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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00143-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00143-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 22 de julio de 2022, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-021-2020-00197-01, que confirmó parcialmente la sentencia de 1.° de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. 21Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2024-00143-00 (2528-2024) (AER) Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00143-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO-
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00143-00 (2528-2024) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Félix Enrique Mosquera Mosquera
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Presupuestos de configuración. Pensión de jubilación de
acuerdo con la Ley 6ª de 1945.
Decisión: Declarar infundada la acción de revisión

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de fecha 22 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” que confirmó la sentencia del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá de 1.° de febrero de 2022
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-021-2020-00197-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2. El señor Félix Enrique Mosquera Mosquera, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 37 de la plataforma SAMAI de primera instancia. Archivo “02EscritoDemanda.pdf”.

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00143-00 (2528-2024) (AER)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la UGPP, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• La nulidad de las resoluciones RDP 038390 del 24 de septiembre de 2018 y RDP
046314 del 10 de diciembre de 2018, a través de la cuales la UGPP se negó a
reconocer y liquidar la pensión de jubilación del señor Félix Enrique Mosquera
Mosquera de conformidad con la Ley 6 de 1992.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la demandada
a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de las Ley 6 de 1945, Ley 33
de 1985, Ley 4 de 1966, Ley 71 de 1988, Decreto 1045 de 1978; (ii) ordenar que
la reliquidación se haga sobre la base del 75% del promedio de los factores
devengados durante el último año de servicios; (iii) el reconocimiento de los
reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la
indexación correspondiente; iv) condenar a la entidad demandada al pago de
intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y v) se condene en
costas y agencias en derecho a la UGPP, en caso de oponerse a las pretensiones
de la demanda.

3. Como fundamento fáctico, señaló que la Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL reconoció una pensión de jubilación al señor Félix Enrique Mosquera
Mosquera mediante la Resolución 09814 del 31 de agosto de 1983, con lo cual
se acreditaba su condición de pensionado con anterioridad al 1.º de enero de
1989.

4. Teniendo en cuenta la fecha de reconocimiento pensional, mediante peticiones
radicadas el 6 de julio de 2018 y el 9 de octubre de 2018, el señor Mosquera
Mosquera pidió el reconocimiento, liquidación y pago del reajuste pensional
previsto en el artículo 116 de la Ley 6.° de 1992 y en su Decreto Reglamentario
2108 de 1992. La UGPP a través de las resoluciones RDP 038390 del 24 de
septiembre de 2018 y RDP 046314 del 10 de diciembre de 2018 negó lo
pretendido.

5. En el concepto de violación indicó que los actos demandados desconocieron
lo dispuesto en la Ley 6° de 1992 y el Decreto 2108 de 1992, ya que tiene derecho
a que la UGPP le reconozca el reajuste de la pensión de jubilación ordenada por
el Decreto 2108 de 1992, en desarrollo del artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992,
apoyándose en criterios jurisprudenciales y conceptuales que, a su juicio,
consolidan el derecho al reajuste para quienes cumplieron los supuestos en
vigencia de dichas disposiciones.

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00143-00 (2528-2024) (AER)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

2.1.2. Sentencia objeto de revisión.3

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección segunda – Subsección
“E” dictó sentencia de segunda instancia el 22 de julio de 2022, en la cual
confirmó la providencia proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo oral de
del Circuito Judicial de Bogotá el 22 de julio de 2022, por medio de la cual se
accedió al reajuste de la pensión de invalidez, con los siguientes argumentos:

7. Indicó, que el reajuste está condicionado a dos requisitos (i) que el estatus
pensional se haya adquirido antes del 1.º de enero de 1989, y (ii) que existan
diferencias entre el monto de la pensión y los incrementos salariales decretados
para cada año.

8. A partir de ello, sostuvo que, aunque el demandante es titular de una pensión
de invalidez -y no de jubilación-, si podía acceder al reajuste deprecado porque,
conforme al criterio jurisprudencial, la finalidad del legislador fue aproximar las
mesadas a los salarios de servidores en cargos equivalentes, y con mayor razón
el reajuste resulta aplicable a la invalidez, por su naturaleza y porque también se
liquida con base en el último salario devengado.

9. Así y con las pruebas allegadas, determinó en cuanto al primer requisito, que
se encontraba satisfecho, ya que la pensión de invalidez fue reconocida a través
de la Resolución 09814 de 31 de agosto de 1983, con efectividad desde 1982,
esto es, antes de 1989.

10. De igual forma, el Tribunal consideró satisfecho el segundo requisito, esto es,
la existencia de diferencias entre la pensión reconocida y los aumentos salariales,
no porque tal circunstancia hubiese sido probada directamente por el
demandante, sino porque opera una presunción legal de desajuste en favor de
quienes obtuvieron su pensión antes de 1989. En ese orden, recordó que la carga
de desvirtuar esa presunción recaía sobre la UGPP, quien debía demostrar, con
soporte probatorio idóneo, que la prestación no presentaba desequilibrios o que
el reajuste del 14% distribuido en 1993 y 1994 ya había sido efectivamente
aplicado. Sin embargo, la entidad no allegó al proceso elementos de convicción
suficientes para acreditar tal circunstancia, pues sus afirmaciones en el recurso
de apelación se limitaron a una proyección de la mesada sin respaldo probatorio.

11. Con fundamento en lo anterior, la Sala estimó que no había lugar a acoger
los argumentos de la apelación y, por ende, confirmó la decisión del juzgado que

3 Índice 37 de la plataforma SAMAI de primera instancia. Archivo “37SentenciaSegundaInstancia.pdf”.

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accedió parcialmente a las pretensiones incoadas en la demanda y con efectos
fiscales desde el 5 de julio de 2015 por prescripción trienal, en los mismos
términos fijados por el a quo.

2.1.3. La acción especial de revisión4

12. La UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

13. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia expedida el 22 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección “E” que
confirmó la sentencia del 1. ° de febrero de 2022 emitida por el Juzgado Veintiuno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Feliz Enrique
Mosquera Mosquera contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
pensional y contribuciones parafiscales de la Protección social – UGPP, bajo el
radicado 11001-33-35-021-2020-00197-00/01.

ii) Ordenar al señor Félix Enrique Mosquera Mosquera, a reintegrar a la
recurrente, los valores cancelados, por concepto del reajuste de su pensión de
invalidez de las sentencias aquí enjuiciadas.

iii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor Feliz
Enrique Mosquera Mosquera, de conformidad con el precedente jurisprudencial
emitido por la Corte Constitucional, y de la normativa legal dispuesta en la ley
100 de 1993.

14. Para fundamentar la causal de revisión, la UGPP, sostuvo que, el señor Félix
Enrique Mosquera Mosquera no tiene derecho al reajuste pensional ordenado,
toda vez que, se le realizaron los incrementos pensionales de ley, como se
estableció en la Ley 6. ° de 1992, por lo que dar cumplimiento a lo ordenado en

4 Índice 3 de la plataforma SAMAI.

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la sentencia objeto de estudio, generaría un doble pago, situación que
condensaría un detrimento patrimonial.
15.
2.1.8. Contestación

16. El señor Félix Enrique Mosquera Mosquera pese a que fue notificado
personalmente de la admisión de la acción especial de revisión el 11 de agosto
de 20255. No obstante, se abstuvo de contestar la acción especial de revisión.

2.1.9 El agente del ministerio público, rindió concepto bajo los siguientes
argumentos.

17. El Procurador sostuvo que no debía prosperar la acción especial de revisión,
porque la UGPP reiteró exactamente el mismo planteamiento del proceso
ordinario, esto es que el reajuste del artículo 116 de la Ley 6. ° de 1992 y del
Decreto 2108 de 1992 se habría pagado oficiosamente en 1993 y 1994 -7% cada
año-, con lo cual pretendía convertir la revisión en una tercera instancia, finalidad
que la figura no admite; además, afirmó que no hubo error en la sentencia del
Tribunal, pues este aplicó la jurisprudencia pertinente y concluyó, de manera
acertada, que la entidad no aportó prueba idónea que acreditara los pagos que
afirmó haber realizado, razón por la que solicitó que se declarara infundado la
acción especial de revisión.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 22 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E”
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-
35-021-2020-00197-01promovido por Félix Enrique Mosquera Mosquera contra
la UGPP.

3.2. Oportunidad

19. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí

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Índice 17 de la plataforma SAMAI.
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mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20036, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen
fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

20. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».

21. Por lo expuesto, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 22
de julio 2022 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda Subsección “E”, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 29 de abril de 20247, es decir, en término para impetrar la acción
especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

22. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 22 de julio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
subsección “E ”, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la UGPP, a reajustar la pensión

6 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
7 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo ED - Cuaderno 1 Principal-1-CuadernoPrincipalFolios1al200.pdf

página 23.
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de vejez del señor Félix Enrique Mosquera Mosquera con los incrementos de la
Ley 6. ° de 1992.

23. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

24. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA8 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada9, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

25. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial10, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la

8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince

(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:

Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia11 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado12, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.

26. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200313 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.

27. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200914 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

28. La causal alegada por parte de la UGPP es la contemplada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
14 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
8
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00143-00 (2528-2024) (AER)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

3.5.1. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

29. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente15 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 16 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones17,
en especial, el principio de solidaridad18 y equilibrio financiero.

30. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación 19 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
16 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
17 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
18 Ratio o razón de ser de la seguridad social.

19 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.

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derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»20.

31. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al reajuste pensional de la Ley 6.
° de 1992 y su aplicación al caso del señor Félix Enrique Mosquera Mosquera,
pues de las pruebas obrantes en esta instancia especial, se logra apreciar que la
entidad efectuó el reajuste.

32. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

33. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un doble
pago en el monto en que se reconoció la pensión del señor Félix Enrique
Mosquera Mosquera respecto del que debió liquidarse, pues la sentencia objeto
de revisión ordenó el reajuste de la prestación que no debió ocasionarse.

34. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el reconocimiento del reajuste pensional
desbordó el límite legalmente establecido y si se dio por la indebida valoración
de las pruebas obrantes en el proceso.

3.5.2.2. Caso concreto

35. Para efectos de resolver la presente acción especial de revisión, resulta
pertinente traer a colación las razones en virtud de las cuales el juzgado de
conocimiento accedió a la pretensión de reajuste pensional con fundamento en
las prerrogativas previstas en la Ley 6.ª de 1992. Sobre ese particular, expuso:

«Ahora bien, obra a folio 11 a 12 del expediente digital y en los antecedentes
administrativos allegados al expediente, la Resolución No. 9814 del 31 de agosto
de 1983 “Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de invalidez”,

20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala

Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).

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en la cual se resolvió que la efectividad de la prestación sería a partir del año
1983, en consecuencia, como el actor comenzó a percibir las mesadas
pensionales con anterioridad a 1989, se cumple el primer requisito que le exige
la norma base del derecho.

En cuanto, al segundo presupuesto de hecho, esto es, que existan diferencias
entre los reajustes efectuados a la pensión antes de 1989 y los incrementos de
salario por el mismo periodo, se observa que este preciso aspecto de la
controversia no se pudo constatar con el material probatorio que obra en el
expediente, sin embargo el supuesto implícito en la norma – ley 6 de 1.992 – de
haberse calculado estas pensiones por debajo de la actualización salarial se
configura como una presunción que hace el legislador, por lo que es la
administración la que debe demostrar que no existieron diferencias salariales y
pensionales para los citados años, tal y como ha sido ratificado en varias
oportunidades por el Consejo de Estado, quien ha establecido que este requisito
o aspecto «opera como una presunción que implica la inversión de la carga
de la prueba, por lo que corresponde a la administración demostrar en cada
caso que tal desajuste no existió»

Establecido que se cumplen los requisitos para obtener el reajuste de la
prestación, es del caso declarar la nulidad parcial de los actos administrativos
acusados, en lo que concierne al reajuste establecido en el artículo 116 de la ley
6ª de 1992 y el Decreto 2108 de 1992, pues ha sido evidente que las resoluciones
atacadas, no se ajustan a la normatividad y jurisprudencia aplicable, tal como lo
ha señalado el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo al resolver
casos similares, y que ha conllevado a no tener en cuenta los argumentos que
se esgrimen a manera de excepciones de fondo en la contestación de la
demanda»

36. Del aparte transcrito se advierte que el juzgado de primera instancia tuvo por
acreditado el primer supuesto previsto en la norma, esto es, que la prestación
había comenzado a percibirse con anterioridad a 1989. Frente al segundo
presupuesto, concerniente a la existencia de diferencias entre los reajustes
aplicados a la pensión y los incrementos salariales, consideró que, aunque tal
circunstancia no se demostró de manera directa con el material probatorio
obrante en el plenario, operaba la presunción legal derivada del artículo 116 de
la Ley 6.ª de 1992, de manera que correspondía a la administración desvirtuarla.

37. Con fundamento en esa consideración, el a quo concluyó que, al no haber
acreditado la entidad demandada la inexistencia del desajuste pensional alegado,
procedía declarar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados, en
cuanto omitieron reconocer el reajuste previsto en el artículo 116 de la Ley 6.ª de
1992 y en el Decreto 2108 del mismo año, así como también ordenar la respectiva
reliquidación.

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38. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la UGPP, al sustentar el
recurso de apelación, expuso lo siguiente:

«Mediante Resolución No. 9814 del 31 de agosto de 1983, CAJANAL, reconoció
una pensión de invalidez a favor del señor FELIX ENRIQUE MOSQUERA
MOSQUERA C.C. 70120290, en cuantía de $ 10,631.41, M/CTE, efectiva a partir
de la fecha en que se demuestre que no recibe sueldo ni auxilio por enfermedad
por parte del Estado y mientras subsista la causa invalidante.

Se evidencia que el pensionado fue incluido en nómina de acuerdo a lo ordenado
por la resolución 9814 del 31 de agosto de 1983 según aplicativo FOPEP, el
01/03/1984, con fecha de efectividad del 01/11/1983, por cuanto como se indicó,
estaba condicionado a demostrar el cese del auxilio por enfermedad y mientras
subsiste la causa invalidante.

Al realizar la proyección de la mesada de acuerdo, de acuerdo a lo ordenado por
la resolución 9814 del 31 de agosto de 1983, tenemos lo siguiente:

[…]

Se evidencia que le fueron aplicados todos los ajustes de ley de acuerdo al
reconocimiento.

Ley 4 de 1976: Los incrementos fueron aplicados desde 1984, donde se
evidencia que desde el año 1984 a 1988, una vez aplicado este incremento, el
valor pensión qu edaba por debajo del S.M.L.M.V, por tal motivo para estos años,
se ajusta al salario mínimo vigente para cada año.

Ley 71 de 1988: Esta Ley le fue aplicada a partir de 1989, donde el valor pensión
le fue ajustado al SMMLV.

En relación a la aplicación de la Ley 6 de 1992 y su Decreto reglamentario 2108
de 1992, le fue aplicado un incremento del 14%, de acuerdo a lo ordenado por la
ley, por cuanto el derecho de la pensión se causó entre los años 1982 y 1988,
dicho reajuste le fue aplicado de la siguiente manera:

[…]

mínimo, por tal motivo dicha pensión le fue ajustada al SMMLV.

Así las cosas, solicito al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocar la decisión del ad-quo en cuanto reconoció la Indexación de la mesada
pensional del actor conforme lo prevé el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 y el
Decreto reglamentario 2108 de 1992 por demostrarse que se hicieron los ajustes
de Ley. En todo lo demás confirmar por cuanto fue favorable para mi
representada.»

39. Se advierte, entonces, que la inconformidad de la entidad en sede de
apelación se circunscribió a afirmar que a la prestación del señor Félix Enrique

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Mosquera Mosquera sí le habían sido aplicados todos los reajustes de ley,
incluido el contemplado en el artículo 116 de la Ley 6.ª de 1992 y en el Decreto
2108 de la misma anualidad, razón por la cual solicitó la revocatoria del fallo.

40. Al desatar el recurso de alzada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se pronunció sobre dicho extremo en los siguientes términos:

«En ese orden de ideas, para el presente caso, verifica la sala que la situación
descrita no fue desvirtuada por la UGPP, en atención a que no allegó medio de
convencimiento idóneo tendiente a demostrar que en la pensión de invalidez
reconocida al demandante con anterioridad a 1989, no se presentaron diferencias
con los aumentos de salarios, o que en razón a dicho desequilibrio, realizó el
reajuste en un 14%, distribuido proporcionalmente en los años 1993 y 1994.

El anterior presupuesto no puede darse por satisfecho con lo señalado en
el recurso de alzada, donde a partir de la proyección de la mesada pensional
del demandante, la recurrente deduce que le fueron aplicados todos los
reajustes de ley -incluyendo el previsto en el artículo 116 de la Ley 6 de
1992-, pues tal afirmación carece de respaldo probatorio.

En razón a que el señor MOSQUERA MOSQUERA adquirió su derecho con
anterioridad al 1º enero de 1989, y además, la presunción legal consistente en
que se presentaron diferencias entre su pensión y los aumentos de salarios, no
fue desvirtuada por la entidad demandada, es claro que le asiste derecho al
reajuste de su pensión de invalidez conforme al artículo 116 de la Ley 6ª de 1992
y su Decreto Reglamentario 2108 de 1992, con efectos fiscales a partir del 5 de
julio de 2015, por prescripción trienal24 , siempre y cuando la prestación presente
diferencias con los aumentos salariales, teniendo en cuenta que el mismo no
prescribe, prescriben los valores de las diferencias pensionales que surgen una
vez aplicados los reajustes y que inciden en el valor de las mesadas futuras, tal
y como lo consideró el a quo.»

41. Según quedó expuesto en precedencia, la Sala compartió la conclusión
adoptada en primera instancia, en cuanto advirtió que dentro del proceso se
evidenció una orfandad probatoria atribuible a la UGPP, quien correspondía, por
su condición de parte interesada, acreditar de manera suficiente la realización de
los ajustes cuya efectividad alegaba. En ese sentido, concluyó que, del material
aportado al plenario no emergió elemento de convicción idóneo que permitiera
sin hesitación alguna determinar que la prestación había sido objeto de los
reajustes previstos en la Ley 6.ª de 1992 y en el Decreto 2108 de 1992.

42. No obstante, la UGPP pretende ahora desvirtuar la legalidad de la sentencia
cuestionada con apoyo en información que -según afirma- fue obtenida con
posterioridad, a partir de requerimientos formulados a la Subdirección de Nómina
de Pensionados, con el propósito de verificar si la prestación había sido objeto

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de los reajustes legales correspondientes. Tal planteamiento, sin embargo,
resulta abiertamente improcedente en el marco de la acción especial de revisión.

43. Lo anterior, porque este mecanismo extraordinario no fue instituido para
remediar la incuria procesal de las partes, ni para suplir omisiones probatorias,
ni, menos aún, para introducir tardíamente medios de convicción que pudieron y
debieron allegarse al proceso ordinario dentro de las oportunidades legales
correspondientes. Admitir lo contrario equivaldría a desnaturalizar por completo
la finalidad restrictiva de la acción especial de revisión y a convertirla, en los
hechos, en una instancia adicional orientada a recomponer estrategias
probatorias fallidas.

44. Debe insistirse en que la acción especial de revisión no comporta una nueva
oportunidad para reabrir el debate ya concluido, ni autoriza a las partes a
replantear la controversia a partir de elementos de juicio no incorporados
oportunamente al expediente. Su objeto se contrae, de manera estricta, a
verificar si la sentencia atacada se encuentra afectada por alguna de las causales
taxativas previstas por el legislador, mas no a enmendar desaciertos litigiosos,
corregir falencias probatorias o reabrir la discusión sobre hechos que fueron
decididos con base en el acervo probatorio legalmente recaudado.

45. Desde esa perspectiva, no se advierte que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca hubiere incurrido en quebranto alguno del ordenamiento jurídico
al decidir con fundamento en la insuficiencia probatoria de la entidad, pues
precisamente esa era la realidad procesal que emergía del expediente al
momento de proferirse la sentencia. En otros términos, no puede endilgarse yerro
alguno al fallador por no haber valorado pruebas que nunca le fueron aportadas
en tiempo, ni puede estimar contraria a derecho, una decisión cimentada en la
ausencia de acreditación de un hecho cuya demostración incumbía a la parte hoy
recurrente.

46. Así las cosas, el planteamiento de la UGPP se encamina, en realidad, a
obtener por la vía extraordinaria lo que no logró demostrar en el proceso
ordinario. Sin embargo, un propósito de esa naturaleza desborda por completo la
órbita funcional de la revisión, cuya excepcionalidad impide convertirla en un
instrumento para subsanar deficiencias probatorias, corregir errores estratégicos
o reemplazar la carga procesal que correspondía asumir a la parte interesada en
el momento oportuno.

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47. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP.

3.6. Condena en costas

48. Dado que esta Sección21 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. – DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 22 de julio de 2022, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección “E”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-021-2020-00197-01, que confirmó parcialmente la sentencia de 1.°
de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

21Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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