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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00501-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00501-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 13 de diciembre de 2018, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección segunda Subsección “A”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35 010 2013 00342 00, que confirmó parcialmente la sentencia de 10 de agosto de 2018 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00501-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00501-00 (4853-2022) (AER)
Accionante: Fondo de Prestaciones Económicas, cesantías y pensiones
• FONCEP
Demandado: Orfelia Rodríguez Garzón
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuesto de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción especial de revisión

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas, cesantías y pensiones –
FONCEP - en contra de la sentencia de 13 de diciembre de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “A”
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 33
35 010 2013 00342 01.
II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. La señora Orfelia Rodríguez Garzón, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra el Fondo de
Prestaciones Económicas, cesantías y pensiones - FONCEP, con el objetivo de
obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• La nulidad de la Resolución 1679/2009 del 28 de abril de 2009, a través de la
cual el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 14 de SAMAI archivo denominado “01Cuaderno1.pdf” folios 49-65 contenido en
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11001333501020130034.zip”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00501-00 (4853-2022)
Demandante: FONCEP

le negó la reliquidación pensional y cercenó un debido agotamiento de la vía
gubernativa.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene la respectiva
reliquidación teniendo en cuenta el 75% del promedio salarial de los factores
salariales devengados en el último año de servicio, (ii) el reconocimiento de los
reajustes legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la
indexación correspondiente, iii) condenar en intereses moratorios que se llegaren
a causar desde el momento en que se hizo exigible la obligación. iv) se condene
en costas a la entidad demandada.

3. Como fundamento fáctico, indicó que la señora Orfelia Rodríguez Garzón
prestó sus servicios al fondo educativo regional, desde el 10 de febrero de 1970
hasta el 19 de marzo de 2001. La Secretaria de Hacienda distrital de Bogotá a
través de la Resolución 0270 de 12 de diciembre de 2002 le reconoció una
pensión en cuantía de 391.605, sin incluir la totalidad de los factores salariales
percibidos en el último año de servicio. Sostuvo que, inconforme con esa
decisión, solicitó la reliquidación de la prestación, petición que fue negada
mediante la Resolución No. 3023 del 14 de noviembre de 2003.

4. Posteriormente, elevó una nueva solicitud el 13 de abril de 2009 para que se
reliquidara la prestación con la inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados, la cual fue negada por medio del Oficio Ref. GP. 1679 de 2009.

5. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado
desconoció el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, con el cual, su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo
devengado durante el último año de servicio, con la inclusión además de la
asignación básica, prima de antigüedad, auxilio de transporte, auxilio de
alimentación, prima semestral, bonificación, prima de navidad, bonificación por
recreación, entre otros y en general todo concepto que constituye salario durante
dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985
y la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión 3

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección
“A” dictó sentencia de segunda instancia el 13 de diciembre de 2018, en la cual

3 Índice 14 de SAMAI archivo denominado “01Cuaderno1.pdf” folios 271-283 contenido en
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11001333501020130034.zip”.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00501-00 (4853-2022)
Demandante: FONCEP

confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo Oral de Bogotá, con los siguientes argumentos:

7. Primeramente, señaló que la señora Orfelia Rodríguez Garzón laboró para el
Fondo Educativo Regional desde el 11 de febrero de 1970 al 19 de marzo de
2001, y que su pensión fue reconocida por la Secretaría de Hacienda de Bogotá
mediante la Resolución 0270 de 2002, liquidándola teniendo en cuenta el inciso
3° del artículo 36 de la Ley 100 en concordancia con el artículo 21 ibídem y con
los factores del Decreto 1158 de 1994.

8. En ese contexto, el Tribunal adoptó como criterio decisivo que los 20 años de
servicio son los que marcan el régimen pensional, y como la actora cumplió con
el mencionado requisito en 1990, ello implicaba que la Ley 100 de 1993 no le
afectaba en cuanto al régimen pensional aplicable.

9. Con base en lo anterior, concluyó que la actora estaba cobijada integralmente
por el régimen anterior, esto es, por la Ley 33 de 1985, y citó expresamente su
artículo 1°, del cual extrajo la regla de liquidación, en la que se indica que la
pensión corresponde al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio.

10. Por ello, consideró procedente confirmar la orden de reliquidar con el último
año. No obstante, aclaró que no podía mantenerse la instrucción de incluir la
totalidad de factores devengados de manera indiscriminada por mandato expreso
de la mencionada ley, por lo que precisó que la inclusión procede únicamente
respecto de aquellos rubros, sobre los cuales se hubiesen realizado cotizaciones.

11. En consecuencia, modificó el fallo apelado y ordenó reliquidar la prestación
con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios, esto es, entre el 19 de marzo de 2000 y el 19 de marzo
de 2001.

2.1.7. La acción especial de revisión4

12. El FONCEP, invocó como causales de revisión las consagradas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la
posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o
providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública y especialmente:

4 Índice 3 de SAMAI, archivo 2_DemandaWeb_Demanda-.pdf
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2022-00501-00 (4853-2022)
Demandante: FONCEP

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

13. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia expedida el 13 de diciembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “A” dentro del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Orfelia
Rodríguez Garzón contra el FONCEP, radicado 11001 33 35 010 2013 00342 01
que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado
Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bogotá del 10 de agosto de 2018.

ii) Ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la señora Orfelia Rodríguez
Garzón, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la Corte
Constitucional, de parte de esta corporación y de la normativa legal dispuesta en
las leyes 33 de 1985.

iii) Ordenar a la señora Orfelia Rodríguez Garzón, a reintegrar al recurrente, los
valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las
sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada pensional.

14. Para fundamentar la causal de revisión a) el FONCEP, sostuvo que, la señora
Orfelia Rodríguez Garzón no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada,
toda vez que, fue beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

15. Respecto a la causal b) estimó que, la pensión se liquidó con
desconocimiento de las providencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995,
C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210
de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018
y su pensión debe liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, con los factores de cotización establecidos
taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

2.1.8. Contestación

16. El señor José Edilberto Toquica Vanegas en su calidad de beneficiario de la
pensión de la señora Orfelia Rodríguez Garzón (q.e.p.d) fue notificado
personalmente de la admisión de la acción especial de revisión el 14 de junio de

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Acción especial de revisión
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Demandante: FONCEP

20245, como se advierte en el índice 25 del expediente digital disponible en
Samai. Sin embargo, no contestó la acción especial de revisión.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 13 de diciembre de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección "A"
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 23001 33
33 007 2014 00587 01 promovido por Orfelia Rodríguez Garzón contra el
FONCEP.

3.2. Oportunidad

18. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20036, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».

19. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

5 Índice 25 de la plataforma SAMAI.
6 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Demandante: FONCEP

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

20. Por lo expuesto, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 13
de diciembre de 2018 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “A” quedó ejecutoriada el 12 de febrero de 2019,
tal y como consta en el informe secretarial emitido por la secretaria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca7 y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 16 de junio de 20228, es decir, en tiempo para
interponer la acción especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

21. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 13 de diciembre de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección Segunda –
Subsección “A”, incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar al FONCEP, a reliquidar la
pensión de jubilación de la señora Orfelia Rodríguez Garzón con el 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio,
incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante dicho
periodo y sobre los cuales haya efectuado cotizaciones al sistema de seguridad
social.

22. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

23. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA9 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede

7 Índice 14 de SAMAI archivo denominado “01Cuaderno1.pdf” folio 295 contenido en
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_11001333501020130034.zip”.
8 Índice 4 de la plataforma SAMAI. Archivo “ED_ACTADEREPARTO.pdf”
9 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
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Demandante: FONCEP

entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 10, que
se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de
la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

24. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial11, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia12 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado13, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil

quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero

ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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Demandante: FONCEP

3.5. Análisis de la Sala

25. Las causales alegadas por el FONCEP son las contempladas en los literales
a) y b) de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«a) a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».

26. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.

27. En este caso el FONCEP cuestiona la sentencia de 13 de diciembre de 2018,
proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se
modificó la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Bogotá y se ordenó la reliquidación pensional a favor de la señora Orfelia
Rodríguez Garzón, para lo cual se fundamentó en la violación al debido proceso,
toda vez que en su parecer la pensión debió determinarse conforme al régimen
de transición establecido en la Ley 100 de 1993, es decir, con la inclusión de los
factores salariales señalados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994 y sobre
el promedio de los últimos 10 años de servicio.

28. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22
Especial de Decisión precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los
siguientes tres elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.

Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
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Demandante: FONCEP

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho
a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar
la decisión y la garantía de non bis in idem.

29. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por el Foncep para
fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, se
refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad
judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.

30. Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en relación con la aplicación del régimen de transición contenido
en la Ley 100 de 1993, asunto que no guarda relación con la violación al debido
proceso, pues no se alega el desconocimiento al juez natural o competente, ni
que se ignoraron las normas procesales correspondientes o que se omitió algún
aspecto del derecho de audiencia y defensa en los términos ya indicados. En ese
sentido, la Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal
contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5.2 Respecto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

31. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente14 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 15 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones16,
en especial, el principio de solidaridad17 y equilibrio financiero.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
15 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
16 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
17 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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Demandante: FONCEP

32. Frente a esta causal, el apoderado del FONCEP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y su aplicación al caso de la señora Orfelia Rodríguez Garzón, quien
es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
precitada ley, pues nació el 7 de mayo de 1945, y para el 30 de junio de 1995,
fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para las entidades
territoriales, contaba con 50 años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se
apliquen las prerrogativas de la transición según las cuales se le debe liquidar la
pensión con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de
10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, con inclusión de
los factores salariales sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos en
el Decreto 1158 de 1994.

33. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

34. La Sala observa que, entre los planteamientos expuestos en la acción, se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 0.07% en el monto en que se reconoció la pensión de la
señora Orfelia Rodríguez Garzón respecto del que debió liquidarse.

35. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

36. Ahora, el punto de controversia recae en los factores y el IBL que fueron
aplicados por el Tribunal, pues según FONCEP al ser la causante beneficiaria del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 correspondía dar
aplicación en cuanto a edad, tiempo de servicio y monto a lo preceptuado en la
Ley 33 de 1985 y en relación con el IBL a lo consagrado en los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, así como los factores enlistados en forma taxativa en el
Decreto 1158 de 1994.

37. Sobre el particular, debe señalarse que en la sentencia objeto de estudio se
dijo que la señora Rodríguez Garzón era beneficiaria del régimen pensional de la
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Ley 33 de 1985, por cuanto había acreditado los 20 años de servicio en 1990, y
concluyó que no le resultaba aplicable la Ley 100 de 1993 y por lo tanto debía
reconocerse el derecho pensional teniendo en cuenta la edad, el tiempo y los
factores establecidos en el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985.

38. Se tiene entonces, que el FONCEP sustentó la acción especial de revisión
partiendo del supuesto de que la causante era beneficiaria del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, como
se ha expuesto, el Tribunal en la sentencia, corroboró que era beneficiaria de la
Ley 33 de 1985, por cuanto al 11 de febrero de 1990, ya había completado los
20 años de servicio, consolidando su derecho bajo las prerrogativas de la citada
norma; y bajo este entendido consideró procedente la orden de reliquidación
dada al FONCEP.

39. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación18 ha considerado en varios de
sus pronunciamientos lo siguiente:

«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en
que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.

La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida,
así como de la intención de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA
y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para enfatizar).

18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia

del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
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40. Se precisa entonces que el objeto de la acción especial de revisión consiste
en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la
comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»19.

41. Debe existir entonces correspondencia entre los argumentos en los que se
fundamenta el recurso y la causal invocada20, en este caso, la consagrada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de lograr la aplicación
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

42. Es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación normativa
para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento del Tribunal se enfocó
en la aplicación de la Ley 33 de 1985, ante lo cual no realizó ninguna
manifestación. En consecuencia, no corresponde a la Sala exceder en la
interpretación de los argumentos expuestos por la entidad recurrente al explicar
la causal de revisión alegada y, por tanto, no es posible realizar un estudio de
dichos fundamentos.

43. Por lo expuesto, al existir una incongruencia de la sustentación de la causal
consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 conforme a lo
fallado por el Tribunal en segunda instancia, se procederá a declarar infundada
la acción especial de revisión interpuesta por el FONCEP.

3.6. Condena en costas

44. Dado que esta Sección21 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto

de 2024. Exp: 11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 En similar sentido se pronunció esta Subsección en varias sentencias, a saber: Consejo de Estado. Sala

de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp: 11001-03-
25-000-2019-00898-00 (6445-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado. Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 5 de febrero de 2019. Exp:
11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
21 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 13 de diciembre de 2018, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección segunda
Subsección “A”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001 33 35 010 2013 00342 00, que confirmó parcialmente la sentencia de 10
de agosto de 2018 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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