Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00224-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00224-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00224-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
23 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00224-00 (1404-2019)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00224-00 (1404-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP.
Demandado: ROSA BARBOSA LEAL
Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Ingreso base de liquidación servidores del DAS cobijados por
el régimen de transición del Decreto 1835 de 1994.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-036-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 14 de julio de 2005 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Rosa
Barbosa Leal, contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, en adelante
CAJANAL.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
La señora Rosa Barbosa Leal, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción
consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó 1 la
nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Resolución 10693 del 17 de mayo de 2002, mediante la cual el subdirector
general de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social
reliquidó parcialmente la pensión de vejez.
• Resolución 7920 del 27 de noviembre de 2002, por medio de la cual el jefe de
la Oficina Jurídica de CAJANAL, al desatar el recurso de apelación interpuesto
contra el acto administrativo descrito en el ítem anterior, declaró la existencia
de un acto ficto negativo.
• Resolución 8183 del 9 de diciembre de 2002, a través de la cual la entidad
pensional aclaró la resolución que precede, en el sentido de indicar que se
confirma la decisión adoptada en la Resolución 10693 de 2002.
1
Folios 32 a 44 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a la demandada a: i) reliquidar su pensión con el 75% del promedio de los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, teniendo en cuenta,
además de la asignación básica y de la bonificación por servicios, las primas de
vacaciones, navidad y riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989, efectiva a partir del 1.º de julio de 2000; ii) aplicar los reajustes
previstos en la Ley 100 de 1993; iii) pagar las diferencias causadas entre la fecha en
que se adquirió el estatus pensional, la inclusión en nómina y lo que se ordene
mediante sentencia; (iv) pagar los intereses moratorios, conforme a los artículos 177 y
178 del CCA, y 141 de la Ley 100 de 1993; y v) indexar las sumas adeudadas en los
términos previstos en el artículo 178 del CCA.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:
1. La señora Rosa Barbosa Leal prestó sus servicios al Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, durante más de 20 años. El último cargo que ocupó
fue el de detective profesional.
2. Por medio de la Resolución 000563 del 5 de febrero de 1999, la Caja Nacional
de Previsión Social reconoció en favor de la señora Rosa Barbosa Leal una pensión
de vejez. La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del promedio de lo
devengado durante los últimos cuatro años y tres meses de servicio, comprendidos
entre el 1.° de abril de 1994 y el 30 de junio de 1998, con inclusión de la asignación
básica y la bonificación por servicios.
3. Mediante Resolución 010078 del 30 de abril de 2001, la subdirectora general de
Prestaciones Económicas de CAJANAL, reliquidó la pensión de vejez a partir del 1.º
de julio de 2000. La liquidación la efectuó con el 75% del promedio de lo devengado
entre el 1º de enero de 1994 y el 30 de junio de 2000, con inclusión de los mismos
factores tenidos en cuenta en el acto de reconocimiento pensional.
4. A través de Resolución 10693 del 17 de mayo de 2002, CAJANAL reliquidó la
pensión de vejez, y ordenó pagar las diferencias que resultaren entre lo reconocido en
el acto administrativo descrito en el párrafo que precede y la fecha de inclusión en
nómina de pensionados. Sin embargo, en cuanto a la aplicación del régimen especial
del DAS sostuvo que la pensionada no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria
de aquel.
5. Mediante Resolución 7920 del 27 de noviembre de 2002, CAJANAL, al desatar
el recurso de apelación que se interpuso en contra de la resolución anterior, declaró la
existencia del silencio administrativo negativo y lo confirmó. Explicó que el IBL no fue
un elemento objeto de transición por lo que, para el efecto, se deben atender los
factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, máxime teniendo en consideración
que, en virtud del Decreto 691 de 1994, todos los empleados públicos del orden
nacional fueron incorporados al sistema general de pensiones a partir del 1.º de abril
de 1994.
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Demandante: UGPP
6. Por medio de la Resolución 8183 del 9 de diciembre de 20022, CAJANAL aclaró
el numeral primero y, revocó el numeral segundo del acto administrativo contenido en
el numeral que precede, para en su lugar, indicar que la decisión adoptada en la
Resolución 10693 del 17 de mayo de 2002 se encontraba conforme a la Constitución
y la Ley.
Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los
artículos 1, 2, 4, 13, 23, 25, 48 inciso final y 53 de la Constitución Política; Decreto
3135 de 1968, 45 del Decreto 1045 de 1978; Decreto 1047 de 1978; 3 de la Ley 33 de
1985; 10 del Decreto 1160 de 1989 y el Decreto 1933 de 1989.
En cuanto al concepto de violación, explicó que, al inaplicar las disposiciones
especiales que rigen a los detectives del DAS, contenidas en los Decretos 1933 de
1989 y 1047 de 1978, se infringen sus derechos como sujeto de especial protección
del Estado, en razón a su condición de trabajador y de persona de la tercera edad, de
acuerdo con los artículos 46 y 53 de la Constitución Política.
En su criterio, la mesada debió calcularse con los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, entre otros, las primas de navidad, vacaciones y de
riesgo, máxime cuando estos emolumentos han sido considerados por la ley, la
doctrina3 y jurisprudencia del Consejo de Estado4 como retribuciones ordinarias,
percibidas habitual y periódicamente por el trabajador y que, por tal razón, constituyen
salario.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA5
CAJANAL contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Manifestó que la
mesada pensional se liquidó de conformidad con las disposiciones jurídicas que rigen
su situación particular. Anotó que la demandante adquirió su estatus en vigencia de la
Ley 100 de 1993, por lo cual se debía hacer el cálculo según lo ordena el artículo 36
ibidem, con inclusión de los factores sobre los cuales se hubieran efectuado los
respectivos aportes en los términos del Decreto 1158 de 1994.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 14
de julio de 2005, profirió sentencia en la que resolvió: i) declarar la nulidad de los actos
demandados; ii) condenar a CAJANAL a reliquidar y pagar a la señora Rosa Barbosa
Leal su pensión en un monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el
último año de servicios, esto es, del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000, con
inclusión además de la asignación básica y la bonificación por servicios, de las primas
de vacaciones y navidad; iii) excluir la prima de riesgo y iv) declarar prescritas las
mesadas causadas con anterioridad al 9 de noviembre de 1998.
2
Folios 20 a 21 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
3
Citó la obra Práctica administrativa, Tomo II, p. 176 (1989) de Pedro Lampera Rodríguez.
4
Citó la sentencia del 28 de octubre de 1993; el concepto 20 de marzo de 1992 con radicado 433, y la
sentencia del 14 de noviembre de 1996 con radicado 12242.
5
Folios 73 a 76 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
Inicialmente, se refirió al concepto de salario con fundamento en el Convenio 95 de la
OIT, citó los artículos 1 de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, y reseñó las
sentencias del 25 de julio y 29 de agosto de 2002, emitidas por el mismo Tribunal.
Luego, al analizar el sub lite concluyó que a la señora Rosa Barbosa Leal le asiste el
derecho a que la entidad demandada reliquide su pensión en una cuantía equivalente
al 75% del promedio de lo recibido durante el último año de servicio, a saber, entre el
30 de junio de 1999 y el 30 de junio de 2000, con inclusión de todos los factores
salariales percibidos de forma habitual, periódica y como contraprestación directa del
servicio, en dicho lapso. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones contenidas en
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Así las cosas, dispuso incluir en el IBL además de la asignación básica y la bonificación
por servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad, con exclusión de la prima
de riesgo, pues de acuerdo con lo previsto en los Decretos 1137 y 2646 de 1994, este
emolumento no tiene carácter salarial.
ACCIÓN DE REVISIÓN6
La UGPP presentó la acción especial de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso », y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia del 14 de julio de 2005, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso
ordinario instaurado por la señora Rosa Barbosa Leal contra la extinta CAJANAL, bajo
el radicado 250002325000200302250.
2. Declarar que la señora Rosa Barbosa Leal no es acreedora de un derecho
adquirido.
3. Ordenar que la pensión de la señora Rosa Barbosa Leal se liquide conforme a
las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2015 y SU-631 de 2017, y los
autos 326 de 2014 y 229 de 2017, providencias proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, de acuerdo con las cuales se debe adoptar como ingreso base de
liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, con la inclusión de los factores base
de cotización taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás
disposiciones que expresamente consagren la condición de factor salarial con
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Folios 1 a 26 del cuaderno principal.
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incidencia pensional, con una tasa de reemplazo del 75% conforme lo previsto en los
Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 1835 de 1994 y la Ley 860 de 2003.
Como fundamento de la acción, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 121, 123 y 124 de la Constitución
Política; el Decreto 1047 de 1978; 10 del Decreto 1933 de 1989; 21 de la Ley 100 de
1993; 1 del Decreto 1158 de 1994; 4 y 5 del Decreto 1835 de 1994; 5 de la Ley 860 de
2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
Estimó que la providencia acusada vulneró el derecho al debido proceso toda vez que
ordenó la reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio por la señora Rosa Barbosa Leal, cuando lo
cierto es que debieron atenderse las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21
de la Ley 100 de 1993.
Seguidamente, expuso que el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la
ley al haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que la señora Rosa
Barbosa Leal al estar cobijada por el régimen de transición, dado que tenía más de 35
años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad
Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto, previstas por los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989
y 1835 de 1994. En lo que tiene que ver con el IBL, corresponde al que regula el inciso
3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Destacó que así lo ha interpretado la Corte
Constitucional en reiterados pronunciamientos.
Igualmente, consideró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera
del sistema, pues aumenta en un 18% la mesada pensional de la demandada, sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada
actual es de $1.787.976 cuando debía equivaler a $1.448.015, con lo cual se genera
una diferencia de $339.962. Tal situación permite observar que se configura un abuso
palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento del precedente de la
Corte Constitucional.
En ese mismo sentido, expuso que teniendo en consideración la edad de la
pensionada y las 205 mesadas que deberán pagarse, es claro que se genera un
detrimento al erario en tanto que la proyección de los pagos futuros debidamente
indexados dan un total de $82.097.488.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN
La señora Rosa Barbosa Leal contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Estimó que, contrario a lo expuesto por el recurrente, la decisión objeto de revisión se
ajusta a la Constitución, la ley y la jurisprudencia que sobre el tema desarrolló el
Consejo de Estado.
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Demandante: UGPP
Propuso como excepciones las siguientes:
• Caducidad: Aseveró que la demanda de revisión se presentó vencidos los 5
años que para el efecto prevé el artículo 251 del CPACA. Explicó que teniendo
en cuenta que la sentencia objeto de revisión se profirió el 14 de julio de 2005,
que quedó debidamente ejecutoriada el 17 de febrero de 2006 y que la acción
de revisión se radicó el 26 de junio de 2019, es razonable inferir que para esta
última fecha habían vencido los cinco años que prevé la norma.
• Improcedencia del recurso extraordinario: Insistió que el Tribunal emitió la
decisión con fundamento en las normas que le eran aplicables a la trabajadora,
como beneficiaria del régimen pensional del DAS, y con observancia de la
jurisprudencia que sobre el particular había sido desarrollada, para la época,
por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
• Falta de legitimación en la causa por activa: Afirmó que la UGPP no está
legitimada para interponer la acción de revisión de que trata el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, comoquiera que, según la referida norma, el único facultado
para ello es el gobierno por conducto del Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contralor General de la
República o el Procurador General de la Nación.
• Principios de buena fe y seguridad jurídica: Reiteró que la decisión atacada se
expidió con observancia de los procedimientos legales y en garantía de los
derechos constitucionales que le asisten a las partes, así como con respeto de
las normas, principios y jurisprudencia que resultaban aplicables en el sub
judice.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
en el inciso segundo del artículo 249 que, de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 7.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el numeral 2 del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado
por el artículo 1.° del Acuerdo 55 de 2003, derogado por el Acuerdo 80 de 2019.
7
«Artículo 249. Competencia.
[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
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Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa que «las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación ».
De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que esta Sala es competente para
asumir el conocimiento de la demanda de revisión formulada por la UGPP contra la
sentencia proferida el 14 de julio de 2005 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Rosa Barbosa Leal.
Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 8 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»9.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
8
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
9
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación10.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones11.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira12.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 13.
Cuestión previa
La parte demandada al contestar la demanda propuso como excepciones la falta de
legitimación en la causa por activa de la UGPP y la caducidad de la acción, las cuales
se analizarán en los siguientes términos:
• Legitimación por activa de la acción de revisión
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:
10
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
11
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Demandante: UGPP
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión14, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección15.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la legitimación en
la causa por activa a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la
acción de revisión.
• Oportunidad
El artículo 251 del CPACA dispone que el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, en los casos referidos en la normativa transcrita, es dentro
de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Textualmente señaló:
«[…] Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá
interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia
penal que así lo declare.
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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9
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00224-00 (1404-2019)
Demandante: UGPP
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente
a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. […]»
(Subrayado fuera del texto).
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 201616, precisó que, en
los eventos en los que el recurrente sea la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el término de
caducidad de cinco años para interponer el recurso extraordinario de revisión no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, comoquiera que fue tan solo en
esta fecha que la mencionada entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que
tenía a cargo la extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL. Textualmente
expresó:
«Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias
judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que
esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado
por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años
para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su
contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el
cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la
UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por
lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho
instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió
las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de
2013.
[…]
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir
ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer
el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en
un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco
años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de
2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que
tenía a cargo Cajanal.»
Pues bien, se debe tener en cuenta que la sentencia del 14 de julio de 2005, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 200617. Igualmente, que la Corte Constitucional
en providencia SU-427 de 2016, señaló que el término de caducidad de cinco años
para intentar este mecanismo no podrá contabilizarse para la UGPP desde antes del
16
Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- contra la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro.
17
Folio 157 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: UGPP
12 de junio de 2013. Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 29
de mayo de 201818, se concluye que aquella se encuentra en tiempo.
Por ello, no le asiste razón a la demandada cuando afirma que la demanda de revisión
es extemporánea.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión de un exdetective del
Departamento Administrativo de Seguridad, cobijado por el régimen de transición del
Decreto 1835 de 1994, atendiendo el ingreso base de liquidación de las normas
generales anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de
servicios, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El régimen
pensional de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) verificación de la causal de revisión
invocada en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso» .
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia19. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 20:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
18
Folio 1 del cuad. Ppal.
19
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
20
Sentencia C-341 de 2014
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acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»
Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales21, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 22 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»23. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
21
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
22
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca dentro
de tales parámetros ya que lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a
que tiene derecho la señora Rosa Barbosa Leal debe liquidarse teniendo en cuenta un
ingreso base de liquidación calculado con el promedio de lo devengado durante el
último año de servicios, incluyendo todas aquellas sumas que recibió en aquel periodo,
y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994. Así se
debe definir si la mesada que se le paga mensualmente debe verse reducida en la
misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema
general de seguridad social en pensiones.
Para el propósito descrito, se analizarán el régimen especial de pensiones de los
servidores del DAS, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y las posiciones
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; y con
fundamento en ello, se analizará la configuración de la causal de revisión invocada en
el caso concreto.
Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la entrada en
vigor del Sistema General de Seguridad Social
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 24, norma que en el
artículo 125 dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas
en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de
formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una
pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, en el artículo 2, ordenó que
los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio
de la entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas,
pueden acceder a la prestación al cumplir la edad de 50 años, siempre que para ese
momento estuvieran vinculados.
Más adelante, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 198926 dictó una norma general
según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
24
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
25
«Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de
formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
26
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
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adicionen o modifiquen27. En el artículo 1028, previó que los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. Por otro lado, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por
lo previsto en el Decreto 1047 de 197829 y 1933 de 1989.
Ahora bien, más adelante el artículo 14030 de la Ley 100 de 1993 previó:
«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional
expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto
riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de
semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos
sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.».
El Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los servidores públicos al Sistema
General de Pensiones. En el artículo 5, extendió el régimen general a los servidores
que laboren en actividades de alto riesgo para su salud. En atención a esta preceptiva
y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
1835 del 3 de agosto de 1994. Este último reglamentó las actividades de alto riesgo de
los servidores públicos, dentro de los cuales incluyó al personal de detectives en sus
distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente 31.
De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se tuvo como
de alto riesgo. Tal clasificación ameritó consideraciones particulares en materia
prestacional, entre ellas, un régimen de transición especial 32 para quienes, a su
27
«Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán
derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden
nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los
que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
28
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas
para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de
jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
29
«Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18
años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de
jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento.»
30
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
31
Artículo 2 del Decreto 1835 de 1994
32
«Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
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entrada en vigor, esto es, el 4 de agosto de 1994 33, laboraran en dicha actividad, con
el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas por las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Por su parte, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200334 derogó el Decreto 1835 de
1994, y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin
incluir al DAS. En el artículo 6 se introdujo un régimen de transición para las personas
que para esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial35, así:
«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una
vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo36.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los
previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de
la Ley 797 de 2003.».
No obstante, la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 37 se ocupó de regular
nuevamente la materia pensional para los servidores que desarrollan labores de alto
riesgo en el DAS. Aquella, además de incluir la prima de riesgo en el ingreso base de
cotización, señaló otro régimen de transición consistente en que los detectives
vinculados antes del 3 de agosto de 1994 que para la entrada de esa ley hubieran
cotizado 500 semanas, pueden acceder a la pensión en las condiciones definidas por
el Decreto 1835 de 1994.
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que debe atenderse en
su integridad la normativa precedente. En un principio estimó que debían incluirse
aquellos factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933
de 1989, esto son:
• La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
• Los incrementos por antigüedad;
• La bonificación por servicios prestados;
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación,
se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente
en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
33
Esta norma comenzó a regir a partir de su publicación. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41473. 4,
AGOSTO, 1994. PAG. 25.
34
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
35
Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de se
pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de
2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, radicación: 2555-
13.
36
Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C-663 2007: «[…] en el entendido que para el
cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
37
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
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Demandante: UGPP
• La prima de servicio;
• El subsidio de alimentación;
• El auxilio de transporte;
• La prima de navidad;
• Los gastos de representación;
• Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país,
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180)
días en el último año de servicio;
• La prima de vacaciones.
Más adelante, el Decreto 1137 del 2 de junio de 199438 creó la prima mensual de riesgo
equivalente al 30% de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives
de la entidad, con la salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría
devengarse simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de
que tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre
de 199439 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35% y la hizo incompatible
solamente con las prestaciones con la misma denominación previstas en los Decretos
1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor salarial.
En vista de lo anterior, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquel no
constituye factor salarial40. Más adelante, consideró que debía acogerse el criterio de
favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 2010 41, según el cual es
válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera
habitual y periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación42. Este criterio se sustentó en que el artículo 73 del Decreto 1848 de
1969 dispuso que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75% del promedio de
los salarios y primas de toda especie recibidos durante el último año de servicio,
argumento que sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no
estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.
Bajo esta nueva óptica, en la sentencia del 1 de agosto de 201343 la Sección Segunda
unificó su posición sobre el tema para acoger esta última posición y agregó que una
interpretación distinta vulneraría las garantías que la Constitución Política de 1991
impuso como referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho
fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los
principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto
38
«Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados
del Departamento Administrativo de Seguridad».
39
«Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
40
Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688
01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25
000 2006 07509 01 (0112-09).
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
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precisó que la prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En
consecuencia, hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores
del DAS, por lo que debía ser considerado dentro del ingreso de cotización y de la
liquidación de la pensión44.
El Sistema General de Seguridad Social en pensiones
La Constitución Política de 1991, en el artículo 48 consagró la seguridad social como
un derecho irrenunciable y como un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo
establezca la ley. De conformidad con la norma constitucional, la Ley 100 de 1993
organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones
del Estado y la sociedad, con instituciones y recursos destinados a garantizar la
cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar normativamente en el
futuro. Su objeto es el de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas45,
a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar46, y les permitan
tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.
En lo relevante al particular, es importante señalar que según el artículo 6 de la Ley
100 de 1993 la finalidad del Sistema de Seguridad Social Integral se concreta en
«unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las
entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente
ley». De acuerdo con el artículo 11, su ámbito de aplicación se extiende a todos los
habitantes del territorio nacional, con la salvedad de que deben respetarse todos los
derechos, garantías y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores.
En atención al principio de universalidad que inspira el Sistema General de Seguridad
Social en materia pensional y su carácter general, conviene precisar que las
situaciones que sin haberse consolidado para el momento de entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994 para el orden nacional y 30 de junio
de 1995 para el territorial, pueden regirse por disposiciones distintas, entre ellas las
cobijadas por el régimen de transición en ella previsto.
El régimen de transición de la Ley 100 de 1993
De acuerdo con lo antes expuesto, resulta claro que el propósito de esta ley fue el de
unificar los regímenes pensionales que antes de su promulgación, se encontraban
difusos en el ordenamiento jurídico, estableciendo reglas comunes aplicables a todos
44
En este punto conviene señalar que la tesis unificada se ha mantenido hasta la actualidad tal y como
lo han indicado los pronunciamientos emitidos por las diferentes secciones del Consejo de Estado, al
conocer de acciones de tutela contra providencia judicial sobre la materia. Dentro de las sentencias más
recientes se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020, radicación 110010315000201904948 00(AC), actor: Patrimonio Autónomo Público
PAP, Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del extinto DAS y su Fondo Rotatorio; Sección Primera,
sentencia del 1 de febrero de 2018, actor: Edmundo Ángel Ballén; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 3 de mayo de 2018, actor: Ángel Modesto Tello Chaves; Sección Cuarta, sentencia del 6
de diciembre de 2017, radicación 110010315000201702111 00(AC), actor: Luz Marina Solaque Urrego,
entre otras.
45
Artículo 1 de la Ley 100 de 1993.
46
Ibidem.
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los trabajadores del territorio colombiano, sin considerar la naturaleza de su relación
laboral. Sin embargo, la disposición en comento, en el artículo 36, concibió un régimen
de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que
cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella. Esto les permitirá,
regirse por las normas aplicables en el régimen anterior al que se encontraban
afiliados, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y
monto de la prestación. Los presupuestos para ser beneficiario de aquel estarían
dados por edad (35 años para mujeres y 40 para los hombres) o tiempo de servicios
(15 años) para el momento de su entrada en vigor.
De lo anterior, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad o tiempo
de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas anteriores
que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de servicios o
semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último aspecto, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha sido pacífica,
pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del régimen de
transición o no, como pasa a exponerse:
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha
Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de
pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
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régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.
En esta última providencia, esto es, la SU-395 de 201747 la Corte conoció de varias
acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de
pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos
546 de 197148 y 929 de 197649, y consideró que la regla general de liquidación
pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas especiales,
según lo había analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición
consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado
el servidor, solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 50 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
47
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
48
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
49
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.
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Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales. Esta providencia constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
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Con todo, la Sala Plena también sostuvo:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado,
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. […]».
Verificación de las causales de revisión invocadas:
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las
normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio,
ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido de acuerdo con la ley.
Esta cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en
el literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que pasa a estudiarse.
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003.
Para abordar lo relativo a la configuración de esta causal de revisión, se destacan los
siguientes aspectos:
La señora Rosa Barbosa Leal nació el 20 de julio de 195351 y laboró en el DAS desde
el 18 de abril de 1977 hasta el 30 de junio de 200052. Según la certificación emitida por
la Unidad de Tesorería y Pagaduría del DAS 53, durante el periodo comprendido entre
el 30 de junio de 1999 y el 30 de junio de 2000, la trabajadora recibió:
• Asignación básica
• Prima de servicios
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• Bonificación por servicios
• Prima de riesgo
51
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 86 del expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho.
52
Tal como consta en las certificaciones emitida por el DAS, obrantes en los folios 27 y 100 del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
53
Folios 29 y 30 ibidem.
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Por medio de la Resolución 000563 del 5 de febrero de 199954, la Caja Nacional de
Previsión Social le reconoció a la señora Rosa Barbosa Leal una pensión de vejez.
Para el efecto tuvo en cuenta lo siguiente:
➢ La señora Rosa Barbosa Leal laboró en el DAS entre el 18 de abril de 1977 y el
30 de junio de 1998, un total de 7633 días, equivalente a 1090 semanas.
➢ El último cargo que ocupó fue el de detective profesional.
➢ Adquirió el estatus jurídico el 17 de abril de 1997.
➢ La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del promedio de lo
devengado durante los últimos cuatro años y tres meses de servicios,
comprendidos entre el 1.° de abril de 1994 y el 30 de junio de 1998. Los factores
que incluyó fueron: asignación básica y bonificación por servicios.
Mediante Resolución 010078 del 30 de abril de 200155, la subdirectora general de
Prestaciones Económicas de CAJANAL, reliquidó la pensión de vejez a partir del 1º de
julio de 2000. La liquidación la efectuó con el 75% del promedio de lo devengado entre
el 1º de enero de 1994 y el 30 de junio de 2000, con inclusión de los mismos factores
tenidos en cuenta en el acto de reconocimiento pensional.
A través de Resolución 10693 del 17 de mayo de 200256, CAJANAL reliquidó la
pensión de vejez, y ordenó pagar las diferencias que resultaren entre lo reconocido en
el acto administrativo descrito en el párrafo precedente y la fecha de inclusión en
nómina de pensionados. Sin embargo, en cuanto a la aplicación del régimen especial
del DAS sostuvo que la pensionada no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria
de aquel.
Más adelante, mediante Resolución 7920 del 27 de noviembre de 2002, CAJANAL, al
desatar el recurso de apelación que se interpuso en contra de la resolución que
precede, declaró la existencia del silencio administrativo negativo y lo confirmó. Explicó
que el IBL no fue un elemento objeto de transición por lo que, para el efecto, se deben
atender los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, máxime teniendo en
consideración que, en virtud del Decreto 691 de 1994, todos los empleados públicos
del orden nacional fueron incorporados al sistema general de pensiones a partir del 1.º
de abril de 1994.
Posteriormente, por medio de la Resolución 8183 del 9 de diciembre de 2002 57,
CAJANAL aclaró el numeral primero y, revocó el numeral segundo del acto anterior,
para en su lugar, indicar que la decisión adoptada en la Resolución 10693 del 17 de
mayo de 2002 se encontraba conforme a la Constitución y la Ley.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 14 de julio de 2005, ordenó la reliquidación de la pensión de la señora
Rosa Barbosa Leal, en los siguientes términos:
54
Folios 94 a 97 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
55
Folios 23 a 26 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
56
Folios 4 a 9 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
57
Folios 20 a 21 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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«[…] Se encuentra probado en el expediente que la actora laboró en el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS desde el 18 de abril de 1.977
hasta el 1º de julio de 2000, fecha en que presentó la renuncia al cargo de
Detective Profesional 207-10 dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIONES (fl.27)
Según certificaciones expedidas por el Jefe de la Unidad de Tesorería y Pagaduría
del DAS, la actora percibía durante el último año de servicios, es decir durante el
período comprendido entre el 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000, además
de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, la prima de
vacaciones, la prima de navidad y la prima de riesgo (fls. 102 a 103).
[…]
De lo anterior, se colige que la accionante reúne los requisitos para gozar del
régimen especial de pensiones previsto en el Decreto 1047 de 1.978 y el Decreto
1933 de 1.989, teniendo derecho a que en la liquidación de la pensión, se le
incluyan como factores salariales todos aquellos conceptos que participen de tal
naturaleza jurídica. En consecuencia, los actos acusados al no incluir todos los
factores salariales devengados por la actora en el último año de servicios,
señalados en la certificación de ingresos, allegada por la demandante,
desconocieron el régimen especial de pensión de jubilación establecido en este. No es aceptable el argumento de la Entidad Demandada, al afirmar que no pueden
tenerse en cuenta como factores salariales aquellos respecto de los cuales el
empleado no haya efectuado aportes pues como se ha visto, se encuentra
amparado por un régimen especial, por lo tanto no es viable ni la aplicación de la
normativa general anterior a la Ley 100 de 1993 ni esta última, ya que el actor
tiene en su favor el régimen de transición consagrado en el art. 36 de la Ley
100/93.
[…]
Por lo anotado en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que los actos
demandados resultan violatorios de lo dispuesto en el mencionado Decreto, al no
aplicar a la liquidación de la pensión de jubilación reconocida por la Caja Nacional
de Previsión Social a la actora, los factores saláriales que en este Decreto se
mencionan, y que se encuentran relacionados en el certificado expedido por el
Jefe de la Unidad de Tesorería y Pagaduría del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS, en donde consta que la actora devengó durante el periodo
comprendido entre el 30 de junio de 1.999 al 30 de junio de 2.000, además de la
Asignación Básica y Bonificación por Servicios Prestados, la prima de vacaciones
y la prima de navidad, por lo que las pretensiones de la demandan (sic) están
llamadas a prosperar en cuanto hace referencia a esos factores.
[…]
En la demanda también se solicita que en la liquidación de la pensión de la actora
se incluya el factor prima de riesgo, el cual no podrá disponerse pues si bien es
cierto el (sic) demandante goza de un régimen especial para el reconocimiento y
pago de su pensión, también lo es que si de acuerdo con esa normatividad
especial se excluye algún factor, peste no deberá tenerse en cuenta en la
liquidación de la pensión como ocurre con la prima de riesgo que en forma taxativa
en el Decreto 1137 de 2 de junio de 1994 la consagró sin el carácter de factor
salarial, disposición que es corroborada con el Decreto 2646 de 1994 art. 4º.
[...] por ello se dispondrá el restablecimiento del derecho, conforme se invoca en
la demanda, ordenando que en la liquidación de la pensión de jubilación
reconocida al demandante, se incluyan todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicios, excepto la prima la prima (sic) de riesgo de
acuerdo a lo expuesto en la presente providencia […]
FALLA
1. Se ANULA la Resolución No. 10693 del 17 de mayo del año 2.002
proferida por la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL […]
2. Se ANULA la Resolución No.
7920 del 27 de noviembre del año 2002
proferida por la Oficina Jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social […]
3. Se ANULA la Resolución No. 8183 del 9 de diciembre del año 2002
proferida por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Caja Nacional de Previsión Social
[…]
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4. Como consecuencia de lo anterior la Caja Nacional de Previsión Social,
procederá a reliquidar y pagar a la Señora ROSA BARBOSA LEAL […] su pensión
de jubilación, equivalente al 75% del promedio de salario devengados durante el
último año de servicios, es decir, del30 (sic) de junio de 1.999 al 30 de junio de
2000, incluyendo la prima de vacaciones, y la prima de navidad, y excluyendo la
Prima de Riesgo […]» (puntuación, gramática y ortografía del original).
La decisión se sustentó, fundamentalmente, en el criterio según el cual los servidores
del DAS que disfrutan del régimen especial de pensiones contenido en los Decretos
1033 de 1989 y 1047 de 1978, tienen derecho a que se les apliquen en su integridad
tales preceptivas, inclusive en lo relacionado con los factores computables para
liquidar la pensión de jubilación. No obstante, excluyó la prima de riesgo de la
reliquidación ordenada, toda vez que los Decretos 1137 y 2646 de 1994 así lo
disponen.
Mediante Resolución 06810 del 9 de agosto de 2006 la entidad dio cumplimiento al
fallo, y ordenó incluir en la liquidación la asignación básica, la bonificación por
servicios, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad 58.
Análisis de la Subsección
En la demanda de revisión, la UGPP discute la forma en la que el juez de instancia
ordenó que se calculara el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida a la
señora Rosa Barbosa Leal. En su criterio, debe darse aplicación a lo previsto por los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con las reglas definidas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así las cosas, el análisis se concretará a tal
argumento.
De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación
Para abordar el anterior planteamiento, es de anotar que, para el momento en el que
se produjo la decisión demandada, aún no se habían emitido las sentencias de
unificación del 4 de agosto de 2010 y 1 de agosto de 2013 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas en aplicación del régimen de transición. De ahí que la autoridad
judicial sustentó su decisión en los principios de inescindibilidad y favorabilidad, en
armonía con las sentencias del 25 de julio, 29 de agosto de 2002 y 27 de febrero de
2003, proferidas por el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en
las cuales, el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 sería el contenido en la norma anterior, con inclusión de las sumas
recibidas habitual y periódicamente como retribución del servicio, salvo aquellas
expresamente excluidas, como es el caso de la prima de riesgo.
Dicho criterio, orientado al reconocimiento y liquidación de la pensión de los detectives
del DAS con arreglo al régimen especial contenido en los Decretos 3135 de 1968, 1933
de 1989, 1045 de 1978, 1047 de 1978 y 1933 de 1989 fue expuesto por la Sección
58
Folios 121 a 124 del cuad. ppal.
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Demandante: UGPP
Segunda, Subsección B, de esta corporación en la sentencia del 18 de agosto de
200559.
Visto lo anterior, es necesario precisar que para la fecha en la que se dictó la
providencia objeto de la acción de revisión, la Corte Constitucional sostuvo60 que el
beneficio de la transición pensional consistía en acatar en su integridad las condiciones
del régimen anterior. En consecuencia, el ingreso base de liquidación debía
corresponder a lo previsto por las normas que venían rigiendo la situación del afiliado 61.
Por esa razón, se admitía que la liquidación debía efectuarse sobre el promedio de lo
devengado en el último año de servicio.
Ahora, en la acción de revisión, la UGPP alegó que en la reliquidación de la pensión
de la señora Rosa Barbosa Leal, debió atenderse el régimen general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993, al considerar que el ingreso base de liquidación no
resultaba objeto de transición. Como sustento de ello, solicitó adoptar el criterio
desarrollado por la Corte Constitucional. Al respecto, es necesario precisar que, de las
providencias enunciadas en la demanda de revisión, solamente la sentencia C-168 de
1995 se había emitido para la época en que fue proferida la sentencia cuestionada, y,
por lo tanto, se analizará su contenido de cara con el sub examine.
Pues bien, en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se
estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este
asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 199362 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos.
Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales
excede la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas
de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una
plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25
que ordena dar especial protección al trabajo.
59
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de agosto de 2005, radicación
25000-23-25-000-2001-12163-01 (782-2004).
60
Sobre este tema se pueden ver, de la Corte Constitucional las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de
2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
61
Se resalta lo considerado en la sentencia T-631 de 2002, en la que la Corte Constitucional se refirió
al ingreso base de liquidación que debía atenderse en los casos de las personas que se encontraran en
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así: «[…]El monto de la pensión se calcula sobre una base
y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro. Esa base, en la teoría de la
seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario
jubilatorio o haber jubilatorio. Tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base
reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes. Es imposible desvertebrar el
efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente
tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la
señalada en la ley 100 de 1993. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne
los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto
546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es
afectar la inescindibilidad de la norma jurídica.[…]». Esta tesis fue reiterada en las sentencias T-1000
de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009, T-610 de 2009.
62
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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25
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Demandante: UGPP
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año. Tal
desigualdad contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este asunto.
Ahora bien, en relación con las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y los
Autos 326 de 2014 y 229 de 2017, es importante señalar que ninguna de ellas podía
ser tenida como precedente. Lo anterior en consideración a que son posteriores a la
providencia que se revisa, además de que no se les otorgó efectos retrospectivos. De
esta manera, no se les puede considerar precedente en este caso.
Asimismo, es evidente que las sentencias de unificación que enuncia la recurrente de
la Corte Constitucional en materia de IBL, no se refieren a los casos en los que el
ingreso base de cotización previsto por las normas que regulan un régimen especial,
como el que tenían los detectives del DAS. Es de resaltar que dichas normas
especiales enlistan emolumentos distintos a los previstos por el Decreto 1158 de 1994
para la generalidad de los servidores públicos, esto es, los indicados por el artículo 18
del Decreto 1933 de 1989, pero que, a su vez, se enmarcan en el Acto Legislativo 01
de 2005, en cuanto consagra «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones».
De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación
Sobre los factores a tener en cuenta en la liquidación de la pensión, se observa que la
orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
ordenó incluir los señalados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989,
particularmente las primas de vacaciones y de navidad, que fueron devengadas por la
señora Rosa Barbosa Leal, en el último año, según la certificación expedida por la la
Unidad de Tesorería y Pagaduría del DAS63.
Ahora, si bien la sentencia no ordenó expresamente la inclusión de la prima de
servicios, la entidad, al dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia objeto de
discusión la computó, según se observa en la Resolución 06810 del 9 de agosto de
2006 que obra en los folios 121 a 124 del cuaderno principal del expediente.
Por otra parte, la providencia bajo análisis excluyó la prima de riesgo del IBL para
reliquidar la pensión de vejez de la señora Rosa Barbosa Leal, en atención a lo
dispuesto, expresamente en los Decretos 1137 y 2646 de 1994.
63
Folios 29 y 30 ibidem.
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Demandante: UGPP
Al respecto, pese a que no fue objeto de debate en la acción de revisión, es oportuno
reiterar que para la fecha en que se adoptó la anterior decisión, aún no se había
proferido la sentencia de unificación del 1 de agosto de 2013 del Consejo de Estado,
en la que se reconoció el carácter salarial de la prima de riesgo. Por el contrario, para
esta época, la Corporación negó la inclusión de la referida prestación para efectos de
establecer el IBL, atendiendo el tenor literal del Decreto 2646 de 1994. Así se observa
en la sentencia del 18 de agosto de 2005 64:
«En cuanto a la inclusión de la prima de riesgo como factor para la liquidación
pensional, la Sala observa: El Decreto 2646 de 1994 estableció la prima de riesgo
para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad y, en su
artículo 1, consagró: “Los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad que desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective
Profesional, Detective Agente, Criminalístico Especializado, Criminalístico
profesional, Criminalístico Técnico y los Conductores tendrán derecho a percibir
mensualmente y con carácter permanente una Prima Especial de Riesgo
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su asignación básica mensual.”.
En estas condiciones los empleados de la entidad tienen derecho a dicha prima
con carácter permanente, equivalente al 35% de su asignación básica mensual.
Sin embargo, no es posible incluirla como factor salarial para efectos del
reconocimiento pensional porque no lo es, conforme a lo establecido en el artículo
4 del Decreto 2646 de 1994 que prescribe: “La prima a que se refiere el presente
Decreto no constituye factor salarial y no podrá percibirse simultáneamente con la
prima de que trata el artículo 2° del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 132 de
1994.”.
En estas condiciones a la libelista le asiste el derecho a que su pensión sea
reliquidada incluyendo como factores salariales la prima de servicios, navidad y
vacaciones devengadas por la actora según la certificación expedida por la
Secretaría General Subdirección Financiera, Grupo de Tesorería del DAS, con
exclusión de la prima de riesgo.».
Con todo, se observa que, según los documentos aportados por la UGPP, la prima de
riesgo se incluyó como consecuencia de la orden impartida por la Subsección A de la
Sección Segunda, mediante providencia del 7 de diciembre de 2017, radicado:
11001032500020140069000 (2137-2014), al resolver la solicitud de extensión de los
efectos de la sentencia del 1 de agosto de 2013, presentada por la señora Rosa
Barbosa Leal. Dicha decisión no fue controvertida en la acción de revisión, motivo por
el cual la Sala se abstiene de efectuar pronunciamiento sobre el particular.
Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 121, 123 y 124 de
la Constitución Política; el Decreto 1047 de 1978; 10 del Decreto 1933 de 1989; 21 de
la Ley 100 de 1993; 1 del Decreto 1158 de 1994; 4 y 5 del Decreto 1835 de 1994; 5 de
la Ley 860 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, citados como desconocidos por
la UGPP en el escrito contentivo de la acción especial de revisión. Lo anterior, en
consideración a que la interpretación que la sentencia objeto del recurso impartió a
tales contenidos normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente en el
Consejo de Estado.
64
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 18 de agosto de 2015, Rad. 782-
20045.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00224-00 (1404-2019)
Demandante: UGPP
En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal b),
tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión de la señora
Rosa Barbosa Leal atendiendo el ingreso base de liquidación del régimen especial del
DAS previsto por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, esto es, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios,
incluyendo, además de la asignación básica y la bonificación por servicios, las primas
de navidad y de vacaciones.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 14 de julio del 2005
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por
medio de la cual se declaró la nulidad de las Resoluciones 10693, 7920 y 8183, todas
de 2002, y, se ordenó la reliquidación de la pensión de la señora Rosa Barbosa Leal
con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, a saber,
además de la asignación básica y la bonificación por servicios, de las primas de
vacaciones y navidad, debidamente acreditados por la ex detective del DAS.
Reconocimiento de personería
Mediante correo electrónico, la apoderada de la UGPP, Claudia Patricia Mendivelso
Vega65 aporta sustitución del poder, a ella conferido, en favor de la abogada Mayra
Alejandra Aguilar Sarmiento, identificada con cc núm. 1.033.681.538 y la tarjeta
profesional 242.952 del C.S. de la J., sin embargo, la Subsección advierte que a
aquella profesional ya le fue reconocida personería bajo la referida condición, por parte
del despacho sustanciador, a través de auto del 13 de agosto de 2019. De manera
que, en esta providencia no se efectuara ningún pronunciamiento al respecto.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público », en esas condiciones,
teniendo en cuenta que esta Corporación 66 ha considerado que el ejercicio del
mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye
una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar
el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el
servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de
65
Índice 34 del sistema informático SAMAI.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00224-00 (1404-2019)
Demandante: UGPP
sostenibilidad financiera del sistema pensional; la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP,
contra Rosa Barbosa Leal, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 14 de julio de 2005, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 250002325000200302250.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y
archívese el expediente de la acción de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmó electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmó electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
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