RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2021-00015-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00015-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00015-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida el 11 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se confirmó la dictada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga del 12 de mayo de 2017. Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso ordinario con radicado 68001-33-33-008-2015-00371-00 al juzgado de origen y archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00015-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Vinculados: Nazly del Rosario Caldera Sierra
Temas: Causales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Presupuestos de configuración.
Decisión: Declarar infundada la acción especial

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003

1. La Sala de Subsección A procede a resolver la acción especial de revisión 1
consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentada por la UGPP en
contra de la sentencia del 11 de julio de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del medio de control nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 68001-33-33-008-2015-00371-00.

I. ANTECEDENTES

Del proceso ordinario inicial
2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 del CPACA,2 la señora Nazly del Rosario Caldera
Sierra solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 005575 del 11 de febrero de
2015, RDP 013691 del 9 de abril de 2015 y RDP 018080 del 8 de mayo de 2015,
por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia y
resolvió desfavorablemente los recursos interpuestos en sede administrativa. A
título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara el reconocimiento de
dicha prestación, así como el pago de las mesadas causadas desde la adquisición
del estatus pensional, debidamente indexadas.

3. Aquella indicó que laboró como docente nacionalizada del orden municipal en el
municipio de Sabana de Torres, desde el 19 de febrero de 1977 hasta el 30 de enero
de 1978, según Decreto 055 de 1977 y acta de posesión 0056 de la misma fecha.
Asimismo, señaló que desde el 9 de mayo de 1995 se vinculó como docente en el
municipio de Bucaramanga, mediante Decreto 0268 de 1995. Agregó que, al estimar

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-
25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

acreditados los requisitos legales, solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia, petición que fue negada mediante los actos administrativos
acusados.

Sentencia de primera instancia3
4. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante
sentencia del 12 de mayo de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda. Para
el efecto, tuvo por acreditado que la señora Caldera Sierra prestó sus servicios
como docente en el municipio de Sabana de Torres, en virtud del Decreto 055 del
19 de febrero de 1977 y del acta de posesión 0056 de la misma fecha. Además,
valoró la certificación expedida por dicho ente territorial, en la que se indicó que
aquella prestó servicios como educadora desde el 1.º de febrero de 1977 hasta el
30 de enero de 1978.

5. Asimismo, encontró probado que mediante Decreto 0268 del 11 de abril de 1995,
el alcalde de Bucaramanga nombró a la actora como docente del plantel educativo
Construyendo el Futuro, con cargo a la nómina del municipio, cargo del cual tomó
posesión el 9 de mayo de 1995. Sobre este vínculo, también tuvo en cuenta la
certificación expedida por el municipio de Bucaramanga y la historia laboral del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, documentos en los que se
registró que la citada se desempeñaba como docente municipal en propiedad.

6. A partir de lo anterior, el juzgado concluyó que los tiempos prestados en Sabana
de Torres y Bucaramanga eran válidos para efectos de la pensión gracia y que, al
ser acumulados, permitían tener por acreditado el requisito de veinte años de
servicio docente. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, a partir del 28 de marzo de 2014.

Recurso de apelación

7. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda. Como sustento de su inconformidad, insistió en que la señora Nazly del
Rosario Caldera Sierra no acreditó veinte años de servicio en la docencia oficial de
carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, requisito que consideró
indispensable para acceder a la pensión gracia.

8. En ese sentido, señaló que para el reconocimiento de dicha prestación no era
posible computar tiempos de servicio del orden nacional ni aquellos desempeñados
en cargos administrativos, total o parcialmente. Además, sostuvo que la actora no
demostró plenamente que se encontrara vinculada a la docencia oficial al 31 de

3
Visible en las páginas 288 a 302 del archivo 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL.pdf del
expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

diciembre de 1980, pues, a juicio de la entidad, la finalidad de la norma era proteger
únicamente las expectativas de los docentes vinculados hasta esa fecha.

Sentencia objeto de revisión4
9. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 11 de julio de
2019, confirmó la decisión proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga, que había accedido a las pretensiones de la demanda.
Para resolver el recurso de apelación, la corporación precisó que el debate consistía
en determinar si la señora Caldera Sierra tenía derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, para lo cual analizó los requisitos de la prestación, los tiempos de
servicio hábiles y la incidencia de la fecha de vinculación docente anterior al 31 de
diciembre de 1980.

10. En lo relativo a la vinculación anterior a dicha fecha, el Tribunal sostuvo que la
expresión «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», contenida en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, no exigía que para ese momento el docente tuviera
un vínculo laboral vigente, sino que hubiera estado vinculado con anterioridad. Bajo
esa misma línea, señaló que la pérdida de continuidad no constituía una causal para
negar el derecho pensional, pues los servicios podían computarse en diversas
épocas.

11. Al estudiar el caso concreto encontró probado que la actora nació el 7 de mayo
de 1960, por lo que cumplió 50 años de edad el 7 de mayo de 2010. Asimismo, tuvo
por acreditado que fue nombrada como docente oficial mediante Decreto 055 del 19
de febrero de 1977, expedido por el alcalde del municipio de Sabana de Torres, y
que tomó posesión en la misma fecha, según acta 0056. Sobre este vínculo,
consideró que era de carácter territorial, en atención a la autoridad que profirió el
nombramiento y a que, según certificación del municipio, las acreencias laborales
se pagaron con recursos propios de dicha entidad territorial.
12. De igual forma, el Tribunal estableció que ese primer vínculo se extendió hasta
el 30 de enero de 1978, de conformidad con el certificado de historia laboral y la
certificación expedida por el Municipio de Sabana de Torres, para un total de 11
meses y 11 días. Luego, advirtió que la demandante se vinculó nuevamente al
servicio docente oficial mediante Decreto 0268 del 11 de abril de 1995, y que tomó
posesión el 9 de mayo de esa anualidad, según acta 0499.

13. A partir de esa valoración, concluyó que los tiempos laborados por la señora
Caldera Sierra en los municipios de Sabana de Torres y Bucaramanga eran
computables para efectos de la pensión gracia, en tanto correspondían a servicios
docentes oficiales del orden territorial. En consecuencia, estimó acreditado el
requisito de veinte años de servicio, así como la edad mínima exigida para acceder
a la prestación, razón por la cual confirmó la sentencia apelada.

4 Visible en las páginas 314 a 326 del archivo 4_DemandaWeb_Demanda-ANEXOSEXPEDIENTEPRESTACIONAL.pdf del

expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

De la acción especial de revisión
14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, en ejercicio de la acción especial de
revisión, solicitó infirmar la sentencia del 11 de julio de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, confirmatoria de la dictada el 12 de mayo de 2017 por
el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, al considerar
configuradas las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.

15. Señaló que la señora Nazly del Rosario Caldera Sierra no cumplía los requisitos
para acceder a la pensión gracia, pues, en criterio de la entidad, no acreditó veinte
años de servicio docente con vinculación territorial o nacionalizada. Al respecto,
sostuvo que, si bien la actora prestó servicios en el municipio de Sabana de Torres,
desde el 19 de febrero de 1977 hasta el 30 de enero de 1978, y en el municipio de
Bucaramanga, desde el 9 de mayo de 1995 hasta el 31 de agosto de 2019, el
periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2003 y el 31 de agosto de 2019 no
podía computarse para efectos de la prestación, por haber sido financiado con
recursos del Sistema General de Participaciones.

16. En relación con la causal a), sostuvo que el reconocimiento de la pensión gracia
se produjo con violación del debido proceso, por cuanto, a su juicio, se otorgó el
derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales, particularmente en lo atinente
a la acreditación de la naturaleza de la vinculación docente. Indicó que, de acuerdo
con los actos administrativos y certificaciones obrantes en el expediente pensional,
los servicios prestados en Sabana de Torres y en Bucaramanga hasta el 31 de
diciembre de 2002 tenían carácter municipal; sin embargo, a partir del 1.º de enero
de 2003, la actora fue incorporada a la planta global de cargos del sector educativo
del municipio con cargo al Sistema General de Participaciones.

17. Con fundamento en ello, concluyó que la señora Caldera Sierra solo acreditaba
8 años, 7 meses y 4 días de vinculación territorial, frente a 16 años y 8 meses de
servicios que, según la entidad, fueron pagados con recursos de la Nación. Por esa
razón, consideró que la sentencia objeto de revisión computó un periodo que no
correspondía a una vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada,
sino nacional, y que ello condujo al reconocimiento de una prestación sin el
cumplimiento de los requisitos legales.

18. Si bien la UGPP invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, el reproche formulado se centró en que, a su juicio, la
señora Caldera Sierra no acreditó veinte años de servicio docente territorial o
nacionalizado. En esa medida, sostuvo que el reconocimiento pensional ordenado
en la sentencia objeto de revisión desconoció la normativa aplicable a la pensión
gracia y generó el pago de sumas que, en su criterio, no eran legalmente debidas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

19. Con fundamento en lo anterior, la UGPP afirmó que la providencia objeto de
revisión desconoció las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así
como el precedente judicial en la materia, lo que condujo al reconocimiento erróneo
de la prestación pensional. Por ello, solicitó infirmarla, para en su lugar declarar que
no le asistía derecho a la señora Caldera Sierra al reconocimiento de la pensión
gracia y ordenar la restitución de las mesadas pagadas, debidamente actualizadas
e indexadas, junto con los intereses moratorios correspondientes.

Oposición
20. La señora Nazly del Rosario Caldera Sierra, por conducto de apoderado, se
opuso a la prosperidad de la acción especial de revisión y solicitó rechazarla por
carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. Para el efecto, sostuvo que la UGPP
pretendía reabrir un debate ya resuelto dentro del proceso ordinario, en el cual se
había acreditado que su vinculación docente fue de carácter territorial y que cumplía
los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia.

21. Indicó que las decisiones adoptadas en el proceso ordinario se ajustaron al
ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues tanto el
Juzgado Octavo Administrativo Oral de Bucaramanga como el Tribunal
Administrativo de Santander concluyeron que la naturaleza jurídica del vínculo se
determina a partir del ente nominador y del acto administrativo de nombramiento.

22. En esa línea, señaló que su vinculación docente fue de carácter municipal, toda
vez que fue nombrada por autoridades de ese orden territorial. Al respecto, sostuvo
que mediante Decreto 055 del 19 de febrero de 1977, expedido por el alcalde de
Sabana de Torres, fue designada como profesora de la Concentración Escolar
Santísima Trinidad, cargo del cual tomó posesión en la misma fecha.
Posteriormente, mediante Decreto 0268 del 11 de abril de 1995, el alcalde de
Bucaramanga la nombró como docente del plantel educativo Construyendo el
Futuro, con cargo a la nómina del municipio, posesionándose el 9 de mayo de 1995.

23. Agregó que ambos entes territoriales certificaron la naturaleza municipal de su
vinculación y que, en el caso de Sabana de Torres, los pagos al personal docente
se realizaban con recursos propios. Por ello, afirmó que las manifestaciones de la
UGPP sobre una presunta vinculación nacional eran contrarias a la realidad
probatoria del expediente y reiteró que cumplía los requisitos para el reconocimiento
de la pensión gracia.

II. CONSIDERACIONES

Competencia
24. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA, norma que estableció que cuando se trate de sentencias proferidas
por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde conocer a la Sección
Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad
con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

De la oportunidad para interponer la acción
25. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá
formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos
que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

26. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

27. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 11 de
julio de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de Santander, ejecutoriada el 22
de julio de 2019, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la Corporación
el 09 de diciembre de 20205, es decir, en término para impetrar la acción especial
de revisión.

Problema jurídico
28. Corresponde determinar si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander el 11 de julio de 2019, que confirmó la decisión del Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga del 12 de mayo de 2017, se
encuentra incursa en las causales de revisión previstas en los literales a y b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

29. Con tales fines, se examinará la naturaleza y alcance de la acción especial de
revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, así como el contenido de
las causales invocadas y su aplicación al caso concreto.

5 Según consta en el índice 03 del aplicativo SAMAI

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

La naturaleza y objeto de la acción especial de revisión

30. El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de
naturaleza especial,6 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.

31. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.7 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o de
conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.

32. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial.8

33. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem9 y en el artículo 6 del Decreto 5021
de 200910 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor General
de la República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.

34. En cuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.11 Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-

2012-00561-00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
7 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-

05275-01, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.°

11001-03-25-000-2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
10 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus dependencias.
11 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-835

de 2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

35. Esta corporación12 ha señalado que estas causales constituyen una herramienta
útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y, consecuentemente,
corregir todos aquellos reconocimientos pensionales13 fraudulentos y en exceso de
los topes previstos en las respectivas leyes y/o pactos o convenciones colectivas de
trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».14

36. En lo que corresponde a la primera causal, la jurisprudencia ha expresado que
el derecho fundamental al debido proceso fue erigido como garantía en la relación
existente entre el Estado y los asociados, de manera que exista equilibrio entre la
autoridad que aquél ejerce frente a la libertad con que el ciudadano acude a él para
hacer valer sus derechos15.

37. Por tanto, se ha venido señalando que las prerrogativas del debido proceso
corresponden a:16

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca
una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

12 Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-

2016-02022-00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
13 Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos

públicos, pues ellas también están comprendidas dentro del referido recurso.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.°

11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
15 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero

de 2019, expediente N.° 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
16 Ejusdem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

38. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen
reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.

39. Y en lo atinente a la segunda causal, esta ha sido considerada
jurisprudencialmente17 como un instrumento que persigue fortalecer el principio de
la moralidad administrativa18 y permite corregir los reconocimientos pensionales que
se han efectuado en exceso y que afectan los principios filosóficos que orientan el
Sistema General de Pensiones19, en especial, el principio de solidaridad20 y
equilibrio financiero.

Caso concreto
40. Pues bien, en lo concerniente a la causal prevista en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, la entidad accionante sostiene, en síntesis, que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en una vulneración al
debido proceso, en tanto reconoció la pensión gracia a favor de la señora Nazly del
Rosario Caldera Sierra sin el cumplimiento de los requisitos legales, particularmente
en lo relativo a la acreditación de la naturaleza de designación docente.

41. En ese sentido, señala que la educadora solo acreditó 8 años, 7 meses y 4 días
de vinculación territorial, pues, aunque aceptó que los servicios prestados en
Sabana de Torres y en Bucaramanga hasta el 31 de diciembre de 2002 tenían
carácter municipal, consideró que el periodo comprendido entre el 1.º de enero de
2003 y el 31 de agosto de 2019 no podía computarse para efectos de la prestación,
por haber sido financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.

42. Ahora bien, para la Sala los argumentos de la entidad con los que pretende
soportar la configuración de la causal a) en comento, no encajan dentro del alcance
de la vulneración al debido proceso relacionado con el derecho al juez natural o
funcionario competente; el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento; y menos aún alega la vulneración a las garantías procesales como
de audiencia y defensa, decisión motivada, segunda instancia, entre otras; por el
contrario, se enfoca en cuestionar la valoración probatoria efectuada por la
autoridad judicial y el consecuente reconocimiento de la pensión gracia.

43. En ese orden, se tiene que la entidad, por vía de la acción especial de revisión,
controvierte la valoración probatoria efectuada por el Tribunal frente al tipo de
vinculación de la educadora, al estimar que no se probó de manera fehaciente que
correspondiera al orden territorial, pretendiendo así reabrir el debate frente al

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
18 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
19 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad
y progresión racional.
20 Ratio o razón de ser de la seguridad social.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

análisis efectuado en torno al material probatorio, lo cual no resulta viable, pues este
mecanismo judicial no puede ser visto como una tercera instancia.21 Por tanto, lo
planteado por la UGPP no revela un defecto estructural del proceso ni una
transgresión del debido proceso, sino una discrepancia con la conclusión probatoria
y la hermenéutica adoptada por el juez natural; por lo que no se configura la causal
a) prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

44. Ahora bien, en lo que concierne a la causal b), se advierte que la UGPP no
formuló un reparo autónomo frente a la liquidación, los factores salariales o la
cuantía específica de la pensión reconocida. En realidad, el reproche relativo al
pago de sumas superiores a las debidas se planteó como consecuencia de la
presunta falta de acreditación de los requisitos legales para acceder a la pensión
gracia, particularmente el tiempo de servicio docente territorial o nacionalizado.

45. Así las cosas, como el cuestionamiento no se dirige a demostrar que la cuantía
de la prestación excediera lo legalmente debido, sino a controvertir la procedencia
misma del reconocimiento pensional, la Sala considera que tampoco se configura
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

46. Importante rememorar que la acción de la referencia se encuentra revestida de
un carácter excepcional y especial, por lo que quien haga uso de la misma tiene la
carga de invocar debidamente la causal y sustentar con claridad y concreción los
argumentos que la respalden, pues, se pretende infirmar una decisión judicial
ejecutoriada, es decir, que la posibilidad de recurrir a la acción especial de revisión
implica una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen
tránsito a cosa juzgada, por lo que resulta razonable la exigencia de un mayor rigor
argumentativo en el análisis de este tipo de asuntos, y por ende no deviene
procedente interpretar la demanda con miras a encuadrar la causal, como tampoco
realizar un estudio íntegro del fallo cuestionado, máxime cuando no se trata de una
tercera instancia.

47. En consecuencia, al no acreditarse que el reconocimiento pensional se hubiera
obtenido con violación del debido proceso, ni que la cuantía del derecho reconocido
excediera lo debido conforme a la ley, se declarará infundada la acción especial de
revisión promovida por la UGPP.

Condena en costas
76. Dado que esta Sección22 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales

21
Ver entre otras, sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado de 19 de marzo de 2026, radicado 11001-03-25-000-2024-00570-00 (6603-2024), y 11001-
03-25-000-2022-00501-00 (4853-2022) (AER).
22
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 25 000 2021 00015 00 (0023-2021)
Demandante: UGPP

detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se
abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
Primero. DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP por las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida
el 11 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual
se confirmó la dictada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga del 12 de mayo de 2017.

Segundo. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ordinario con radicado 68001-33-33-008-2015-00371-00 al juzgado de origen y
archivar la acción especial de revisión, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas
concordantes del Código General del Proceso.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4
de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.