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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00699-00

Acción especial de revisión

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
91 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00699-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿La sentencia de 29 de marzo de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que reliquidó la pensión de vejez, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

Reglas

  1. Procede la causal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 cuando la sentencia reconoce una cuantía que excede lo debido conforme a la ley, pacto o convención aplicable.

    «el monto del derecho reconocido por el Tribunal excedió lo»
  2. La sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018 era precedente obligatorio al momento de proferirse la sentencia revisada y debía aplicarse.

    «debió aplicar el precedente»
  3. El ingreso base de liquidación de los beneficiarios de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo incluye los factores sobre los que se hayan efectuado aportes.

    «únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes»
  4. Al beneficiario de la transición de la Ley 33 de 1985 vinculado al orden nacional se le aplica la edad del Decreto 3135 de 1968 para la pensión de jubilación.

    «se aplicará en el sub examine el Decreto 3135»
  5. Las mesadas pensionales causadas antes del 17 de mayo de 2013 se encuentran prescritas cuando la solicitud de reliquidación se presentó el 17 de mayo de 2016.

    «se encuentran prescritas según lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968»
  6. No se ordena devolver las sumas pagadas en cumplimiento de la sentencia cuando la entidad no desvirtúa la presunción de buena fe del pensionado.

    «la UGPP no desvirtuó la presunción de buena fe del pensionado»

Decisión

Declara fundada la acción de revisión, infirma la sentencia del 29 de marzo de 2019 y dicta sentencia de reemplazo que ordena reliquidar la pensión con el 75 por ciento y los factores de la unificación, con efectos desde el 17 de mayo de 2013. Sin condena en costas.

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DE CLARAR FUNDADA la acción de revisión presentada por la UNIDA D ADMINISTRATIV A ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIB UCIONE S PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN S OCIAL (UGPP), al encontrar probada la configuración de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 41 C o n s e j o d e E s t a d o , Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000- 2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000- 2018-01884-00(REV). www.consejodeestado.gov.co 28 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicado: 11001-03-25-000-2019-00699-00 Demandante: UGPP contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de marzo de 2019 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 -33-42-053-2017- 00089-01 por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, en consecuencia, SEGUNDO. SE INFIRMA la sentencia de segunda instancia de l 29 de marzo de 2 019 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se dicta sentencia de reemplazo. En consecuencia, se DISPONE : «PRI M ERO : M O DI FI CA R el numeral Q UI NTO de la sent encia pr of er ida el 22 de f ebr er o de 2018 por el Juzgado Cincuent a y Tr es Adm inist r at ivo del C ir cuit o Judic ial de B ogot á – Sección segunda - O r al, dent r o del pr oceso de nul idad y r e st ablecim ie nt o del d er echo inst aur ado por el señor ALFO NSO AYALA en cont r a de la UG PP sucesor a de CA JAN AL EI CE EN LI Q UI DACI Ó N , el cual qued ar á así : «Com o consecuenc ia de la nul idad decr et ada y a t it ulo de r est ablecim ient o d el der echo, CO NDENA R a la U NI DAD ADM I NI STRATI VA ESPE CI AL DE G ESTI Ó N PENSI O N AL Y CO NTRI BUCI O NE S PARAFI S CAL ES DE LA PRO TECCI Ó N SO CI AL – UG PP a r eliq uida r y pagar la pensió n de j ubilac ión de l señor […]

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00699-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C. , veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019)
Accionante : UNIDAD ADMINI STRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSI ONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓ N SOCIAL -
UGPP
Demandada: ALFONSO AYALA

Tema: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Infirma sentencia recurrida por
inaplicación de la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado.

SENTENCIA UNICA INSTANCIA. LE Y 1437 DE 2011

ASUNTO

Conoce la Sala de Subsección la acción especial de revisión
promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social -
UGPP contra la sentencia del 29 de marzo de 2019 proferida por
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinama rca.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA DE NULIDAD Y RE STABLECIMIENTO DEL
DERECHO

El señor ALFONS O AYALA , en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho , solicitó que se declarara la
nulidad de las Resoluciones RDP 035390 del 22 de septiembre y
RDP 049546 del 29 de diciembre de 2016, proferidas por la UGPP,

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Demandante: UGPP

en consecuencia, a titulo de restable cimiento del derecho, requirió
la reliquidación de su pensión con todos los factores salariales que
devengó en el último año de servicios.

1.1. Fundamentos fácticos 1

Como sustento fáctico de sus preten siones, indicó que CAJANAL
le reconoció la pe nsión de vejez mediante Resolución No. 34397
del 27 de octubre de 2005 y que por ser beneficiario del régimen
de transición previsto en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33
de 1985, solicitó su reliquidación de acuerdo con todos factores
salariales que percibió en el último año de servicios ; sin embargo,
la UGPP por medio de Resolución No. RDP 035390 del 22 de
septiembre de 2016, confirmada a través de Resolució n No. RDP
049546 del 29 de diciembre de l mismo año , resolvió negarla.

2. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 2

El Juzgado Cincuenta y Tres Administ rativo del Circuito Judicial de
Bogotá – Sección Segunda - Oral, mediante sentencia del 17 de
noviembre de 2017 , accedió a las pretensiones de la demanda,
pues sostuvo que el señor ALFONSO AYALA al ser beneficiario del
régimen de transición previsto en el parágrafo 2 del art ículo 1 de
la Ley 33 de 1985 le asistía el derecho a la reliquidación pensional
con todos los factores salariales que devengó en el último año de
servicios, entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2005, esto
es, además de la asignación básica, la prima de servicios y su
ajuste, las vacacio nes, la prima de vacaciones , la bonificación por
servicios y la prima de navidad y su ajuste, en 1/12 parte para los
factores cuya causac ión tuviera lugar cada año percibidos ,
conforme la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010
proferida por el Consejo de Estado.

1 Folios 31 a 32 del expediente en préstamo.
2 Folios 107 a 116 del expediente en préstamo.

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Adicionalmente, declaró la prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 17 de mayo de 2013,
teniendo en cuenta que la solicitud de reliquidación la pre sentó solo
hasta el 17 de mayo de 2016 y ordenó a la UGPP que realizara los
descuentos correspondientes a los aportes que no se hicieron.

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

El señor ALFONSO AYALA 3 solicitó que se revocara parcialmente
la sentencia de primera instancia en lo relacionado con la
obligación de realizar aportes por los factores reconocidos, en el
entendido que se encuentran prescritos según lo dispu esto en el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y toda vez que no es su
responsabilidad sino la del patrono de acuerdo con lo previsto en
el artículo 22 de la Ley 100 de 1993.

Por su parte l a UGPP 4 presentó recurso de apelación con el
propósito que se revocara el fallo del juzgado y , en su lugar, se
negaran las pretensiones del medio de control, pues manifestó que
de conformidad con la posición jurisprudencial de la Co rte
Constitucional el I BL no es tá sujeto a la transición, de tal manera
que para su cálculo se debe considerar lo p revisto en la Ley 100
de 1993 y no lo dispuesto en el régimen anterior.

3. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN 5

La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca , mediante fallo del 29 de marzo de 2019 ,
confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia , pues
advirtió que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado 6, el señor ALFONSO AYALA al ser beneficiario del régimen

3 Folios 122 a 124 del expediente en préstamo.
4 Folios 125 a 127 del expediente en préstamo.
5 Folios 166 a 173 del expediente en préstamo.
6 Citó
la sentencia del 31 de enero de 2019 proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado. Rad. Núm.:
410012331000201200101 (1145-2016)

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de transición dispuesto en la Ley 33 de 1985 le asistía el derecho
a la reliquidación de la pensión reconocida de acuerdo con el
régimen anterior, el Decreto 3135 de 1968, sin embargo , los
factores sal ariales que debía n tenerse en cuenta eran únicamente
los señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 ,
certificados y deve ngados por el demandante entre el 1 de mayo
de 2004 y el 30 de abril de 2005 : la asignación básica, la prima de
servicios y e l reajuste, la prima de va caciones, la bonificación por
servicios, la prima de navidad y el reajuste, estas cuatro últimas de
forma proporcional a una doceava parte .

En relación con las vacaciones, manifestó que no se podían tener
en cuenta, toda vez que no correspondían al concepto de salario,
porque no eran una consecuencia directa de la prestación del
servicio y tampoco se encontraban enlistadas en el Decreto 1045
de 1978.

De igual forma precisó que la UGPP estaba obligada a descontar
los aportes que se gún la Ley conformaban el salario del trabajador,
pero que si por algún motivo no se le hacía el descuento, ello no
daba lugar a que se negara la inclusión de determinado factor para
la reliquidación ordenada. Asimismo, determinó, en virtud de la
libertad de interpretación y autonomía del juez, que los descuentos
se realizarían por toda la vida laboral según la norma vigente al
momento en que debieron efectuarse y únicamente en la proporción
que le correspondía al trabajador.

4. LA ACCIÓ N DE REVISIÓN 7

La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones Pa rafiscales de la Protección Social - UGPP,
compareció ante esta Corporación en ejercicio de la acción de
revisión con el pro pósito de que se revoque la sentencia del 29 de
marzo de 2019 expedida por la S ubsección E de la Sección

7 Folios 229 a 238 del expediente.

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Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su
lugar, se ordene la reliquidación del I BL de la pensión reconocida
al señor ALFONSO AYALA según lo dispuesto en el inciso 3° del
artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores
señalados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994 y se ordene
el reintegro de los dineros recibidos e n exceso producto de la orden
judicial cuestionada.

Como causales de revisión invocó el previsto en el lite ral b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 8, al considerar que la providencia
recurrida ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del
demandante sobre el 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio conforme lo dispuesto en
el régimen anterior , los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978 , en
contravención al precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional 9 y la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 proferida por el Consejo de Estado 10, según los cuales para
la determinación de la mesada pensional se debe atender a la regla
prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo
en cuenta solo la lista de factores indicados expresamente en el
Decreto 1158 de 1994. En ese orden de ideas, destacó que la
cuantía del derecho reconocido ex ced ió lo debido de acuerdo
con la ley .

5. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓ N DE REVISIÓN 11

El señor ALFONSO AYALA , por intermedio de apoderado, se opuso
a las pretensione s de la acción, p ues aseguró que la decisión
judicial recurrida se profirió de acuerdo con la jurispru dencia del

8 «b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo

con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables»
9 Citó
las sentencias C -168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395
de 2017, SU-023 de 2018 y el auto 227 de 2017 proferidos por la Corte
Constitucional.
10 C o n s e j o
de Estado. Sala Plena e lo Contencioso Administrativo. Rad. Núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01.
11 F o l i o s 330 a 336 del expediente.

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Consejo de Estado vigente para la época, esto es, la sentencia del
4 de agosto de 2010, según la cual le asistía el derecho a la
reliquidación solicitada de tal manera que no existió una violación
al debido proceso de la UGPP.

Además, adujo que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993,
del Acto Legislativo 01 de 2005 y de las sentencias de la Corte
Constitucional C -258 de 2013 y SU -230 de 2015, citadas por la
recurrente, ya contaba con 20 años de servicio, de tal manera que
no eran aplicables a su situación particular, porque son posteriores
a la adquisición del derecho pensional y específicamente dichas
decisiones judicia les no contemplaron efectos retroactivo s o
retrospectivos.

De igual forma, manifestó que la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 del Consejo de Estado no era aplicable, por cuanto
expresamente señaló que los casos ya juzgados eran
inmodificables, en consecuencia, como la decisión judicial
recurrida ya está notificada y ejecut oria da e hizo t ránsito a cosa
juzgada, no es posible cambiarla.

Formuló las excepciones de (i) inconstitucionalidad de las
sentencias C -258 de 2013 y SU -230 por violación de los artículos
4, 13, 29, 48, 53, 93 y 230 de la Constitución Política, el artículo
21 del Código Sustantivo del Trabajo, (ii) inconstitucionalidad del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por violación del principio de
inescindibilidad y de favorabilidad y (iii) cosa juzgada respecto de
la sentencia recurrida.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

De acuerdo con lo s artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de
la Ley 797 de 2003 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, esta Subsección es competente para

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conocer la acción de revisión form ulad a por la UGPP contra la
sentencia del 29 de marzo de 2019 proferida por la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca .

2. Oportunidad

En el presente caso se encuentra demostrado que la sentencia
objeto de revisión fue proferida el 29 de marzo de 2019 por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y quedó ejecutoriada el 22 de abril d e 2019 12, y
que la acción de revisión fue presentada por la UGPP el 26 de
septiembre de 2019 13, es decir, dentro del término de los cinco años
previsto en el artículo 251 del CPACA , por lo que se concluye que
aquella se encuentra en tiempo.

3. Legitimación en la cau sa

Sobre el asunto, se advierte que la Sala Plena del Consejo de
Estado a través de sus Salas Especiales de Decisión 14, admitió
expresamente que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio
ratificado por esta Subsección. De igual forma, es conveniente
resaltar que según el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de
2013 15, la UGPP tiene competencia para adela ntar o asumir
acciones de esta naturaleza, en ese sentido, la entidad accionante

12 F o l . 176 del cuaderno del expediente en préstamo.
13 D e
acuerdo con el sello de recibido por parte del Consejo de Estado en el
reverso del folio 150 del expediente.
14Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión 25, sentencia del 2 d e julio de 2019, radicación:
110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
15 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
cumplirá con las siguientes funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya
lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas
que la adicionen o modifiquen. […]»

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tiene legitimación en la causa por activa para adelantar la presente
acción de revisión.

4. Problema jurídico

Conforme con los antecedentes descritos y teniendo en cuenta que
los argumentos formulados por el accionado como «excepciones »
constituyen en realidad razones referentes al fondo del asunto , la
Sala de Subsección procederá a resolver en esta oportunidad el
siguiente interrogante:

¿La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia del 29 de
marzo de 2019 que reliquidó la pensión de vejez del señor
ALFONSO AYALA, incurrió en la causal de revisión pre vista en el
literal b) del a rtículo 20 de la Ley 797 de 2003?

Para resolver la controversia, la Sala desarrollará el siguiente
orden metodológico: (i) marco normativo y jurisp rudencial aplicable
al asunto y (ii) aná lisis del caso concreto.

5. Marco normativ o y jurisprudenci al

5.1. Sobre la causal de revisión dispuesta en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003

La Ley 797 de 2003 «por la cual se reforman algunas disposiciones
del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
Exceptuados y Especiales» en su artículo 20 dispuso las siguientes
causales de revisi ón:

«REVI SI Ó N DE RE CO NO CI M I ENTO DE SUM AS PERI Ó DI CAS A
CARG O DEL TESO R O PÚBLI CO O DE FO NDO S DE NATU R ALEZA
PÚBLI CA. < Apar t es t achados I NEXEQ UI BLES> Las pr ovi dencias
j udicia les que en c ualqu ier t iem po hayan decr et ado o decr et en
r econocim ient o qu e im pongan a l t esor o públ ico o a f ond os de
nat ur aleza púb lic a la ob ligac ión de cu br ir sum as per iód ic as de
diner o o pension es de cualqu ier nat ur aleza podr án ser r evisadas

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por el Consej o de Est ado o la Cor t e Supr em a de Just icia, de
acuer do con sus com pet encias, a solic it ud del G obi er no por
conduct o del M i ni st er io de Tr abaj o y Segur ida d Soc ial, de l
M inist er io de Hacien da y Cr édit o Público , del Cont r alor G ener al de
la Repúb lic a o del P r ocur ador G ener al de la Nación.
La r evisión t am bié n pr ocede cuando el r econocim ie nt o sea el
r esult ado de una t r ansacción o conci l iac ión j udici al o ext r aj udicia l.

La r evisión se t r a m it ar á por el pr ocedim ient o seña lado par a el
r ecur so ext r aor dinar io de r evisión por el r espect ivo código y podr á
solic it ar se en cualq uier t iem po por las causales consagr ad as par a
est e en el m ism o código y adem ás:

a) Cuando el r eco n ocim ient o se haya obt enido con v iol ac ión al
debido pr oceso, y

b) Cuando l a cuant í a del derecho reconoci do excedi ere l o
debi do de acuerdo con l a l ey, pact o o convenci ón col ect i va que
l e eran l egalmente apl i cabl es ». Apar t e r esalt ado declar ad o
inexequ ib le por la Cor t e Const it uciona l en sent encia C - 8 35 de
2003. Negri l l as f uera del t ext o

A propósito, l a S ala ha reconocido que la existencia de estas
causales son una herramienta legal útil que persigue f ortalecer el
principio de la moralidad administrativa y corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado de forma
fraudulenta y en exceso lo cual afect a los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.

En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la
introducción de las causales especiales para la acción era
garantizarle a la a dministración que pudiera insistir en un nuevo
estudio de las pensiones reconocidas de forma fraudulenta, de
modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario». 16

Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2 003, esta Corporación ha dicho lo
siguiente :

16Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
noviembre de 2020. Rad. Núm. 11001 -03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).

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«35. Vist o el lit er al b) del ar tí culo 20 de la Ley 797, sobr e la
r evisión de r econoc i m ient o de sum as per iódic as a car go del T esor o
Públ ico o de Fondos de Nat ur aleza Pública; en especial c uando
“ [ …] la cuant í a del der echo r econocid o excedier e l o deb ido de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an
lega lm ent e aplicab le s [ …]” .

36. En r elación con est a causal es impor t ant e anot ar que en la
exposic ión de m ot ivos del pr oyect o que conduj o a la expedición de
la Ley 797, se obse r va que ella obed ec ió a la neces idad “ [ …] de
const r uir esquem as social es solidar i os, f inancier am ent e via bles y
sost enibles e n el t ie m po, y, equit at ivos par a t odos los ciuda danos
[ …] ”. Así las cosas, ent r e los pr incipal es pr opósit os de est a nor m a,
y en par t icular del ar t í culo 20 ibid em , estaba el de r educ ir el déf icit
f iscal y hacer del pensiona l un sist em a f act i ble en t ér m inos
económ icos per m it i endo la r evis ión, ent r e ot r as, de aquell as
pr est aciones per iód i cas cuya cuant í a exceda lo deb ido de a cuer do
con las nor m as vigent es.

37. Baj o ese ent endido, est a Cor por ación 17 ha det erm inado que
esos r equisit os sust ancia les o est r uct urales son los siguien t es: i)
que se t r at e de un d er echo debid o de ac uer do con la ley; i i) que se
t r at e de un der echo r econocido; iii) y que exist a un exceso en la
cuant í a r econocida f r ent e a ese der echo » 18.

Es decir, para el caso se deberá determinar si la re liquidación
ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
constituyó el reconocimiento de un derecho cuya cuantía excedió
lo previsto por la ley.

5.2. Sobre el IBL para pensiones reconocidas en el régimen de
transición del artí culo 36 de la Ley 100 de 1993. Sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 19

17 V e r e n t r e o t r a s : i ) C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o ,

Sala Veintitrés Especial de Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019,
C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de radicación: 11001 -
03-15-000-2016-01280-00.
18Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-03-
15-000-2020-05008-00(REV)
19 E s t a
decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia
de quien se ocupa de esta pro videncia, donde se analizaron temas tales como
las competencias constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las
sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de
constitucionalidad en abstracto y en revisión de las se ntencias de tutela; la
fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución por vía de autoridad
y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como

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En primer lugar, es oportuno recordar que esta Sección en
sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 consideró que no
era taxativo el list ado de factores salariales sobre los cuales se
calcula el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación
de que trata la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo
año, porque además, se debían tener en cuenta aquellos facto res
que constituían salario, independientemente de la denominación
que recibieran, es decir, todos los que se cancelaran de manera
habitual como retribución directa del servicio y no solamente los
descritos en dicha normativa.

Posteriormente, la Corte Con stitucional en las sentencias C -258 de
2013, SU-230 de 2015, SU -395 de 2017, SU -023 de 2018, entre
otras, destacó la relación de corresp ondencia que existe entre los
aportes que hace el empleado a lo largo de su vida laboral ante el
sistema general de segu ridad social y los principios de solidaridad
y de sostenibilidad financiera del sist ema pensional.

En virtud de lo anterior, mediante sentencia del 28 de agosto de
2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, unificó su jurisprudencia en relación con el Índice
Base de Liquidación -IBL de las pensiones reconocidas con
fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, en los términos que se transcriben a
continuación:

criterio auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de
unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional
en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU -230 de 2015, C-
258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018. Igualmente
se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C -258 de 2013 y los
efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, la inescindibilidad del régimen de transición pe nsional y los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional.
A partir de allí se concluyó que en ese caso « el "régimen de transición"
previsto en la Ley 100 de 1993 protegía la expectativa legítima de la
demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada
conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el
"equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario pr omedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio".»

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«[ …]

92. De acue r do con lo expuest o, la Sala Plena de lo Cont encios o
Adm inist r at ivo sie nt a la sigui ent e r egla j ur ispr udenci al:

“ El I ngreso Base d e Li qui daci ón del i nci so t ercero del a rt í cul o
36 de l a Ley 100 de 1993 hace part e del régi men de t ransi ci ón
para aquel l as pe rsonas benef i ci ari as del mi smo que se
pensi onen con l os requi si t os de edad, t i empo y t asa de
reempl azo del régimen general de pensi ones previ st o en l a Ley
33 de 1985 ” .

93. Par a est e gr upo de benef iciar ios de l r égim en de t r ansición y
par a ef ect o s de liqu idar e l I BL com o quedó p l ant eado
ant er ior m ent e, el Consej o de Est ado f ij a las sigu ient es subre gl as :

94. La pri mera subregl a es que par a los ser vidor es públ ic os que
se pensionen conf or m e a las condicione s de la Ley 33 de 1985, el
per iodo par a li quid a r la pensión es:

• Si f alt ar e m enos de diez ( 10) años par a adquir ir e l der echo a la
pensión, el ingr eso base de liquidac ión ser á ( i) el pr om edio de lo
devengado en el t i em po que les hicier e f alt a par a ello, o ( ii) el
cot izado dur ant e t odo el t iem po, el que fuer e super ior , act ualizad o
anualm ent e con ba se en la var iaci ón del Í ndice de Pr e cios al
consum idor , según cer t if icación que exp i da el DAN E.

• Si f alt ar e m ás de di ez ( 10) años, el ingr eso base de li quid ac ión
ser á el pr om edio de los salar ios o r ent as sobr e los cuales ha
cot izado el af i lia do dur ant e los diez ( 10) años ant er ior es al
r econocim ient o de l a pensión, act ual iza dos anualm ent e con base
en la var iación d el í ndice de pr eci os al consum idor , según
cer t if icación que ex pida el D ANE.

[ …]

96. La segunda su bregl a es que los f act or es salar iales q ue se
deben incl uir en el I BL par a la pensión de vej ez de los ser vidor es
públ icos benef iciar i os de la t r ansición son únicam ent e aquel los
sobr e los que se hayan ef ect uado los apor t es o cot izaciones al
Sist em a de Pension es.

97. Est a subr egla se sust ent a en el ar tí culo 1° de la Const it ució n
Polí t ica que cons ag r a el pr incip io de so lidar idad com o uno de los
pr incip ios f undam en t ales del Est ado Soc ial de Der echo.

98. El ar t í culo 48 const it ucional def ine la Segur id ad Socia l
com o “ un ser vicio p úblic o de car áct er oblig at or io que se pr est ar á
baj o la dir ección, coor dinaci ón y cont r ol del Est ado, en suj eción a
los pr inci pios de e f icienc ia, univer sal i dad y sol i dari dad, en los
t ér m inos que est ablezca la Ley” . El legi slador ( ar t í culo 2 de la Ley

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100 de 1993) expli ca est e pr incipio co m o “ […] la pr áct ica de la
m ut ua ayuda ent r e las per sonas, las g ener aciones, los se ct or es
económ icos, las r eg iones y las com un id ades baj o el p r inc ip io del
m ás f uer t e hacia el m ás débil” .

99. La int er pr et ación de la nor m a que m ás se aj ust a al ar tí culo 48
const it uciona l es aquell a según la cual en el r égim en gener al de
pensiones, pr evist o en la Ley 33 de 1985, sol o l os f act ores sobre
l os que se haya real i zado el aport e o cot i zaci ón pueden
i ncl ui rse como el ement o sal ari al en la l i qui daci ón de l a mesada
pensi onal .

100. De conf or m idad con el Act o Legis lat ivo 01 de 2005 p or el cua l
se adic iona e l ar t í culo 48, par a ad quir i r el der echo a la p ensió n
ser á necesar io cum plir con la edad, el t iem po de ser vicio y las
sem anas de cot izaci ón. Par a la liqu idac i ón de las pensio nes sólo
se t endr án en cuenta los f act or es sobr e los cuales cada per sona
hubier e ef ect uado la s cot izaciones.

101. A j uicio de la Sala P lena, la t es is que adopt ó la S ección
Segunda de la C or por ación, en la se nt encia de un if icac ión d el 4 d e
agost o de 2010, seg ún la cua l e l ar t í culo 3 de la Ley 33 d e 1 985 no
señalaba en f or m a taxat iva los f act or es salar iales que conf or m an
la base de liq uidac ión pensi onal, sin o que los m ism os est aban
sim plem ent e enunci ados y no im pedían la inclusi ón de ot r os
concept os devenga d os por el t r abaj ador dur ant e el ú lt im o a ño de
pr est ación de ser vic io, va en cont r aví a del pr inci pio de so lid ar idad
en m at er ia de seguridad socia l. La inclu sión de t odos los f act or es
devengados por e l ser vidor dur ant e el úl t im o año de ser vicio s f ue
una t esis que adopt ó la Sección Segu nda a par t ir del sent ido y
alcance de las exp r esiones “ salar io” y “ f act or salar ial” , baj o el
ent endido que “ cons t it uyen salar i o t odas las sum as que habi t ual y
per iódic am ent e r ecibe el em pleado com o r etr ibución po r sus
ser vicios” con f u ndam ent o, adem ás, en los pr inc ipi os de
f avor abil idad en m at er ia labor a l y pr ogr esivida d; sin em bar go, par a
est a Sala, dicho cr it er io int er pr et at ivo t r aspasa la volunt ad del
legis lador , el que, por vir t ud de su liber t ad de conf igur ación enlist ó
los f ac t or es que conf or m an la base de liqu idac ión pens ion al y a
ellos es que se deb e lim it ar dicha base.

102. La Sala Plen a de lo Cont enc ioso A dm inist r at ivo consi d er a que
el t om ar en cuent a solo los f act or es sobr e los que se han ef e ct uado
los apor t es, no af ecta las f inanzas del sist em a ni pone en r iesgo la
gar ant í a del der echo ir r enunciab le a la pensión de l r est o de
habit ant es del t er r it or io colom bi ano, cu ya asegur abi lid ad d ebe el
Est ado, en acat amient o de los pr inci pios const it ucion al es de
univer sal idad y ef ic i e ncia.

103. Por el cont r ar io, con est a int er pr et ación ( i) se gar ant iza que
la pens ión de los be nef iciar i os de l a t r ansición s e l iqui de con f or m e

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a los f act or es sobr e los cua les se h a c ot izado; ( ii) se r esp et a la
debida cor r esponde ncia que en un sist em a de cont r ibución bipar t it a
debe exist ir ent r e lo apor t ado y lo que el sist em a r et or na al afil iado
y ( iii) se asegur a la viabi li dad f inanc ier a del sist em a.

[ …] » Dest acado f uera del t ext o ori gi nal .

De acuerdo con lo anterior, se adviert e que la Sala Plena unificó su
criterio sobre el IB L de las pensiones reconocidas bajo el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos
subreglas referent es (i) al periodo que se debe tener en cuenta para
liquidar el IBL de las mismas y (ii) los facto res salaria les que se
deben observar para esos efectos.

Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar
en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para
adquirir el derecho prestacional, el IBL será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado
durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de
lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotiza do durante todo el tiempo, el que fuere superior.

De igual forma, precisó que los factores salariales a con siderar son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren
consagrados expresamente en la Ley.

5.3. Régimen pensional aplicable a los beneficiarios del
régimen de transi ción de la Ley 33 de 1985

Concordante con lo expuesto en el acápite anterior, al igual que la
Ley 100 de 1993, la Ley 33 de 1985 «Por la cual se dictan algunas
medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público» previó un régimen de
transición para los empleados públicos en el parág rafo 2 del
artículo 1° en los siguientes términos:

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«A rt í cul o 1 . El empleado of ici al que sir va o haya ser vido veint e
( 20) años cont inuos o discont inuos y lleg ue a la edad de cincuent a
y cinco años ( 55) t endr á der echo a que por la r espect iva Caj a de
Pr evisió n se le pague una pensión m ensual vit al ici a de j ubilac ión
equiva lent e al set en t a y cinco por cient o ( 75%) del salar io pr om edio
que sir vió de base par a los apor t es dur ant e el últ im o a ño de
ser vicio.

No quedan suj et os a est a r egla gener al l os em pleados of ic ial es que
t r abaj an en act ivid ades que por su nat ur aleza j ust if iq uen l a
excepción q ue la L e y haya det er m inado expr esam ent e, ni aquell os
que por ley disf r ut en de un r égim en especial de pens iones.

En t odo caso, a partir de la f echa de vigencia de est a Ley, ningún
em pleado of icia l, podr á ser obligado, sin su consent im ient o expr eso
y escr it o, a j ubilar se ant es de la edad de sesent a años ( 60) , salvo
las excepcio nes que , por ví a gener al, est ablezca el G obier n o .

[ …]

Parágraf o 2 . Para l os empl eados of i ci al es que a l a f echa de l a
present e Ley haya n cumpl i do qui nce ( 15) años cont inuos o
di scont i nuos de servi ci o, cont inuarán apl i cándose l as
di sposi ci ones sobre edad de j ubilaci ón que regí an con
ant eri ori dad a l a present e l ey.

[ …] . Dest acado f uera del t ext o ori gi nal .

De acuerdo con el texto anterior se advierten dos supuestos
respecto de los destinatarios del régimen de transición, así:

1. Q uienes a la f echa de ent r ada en vigen cia de la Ley 33 d e 1985
t uviesen 15 años d e ser vicio al Est ado t endr í an der echo a la
aplic ación d el r equ i sit o de edad que r e gí a en nor m as ant erior es;
y

2. Q uienes t uviesen ac r edit ados 20 años com o em pleados of iciale s
y se encont r asen r et i r ados del ser v icio en el m om ent o en que ent r ó
a r egir la cit ada ley obt endr í an la pensi ón de j ubilac ión a l os 50
años de edad en el c aso de las m uj er es y 55 en el d e los h om br es,
la cual se r econoce r í a y pagar í a de conf or m idad con las no r m as
vigent es a la f echa de r et ir o.

En ese sentido, se tiene que la Ley 6 de 1945 en su artículo 17
dispuso una pensión de jubilación para los empleados oficiales
equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos
devengados en el último año de ser vicio para quienes acreditaran
50 años de edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos , la cual

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fue modificada por el artículo 3 de la Ley 65 de 1946 y luego por el
artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, este último en el sentido que dicha
prestación social sería equivalente al 75% del promedio mensual
percibido en el último año de servicio s.

Bajo esa línea de ideas, a partir de la Ley 4 de 1966, los empleados
oficiales que cumpliera n 50 años de edad y 20 años de servicios al
Estado, tendrían derecho a una pensión de jubilación equivalente
al 75% del promedio me nsual recibido en el último año.

Posteriormente, se expidió el Decreto 3135 de 1968 que integró la
seguridad social e ntre el sector público y privado y reglamentó el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales. En ese sentido, en su artículo 27 señaló:

«Pensi ón de j ubilaci ón o vej ez. El em pleado público o t r abaj ador
of icia l que sir va vein t e ( 20) años cont inuos o discont inuos y l legue
a la edad de 55 a ño s si es var ón, o 50 si es m uj er , t endr á der echo
a que por la r espe ct iva ent idad de pr evisió n se le p agu e una
pensión m ensual vi t alici a de j ubilació n equivalent e al 75 % del
pr om edio de los sa lar ios deve ngados dur ant e el últ im o a ño de
ser vicio ».

Es decir, este artí culo so lo cambió lo relacionado con el requisito
de edad que pasó de 50 años a 55 años para los hombres, mientras
que para las mujeres se conservó igual.

Sobre estas disposiciones normativas, la Corporación 20 ha
sostenido diferentes posiciones, ha considerado por una parte, que
la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 derogó el artículo 27
del Decreto 3135 de 1968, por consiguiente, su régimen de
transición remite a la Ley 6 de 1945, en estos términos:

20Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 16 de diciembre de
2009, radicación: 25000-23-25-000-2002-00474-01(1754-06), demandante:
German Rodríguez Carmona; del 31 de enero de 2019, radicado:
730012331000201100659 01 (3005-2016), demandante: José Álvaro Ortiz; del
16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754 -06);
y sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación:
250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones
Villarreal.

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«No es de r ecib o el ar gum ent o del a quo par a negar la pr est ació n
pues si bien es cie r t o los Decr et os 3135 de 1968 y su Decr et o
Reglam ent ar io 18 48 de 1969, m odif icar on la edad de j ubi l ación
dispuest a en la L ey 6 de 1945, d ichas nor m as f uer on der ogadas
por la Le y 33 de 19 85 por lo que la m is m a nos devuelve a l a Ley
6 de 1945, com o r égim en ant er ior aplic able. Pr ecisam ent e es el
r égim en de t r ansici ón dispuest o en la Ley 33 de 1985 e l qu e
per m it e aplicar el r égim en ant er ior est ablec ido por la Ley 6 de
1945» 21.

Por otra parte , también se ha mantenido la postura 22 en relación
con la aplicación del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 a los
beneficiarios del p rimer inciso 23 del parágrafo 2 del artículo 1 de la
Ley 33 de 1985. De esta manera quedó expuesto en senten cia del
3 de junio de 2010 24:

«En el pr esent e cas o, par a el 13 de f ebr er o de 1985, f echa en qu e
ent r ó en vigencia la Ley 33 de 1985, el señor Jaim e Sever o Tor r es
M or ales cont aba con m ás de 15 años de ser vicios ( f l. 2) , es deci r
que en cu ant o a l a edad l o gobi er na el régi men ant eri or
est abl eci do en el Decret o Ley 3135 de 1968 .

A pesar de que la L ey 33 de 1985 n o se ñaló nad a en cuant o a la
liqu idac ión, consi de ra l a Sal a que en est e aspect o se debe
apl i car t ambi én el régi men ant eri or , por que r esult a m ás
f avor able al dem and ant e. De no hacer se así , se desconocer ía e l
pr incip io m í nim o f un dam ent al consagr ad o en el ar t í culo 53 de la
Car t a Polí t ica que est ablece la “ sit uación m ás f avor able al
t r abaj ador en caso de duda en l a apl ic ación e i nt er pr et ación de
las f u ent es f or m ales del der echo»

21Consejo de Estado, Sección Segunda , Subsección B, sentencia del 19 de
abril de 2007, radicación: 150012331000199902187-01(1114-03), este criterio
fue reiterado en las providencias de la Subsección B, sentencia del 19 de
noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028 -07), actor:
Raúl Armando Quiñones Villarreal;
22Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de
junio de 2010, radicación: 25000 -23-25-000-2001-2014-01 (1183-07),
demandante: Jaime Severo Torres Morales; del 23 de febrero de 2012,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01309-01 (1143-08), demandante: Luz
Mariela Pacheco de Briñez.
23«Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley».
24Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de
junio de 2010, radicación: 25000 -23-25-000-2001-2014-01 (1183-07),
demandante: Jaime Severo Torres Morales

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En ese orden de ideas, esta Sección del Consejo de Estado ha
admitido la aplicación tanto de la Ley 6 de 1945 como del Decreto
3135 de 1968 tratándose de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición dispuesto en el parágrafo 2 del art ículo 1 de
la Ley 33 de 1983.

De acuerdo con lo anterior, y para llegar a un consenso, la
Corporación 25 ha adoptado la tesis según la cual la aplicación de la
Ley 6 de 1945 o del Decreto 3135 de 1968, para los beneficiar ios
del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, dependerá de la
vinculación nacion al o territorial del empleado público, en los
términos a continuación:

«Ahor a bien, en pr incipio la Ley 6ª de 1945 se aplicó par a ef ect os
de las pr est acion es sociales d e los e m pleados de l os s ect or es
públ ico naciona l y pr ivado, así com o a los ser vidor es públic os del
nivel t er r it or ial, la c ual, sobr e la pensió n de j ubilació n, disp uso:

Ar t . 17 Los em pleados y obr er os naciona les de car áct er
per m anent e gozar án de las siguie nt es pr est aciones:
[ . . .]
b) Pensión vit al ici a de j ubilaci ón, cuand o el em pleado u obr er o
haya lleg ado o lleg u e a cincuent a ( 50) años de edad, después de
veint e ( 20) años de ser vicio cont in uo o discont inu o [ . . .] .

Post er ior m ent e, el Decr et o 3135 de 19 68, a pli cabl e a l os
servi dores públ i cos del orden nacional , en r elación con la
pensión de j ubi laci ó n, pr evió:

Ar t í culo 27. - Pensión de j ubilación o vej ez. El em pleado público o
t r abaj ador of icial que sir va veint e ( 20) años cont inuos o
discont inu os y ll egu e a la edad de 55 a ños si es var ón, o 50 si es
m uj er , t endr á der echo a que por la r espect iva ent idad de pr evisió n
se le pague una pensión m ensual vit alic i a de j ubilac ión equiv alent e
al 75% del pr om edio de los salar ios devengados dur ant e el últ im o
año de ser vicio.

No quedan suj et as a est a r egla gener al las per sonas que t r abaj an
en act ivida des que p or su nat ur aleza j ust if iquen la excepc ión y que
la Ley det er m ine expr esam ent e.

25 C o n s e j o
de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de
agosto de 2020. Exp. Núm. 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).

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Demandante: UGPP

El m enciona do Decr et o 3135 de 1968 f ue der ogado por la Le y 33 de
1985, por la cual se dict ar on disposic ion es r espect o de las caj as de
pr evisión y las pr est aciones p ar a el sect or públic o, que est a bleci ó
com o exigencia par a acceder a la pensión or dinar i a de j ubilac ión
que el em pleado of icia l hubier a ser vido 20 años co nt i nuos o
discont inu os y t uvier a 55 años de edad. Sin em bar go, en el ar t í culo
1º ( par ágr af o 2º ) de la a ludi da Ley 3 3 consagr ó un r ég i m en de
t r ansición cons ist ent e en que los em p lea dos of icia les que a l a f echa
de su ent r ada en vigor ( 13 de f ebr er o de 1985) «[ …] hayan cum plido
quince ( 15) años co nt inuos o discont inu os de ser vicio, cont i nuar án
aplic ándose las disp osicio nes sobr e edad de j ubil aci ón que r egí an
con ant er ior idad a la pr esent e ley » ( se dest aca) , que para el caso
de l os servi dores públ i cos del orden naci onal era el Decret o
3135 de 1968, y frent e a l os del orden t errit ori al, l a Ley 6ª de
1945» Dest acad o f uera del t ext o ori gi nal .

Tesis que, aunque sea posterior a la providencia que se revisa, se
acogerá en esta oportunidad a fin de armonizar las posiciones que
hasta este momento se han sostenido y no dar lugar a
desigualdades; en consecuencia, teniendo en cuenta que el señor
ALFONSO AYALA laboró al servicio de la Nación, en el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y en la Superintendencia de
Notariado y Regist ro, se aplicará en el sub examine el Decreto 3135
de 1968 en cuanto a la edad requerida por el trabajador para
acceder a l a pensión de jubilación, e n armonía con las reglas de
unificación previst as en la sentencia del 28 de agosto de 2018.

6. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, l a UGPP presentó acción de revisión contra
la sentencia del 29 de marzo de 2019 proferida por la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de la cual ordenó la reliquidación de la
pensión de vejez del señor ALFONSO AY ALA sobre el 75% de los
factores salariales certificados y devengados entre el 1 de mayo de
2004 y el 30 de abril de 2005: la asignación básica, la prima de
servicios y el reajuste, la prima de vacaciones, la bonificación por
servicios, la prima de navidad y el reajuste, estas cuatro últimas de
forma proporcional a una doceava parte, según lo dispuesto en l os
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978.

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Demandante: UGPP

Lo anterior, pues a su parecer la d ecisión judicial incurrió en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en el entendido que el derecho reconocido -la
reliquidación orde nada - excedió el monto de lo debido de acuerdo
con la ley.

En ese sentido para resolver la co ntroversia planteada , la Sala
tendrá en cuenta el acervo probatorio que reposa en el expediente ,
el cual permite tener por acreditados los siguientes hechos
relevantes:

6.1. Hechos probados

a). Edad de l demandante . El señor ALFONSO AYALA nació el 11
de octubre de 1944 26 y cumplió la edad de 55 años el 11 de octubre
de 1999. Se destaca que para el 1 de abril de 1994, contaba con 49
años.

b). Tiempo de servicios laborados. De acuerdo con los
certificados laborales allegado s en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho , el señor ALFONSO AYALA trabajó en
el Ministe rio de Ha cienda y Crédito Público de l 6 de febrero de 1967
al 30 de noviembre de 1991 27 en el cargo de técnico administrativo
4065-11 y en la Superintendencia de Notariado y Registro desde el
1 de octubre de 199 9 hasta el 30 de abril de 2005 en el empleo de
profesional universitario 2044 -10 28.

c). Factores salariales devengados por el señor ALFONSO
AYALA. De conformidad con los certificados ap ortados al
expediente en los folios 11 a 21, ALFONSO AYALA devengó en el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la asignación básica,
prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados y en
la Superintend encia de Sociedades la asignación básica, la prima

26 F o l i o 22 del expediente en préstamo.
27 F o l i o 9 del expediente en préstamo.
28 F o l i o 16 del expediente en préstamo.

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de servicios, las vacaciones, la prima de vacaciones, la bonificación
por servicios y la p rima de navidad.

d). Acto administrativo de reconoc imiento pensional . Mediante
Resolución No. 34397 del 27 de octubre de 2005 29 CAJANAL le
reconoció la pensió n de vejez al señor ALFONSO AYALA en cuantía
de $1.159.985,99 a partir del 1 de mayo de 2005, teniendo en
cuenta el 75 % del promedio del salario que deveng ó en 5 años y 2
meses, entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de diciembre de 2004 ,
incluyendo la asignación básica , de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y la
sentencia C -168 del 20 de abril de 1995 . En el acto administrativo
CAJANAL señaló que solo se tuvo en cuenta el per íodo hasta el 30
de diciembre de 2004, porque no se allegaron las constancias de
los aportes del 1 de enero al 30 de abril de 2005 ; sin embargo,
indicó que se solicitaría la documentac ión a fin de realizar un nuevo
estudio.

e). Actos admi nistrativos demandados que negaron la
reliquidación de la pensión de vejez. Luego que el señor
ALFONSO AYALA solicita ra 30 la reliquidación de su pensión sobre
el 85% del promedio de salarios que percibió en el último año de
servicio teniendo en cuenta que acreditó más de 1584 semanas y
con la inclusión de todos los factores salariales que devengó de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, la Subdire ctora de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, a través de
Resolución número RDP 035390 del 22 de septiembre de 2016 31 la
negó con fundamento en que de acuerdo con la sentencia C-258 de
2013, el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no está sujeto a la
transición , sin embargo, le indicó que si pretendía la reliquidación
bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993 debía aportar la totalidad

29 C D . Fol. 103 del expediente en préstamo.
30 F o l s . 2 a 7 del expediente en préstamo.
31 F o l i o s 25 a 26 del expediente en préstamo.

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del tiempo cotizado en el ISS pa ra realizar el estudio
correspondiente.

Contra la decisión anterior, el pensionado interpuso recurso de
apelación 32 en el que , contrario a la petición anterior, solicitó la
reliquidación de la pensión sobre el 75% y no sobre el 85% , de
todos los factores que percibió en el último año de servicios
relacionados en el Decreto 1045 de 1978 en cuantía de
$1.299.499,62 a partir del 1 de mayo de 2005 ; no obstante ,
mediante Resolución número RDP 049546 del 29 de diciembre de
2016 33, el director de Pensiones de la UGPP, confirmó el acto
administrativo recurrido pues indicó que, pese a que el demandante
es beneficiari o del régimen de transición, la liquidación del IBL, así
como los factores a tener en cuenta están determinados en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y no
en el régimen anterior.

6.2. Análisis sustancial

En este punto, sea lo primero indicar que el argumento del
accionado respecto a que la sentencia recurrida pasó a ser cosa
juzgada de tal manera que es inmodificable, no está llamado a
prosperar, puesto que, precisamente, la acción de revisión es un
excepción a este principio conforme lo previsto expresamente por
el legislador en el artículo 250 del CPACA y el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, específicamente, tratándose del reconocimiento de
prestaciones periódicas este mecanismo creó la posibilidad de
revisar las decisio nes judiciales en firme y ejecutoria das con el
propósito de «garantizarle a la administración que pudiera insistir
en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades
injustas que afectaran gravemente al erario» 34.

32 F o l i o 23 del expediente en préstamo.
33 F o l i o s 28 a 29 del expediente en préstamo.
34Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
noviembre de 2020. Rad. Núm. 11001 -03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).

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Lo mismo sucede , en cuanto a la excepción de inconstitucionalidad
de las sentencias C -258 de 2013 y SU -230 de 2015 proferidas por
la Corte Constitucional, puesto que , de acuerdo con el artículo 4 de
la C.P. (C.P.) co rre gido, gracias por el ajuste , esta opera tratándose
de una incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica,
supuesto que no se cumple respecto de una decisión judicial y en
lo relacionado con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque se
advierte que la Co rte Constitucional mediante sentencia C -168 de
1995 declaró la exequibilidad de los incisos segundo y tercero ,
salvo el aparte f inal de este últ imo que dice: «S in em bargo, cuando
el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a d os (2) años
a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para
liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2)
últimos años, para los trabajadores d e l sector privado y de un (1)
año para los servidores públicos », en consecuencia, estos
argumentos tampoco tiene n vocación de prosperidad.

Ahora bien, aclarado lo anterior, d e acuerdo con los hechos
probados y el marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala
de Decisión advierte que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al proferir la sente ncia del 29 de marzo de 2019
que definió la segunda instancia dentro de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho presen tada por el señor ALFONSO
AYALA contra la UGPP, debió aplicar el precedente
jurisprudencial vigente y vinculante para el momento en que la
emitió, esto es, la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 35 de la Sala Plena de esta Corporación, pues a la fecha de
expedición de la decisión ya habían pasado más de seis meses
desde que se había proferido , sin embargo, no lo hizo.

Corresponde entonces a esta Sala de Decisión estudiar el caso
concreto de la siguien te manera:

35 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés.
Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.

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(i). El demandante es beneficiari o del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que,
para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de esa
norma para los empleados del orden nacional, contaba con 49 años
de edad teniendo en cuenta que na ció el 11 de octubre de 1944 , es
decir, más de los 40 años requeridos por esa norma.

(ii). De igual manera se observa que es beneficiario del régimen de
transición dispuest o en el parágrafo 2 de la Ley 33 de 1985, por
cuanto para su entrada en vigencia, e l 13 de febrero de 1985,
contaba con 15 años de servicios al Estado, en el entendido que
ingresó a laborar al servicio del Min isterio de Hacienda y Crédito
Público desde el 6 de febrero de 1967 hasta el 30 de noviembre de
1991 36 en el cargo de técnico administrativo 4065 -11 y en tal
sentido, le asistía el derecho a conservar las prerrogativas
pensionales sobre edad, establecidas en el régimen anterior, esto
es, 55 años de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968,
tal y como lo interpretó la entidad accionada.

(iii). También se encuentra acreditado que, para la fecha de entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones, el 1 de abril de
1994, le faltaban menos de 10 años para adquirir el estatus
pensional, el 11 de octubre de 199 9, cuando cumplió los 55 años
de edad, pues los 20 años de servicios los cumplió mucho antes de
esa fecha, el 5 de febrero de 1987.

✓ (iv). Conforme a lo señalado en acápites anteriores, la
pensión de vejez de l señor ALFONSO AYALA debía
reconocerse y liquidarse con fundamento en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el
parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 , es decir:

✓ Por estar cobijado por la transición de la Ley 33 de 1985
conservó el requisito de edad de 55 años previsto en el
Decreto 3135 de 1968

36 F o l i o 9 del expediente en préstamo.

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✓ En cuanto a los requisitos de tiempo y monto , por estar en
transición, le son aplicables los previstos en la Ley 33 de
1985, esto es, 20 años de servicios al Estado y la tasa de
remplazo del 75%.

✓ En lo concerniente al ingreso base de liquidación, debió
liquidarse en los términos del inciso tercero del artículo 36
o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 , es decir, con el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta
para adquirir el estatus pensional o el cotizado durante todo
el tiempo, el que fuere superior , con la inclusión de los
factores sobre los cuales se hayan efectuado los
correspondientes aportes sobre los que cotizó y que se
encuentren en la norma .

(v) Bajo ta l entendimiento, de acuerdo con la Resolución No. 34397
del 27 de octubre de 2005 37, se evidencia que, si bien CAJANAL
reconoció la pensión de vejez al señor ALFONSO AYALA de
acuerdo con la edad (55 años) dispuesta en el artículo 27 del
Decreto 3135 de 1968, el tiempo (20 años) y monto (75%) dispuesto
en la Ley 33 de 1985, liquidó erróneamente la prestación sobre el
promedio del salario que el demandante devengó en 5 años y 2
meses, entre el 1 de octubre de 1999 y el 30 de diciembre de 2004,
cuando, según las reglas jurisprudenciales fijadas en la
sentencia del 28 de agosto de 2018, debía hacerlo con el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para
adquirir el estatus pensional o el cotizado durante todo el
tiempo en consideración a que en la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, el 1 de abril de 1994, le faltaban menos de 10 años
para adquirir el estatus pensional, es decir, 5 años, 6 meses y 10
días, el 11 de octubre de 199 9.

37 C D . Fol. 103 del expediente en préstamo.

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(vi). Por su parte, en cuanto a los factores salariales, es
conveniente analizar si dentro de los devengados durante su vida
laboral por el señor ALFONSO AYA LA existe alguno que hubiera
servido de base para los aportes y que esté incluido en la relación
del Decreto 1158 de 19 94. Al respecto se observan los siguientes
la asignación básica, prima de antigüedad , la bonificación por
servicios prestados, la prima de servicios, las vacaciones, la prima
de vacaciones y la prima de navidad 38.

Factores salariales Consolidado de factores Resolución No.
contemplados en el Decreto certificados cotizados durante la 34397 del 27 de
1158 de 1994 prestación del servicio octubre de 200539
(a). Asignación básica mensual, (a) Asignación básica Asignación básica
(b). Gastos de representación, (b) Bonificación por servicios
(c). Prima técnica, cuando sea (c) Prima de antigüedad
factor de salario, (d) Prima de servicios
(d). Primas de antigüedad, (e) Vacaciones
ascensional de capacitación (f) Prima de vacaciones
cuando sean factor de salario, (g) Prima de navidad
(e). Remuneración por trabajo (h) Prima de vacaciones
dominical o festivo, (i) Vacaciones en dinero
(f). Bonificación por servicios (j) Bonificación de recreación
prestados, remuneración por
trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en
jornada nocturna.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que CAJANAL, en la
liquidación del IBL pensional , solo tuvo en cuenta la asignación
básica y no incluyó la bonificación por servicios y la prima de
antigüedad los cu ales fueron devengados por el señor ALFONSO
AYALA durante su vida laboral y se encuentran debidamente
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Lo anterior quiere decir que la sentencia del 29 de marzo de 2019
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en la causal de revisión
del literal b) del a rtículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que
está probado que al señor ALFONSO AYALA no le asistía el derecho
a la reliquidación de su pensión sobre el 75% de todos los factores

38 F o l i o s 11 a 21 del expediente en préstamo.
39 C D . Fol. 103 del expediente en préstamo.

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salariales devengados en el último año de servicio conforme con lo
dispuesto en la sentencia de unificación de esta Corporación
expedida el 28 de agosto de 2018, la cual se encontraba vigente
para el momento en que se profirió la decisión cuestionada y era
precedente judicial obligatorio para definir el caso , por consiguiente
el monto del derecho reconocido por el Tribunal excedió lo
debido de acuerdo con la ley .

En ese sentido, la sentencia del 29 de marzo de 2019 será infirmada
y en su lugar, conf orme lo demostrado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho , se modificará el fallo del 17 de
noviembre de 2017 proferido por el Juzgado Cincuenta y Tres
Administrativo del Circu ito Judicial de Bogotá – Sección Segunda –
Oral que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor ALFONSO
AYALA, en el sentido que se ordenará a la UGPP que reliquide la
pensión de vejez del demandante, pero sobre el 75% (i) del
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para
adquirir el estatus pensional o (ii) los últimos 10 años o el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior, incluyendo como
factores salaria les la asignación básica, la bonificación por
servicios y la prima de antigüedad, según el período que se aplique
el primero o el segundo de los supuestos de esta re gla de
unificación jurispru dencial, en el entendido que en los cinco últimos
años de servicio no se tiene constancia que percibió la prima de
antigüedad.

De igual forma, e n cuanto a la prescripción se co nfirmará la
decisión de primera instancia , puesto que en efecto se probó que
el reconocimiento pensional se efectuó el 27 de octubre de 2005 y
solo hasta el 17 de mayo de 2016 40 el demandante presentó la
solicitud de reliq uida ción pensional, es decir, las mesadas
pensionales anteriores al 17 de m ayo de 2013 se encuentran
prescritas según lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968.

40 F o l i o 2 del expediente en préstamo.

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Finalmente, no se ordenará la devo lución de las sumas que se
hubieran pagado al señor ALFONSO AYALA e n cumplimiento de la
sentencia que se infirma, por cuanto la UGPP no desvirtuó la
presunción de buena fe del pensionado .

6. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas «salvo en los procesos que se ventile un
interés público». Esta Corporación 41 ha considerado que el ejercicio
del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar el detrimento del
Tesoro y un mecanismo de def ensa de los princip ios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralid ad, unidad y participación que
rigen el servicio p úblico esencial de seguridad social, además de
una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República d e Colombia y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO. DE CLARAR FUNDADA la acción de revisión presentada
por la UNIDA D ADMINISTRATIV A ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIB UCIONE S PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN S OCIAL (UGPP), al encontrar probada la
configuración de la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

41 C o n s e j o d e E s t a d o ,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales
de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-
2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001 -03-15-000-
2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000-
2018-01884-00(REV).

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ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00699-00
Demandante: UGPP

contra la sentencia de segunda instancia proferida por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 29 de marzo de 2019 dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001 -33-42-053-2017-
00089-01 por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, en consecuencia,

SEGUNDO. SE INFIRMA la sentencia de segunda instancia de l 29
de marzo de 2 019 proferida por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se dicta
sentencia de reemplazo.

En consecuencia, se DISPONE :

«PRI M ERO : M O DI FI CA R el numeral Q UI NTO de la sent encia
pr of er ida el 22 de f ebr er o de 2018 por el Juzgado Cincuent a y Tr es
Adm inist r at ivo del C ir cuit o Judic ial de B ogot á – Sección segunda -
O r al, dent r o del pr oceso de nul idad y r e st ablecim ie nt o del d er echo
inst aur ado por el señor ALFO NSO AYALA en cont r a de la UG PP
sucesor a de CA JAN AL EI CE EN LI Q UI DACI Ó N , el cual qued ar á así :

«Com o consecuenc ia de la nul idad decr et ada y a t it ulo de
r est ablecim ient o d el der echo, CO NDENA R a la U NI DAD
ADM I NI STRATI VA ESPE CI AL DE G ESTI Ó N PENSI O N AL Y
CO NTRI BUCI O NE S PARAFI S CAL ES DE LA PRO TECCI Ó N SO CI AL
– UG PP a r eliq uida r y pagar la pensió n de j ubilac ión de l señor
ALFO NSO AYALA, a par t ir del 1 de m ayo de 2005, con el 75% del
promedi o de l o devengado en el t i empo que l e hi ci ere f al ta para
adqui ri r el est at us pensi onal o el c ot i zado durant e t odo el
t i empo, el que f uere superi or o l os úl t i mos 10 años , el que
resul t e más f avorabl e , i ncl uyendo como f act ores sal arial es l a
asi gnaci ón bási ca, l a boni f i caci ón por servi ci os y l a prima de
ant i güedad , según sea el supues t o que se aplique par a liquidar la
pensión, conf or m e lo expuest o en la par t e m ot iva de est a
pr ovidenc ia, con ef e ct os f iscales a par t ir del 17 d e m ayo de 2013,
debiénd ose r esalt ar que aquel los f act or es cuya causación t iene
lugar en per í odos la bor ados de un a ño, p ar a ef ect o de la liqu i dación
de la pr im er a m esa da pensi onal, deb e hacer se sobr e la b a se de
una doceava ( 1/ 12) par t e.

SEG UNDO : CO NFI RM A R en t odo lo dem ás el f allo ape lado » .

TERCERO. Sin condena en costas.

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ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00699-00
Demandante: UGPP

CUARTO: En firme esta decisión archívese el expediente previas
las anotaciones pertinentes en el prog rama SAMAI y DEV UÉLVASE
el expediente en préstamo al despacho judicial de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por l a Sala en la
presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON PERMISO

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