Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00570-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00570-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00570-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00570-00 (6603-2024)
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Demandado: Hugo Nelson Rojas Castañeda
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal a). Omisión en la defensa de la improcedencia de la
reliquidación de la asignación de retiro. DECLARA
INFUNDADA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL) contra la sentencia del veintitrés 23 marzo de dos mil veintitrés
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima2, para lo cual invocó la
causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que el suboficial sargento primero Hugo Nelson Rojas Castañeda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda
en su contra con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 5367 del 2 de julio de
2015, mediante la cual le fue reconocida su asignación de retiro. A título de
restablecimiento del derecho solicitó ordenar el reajuste de dicha asignación, con
aplicación de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en virtud de los
principios de favorabilidad e igualdad.
2. Que al contestar la demanda sostuvo que lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, objeto de pronunciamiento en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado del 25 de abril de 2019, no resultaba aplicable al caso, por
cuanto dicha decisión se ocupó de regular lo relativo a las asignaciones de retiro de
los soldados profesionales e infantes de marina, mas no de los oficiales y
suboficiales.
3. A pesar de ello, mediante sentencia del 20 de octubre de 2022, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué accedió parcialmente a las
1 La presentación de la acción se efectuó el 25 de noviembre de 2024, de acuerdo con la anotación efectuada
por la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 0003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó parcialmente la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por el Juzgado Segundo
Administrativo de Ibagué que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Hugo Nelson Rojas Castañeda.
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pretensiones, ordenó reliquidar y pagar la asignación de retiro conforme a lo previsto
en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y declaró probada la excepción de
prescripción respecto de los derechos causados con anterioridad al 23 de
noviembre de 2016.
4. Que contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 23 de marzo de
2023, a través de la cual confirmó parcialmente la decisión.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
5. En providencia del 23 de marzo de 20233, el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro en los términos del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,
esto es, en cuantía equivalente al 70% del sueldo de actividad correspondiente al
cargo desempeñado en todo tiempo, adicionado con el 38,5% correspondiente a la
prima de antigüedad, bajo el entendido de que el porcentaje de esta debía
calcularse a partir del 100% del salario mensual consignado en la hoja de servicios.
6. No obstante, modificó el numeral primero de la sentencia apelada en lo relativo a
la prescripción, al declarar probada esta excepción respecto de las mesadas
causadas con anterioridad al 23 de noviembre de 2017.
7. Para sustentar su decisión, expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:
8. Que el análisis se centraría únicamente en establecer si la decisión de primera
instancia fue acertada al aplicar la prescripción cuatrienal prevista en el Decreto
1211 de 1990 o si, por el contrario, como lo sostuvo la parte demandada, debía
aplicarse la prescripción trienal consagrada en el Decreto 4433 de 2004, teniendo
en cuenta que su competencia era parcial, en la medida en que solo una de las
partes interpuso recurso de apelación y este se limitó a dicho aspecto.
9. Señaló que el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, «por el cual se reforma el
estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares», estableció
un término de prescripción de 4 años para las mesadas, contado a partir de la fecha
en que se hicieron exigibles, el cual se interrumpe con la presentación de un reclamo
escrito ante la autoridad competente, pero únicamente por un lapso igual.
10. Indicó que, a partir del 31 de diciembre de 2004, mediante el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004, el Gobierno Nacional modificó dicho término de prescripción,
reduciéndolo de 4 a 3 años, disposición que resulta aplicable hacia el futuro.
11. En ese sentido, consideró procedente aplicar la prescripción trienal prevista en
el Decreto 4433 de 2004, de conformidad con lo señalado por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia del 10 de octubre de 2019,
3 Véase archivo digital «17RECIBE MEMORIAL_25632024RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 15», Carpeta 001
Cuaderno Principal, archivo «064DesiciónSegundaInstancia.pdf». Págs. 4-27 del índice 00015 de SAMAI.
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mediante la cual se aclaró la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019, en el sentido de precisar que la regla de prescripción aplicable es
la contenida en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
12. Advirtió que mediante la Resolución 5367 del 2 de julio de 2015 se ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro del sargento primero del Ejército,
con efectos a partir del 8 de agosto de 2015. En consecuencia, como desde esa
fecha se causó el derecho, la disposición aplicable en materia de prescripción es la
prevista en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, según la cual las mesadas de
asignación de retiro y pensiones contempladas en dicho decreto prescriben en el
término de 3 años, contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.
13. Con fundamento en lo anterior, concluyó que, dado que la demanda fue
presentada el 23 de noviembre de 2020 —sin que obre prueba de una reclamación
administrativa previa que hubiese interrumpido el término prescriptivo—, debía
declararse la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 23 de
noviembre de 2017 y no desde 23 de noviembre de 2016, como lo declaró la primera
instancia.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
14. CREMIL interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:
15. Sostuvo que la decisión adoptada incurrió en diversos defectos sustantivos que
condujeron al indebido reajuste de la asignación de retiro reconocida al señor Hugo
Nelson Rojas Castañeda.
16. Indicó que el reajuste fue ordenado con fundamento en la fórmula establecida
en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril de 2019,
proferida dentro del expediente 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-16) CE-
SUJ2-015-19. A su juicio, dicha decisión se refiere exclusivamente al régimen
aplicable a los soldados profesionales e infantes de marina y no al de los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, categoría a la que pertenecía el demandante,
quien ostentaba el grado de sargento primero del Ejército Nacional.
17. Señaló que, si bien el Tribunal reconoció en la sentencia que el actor tenía la
calidad de suboficial, no se pronunció frente al error en que, según afirma, incurrió
el juez de primera instancia al aplicar el criterio jurisprudencial fijado en la
mencionada sentencia de unificación, pese a que dicha circunstancia fue advertida
por la entidad tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de
conclusión. En su criterio, esta situación configuró una vulneración del principio de
legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso, en la medida en
que se aplicó una regla jurisprudencial prevista para una categoría distinta de
miembros de la Fuerza Pública.
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18. Expresa que la providencia se fundamentó en normas impertinentes y
atribuyeron a las disposiciones aplicadas efectos distintos a los previstos por el
legislador, lo que condujo a una interpretación inadecuada y no sistemática del
marco normativo aplicable.
19. Que el Decreto 4433 de 2004 establece en su artículo 13 las partidas
computables para la liquidación de la asignación de retiro y distingue claramente el
régimen aplicable a oficiales y suboficiales del previsto para soldados profesionales
e infantes de marina, distinción que, a su juicio, fue desconocida.
20. Que el principio de favorabilidad únicamente resulta aplicable cuando existe
duda sobre la disposición jurídica que gobierna el caso o cuando varias normas
vigentes regulan la misma situación jurídica, hipótesis en las cuales el operador
jurídico debe optar por la interpretación más favorable al trabajador, siempre
respetando el principio de inescindibilidad de la ley, según el cual el cuerpo
normativo que regula una determinada situación jurídica debe aplicarse en su
integridad.
21. Afirmó que en el asunto no existía incertidumbre respecto de la normativa
aplicable a la situación prestacional del señor Hugo Nelson Rojas Castañeda, pues,
atendiendo al cargo que desempeñaba y a la fecha de su retiro del servicio, el
régimen vigente era el previsto en el Decreto 991 de 2015, sin que existiera otra
regulación concurrente que justificara acudir al principio de favorabilidad.
22. Dijo además que dicho régimen tampoco admitía interpretaciones divergentes,
porque la normativa establecía de manera expresa los requisitos para acceder a la
asignación de retiro y las reglas para su liquidación. En consecuencia, señaló que
lo pretendido por la parte actora consistía en combinar disposiciones de distintos
regímenes normativos para aplicar en cada caso la regla más favorable, lo cual
resulta incompatible con el principio de inescindibilidad de la ley.
23. Manifestó que la decisión judicial también desconoce los principios de eficiencia,
sostenibilidad financiera y responsabilidad fiscal, en la medida en que ordena el
reconocimiento de una prestación no prevista en la ley. Afirmó que el sistema de
asignaciones de retiro se financia con recursos propios provenientes de los aportes
efectuados por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y con recursos
del presupuesto general de la Nación, de modo que el reconocimiento de
prestaciones no contempladas en el ordenamiento jurídico incrementa el pasivo
pensional del Estado y compromete el equilibrio financiero del sistema.
Contestación a la acción de revisión
24. La parte demandada4 pese a ser notificada en debida forma sobre la admisión
de la acción, guardó silencio.
4 Véase índice 00020 de SAMAI.
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Concepto del Ministerio Público
25. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado señaló 5 que,
para acreditar la causal invocada, no es posible reiterar los fundamentos del litigio
propio del proceso que dio origen a la providencia recurrida, sino explicar
concretamente de qué manera la sentencia vulneró el derecho fundamental al
debido proceso en el ámbito judicial. Indicó que, aunque el reconocimiento
prestacional fue solicitado en primera instancia y concedido parcialmente, la entidad
demandada solo cuestionó la prescripción y no el fondo del derecho reclamado; por
ello, no resulta procedente reabrir en sede de revisión el debate sobre el
reconocimiento prestacional.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. La Subsección deberá analizar si, en la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima del 23 de marzo de 2023, se configura la causal de revisión alegada por la
entidad demandante. En particular, si la orden de reliquidación de la asignación de
retiro del señor Hugo Nelson Rojas Castañeda con el 70% sobre la sumatoria de
sueldo básico más el porcentaje de prima de antigüedad, implicó un
desconocimiento del debido proceso.
27. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
28. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones6 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
29. Así, el legislador creó este mecanismo extraordinario para las condenas
emitidas exclusivamente por sumas periódicas o pensiones o los emolumentos que
se le asemejen, dada la afectación sustancial que con éstas se genera en las
finanzas públicas en el caso de ser ordenadas desconociendo la normatividad y
jurisprudencia aplicable, lo cual excluye otros conceptos, así sean conexos al
derecho pensional.
30. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
5 Véase índice 00021 de SAMAI.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada.
31. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
sido considerada como un mecanismo especial7 por al menos tres razones: la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción, su finalidad y las
causales para su procedencia.
32. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social8, así como el principio de
universalidad que lo inspira9 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
33. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
34. En este sentido, este mecanismo extraordinario se instituyó no solo como un
instrumento orientado a la lucha contra la corrupción, sino también como una
herramienta destinada a salvaguardar el interés general, al detener o armonizar con
la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia
o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible
o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de
cierre.
35. En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo
del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
7 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-
00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
8 Esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)». Ibidem.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental,
encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se
surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de
lograr la aplicación correcta de la justicia.
36. Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado10 como la Corte Constitucional11
son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto
en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem»12.
37. Importa destacar que, el debido proceso comprende una serie de garantías que
permiten el acceso a la administración de justicia y la emisión de decisiones
judiciales de manera oportuna y eficiente, asegurando, en todo caso, la
materialización del principio de legalidad. De ahí el contenido del artículo 29
Superior, según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».
38. En ese sentido, la revisión pretende la evaluación de eventuales atropellos o
desafueros a partir de la demostración de una realidad diferente a la del proceso,
concretamente, evitar la expoliación de los recursos públicos; y únicamente dentro
del marco de invocación precisado por las causales establecidas en la ley.
Limitación y alcance de la sede de revisión
39. Dada la naturaleza excepcional de la revisión, las causas o motivos en que se
fundamenta esta acción no deben considerarse como una vía procesal para corregir
fallos o errores que las partes o sus representantes legales pudieran haber cometido
durante el desarrollo del proceso que dio lugar a la sentencia impugnada, ya que
este mecanismo no supone una nueva instancia ni brinda la oportunidad de
enmendar errores o negligencias derivados de la falta de diligencia del interesado.
40. En estos términos ya se pronunció esta Corporación al señalar que dicha acción
«[…] no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes
Barreiro.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
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aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la
Ley, o en un valor mayor al que corresponde»13.
41. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
42. La entidad sostiene que con la decisión adoptada se incurrió en una vulneración
del debido proceso, al ordenar el reajuste de la asignación de retiro del señor Hugo
Nelson Rojas Castañeda con fundamento en la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019, la cual —según afirma— resulta aplicable únicamente a soldados
profesionales e infantes de marina y no a oficiales o suboficiales, como era el caso
del demandado. Señala que, pese a haberse advertido esta circunstancia durante el
trámite de la instancia, se aplicó dicho precedente, con lo cual se desconoció el
régimen previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 991 de 2015, así como, entre otros,
los principios de legalidad e inescindibilidad de la ley, generando además un impacto
en la sostenibilidad financiera del sistema.
43. Desde esta perspectiva, corresponde a la Sala verificar si el presunto
desconocimiento del debido proceso alegado por la entidad se origina en una
actuación irregular del juez que haya afectado las garantías propias de ese derecho
durante la expedición del fallo o, por el contrario, en la forma en que la entidad ejerció
su defensa dentro del proceso ordinario, con el fin de determinar si, en este último
evento, resulta procedente continuar con el análisis del asunto.
44. Al respecto, de la actuación ordinaria, se destaca:
• Que, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho14, el señor Rojas
Castañeda solicitó la reliquidación de su asignación de retiro en la forma
establecida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, esto es, aplicando el 70%
sobre el sueldo básico, y adicionando a dicho resultado el 38,5 % correspondiente
a la prima de antigüedad.
• En su contestación15, CREMIL circunscribió su defensa a señalar que el
demandante no tenía derecho al reajuste ni a la reliquidación de la asignación de
retiro, por cuanto la normativa cuya aplicación pretende, así como la providencia
que invoca (sentencia de unificación del 25 de abril de 2019), se refiere a la
liquidación de la asignación de retiro de soldados profesionales, calidad que no
ostentó el señor Rojas Castañeda durante su servicio activo, pues recibió la
asignación de retiro en el grado de sargento primero, en condición de suboficial.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Revisión. Sentencia
del 2 de junio de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-03049-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14 Véase folios 4 y 6, archivo «001DEMANDA Y ANEXOS», índice 00019 de SAMAI.
15 Véase archivo «016. 2021-00122 CremilPoderyContestaDemanda 05-10-21», ibid.
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También, propuso la excepción de inepta demanda, al considerar que no se
agotaron los recursos en vía administrativa contra el acto demandado ni el
requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial. Finalmente, indicó que, en
caso de accederse a las pretensiones, debía aplicarse la prescripción trienal
prevista en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, objeto de pronunciamiento
por parte del Consejo de Estado en la sentencia del 10 de octubre de 2019.
• Que la primera instancia concluyó que CREMIL calculó el 70 % sobre la suma
del sueldo básico y la prima de antigüedad, en lugar de aplicar el 70 % del sueldo
básico y adicionar el 38,5 % de la prima de antigüedad, como lo dispone el artículo
16 del Decreto 4433 de 2004. Por ello, declaró la nulidad parcial del acto
demandado y ordenó reliquidar la asignación conforme a dicha norma, con efectos
fiscales desde el 23 de noviembre de 2016, en aplicación de la prescripción
cuatrienal fijada por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de marzo de 2010
(exp. 0474-09).
• Por su parte, CREMIL apeló la decisión, al considerar que «(..) el término
prescriptivo a aplicar, no es el CUATRIENAL dispuesto en la sentencia de primera
instancia y contemplado en los artículos 10 y 174 del Decreto 1211 de 1990 y
Decreto 2728 de 1968, sino el TRIENAL de que trata el artículo 43 del Decreto
4433 de 2004 (…)»16.
• Que el Tribunal Administrativo del Tolima, al resolver el recurso de apelación
interpuesto por la UGPP, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia
en lo concerniente al régimen de prescripción aplicable. Sin embargo, limitó el
estudio a los argumentos expuestos por la entidad en su recurso.
45. Advierte la Sala que la entidad contó con las oportunidades procesales para
cuestionar la forma en que debía reliquidarse la asignación de retiro; sin embargo,
en el recurso de apelación limitó su inconformidad al término de prescripción
aplicable, sin controvertir el fundamento jurídico de la reliquidación ordenada.
46. En tales condiciones, la inconformidad planteada en esta sede no evidencia la
configuración de un error que comprometa las garantías propias del debido proceso
ni de una irregularidad procesal que habilite la procedencia de la acción especial de
revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Antes bien,
corresponde a un argumento que la entidad omitió desarrollar dentro del proceso
ordinario, pese a haber contado con las oportunidades procesales para plantearlo.
47. Lo que se advierte es que CREMIL pretende, a través de este mecanismo
extraordinario, suplir las omisiones de su estrategia de defensa dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, en particular la falta de cuestionamiento,
en el recurso de apelación, respecto de la procedencia misma del derecho
reclamado, esto es, la reliquidación de la asignación de retiro. Sin embargo, la
16 Véase archivo denominado «031.2021-00122 RecursoApelacionyPoderCremil25-10-22», ibid.
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acción de revisión no constituye una tercera instancia ni un instrumento destinado
a enmendar errores procesales atribuibles a las partes, como antes se expuso.
48. Destaca la Sala que, en un caso análogo, esta Subsección resolvió una acción
especial de revisión interpuesta por la UGPP contra una sentencia del Tribunal
Administrativo del Chocó, en el que, pese a acreditarse que el actor no cumplía los
requisitos de la Ley 71 de 1988, se ordenó a la UGPP reconocerle una pensión al
amparo del Decreto 758 de 1990. En dicha oportunidad, la Sala concluyó que no se
configuraban las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, señalando que:
«[…] la UGPP tuvo la oportunidad procesal de presentar sus inconformidades
frente a la sentencia de primera instancia; tan es así que hizo uso de su derecho,
pero en su recurso de apelación no cuestionó la aplicación del Decreto 758 de
1990 ni su competencia para el reconocimiento de la pensión, sino que limitó su
reproche a la inaplicabilidad de la Ley 71 de 1988, la cual fue descartada por el
juzgado y el tribunal. Por tanto, la revisión no puede ser empleada para corregir
errores procesales de las partes ni omisiones en su defensa»17.
49. En similar sentido, al analizar una acción especial en la que Colpensiones alegó
que la decisión de segunda instancia acudió al Acuerdo 049 de 1990, expedido por
el extinto ISS —hoy Colpensiones—, como norma aplicable para reconocer una
pensión bajo el régimen de prima media con prestación definida, sin considerar que
dicho marco normativo no rige para entidades como CAJANAL, cuya competencia
—hoy asumida por la UGPP— se limita a los regímenes especiales del sector
público, se indicó:
«(…) En relación con la presunta vulneración del debido proceso, se observa
que, aunque el juez ordinario abordó aspectos distintos a los planteados en las
pretensiones iniciales de la demanda, la entidad contó con la oportunidad
procesal para controvertir tanto el régimen normativo aplicado —lo cual
efectivamente hizo— como su eventual falta de competencia para asumir el
reconocimiento de la prestación. Sin embargo, optó por limitar su defensa
únicamente a cuestionar la aplicación del régimen pensional, omitiendo toda
argumentación sobre su competencia»18.
50. Es por ello, que debe resaltarse que la autoridad judicial en sede de revisión no
está llamada a suplir la actividad procesal de las partes, de manera que su decisión
debe fundarse exclusivamente en los elementos de juicio que obren en el
expediente. Admitir lo contrario supondría alterar el equilibrio procesal y favorecer
indebidamente la posición de uno de los litigantes.
51. En consecuencia, la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 no se configura, pues los argumentos expuestos no evidencian una
irregularidad que afecte el debido proceso, sino que buscan replantear aspectos que
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de enero de 2024. Exp. 11001-03-25-000-2022-00166-00 (0285-2022). C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
10 de julio de 2025. CP: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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debieron ser discutidos dentro del proceso ordinario, lo cual resulta incompatible con
la naturaleza excepcional de la acción especial de revisión.
Condena en costas
52. Dado que esta Sección19 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá de
imponer condena en costas, en la medida en que la actuación tuvo por objeto
controvertir una providencia judicial para salvaguardar el interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
CREMIL en contra la sentencia del veintitrés (23) marzo de dos mil veintitrés (2023),
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
19 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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