Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00714-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00714-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00714-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00714-00 (3945-2021) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Miguel Arnol Vega Valdés
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración. Régimen de transición de la
Ley 33 de 1985.
Decisión: Declarar infundada la acción especial de revisión
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 8 de noviembre que 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 70001 23 33 005 2017 00207 01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial2
2.1.1. La demanda
2. El señor Miguel Arnol Vega Valdés, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes
declaraciones y condenas:
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Expediente digital, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm07sinc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fp
ersonal%2Fadm07sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROCESOS%2FJU
DICIALES%2FNULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F2017%2F70001333
300720170020700&ga=1, archivo “2017-000207-00.pdf” página 1-25.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00714-00 (3945-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
• La nulidad parcial de la Resolución 22737 de 2001, proferida por
CAJANAL, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez, y la
nulidad de las resoluciones RDP 032366 de 31 de agosto de 2016 –
NOT_PD 273956 y RDP 001123 del 17 de enero de 2017, a través de las
cuales se negó la solicitud de reliquidación pensional y el recurso que
confirmó aquella decisión, respectivamente.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la
demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de la Ley
33 de 1985; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75%
del promedio de todos los factores devengados durante el último año de
servicios -enero de 1986 a enero de 1987- y (iii) el reconocimiento de los
reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con
la indexación correspondiente, (v) que se condene al pago de 100
SMLMV, por concepto de perjuicios morales y (vi) se condene en costas a
la entidad accionada.
3. Como fundamentos fácticos de la demanda, se relató que CAJANAL a través
de la Resolución 22737 del 24 de septiembre de 2001 le reconoció al señor
Miguel Arnol Vega Valdezuna mesada pensional con un monto de $298.859,
para la base del IBL tuvo en cuenta lo percibido por el actor en los últimos 10
años de servicio.
4. Inconforme con la anterior decisión, el pensionado solicitó la reliquidación de
su pensión de vejez con el fin de que se incluyeran todos los factores salariales
que percibió en el último año de servicio, como lo establece la Ley 33 de 1985.
5. Mediante Resolución RDP 032366 31 de 31 de agosto de 2016, negó lo
pretendido, decisión confirmada con la Resolución RDP 001123 del 17 de enero
de 2017.
6. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el cual,
su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el
último año de servicio, con la inclusión de todos los salarios devengados. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, dado que cumple
con los requisitos del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.
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2.1.2. Sentencia objeto de revisión.3
6. El Tribunal Administrativo de Sucre dictó sentencia de segunda instancia el 8
de noviembre de 2019, en la cual revocó la providencia proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo de 26 de octubre de 2018,
con los siguientes argumentos:
7. Señaló, que el actor no es beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, ya que había acreditado más de 18 años al servicio
del Estado para 1983, por lo tanto, el régimen de transición que le era aplicable
era el mencionado en el parágrafo 2. ° del artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985. De
ahí, que debieran atenderse las normas que regían con anterioridad, esto es, la
Ley 6. ° de 1945, Ley 4. ° de 1945 y sus Decretos reglamentarios, disponiendo
que la liquidación se hiciera con la inclusión de todos los factores percibidos en
el último año de servicio.
8. Así determinó que la entidad demandada omitió incluir factores salariales que
el señor Miguel Arnol Vega Valdés había percibido en el último año de servicio
como lo son, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones. En
consecuencia, decretó la nulidad de los actos enjuiciados y en su lugar ordenó la
reliquidación pensional con base de además de los factores ya reconocidos
asignación básica y bonificación por servicios prestados, la prima de navidad,
prima de servicios y prima de vacaciones.
9. Declaró probada la prescripción, respecto de las mesadas pensionales a
anteriores al 26 de abril de 2013.
2.1.3. La acción especial de revisión4
10. La UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
3 Expediente digital, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm07sinc_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fp
ersonal%2Fadm07sinc%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPROCESOS%2FJU
DICIALES%2FNULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F2017%2F70001333
300720170020700&ga=1, archivo “2017-000207-01.pdf” página 29-52.
4 Índice 3 de la plataforma SAMAI. Archivo “2_DemandaWeb_Demanda-.pdf”
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«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»
11. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
i) Revocar la sentencia expedida el 8 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Sucre dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurado por Miguel Arnol Vega Valdés contra la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, radicado 70001 23 33 005 2014 00207 01 que revocó
el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo de
Oralidad del Circuito de Sincelejo de 26 de octubre de 2018.
ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor Miguel Arnol
Vega Valdés, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la
Corte Constitucional, de parte de esta corporación y de la normativa legal dispuesta
en la ley 33 de 1985.
iii) Ordenar al señor Miguel Arnol Vega Valdés, a reintegrar al recurrente, los
valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las
sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada pensional.
12. Para fundamentar la causal de revisión, la UGPP, sostuvo que, el señor
Miguel Arnol Vega Valdés no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada,
toda vez que, fue beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso 3. ° de esa norma y conforme lo previsto en el artículo 21
de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en el
Decreto 1158 de 1994.
13. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018 y la sentencia de 28 de agosto de 2018
proferida por el Consejo de Estado.
2.1.4. Contestación
14. El señor Miguel Arnol Vega Valdés fue notificado personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 18 de marzo de 2022, como se
advierte en el índice 13 del expediente digital disponible en Samai. No obstante,
no se pronunció frente a las pretensiones incoadas por la entidad.
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2.1.5 El agente del ministerio público, no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia sentencia de 8 de noviembre que 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que revocó la sentencia de
primera instancia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Miguel Arnol Vega Valdés contra la UGPP.
3.2. Oportunidad
16. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20035, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».
17. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
5 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
18. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 8
de noviembre de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, y el escrito
de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 3 de noviembre de
20216, es decir, en termino para impetrar la acción especial de revisión.
3.3. Problema jurídico
19. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 8 de noviembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar
a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Miguel Arnol Vega
Valdéscon el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año
de servicio, incluyendo además de la asignación básica mensual y la bonificación
por servicios, la prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones.
20. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
21. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA7 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
6 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo ED - Cuaderno 1 Principal-1-CuadernoPrincipalFolios1al200.pdf
página 23.
7 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
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entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada8, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
22. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.
23. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario»9.
24. La causal alegada por parte de la UGPP es la contemplada en literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
3.5. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
25. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente10 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 11 y permite
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
11 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
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corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones12,
en especial, el principio de solidaridad13 y equilibrio financiero.
26. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Bajo ese entendido, esta Corporación 14 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»15.
27. En cuanto a la causal invocada, la Sala observa que los argumentos de la
acción están orientados a demostrar la presunta afectación al patrimonio público
derivada de la orden judicial de reliquidación de la pensión del señor Miguel Arnol
Vega Valdés, con base en el 75% de lo percibido en el último año de servicios. Al
respecto se indicó que existe un aumento porcentual del 16% en el monto en que
se reconoció la pensión por orden judicial, respecto del que debió liquidarse, así
como la proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la
orden judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.
12 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
13 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
14 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
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28. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
29. Ahora, el punto de controversia recae en los factores y el IBL que fueron
aplicados por el Tribunal, pues según la UGPP al ser el demandado beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 correspondía dar
aplicación en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto a lo preceptuado en la
Ley 33 de 1985 y en relación con el IBL a lo consagrado en los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, así como los factores enlistados en forma taxativa en el
Decreto 1158 de 1994.
30. Sobre el particular, debe señalarse que en la sentencia objeto de estudio se
dijo que el accionado era beneficiario del régimen de transición, pero del inciso
primero del parágrafo 2 del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, por cuanto a la
entrada en vigencia de dicha normativa contaba con más de 15 años de servicios,
por lo que se concluyó que debía reconocerse el derecho pensional teniendo en
cuenta la edad, el tiempo y los factores establecidos en el Decreto 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978.
31. Se tiene entonces, que la UGPP sustentó la acción especial de revisión
partiendo del supuesto de que el demandado era beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como
se ha expuesto, el Tribunal en la sentencia, corroboró que es beneficiario de la
transición prescrita en la Ley 33 de 1985, por cuanto al 13 de febrero de 1985,
fecha en la que entró en vigencia la citada ley, ya había trabajado más de 15
años al servicio del Estado en el municipio de Sucre y en el hospital Santa
Catalina de Sena y bajo este entendido consideró procedente la orden de
reliquidación dada a la UGPP, aplicando en su integridad el régimen anterior.
32. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación16 ha considerado en varios de
sus pronunciamientos que,
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00714-00 (3945-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en
que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida,
así como de la intención de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA
y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para enfatizar).
33. Esta Subsección encuentra razón en lo expuesto por el Tribunal. En
consecuencia, en cuanto a la interpretación del IBL de los beneficiarios del
régimen de transición de dicha norma, el Tribunal acogió una de las tesis de esta
Corporación vigente para la época, consistente en aplicar en forma integral el
régimen anterior, para efectos de calcular la liquidación de la mesada pensional
del demandado, esto es, el Decreto 3135 de 1968 aplicable al orden Nacional.
34. Se precisa entonces que el objeto de la acción especial de revisión consiste
en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la
comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»17.
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto
de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00714-00 (3945-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
35. Debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los que se
fundamenta el recurso y la causal invocada18, en este caso, la consagrada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
36. Es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación normativa
para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento del Tribunal se enfocó
en la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 1.º la Ley 33
de 1985, ante lo cual no realizó ninguna manifestación. En consecuencia, no
corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los argumentos expuestos
por la entidad recurrente al explicar la causal de revisión alegada y, por tanto, no
es posible realizar un estudio de dichos fundamentos.
37. Por lo expuesto, al existir una incongruencia de la sustentación de la causal
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 conforme a lo
fallado por el Tribunal en segunda instancia, se procederá a declarar infundada
la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP.
3.6. Condena en costas
38. Dado que esta Sección19 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
18 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-
25-000-2019-00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp:
11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
19 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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FALLA
PRIMERO.- DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 8 de noviembre de 2019, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 70001 23 33 005 2017 00207 01, que revocó la
sentencia de 26 de octubre de 2018 proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Oralidad de Sincelejo, de acuerdo con lo señalado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones
señaladas.
TERCERO.- EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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