Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01009-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01009-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-01009-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 2020 01009 00 (3098-2020)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Vinculados: Miryam Gómez de Rentería
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003
1. La Sala de Subsección A procede a resolver la acción especial de revisión1
consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la UGPP en
contra de la sentencia del 5 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, dentro del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 17001 33 33 002 2014 00110 03.
I. ANTECEDENTES
Del proceso ordinario inicial
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 del CPACA,2 la señora Miryam Gómez de Rentería
solicitó la nulidad de las Resoluciones 057089 del 17 de diciembre de 2013 y 003134
del 30 de enero de 2014, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago
la pensión gracia. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara
el reconocimiento de dicha prestación a partir de la fecha de adquisición del estatus;
el reajuste de las mesadas dejadas de percibir, debidamente indexadas; el pago de
intereses moratorios; y que se condenará en costas a la UGPP.
3. Se afirma que aquella nació el 10 de mayo de 1952; prestó sus servicios al
municipio de Manizales i) como docente de corte y costura desde el 30 de marzo de
1970 hasta el 31 de diciembre de 1990; ii) como profesora de educación no formal
desde el 1.º de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1994; y iii) como auxiliar
administrativo desde el 1.º de enero de 1995 hasta el 15 de junio de 2008, siendo
este el último cargo desempeñado.
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-
25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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Demandante: UGPP
4. En razón a que adquirió el estatus pensional el 10 de mayo de 2002, cuando
cumplió los 50 años de edad, presentó reclamación administrativa ante la UGPP, la
cual mediante Resolución RDP 57089 del 17 de diciembre de 2013, negó el
reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que la solicitante no allegó copia
auténtica de los actos administrativos de nombramiento y actas de posesión
correspondientes a los tiempos laborados, los certificados de información laboral y
factores salariales en los formatos exigidos por el FOMAG, señalando que la carga
probatoria recaía en la interesada.
5. Posteriormente, a través de la Resolución RDP 003134 del 30 de enero de 2014,
la entidad resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando el acto en todas
sus partes, al persistir —según indicó— inconsistencias en la documentación
aportada que impedían adoptar una decisión de fondo favorable.
Sentencia de primera instancia3
6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales, mediante
sentencia del 23 de marzo de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que la señora Miryam Gómez de Rentería cumplía con los requisitos
exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 para acceder a la pensión gracia.
7. Indicó que la actora acreditó vinculación territorial con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, más de 20 años de servicios docentes, prestados al municipio
de Manizales desde el 30 de marzo de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1994; así
como los requisitos de edad y la inexistencia de reproche disciplinario que
desvirtuara el requisito de honradez y consagración en el ejercicio del cargo.
8. En cuanto a la liquidación de la prestación, señaló que la pensión gracia debía
reconocerse en cuantía equivalente al 75% del promedio de la totalidad de los
factores devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus,
esto es, entre el 11 de mayo de 2001 y el 10 de mayo de 2002.
9. En consecuencia, declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 057089 del 17 de
diciembre de 2013 y RDP 003134 del 30 de enero de 2014, ordenó el
reconocimiento de la pensión gracia desde el 10 de mayo de 2002, con efectos
fiscales a partir del 10 de diciembre de 2010 por prescripción, dispuso la indexación
de las sumas adeudadas y condenó en costas a la entidad demandada.
Recurso de apelación 4
10. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP por intermedio de apoderado
presentó recurso de apelación. Sostuvo que no debía reconocerse la pensión gracia
3
Visible en las páginas 52 a 63 del archivo 2ENVIO EXPEDIENTE-02ANEXO DEMANDA ACCION DE REVISION UGPP
CONTRA MIRYAM GOMEZ DE RENTERIA.pdf.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI
4
En el expediente no obra copia íntegra del recurso de apelación interpuesto por la UGPP; no obstante, de la lectura de la
sentencia de segunda instancia es posible establecer los aspectos objeto de inconformidad planteados por la entidad
demandada.
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Demandante: UGPP
con fundamento en un período en el cual la demandante desempeñaba un cargo de
auxiliar administrativo, al considerar que el régimen especial exige que el tiempo
relevante y el año base de liquidación correspondan a servicios estrictamente
docentes. En ese sentido, la entidad solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia y la confirmación de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento de la prestación.
Sentencia objeto de revisión. 5
11. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 5 de abril de 2019,
confirmó el fallo de primera instancia. Para tal efecto, reiteró el marco normativo
aplicable y concluyó que la actora acreditó más de 20 años de servicio docente
territorial prestados al municipio de Manizales, con vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980.
12. Frente al argumento de la UGPP relativo a que al momento de adquirir la edad
la demandante se desempeñaba como auxiliar administrativo, el Tribunal precisó
que dicha circunstancia no desvirtuaba el cumplimiento del requisito de tiempo
docente, pues los 20 años ya se encontraban consolidados, y el derecho se
perfeccionó cuando confluyeron los requisitos de edad y tiempo, esto es, el 10 de
mayo de 2002.
13. En cuanto a la liquidación, confirmó que el ingreso base debía corresponder al
promedio de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior
a la adquisición del estatus pensional, comprendido entre el 11 de mayo de 2001 y
el 10 de mayo de 2002, manteniendo la cuantía equivalente al 75% y los reajustes
e indexación ordenados en primera instancia.
De la acción especial de revisión
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP presentó la acción especial de revisión
con fundamento en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 causales a y b, al considerar
que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas reconoció una
prestación periódica con desconocimiento del ordenamiento jurídico, y del debido
proceso, configurándose la causal relativa al reconocimiento de una suma superior
a la legalmente debida.
14. Indicó que, si bien la señora Miryam Gómez Rentería acreditó más de 20 años
de servicios docentes, la liquidación ordenada judicialmente desconoció el régimen
normativo aplicable a la pensión gracia, en tanto el ingreso base de liquidación fue
calculado con el promedio de los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional —11 de mayo de
5 Visible en las páginas 64 a 76 del archivo 2ENVIO EXPEDIENTE-02ANEXO DEMANDA ACCION DE REVISION UGPP
CONTRA MIRYAM GOMEZ DE RENTERIA.pdf.pdf del expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI
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2001 a 10 de mayo de 2002— periodo durante el cual la actora se desempeñaba
en el cargo de auxiliar administrativo y no ejercía funciones docentes.
15. Adujo que la pensión gracia, por su naturaleza excepcional y restrictiva, exige
que tanto el tiempo relevante como los factores salariales que integran la base de
liquidación correspondan estrictamente a servicios docentes. En consecuencia, la
inclusión de asignaciones percibidas en un empleo de naturaleza administrativa
desbordó el marco legal del beneficio y condujo a una cuantía pensional superior a
la debida.
16. Señaló que el juzgador inaplicó las disposiciones que regulan la prestación —
Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 43 de 1975 y Ley 91 de
1989— así como el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en torno al
carácter estrictamente docente de los beneficiarios y a la diferenciación entre
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales.
17. Agregó que la decisión judicial desconoció el principio de legalidad del gasto
público y comprometió recursos del erario sin sustento normativo, en contravía de
los artículos 1, 2, 4, 6, 48 y 209 de la Constitución Política y del artículo 103 del
CPACA, que impone a la jurisdicción contenciosa la preservación del orden jurídico.
18. En esa medida, sostuvo que la liquidación correcta debía efectuarse con el
último año de servicios prestados en calidad de docente, esto es, entre el 1º de
enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, y no con el periodo comprendido entre
2001 y 2002 en el que la demandante ejercía funciones administrativas.
19. Finalmente, solicitó infirmar la sentencia objeto de revisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas del 5 de abril de 2019, que confirmó la sentencia
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales del 23 de
marzo de 2018; reliquidar la prestación conforme al régimen legal aplicable y
ordenar la restitución de las sumas pagadas en exceso, debidamente actualizadas
e indexadas, con los intereses correspondientes.
Oposición6
La curadora ad litem de la señora Miryam Gómez de Rentería solicitó que se
desestimaran las pretensiones de la acción especial de revisión y, en particular, que
no se ordenara la devolución de suma alguna, al considerar que no se configuran
las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
20. En primer lugar, sostuvo que el recurso extraordinario de revisión tiene carácter
excepcional y restrictivo, por cuanto constituye una excepción al principio de cosa
juzgada material. En ese sentido, su finalidad no es reabrir el debate jurídico ni
6
La acción de revisión fue presentada el 30 de octubre de 2020 y admitida mediante auto del 05 de marzo de 2021
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corregir supuestos errores de interpretación, sino proteger el debido proceso
cuando el fallo sea producto de actuaciones ilícitas o de mala fe.
21. Indicó que la sentencia objeto de revisión fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, quedó ejecutoriada y se encuentra
amparada por la presunción de legalidad y acierto propia de las decisiones judiciales
en firme.
22. En segundo término, argumentó que no puede imputarse mala fe a la señora
Miryam Gómez de Rentería, pues el reconocimiento pensional obedeció al ejercicio
legítimo del derecho de acción y a un pronunciamiento judicial definitivo. En
consecuencia, aun en el evento de prosperar la revisión, no sería procedente
ordenar la devolución de las sumas percibidas.
23. En tercer lugar, expuso que el análisis efectuado por los jueces de instancia se
fundó en el material probatorio obrante en el expediente, particularmente en los
certificados de tiempo de servicio que acreditaban más de veinte años como
docente, así como la fecha de adquisición del estatus jurídico (10 de mayo de 2002),
por lo que la decisión no fue arbitraria ni adoptada con violación del debido proceso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas
por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección
Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad
con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
De la oportunidad para interponer la acción
25. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá
formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos
que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
26. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
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251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
27. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 5 de
abril de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, ejecutoriada el 30 de
abril de 2019, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación
el 30 de octubre de 2020, es decir, en término para impetrar la acción especial de
revisión.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 5 de abril de 2019, que confirmó la decisión del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Manizales del 23 de marzo de 2018, se
encuentra incursa en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
29. Para tal efecto, habrá de analizarse si la liquidación de la pensión gracia
reconocida a la señora Miryam Gómez de Rentería, con fundamento en los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus pensional —periodo durante el cual se desempeñaba en un cargo de
naturaleza administrativa— comportó (i) una vulneración del debido proceso por
desconocimiento del régimen normativo aplicable a dicha prestación, y (ii) el
reconocimiento de una suma superior a la legalmente debida.
30. Con tales fines, se examinará la naturaleza y alcance de la acción especial de
revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así como el contenido de
las causales invocadas y su aplicación al caso concreto
La naturaleza y objeto de la acción especial de Revisión
31. El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de
naturaleza especial,7 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-
2012-00561-00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
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32. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.8 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o de
conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.
33. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial.9
34. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem10 y en el artículo 6 del Decreto
5021 de 200911 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General
de la República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.
35. En cuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:
Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.12 Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
8 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-
05275-01, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.°
11001-03-25-000-2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
10 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
11 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus dependencias.
12 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-835
de 2003.
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36. Esta corporación13 ha señado que estas causales constituyen una herramienta
útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y, consecuentemente,
corregir todos aquellos reconocimientos pensionales14 fraudulentos y en exceso de
los topes previstos en las respectivas leyes y/o pactos o convenciones colectivas de
trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».15
37. En lo atinente a la primera causal, la jurisprudencia ha expresado que el derecho
fundamental al debido proceso fue erigido como garantía en la relación existente
entre el Estado y los asociados, de manera que exista equilibrio entre la autoridad
que aquél ejerce frente a la libertad con que el ciudadano acude a él para hacer
valer sus derechos16.
38. Por tanto, se ha venido señalando que las prerrogativas del debido proceso
corresponden a:17
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem.
39. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen
reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.
40. Por su parte, frente a la causal contenida en el literal b) del artículo en estudio,
el Consejo de Estado ha señalado que su establecimiento obedeció a la necesidad
de «construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles
en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos», por lo que entre sus
principales propósitos se encuentra «reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un
sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de
13 Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-
2016-02022-00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14 Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos
públicos, pues ellas también están comprendidas dentro del referido recurso.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.° 11001-03-
25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
16
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019,
expediente N.° 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
17
Ejusdem.
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aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las
normas vigentes».18
41. Se aclara que, aunque las referidas citas jurisprudenciales versan sobre
pensiones de jubilación, las consideraciones generales invocadas frente a las
causales en estudio son perfectamente aplicables a las «sumas periódicas de
dinero», en razón que ellas también hacen parte de la finalidad de la acción en
mención.
Caso concreto
42. Con miras a determinar la configuración de la causal a), revisará la Sala si el
sustento de esta encuadra en una violación al debido proceso.
43. Se encuentra que la entidad respecto a las causales invocadas la entidad
argumenta i) “que con la orden judicial emitida se incurrió abiertamente en la
vulneración al debido proceso de mi mandante, en tanto el reconocimiento de la
pensión gracia a favor de la señora Miryam Gómez de Rentería en los términos
expuestos, no corresponde y/o no se ajusta a derecho, pues lo procedente era dar
una correcta aplicación a las disposiciones que reglamentan la prestación.” ii) Que
la liquidación de la prestación con fundamento en los factores devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionado (11 de mayo de 2001 a 10 de
mayo de 2002), resulta irregular dado que para este lapso aquella prestaba servicios
como auxiliar administrativo mas no como educadora, de manera que se contraría
lo dispuesto en la normativa y jurisprudencia que rige la pensión gracia; y iii) que la
decisión cuestionada implica la destinación de recursos públicos para financiar una
pensión en términos no acordes a derecho.
44. Pues bien, para la Sala la causal a) referida no tiene vocación de prosperidad
en la medida que la UGPP a través de la presente acción pretende reabrir el debate
sobre la pensión gracia reconocida a la señora Miryam Gómez, cuestionando el
análisis jurídico y probatorio efectuado por el Tribunal Administrativo del Huila en la
providencia objeto de revisión, afirmando que se tuvo en cuenta un tiempo de
servicios prestado en cargo administrativo más no docente, como lo exige la norma,
periodo que se incluyó para efectos de la liquidación de la prestación, estimando
que la pensión no se ajusta a la ley.
45. En ese orden, los argumentos con los que la parte actora sustenta la causal a)
en comento, no guardan relación con la vulneración al debido proceso, esto es, en
cuanto al derecho al juez natural o funcionario competente; el derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento; y menos aún alega la vulneración
a las garantías procesales como de audiencia y defensa, decisión motivada,
segunda instancia, entre otras; por el contrario, se enfoca en cuestionar la
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Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 24 de marzo de 2020, expediente N.° 11001-03-25-000-2019-00699-00
(5398-2019), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: UGPP
valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial y el consecuente
reconocimiento de la pensión gracia.
46. No menos importante resulta el hecho de que la UGPP, no formuló reparo frente
a la liquidación de la prestación en el proceso ordinario, pese a que contó con la
oportunidad procesal para ello, pretendiendo por vía de esta acción especial
enmendar la falencia en su defensa, aspecto este último frente al cual ya se ha
referido esta Subsección en sentencia de 19 de marzo de 202619.
47. De lo antes expuesto se concluye entonces, que la UGPP pretende a través de
este recurso extraordinario reabrir el debate sobre el derecho a la pensión gracia de
la demandada, lo cual no resulta procedente pues, esta acción especial no puede
ser vista como una instancia adicional para replantear el debate probatorio ni para
sustituir el criterio jurídico del fallador, razón por la cual no se configura la causal a)
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
48. En lo que corresponde a la causal b), advierte la Sala que la sustentación de la
causal parte del cuestionamiento de una indebida aplicación de las disposiciones
que regulan la pensión gracia, y aunque se expone que con el reconocimiento y
pago de esta última ordenado en la sentencia que se controvierte, se afectan los
recursos públicos, lo cierto es que no sustentó la presunta afectación al patrimonio
público, siendo insuficiente la afirmación de que para efectos de la liquidación debió
tenerse en cuenta lo devengado entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre
de 1994 -ultimo servicio docente-, más como lo dispuso el tribunal, esto es, lo
percibido entre el 11 de mayo de 2001 y el 10 de mayo de 2002 -labor en cargo
administrativo-, pues, se insiste, no se precisa en que consiste la afectación
económica, por ejemplo, si el salario y factores devengados en este último periodo
resultaban superiores a los percibidos durante el ejercicio docente, sino que el cargo
se centra en el desconocimiento de las disposiciones que ordenan que la pensión
gracia se debe reconocer atendiendo a la prestación exclusiva de servicio docente.
49. Importante rememorar que la acción de la referencia se encuentra revestida de
un carácter excepcional y especial, por lo que quien haga uso de la misma tiene la
carga de invocar debidamente la causal y sustentar con claridad y concreción los
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11001-03-25-000-2024-00570-00 (6603-2024), C.P. Dr Jorge Iván Duque Gutiérrez. Se destaca:
“45. Advierte la Sala que la entidad contó con las oportunidades procesales para cuestionar la forma en que debía reliquidarse
la asignación de retiro; sin embargo, en el recurso de apelación limitó su inconformidad al término de prescripción aplicable,
sin controvertir el fundamento jurídico de la reliquidación ordenada.
46. En tales condiciones, la inconformidad planteada en esta sede no evidencia la configuración de un error que comprometa
las garantías propias del debido proceso ni de una irregularidad procesal que habilite la procedencia de la acción especial de
revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Antes bien, corresponde a un argumento que la entidad
omitió desarrollar dentro del proceso ordinario, pese a haber contado con las oportunidades procesales para plantearlo.
47. Lo que se advierte es que CREMIL pretende, a través de este mecanismo extraordinario, suplir las omisiones de su
estrategia de defensa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en particular la falta de cuestionamiento,
en el recurso de apelación, respecto de la procedencia misma del derecho reclamado, esto es, la reliquidación de la asignación
de retiro. Sin embargo, la acción de revisión no constituye una tercera instancia ni un instrumento destinado a enmendar
errores procesales atribuibles a las partes, como antes se expuso.”
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argumentos que la respalden, pues, se pretende infirmar una decisión judicial
ejecutoriada, es decir, que la posibilidad de recurrir a la acción especial de revisión
implica una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que
hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que resulta razonable la exigencia de un
mayor rigor argumentativo en el análisis de este tipo de asuntos, y por
ende no deviene procedente interpretar la demanda, en este caso, con miras a
determinar la afectación al patrimonio público que endilga la entidad, como tampoco
resulta plausible realizar un estudio íntegro del fallo cuestionado, máxime
cuando no se trata de una tercera instancia.
50. Así las cosas, la Sala itera que tampoco se configura la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, al no acreditarse
que el reconocimiento pensional se hubiera obtenido con violación del debido
proceso, ni que la cuantía del derecho reconocido excediera lo debido conforme a
la ley, se declarará infundada la acción especial de revisión promovida por la
UGPP.
Condena en costas
51. Dado que esta Sección20 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se
abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida
5 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se
confirmó la dictada el 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Manizales.
20
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 17001 33 33 002 2014 00110 03 al juzgado de origen y
archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes del Código General del Proceso.
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