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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-05008-00

Recurso extraordinario de revisión

Fecha
19 de julio de 2021
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-05008-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 25000 23 42 000 2013 05951 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2020-05008-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

19 de julio de 2021

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / REVISIÓN DE LAS SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Atendiendo a que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes: 30.1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, aquellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. 30.2. Tienen legitimación en la causa por activa para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones. 30.3. Respecto de su alcance, se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación. 30.4. Se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho al debido proceso, ver: Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / REVISIÓN DE LAS SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / PRESUPUESTOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son: 32.1. El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en las sentencias. 32.2. El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley. 32.3. El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. 32.4. El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; 32.5. El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. 32.6. El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. […] De lo anterior se colige que los presupuestos de esta causal son los siguientes: i) que el derecho haya sido reconocido; ii) que ese reconocimiento haya sido espurio por haberse obtenido mediante la transgresión al debido proceso; es decir, que el origen o génesis del derecho es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor y iii) se impone la evaluación de las pruebas incorporadas en el expediente al margen de la valoración realizada por el juez natural de la causa, de lo contrario se reviviría el debate jurídico y procesal del asunto de origen, lo cual es ajeno a este medio de defensa extraordinario. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal de revisión por violación al debido proceso, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 3 de noviembre de 2020, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03151-00

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL A

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PROPÓSITO DE LA REVISIÓN DE LAS SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. 37. Bajo ese entendido, esta Corporación ha determinado que esos requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL B

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL / CONCEPTO DE RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL

Vista la Ley 100 que organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar. 39. Visto el artículo 36 ibidem, se observa que desarrolló un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen anterior.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / FACTOR DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL

La Sección Segunda del Consejo de Estado definió que este emolumento tiene carácter salarial en atención a que, el artículo 14 del Decreto núm. 48 de 7 de enero de 1993 dio por sentado que los servidores de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1.° de enero de 1992 tenían derecho a que la citada bonificación integrara su base de liquidación pensional, en caso de que la hubieran devengado en el último semestre de servicios, de lo que se desprende que le estaba dando el tratamiento de factor salarial.

FUENTE FORMAL: DECRETO 929 DE 1976 – ARTÍCULO 7 / DECRETO 48 DE 1993 – ARTÍCULO 14

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2020-05008-00(REV)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Demandado: ILSE AMANDA VALDÉS PEÑALOSA

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Asunto: Resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000 23 42 000 2013 05951 01, con fundamento en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 020885 de 7 de mayo de 2013 y RDP 35064 de 1 de agosto de 2013 por medio de las cuales le negaron la reliquidación de su pensión de jubilación por aportes

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada a: i) reliquidar su pensión de jubilación, aplicando íntegramente la Ley 71 de 19 de diciembre de 1988 y el Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994; es decir, con el 75% de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, por encontrarse en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993; ii) condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar la diferencia entre el valor recibido y el valor que resulte de la reliquidación pensional, sumas debidamente actualizadas con base en el índice de precios al consumidor y iii) ordenar a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

Presupuestos fácticos

3. La señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

3.1. Señaló que nació el 19 de enero de 1947 y que se encontraba amparada por el régimen de transición de la Ley 100, toda vez que para la fecha de su entrada en vigencia tenía 44 años de edad.
3.2. Adujo que prestó sus servicios por más de 20 años en entidades públicas y privadas por lo que causó su pensión de jubilación en los términos de la Ley 71 de 1988, así:

Empleador
Cotizaciones
Periodo
Semanas

Privados

ISS
Interrumpido del 23 de junio de 1968 a 8 de septiembre de 1988
322.57 (correspondiente a 6.18 años)
Público- Contraloría General de la República

Cajanal
Ininterrumpido de 25 de mayo de 1990 al 30 de junio de 2006
823.71 (correspondientes a 15.79 años)

Total
1146.28 semanas

3.3. Manifestó que mediante las resoluciones 30296 de 29 de junio de 2006 y 056897 de 3 de octubre de 2012 (nuevos tiempos de servicios) expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) le reconoció y reliquidó una pensión de jubilación por aportes, efectiva a partir del 1 de junio de 2005 teniendo en cuenta: (a) los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto establecidos en la Ley 71 de 1988; (b) el ingreso base de liquidación establecido en el artículo 36 de la Ley 100, promedio de los últimos diez años de servicios y ii) los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 3 de junio de 1994 y devengados por la parte demandante como era: asignación mensual básica, bonificación por servicios y la prima técnica.

3.4. Señaló que solicitó la reliquidación de la pensión con la aplicación integral de la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta el 75% de todos los factores devengados en el último año de servicio, solicitud que fue negada a través de los actos administrativos demandados.

Normas violadas y concepto de violación

4. La parte demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

Artículos 2, 6, 23, 25, 53 y 58 de la Constitución Política.
Ley 71 de 19 de diciembre de 1988: artículo 9.
Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, artículo 36.
Decreto 1158 de 3 de junio de 1994, artículo 1.°
Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, artículos 6 y 8.

5. La parte demandante explicó el concepto de violación, en los siguientes términos:

5.1. Sostuvo que por encontrarse amparada por el régimen de transición de la Ley 100, tenía derecho a que su pensión de jubilación por aportes se reconociera y liquidara aplicando en su integridad la Ley 71 de 1988 y los artículo 6° y 8° del Decreto 2709 de 1994; es decir, con el 75% de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, en los términos señalados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 y no como lo realizó la entidad accionada mediante los actos administrativos demandados en los cuales dio una indebida aplicación al artículo 36 de la Ley 100.

5.2. Refirió que, al no haberse liquidado y pagado correctamente la pensión de jubilación, la entidad demandada vulneró los artículos 53 y 58 de la Constitución Política, que garantizan el derecho al pago oportuno, al reajuste periódico de las pensiones legales y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos por leyes posteriores.

Contestación de la demanda

6. La parte demandada la contestó y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

6.1. Sostuvo que a la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa se le otorgó la pensión en debida forma, pues para su reconocimiento, al ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, solo se podían tener en cuenta los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo establecidos en la Ley 71 de 1988.

6.2. Por ello, indicó que la base de liquidación de la prestación se definió con fundamento en los artículos 21 o 36 (inciso 3º) de la Ley 100 y los factores salariales se determinaron con base en lo señalado en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales realizó los respectivos aportes; es decir, asignación mensual básica, bonificación por servicios y la prima técnica, como lo ha considerado la Corte Constitucional entre otras en la sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995.

Sentencia proferida el 3 de agosto de 2016, en primera instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000 23 42 000 2013 05951 01

7. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la parte resolutiva de la sentencia, decidió:

“[…] PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: No hay lugar a la condena en costas […]

Consideraciones de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

8. Precisó que la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa se encontraba amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 y, en esa medida, le era aplicable en su integridad el régimen anterior contenido en la Ley 71 de 1988 y en el Decreto 2709 de 1994, toda vez que realizó aportes por más de 20 años al Instituto de Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP).

9. Adujo que la pensión de jubilación por aportes de la demandante debía ser liquidada con fundamento en lo prescrito en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994, esto es, con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios y que sólo debían tenerse en cuenta aquellos factores sobre los cuales se realizaron las cotizaciones.

10. En esa medida, consideró que no le asistía razón a la parte demandante a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación con la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, toda vez que, de conformidad con la Ley 71 de 1988, la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) liquidó la pensión sobre los factores salariales sobre los cuales realizó los aportes.

Recurso de apelación

11. La señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, dentro del término legal, presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los siguientes argumentos:

12. Adujo que el Tribunal consideró de forma equivocada que las pretensiones de la demanda se dirigían única y exclusivamente a solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, sin tener en cuenta que el ente de previsión aplicó una tasa de remplazo del 75% del promedio de lo devengado sobre el salario de los últimos 10 años, desconociendo las sentencias de el 4 de agosto de 2010 y el 25 de febrero de 2016, en las cuales se concluía que el régimen de transición pensional no hacía excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidarla, toda vez que el monto de dicha prestación era el establecido en las normas anteriores a la entrada en vigencia del régimen general de pensiones, entendiendo por monto, no solo el porcentaje de la pensión, sino también la base de dicho porcentaje.

13. Por último, indicó que la entidad de previsión, para efectos de reconocimiento de la pensión, aplicó la Ley 71 de 1988 solo para efectos de la edad, monto y tiempo de servicios y para efectos de establecer el Ingreso Base de Liquidación aplicó los artículos 21 o 36 (inciso 3º) de la Ley 100, vulnerando el principio de inescindibilidad de la norma laboral.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, en segunda instancia, resolvió:

“[…] PRIMERO. REVÓQUESE la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO. En consecuencia. DECLÁRASE, la nulidad de las resoluciones: RDP020885 del 7 de mayo de 2013 y RDP 035064 del 1 de agosto de 2013.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, DEBERÁ: a) la pensión reconocida mediante las resoluciones 30296 del 29 de junio de 2006 y UGM 056897 de 3 de octubre de 2012, reliquidarla en equivalente al 75% del salario promedio de lo cotizado entre el 30 de mayo de 1996 y el 30 de mayo de 2006, con la inclusión en el ingreso base de liquidación, además, de los factores tenidos en cuenta en los actos de reconocimiento, la denominada bonificación especial (quinquenio), en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia y actualizado con el I.P.C.

b) Pagar, a partir del 15 de febrero de 2010, en favor de la señora llse Amanda Valdés Peñalosa […] siguiendo el procedimiento indicado en la parte motiva de esta providencia, el valor de las diferencias que resultaren en su favor después de efectuada la reliquidación con la inclusión de la Bonificación especial (quinquenio) y actualizado.

CUARTO. La entidad dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes de la ley 1437 de 2011 […]”.

Consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

15. Para fundamentar su decisión, indicó que, mediante la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado, concluyó que: i) el ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo y que la pensión en esos casos se debe liquidar incluyendo únicamente aquellos factores establecidos, entre otros, en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hubiere efectuado aportes o cotizaciones al sistema de pensiones y ii) las reglas jurisprudenciales fijadas se aplicaban a todos los asuntos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en la judicial a través de acciones ordinarias.

16. Al analizar el caso concreto, encontró que había lugar a ordenar la reliquidación de la pensión reconocida a la señora IIse Amanda Valdés Peñalosa, toda vez que, si bien se había liquidado con base en el Ingreso Base de Liquidación establecido en la sentencia de unificación citada supra, es decir, en los términos del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, que en este caso corresponde al periodo 30 de mayo 1996 a 30 de mayo de 2006, no se incluyó la bonificación especial (quinquenio), la cual hacía parte de su ingreso base de cotización durante el periodo en que prestó sus servicios a la Nación -Contraloría General de la República.

17. Lo anterior, toda vez que: i) la Sección Segunda del Consejo de Estado definió que este emolumento tiene carácter salarial en atención a que, el artículo 14 del Decreto núm. 48 de 7 de enero de 1993 dio por sentado que los servidores de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1.° de enero de 1992 tenían derecho a que la citada bonificación integrara su base de liquidación pensional, en caso de que la hubieran devengado en el último semestre de servicios y ii) fue cotizado para efectos pensionales durante la vinculación de la demandante en la Contraloría General de la República, desde el año de 1990.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

18. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, presentó la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 25000 23 42 000 2013 05951 01, e invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, que establecen que procede la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública en los siguientes eventos: i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y ii) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Pretensiones del recurso extraordinario de revisión

19. La UGPP presentó las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Revocar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B el 15 de agosto de 2019, que revocó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda del 3 de agosto de 2016, que había negado las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social- UGPP radicado con el No. 25000234200020130595100.

SEGUNDA: Declarar que la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, en cuanto a la liquidación de la mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, y en su lugar ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018, de la Sala Plena de la Corte Constitucional y la reciente sentencia de unificación del H. Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 esto es, adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto las consignadas en el artículo 21 de la misma ley, así como los factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.

TERCERA: Ordenarle a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a reliquidar y pagar la mesada pensional a la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, calculando el ingreso base de liquidación de la prestación reconocida conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36, en armonía con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta como factores base de cotización los taxativamente determinados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, y las reglas previstas de antaño por la Sala Plena de la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018, SU 023 de 2018 y la reciente sentencia de unificación del H. Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143- 01.

CUARTA: Ordénese a la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, a restituirle a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada pensional con la correspondiente indexación, como consecuencia de las ordenes impartidas en la sentencia objeto de revisión y en adelante.

QUINTA: Ordénese a la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, que efectúe el pago a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., así como los intereses moratorios estipulados en el artículo 192 ibidem, sobre los valores pagados por concepto de la indebida reliquidación de la pensión de vejez […]”.

20. Para sustentar la demanda que contienen el recurso extraordinario de revisión, expuso para ambas causales los siguientes argumentos:

20.1. Estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión es contraria a los artículos 36 de la Ley 100 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, en la medida que el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por el artículo 36, al incluir el factor salarial denominado “bonificación especial quinquenio”, el cual no se encuentra anunciados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994, lo cual genera un detrimento al patrimonio público al reconocer una pensión por encima de lo autorizado por la Ley.

20.2 A su vez, destacó que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual, en algunas sentencias, como la C-258 de 7 de mayo de 2013, la SU-230 de 29 de abril de 2015 , la SU 427 de 11 de agosto de 2016 y la SU 395 de 22 de junio de 2017 ha reiterado que las pensiones sometidas al régimen de transición se liquidan conforme las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen anterior, para el caso específico la Ley 71 de 1988.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

21. La parte demandada contestó la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, así:

22. Indicó que, en el presente asunto, no se configuran las causales de revisión alegadas, atendiendo a que por encontrarse amparada por el régimen de transición de la Ley 100, tenía derecho a que su pensión de jubilación por aportes se reconociera con la inclusión del factor salarial denominado “bonificación especial quinquenio”, toda vez que, como lo indicó la Nación -Contraloría General de la República, hizo parte del ingreso base de cotización de su pensión de jubilación y, en esa medida, debía ser tenida en cuenta conforme lo estableció el Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2005.
Concepto del Ministerio Público

23. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

24. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos: i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797; iii) el problema jurídico; v) el marco normativo del recurso especial de revisión de sentencias sobre pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797; iv) el marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797; v) el marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797;  vi) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del régimen de transición de la Ley 100; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988 y la aplicación de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la bonificación especial (quinquenio) de la Contraloría General de la República como factor de liquidación pensional en la jurisprudencia del Consejo de Estado y ix) el análisis de las causales de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:

Competencia de la Sala

25. Vistos: i) el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) el artículo 249 de la Ley 1437, sobre competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) el numeral 2.° del artículo 111 ibidem y iv) el numeral 1.° del artículo 29 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 esta Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 15 de agosto de 2019.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797

26. Vistos: i) el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimientos de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y ii) el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso extraordinario de revisión, entre otros, con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797, que dispone:

[…] Artículo 251. […] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento transaccional o conciliatorio […]

27. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 15 de agosto de 2019. Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 5 de septiembre de 2019 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 1 de diciembre de 2020; es decir dentro del término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437, el cual para el caso concreto finalizaba el 5 de septiembre de 2024.

Problema jurídico

28. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver consiste en determinar si se configuran o no las causales de revisión señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797, al ordenarse la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes de la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, atendiendo el ingreso base de liquidación previsto en la citada normativa, con la inclusión del factor salarial denominado bonificación especial (quinquenio) y, en consecuencia, si se declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión.

Marco normativo del recurso extraordinario especial de revisión de sentencias sobre pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797

29. Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de las sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, determinó:

[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. […]” (Resalta la Sala).

30. Atendiendo a que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

30.1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, aquellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

30.2. Tienen legitimación en la causa por activa para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

30.3. Respecto de su alcance, se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación.

30.4. Se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797

31. Visto el literal a) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de Naturaleza Pública; en especial cuando el reconocimiento “[…] se haya obtenido con violación al debido proceso […]”.

32. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son:

32.1. El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en las sentencias.

32.2. El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.

32.3. El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.

32.4. El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

32.5. El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.

32.6. El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

33. Por su parte, esta Corporación respecto de esta causal ha considerado:

“[…] Por contera, es claro que para la Sala de Decisión, la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo que recoge es ese vicio o glosa que empaña el reconocimiento del derecho prestacional desde su sustancialidad, esto es, desde los presupuestos de su existencia que implican contar en su haber con el beneficio de que se trata, o lo que es lo mismo, ante la carencia de los requisitos para predicarlo a su favor.

Sin perjuicio de lo anterior, esta judicatura considera pertinente aclarar que por esencia, el recurso extraordinario de revisión no fue concebido para refutar la valoración de las pruebas contenida en la providencia que se busca infirmar, por lo que en el contexto de la causal que se analiza, a la luz del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el operador extraordinario debe armonizar en forma perfecta los elementos y presupuestos propios del recurso extraordinario de revisión y la causal en cita.

Para tal efecto, le corresponde adentrarse en el estudio de los núcleos esenciales que componen el derecho fundamental del debido proceso, en los que se encuentra el espectro probatorio, pero para no exceder el límite estructural del recurso extraordinario de revisión, se impone la evaluación de las pruebas incorporadas en el expediente al margen de la valoración realizada por el juez natural de la causa, de lo contrario se reviviría el debate jurídico y procesal del asunto de origen, lo cual es ajeno a este medio de defensa extraordinario, por cuanto no se trata de una tercera instancia, como ya lo ha decantado, en forma reiterada, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.

34. De lo anterior se colige que los presupuestos de esta causal son los siguientes: i) que el derecho haya sido reconocido; ii) que ese reconocimiento haya sido espurio por haberse obtenido mediante la transgresión al debido proceso; es decir, que el origen o génesis del derecho es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor y iii) se impone la evaluación de las pruebas incorporadas en el expediente al margen de la valoración realizada por el juez natural de la causa, de lo contrario se reviviría el debate jurídico y procesal del asunto de origen, lo cual es ajeno a este medio de defensa extraordinario.

Marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797

35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]”.

36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación ha determinado que esos requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del régimen de transición de la Ley 100

38. Vista la Ley 100 que organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar.

39. Visto el artículo 36 ibidem, se observa que desarrolló un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

“[…] ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley […]”

40. De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del régimen de transición o no, como pasa a exponerse:

Corte Constitucional

41. En la sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100, frente a la diferenciación que hacía la norma original entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente a la inclusión o no del ingreso base de liquidación en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, profirió sentencias, según las cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100.

42. Este criterio jurisprudencial se sostuvo en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, entre otras en: T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-711 de 2007, T-180 de 2008 y T-610 de 2009, en las que reiteró el criterio citado supra.

43. En la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013 al referirse al régimen de transición de los congresistas, fijó una regla según la cual el ingreso base de liquidación no hacía parte de las normas de transición, así lo sostuvo:

“[…] En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso […]”.

44. En la sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015 definió claramente que la anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

“[…] Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca […]” (Negrilla por fuera de texto).

45. A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha proferido varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU 427 de 11 de agosto de 2016 y SU 395 de 22 de junio de 2017. En esta última providencia la Corte Constitucional conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976, y consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100, según corresponda, también cobijaba a quienes venían rigiéndose por normas especiales, según lo había analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

Postura unificada frente a la liquidación pensional de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100

46. Visto el artículo 36 de la Ley 100, que dispuso un régimen de transición pensional según el cual, quienes contaran con 15 años de servicios o 40 años de edad para los hombres, y 35 en el caso de las mujeres, quedaban sujetos a dicho régimen de transición y por lo tanto, tendrían derecho a que su pensión se reconociera con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto o cuantía del régimen anterior que les fuera aplicable.

47. En sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, la Sala Plena de la Corporación unificó su criterio sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100, específicamente, fijó dos subreglas referentes: i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el Ingreso Base de Liquidación y ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.

48. Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el Ingreso Base de Liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

49. De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren establecidos expresamente en la Ley. En tal sentido, se pronunció de la siguiente manera:
“[…] El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985 […]”.

50. Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso:

“[…] 85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. […] el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

[…]

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables».

51. En cuanto a las subreglas se tiene:

51.1. La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

“[…] - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE […]”.

51.2. La segunda, determina “[…] que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]”. Esta subregla se justifica, así:

“[…] 99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]”.

52. Acorde con lo expuesto, el Ingreso Base de Liquidación para las personas que se en encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en el régimen pensional anterior.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988 y la aplicación de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018

53. Vista la Ley Ley 71 de 1988, reglamentada en principio por el Decreto 1160 de 1989 y después por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, determinó en su artículo 1.° que se denomina pensión de jubilación por aportes y a la misma tenían derecho “[…] quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público […]”.

54. Vistos los artículos 6.º y 8.º ibidem, se estableció el salario base para la liquidación de la pensión y el monto, serían los siguientes:

“[…] ARTICULO 6o. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACION DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes.  El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

[…]

ARTICULO 8o. MONTO DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley […]”.

55. Posteriormente, el artículo 6.º transcrito fue derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, sin embargo, esa determinación fue anulada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de sentencia del 15 de mayo de 2014, en la que se expuso lo siguiente:

“[…] Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes (inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).

Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen de transición pensional […]”.

56. En ese orden de ideas, toda vez que el artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, había cobrado vigencia nuevamente a partir de dicha declaratoria de nulidad, la Corporación entendió en su momento que la regla que debía tenerse en cuenta sobre el Ingreso Base de Liquidación de las personas beneficiarias de la transición del artículo 36 de la Ley 100, con derecho a la pensión por aportes, era la dispuesta en esa norma, posición que era concordante con el criterio judicial sostenido a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, de acuerdo con el cual, el periodo y el ingreso base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100, debía ser el 75% de lo devengado por el trabajador en el último año de servicios.

57. No obstante, como se indicó en el acápite anterior, la Sala Plena de la Corporación modificó el criterio jurisprudencial que se venía sosteniendo en la sentencia del 4 de agosto de 2010, postura que quedó rezagada con el nuevo criterio de unificación fijado en sentencia del 28 de agosto de 2018.

58. Bajo tal planteamiento, la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver una controversia contenciosa con supuestos fácticos y jurídicos similares a la que es objeto de pronunciamiento, sostuvo que el Ingreso Base de Liquidación de las personas beneficiarias de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100, a quienes se les aplique la Ley 71 de 1998, será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de unificación referida del 28 de agosto de 2018, con sustento en las siguientes razones:

“[…] No obstante, resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 sea recogida, ajustada e interpretada armónicamente, en todo, a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base de liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

La anterior conclusión responde a la interpretación y lectura que dio la Sala Plena al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al establecer que esta disposición normativa contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Esta nueva tesis jurisprudencial dictada en sentencia de unificación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se erige en una decisión que cuenta con alto grado de seguridad, certeza y fuerza vinculante, gracias a la función especial y específica que cumple de ordenar y clarificar el precedente aplicable, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2012.

Así, el contenido y la regla y subreglas que expuso la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, se caracterizan por su permanencia, identidad, carácter vinculante y obligatorio. En este sentido, cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-634 de 2011 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10.° de la Ley 1437 de 2011, ordenó a las autoridades dar aplicación uniforme de las normas a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la mano de las sentencias de unificación jurisprudencial, y entendió que dicho precepto no hizo otra cosa que reconocer a la jurisprudencia de las altas cortes el carácter de fuente formal de derecho con efecto vinculante, pues el acatamiento del precedente judicial constituye no solo el presupuesto fundamental del Estado Social y Constitucional de Derecho sino también el desarrollo de sus fines esenciales dentro de los que se encuentran la garantía de la efectividad de principios y derechos, tales como el de la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la garantía de la imparcialidad […].

59. En suma, conforme lo ha señalado la Sección Segunda en la sentencia citada supra, el Ingreso Base de Liquidación de las personas beneficiarias de la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100, a quienes se les aplique Ley 71 de 1998, será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de unificación referida del 28 de agosto de 2018, según la cual éste se liquidará en los términos del inciso del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100, con la inclusión de los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes previstos en la ley, y no con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la bonificación especial (quinquenio) de la Contraloría General de la República como factor de liquidación pensional en la jurisprudencia del Consejo de Estado

60. Visto el artículo 7.° del Decreto 929 del 11 de mayo de 1976, sobre el reconocimiento pensional de los empleados y funcionarios de la Contraloría General de la República, que textualmente señala:

“[…] Artículo 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre […]”.

61. De la norma citada supra, se colige que el Gobierno Nacional reguló las prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República de manera especial y previó que tendrían derecho a una pensión equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre, siempre que acreditaran los siguientes requisitos: i) 55 años de edad si son hombres, o 50 si son mujeres y ii) 20 años de servicio, continuo o discontinuo, de los cuales, por lo menos 10 lo sean en la Contraloría General de la República.

62. Asimismo, visto el artículo 23 del Decreto núm. 929 de 1976, sobre la bonificación especial que se otorga por cada período de cinco años cumplidos al servicio de la Contraloría General de la República, determinó lo siguiente:

“[…] Artículo 23. Los funcionarios de la Contraloría General de la República tendrán derecho al pago de una bonificación especial de un mes de remuneración por cada período de cinco años cumplidos al servicio de la institución a partir de la vigencia de este Decreto, durante el cual no se haya aplicado sanción disciplinaria, ni de ningún otro orden. El Contralor General de la República reglamentará la forma y cuantía de esta bonificación […]” (Destacado fuera del texto).

63. La Sección Segunda del Consejo de Estado definió que este emolumento tiene carácter salarial en atención a que, el artículo 14 del Decreto núm. 48 de 7 de enero de 1993 dio por sentado que los servidores de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1.° de enero de 1992 tenían derecho a que la citada bonificación integrara su base de liquidación pensional, en caso de que la hubieran devengado en el último semestre de servicios, de lo que se desprende que le estaba dando el tratamiento de factor salarial.

Análisis de las causales de revisión

64. La parte recurrente, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia, invoca las causales señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797, comoquiera que, a su juicio, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia recurrida, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes de la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100, sin tener en cuenta el ingreso base de liquidación establecida en la citada normativa y con una cuantía que excede lo debido, toda vez que se incluyó el factor salarial denominado bonificación especial (quinquenio), el cual no se encontraba establecido en el Decreto 1158 de 1994.

65. En esa medida, la Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a través de los criterios jurisprudenciales citados supra, para la configuración de las citadas causales, de la siguiente manera:

Respecto de la causal indicada en el numeral a) del artículo 20 de la Ley 797

66. Esta Corporación ha determinado que los requisitos sustanciales de esta causal de desconocimiento del derecho al debido proceso, se estructura en el entendido que el origen de la prestación es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor.

67. En las anteriores condiciones, en el caso sub examine, al no discutirse el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, sino su cuantía, para esta Sala los argumentos descritos en el recurso extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 y, en esa medida, se declarará que no se configuró la citada causal de revisión.

Respecto de la causal indicada en el numeral b) del artículo 20 de la Ley 797

68. En relación con la cuantía del derecho pensional de la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, se observa que la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 15 de agosto de 2019, ordenó reliquidar la prestación, con fundamento en el régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100; es decir, con base en los requisitos de edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de remplazo del 75% indicado en la Ley 71 de 1988 y con el ingreso base de liquidación en los términos del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100, es decir, al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, para el caso concreto, en el periodo comprendido entre el 30 de mayo de 1996 y el 30 de mayo de 2006, toda vez que al 1.° de abril de 1994, fecha de su entrada en vigencia, le faltaban 11 años para adquirir el derecho pensional.

69. En las anteriores condiciones, la Sala considera que el ingreso base de liquidación establecido en la sentencia recurrida se encuentra ajustada a la regla fijada por esta Corporación en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

70. Asimismo, es preciso indicar que, conforme lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la liquidación de la pensión de jubilación debe realizarse con la inclusión de los factores sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes previstos en la ley, máxime cuando la cotización, o parte de ella, se hubiera realizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100.

71. En el caso concreto se observa que la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa: i) prestó sus servicios en la Nación -Contraloría General de la República desde el 25 de mayo de 1990 al 30 de junio de 2006; ii) conforme a la certificación de factores salariales, durante dicho periodo devengó los siguientes factores salariales: sueldo, prima técnica, bonificación por servicios, bonificación especial (quinquenio), prima de vacaciones, prima de servicios, y prima de navidad y iii) la Contraloría General de la República certificó que: “[…] la prima técnica, la bonificación por servicios y la bonificación especial, constituyen factores salariales, durante su vinculación a la entidad hizo los aportes para pensión a la Caja Nacional de Previsión Social […]”; es decir, que frente a dichos factores realizó la respectiva cotización.

72. Ahora, en cuanto al factor denominado bonificación especial quinquenio, se observa que fue creado mediante el artículo 23 del Decreto núm. 929 de 1976 y conforme lo señalado en acápites anteriores, la Sección Segunda del Consejo de Estado definió que este tiene carácter salarial en atención a que, el artículo 14 del Decreto núm. 48 de 7 de enero de 1993 dio por sentado que los servidores de la Contraloría General de la República vinculados antes del 1.° de enero de 1992 tenían derecho a que la citada bonificación integrara su base de liquidación pensional, requisitos que cumplió la señora Valdés Peñalosa, toda vez que, se reitera ingresó a la Nación- Contraloría General de la República desde el 25 de mayo de 1990 y durante su vinculación cotizó y efectuó aportes con destino a pensión la demandante, es decir en los términos de la segunda regla establecida en la sentencia de unificación.

73. Esta postura, finalmente, se enmarca en las disposiciones establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto señala que […] Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]”.

74. En suma, se infiere que no se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, toda vez que la reliquidación de la pensión de jubilación se realizó atendiendo los criterios jurisprudenciales establecidos en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.

Condena en costas

75. Vistos los artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 en especial, su numeral 8.º, sobre condena en costas.

76. Atendiendo a que esta Corporación ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas que implica: i) objetivo porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto y ii) valorativo porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.

77. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.

Conclusiones de la Sala

78. Por las razones expuestas, esta Sala considera que, no se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797, en la medida que la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes de la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100, se realizó atendiendo los criterios jurisprudenciales establecidos en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 25000 23 42 000 2013 05951 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado (E)
Aclaración de voto

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera de Estado

ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS
Consejero de Estado (E)
Salvamento parcial de voto

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Consejero de Estado

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CONDENA EN COSTAS

[C]onsidero que debió imponerse condena en costas a cargo del recurrente. Respecto de las costas procesales en materia del recurso extraordinario de revisión existe norma especial, cual es el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, que obliga a imponerlas siempre que se declare infundado el recurso, tal como ocurrió en este caso. […]. Adicionalmente, considero que, contrario a lo afirmado en el fallo, sí se causaron agencias en derecho porque la accionada se opuso durante el trámite

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Consejero: ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS (E)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Aunque compartí lo decidido respecto del fondo del asunto, considero que debió imponerse condena en costas a cargo del recurrente. Respecto de las costas procesales en materia del recurso extraordinario de revisión existe norma especial, cual es el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, que obliga a imponerlas siempre que se declare infundado el recurso, tal como ocurrió en este caso. Al existir norma especial, esta se debe aplicar en forma preferente respecto de las normas generales sobre costas del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP.

Adicionalmente, considero que, contrario a lo afirmado en el fallo, sí se causaron agencias en derecho porque la accionada se opuso durante el trámite y estas debían incluirse en la liquidación de costas aunque no hubiera prueba de otros gastos asociados al trámite del recurso.

Fecha ut supra.

ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
MAGISTRADO (E)

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ACLARACIÓN DE VOTO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN REVISIÓN DE LAS SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

Respecto de este requisito, debió explicarse la razón por la cual la UGPP está facultada para formular el presente recurso extraordinario de revisión. En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Adicionalmente, el gobierno nacional con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6 del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009, delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Consecuentemente y por las razones señaladas, el medio extraordinario que promueve la UGPP cumple con el presupuesto de la legitimación en la causa por activa, cuestión que debió desarrollarse de manera expresa en la decisión adoptada por la Sala 15 Especial de Decisión.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ACLARACIÓN DE VOTO / NATURALEZA EXCEPCIONAL DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CARÁCTER RESTRICTIVO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA / INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA

Que el recurso extraordinario de revisión proceda contra las sentencias ejecutoriadas, y por las causales taxativas de los numeral 1 a 8 del artículo 250 ejusdem, sin perjuicio de las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es una regla que obedece al carácter intangible de la sentencia en firme. […]. Entonces, es de la sentencia ejecutoriada y no de otra decisión, que puede derivarse la configuración de las causales taxativas del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, pues todo lo acaecido durante el proceso y con anterioridad a la decisión definitiva del asunto, pudo y debió ser alegado y controvertido oportunamente, dada la perentoriedad de los términos y etapas procesales. Conforme con lo anterior, se advierte que este mecanismo extraordinario de revisión es excepcional y restrictivo, porque sólo es posible en los precisos eventos y casuales determinados por el legislador y respecto de la sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso con efecto de cosa juzgada. Claro está, a este entendimiento subyace el hecho de que este medio judicial extraordinario no responde en sus fines al ejercicio propio de una instancia ordinaria sino a la necesidad del restablecimiento de la justicia, razón por la que, mediante él, se permite controvertir la inmutabilidad que tienen las sentencias ejecutoriadas y que deriva del efecto que les confiere la institución de la cosa juzgada a estas providencias judiciales. De manera que, si a través de este medio se habilita a las partes a cuestionar la inmutabilidad de la cosa juzgada, es decir, se permite desvirtuar la presunción de veracidad y juridicidad que cobija a las decisiones dictadas por los jueces, resulta lógico que su procedencia se limite y restrinja a aquellas que adquieren tal carácter. Consecuentemente, otorgarle un entendimiento contrario implicaría desconocer el carácter restrictivo que tiene el recurso extraordinario de revisión y su naturaleza excepcional, la cual, además de lo dicho, se corrobora con lo dispuesto en el último inciso del artículo 303 del Código General del Proceso. Lo anterior, porque este aparte de la norma señala que la fuerza de cosa juzgada que tienen las sentencias ejecutoriadas no se opone al recurso extraordinario de revisión.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ACLARACIÓN DE VOTO / AUTOS INTERLOCUTORIOS QUE PONEN FIN AL PROCESO CON EFECTO DE COSA JUZGADA / LA PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA AUTOS QUE PONEN FIN AL PROCESO

El atributo de la casa juzgada ha sido entendido por la Corte Constitucional como “una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto”. Si bien el artículo 278 Código General del Proceso determina cuáles providencias judiciales son sentencias y cuáles son autos, y el artículo 303 ejusdem dispone que las sentencias ejecutoriadas tienen fuerza de cosa juzgada, tanto la doctrina como esta Corporación han aceptado, de manera excepcional, que algunos autos interlocutorios hacen tránsito a cosa juzgada, porque tienen fuerza de sentencia en tanto ponen fin al proceso.[…]. En esta línea, concluyo que esa equivalencia material entre la sentencia ejecutoriada y los autos interlocutorios que ponen fin al proceso con la misma fuerza de una sentencia hace admisible la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra ellos. Esto quiere decir que, como el atributo de la cosa juzgada no es predicable únicamente de la sentencias sino también de los autos que ponen fin al proceso con la misma fuerza de aquellas, también son susceptibles de este recurso extraordinario de revisión, independientemente de la causal que se alegue. Conforme con todo lo anterior, dejo sentadas las razones por las que suscribo esta sentencia con aclaración de voto.

ACLARACIÓN DE VOTO

Consejera: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintiuno (2021)

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 y con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Quince Especial de Decisión, a continuación se exponen las razones por las que se suscribe el vocativo de la referencia con aclaración de voto.

1.1. Síntesis del caso

1.1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento

La señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 020885 de 7 de mayo de 2013 y RDP 35064 de 1º de agosto de 2013, por medio de las cuales le negaron la reliquidación de su pensión de jubilación por aportes.

En sentencia del 3 de agosto de 2016, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, al encontrar que la pensión se liquidó conforme a lo establecido en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para aquella se tuvo en cuenta los factores sobre los que hizo aportes.

La señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa apeló la anterior decisión.

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y accedió a lo pretendido, mediante providencia proferida el 15 de agosto de 2019.

Para fundamentar su decisión, indicó que, mediante la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado, concluyó que: i) el ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo ii) la pensión, en esos casos, se debe liquidar incluyendo únicamente aquellos factores establecidos, entre otros, los del Decreto 1158 de 1994, y sobre los cuales se hubiere efectuado aportes o cotizaciones al sistema de pensiones iii) las reglas jurisprudenciales fijadas se aplican a todos los asuntos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en la judicial a través de acciones ordinarias.

En el caso concreto, encontró que había lugar a ordenar la reliquidación de la pensión reconocida a la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, porque si bien se había liquidado con base en el ingreso base de liquidación conforme a lo establecido en la sentencia de unificación citada, no se incluyó la bonificación especial (quinquenio), la cual hacía parte de su ingreso base de cotización durante el periodo en que prestó sus servicios a la Contraloría General de la República y respecto de la cual se acreditó la realización de los aportes.

1.1.2. Recurso extraordinario de revisión

El 1º de diciembre de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Para sustentar las coda causales, señaló que la sentencia es contraria a los artículos 36 de la Ley 100 y 1 del Decreto 1158 de 1994, porque el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

Explicó que para liquidar la pensión se incluyó el factor salarial denominado «bonificación especial quinquenio», que no está taxativamente enunciado en el Decreto 1158 de 1994, razón por la cual, el tenerlo como ingreso base de liquidación genera un detrimento al patrimonio público.

Señaló el desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de las sentencias C-258 de 7 de mayo de 2013, SU-230 de 29 de abril de 2015, SU-427 de 11 de agosto de 2016 y SU-395 de 22 de junio de 2017.

Argumentó que esas decisiones reiteran la regla, según la cual, las pensiones sometidas al régimen de transición se liquidan conforme las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 pero conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen anterior, para el caso específico, la Ley 71 de 1988.

1.2. El fallo de la Sala Quince Especial de Decisión

En sentencia del 19 de julio de 2021, la Sala declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales por las siguientes razones:

No se configuró la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque el argumento expuesto para sustentar la causal no cuestiona el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Ilse Amanda Valdés Peñalosa, beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, razón la cual no encaja en el supuesto de hecho descrito por la norma.

No se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la reliquidación de la pensión de jubilación se realizó atendiendo los criterios jurisprudenciales establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y al Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto este último señala que “Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)”.

Explico que la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 15 de agosto de 2019, ordenó reliquidar la prestación con fundamento en el régimen de transición señalado en el artículo 36 de la Ley 100.

Es decir, que la pensión se reliquidó con base en los requisitos de edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de remplazo del 75% indicado en la Ley 71 de 1988 y teniendo como ingreso base de liquidación el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.

De lo anterior, concluyó que la decisión atacada aplicó la regla fijada por esta Corporación en la sentencia unificación del 28 de agosto de 2018.

Sobre la bonificación especial quinquenio, indicó su creación en el artículo 23 del Decreto No. 929 de 1976 y explicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado definió su carácter salarial, en razón a que el artículo 14 del Decreto No. 48 de 7 de enero de 1993 dio por sentado que los servidores de la Contraloría General de la República, vinculados antes del 1 de enero de 1992, tenían derecho a que la citada bonificación integrara su base de liquidación pensional.

Señaló que esos requisitos los cumplió la señora Valdés Peñalosa, porque ingresó a un empleo de la Nación - Contraloría General de la República desde el 25 de mayo de 1990 y durante su vinculación se cotizaron y realizaron los correspondientes aportes a pensión de la demandante. En consecuencia, reúne los supuestos para la aplicación de la segunda regla establecida en la sentencia de unificación.

2. Razones de la aclaración de voto

2.1 No se desarrolla el requisito de procedencia del recurso extraordinario de revisión, referido a la legitimación en la causa por parte de la UGPP

Respecto de este requisito, debió explicarse la razón por la cual la UGPP está facultada para formular el presente recurso extraordinario de revisión.

En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

Adicionalmente, el gobierno nacional con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6 del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009, delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Consecuentemente y por las razones señaladas, el medio extraordinario que promueve la UGPP cumple con el presupuesto de la legitimación en la causa por activa, cuestión que debió desarrollarse de manera expresa en la decisión adoptada por la Sala 15 Especial de Decisión.

2.2. Las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no constituyen una acción especial, distinta del recurso extraordinario de revisión de la Ley 1437 de 2011

En el marco teórico desarrollado en la sentencia del 19 de julio de 2021, se afirmó que las revisión extraordinaria de la sentencias sobre pensiones constituye un medio de control especial y diferente del recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

No coincido con dicha postura, porque de la literalidad del inciso tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 resulta claro que, dicha norma, consagró dos causales especiales y adicionales a las previstas en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la revisión de las providencias judiciales que reconozcan con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza.

La creación de causales para la revisión de estas providencias judiciales no constituye un medio de control nuevo y distinto, porque al tenor del artículo 20 ejusdem, esa revisión se tramita por las mismas reglas de procedimiento establecidas para el recurso extraordinario de revisión -artículos 249 a 253 de la Ley 1437 de 2011-.

Además, porque el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, dispone expresamente, en su inciso final, que las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en la jurisdicción contencioso administrativa, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Entonces, al armonizar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 con los artículos 248, 249 y 250 de Ley 1437 de 2011, lo que se advierte es que para el caso de los reconocimientos pensionales o de sumas periódicas con cargo al tesoro o a fondos públicos, el legislador amplió las causales para la revisión de las sentencias que adoptan esa clase de decisiones.

Esa procedencia no se encuentra limitada a las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ni restringida exclusivamente a las sentencias, como lo concluyó la Sala 15 Especial de Decisión, sino que se extiende a las demás causales indicadas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -numerales 1 a 8-, así como a los autos interlocutorios que ponen fin al proceso con fuerza de cosa juzgada.

Considero que, esta interpretación literal y armónica de los artículos 20 de la Ley 797 de 2003 y 248, 249 y 250 de la Ley 1437 de 2001, permite reconocer la naturaleza excepcional y el carácter restrictivo del recurso extraordinario de revisión sin desconocer que el efecto de cosa juzgada es un atributo que tienen las sentencias y también gozan de él algunos autos interlocutorios, como explico a continuación.

2.2.1. Naturaleza excepcional y carácter restrictivo del recurso extraordinario de revisión

Que el recurso extraordinario de revisión proceda contra las sentencias ejecutoriadas, y por las causales taxativas de los numeral 1 a 8 del artículo 250 ejusdem, sin perjuicio de las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es una regla que obedece al carácter intangible de la sentencia en firme.

Lo anterior, por cuanto esa decisión judicial supone resolver de fondo la controversia con efecto de cosa juzgada, previo agotamiento, conforme con el debido proceso, de las etapas procesales del juicio.

Esto quiere decir que, en el curso del proceso el juez controla la legalidad de las actuaciones con el propósito de sanear aquellos vicios puedan acarrear la nulidad del proceso, según el mandato previsto en el artículo 207 de la referida Ley 1437 de 2011, y, a su turno, lo hacen las partes, porque tienen la oportunidad de alegarlas durante la etapa procesal en que se presenten.

Entonces, es de la sentencia ejecutoriada y no de otra decisión, que puede derivarse la configuración de las causales taxativas del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, pues todo lo acaecido durante el proceso y con anterioridad a la decisión definitiva del asunto, pudo y debió ser alegado y controvertido oportunamente, dada la perentoriedad de los términos y etapas procesales.

Conforme con lo anterior, se advierte que este mecanismo extraordinario de revisión es excepcional y restrictivo, porque sólo es posible en los precisos eventos y casuales determinados por el legislador y respecto de la sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso con efecto de cosa juzgada.

Claro está, a este entendimiento subyace el hecho de que este medio judicial extraordinario no responde en sus fines al ejercicio propio de una instancia ordinaria sino a la necesidad del restablecimiento de la justicia, razón por la que, mediante él, se permite controvertir la inmutabilidad que tienen las sentencias ejecutoriadas y que deriva del efecto que les confiere la institución de la cosa juzgada a estas providencias judiciales.

Sobre este particular, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: “Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia administrativa, tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada.”

De manera que, si a través de este medio se habilita a las partes a cuestionar la inmutabilidad de la cosa juzgada, es decir, se permite desvirtuar la presunción de veracidad y juridicidad que cobija a las decisiones dictadas por los jueces, resulta lógico que su procedencia se limite y restrinja a aquellas que adquieren tal carácter.

Consecuentemente, otorgarle un entendimiento contrario implicaría desconocer el carácter restrictivo que tiene el recurso extraordinario de revisión y su naturaleza excepcional, la cual, además de lo dicho, se corrobora con lo dispuesto en el último inciso del artículo 303 del Código General del Proceso.

Lo anterior, porque este aparte de la norma señala que la fuerza de cosa juzgada que tienen las sentencias ejecutoriadas no se opone al recurso extraordinario de revisión.

2.2.2 autos interlocutorios que ponen fin al proceso con efecto de cosa juzgada también pueden ser controvertidos por la vía del recurso extraordinario de revisión y conforme con las causales previstas en la ley

El atributo de la casa juzgada ha sido entendido por la Corte Constitucional como “una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto”.

Si bien el artículo 278 Código General del Proceso determina cuáles providencias judiciales son sentencias y cuáles son autos, y el artículo 303 ejusdem dispone que las sentencias ejecutoriadas tienen fuerza de cosa juzgada, tanto la doctrina como esta Corporación han aceptado, de manera excepcional, que algunos autos interlocutorios hacen tránsito a cosa juzgada, porque tienen fuerza de sentencia en tanto ponen fin al proceso.

Este planteamiento también ha sido acogido por la Corte Constitucional, así:

“(…) Hay autos interlocutorios que tienen fuerza de sentencia cuando terminan el proceso, como el que admite el desistimiento o la transacción, o el que decreta la perención o le pone fin al proceso ejecutivo por pago, o el que declara la nulidad de todo lo actuado; proferirlos es como dictar sentencia, y por ello su ilegalidad posterior es impensable a la luz de las normas procesales civiles, de cara al orden y a la marcha segura de un proceso.

“Además de lo anterior, se recuerda que un auto ejecutoriado no puede ser revocado por el juez, ya que la ley procesal no establece la revocación ni de oficio ni a petición de parte después de que se produzca la ejecutoria. Tampoco puede declararse la nulidad de un acto después de ejecutoriado, ya que la parte lo consintió si no interpuso recurso o éste se resolvió, quedando ejecutoriado el proveído, y a menos que se dé una causal de nulidad que no haya sido saneada.”

En esta línea, concluyo que esa equivalencia material entre la sentencia ejecutoriada y los autos interlocutorios que ponen fin al proceso con la misma fuerza de una sentencia hace admisible la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra ellos.

Esto quiere decir que, como el atributo de la cosa juzgada no es predicable únicamente de la sentencias sino también de los autos que ponen fin al proceso con la misma fuerza de aquellas, también son susceptibles de este recurso extraordinario de revisión, independientemente de la causal que se alegue.

Conforme con todo lo anterior, dejo sentadas las razones por las que suscribo esta sentencia con aclaración de voto.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(firmado electrónicamente)

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión fue presentada por intermedio de apoderado el 1 de diciembre de 2020.
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
La demanda se presentó por medio de apoderado.
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 […] Por la cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por el cual se modifica el artículo  HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5325" \l "6" 6 del Decreto 691 de 1994.

Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Por el cual se modifica el artículo  HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5325" \l "6" 6 del Decreto 691 de 1994. Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 71 de 1988. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Mediante apoderado
Corte Constitucional, sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de 25 de febrero de 2016, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 4686-2013. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia SU- 427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional, sentencia SU- 395 de 22 de junio de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, en los siguientes términos: Adiciónese un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor: Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. El citado artículo señala: “[…] Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: […] 2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia […]”.
“[…] Por el cual se expide el reglamento del Consejo de Estado […]”. De conformidad con el Sistema de Información Judicial Colombiano
La expresión en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003, como se explicará infra. Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2020, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-25-000-2012-00924-00 (2793-2012)
Actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

Sentencia C-341 de 2014
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 3 de noviembre de 2020, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03151-00
Sobre el punto véase: sentencia de 3 de marzo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2017-02457-00 (REV). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.

Corte Constitucional, sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional, sentencia T- 631 de 8 de agosto de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, sentencia T- 10000 de 15 de noviembre de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T- 169 de 27 de febrero de 2003, M.P, Jaime Araújo Rentería. Corte Constitucional, sentencia T- 651 de 8 de julio de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, sentencia T- 386 de 12 de abril de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia T- 158 de 2 de abril de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia T- 711 de 7 de septiembre de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia T- 180 de 22 de febrero de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, sentencia T- 610 de 2 de septiembre de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia SU- 427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional, sentencia SU- 395 de 22 de junio de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018. Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares. Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones. Artículo 24. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica los siguientes artículos del Decreto 1748 de 1995: 3º, 9º, 12, 15, 16, 17, 24, 28, 35, 36, 37, 41, 44, 52 y 57 y deroga el numeral 2º del artículo 3º, el artículo 25, el inciso 3º del artículo 29, el literal c) del artículo 36, el inciso 7º del artículo 47, el artículo 51 y el parágrafo transitorio del artículo 52 del mismo Decreto 1748 de 1995. Así mismo, modifica el artículo 8º del Decreto 1887 de 1995, y deroga el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 y todas las demás normas que le sean contrarias. (Negrilla fuera del texto). C.P.: Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011). Ibídem. C.P.: Víctor Hernando Alvarado. Sección Segunda. Subsección “A”. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 2 de mayo de 2019. Radicación: 250002342000201503216 01 (2240-17. Actor: Olga Polanco Patiño. Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares».
«ARTÍCULO 7o. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de octubre de 1996, radicación: 12403. En dicha oportunidad la Sala señaló: «A juicio de la Sala la anterior disposición le está dando en forma retrospectiva un tratamiento de factor salarial a la bonificación especial o quinquenio.

No de otra manera puede interpretarse el significado de dicha disposición que regula para el futuro, o mejor modifica una situación legal que dio por preexistente; así se considera, por cuanto la naturaleza especial que poseen las normas jurídicas implica que sus ordenamientos están destinados a producir efectos jurídicos. En consecuencia, como la censora se vinculó laboralmente a la Contraloría General de la República con anterioridad al primero de enero de 1992, la prohibición del artículo 14 del Decreto 48 de 1993 de considerar como factor salarial para cualquier efecto legal lo que se reciba como quinquenio no le es aplicable[...]»
Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.

Ver entre otras Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de septiembre de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 25000 23 42 000 2013 00586 01
Indice 24 SAMAI. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de octubre de 1996, radicación: 12403. En dicha oportunidad la Sala señaló: «A juicio de la Sala la anterior disposición le está dando en forma retrospectiva un tratamiento de factor salarial a la bonificación especial o quinquenio. No de otra manera puede interpretarse el significado de dicha disposición que regula para el futuro, o mejor modifica una situación legal que dio por preexistente; así se considera, por cuanto la naturaleza especial que poseen las normas jurídicas implica que sus ordenamientos están destinados a producir efectos jurídicos. En consecuencia, como la censora se vinculó laboralmente a la Contraloría General de la República con anterioridad al primero de enero de 1992, la prohibición del artículo 14 del Decreto 48 de 1993 de considerar como factor salarial para cualquier efecto legal lo que se reciba como quinquenio no le es aplicable[...]»
Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
“[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37 000 2014 01115 01. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00162-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
«firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes.

Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. // Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente.// Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho». Es decir, la pensión se liquidó en los términos del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales se cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión -30 de mayo 1996 a 30 de mayo de 2006-. Para el caso concreto, se acreditó que el periodo de los 10 años es del 30 de mayo de 1996 al 30 de mayo de 2006, porque al 1 de abril de 1994, fecha en la que entró en vigor la Ley 100 de 1993, le faltaban 11 años para adquirir el derecho pensional. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
“Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de octubre de 1996, radicación: 12403. En dicha oportunidad la Sala señaló: «A juicio de la Sala la anterior disposición le está dando en forma retrospectiva un tratamiento de factor salarial a la bonificación especial o quinquenio. No de otra manera puede interpretarse el significado de dicha disposición que regula para el futuro, o mejor modifica una situación legal que dio por preexistente; así se considera, por cuanto la naturaleza especial que poseen las normas jurídicas implica que sus ordenamientos están destinados a producir efectos jurídicos. // En consecuencia, como la censora se vinculó laboralmente a la Contraloría General de la República con anterioridad al primero de enero de 1992, la prohibición del artículo 14 del Decreto 48 de 1993 de considerar como factor salarial para cualquier efecto legal lo que se reciba como quinquenio no le es aplicable[...]»”.
«Por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de los empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial». Artículo 248.Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse  por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Artículo 249.Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Artículo 207.Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.
Corte Constitucional. Sentencia C-450-2015. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.
Corte Constitucional, sentencia C-522 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias. Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias. (…)
Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.
López Blanco Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General. Tomo I, pág 648. Editorial Dupré.
Se pueden consultar entre otras las siguientes decisiones: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 16.01.2003. MP. Reinaldo Chavarro Buriticá. Expediente: Radicación No. 25000-23-25-000-2002-2327-01(AG-071). Actor: Blanca Flor González Rivera y otros. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 25.06.2015. MP. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente: 68001-23-33-000-2014-00319-01(4194-14). En la primera de las decisiones se señaló. “por vía doctrinal se ha aceptado que, excepcionalmente, algunos autos interlocutorios por tener fuerza de sentencia en la medida en que ponen fin al proceso hacen tránsito a cosa juzgada como los que decretan la finalización del proceso por pago de la obligación, se admite el desistimiento o la transacción siempre que no estén sometidos a condición alguna y el que aprueba la conciliación en los procesos de separación de cuerpos, bienes o divorcio. No sucede lo mismo con el auto por medio del cual se rechaza la demanda, entre otras razones, porque, no se trata de un auto de los que pone fin al proceso pues éste sólo surge luego de que se traba la litis y además, porque rechazar una demanda porque otra considerada igual fue rechazada implica el desconocimiento del derecho de acción.”
Sentencia T-519-05 Magistrado Ponente: MARCO GERARDO MONROY CABRA.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 25.05.17. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2017-00013-00.

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