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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00679-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00679-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 12 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de nulidad y de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro 24 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2022-00679-00 (6195-2022) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones restablecimiento con radicado 17001-23-33-000-2017-00432-01 que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00679-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00679-00 (6195-2022) (AER)
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Francisco Joel Ángel Gómez
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción de revisión

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas de fecha
12 de noviembre de 2019 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2017-00432-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Francisco Joel Ángel Gómez, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra Colpensiones, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• Se declare la nulidad de las resoluciones GNR 33895 del 7 de febrero de 2014,
GNR 397594 del 12 de noviembre de 2014 y VPB 67349 del 20 de octubre de
2015 a través de las cuales se negó la reliquidación pensional con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 129 de la plataforma SAMAI en primera instancia. Archivo “C01.pdf” página 5-43.

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00679-00 (6195-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la demandada
a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de la ley 6.° de 1945; (ii)
ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75% del promedio de los
factores devengados durante el último año de servicios; (iii) el reconocimiento de
los reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la
indexación correspondiente y iv) condenar a la entidad demandada al pago de
intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia conforme al artículo
192 del CPACA.

3. Como fundamento fáctico, señaló que el señor Francisco Joel Ángel Gómez
nació el 18 de diciembre de 1950 y prestó servicios al Estado por más de 24 años,
su último cargo fue el de diputado de la Asamblea Departamental de Caldas entre
el 2 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000. Sostuvo que era beneficiario
del régimen de transición, por cuanto para el 30 de junio de 1995 contaba con
más de 40 años de edad y más de 15 años de servicios, razón por la cual su
pensión debía regirse por la Ley 6.ª de 1945.

4. Indicó que, el ISS reconoció mediante Resolución 0954 de 2007 su derecho
pensional conforme a la Ley 33 de 1985. Posteriormente, por medio de la
Resolución 771 de 2010, reliquidó la prestación con fundamento en la Ley 6.ª de
1945, pero determinó el IBL con el promedio de lo devengado en los últimos diez
años y no con el 75% de lo devengado en el último año de servicios como
diputado.

5. Por lo anterior, presentó varias reclamaciones administrativas para obtener la
reliquidación de la mesada, las cuales fueron negadas por Colpensiones
mediante las resoluciones GNR 33895 de 2014, GNR 397594 de 2014 y VPB
67349 de 2015.

6. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que los actos administrativos
expedidos por Colpensiones desconocieron el régimen de transición que ampara
al señor Francisco Joel Ángel Gómez.

7. Afirmó que, al haber acreditado más de 15 años de servicio y más de 40 años
de edad para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, su
situación debía regirse íntegramente por la normatividad anterior, especialmente
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con la Ley 6 de 1945, la Ley
48 de 1962, la Ley 4 de 1966, la Ley 5 de 1969, el Decreto 1848 de 1969 y el
Decreto 1045 de 1978. Con fundamento en ese marco normativo, planteó que la
pensión debió liquidarse con el 75% del promedio mensual devengado en el
último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales percibidos como
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

diputado de la Asamblea Departamental de Caldas, y no con el promedio de lo
cotizado en los últimos diez años, como lo hizo el ISS y luego avaló Colpensiones.

8. Adujo que a los diputados les eran aplicables las mismas prestaciones de los
servidores públicos, por expresa remisión de la Ley 48 de 1962, la Ley 5 de 1969,
la Ley 20 de 1977 y el Decreto Ley 1222 de 1986, y que para efectos pensionales
debía computarse el año completo de sesiones como si hubiese servido los doce
meses del calendario, con las asignaciones correspondientes. Por ello, estima
que la reliquidación debía comprender no solo la asignación básica, sino también
factores como gastos de representación, prima de navidad, prima de servicios,
prima de vacaciones y demás emolumentos salariales autorizados por el
ordenamiento, de acuerdo con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión.3

9. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el 12 de noviembre de
2019, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:

10. Señaló, que el señor Francisco Joel Ángel Gómez era beneficiario del
régimen de transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de
1985, dado que para la entrada en vigencia de esa norma ya contaba con más
de 15 años de servicios, de modo que su situación pensional debía regirse por la
Ley 6. ° de 1945 y no por las reglas generales de transición de la Ley 100 de
1993 como fue aplicado por Colpensiones.

11. A partir de esa premisa, sostuvo que, tratándose de diputados cobijados por
dicho régimen de transición, la liquidación pensional debía efectuarse
computando las sesiones ordinarias y extraordinarias como si hubiesen laborado
el año completo y tomando las asignaciones percibidas durante los doce meses,
conforme a lo previsto en la Ley 5. ° de 1969 y en el Decreto 1723 de 1964.
Asimismo, con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó que
para estos eventos debían incluirse todos los factores salariales que constituyen
salario conforme al Decreto 1045 de 1978, y no restringirse a los factores del
Decreto 1158 de 1994, como lo hizo la entidad demandada.

12. Por lo expuesto, y con las pruebas allegadas, encontró probado que el señor
Francisco Joel Ángel Gómez asistió a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Asamblea Departamental de Caldas durante el año 2000,

3 Índice 129 de la plataforma SAMAI en primera instancia. Archivo “C01.1.pdf” página 56-68.

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Acción especial de revisión
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por lo que tenía derecho a que su pensión se reliquidara con el 75% del promedio
de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo además de la
asignación básica, gastos de representación, prima de navidad, prima de
vacaciones y prima de servicios, con efectos fiscales a partir del 27 de febrero de
2012, por prescripción trienal.

2.1.7. La acción especial de revisión4

13. Colpensiones, invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad
de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:

« […] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

14. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Invalidar la sentencia expedida el 12 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Caldas dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Francisco Joel Ángel Gómez
contra Colpensiones, bajo el radicado 17001-23-33-000-2017-00432-00. Lo
anterior como quiera que, con la liquidación pensional, se ordenó el
reconocimiento de SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O
DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 y las mismas excedieron lo debido de acuerdo con la ley que le era
legalmente aplicable (inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993).

ii) Ordenar al señor Francisco Joel Ángel Gómez, a reintegrar al recurrente, los
valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión que excedan el
tope legal de la mesada pensional que le corresponde.

iii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor Hernando
Cifuentes Ángel, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la
Corte Constitucional, y de la normativa legal dispuesta para los beneficiarios del
régimen de transición de la ley 100 de 1993.

4 Índice 3 de la plataforma SAMAI.

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15. Para fundamentar la causal de revisión, Colpensiones, sostuvo que, el señor
Francisco Joel Ángel Gómez, no tiene derecho a obtener la reliquidación
ordenada, toda vez que el pensionado, fue beneficiario del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe
liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° de esa norma y conforme lo
previsto en el artículo 21 de la misma ley, con los factores de cotización
establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

16. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de
2017, SU-068 de 2018, SU-114 de 2018 y T-039 de 2018 y por ello, su pensión
debe liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° de esa norma y
conforme lo previsto en el artículo 21 de la misma ley, con los factores de
cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

2.1.8. Contestación

17. El señor Francisco Joel Ángel Gómez, fue notificado personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 14 de marzo de 20255. No obstante,
no se pronunció frente a los cargos interpuestos en este proceso.

2.1.9 El agente del ministerio público adscrito a esta dependencia, rindió
concepto bajo los siguientes argumentos.

Advirtió, que el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó la reliquidación de la
pensión del señor Francisco Joel Ángel Gómez con el 75% del promedio de los
factores devengados en el último año de servicios, pese a que para la fecha en
que se profirió esa decisión -12 de noviembre de 2019- ya existía un precedente
claro, vinculante y consolidado tanto de la Corte Constitucional como del Consejo
de Estado en el sentido de que el ingreso base de liquidación no forma parte del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia,
estimó que el fallo desconoció esa línea jurisprudencial, aplicó indebidamente
una regla de liquidación no procedente y produjo un exceso en la cuantía de la
prestación, con afectación de los recursos del sistema de seguridad social. Por
ello, sostuvo que había fundamento para infirmar la sentencia revisada y ajustar
la mesada conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y al Decreto
1158 de 1994; sin embargo, precisó que no debía ordenarse la devolución de las
sumas pagadas en exceso, pues no se demostró que el pensionado hubiera
actuado de mala fe al obtener el reconocimiento o la reliquidación de su

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Índice 22 de la plataforma SAMAI.
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prestación.
III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 17001-23-33-000-2017-00432-00
promovido por Francisco Joel Ángel Gómez contra Colpensiones.

3.2. Oportunidad

19. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo». Sin embargo, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20036, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».

20. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

6 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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21. Por lo expuesto, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 12
de noviembre de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, y el escrito
de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación el 21 de noviembre de
20227, es decir, en termino para impetrar la acción especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

22. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 12 de noviembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, incurrió en las causales
de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
al condenar a Colpensiones, a reliquidar la pensión de vejez del señor Francisco
Joel Ángel Gómez con el 75% del promedio o de los salarios devengados durante
el último año de servicio.

23. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

24. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA8 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede

7 Índice 1 de la plataforma SAMAI.
8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
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entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada9, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

25. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial10, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia11 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado12, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.

26. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200313 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince

(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:

Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero

ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
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3.5. Análisis de la Sala

27. Las causales alegadas por parte de Colpensiones son las contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «a)
Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».

28. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.

29. En este caso Colpensiones cuestiona la sentencia de única instancia de 12
de noviembre de 2019, proferida el Tribunal Administrativo de Caldas, a través
de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordenó
la reliquidación pensional a favor del señor Francisco Joel Ángel Gómez, para lo
cual se fundamentó en la violación al debido proceso, toda vez que en su parecer
la pensión debió determinarse conforme al régimen de transición establecido en
la Ley 100 de 1993, es decir, con la inclusión de los factores salariales señalados
taxativamente en el Decreto 1158 de 1994 y sobre el promedio de los últimos 10
años de servicio.

30. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22
Especial de Decisión precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los
siguientes tres elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa.

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iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho
a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar
la decisión y la garantía de non bis in idem.

31. Ahora bien, esta Subsección ha considerado que a la luz de esta causal
puede analizarse la interpretación normativa y jurisprudencial realizada por los
funcionarios judiciales siendo uno de los eventos cuando se discute la aplicación
del régimen pensional14.

32. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por Colpensiones
para fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido
proceso, se refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte de la
autoridad judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.

33. Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas en
relación con la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 100 de
1993, asunto que no guarda relación con la violación al debido proceso, pues no
se alega el desconocimiento al juez natural o competente, ni que se ignoraron las
normas procesales correspondientes o que se omitió algún aspecto del derecho
de audiencia y defensa en los términos ya indicados. En ese sentido, la Sala
efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5.2. Acerca de la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

34. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente15 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 16 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que

14 Sentencia dictada por esta Subsección dentro del proceso11001-03-25-000-2022-00297-00 (2290-2022),

con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
16 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.

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afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones17,
en especial, el principio de solidaridad18 y equilibrio financiero.

35. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación 19 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»20.

36. En cuanto a la causal invocada, la Sala observa que los argumentos de la
acción están orientados a demostrar la presunta afectación al patrimonio público
derivada de la orden judicial de reliquidación de la pensión del señor Francisco
Joel Ángel Gómez, con base en el 75% de lo percibido en el último año de
servicios. Al respecto se indicó que existe un aumento porcentual del 336% en el
monto en que se reconoció la pensión por orden judicial, respecto del que debió
liquidarse, así como la proyección de los pagos adicionales que se realizarían
conforme a la orden judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.

17 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
18 Ratio o razón de ser de la seguridad social.

19 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala

Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).

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37. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

38. Ahora, el punto de controversia recae en los factores y el IBL que fueron
aplicados por el Tribunal, pues según Colpensiones al ser el demandado
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
correspondía dar aplicación en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto a lo
preceptuado en la Ley 33 de 1985 y en relación con el IBL a lo consagrado en los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores enlistados en forma
taxativa en el Decreto 1158 de 1994.

39. Sobre el particular, debe señalarse que en la sentencia objeto de estudio se
dijo que el accionado era beneficiario del régimen de transición, pero del inciso
primero del parágrafo 2 del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, por cuanto a la
entrada en vigencia de dicha normativa contaba con más de 15 años de servicios,
por lo que se concluyó que debía reconocerse el derecho pensional teniendo en
cuenta la edad, el tiempo y los factores establecidos en la Ley 6 de 1945.

40. Se tiene entonces, que Colpensiones sustentó la acción especial de revisión
partiendo del supuesto de que el demandado era beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como
se ha expuesto, el Tribunal en la sentencia, corroboró que es beneficiario de la
transición prescrita en la Ley 33 de 1985, por cuanto al 13 de febrero de 1985,
fecha en la que entró en vigencia la citada ley, ya había trabajado más de 15
años al servicio del Estado y bajo este entendido consideró procedente la orden
de reliquidación dada a Colpensiones, aplicando en su integridad el régimen
anterior.

41. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación21 ha considerado en varios de
sus pronunciamientos que,

21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia

del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
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«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en
que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.

La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida,
así como de la intención de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA
y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para enfatizar).

42. Esta Subsección encuentra razón en lo expuesto por el Tribunal. En
consecuencia, en cuanto a la interpretación del IBL de los beneficiarios del
régimen de transición de dicha norma, el Tribunal acogió una de las tesis de esta
Corporación vigente para la época, consistente en aplicar en forma integral el
régimen anterior, para efectos de calcular la liquidación de la mesada pensional
del demandado, esto es, la Ley 6.° de 1945 aplicable al orden Nacional.

43. Se precisa entonces que el objeto de la acción especial de revisión consiste
en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la
comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»22.

44. Debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los que se
fundamenta el recurso y la causal invocada23, en este caso, la consagrada en el

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto

de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala

de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-
25-000-2019-00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena
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literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

45. Es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación normativa
para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento del Tribunal se enfocó
en la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 1.º la Ley 33
de 1985, ante lo cual no realizó ninguna manifestación. En consecuencia, no
corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los argumentos expuestos
por la entidad recurrente al explicar la causal de revisión alegada y, por tanto, no
es posible realizar un estudio de dichos fundamentos.

46. Por lo expuesto, al existir una incongruencia de la sustentación de la causal
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 conforme a lo
fallado por el Tribunal en segunda instancia, se procederá a declarar infundada
la acción especial de revisión interpuesta por Colpensiones.

3.6. Condena en costas

47. Dado que esta Sección24 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 12 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de nulidad y

de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp:
11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
24 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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restablecimiento con radicado 17001-23-33-000-2017-00432-01 que accedió a
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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