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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04557-01

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04557-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase el numeral segundo de la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que contiene la orden de instar al juez accionado. SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, el fallo impugnado, en cuanto denegó la acción de tutela de la referencia. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Pablo Antonio Castillo Camacho y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-04557-01 TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04557-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

21 de noviembre de 2024

Demandantes: Pablo Antonio Castillo Camacho y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04557-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Barranquilla D.E.I.P., veintiuno (21) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04557-01
Demandantes: PABLO ANTONIO CASTILLO CAMACHO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y
OTRO

Tema: Mora Judicial. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por los accionantes contra la
providencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual se negó la acción de tutela de la
referencia.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Pablo Antonio Castillo Camacho y otros, en nombre propio,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander
y el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, con el fin de que les
sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, a los principios de legalidad, imparcialidad, celeridad,
eficiencia, eficacia y lealtad procesal.

Consideraron vulneradas dichas garantías con ocasión de la mora judicial
injustificada en la que consideran incurrieron las accionadas en el trámite del
proceso ejecutivo que se tramita ante el despacho judicial 4 Administrativo
Oral de Bucaramanga con radicado 68001-33-33-008-2014-00075-00.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitaron lo siguiente:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Pablo Antonio Castillo Camacho y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04557-01

1-. Tutelar nuestro DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y
AL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y la aplicación y respeto a
los PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, CELERIDAD,
EFICIENCIA, EFICACIA y LEALTAD PROCESAL integrantes de tales
derechos fundamentales.

2-. En consecuencia, ORDENAR al demandado JUZGADO 4
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, se
abstenga de suspender y paralizar el trámite del PROCESO EJECUTIVO
CON BASE EN SENTENCIA, radicado No. 68001-3333-008-2014-00075-00,
continuando con el curso del mismo y decidiendo el recurso de reposición
interpuesto por la ejecutada UGPP y concediendo los recursos de apelación
interpuesto directamente por la parte ejecutante y en forma subsidiaria por la
parte ejecutada contra el auto que aprueba la liquidación del crédito.

3-. Las demás medidas que su despacho considere necesarias para lograr la
protección efectiva de los derechos fundamentales de la parte accionante.

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3. Hechos

El señor Mario Castillo Cruz, con base en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander el 8 de marzo de 2012 en proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda ejecutiva en contra
de la Caja Nacional de Previsión Social- Cajanal hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, proceso que correspondió al Juzgado 4 Administrativo de
Bucaramanga radicado con el número 68001-33-33-008-2014-00075-00.

En providencia del 26 de abril de 2017 el juzgado de conocimiento como
consecuencia del fallecimiento del demandante dispuso reconocer a los hoy
accionantes como sucesores procesales de su padre, así como también libró
mandamiento de pago.

En audiencia de juzgamiento practicada el 14 de febrero de 2023 el juzgado
4 Administrativo Oral de Bucaramanga negó las excepciones de prescripción
y pago de lo no debido propuestas por la parte demandada, providencia en
contra de la cual las partes interpusieron el recurso de apelación que fue
decidido por el Tribunal Administrativo de Santander a través de la sentencia
del 26 de septiembre de 2023, que confirmó la decisión recurrida.

Realizada la liquidación del crédito por parte de la contadora del despacho,
mediante providencia del 4 de marzo de 2024 el juez de la causa decidió no
aprobar la liquidación presentada por la parte ejecutante, para en su lugar
aprobar la realizada por la autoridad judicial.

En contra del auto proferido, la parte demandante el día 8 de marzo de 2024
interpuso recurso de apelación y la demandada en la misma fecha, el de
reposición y apelación.

La parte demandada en su escrito de impugnación informó al despacho que
2

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el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 2 de
marzo de 2023 declaró fundado el recurso de revisión presentado en contra
de la sentencia del 8 de marzo de 2012 que sirvió de título ejecutivo, para lo
cual dispuso en comunicación del 15 de abril de 2024 se le informara la
ejecutoria de la providencia mencionada.

1.4. Sustento de la vulneración

Los accionantes manifestaron que la mora injustificada en resolver el
Juzgado 4 Administrativo Oral de Bucaramanga los recursos interpuestos por
las partes en el proceso ejecutivo contra el auto del 4 de marzo de 2024,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva así como también los principios de legalidad, imparcialidad,
celeridad, eficiencia, eficacia y lealtad procesal, por cuanto a la fecha de
presentación de la solicitud de amparo ha transcurrido un término superior a
6 meses sin decisión alguna, desconociendo además lo consagrado en el
artículo 358 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1 en el sentido de que el recurso extraordinario de revisión no
suspende la ejecución de la sentencia cuestionada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 30 de agosto de 2024, el despacho de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada en contra del Tribunal Administrativo
de Santander y el Juzgado 4 Administrativo Oral de Bucaramanga.

De igual manera, vinculó como tercero con interés a la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social dada su
calidad de demandada en el proceso ejecutivo con radicado 68001-33-33-
008-2014-00075-00/01.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones respectivas2, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga

Mediante escrito remitido al correo electrónico de la Secretaría General del
Consejo de Estado, el titular del despacho judicial expuso que la causa por la
cual no había decidido los recursos interpuestos lo fue la necesidad de
establecer la ejecutoria de la sentencia del 2 de marzo de 2023 dictada en el
recurso extraordinario de revisión por parte del Consejo de Estado, que
según información de la parte demandada modificó la providencia que sirvió
de título ejecutivo.

Indicó que el esclarecer tal afirmación era indispensable para determinar la
incidencia en la liquidación aprobada, aunque se haya formulado incidente

1 Corresponde al Código General del Proceso.
2 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 3 de septiembre de 2024. Anotación 7

Samai.
3

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de nulidad por parte de la parte ejecutante, motivo por el cual requirió a la
autoridad judicial a fin de obtener la certeza de la ejecutoria de la sentencia
aludida.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander

En documento enviado mediante correo electrónico a la Secretaría General
de la Corporación, la magistrada Francy del Pilar Pinilla Pedraza solicitó la
desvinculación ya que ninguna pretensión se expone frente a actuaciones de
dicha autoridad judicial, por el contrario, se dirige en contra de actuaciones
desarrolladas por el juez de primera instancia.

1.6.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

A través de la subdirectora de Defensa Judicial Pensional (E), solicitó se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia su
desvinculación, por cuanto los reparos se dirigen exclusivamente en contra
del Juzgado 4 Administrativo Oral de Bucaramanga.

1.7 Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de
octubre de 2024, no aceptó la desvinculación solicitada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y por la UGPP. De igual manera negó el
amparo solicitado e instó al Juez 4 Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga para que decidiera lo más pronto posible los recursos
interpuestos en contra del auto del 4 de marzo de 2024. Consideró que entre
el 8 de marzo del presente año fecha en la cual las partes formularon los
recursos y el 27 de agosto de la misma anualidad en la que se presentó la
acción constitucional, transcurrió más de cinco meses, lapso que no estimó
desproporcionado o irrazonable en atención a la información relevante
suministrada por la demandada de haber sido modificado el título ejecutivo
como consecuencia de la sentencia del 2 de marzo de 2023, que resolvió el
recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-25-000-2014-
00500-00.

Expuso que la situación sui generis advertida y la gestión del despacho para
establecer la firmeza de la sentencia no constituye dilación injustificada o
negligencia del juez del ejecutivo, de modo que la tardanza en proseguir el
trámite de resolver los recursos interpuestos, se encuentra justificada.

1.8. Impugnación

Los accionantes en su escrito de impugnación indican que la demora en
resolver los recursos interpuestos no es de 5 meses como se indica en la
sentencia, por el contrario, es de 7 meses contados desde el
pronunciamiento de la providencia cuestionada a la fecha formulación del
presente recurso, motivo por el cual la dilación es totalmente injustificada, ya
que la orden dada por el legislador en el parágrafo 1 del artículo 358 del CGP

4

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y en el parágrafo del artículo 253 del CPACA, el recurso extraordinario de
revisión no suspende el cumplimiento de la sentencia base de ejecución.

De igual manera expusieron que omitió el a-quo analizar lo expuesto por
ellos en el sentido de que en contra de la providencia que resolvió el recurso
de revisión, se formuló incidente de nulidad, lo que conlleva a que la
sentencia no produce efectos hasta cuando se decida el trámite
correspondiente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 3 de octubre de 2024, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia, que negó la acción de tutela.

Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, (iii) mora judicial, y
(iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa,
salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio
irremediable3.

3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

5

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2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución4, del derecho fundamental al
debido proceso5 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia6.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y
en la ley […]»7.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…]
no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad
formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura
judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia
reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos
los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la
suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del
fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»8.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230
de la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte,
que cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías”9, y de otro lado, “la obligación
correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a
dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las

4 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La

ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
5 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
6 Sentencia T-006 de 1992.
7 Sentencia T-476 de 1998.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
9 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

6

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actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto
que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»10.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia11 y con sustento en los principios
de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución
del caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un
proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por
vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío
funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el
funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas,
para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad
como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado
con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de
la justicia material […]»12.

2.5. La mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de
problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino
en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.13

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el
incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los
funcionarios judiciales»14.

En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad
requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la
Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar

10 Ibídem.
11 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública

que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio

Palacio.
13 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
14 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

7

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la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado
que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando
existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de
2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la
materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los
términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión
judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma
providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de
sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial15, según la cual solo
se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.

2.6. Caso concreto

Como viene de explicarse, la parte actora cuestionó la mora judicial
injustificada en la que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales
accionadas, al no resolver los recursos interpuestos por las partes en contra
del auto del 4 de marzo de 2024, proferido en el proceso ejecutivo con
radicado 68001-33-33-008-2014-00075-00.

En primera instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado, negó la
acción de tutela al considerar que el término de más de 5 meses transcurrido
desde la notificación del auto del 4 de marzo de 2024 y la formulación del
amparo no obedeció a la falta de diligencia del titular del Juzgado 4
Administrativo; por el contrario, ante la información relevante indicada por la
entidad demandada en su escrito de impugnación en el sentido de que la
sentencia que sirvió de título ejecutivo había sido modificada como
consecuencia de la prosperidad del recurso extraordinario de revisión 16
procuró establecer la ejecutoria de la providencia con el fin de adoptar las
medidas procesales pertinentes.

15 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-

000-2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado:
Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19
de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal
Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
16 Sentencia del 2 de marzo de 2023. Radicado 11001-03-25-000-2014-00500-00.

8

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Con la impugnación, los tutelantes cuestionan la tardanza en resolver el a-
quo los recursos interpuestos por la partes con el argumento de que el
proceso ejecutivo ha tenido una duración de más de diez años, tiempo
durante el cual han soportado las peticiones y recursos de la parte
demandada que consideran dilatorias y ahora, esperar a que se informe la
ejecutoria de la sentencia proferida en revisión, cuando no produce efectos
hasta cuando se decida el incidente de nulidad propuesto en contra de la
misma.

Revisados los motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en el
escrito de impugnación, se observa que estos no tienen la categoría para
conducir a la revocatoria de la providencia de primera instancia, toda vez que
si bien alegan que el proceso ejecutivo objeto de tutela ha durado más de
diez años, las actuaciones judiciales efectuadas dentro del mismo permiten
advertir que se han adoptado diversas decisiones en procura de su trámite.

Por consiguiente, el tiempo que ha transcurrido entre la ejecutoria del último
auto que data de 4 de marzo de 2024 y al momento de instaurarse la acción
de tutela de la referencia, no es desproporcionado ni configura una mora
judicial injustificada.

Ahora, en cuanto a la dispuesto en el numeral segundo de la sentencia
recurrida, que estableció «… Instar al juez Cuarto Administrativo del Circuito
de Bucaramanga para que decida el recurso de reposición contra el auto del
4 de marzo de 2024 emitido en el proceso ejecutivo nro. 68001-33-33-004-
2014-00075-00 y sobre la concesión de los recursos de apelación contra el
mismo proveído lo más pronto posible…», tal orden resulta incongruente con
lo decidido en primera instancia, dado que al no configurarse la mora judicial
por advertirse que se han efectuado las diligencias y actuaciones del caso,
no procede emitir exhorto alguno ante la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales.

Así las cosas, se revocará el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia, antes mencionado, y se confirmará la negativa del amparo por
inexistencia de mora judicial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase el numeral segundo de la sentencia del 3 de octubre
de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
contiene la orden de instar al juez accionado.

SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, el fallo impugnado, en cuanto denegó
la acción de tutela de la referencia.

9

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TERCERO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

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