Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00892-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00892-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00892-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandado: María Dora Martínez de Mera, en calidad de beneficiaria del señor
Franco Gildardo Mera Mora (Q.E.P.D)
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
_____________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 26 de octubre
de 2017, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Quince
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda el 29 de marzo de 2017, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por
conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 26 de octubre de 2017, a través
de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Quince Administrativo de
Bogotá, Sección Segunda el 29 de marzo de 2017, que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda formulada por el señor Franco Gildardo Mera Mora
contra la referida entidad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020)
Demandante: FONCEP
de radicado 110013335015 2016 00267 01.
Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que el señor Franco Gildardo
Mera Mora, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un
derecho adquirido amparado por la legislación colombiana; y ii) ordenar la reliquidación
de la mesada pensional del demandado, la cual fue sustituida a favor de la señora María
Dora Martínez de Mera, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación previsto en
los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158
de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional,1 y por el Consejo
de Estado.2
1.1.2. Hechos
Como supuestos fácticos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente, señaló los
siguientes:
i) El 14 de septiembre de 1939, nació el señor Franco Gildardo Mera Mora. Prestó sus
servicios como empleado público en la Secretaría de Integración Social del Distrito de
Bogotá por más de 20 años.
En consecuencia, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en el
nivel territorial, tenía más de 35 años de edad y más de 20 años de servicio, razón por
la cual fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
ii) El 16 de septiembre de 1992, a través de la Resolución 1094 el FONCEP reconoció
una pensión de jubilación al señor Mera Mora, de conformidad con las Leyes 33 y 62
de 1985 «sin tener en cuenta la totalidad de factores salariales».
iii) El señor Mera Mora solicitó al FONCEP la reliquidación de su mesada pensional
teniendo en cuenta el 75 % de la totalidad de los factores salariales, sin embargo,
1 La entidad demandante cita las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU-427 de
2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de 2018 y los Autos 326
de 2014 y 227 de 2017. Folio 1 reverso del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
2
La entidad demandante cita la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-
2012-00143-01.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020)
Demandante: FONCEP
aquella petición fue resuelta de forma negativa a través de la Resolución 242 del 8 de
febrero de 2016.
iv) El 29 de marzo de 2017, el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Franco Gildardo Mera Mora contra
el FONCEP, en los siguientes términos:3
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de los actos administrativos: (i) Resolución No. 000242
del 08 de febrero de 2016 mediante la cual la Entidad accionada negó la reliquidación de la
pensión de jubilación que devenga el actor y (ii) Resolución No. 00752 del 06 de abril de
2016, por medio de la cual se corrige la resolución No. 000242 del 08 de febrero de 2016.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad a título de
restablecimiento de derecho, CONDENAR al FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS,
CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP a efectuar una nueva liquidación de la pensión de
jubilación del señor FRANCO GILDARDO MERA MORA identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 2.929.646 expedida en Bogotá, equivalente al 75% del promedio de salarios
devengados en el último año de servicios como empleado público, esto es, desde el 02 de
mayo de 2000 al 01 de mayo de 2001, incluyendo además del factor salarial asignación
básica, los denominados: prima de alimentación, prima de habitación, prima de vacaciones
(1/12) y prima de navidad (1/12), certificados por la Secretaría de Educación de Bogotá,
conforme la parte motiva de este proveído.
TERCERO.- Al momento de realizar la liquidación para cancelar los valores resultantes del
aumento salarial se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado por este concepto, así
como las sumas correspondientes a los descuentos del valor de los aportes no realizados
sobre los factores salariales reconocidos, monto que será pagado en la proporción que
corresponda al trabajador de acuerdo con las disposiciones vigentes durante los períodos
cotizados con anterioridad al primero (1°) de abril de 1994.
CUARTO.- Las sumas a reconocer y a pagar deberán ser reajustadas y actualizadas
aplicando la fórmula establecida por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado de
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO.- Declarar prescritas las mesadas pensiónales causadas con anterioridad al 20 de
enero de 2013, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. […]
(Resaltado original del texto).
v) El 26 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de
confirmar la providencia expedida por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá.4
3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 31 de la plataforma SAMAI.
4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 31 de la plataforma SAMAI.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020)
Demandante: FONCEP
vi) El 14 de noviembre de 2017, cobró ejecutoria la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
vii) El 21 junio de 2018, el FONCEP a través de la Resolución SPE-GDP 0797 dio
cumplimiento a la referida providencia.
viii) La pensión de jubilación reconocida a favor del señor Franco Gildardo Mera Mora
fue sustituida a la señora María Dora Martínez de Mera.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,5 el 26
de octubre de 2017, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar
la providencia expedida por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, el 29 de
marzo de 2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
i) El a quo resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda para lo cual
ordenó a la demandada reliquidar la pensión de jubilación del demandante, con el 75 %
del promedio mensual de los factores salariales devengados en el último año de
servicios, con prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 20 de enero
de 2013.
ii) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,6 emitida por el Consejo de
Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario,
debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas
que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como contraprestación del
servicio.
iii) No es procedente aplicar la Sentencia SU-230 de 2015 emitida por la Corte
Constitucional, porque en los términos del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del
sistema integral de seguridad social contenido en dicha ley y, además, el demandante
5 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 31 de la plataforma SAMAI.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
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Demandante: FONCEP
adquirió el estatus jurídico pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993.
iv) Está acreditado que el demandante es beneficiario del régimen de transición
contenido en el parágrafo 2° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, que dispuso que
quienes a su entrada en vigencia (13 de febrero de 1985) hayan cumplido 15 años
continuos o discontinuos de servicio, tienen derecho a que se les aplique el régimen
pensional anterior en su totalidad, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma,
esto es, los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. En cuanto a los
docentes oficiales (como es el caso de la parte actora) su régimen pensional es el
contemplado en las Leyes 33 y 62 de 1985.
En otras palabras, si bien el parágrafo 2° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 dispone
que el régimen de transición abarca la edad de jubilación, se debe entender que aquel
comprende igualmente los factores salariales y el monto de la pensión, pues la intención
del legislador es proteger la expectativa de pensión de cierto grupo de servidores que
se encontraban próximos a cumplir los requisitos para obtener la prestación, conforme
lo ha sostenido el Consejo de Estado en la sentencia del 20 de octubre de 2005 N.I.
3701-04.
Por su parte, se demostró que adquirió el estatus jurídico pensional el 14 de septiembre
de 1989, comoquiera que para esa data alcanzó 50 años de edad y más de 20 años de
servicio, teniendo en cuenta que nació el 14 de septiembre de 1939.
v) Consta en la Resolución 0580 del 3 de abril de 2002, mediante la cual se reliquidó la
pensión de jubilación del actor, que sólo se tuvo en cuenta el 75 % de la asignación
básica devengada en el año anterior al retiro del servicio, lo cual no resultaba acertado,
pues conforme con el formato único para expedición de certificado de salarios de la
Secretaría de Educación de Bogotá D. C., del 26 de septiembre de 2012, durante el año
anterior al retiro del servicio también devengó las primas de alimentación, habitación,
vacaciones y navidad.
vi) La reliquidación de la pensión se efectuó a partir del 2 de mayo de 2001 y la solicitud
de reliquidación pensional se presentó el 20 de enero de 2016, de manera que
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Demandante: FONCEP
transcurrió más de 3 años. Por lo tanto, operó el fenómeno jurídico de la prescripción
trienal de las diferencias de las mesadas pensionales entre el 2 de mayo de 2001 y el
19 de enero de 2013, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, tal como lo hizo el a quo.
vii) De conformidad con el artículo 3° del Decreto 3752 de 2003, en relación con el
ingreso base de cotización y liquidación de prestaciones sociales, las que se causen
con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 no podrán ser diferentes de la
base de cotización sobre la cual se realizan aportes al docente. Sin embargo, aquella
disposición no resulta aplicable a la parte demandante, en atención al artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 y al parágrafo transitorio 1.° del artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de
2005; aunado al hecho de que el demandante se vinculó a la docencia oficial desde el
20 de agosto de 1959.
viii) La entidad demandada podrá efectuar los descuentos por aportes a que haya lugar
sobre los factores salariales cuya inclusión se ordena para efectos de conformar el
ingreso base de liquidación.
ix) En ese orden, se confirmó la sentencia apelada en tanto ordenó la reliquidación de
la pensión de jubilación del señor Mera Mora, en los términos expuestos.
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los siguientes
argumentos:
i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte
Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se
desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 48, 121 y
123 inciso 2.º de la Constitución Política.
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Demandante: FONCEP
ii) En el expediente se acreditó que el demandado es beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, le es aplicable
la Ley 33 de 1985.
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas
por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se
encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley
100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de
jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir
el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En ese sentido,
se ha pronunciado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,7 criterio que
constituye precedente obligatorio.
iii) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse
accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que el juzgador desconoció las
sentencias emitidas por la Corte Constitucional, en la medida en que otorgó un aumento
en la mesada pensional al incluir en el ingreso base de liquidación factores salariales
adicionales a los contenidos en el Decreto 1158 de 1994, lo que implica el
incumplimiento de los deberes sociales que tiene a cargo el Estado.
Dicho de otra manera, el Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los
cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe el demandado, comoquiera
que, se insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de aquella norma.
iv) La mesada pensional devengada por el señor Mera Mora se incrementó sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la
7 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258
de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de
2018 y T-039 de 2018.
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Demandante: FONCEP
sostenibilidad financiera del sistema pensional toda vez que contribuye a aumentar para
el caso en concreto en un 24.3 % aquella mesada.
v) En definitiva, en el caso concreto se configura un «abuso palmario del derecho» que
atenta contra la sostenibilidad fiscal del Estado, comoquiera que el reconocimiento
pensional no atendió debidamente al citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los
precedentes vinculantes de las altas cortes respecto de la forma de liquidar el ingreso
base de liquidación de las personas sujetas al régimen de transición, «siendo lo correcto
que se ordene aplicar el promedio de lo percibido en los últimos 10 años anteriores o el
tiempo que le hiciere falta con los factores salariales enlistas en el Decreto 1158 de
1994, conforme lo establece [el] inciso tercero del artículo 36 concordante con el artículo
21 dicha ley».
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La señora María Dora Martínez de Mera, por intermedio de apoderada, se opuso a las
pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes
argumentos:8
i) Las decisiones recurridas, por un lado, se fundamentaron en los precedentes
jurisprudenciales vigentes para la fecha de su expedición y, por el otro, están protegidas
por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y buena fe. En ese orden, el
juzgador mantuvo la posición de reconocer la pensión de jubilación de acuerdo con la
Ley 33 de 1985, incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicio, en concordancia con la sentencia de unificación del 4 de agosto del
año 2010.
ii) La entidad recurrente no puede pretender que la situación fáctica de la demandada
se rija por la sentencia de unificación emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto
de 2018, comoquiera que si bien es cierto de obligatorio cumplimiento y de aplicación
a los casos que se encontraban pendientes de fallo judicial o resolución administrativa,
no lo es respecto a casos que tienen una decisión de fondo al respecto.
iii) La demanda no cumple con los requisitos legales y tampoco se encuadra en las
causales establecidas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, de manera que el
8 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: FONCEP
FONCEP utiliza, indebidamente, ese medio para ocasionar un desgaste en el aparato
jurisdiccional y congestión en los despachos judiciales, trasladando igualmente una
carga a la demandada, en calidad de beneficiaria de la prestación a raíz del
fallecimiento del señor Franco Gildardo Mera Mora.
iv) Los argumentos de la entidad recurrente carecen de veracidad porque se encuentran
acreditadas las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe e improcedencia de la
demanda.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019.10
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite,
la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 14 de noviembre de 201711 y la acción
especial de revisión se interpuso el 9 de septiembre de 2020,12 por lo que es dable
concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.3. Legitimación
9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.».
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 31 de SAMAI.
12 Conforme consta en el índice 2 de SAMAI.
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Demandante: FONCEP
Sobre la legitimación del FONCEP para promover la acción de revisión contra
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la Corte
Constitucional, en la Sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente regla:
(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un
abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo,
debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003,
en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero. [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad administradora encargada de reconocer y pagar
las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, está legitimado
para interponer la presente acción de revisión.
2.4. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, del 26 de octubre de 2017, se encuentra inmersa en
las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.5. Marco normativo
2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
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Demandante: FONCEP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo
cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto
por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los
cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso las sentencias ejecutoriadas.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
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Demandante: FONCEP
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró13 que el recurso extraordinario de
revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,14 procede contra sentencias
ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.5.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció
otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
13 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se
ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia
ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que
ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate
habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado».
14 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión
se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En
materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo
192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188.
(modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
12
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Demandante: FONCEP
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la
Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las
conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por
montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar
las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación».15
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y
a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los
reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».16
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la
ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario». 17
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas a dos
eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al
juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de
las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino
que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente
otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
15 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-
01529 (REV).
16 Ibidem.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-
00845-00 (2743-13).
13
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Demandante: FONCEP
2.5.3. Régimen pensional de servidores públicos anterior a la vigencia de la Ley
100 de 1993
Antes del 1.º de abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
que estableció el sistema general de pensiones, se encontraba en vigor la Ley 33 de
1985, cuya vigencia inició el 13 de febrero de 1985.
Esta última ley en el artículo 1.º estableció que el empleado oficial que sirva o haya
servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho
a que la respectiva caja de previsión le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.
Así mismo, el parágrafo 2.° del artículo ibidem, creó un régimen de transición que
operaría bajo el cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos fácticos:
i) Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15 años de
servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad que regía en
normas anteriores.18
ii) Quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se encontrasen
retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley obtendrían la
pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres y 55 en el de los
hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con las normas vigentes a la
fecha de retiro.19
Ahora bien, la Ley 6 de 1945 en su artículo 17 estableció una pensión de jubilación para
los empleados oficiales equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos
devengados en el último año de servicio para quienes acreditaran 50 años de edad y
20 de servicio, continuos o discontinuos.
18 Véase, Ley 33 de 1985, Artículo 1º.
«[…] Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación
que regían con anterioridad a la presente Ley.»
19 Véase, Ley 33 de 1985, Artículo 1º.
«[…] Parágrafo 2º.
[…] Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se
hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres,
o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo
con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.»
14
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Demandante: FONCEP
Posteriormente, fue modificada por el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, este último en el
sentido que dicha prestación social sería equivalente al 75 % del promedio mensual
percibido en el último año de servicio. En ese orden, los empleados oficiales que
cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicio al Estado, tendrían derecho a una
pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio mensual recibido en el último
año.
A su turno, se expidió el Decreto 3135 de 1968, que en su artículo 27 dispuso:
Artículo 27. Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que
sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o
50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio. […]
Es decir, el cambio que realizó la norma en cita se circunscribió al requisito de la edad
que pasó de 50 años a 55 años para los hombres, mientras que para las mujeres se
conservó igual.
Pues bien, respecto a la aplicación de la Ley 6ª de 1945 o del Decreto 3135 de 1968 a
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, esta corporación
señaló una postura consistente en que «si bien es cierto los Decretos 3135 de 1968 y
su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, modificaron la edad de jubilación dispuesta
en la Ley 6 de 1945, dichas normas fueron derogadas por la Ley 33 de 1985 por lo que
la misma nos devuelve a la Ley 6 de 1945, como régimen anterior aplicable». 20
Por el otro lado, también mantuvo la posición consistente en dar aplicación al artículo
27 del Decreto 3135 de 1968, al señalar que «para el 13 de febrero de 1985, fecha en
que entró en vigencia la Ley 33 de 1985, [la entonces demandante] contaba con más
de 15 años de servicio […], es decir que en cuanto a edad lo gobernaba el régimen
anterior, que tratándose de empleados de carácter nacional, estaba contenido en el
Decreto 3135 de 1968. […] En consecuencia, es procedente aplicar a la actora, el
régimen anterior a la Ley 33 de 1985 en su totalidad, que no es otro que el contenido
en el Decreto Ley 3135 de 1968, por tratarse de una empleada de carácter nacional».21
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2007, radicación:
150012331000199902187-01(1114-03), consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Paez. Este criterio fue
reiterado por la referida subsección, en la sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación:
250002325000200401634 01(1028 -07), consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 23 de febrero de 2012, radicación 25000-
23-25-000-2004-01309-01(1143-08), consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón.
15
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Demandante: FONCEP
Posteriormente, en sentencia del 24 de marzo de 2022 esta Subsección al realizar el
recuento histórico de las normas llamadas a ser observadas respecto de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, sostuvo:22
[…] De acuerdo con lo anterior, y para llegar a un consenso, la Corporación23 ha
adoptado la tesis según la cual la aplicación de la Ley 6 de 1945 o del Decreto 3135 de
1968, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, dependerá
de la vinculación nacional o territorial del empleado público, en los términos a
continuación: (Resaltado fuera del texto)
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 1945 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial, la cual, sobre la pensión de jubilación, dispuso:
Art. 17 Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las
siguientes prestaciones:
[...] b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a
cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo
[...].
Posteriormente, el Decreto 3135 de 1968, aplicable a los servidores públicos del orden
nacional […]
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que
el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de
edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen
de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en
vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos
de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían
con anterioridad a la presente ley » (se destaca), que para el caso de los servidores
públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden
territorial, la Ley 6ª de 1945» Destacado fuera del texto original.
Tesis que, aunque sea posterior a la providencia que se revisa, se acogerá en esta
oportunidad a fin de armonizar las posiciones que hasta este momento se han sostenido y
no dar lugar a desigualdades; […] (Resaltado, cursiva y comillas originales del texto).
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que frente a la
causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto
es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado 47001-
23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
16
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Demandante: FONCEP
necesario que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos
esenciales que lo componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión24 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes tres
elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las
normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii)
Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
ídem.»
Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la sentencia
objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que sus argumentos
se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta al momento de
liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna a la vulneración de las garantías
anteriormente mencionadas. En ese sentido, la Sala efectuará el estudio de aquel
planteamiento bajo la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
Así, en primera medida se advierte que el FONCEP en el escrito de la acción especial de
revisión certificó lo siguiente:25
Que el (a) señor (a) FRANCO GILDARDO MESA MORA (Q.E.P.D) se identific[ó] (a) con
cédula de ciuda[da]nía No. 2929646, en calidad de pensionado (a) del FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES, FONCEP- SUSTITUTA
MARIA DORA MARTINEZ DE MERA
Sentado lo anterior, la inconformidad del FONCEP consiste en que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 26 de
octubre de 2017, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del
24 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15
000 2018 01884 00.
25 Véase, acción especial de revisión visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.
17
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artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó la providencia emitida por el
Juzgado Quince Administrativo de Bogotá el 29 de marzo de 2017.
En ese orden, el FONCEP solicita se atiendan las condiciones de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en la Ley 33 de 1985 y en lo atinente al ingreso base de liquidación
lo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en razón a que, señala, el
causante, en su concepto, fue beneficiario del régimen de transición contenido en la
referida ley. Así mismo, la censura se circunscribe a los factores salariales que el
tribunal tuvo en cuenta, comoquiera que, ordenó emolumentos que no hacen parte de
la base de liquidación para el pago de aportes del servidor público y en consecuencia,
no podían ser considerados para efectos pensionales, pues debió incluir únicamente
los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y no en el Decreto 1045
de 1978.
Con ello, manifiesta, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las
Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210
de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, a partir de las cuales se
determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el
inciso 3.° de dicha norma o en el artículo 21 ibidem. Lo anterior, afirma, conllevó a que
la mesada pensional devengada por el señor Mera Mora (Q.E.P.D) se incrementara sin
existir justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la Sala
encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con base en
las siguientes razones:
En primer lugar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, confirmó la providencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Quince Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el 29 de marzo de 2017. Lo
anterior, en atención a que encontró probado que el causante fue beneficiario de la
transición contenida en la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33
de 1985, pues para el 13 de febrero de 1985, fecha de su entrada en vigencia, aquel
18
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Demandante: FONCEP
contaba con más de 15 años de servicio; aunado a que consolidó el estatus jurídico
pensional el 14 de septiembre de 1989.
En ese orden, concluyó que debían aplicarse las Leyes 33 y 62 de 1985 y el régimen
pensional anterior vigente para los empleados del sector público respecto a la edad,
esto es, observó el requisito de la edad de 50 años para obtener la prestación y en
cuanto a los factores salariales consideró que debían ser aquellos percibidos en el
último año de servicio, de conformidad con el Decreto 1045 de 1978 y con el desarrollo
jurisprudencial que esta corporación, para la época, había realizado sobre el asunto, en
especial, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.26
De acuerdo con lo anterior, esta Subsección observa que la sentencia acusada se
remitió a las condiciones del parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985; sin
embargo, la entidad recurrente no presentó reparo particular alguno y, por el contrario,
reprochó la forma de aplicación del régimen de transición plasmado en el artículo 36 de
Ley 100 de 1993, pues en su concepto el causante era beneficiario de la transición de
esta última norma. Así pues, no corresponde a esta Sala realizar ningún análisis sobre
el particular, por las siguientes razones:
Sobre el asunto, esta corporación ha enfatizado lo siguiente: 27
Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias indicados
en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar con precisión y
justificar la causal o las causales en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se
fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente prescinda de elucubraciones
dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión
adoptada en la sentencia recurrida, así como de la intención de corregir errores u omisiones
de la propia parte, como si se tratara de una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos
sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia. Antes bien, es
riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas en el
mencionado artículo 250 del CPACA y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta
por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de
5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: FONCEP
examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (Resaltado fuera del
texto).
En todo caso, esta Subsección halla la razón al tribunal comoquiera que para el 13 de
febrero de 1985, fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, el señor Franco
Gildardo Mera Mora (Q.E.P.D) contaba con más de 15 años de servicio. En
consecuencia, en cuanto a la interpretación del IBL de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, se advierte que el tribunal acogió una de las tesis de
esta corporación vigente para la época, consistente en observar el contenido de la Ley
6ta de 1945, en relación con el requisito de la edad para acceder a la pensión de
jubilación, aplicable al orden territorial.
Igualmente, la Sala observa que el señor Franco Gildardo Mera Mora (Q.E.P.D) alcanzó
el estatus jurídico el 14 de septiembre de 1989, cuando cumplió 50 años de edad,
teniendo en cuenta que de acuerdo con lo acreditado en el expediente digital del
proceso ordinario, nació el 14 de septiembre de 193928 pues el tiempo de servicio lo
acreditó con anterioridad.
En ese orden, se advierte que consolidó su derecho antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, de manera que no es posible abordar el estudio de los argumentos
invocados por la entidad recurrente de cara a la interpretación dada por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y de esta corporación sobre el régimen de transición
contenido en el artículo 36 ibidem.
Ahora, no sobra precisar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, por un lado, mantuvo la orden de reliquidación, efectuada en
primera instancia, de la pensión de jubilación que devenga la hoy demandada con
efectos fiscales desde el 20 de enero de 2013, por prescripción trienal, en el equivalente
al 75 % del promedio mensual de todos los factores devengados en el último año de
servicio del causante, comprendido entre el 2 de mayo de 2000 y el 1.° de mayo de
2001, a saber: además de la asignación básica reconocida en sede administrativa, las
primas de alimentación, habitación, vacaciones y navidad.29 Asimismo, observa la Sala
28 Tal como consta en su cédula de ciudadanía obrante en el expediente digital del proceso ordinario visible a
índice 31 de la plataforma SAMAI.
29 El Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación del causante incluyendo además del factor salarial asignación básica, los denominados: prima de
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Demandante: FONCEP
que el tribunal halló fundamento en lo expuesto en las sentencias emitidas por el
Consejo de Estado el 20 de octubre de 2005 N.I. 3701-04 y en la sentencia del 4 de
agosto de 2010.
Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron devengados por el señor
Mera Mora, de conformidad con lo certificado por la Secretaría de Educación de Bogotá,
para el período comprendido entre mayo de 2000 y mayo de 2001, obrante en la página
61 del archivo denominado CD2 del expediente digital del proceso ordinario visible a
indice 31 de la plataforma SAMAI.
Sentado lo anterior, como se dijo líneas atrás, el objeto de la acción especial de revisión
consiste en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un
estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en
últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario. Se trata de un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la comprobación inequívoca de ser
decisiones que incurran en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.
En esta línea argumentativa, la Sala advierte que debe existir correspondencia entre
los argumentos en que se fundamenta el recurso y la causal invocada: en el sub lite, la
contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lograr la aplicación
de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994.
No obstante, como se indicó, es claro que la entidad recurrente se equivoca en la
invocación normativa realizada con el fin de sustentar la presente acción especial de
revisión, pues omite que el razonamiento del tribunal se enfocó en la aplicación del
régimen de transición del parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, ante lo
cual no hizo referencia alguna. De manera que, en atención a los precedentes citados
previamente y a la naturaleza excepcional de la acción especial de revisión, no
corresponde a la Sala exceder la demarcación impuesta por la entidad recurrente al
explicar y fundamentar la causal de revisión de la sentencia, pues se reitera aquella
debe ser «[…] examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.».30
alimentación, prima de habitación, prima de vacaciones (1/12) y prima de navidad (1/12). Expediente digital del
proceso ordinario visible a índice 31 de la plataforma SAMAI.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 21 de abril de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018).
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020)
Demandante: FONCEP
Bajo este panorama, no es posible realizar el estudio de los argumentos expuestos por
el FONCEP, en relación a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
Sobre el asunto, esta Subsección trae a colación la sentencia del 21 de abril de 2022,
a través de la cual se abordó un caso similar al presente, pues en aquella oportunidad
la entidad recurrente incurrió en error al fundamentar la acción especial de revisión en
normas jurídicas distintas a las aplicadas en la sentencia censurada. Allí se dijo:31
Pues bien, es preciso anotar que el Decreto 546 de 1971 resulta aplicable a los funcionarios
o empleados de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público que acrediten los requisitos
contemplados en esa normativa para adquirir la prestación. No obstante, la señora Ardila
Herrera por haber prestado sus servicios en la Contraloría General de la República desde el
4 de febrero de 1975 hasta el 15 de marzo de 2000, es destinataria del régimen especial
contenido en el Decreto 929 de 1976.
[…] En esta línea argumentativa, la Sala advierte que debe existir correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta el recurso y la causal invocada, que en el sub lite se
concretaron en acudir al literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para lograr la
aplicación de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto
546 de 1971.
No obstante, es claro que la entidad recurrente se equivoca en la invocación normativa
realizada con el fin de sustentar el recurso impetrado, como se indicó. De manera que en
atención a los precedentes citados previamente y a la naturaleza excepcional del recurso
extraordinario de revisión, no corresponde a la Sala exceder la demarcación impuesta por la
entidad recurrente al explicar y fundamentar la causal de revisión de la sentencia, pues se
reitera aquella debe ser «[…] examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo.».32
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por el FONCEP, al no haberse configurado las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3. De la condena en costas
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de
5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
En similar sentido se pronunció esta Subsección a través de la sentencia del 18 de mayo de 2023, radicación
11001-03-25-000-2019-00898-00 (6445-2019)
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de
5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020)
Demandante: FONCEP
En atención a que la acción especial de revisión fue presentada el 9 de septiembre de
2020,33 debe darse aplicación al artículo 188 del CPACA, previo a la modificación
introducida por la Ley 2080 de 2021, norma que disponía lo siguiente:
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
Así las cosas, con fundamento en el inciso 1.° del artículo 188 del CPACA y en el artículo
365 del CGP, que ordena, en el numeral 1.°, la imposición de condena en costas «a la
parte vencida en el proceso, o a aquella cuyo recurso [...] revisión sea resuelto
desfavorablemente», y en su numeral 8.°; en el sub lite la Sala condenará en costas en
la modalidad de agencias en derecho contra la entidad recurrente, al encontrarse
probada su causación, comoquiera que no prosperaron los argumentos de la presente
acción especial de revisión; aunado al hecho de que la beneficiaria de la pensión de
jubilación reconocida al señor Franco Gildardo Mera Mora compareció, a través de
apoderado, con ocasión de la presentación de la contestación a la demanda.34
Una vez en firme esta providencia éstas se fijarán de conformidad con lo señalado en
el artículo 366 del CGP.35
33 Conforme consta en el índice 2 de SAMAI.
34
Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 11 de la plataforma SAMAI
35«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto
en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias
de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos
por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez,
aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
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Demandante: FONCEP
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos
de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión debe ser
declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las causales
invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 26 de
octubre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Condenar en costas al FONCEP y a favor de la parte demandada, en la
modalidad de agencias en derecho, según las consideraciones señaladas. En firme esta
providencia serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del CGP.
Tercero. Reconocer personería jurídica a la abogada Carolina Nempeque Viancha
como apoderada de la señora María Dora Martínez de Mera, de acuerdo y para los
efectos del poder visible a índice 25 de la plataforma SAMAI.36
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga
a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva
providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
36 Conviene aclarar que en el poder referido se manifiesta que la señora Carolina Nempeque Viancha fungirá
como apoderada sustituta de la señora «Mónica Bibiana López Perdomo» en el proceso de radicado
11001032500020200089200, no obstante, la Sala entiende que fue un error de transcripción, comoquiera que
si bien aquel nombre no corresponde a la demandada, la señora María Dora Martínez de Mera, lo cierto es que
sí se identifica correctamente el número del expediente.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020)
Demandante: FONCEP
Cuarto. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 110013335015 2016 00267 01, al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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