Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00809-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00809-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00809-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00809-00 (2444-2020) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP
Demandado: Elvira Margoth Méndez De Lora
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuesto de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción especial de revisión
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por el Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de 29 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
23001 33 33 007 2014 00587 01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial2
2.1.1. La demanda
2. El señor Carmelo de Jesús Lora Estrada, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la UGPP, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 40 de SAMAI archivo denominado
“36_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_201400587_7_ADMINIST_0_20250409172933792.pdf”. pagina
49-60
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00809-00 (2444-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
• La nulidad de las resoluciones RDP 019738 de 17 de diciembre de 2012 y RDP
011250 de 7 de marzo de 2013 a través de las cuales se negó la reliquidación
pensional del señor Carmelo de Jesús Lora Estrada.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene la respectiva
reliquidación teniendo en cuenta el 75% del promedio salarial de los factores
salariales devengados en el último año de servicio como son la asignación
básica, incentivo de localización, 1/12 bonificación por servicios, 1/12 prima de
vacaciones, 1/12 prima de servicios, 1/12 prima de navidad, quinquenio, auxilio
de retiro y cualquier otro emolumento que hubiera percibido (ii) el reconocimiento
de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con
la indexación correspondiente y iii) ordenar el cumplimiento de la sentencia en
los términos del artículo 192 del CPACA y iv) condenar costas y agencias del
derecho a la UGPP.
3. Como fundamento fáctico, relató que el señor Carmelo de Jesús Lora
Estrada prestó sus servicios al Estado como servidor público por un lapso
superior a 20 años, su último lugar de trabajo fue el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA. Indicó, que adquirió el estatus de pensionado el 15 de
diciembre de 1994 y se retiró de manera definitiva del servicio el 1.º de noviembre
de 2003.
4. La Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL-, mediante Resolución
027740 del 21 de noviembre de 2000, reconoció la pensión en cuantía inicial de
$753.516,56, efectiva desde el 1.º de febrero de 2000, liquidándola con los
factores salariales del Decreto 1158 de 1994. Posteriormente, por resoluciones
24940 del 15 de diciembre de 2003 y 048057 del 30 de diciembre de 2005, se
reliquidó la prestación y elevó su valor a $1.087.236,16, con efectos a partir del
1.º de noviembre de 2003, manteniendo la liquidación bajo los criterios del
Decreto antes mencionado.
5. Finalmente afirmó que en esas liquidaciones se excluyeron varios factores que
integraban su remuneración, tales como el incentivo de localización, prima de
vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, quinquenio y auxilio de retiro.
6. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, según el cual, su pensión debió liquidarse con el 75% de lo devengado
durante el último año de servicio, con la inclusión de la asignación básica,
incentivo de localización, 1/12 bonificación por servicios, 1/12 prima de
vacaciones, 1/12 prima de servicios, 1/12 prima de navidad, quinquenio y auxilio
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00809-00 (2444-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
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de retiro durante dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 33 de 1985 y la sentencia de unificación del Consejo de estado de 4 de
agosto de 2010.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión.3
7. El Tribunal Administrativo de Córdoba dictó sentencia de segunda instancia el
29 de agosto de 2019, en la cual confirmó parcialmente y modificó la providencia
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Montería, con los siguientes argumentos:
8. Se refirió, en primer lugar, a la sustitución procesal derivada del fallecimiento
del señor Carmelo de Jesús Estrada Lora y dispuso tener como sucesora
procesal a su cónyuge la señora Elvira Margoth Méndez de Lora.
9. Posteriormente, indicó que el causante nació el 15 de diciembre de 1939 y
empezó a laborar como servidor público el 15 de julio de 1963, por tanto, al entrar
en vigencia la Ley 33 de 1985 ya contaba con más de 15 años de servicio, lo que
lo ubica en el régimen de transición del parágrafo 2.º del artículo 1.º de dicha ley.
En consecuencia, resultaban aplicables las reglas contenidas en el Decreto 3135
de 1968.
10. Con base en lo anterior, modificó la sentencia apelada y ordenó la
reliquidación conforme el 75% del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicios, esto es con la asignación básica, incentivo de
localización, bonificación por servicios, prima de vacaciones, prima de servicios,
prima de navidad, y el quinquenio, manteniendo la exclusión del auxilio por retiro.
2.1.7. La acción especial de revisión4
11. La UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
3 Índice 40 de SAMAI archivo denominado
“36_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_201400587_7_ADMINIST_0_20250409172933792.pdf”. página
397-411.
4 Índice 3 de SAMAI, archivo denominado “ED-2-02DEMANDA REVISION CARMELO DE JESUS LORA.pdf”
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
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«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»
12. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
i) Revocar la sentencia expedida el 29 de agosto de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Carmelo de Jesús Lora Estrada
contra la UGPP, radicado 23001 33 33 007 2014 00587 01 que confirmó
parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Oral del Circuito Judicial de Montería del 8 de septiembre de
2016.
ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor Carmelo de
Jesús Lora Estrada, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por
la Corte Constitucional, de parte de esta corporación y de la normativa legal
dispuesta en la ley 33 de 1985.
iii) Ordenar a la señora Elvira Margot Méndez de Lora beneficiaria de la pensión
del señor Carmelo de Jesús Lora Estrada, a reintegrar al recurrente, los valores
cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las
sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada pensional.
13. Para fundamentar la causal de revisión la UGPP, sostuvo que, el señor
Carmelo de Jesús Lora Estrada no tenía derecho a obtener la reliquidación
ordenada, toda vez que, fue beneficiario del régimen de transición establecido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe atender lo
dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo
21 de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en
el Decreto 1158 de 1994.
14. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, SU-,
Auto 229 de 2017 y SU-395 de 2017.
2.1.4. Contestación
15. La señora Elvira Margot Méndez de Lora fue notificada personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 26 de marzo de 2025, como se
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advierte en el índice 38 del expediente digital disponible en Samai. Sin embargo,
no contestó acción especial de revisión.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 29 de agosto de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 23001 33 33 007 2014 00587 01
promovido por Carmelo de Jesús Lora Estrada contra la UGPP.
3.2. Oportunidad
17. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20035, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».
18. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
5 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
19. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 29
de agosto de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba, quedó
ejecutoriada el 6 de septiembre de 20196, y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de esta Corporación el 12 de agosto de 20207, es decir, en tiempo
para impetrar la acción especial de revisión.
3.3. Problema jurídico
20. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 29 de agosto de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar
a la UGPP, al ordenar reliquidar la pensión de jubilación del señor Carmelo de
Jesús Lora Estrada con el 75% del promedio de los salarios devengados durante
el último año de servicio, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968.
21. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
22. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA8 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
6
Índice 40 de SAMAI archivo denominado
“36_RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_201400587_7_ADMINIST_0_20250409172933792.pdf”. página
419
7 Índice 3 de la plataforma SAMAI. Archivo denominado “ED-1-01Correo.pdf”
8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
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entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada9, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
23. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial10, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia11 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado12, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
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24. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200313 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
25. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200914 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
26. La causal alegada por la UGPP es la contemplada en el literal b) de la Ley
797 de 2003, norma que señala:
«a) […] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
27. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente15 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 16 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
14 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
16 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
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afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones17,
en especial, el principio de solidaridad18 y equilibrio financiero.
28. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Bajo ese entendido, esta Corporación 19 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»20.
29. Frente a esta causal, la apoderada de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y su aplicación al caso del señor Carmelo de Jesús Lora Estrada,
quien es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
precitada ley, pues nació el 15 de diciembre de 1939, y para el 1.° de abril de
1994, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de
40 años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas
de la transición según las cuales se le debe liquidar la pensión con el 75% del
promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que
17 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
18 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
19 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
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le hiciera falta para adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales
sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de
1994.
30. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos fácticos y
jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del contenido en
ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del
asunto planteado. La Sala observa que, entre los planteamientos expuestos en
la acción, se encuentra la afectación al patrimonio público, pues la UGPP indicó
que existe un aumento porcentual del 34% en el monto en que se reconoció la
pensión del señor Carmelo de Jesús Lora Estrada respecto del que debió
liquidarse.
31. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
32. Ahora, el punto de controversia recae en los factores y el IBL que fueron
aplicados por el Tribunal, pues según la UGPP al ser el demandado beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 correspondía dar
aplicación en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto a lo preceptuado en la
Ley 33 de 1985 y en relación con el IBL a lo consagrado en los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, así como los factores enlistados en forma taxativa en el
Decreto 1158 de 1994.
33. Sobre el particular, debe señalarse que en la sentencia objeto de estudio se
dijo que el accionado era beneficiario del régimen de transición, pero del inciso
primero del parágrafo 2 del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, por cuanto a la
entrada en vigencia de dicha normativa contaba con más de 15 años de servicios,
por lo que se concluyó que debía reconocerse el derecho pensional teniendo en
cuenta la edad, el tiempo y los factores establecidos en el Decreto - Ley 3135 de
1968 y su normativa reglamentaria.
34. Se tiene entonces, que la UGPP sustentó la acción especial de revisión
partiendo del supuesto de que el demandado era beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como
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se ha expuesto, el Tribunal en la sentencia, corroboró que es beneficiario de la
transición prescrita en la Ley 33 de 1985, por cuanto al 13 de febrero de 1985,
fecha en la que entró en vigencia la citada ley, ya había trabajado más de 15
años al servicio del Estado y bajo este entendido consideró procedente la orden
de reliquidación dada a la UGPP, aplicando en su integridad el régimen anterior.
35. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación21 ha considerado en varios de
sus pronunciamientos que,
«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en
que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida,
así como de la intención de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA
y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para enfatizar).
36. Esta Subsección encuentra razón en lo expuesto por el Tribunal. En
consecuencia, en cuanto a la interpretación del IBL de los beneficiarios del
régimen de transición de dicha norma, el Tribunal acogió una de las tesis de esta
Corporación vigente para la época, consistente en aplicar en forma integral el
régimen anterior, para efectos de calcular la liquidación de la mesada pensional
del demandado, esto es, el Decreto – Ley 3135 de 1968 aplicable al orden
Nacional.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
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37. Se precisa entonces que el objeto de la acción especial de revisión consiste
en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la
comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»22.
38. Debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los que se
fundamenta el recurso y la causal invocada23, en este caso, la consagrada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
39. Es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación normativa
para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento del Tribunal se enfocó
en la aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 1.º la Ley 33
de 1985, ante lo cual no realizó ninguna manifestación. En consecuencia, no
corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los argumentos expuestos
por la entidad recurrente al explicar la causal de revisión alegada y, por tanto, no
es posible realizar un estudio de dichos fundamentos.
40. Por lo expuesto, al existir una incongruencia de la sustentación de la causal
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 conforme a lo
fallado por el Tribunal en segunda instancia, se procederá a declarar infundada
la acción especial de revisión interpuesta por Colpensiones.
3.6. Condena en costas
41. Dado que esta Sección24 ha señalado que la acción especial de revisión,
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto
de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-
25-000-2019-00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp:
11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
24 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 29 de agosto de 2019, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 23001 33 33 007 2014 00587 01, que
modificó la sentencia de 8 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.
SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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