Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04557-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04557-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04557-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04557-00
Demandante: Pablo Antonio Castillo Camacho y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-04557-00
Demandante PABLO ANTONIO CASTILLO CAMACHO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas Acción de tutela. Derechos fundamentales a la seguridad social, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. La mora
judicial. Justificación de la tardanza en resolver recurso.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Pablo Antonio Castillo Camacho y otros de conformidad con
lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de agosto de 20241, Pablo Antonio Castillo Camacho, Gloria Castillo
Camacho, July Andrea Castillo Camacho, Lucila Castillo Camacho, Diego Andrés
Castillo Camacho, Rosa María Castillo Camacho y William Alberto Castillo Delgado
interpusieron acción de tutela, contra el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así
como los principios de legalidad, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia y
lealtad procesal, con ocasión a la presunta mora judicial que ha afectado el trámite
del proceso ejecutivo nro. 68001-3333-008-2014-00075-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Con fundamento en los hechos expuestos, respetuosamente solicito a los Señores
Magistrados del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER, que conozcan de
esta acción, disponer y ordenar a favor de la parte demandante lo siguiente:
1-. Tutelar nuestro DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y AL DERECHO
DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y la aplicación y respeto a los PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, CELERIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA y LEALTAD
PROCESAL integrantes de tales derechos fundamentales.
2-. En consecuencia, ORDENAR al demandado JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, se abstenga de suspender y paralizar el trámite del
PROCESO EJECUTIVO CON BASE EN SENTENCIA, radicado No. 68001-3333-008-
2014-00075-00, continuando con el curso del mismo y decidiendo el recurso de
reposición interpuesto por la ejecutada UGPP y concediendo los recursos de apelación
1 La acción de tutela fue inicialmente radicada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 27 de
agosto de 2024 y en auto del 28 de agosto del año en curso esa autoridad remitió el proceso por reglas de
reparto a esta Corporación, Samai índices 1 y 2.
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interpuesto directamente por la parte ejecutante y en forma subsidiaria por la parte
ejecutada contra el auto que aprueba la liquidación del crédito.
3-. Las demás medidas que su despacho considere necesarias para lograr la protección
efectiva de los derechos fundamentales de la parte accionante.» (Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del proceso ejecutivo nro. 68001-33-33-004-2014-00075-00 promovido por
Mario Castillo Cruz (fallecido)
2.1. El 26 de febrero de 2014, el señor Mario Castillo Cruz, padre de los hoy
tutelantes, promovió demanda ejecutiva aduciendo como título la sentencia del
8 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 2007-00236-00,
donde actuó como demandada La Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal,
hoy UGPP2.
En la sentencia se ordenó la reliquidación de la pensión del señor Mario
Castillo Cruz con la inclusión de todos los factores que devengó en el año
inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio.
2.2. La demanda correspondió al conocimiento del Juzgado Cuarto Administrativo
Oral de Bucaramanga y le correspondió la radicación 68001-3333-008-2014-
00075-00.
El señor Mario Castillo Cruz falleció el 9 de febrero de 2015 por lo que los hoy
accionantes fueron aceptados como sucesores procesales de su padre, en
auto del 26 de abril de 2017. En ese proveído también se libró mandamiento
de pago.
2.3. El 12 de septiembre de 2018, el juzgado profirió auto en el que ordenó seguir
adelante con la ejecución. La apoderada de la UGPP interpuso recurso de
reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior providencia, pero
fueron rechazados por improcedentes en proveído del 21 de enero de 2019.
Contra esta última determinación, la apoderada de la ejecutada interpuso los
recursos de reposición y en subsidio el de queja. El juzgado resolvió no
reponer el auto y concedió la queja.
2.4. En providencia del 25 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró mal denegado el recurso de apelación. Y en auto del 21 de
abril de 2021, el Juzgado dispuso obedecer y cumplir lo ordenado por el
Tribunal Administrativo de Santander por lo que concedió el recurso de
apelación contra el auto del 12 de septiembre de 2018 que ordenó seguir
adelante con la ejecución.
2.5. El 8 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander revocó el auto
del 12 de septiembre de 2018 que ordenó seguir adelante con la ejecución.
Posteriormente, el 26 de septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga dispuso obedecer y cumplir lo dispuesto por
su superior y ordenó correr traslado para excepciones.
2 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
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2.6. El 14 de febrero de 2023, se celebró la audiencia de juzgamiento en la que se
estudiaron las excepciones de prescripción y de pago de lo no debido y fueron
negadas. Las decisiones adoptadas en la diligencia fueron apeladas por las
partes. El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia de
primera instancia.
El 15 de diciembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga emitió auto en el que dispuso obedecer y cumplir la decisión del
superior.
2.7. El 25 de enero de 2024, el juzgado emitió auto en el que fijó agencias en
derecho y aprobó la liquidación de las costas y, el 1 de febrero de 2024, envió
el expediente a la contadora para que realizara la liquidación del título de
conformidad con el contenido de la sentencia del 8 de marzo de 2012.
2.8. Atendiendo a la liquidación allegada por la contadora al despacho, en auto del
4 de marzo de 2024, el juez de la causa decidió no aprobar la liquidación del
crédito presentada por la parte ejecutante. En su lugar, aprobó la modificada
por el despacho en una suma menor. Contra esa determinación la parte
demandante interpuso el recurso de apelación y la demandada el de
reposición y en subsidio apelación.
En la sustentación del recurso, la UGPP informó que el Consejo de Estado
emitió sentencia calendada del 2 de marzo de 2023 en la que declaró fundada
la acción de revisión presentada por esa entidad contra el señor Carlos Mario
Castillo Cruz por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 respecto
de la sentencia del 8 de marzo de 2012 emitida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 2007-00236-01.
2.9. En memorial del 15 de abril de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga requirió al Consejo de Estado para que indicara si la sentencia
del 2 de marzo de 2023 que resolvió la acción de revisión presentada por la
UGPP cobró ejecutoria.
Del recurso de revisión presentado por la UGPP, proceso nro. 11001-03-25-
000-2014-00500-00 (1587-2014)
2.10. El 9 de mayo de 2014, la UGPP presentó acción de revisión contra la sentencia
del Tribunal Administrativo de Santander del 8 de marzo de 2012 (título ejecutivo
en el proceso ejecutivo), emitida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho nro. 2007-00236-01, que revocó la del Juzgado Cuarto Administrativo
de Bucaramanga del 12 de agosto de 2009, para acceder a las pretensiones
de la demanda.
2.11. En sentencia del 2 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró fundada la acción de revisión presentada por
la UGPP contra la sentencia del 8 de marzo de 2012 por la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20033.
Dijo que la decisión objeto de revisión ordenó la inclusión de vacaciones,
desayunos y bonificación por renuncia, a pesar de que no remuneran
directamente la prestación del servicio y de que no se encuentran enlistados
3 Samai Consejo de Estado, proceso nro. 11001032500020140050000. Índice 56.
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en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1° de la Ley
62 de 1985. Por lo que, se reconoció un derecho que excede lo legalmente
debido y debe disponerse la reliquidación de la pensión de acuerdo con los
parámetros legales pertinentes.
También estimó que se configuró el fenómeno de la prescripción y en ese
sentido, precisó que la reliquidación perseguida procede a partir del 23 de
agosto de 2004, por prescripción trienal.
La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a las partes el
28 de marzo de 20234.
2.12. Contra la anterior sentencia, la apoderada de la parte demandada presentó
petición de aclaración y/o adición, la cual fue negada en auto que se notificó
en estado del 17 de noviembre de 20235.
2.13. El 17 de noviembre de 2023, la apoderada de la parte demandada en el
proceso presentó solicitud de nulidad contra la sentencia del 2 de marzo de
20236, se corrieron los traslados de Ley y el 5 de diciembre de 2023, el
expediente pasó a despacho para proveer7.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes solicitan la protección de su derecho fundamental al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva frente a la mora que ha afectado el trámite del
proceso ejecutivo objeto de análisis que ya cumple más de 10 años sin que sea
definido. En particular, solicitan que se ordene al juez de la causa decidir,
inmediatamente, el recurso de reposición y que conceda el de apelación contra el
auto del 4 de marzo de 2024 que aprobó la liquidación del crédito modificada por
ese despacho.
Recordaron que los usuarios de la administración de justicia tienen derecho a que
sus demandas se gestionen atendiendo a las garantías del debido proceso dentro
de la que se encuentra el trámite del proceso sin dilaciones injustificadas (art. 29 CP).
Estiman que la omisión del juzgado desconoce la prohibición del legislador que
dispone que en ningún caso el trámite del recurso de revisión suspende el
cumplimiento de la sentencia de ejecución, consagrado en el artículo 358 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Manifestaron que es injustificado que el juez del ejecutivo demore la decisión del
recurso, a la espera de una respuesta del Consejo de Estado, pues ello afecta los
derechos de la parte ejecutante y favorece los intereses de la UGPP.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 30 de agosto de 2024, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por Pablo Antonio Castillo Camacho y otros contra el
Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga. Además, vinculó en calidad de tercera con interés a la Unidad
4 Samai Consejo de Estado, proceso nro. 11001032500020140050000. Índice 59
5 Samai Consejo de Estado, proceso nro. 11001032500020140050000. Índices 63 y 67
6 Samai Consejo de Estado, proceso nro. 11001032500020140050000. Índices 68 y 69
7 Samai Consejo de Estado, proceso nro. 11001032500020140050000. Índice 74
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de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
dada su calidad de entidad demandada en el proceso ejecutivo nro. 68001-33-
33-008-2014-00075- 00/01.
Finalmente, se ofició al Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga para
que allegara el listado de procesos pendientes de trámite y el turno de decisión
asignado al proceso ejecutivo analizado, y se ordenaron las notificaciones de
rigor.
4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, por conducto del titular
del despacho, informó que no había decidido sobre la concesión de los
recursos de apelación presentados por las partes contra el auto que aprobó
de oficio la liquidación del crédito, porque previo a ello, es indispensable
resolver el recurso de reposición contra el mismo proveído dada la incidencia
de esta decisión en la gestión solicitada.
Frente a la decisión de la reposición mencionó que, la UGPP informó en la
sustentación del recurso que el Consejo de Estado en sentencia del 2 de
marzo de 2023, en la que se resolvió la acción de revisión presentado por la
UGPP contra el fallo del 8 de marzo de 2012 (título ejecutivo), dispuso excluir
de la reliquidación de la pensión varios emolumentos que habían sido
inicialmente incluidos por el Tribunal Administrativo de Santander en la
sentencia inicial y que fueron considerados para realizar la liquidación del
crédito contenida en el auto del 4 de marzo de 2024.
En ese sentido, advirtió que la sentencia que constituye el título ejecutivo fue
modificada por el Consejo de Estado en la providencia que resolvió la acción
de revisión y que era indispensable tener certeza sobre su ejecutoria para
poder decidir el recurso de reposición respecto de la liquidación del crédito
dada su incidencia en esta determinación. Dijo que esta información era aún
más relevante si se consideraba que la parte ejecutante mencionó que
propuso incidente de nulidad respecto de la sentencia del 2 de marzo de 2023.
Informó que, con ocasión al anterior contexto, requirió al Consejo de Estado
para que indicara si la sentencia del 2 de marzo de 2023 que resolvió la acción
de revisión incoada por la UGPP contra la sentencia del 8 de marzo de 2012
se encuentra ejecutoriada, aunque se haya radicado el incidente de nulidad.
4.3. El Tribunal Administrativo de Santander, por conducto de la magistrada
Francy del Pilar Pinilla Pedraza, solicitó que se le desvincule de la acción de
tutela porque las pretensiones de la demanda no exponen reparos frente a las
actuaciones de esa autoridad judicial. En esa vía, precisó que la discrepancia
de los accionantes se concreta en las actuaciones desarrolladas por el juez de
la primera instancia.
Advirtió que en cada oportunidad en que el proceso ejecutivo analizado ha
ingresado a esa Corporación, se le ha dado el trámite procesal pertinente en
tiempos razonables y atendiendo a las garantías del debido proceso.
4.4. La UGPP, a través de la subdirectora de Defensa Judicial Pensional (E),
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela frente a la
entidad porque no tiene ninguna solicitud pendiente de resolución promovida
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por los accionantes ni es competente para emitir un pronunciamiento frente a
la solicitud de impulso procesal en el trámite del ejecutivo nro. 2014-00075-00.
Advirtió que la petición de amparo está dirigida exclusivamente al Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga, por lo que debe desvincularse del
proceso a la UGPP por falta de legitimación en la causa por pasiva.
De otro lado, mencionó que no se ha concretado vulneración alguna del
derecho a la seguridad social de los accionantes, pues el sistema general de
la Seguridad Social da cuenta de que los accionantes se encuentran afiliados
al sistema de salud.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas, salvo cuando se interponga como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. De la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal
Administrativo de Santander y por la UGPP
2.1. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por la UGPP, debe
aclararse que su llamado a este proceso constitucional no se hizo como parte
pasiva con potencialidad de satisfacer las pretensiones de la acción de tutela,
sino como tercera con interés debido a su calidad de entidad demandada en
el proceso ejecutivo que se analizará en este fallo. Por ello, es dable concluir
que le asiste interés en las resultas de este proceso constitucional y que era
procedente vincularla conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991.
2.2. Relativo al Tribunal Administrativo de Santander, se tiene que en el escrito de
tutela se relacionaron varios hechos que involucran gestiones de esa
Corporación, y como el actor también expone una inconformidad general con
la mora en el trámite del proceso ejecutivo que ha tomado más de 10 años,
contando las gestiones de la primera y la segunda instancia, entonces esta
Sala estima que existen razones para mantenerla vinculada al proceso como
parte demandada.
Refuerza lo anterior, el hecho de que, en auto del 28 de agosto de 2024, el
Tribunal Administrativo de Santander remitió la acción de tutela sub examine
a esta Corporación con fundamento en que en los hechos de la demanda se
mencionó que ese tribunal conoció del proceso ejecutivo en el que se predica
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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la mora. Por lo anterior, consideró pertinente remitir la acción de tutela al
Consejo de Estado como superior jerárquico invocando la regla de reparto
contenida en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 20159.
Conforme a lo indicado, la Sección negará la solicitud de desvinculación
presentada por el Tribunal Administrativo de Santander.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si el
Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de
Santander incurrieron en mora injustificada por la tardanza en la decisión y
concesión de los recursos de reposición y de apelación presentados contra el auto
del 4 de marzo de 2024 que aprobó la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo
nro. 680013333004 2014-00075-00.
4. La mora judicial injustificada
4.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora” 10.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.
4.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia11. Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.
Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso, si la
conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias
objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o
para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de
9 «5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada»
10 Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2006.
11 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
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una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.
De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia12.
Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega”.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza.
En la Sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora
judicial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo
del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y
(iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de
los deberes del funcionario judicial.
Y para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, la alta Corte señaló
que se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso
concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes;
(iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten
en el trámite.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Los accionantes presentaron una inconformidad general con el tiempo que ha
tomado la decisión del proceso ejecutivo objeto de análisis, el cual fue
promovido el 26 de febrero de 2014 y en la actualidad está en la etapa de
liquidación del crédito. Advierten que es desproporcionado el lapso de más de
10 años sin que se ponga fin a un proceso.
Teniendo como contexto este escenario general de retardo, solicitan que,
como garantía de sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva,
el fallador constitucional ordene al Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga que se abstenga de seguir retardando el trámite del proceso
12 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
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Demandante: Pablo Antonio Castillo Camacho y otros
ejecutivo nro. 68001-3333-008-2014-00075-00 y decida el recurso de reposición
promovido por la UGPP contra el auto del 4 de marzo de 2024 y conceda los
recursos de apelación promovidos por las partes contra ese mismo proveído.
De lo anterior se desprende que las pretensiones de la acción de tutela se
centran en la dilación en la decisión y concesión de los recursos contra el auto
del 4 de marzo de 2024, omisión atribuible al juez Cuarto Administrativo de
Bucaramanga, por lo que el análisis de la mora judicial se concentrará en la
gestión de esa autoridad judicial.
5.2. En el informe de tutela, el juez accionado explicó que la tardanza en la decisión
del recurso de reposición contra el auto del 4 de marzo de 2024, que aprobó
la liquidación del crédito de oficio, obedecía a la emisión de la sentencia del 2
de marzo de 2023 proferida en la acción de revisión nro. 2014-500-00. Informó
que en esa sentencia la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado resolvió la acción de revisión contra el fallo del 8 de marzo de 2012,
que constituye el título ejecutivo en el proceso ejecutivo sub examine, en el
sentido de declarar fundada la acción de revisión presentada por la UGPP y
modificó los ordinales 2° y 3° de la sentencia constitutiva del título.
El juez manifestó que, dada la relevancia de la sentencia que modificó el título
ejecutivo del proceso ejecutivo nro. 2014-0075-00, requirió al Consejo de
Estado en memorial del 15 de abril de 2024, en los siguientes términos:
«PRIMERO: REQUERIR al CONSEJO DE ESTADO para se sirva indicar si la sentencia del
2 de marzo de 2023, a través de la cual declaró fundada la acción de revisión presentada por
la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- con el fin de que se revisara la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander el día 8 de marzo de 2012 dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 680013331004-2007-00236-01, se encuentra ejecutoriada o
no.»
La autoridad judicial accionada argumentó que era necesario tener certeza
sobre la ejecutoria de la sentencia que resolvió la acción de revisión para poder
resolver la reposición promovida por la UGPP contra el auto que aprobó la
liquidación del crédito de oficio en el proceso ejecutivo sub examine y, en
consecuencia, sobre la concesión de los recursos de apelación.
5.3. De otra parte, al consultar el histórico de actuaciones del proceso ejecutivo en
Samai, esta Sala evidencia que el auto que aprobó la liquidación del crédito
modificada por el despacho judicial data del 4 de marzo de 2024 y se notificó
en estado electrónico del día 5 de ese mes y año. Asimismo, los recursos de
reposición y en subsidio apelación, incoado por la UGPP, y el de apelación,
promovido por la parte ejecutante, fueron radicados el 8 de marzo de 2024.
Lo anterior quiere decir que, al momento de la interposición de la acción de
tutela habían transcurrido más de cinco meses sin que el juez del ejecutivo
decidiera el recurso de reposición contra el auto que modificó y aprobó la
liquidación del crédito.
Para la Sala, este lapso no se estima desproporcionado ni irrazonable, si se
tiene en cuenta que en el curso del proceso ejecutivo y, en específico, en la
etapa de liquidación del crédito, la UGPP allegó información relevante sobre
la posible modificación del título ejecutivo con ocasión de la emisión de la
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04557-00
Demandante: Pablo Antonio Castillo Camacho y otros
sentencia del 2 de marzo de 2023 en la que se resolvió el recurso de revisión
en el proceso nro. 11001-03-25-000-2014-00500-00.
Además, el juez accionado acreditó que adelantó gestiones con miras a tener
certeza sobre la ejecutoria de la sentencia del 2 de marzo de 2023, como
insumo que estimó necesario para resolver el recurso de reposición.
De manera que en el proceso se acreditó la situación sui generis sobre la
alegada modificación del título y la gestión del despacho tendiente a tener
certeza sobre la firmeza de la sentencia que resolvió la acción especial de
revisión nro. 2014-500-00, hechos que permiten concluir que no ha
transcurrido un plazo irrazonable y que no se trata de una dilación
necesariamente injustificada o derivada de la negligencia del juez del
ejecutivo, de manera que la tardanza en proseguir con el trámite pendiente,
esto es, la decisión sobre los recursos interpuestos contra el auto que aprobó
la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo, se encuentra justificada.
5.4. A pesar de que no se evidencia una mora judicial injustificada, esta Sala estima
necesario advertir al juez Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga
que la decisión del recurso de reposición y la concesión de los de apelación
no puede depender de que la Sección Segunda del Consejo de Estado
responda el requerimiento sobre la ejecutoria de la sentencia del 2 de marzo
de 2023.
Lo anterior, considerando que la ejecutoria de las providencias judiciales es un
asunto que está regulado en los marcos jurídicos procesales pertinentes, por
lo que corresponde al juez Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga
definir, previo análisis del histórico de actuaciones de la acción de revisión nro.
2014-00500-00 en Samai, si la sentencia ya cobró ejecutoria atendiendo a lo
dispuesto para tal fin en el artículo 302 del Código General del Proceso13.
Siendo esta la única razón expuesta por la autoridad judicial accionada para
justificar que no se haya decidido el recurso de reposición ni la concesión de
los de apelación, esta Sección instará al Tribunal para que los resuelva con
celeridad, pues, se insiste que no es razonable esperar hasta que la Sección
Segunda responda el requerimiento presentado el 15 de abril de 2024, cuando
la determinación sobre la ejecutoria de una providencia es una cuestión de
derecho que corresponde establecer al juez natural de la causa.
6. Conclusión
Conforme a lo expuesto, la Sala negará la solicitud de amparo presentada por Pablo
Antonio Castillo Camacho y otros porque no se encontró acreditado un escenario
de mora judicial injustificada.
Sin embargo, se instará al juez Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga
para que resuelva el recurso de reposición contra el auto del 4 de marzo de 2024 y
13 Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas,
cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada
una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04557-00
Demandante: Pablo Antonio Castillo Camacho y otros
sobre la concesión de los recursos de apelación respecto de ese mismo proveído lo
más pronto posible, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por Pablo Antonio
Castillo Camacho y otros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Instar al juez Cuarto Administrativo del Circuito de Bucaramanga para que
decida el recurso de reposición contra el auto del 4 de marzo de 2024 emitido
en el proceso ejecutivo nro. 68001-33-33-004-2014-00075-00 y sobre la
concesión de los recursos de apelación contra el mismo proveído lo más
pronto posible, dados los argumentos expuestos en este fallo de tutela.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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