedente
aplicable al caso y la normativa en la que debía fundar su decisión,
pues incluyó en la base salarial del señor MARIO CASTILLO CRUZ
unos conceptos denominados [vacaciones,] desayunos y
bonificación por renuncia, los que de su propio sentido literal
indican sin dubita ciones que no constituyen retribución por los
servicios prestados» .
De igual forma, tampoco «tuvo en cuenta que el término de
prescripción de la s olicitud que data del 16 de junio de 2003, dejó
de tener efectos al no haberse presentado la demanda dentro de
los tres (3) años siguientes, razón por la cual debió declararse la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad
a la presentación de la demanda. Ello, en atención a que el término
de prescripción se interrumpe por una sola vez y por un lapso
igual».
2.4. Contestación y concepto en la acción de revisión
Por escrito del 12 de marzo de 2020, se allegó el regist ro civil de
defunción del señor Mario Castillo Cu z .
El ponente, por proveído de 13 de junio de 2022, reconoció a los
señores Pablo Antonio Castillo Camacho, Gloria Castillo Camacho,
July Andrea Castillo Camacho, Lucila Castillo Camacho, Diego
Andrés Castill o Ca macho, Rosa María Castillo Camacho y William
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Alberto Delgado como sucesores procesales del causante Mario
Castillo Cruz.
La abogada de los sucesores procesales 1 evidenció que la
sentencia del 8 de marzo de 2012 es objeto de un proceso ejecutivo
que se tramita ante el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga, el cual se encuentra en etapa de liquidación de
crédito.
En dicho proceso , la UGPP no ha cuestionado la legalidad del título
ejecutivo (el aludido fallo ), ni ha informado de la existencia de esta
acción especial de revisión .
Al causante, ni a los sucesores procesales se les notificó la
admisión de la acción de la referencia, pese a que la UGPP tenía
conocimiento de sus domicilios. De ahí que esta entida d ha violado
flagrantemente su s derechos de defensa.
Es claro que la UGPP «pretende alegar en este recurso, la defensa
que debió haber presentado en la contestación de la demanda
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero
como no lo hizo, todo ello [ahora] es totalmente violatorio del
derecho fundamental al debido proceso» .
El agente del Mini sterio Público guardó silencio.
3. CONSIDERACI ONES
3.1 Competencia
Como la demanda se presentó el 9 de abril de 2014, en vigencia del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo ( CPACA), esta C orporación es competente para
conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo segundo del
artículo 249 ejusdem 2. De igual forma , atendiendo al criterio de
1 Folios 354 a 360.
2 «Artículo 249. Competencia. […]
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especialización, p or tratarse de un asunto de cará cter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto
del proceso, es competente para conocer del recurso
extraordinario, seg ún lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019.
Por otro lado , de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la
revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza […] a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
del Ministe rio de Hacienda y Crédito Público, del Contra lor General
de la República o del Procurador General de la Nación». 3
3.2 Legitimación
La Corte Constitucional, en la sentencia SU -427 de 2016, consideró
que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está legitimada
para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, se gún
corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar
las decisiones jud iciales en las cua les se haya incurrido en un
abuso del derecho.
En el mismo sentido, la Sala Plena de l Consejo de Estad o, a través
de sus Salas Especiales de Decisió n, 4 ha admitido expresamente
que la UGPP está habilitada para adelantar esta clase de procesos.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos
jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
3 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU -427 de
2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de
revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744
00, demandante: UGPP.
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Adicionalmente, es conveniente resaltar que, según el numeral 6
del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, 5 la UGPP tiene competencia
para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza.
3.3 Oportunidad
Con el fin de an alizar si la acció n de revisión fue interpuesta
oportunamente, se evidencia que el artículo 251 del CPACA dispone
que el término para interponer la acción de revisión, en los casos
referidos en la normativa transcrit a, es dentro de los 5 años
siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
La Corte Constitucional en sentencia SU -427 de 2016 6, precisó que,
en los eventos en los que el recurrente sea la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, el término de caducidad de cinco años para
interponer la acció n de revisión no po drá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, comoquiera que fue tan solo en esta fecha
que la mencionada entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo la ext inta Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL.
Con fundamento en lo anterior, se advierte que la sente ncia objeto
de revisión (del 8 de marzo de 2012 ) cobró ejecutoria el 9 de abril
de 2012. Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 251 del
CPACA previó cin co años para promover la acción de revisión y,
que la Corte Con stitucional señaló que dicho p eriodo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la que
la UGPP asumió la defensa judicia l de los asuntos que tenía
CAJANAL, es posible concluir que co mo la demanda se presentó el
9 de abril de 201 4, aquella se encuentra en tiem po.
5 «Artículo6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las
siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o
modifiquen. […]»
6 Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP- contra la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro.
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3.4 Problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander del 8 de marzo de 201 2, está
inmersa en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, que permiten acudir a la revisión cuando «la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5 La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 7 estableció la posibilidad de
revisar las providencias judiciales que hubieran decretado (o
decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro
Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las
siguientes circunst ancias:
A R T Í C U L O 20. R E V I S I Ó N D E R E C O N O C I M I E N T O D E S U M A S P E R I Ó D I C A S A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
P Ú B L I C A . [ Apar t es
t achados I N E X E Q U I B L E S ] Las pr ovidencias
j udicia les que en cualqu ier t iem po hayan decr et ado o decr et en
r econocim ient o que im pongan al t esoro público o a f ondos de
nat ur aleza públ ica la obl igac ión de cu br ir sum as per iódic as de
diner o o p ensio nes de cualq uier nat ur a l eza podr án ser r evi sadas
por el Consej o de Est ado o la Cor t e Supr em a de Just icia, de
acuer do c on sus com pet encias, a solic it ud del G obier no por
conduct o del M ini st er io de Tr abaj o y Segur idad Soc ial, del
M inist er io de Haci en da y Cr édit o Públic o , del Cont r alor G ener al de
la Repúb lic a o del P r ocur ador G ener al de la Nación.
La r evisión t am bié n pr ocede cuando el r econocim ient o sea el
r esult ado de una t r ansacción o conci l iac ión j udici al o ext r aj udicia l.
La r evisión se tr am it ar á por el pr ocedim ient o señalado par a el
r ecur so ext r aor dinar io de r evis ión por el r espect ivo código y podr á
solic it ar se en cualq u ier t iem po por las causales consagr ad as par a
est e en el m ism o código y adem ás:
a) Cuando el r econocim ient o se haya obt enido con violac ión al
debido pr oceso, y
7Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan dispos iciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales.
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b) Cuando la cuant í a del der echo r econocido excedier e lo debi do de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an
lega lm ent e aplicab le s.
Si bien el p recepto jurídico t ranscrito indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del p rocedimiento señalado para
el recurso extraord inario de revisión, actualmente regulado por los
artículos 248 y siguientes del CPACA, lo cierto es q ue presenta
ciertas particularid ades que han sido advertidas y señaladas tanto
por la jurisp rudencia del Cons ejo de Estado como de la Corte
Constitucional, de la siguiente manera:
➢ Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas,
sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto
el reconocimiento de una prestación, como los autos que
terminan anormalmente el proceso y aquellos actos q ue sean
consecuencia de acuerdos, tales como los de transacción y
conciliación.
➢ Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional,
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de l
Ministerio de Hacie nda y Crédito Público, del Contralor G eneral
de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20
de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones.
➢ Respecto de su alcance, la jurisp rudencia advirtió que no se
extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de
revisar el valo r de las pensiones reconocidas en contra de lo
ordenado por la ley, con el propó sito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su le gal idad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público,
la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
➢ No se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate jurídico sobre el derecho a una prestación, pues su
marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos
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concernientes al reconocimiento del derecho (litera l a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con
vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor
al que corresponde.
➢ Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos
relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas
inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que
rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de
recursos entra en colisión con los principios de cosa juzgada y de
seguridad jurídica, por lo que constit uyen una excepción que s olo
debe admitirse frente a un fin legítimo, como lo es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debid o proceso o
si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequ ibilidad del
artículo 249 del CPACA en la Sentencia C -450 de 2015, donde
reiteró 8 que el recurso extraordinario de revisión procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia m aterial y constitu yendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada».
En definitiva, el principio de cosa juzgada admite tanto las
excepciones dispuestas por el legisla dor como las previstas en las
normas que gobiernan el recurso e xtraordinario y, por ende, la
acción especial que en este caso se impetra.
3.6 La causal de revisión invocada
8 Corte Constitucional, sentencia C -871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa
juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia
material del caso concre to. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción
de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la
decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar
el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
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La entidad demandante invocó como sus tento de la acción de
revisión la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, que a su tenor señalan lo siguiente:
A rt í cul o 20 . Revisión de r econocim ien t o de sum as per iódicas a
car go del t esor o público o de f ondos de nat ur aleza públ ica.
[ …]
b) Cuando la cuant í a del der echo r econocido excedier e lo debi do de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an
lega lm ent e aplicab le s.
3.7 Caso concreto.
3.7.1 De la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
Lo que se ha de dilucidar es si e l se ñor Mario Castillo Cruz tiene
derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la
inclusión de los rubros denominados vacaciones, desayunos y
bonificación por renuncia .
3.7.1.1 Factores salariales de las pensiones de jubilación
reconocidas en virtud de la Ley 33 de 1985.
Antes del 1.° de abril de 1994, momento en el que entró a regir la
Ley 100 de 1993 que estableció el Sistema General de Pensiones,
se encontraba en vigor la Ley 33 de 1985 9, cuya vigencia inició el
13 de febrero de 1985 10.
Esta última ley en el artículo 1.° 11 disp uso que el empleado oficial
que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue
9 Ley 33 de 29 de enero de 1985 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación
con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el sector público».
10 L a L e y 3 3 d e 1 9 8 5 « e n t r ó e n v i g e n c i a a p a r t i r d e l d í a s i g u i e n t e d e s u
publicación, esto es, a partir del trece (13) de febrero de 1985 porque a partir esa
fecha, (sic) satisfecho el requisito de publicidad, sus disposiciones adquirieron
carácter vinculante y obligatorio» , tal como la Corte Constitucional lo consideró en
la sentencia C-932 de 15 de noviembre de 2006 , con ponencia del magistrado
Humberto Antonio Sierra Porto.
11 L e y 3 3 d e 1 9 8 5 . A r t í c u l o 1 . « E l e m p l e a d o o f i c i a l q u e s i r v a o h a y a s e r v i d o v e i n t e
(20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual
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a la edad de 55 años, tiene derecho a que la respectiva caja de
previsión le pagu e una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del salario promed io que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio , con inclusión de los
factores salariales enlistados en la Ley 62 de 1985 12 y que hayan
sido objeto de cotización 13.
3.7.1.2 Caso concreto
En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 68001-33-
31-004-2007-00236 -01, se acreditó lo siguiente:
➢ Conforme a la cédula de ciudadanía, el señor Mario Castillo
Cruz nació el 23 de noviembre de 1932 14.
➢ A través de la ce rtificación del 11 de junio de 1992, el Jefe de
la Sección de Tesorería del Instituto Nacional de V ivie nda de
Interés Social y Reforma Urbana (INURBE – REGI ONAL
SANTANDER ) señ aló que el señor Mario Cast illo Cruz (i) prestó
sus servicios a la entidad desd e el 25 de marzo de 1971 hasta
el 14 de julio de 1991; (ii) desempeñó el cargo de Celador II y
(iii) en el último año de servicio (del 15 de julio de 1990 al 14
de julio de 1991) devengó: sueldo, salario en especie, subsidio
de transporte, desayunos , prima semestral, bonificación
semestral, prima de vacaciones, vacaciones , prima de
alimentación, sobre remuneración, horas extras, bonifi cación
vitalicia de jubilació n equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio ».
12 « A R T Í C U L O 1 ° . [ … ] l a b a s e d e l i q u i d a c i ó n p a r a l o s a p o r t e s p r o p o r c i o n a l e s a l a
remuneración del empleado oficial , estará constituida por los siguientes factores,
cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En
todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se
liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los
aportes.».
13 P o s i c i ó n a v a l a d a e n l a s e n t e n c i a d e 0 2 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 9 , e m i t i d a p o r e s t a S a l a
de Decisión de la Subsección A, dentro del proceso r adicado: 41001-23-31-000-2011-
00419-01 (2660-2015). C.P Gabriel Valbuena Hernández.
14 Folio 52 cuaderno expediente ordinario.
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por renuncia , bonificación por servicios prestados y prima de
antigüedad 15.
➢ Por Resolución 93 28 del 27 de noviembre de 1992, CAJANAL
le reconoció al señor Mario Cast illo Cruz una pensión de
jubilación efectiva a partir del 1º de mayo de 1991 , siempre
que se acredite el retiro del servicio, con fundamento en las
Leyes 33 y 62 de 1985 . La cuantía de la prestació n fue
equivalente al 75% del promedio devengado en el último año
de servicio, con inclusión de la asig nación básica, las horas
extras, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios 16.
En este acto se indicó que la fecha en que se adquirió el
estatus de pensionado fue el 24 de marzo de 1991.
➢ Mediante Resolución 8857 de 31 de julio de 1996, CAJANAL
negó la solicitud de reliquidación de la pensión 17.
➢ El 16 de junio de 2003 18 y el 5 de marzo de 2004 19, el señor
Mario Castillo Cru z nuevamente pidió la reliquidación de su
prestación, sin obt ener pronunciamiento alguno por parte de la
administración. La última reclamación es del siguiente tenor:
reitero «mi petición de revisión de mi pensión ya que han
pasado diez meses de haber radicado esta solicitud (2003) y
CAJANAL está violando la ley que ustedes mismos contemplan
en su comunicación y un derecho que tiene el pensionado[...]»
Establecido lo anterior, una vez examinados los supuestos fácticos
y jurídicos del caso sub lite , la Sala encuentra mérito suficiente
para declarar fundada la acción de revisión, de acuerdo con las
siguientes razones:
15 Folios 64 y 65 cuaderno expediente ordinario.
16 Folios 60 a 63 cuaderno expediente ordinario.
17 Folios 15 a 19 cuaderno expediente ordinario.
18 Folios 104 a 106 cuaderno expediente ordinario.
19 Folio 13 cuaderno expediente ordinario.
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En primer lugar, e s preciso mencion ar que el demandado adquirió
el estatus jurídico de pensionado el 24 de marzo de 1991 , esto es,
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1º de
abril de 1994), de ahí que las normativas aplicables son las Leyes
33 y 62 de 1985 .
Conforme a dichas disposiciones, la liquidación de la pensión de
jubilación del señor Mario Castillo Cruz (q.e.p.d) debe tener cuenta
el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio,
con la inclusión de los factores salariales percibidos e n tal período
que se encuentren descritos en el artí culo 3° de la Ley 3 3 de 1985,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y sobre los que
se hubiesen realizado los correspondientes aportes , así:
A RT Í CULO 1° DE LA LEY 62 D E 19 85. Todos los em p l eados
of icia les de una e n t idad af il iada a cua lqui er Caj a de Pr e visión,
deben pagar los apo r t es que pr evean las nor m as de dicha Caj a, ya
sea que su r em uner ación se im put e pr esupuest alm ent e com o
f uncionam ient o o co m o inver sión.
Par a los ef ec t os pr evist os en el in ciso ant er ior , la b ase de
liqu idac ión par a los apor t es pr opor cion ales a l a r em uner ación de l
em pleado of ic ia l, est ar á const it uida p or los sigu ient es f act or es,
cuando se t r at e de em pleados del or den nacion al: asi g naci ón
bási ca, gast os d e represent aci ón; pri mas de ant igüedad,
t écni ca, ascensi onal y de capaci t aci ón; domi ni cal es y f eri ados;
horas ext ras; bonif i caci ón por servi ci os prest ados; y trabaj o
supl ement ari o o real i zado en j ornada noct urna o en dí a de
descanso obl i gat or i o .
En t odo caso, las pe nsiones de los em pl eados of icia les de c ualqu ier
or den, siem pr e se liquidar án sobr e los m ism os f act or es que hayan
ser vido de base par a calcular los apor t e s.
El señor Mario Ca stillo Cruz (q.e.p.d) devengó en el último año de
servicio (del 15 de julio de 1990 al 1 4 de julio de 1991): sueldo,
salario en especie, subsidio de transporte, desayunos , prima
semestral, bonificación semestral, prima de vacaciones,
vacaciones , prima de alimentación, sobre re muneración, horas
extras, bonificación por renuncia , bonificación por servicios
prestados y prima de antigüedad 20.
20 Folios 64 y 65 cuaderno expediente ordinario.
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CAJANAL, por Resolución 9328 del 27 de noviembre de 1992,
liquidó la pensión de jubilación del antes nombrado con fundamento
en: las Leyes 33 y 62 de 1985 y el 75% del promedio devengado en
el último año de servicio, con inclusión de la asignación básica ,
las horas extras , la prima de antigüedad y la boni fi cación por
servicios .
Así las cosas, en principio, no procedía la solicitu d de reliquidación
de la pensión jubilación del ahora demandado en los términos
ordenados por el tribunal , es decir, con la inclusión de todos los
rubros devengados en el último año de servicio, incluidos:
vacaciones, desayunos y bonificación por renuncia , en la medida
en que no estaban e nlistados en el art ículo 3° de la Ley 3 3 de 1985,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 .
Sin embargo, el Tribunal Tribunal Administrativo de Santander, por
medio de sentencia de la sentencia objeto de revisión , ordenó la
reliquidación prete ndida con fundamento en el fallo de unificación
del 4 de agosto de 2010, que precisó que las normas atrás aludidas
no señalan taxativamente los factores a incluir, sino que enunci an
algunos, por lo que pueden tenerse en cuenta otros que hayan sido
devengados por el trabajador en su último año de servicio.
Esta tesis la adopt ó la Sección Segunda , en el marco del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 , y bajo el entendido que
«constituyen salario todas las sumas que habitual y per iódicamente
recibe el empleado como retribución por sus servicios ».
Sobre el particular , observa la Sala que el señor Mario Castillo Cruz
(q.e.p.d) no es destinario de las Leyes 33 y 62 de 1985, a través
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino directamente,
porque ad quirió el estatus pensional con anterioridad al 1º de abril
de 1994 (24 de marzo de 1991 ).
Y que el fallo de unificación de 4 de agosto de 2010 determi nó que
es válido tener en cuenta «las sumas que percibe el trabajador de
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manera habitual y periódica, como contraprestación dire cta por sus
servicios» y se excluye n aquellos emolumentos que (i) «cubren los
riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver
enfrentado» ; (ii) «corresponden a un descanso remunerado»
(vacaciones); (iii) no constituyen factores s alaria les para efectos
prestacionales (bonificación especial de recreación) .
Como el Tribunal Administrativo de Santander fundó su decisión en
la anterior senten cia de unificación, resulta claro que no debió
incluir en la reliquidación que dispuso: las vacaciones, los
desayunos y la bonificación por retiro, por cuanto su objeto no es
remunerar directamente la prestación del servic io del empleo y no
se encuentran enlistados en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 .
Sobre el particular, la Corte Suprem a de Justicia en u n caso de
contornos similare s a este 21, concluyó:
Con base en est e cr it er io, lo cier t o es que la ent idad dem andada
t uvo en cuent a para la liqu idac ión de l pr om edio pension al los
f act or es de asignación bás ica, hor as ext r as, auxilio de
alim ent aci ón, auxi li o de t r anspor t e, bonif icac ión por s er vicios
pr est ados, pr im as de ser vicios, vacac io nes y ant igüed ad y salar io
en especie, elem ent os que clar am ent e est ablece el ar t í culo 1 de la
Ley 62 de 198 5, de m odo t al que a l n o incl uir l os desayu nos, la
bonif icac ión sem est r al, las vacaci ones y la bonif icació n por r et ir o,
que est á n siendo pr et endidos con el pr esent e j uicio por el
dem andant e, la ent i dad no desconoc ió, baj o ninguna c ir cuns t ancia,
las nor m as aplicable s a la pensión del cit ado, pues est os aspect os
no est án cont em plados expr esam ent e por el legislad or par a liquidar
su pr om edio pensio nal, t al com o se dij o en lí neas ant er ior es.
[ . . .]
Par a la Cor t e r esult a clar o que así la e nt idad em plead or a hubiese
ef ect uado apor t es sobr e elem ent os que no debí an incluir se dent r o
de los m ism os, por cuant o no est aban consagr ados expr esam ent e
en el ar t í culo 1 de la Ley 62 de 1985, est a cir cunst ancia no puede
t ener la vir t ualidad de gener ar der echo en cabeza del dem andant e
a que se r eliquide s u base pensional, si no t an solo a su devoluci ón
por par t e de la ent idad.
21 C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a , S a l a d e C a s a c i ó n L a b o r a l , s e n t e n c i a d e l 7 d e j u l i o d e
2015, radicado SL8597 -2015 (48000), M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
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Así las cosas, dado que la de cisión objeto de revisión ordenó la
inclusión de vacaciones, desayunos y bonificación por renuncia , a
pesar de que no remuneran directamente la prestación del servicio
y no se encuentran enlistados en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 , en el presente
asunto se configuró el reconocimiento de un derecho que excede lo
debido de acuerdo a la ley, lo que se encuadra en la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Además, en el asunto sub examine el derecho se hizo exigible el
15 de julio de 1991 , de manera que, para que no se hubiera
configurado el fenómeno prescriptivo, el señor Mario Castillo Cruz
(q.e.p.d) debió formular la reclamación, tendiente a solicitar l a
reliquidación pensional , a más tardar hasta el 15 de julio de 1994;
sin embargo, tan solo elevó la petición al respecto, el 16 de junio
de 2003, por lo cual se entienden prescritas las difere ncias de las
mesadas pensionales causadas con 3 años de antelaci ón a esa
fecha, es decir, aquellas que surgieron desde el 16 de junio de 2000
hacia atrás.
Ahora bien, la petición del 16 de junio de 2003 tuvo la virtualidad
de interrumpir el fenómeno extintivo, pero solo por un lapso igual,
en esas condiciones, para que dich a interrupción tuviera efecto,
debió formular la demanda, a más tardar, dentro de los 3 años
siguientes, esto es, hasta el 16 de junio de 2006; sin embargo, la
radicó el 23 de agosto de 2007, es decir, habiendo superado el
término legal, por lo tanto, la reclamación, en el caso, no tiene el
efecto de interrumpir dicho fenómeno.
Corolario de lo expuesto, al haber superado el tiempo p ara la
interposición de la acción —más allá de la interrupción del término
prescriptivo — es forzoso entender que la radicación de la demanda
es el momento a partir del cual se debe contabilizar hacia atrás, la
extinción de las mesadas pensionales y, en ese sentido, la
reliquidación perse guida procede a partir del 23 de agosto de 2004,
por prescripción trienal.
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Por los motivos que anteceden , la Sala considera procedente
declarar fundada la acción de revisión, pero solo en lo que a dicha
pretensión respecta y, en consecuencia, modificará los ordinales
segundo y tercero de la sentencia del 8 de marzo de 2012 , los
cuales quedará n así:
2. Com o consecuencia de l a ant er ior declar ació n y a t í t ulo de
r est ablecim ient o d el der echo CO ND ÉNE SE a l a CAJ A N ACI O NAL
DE PR EVI SI Ó N SO C I AL «CAJA NAL» a lo sigui ent e : A ) r eliqui dar la
pensión de j ubilac ió n incluyendo l os f actor es salar iales deve ngados
por el señor M ARIO CASTI LLO CRUZ dur ant e el últ im o año de
pr est ación de ser vicio cor r espond ient e a: salar io en e specie ,
subsid io de t r anspo r t e, pr im a sem est r al, bonif icac ión sem est r al,
pr im a de vacacione s, pr im a de alim ent ación, sobr e r em uner ación,
hor as ext r as, bonificació n por ser vici os pr est ados y pr im a de
ant igüedad - seg ún cer t if icación v isi ble a f olios 64 y 65 - , con
ef ect os f iscales des de el 23 de agost o de 2004 . B) Act ua liz ada en
est os t ér m inos la base de l iqui dació n de la pens ión de j u bilac ió n
del dem andant e, la ent idad dem andada pagar á la dif er encia que
r esult e ent r e lo que pagó com o consecuencia de la expedici ón del
act o anulado y lo que debió pagar . Por tr at ar se de pagos de t r act o
sucesivo, la f ór m ula se aplicar á separ ad am ent e m es por m es, par a
cada m esada salar ial y pa r a los dem ás em olum ent os t eniendo en
cuent a que e l Í ndi ce inic ia l es e l vi gent e al m om ent o de l a
causación de cada uno de ellos, conf or m e quedo expues t o en la
par t e m ot iva de este pr oveí do. C) Realizar el d escuent o de los
apor t es cor r espondi ent es a los f act or es salar ia les cuya inc lusió n
se or dena en la pr esent e pr ovidencia y sobr e los cuales no se haya
ef ect uado la deducc ión lega l.
3. DECLÁ RA SE la p r escr ipción de las d if er encias de l as m esadas
causadas con ant er i or idad al 23 de agosto de 2004.
Lo anterior, sin disponer el reintegro de los dineros recibidos en
exceso por este concepto, por cuanto fueron recibidos de buena fe,
en cumplim iento de una decisión judicial.
En consecuencia, se denegarán las demás pretensiones de la
demanda de revisión.
3.8 De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
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interés público». Esta Corporación ha considerado que el ejercicio
del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del
Tesoro Público, así como un mecanismo de defensa de los
principios de eficiencia, universalid ad, solidaridad, integralidad,
unidad y participación que rigen el servicio público esencial de
seguridad social, además de una garantía del principio de
sostenibilidad fina nciera del sistema pensional. Por lo anterior, la
Sala considera improcedente la condena en costas en el caso
analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
la autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la acción de revisión presentada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra el
señora Mario Castillo Cruz ( q.e.p.d) por la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, del 8 de
marzo de 2012 , dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 68001 -33-31-004-2007-00236-01, en cuanto a la
reliquidación de la pensión de jubilación .
SEGUNDO: Los ordinales 2º y 3º de la sentencia referid a, quedará n
así:
2. Com o consecuencia de l a ant er ior declar ació n y a t í t ulo de
r est ablecim ient o d el der echo CO ND ÉNE SE a l a CAJ A N ACI O NAL
DE PR EVI SI Ó N SO C I AL «CAJA NAL» a lo sigui ent e : A ) r eliqui dar la
pensión de j ubilac ió n incluyendo l os f actor es salar iales deve ngados
por el señor M ARIO CASTI LLO CRUZ dur ant e el últ im o año de
pr est ación de ser vicio cor r espond ient e a: salar io en e spec ie,
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subsid io de t r anspo r t e, pr im a sem est r al, bonif icac ión sem est r al,
pr im a de vacacione s, pr im a de alim ent ación, sobr e r em uner ación,
hor as ext r as, bonificació n por ser vici os pr est ados y pr im a de
ant igüedad - según c er t if icación v isi ble a f olios 64 y 65 - , con e f ect os
f iscales desde e l 23 de agost o de 2004 . B) Act ualizada en est os
t ér m inos la base de liqu idaci ón de la pensión de j ubilac ión del
dem andant e, la ent idad dem andada pagar á la dif er encia que r esult e
ent r e lo que pagó com o consecuenci a de la exped ici ón d el act o
anulado y lo que d ebió pagar . Por t r at ar se de pagos de t r act o
sucesivo, la f ór m ula se aplicar á separ ad am ent e m es por m es, par a
cada m esada salar ial y pa r a los dem ás em olum ent os t eniendo en
cuent a que e l Í ndi ce inic ia l es e l vi gent e al m om ent o d e l a
causación de cada uno de ellos, conf or m e quedo expuest o en la
par t e m ot iva de este pr oveí do. C) Realizar el d escuent o de los
apor t es cor r espondi ent es a los f act or es salar ia les cuya inc lusió n
se or dena en la pr esent e pr ovidencia y sobr e los cuales no s e haya
ef ect uado la deducc ión lega l.
3. DECLÁRASE la prescripción de las diferencias de las
mesadas causadas con anterioridad al 23 de agosto de 2004.
TERCERO: Sin co ndena en costas.
Noti fíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
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