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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00367-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00367-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 5 de febrero de 2020, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cuca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001 33 33 012 2018 00011 01, que revocó la sentencia de 2 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali. SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00367-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00367-00 (1837-2021) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Demandado: Héctor Luis Arboleda Cuero
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuesto de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por el Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en contra de la sentencia de 5 de
febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001 33
33 012 2018 00011 01.
II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial4

2.1.1. La demanda

2. El señor Héctor Luis Arboleda Cuero, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la UGPP, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 25 de septiembre de 2020(f. 177 vto Cdno. 1), de manera que está regulado por

los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Magistrado Ponente: Cerveleón Padilla Linares
4 Índice 15 de SAMAI archivo denominado “2018-00011-ExpedienteUnido.pdf” paginas 61-87 contenido en

“18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_760013333012201800.zip”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00367-00 (1837-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

• La nulidad parcial de la resolución 1981 de 25 de noviembre de 2003 a través de
la cual el Instituto Colombiano de Reforma Agraria reconoció una pensión
mensual de jubilación a partir del 16 de noviembre de 2000 al señor Héctor Luis
Arboleda Cuero y la nulidad de las resoluciones 29460 del 24 de julio de 2017 y
39959 de 23 de octubre de 2017 proferidas por la UGPP, mediante las cuales se
negó la solicitud de reliquidación pensional.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene la respectiva
reliquidación teniendo en cuenta el 75% del promedio salarial de los factores
salariales devengados en el último año de servicio, (ii) el reconocimiento de los
reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la
indexación correspondiente y iii) los intereses moratorios que se llegaren a
causar desde el momento en que se hizo exigible la obligación.

3. Como fundamento fáctico, relató que el señor Héctor Luis Arboleda Cuero
prestó sus servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Instituto
colombiano de la reforma agraria - INCORA - en el cargo de técnico operativo
código 4080, grado 07 en la regional Valle del Cauca, desde el 17 de agosto de
1970 hasta el 30 de abril de 1993.

4. A través de la resolución 0198 de fecha 25 de noviembre de 2003 el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA le reconoció pensión a partir del
16 de noviembre de 2000.

5. El 19 de abril de 2017 solicitó a la UGPP la reliquidación de pensión teniendo
en cuenta todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios.
Mediante la Resolución 29460 del 24 de julio de 2017, la entidad negó lo pedido
al considerar que la liquidación se realizó conforme a la norma aplicable.

6. La Resolución 39959 de 23 de octubre de 2017 que resolvió el recurso de
apelación, confirmando en todas sus partes el acto recurrido - Resolución 29460
de 2017- destacando que para el IBL se tendrían como factores los contemplados
en el Decreto 1158 de 1994.

7. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual,
su pensión debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de
servicio, con la inclusión de la asignación básica, auxilio de localización, auxilio
de movilización, bonificación por servicios prestados, prima de junio, prima anual
de navidad, prima de vacaciones y quinquenio, de conformidad con lo dispuesto
en sentencia de unificación del Consejo de estado de 4 de agosto de 2010.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00367-00 (1837-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

2.1.2. Sentencia objeto de revisión. 5

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de segunda
instancia el 5 de febrero de 2020, en la cual revocó la providencia proferida por
el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, que negó las súplicas y en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

9. Señaló, según jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, que el
régimen de transición debe aplicarse de manera integral, no solo en cuanto a la
edad y tiempo de servicios, sino también respecto al monto y base de liquidación
pensional.

10. Con fundamento en el acervo probatorio, encontró que el demandante era
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 1. ° de la Ley 33
de 1985. En ese sentido, Indicó que el IBL de su pensión debió liquidarse de
acuerdo con lo estipulado en la Ley 6. ° de 1945 y sus decretos reglamentarios,
es decir, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que fueron
devengados por este durante su último año de servicio, en atención al Decreto
1848 de 1969 que reglamentó el Decreto 3135 de 1968.

11. Por lo anterior, ordenó la reliquidación pensional con la inclusión de la prima
de vacaciones, auxilio de localización, auxilio de movilización y quinquenio a
partir de 21 de abril de 2014, por prescripción trienal.

12. Finalmente, sobre la indexación salarial, precisó que no se ordenaría dado
que, el INCORA actualizó año tras año la pensión del beneficiario.

2.1.3. La acción especial de revisión6

13. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la
posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o
providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública y especialmente:
«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

5 Índice 15 de SAMAI, archivo denominado “2018-00011-ExpedienteUnido.pdf” paginas 318-331 contenido

en “18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_760013333012201800.zip”.
6 Índice 3 de SAMAI, archivo 2_DemandaWeb_Demanda-.pdf
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00367-00 (1837-2021)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

14. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia expedida el 5 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho instaurado por Héctor Luis Arboleda
Cuero contra la UGPP, radicado 76001 33 33 012 2018 00011 01 que
revocó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Doce
Administrativo de Oral del Circuito de Cali del 2 de agosto de 2019.

ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor
Héctor Luis Arboleda Cuero, de conformidad con el precedente
jurisprudencial emitido por la Corte Constitucional, esto es, adoptando
como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto las consignadas en el
artículo 21 de la misma ley, así como los factores base de cotización
taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.

iii) Ordenar al señor Héctor Luis Arboleda Cuero, reintegrar al recurrente,
los valores cancelados en exceso por concepto de reliquidación de la
mesada pensional, ordenada en la sentencia enjuiciada.

15. Para fundamentar la causal de revisión, la UGPP sostuvo que el señor Héctor
Luis Arboleda Cuero no tenía derecho a obtener la reliquidación en los términos
ordenados en la sentencia que se revisa, toda vez que, fue beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por
ello, su pensión debe atender lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los factores de cotización
establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

16. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018 y la sentencia de unificación expedida
por esta corporación de fecha 28 de agosto de 2018.

2.1.4. Contestación

17. El señor Héctor Luis Arboleda Cuero fue notificado personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 18 de noviembre de 2022, como se
advierte en el índice 13 del expediente digital disponible en Samai. Sin embargo,
no contestó acción especial de revisión.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de
2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001 33 33 012
2018 00011 01 promovido por Héctor Luis Arboleda Cuero contra la UGPP.

3.2. Oportunidad

18. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20038, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».

19. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

7 Magistrado Ponente: Cerveleón Padilla Linares
8 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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20. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 5
de febrero de 2020 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
quedó ejecutoriada el 3 de julio de 2020, y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 16 de junio de 20219, es decir, en tiempo.

3.3. Problema jurídico

21. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 5 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en la causal
de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al
condenar a la UGPP, al ordenar reliquidar la pensión de jubilación del señor
Héctor Luis Arboleda Cuero con el 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales
de ley devengados durante dicho periodo, como lo son, asignación básica,
bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, prima de navidad,
prima de servicios, prima de vacaciones, auxilio de localización, auxilio de
movilización y el quinquenio.

22. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

23. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA10 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede

9 Índice 2 de la plataforma SAMAI.
10 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
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entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 11, que
se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de
la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

24. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial12, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia13 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado14, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.

25. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200315 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil

quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero

ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
15 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.

26. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200916 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

27. La causal alegada por la UGPP es la contemplada en el literal b) de la Ley
797 de 2003, norma que señala:

«a) […] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

3.5.1. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

28. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente17 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 18 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones19,
en especial, el principio de solidaridad20 y equilibrio financiero.

16 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
18 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
19 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
20 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

29. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:

«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación 21 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»22.

30. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y su aplicación al caso del señor Héctor Luis Arboleda Cuero, quien
es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
precitada ley, pues nació el 16 de noviembre de 1945, y para el 1.° de abril de
1994, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con 49 años
de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas de la
transición según las cuales se le debe liquidar la pensión con el 75% del promedio
de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera
falta para adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales sobre los
cuales cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.

31. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar

21 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quince de Decisión. Sentencia
del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
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el fondo del asunto planteado. La Sala observa que, entre los planteamientos
expuestos en la acción, se encuentra la afectación al patrimonio público, pues se
indicó que existe un aumento porcentual del 40% en el monto en que se
reconoció la pensión del señor Héctor Luis Arboleda Cuero respecto del que
debió liquidarse.

32. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

33. Ahora, el punto de controversia recae en los factores y el IBL que fueron
aplicados por el Tribunal, pues según la UGPP al ser el demandado beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 correspondía dar
aplicación en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto a lo preceptuado en la
Ley 33 de 1985 y en relación con el IBL a lo consagrado en los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, así como los factores enlistados en forma taxativa en el
Decreto 1158 de 1994.

34. Sobre el particular, debe señalarse que en la sentencia objeto de estudio se
dijo que el accionado era beneficiario del régimen de transición, pero del inciso
primero del parágrafo 2 del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, por cuanto a la
entrada en vigencia de dicha normativa contaba con más de 15 años de servicios,
por lo que se concluyó que debía reconocerse el derecho pensional teniendo en
cuenta la edad, el tiempo y los factores establecidos en el Decreto 1848 de 1969
que reglamentó el Decreto 3135 de 1968.
35. Se tiene entonces, que la UGPP sustentó la acción especial de revisión
partiendo del supuesto de que el demandado era beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como
se ha expuesto, el Tribunal en la sentencia, corroboró que es beneficiario de la
transición prescrita en la Ley 33 de 1985, por cuanto al 13 de febrero de 1985,
fecha en la que entró en vigencia la citada ley, ya había trabajado más de 15
años al servicio del Estado y bajo este entendido consideró procedente la orden
de reliquidación dada a la UGPP, aplicando en su integridad el régimen anterior.

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36. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación23 ha considerado en varios de
sus pronunciamientos que,

«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en
que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.

La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida,
así como de la intención de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA
y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para enfatizar).

37. Esta Subsección encuentra razón en lo expuesto por el Tribunal. En
consecuencia, en cuanto a la interpretación del IBL de los beneficiarios del
régimen de transición de dicha norma, el Tribunal acogió una de las tesis de esta
Corporación vigente para la época, consistente en aplicar en forma integral el
régimen anterior, para efectos de calcular la liquidación de la mesada pensional
del demandado, esto es, el Decreto – Ley 3135 de 1968 aplicable al orden
Nacional.

38. Se precisa entonces que el objeto de la acción especial de revisión consiste
en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la

23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia

del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
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comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»24.

39. Debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los que se
fundamenta el recurso y la causal invocada25, en este caso, la consagrada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

40. Es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación normativa
para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento del Tribunal se enfocó
en la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 1.º la Ley 33
de 1985, ante lo cual no realizó ninguna manifestación. En consecuencia, no
corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los argumentos expuestos
por la entidad recurrente al explicar la causal de revisión alegada y, por tanto, no
es posible realizar un estudio de dichos fundamentos.

41. Por lo expuesto, al existir una incongruencia de la sustentación de la causal
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 conforme a lo
fallado por el Tribunal en segunda instancia, se procederá a declarar infundada
la acción especial de revisión interpuesta por Colpensiones.

3.6. Condena en costas

42. Dado que esta Sección26 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto

de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
25 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala

de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-
25-000-2019-00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp:
11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
26 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 5 de febrero de 2020, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cuca, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 76001 33 33 012 2018 00011 01, que
revocó la sentencia de 2 de agosto de 2019 proferida por el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito de Cali.

SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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